Entradas etiquetadas como Consulta previa

Consulta indígena expone más violaciones a los derechos del pueblo Lenca

Origen: http://defensoresenlinea.com/consulta-indigena-expone-mas-violaciones-a-los-derechos-del-pueblo-lenca/

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Ley de Consulta previa es engaño del Estado de Honduras para proteger transnacionales

Origen: Ley de Consulta previa es engaño del Estado de Honduras para proteger transnacionales

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ESTADO HONDUREÑO VIOLA DERECHO DE CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDÍGENAS

A partir del golpe de Estado en Honduras del 2009, se aceleró el proceso de entrega de ríos y el territorio boscoso para la instalación de proyectos extractivitas. Sin embargo el Estado ha tomado decisiones desconociendo  los derechos colectivos de pueblos indígenas, tales como el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el país existe un total de 837 concesiones  mineras aprobadas, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño. En la actualidad la industria se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios, de acuerdo a un recién estudio realizado  por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús,  de la ciudad de El Progreso.

“Uno de los sectores más golpeados con estas concesiones somos los pueblos indígenas. El gobierno ha otorgado los permisos para proyectos mineros e hidroeléctricos a espaldas de las comunidades”, aseguró  Margarita Pineda del Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH).

El derecho a la Consulta Previa, libre e informada  está siendo conocida en las comunidades del interior del país. Desde las comunidades organizadas en defensa de los bienes comunes están  luchando para que  antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero se instale,  den a conocer la información necesaria para que desde su autodeterminación, sea el pueblo quien tome la decisión de aceptarlo o rechazarlo.

“Lo que pesa aquí en el país es que nos quieren consultar hasta que ya están otorgadas las concesiones y  cuando las empresas se están desarrollando la exploración para iniciar la explotación, y eso así no es válido porque están distorsionando el tema de la consulta previa”, manifestó la dirigente indígena.

“El asesinato de nuestra  líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas”, aseguró Cesar de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

 

Recordó que con todo esto el estado está violando  el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Propuesta y contra propuesta 

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el Estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte en una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso.

“Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas”, denunció Mirian Miranda de la Ofraneh.

Indicó que “fue a partir del Golpe de Estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, un destrozo para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios”.

¿Qué es una consulta previa, libre e informada?

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional. Los principios que deben fundamentar una consulta a pueblos y comunidades indígenas son:

Previa a la toma de decisiones que los pueden afectar. Libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo. Informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad, realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo.

De acuerdo a los convenios internacionales son los gobiernos nacionales quienes deben consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su calidad de vida.

 

“Nosotros  insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Además del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas”, concluyó Mirian Miranda.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3093-estado-hondureño-viola-derecho-de-consulta-previa-a-pueblos-ind%C3%ADgenas

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Alerta: GOBIERNO APROBARÁ “LEY DE CONSULTA” MARGINANDO A PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS DE HONDURAS

Luego de su participación en la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, que se llevó a cabo en el mes de junio de este año, en Ginebra, Suiza, el gobierno de Honduras informó de la conformación de una mesa técnica interinstitucional del Convenio 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la elaboración de una Ley de Consulta. Se trata de una Ley que el gobierno aprobará 21 años después de que el Estado de Honduras ratificara el Convenio 169 y de que, como nunca en la historia del país, se registraran conflictos territoriales en poblados indígenas, negros y no indígenas (que han dejado líderes y lideresas asesinados), propiciados por el fortalecimiento de una política de concesiones que ha puesto a merced de las grandes corporaciones internacionales y nacionales, los bienes naturales y comunales del país, de forma inconsulta.

– See more at: http://cespad.org/?q=alerta-gobierno-aprobar%C3%A1-%E2%80%9Cley-de-consulta%E2%80%9D-marginando-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-negros-de-honduras#sthash.4ZPBcSMW.15MO5Gjd.dpuf

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El informe del estado de Honduras a la OIT, hidrocarburos y la distorsión del Derecho a la Consulta Previa.

En el marco de la 105 .a Asamblea de la OIT, efectuada a inicios del mes de junio del presente año, en la ciudad de Ginebra Suiza, el estado de Honduras una vez más maquilló la deplorable situación…

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La piñata minera y la sentencia de la Corte IDH en relación al derecho a la Consulta Previa

Entre el 13 al 15 de julio se efectuó en Honduras, el Segundo Congreso de Minería, en la ciudad de San Pedro Sula, auspiciado por la Universidad Politécnica de Ingeniería. Con este evento la actual…

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OIT exige a Honduras implementar consulta a los pueblos indígenas – CRITERIO

Por: Ruy Díaz El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1995 vinculado al respeto por los pueblos originarios. Empero, a la fecha no se han adoptado medidas eficaces a fin de garantizar la aplicación efectiva del mismo. De esta  manera la falta de garantías, desconocimiento y distorsión manifestada en múltiples […]

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Honduras: MILPAH denuncia que autoridades de Santa Elena boicotean consulta al pueblo

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/07/milpah-denuncia-que-autoridades-de.html

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Honduras: Los asesinatos de las defensoras de los ríos y La distorsión de la Consulta Previa

El asesinato el pasado 6 de julio de Lesbia Yaneth Urquía Urquía acontecido en Marcala, se dio a los cuatro meses y cuatro días del asesinato de Berta Cáceres, teniendo como denominador común la r…

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Represas Agua Zarca (Honduras) y Barro Blanco (Panamá), pueblos indígenas y el derecho a la Consulta Previa.

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Reformas a Ley de minería garantizarían derecho a consulta previa a comunidades

Origen: Reformas a Ley de minería garantizarían derecho a consulta previa a comunidades

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Comunidad Garífuna de Sambo Creek y la Denegación del Derecho a la Consulta Previa.

Origen: Comunidad Garífuna de Sambo Creek y la Denegación del Derecho a la Consulta Previa.

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La denegación del derecho a la Consulta Previa y la destrucción de los pueblos indígenas en Honduras

Sambo Creek, 4 de Noviembre del 2015.- A partir del golpe de estado en Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales y el control territorial a manos del crimen organizado, especialmente en la costa norte del país.

El desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una política de estado, a pesar de su campaña mediática de una supuestas protección de los derechos de los pueblos y nuestros territorios.

El derecho a la Consulta Consentimiento Previ, Libre e Informada, fue obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, pasando además a la entrega de 35,000 kilómetros cuadrado de la plataforma continental frente a la Moskitia al Grupo British Gas, incluyendo las concesiones de más de medio centenar de cuencas hidrográficas -muchas de ellas en territorios de los pueblos indígenas- a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones mineras en comunidades indígenas.

A pesar del desastre ambiental por el cual atraviesa Honduras, especialmente en relación a las consecuencias del cambio climático, las diferentes administraciones gubernamentales en las últimas décadas, han mostrado una enorme indiferencia ante las problemáticas, sin que existan respuestas concretas más allá de una narrativa de “desarrollo” que podemos considerar obsoleta.

Del narco estado a la masacre en Ahuas

El aumento de la presencia del crimen organizado en Honduras, a partir de julio de 2009, afianzó las estructuras económicas feudales existentes en el país, concentrando aún más la tenencia de la tierra, generando un sinnúmero de despojos y de “ventas de tierra” bajo presión, hasta el hackeo de la base de datos del Instituto de la propiedad, con el objetivo de alterar sus registros.

El incremento del narcotráfico a lo largo de la costa norte de Honduras, fue consolidado mediante el contubernio entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y operadores de justicia. La fiesta se agrió, cuando en mayo 11 de 2011, helicópteros portando elementos de la Policía Nacional y de la Drug Enforcement Adminitration (DEA), masacraron a cuatros indígenas Miskitos e hirieron a siete, en un operativo de interdicción que culminó en un baño de sangre de personas inocentes

Hasta esa fecha existió una política de laisse faire por parte de los Estados Unidos, que si bien conocía la problemática existente, nunca realizó mayores esfuerzos para frenar el flujo de drogas de Sudamérica hacia Centroamérica. Es a partir del 2012 cuando la intervención estadounidense supuestamente en contra del narcotráfico se comienza a sentir y el estado de Honduras es presionado para comenzar de forma tardía a desmantelar las bandas de narcotraficantes que prestaban sus servicios a los carteles de México y Colombia.

Las ciudades modelo y desplazamientos territoriales

Como parte del eje de la estrategia económica de la administración de Porfirio Lobo, se dio luz verde a una serie de reformas constitucionales con el objetivo de crear las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), conocidas como ciudades modelo, las que se convertirían supuestamente en ciudades-nación con su propio sistema judicial y fueras de seguridad

La inclusión de más de 24 comunidades Garífunas en la que pretendieron convertir como la primera RED en Honduras, fue totalmente inconsulta, siendo este el punto álgido por el cual nuestra organización denunció, la instalación de el experimento político económico. Las RED fueron declaradas inconstitucionales, situación que provocó un golpe del poder Legislativo al poder judicial, instigado por el actual presidente de Honduras, el Sr Juan Hernandez; el que procedió de inmediato a introducir nuevas reformas constitucionales y una versión maquillada de las RED, bajo el nombre de Zonas de empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada por el Congreso Nacional. Las ZEDE incluyen 20 comunidades Garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital internacional

Ya el pueblo Garífuna, para el período entre el golpe de estado y la conformación del nuevo gobierno “democrático”, sufrió la demolición de Río Negro, la que fuera la primera comunidad Garífuna fundada en Honduras. El inversionista canadiense Randy Jurgensen, conocido como el Rey del Porno, invocando la Ley de Expropiación Forzosa (1913) presionó a la población Garífuna para obtener las tierras donde construyó un puerto de cruceros denominado el Banana Coast. Esta intervención se realizó sin haber efectuado un proceso de Consulta Previa con la comunidad afectada.

La implementación inconsulta de la ZEDE que pretenden realizar en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovida por la actual administración gubernamental, conlleva el desplazamiento de más de los tres mil habitantes de Castilla, lo que nos hace temer un severo conflicto social que desembocará en múltiples violaciones a los derechos humanos.

La construcción de las Represas hidroeléctricas en el río Patuca

Desde la década de los años 90, se viene planificando una serie de represas a lo largo del río Patuca, iniciándose la construcción de la represa de Piedras Amarillas, conocida como Patuca III en el año 2010. Hasta la fecha el proceso de construcción se encuentra paralizado ante los numerosos casos de corrupción que han congelado la obra.

No obstante el fiasco del Patuca III, se pretende dar luz verde al Patuca I y II, situación que convertiría de pueblo fluvial a lacustre a los Tawahakas que han habitado en las riveras del rió desde hace cientos de años.

Entre las falsas soluciones al cambio climático, promovidas por los entes de Naciones Unidas y la cooperación internacional, se encuentras las hidroeléctricas, las que en Honduras con la anuencia del poder Legislativo han sido entregadas mas de 80 cuencas.

Uno de los casos paradigmáticos en los procesos de resistencia indígena, es el de la represa de Río Blanco, en el cual el pueblo Lenca ha demostrado una singular tenacidad al frenar la construcción de la represas, a pesar de la represión que ha causado varios muertos y la persecución incesante a los líderes que han defendido de forma valerosa el territorio ancestral de su pueblo.

Entrega de la Plataforma Continental al Grupo BG y la distorsión del derecho a la consulta.

La entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años mas, y de 20 veinte años de explotación, sin licitación alguna que implicara la presencia de otros postores mas allá del Grupo BG, no desató mayor preocupación en la bancada nacionalista, la cual gracias al golpe de estado del año 2009, posee una mayoría absoluta en el Congreso, situación que les ha permitido aprobar leyes desprotegiendo totalmente al pueblo hondureño a favor de presuntos inversionistas extranjeros.

Las regalías de la entrega de la plataforma al Grupo BG son irrisorias: Según el contrato (abril 2013) BG cancelará “50 mil dólares por la totalidad del área del contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por hectárea de la zona seleccionada para explotación”. Las ganancias se repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los 100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.

El contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna; los que nunca fuimos consultados de forma previa libre e informada, desconociendo el derecho sobre el territorio marítimo de nuestras comunidades.

El 5 de agosto de 2013, la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió a nuestra organización una nota, señalando el interés en efectuar una “socialización del Proyecto de Exploración Petrolera en el Mar Caribe Hondureño, en apoyo a la firma British Gas Group”. En un párrafo adicional de la misiva de SERNA, solicitan “una cita para dialogar en relación al proceso de consulta sobre el proyecto”.

Es claro que SERNA confunde la socialización con la consulta, además que desvirtúa totalmente la condición de previa, para convertirla en un simple acto de aprobación tras la firma del contrato por el poder ejecutivo el pasado 9 de abril de 2013 y la súbita aprobación, el 15 de agosto del mismo año, sin mayor debate por el Congreso Nacional.

El Estado de Honduras demostró con la negociación del petróleo, la sistemática violación al derecho a la Consulta Previa y de forma arbitraria pretendió que aceptáramos una socialización a posteriori como una consulta.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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Represa en el Río Cuyamel violenta el derecho de consulta previa: OFRANEH

Escrito por Redacción | Enero 3 del 2015

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La Ceiba, Atlántida (Conexihon).- La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) denunció en un comunicado público que la construcción de una represa hidroeléctrica en el caudaloso río Cuyamel violenta el derecho a la consulta previa e informada con la comunidad garífuna de Sambo Creek, en el departamento de Atlántida.  “La comunidad Garífuna de Sambo Creek, Atlántida, se ve asediada por la municipalidad de La Ceiba, la que pretende asumir control sobre la cuenca hidrográfica del río Cuyamel”, indica el documento.
Según el subgerente regional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Alfredo Ortega, en La Ceiba, Atlántida, la represa en el río Cuyamel tendría una doble función: la producción de dos a cuatro megavatios de energía eléctrica y una línea de conducción que abastecería de agua potable a la zona este de La Ceiba.
La comunidad garífuna de Sambo Creek, exige el respeto al derecho a la Consulta Previa, Libre e informada, y señala que hasta la fecha el proyecto no ha sido socializado con la comunidad, y mucho menos consultado. Como pueblo indígena reclamamos la aplicación del Convenio 169 de la OIT, teniendo en cuenta además la enorme jurisprudencia emitida por la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa por lo cual nos oponemos rotundamente a un proyecto que no ha sido consultado y que además afecte sus recursos naturales que hemos cuidado a través de los años.
El proyecto, que ya fue priorizado por el Gobierno, tiene un costo de 303 millones de lempiras, su perfil ya fue entregado a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica),
De acuerdo con la OFRANEH, “el intento por parte de la Municipalidad, la ENEE y el SANAA de utilizar el río Cuyamel, sin efectuar una consulta previa, libre e informada con la comunidad garífuna de Sambo Creek, es una violación al Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos jurídicos que consideran la consulta previa como un paso indispensable para la posible obtención del consentimiento”.
Varios intentos fracasaron
En los años 2005 y 2009 se dieron varios intentos de apropiarse de la cuenca del río Cuyamel, para la construcción de un acueducto y posteriormente una represa hidroeléctrica. Para la obtención de la licencia ambiental de la hidroeléctrica denominado proyecto La Ensenada, la petición fue introducida el 15 de diciembre de 2009 y otorgada el 26 de diciembre del mismo año, sin tener en cuenta la opinión de la Fundación Nombre de Dios, encargada del área protegida donde se encuentra ubicado el río Cuyamel, y mucho menos haber efectuado una consulta previa con la comunidad de Sambo Creek.
Según el estudio efectuado por la CEPAL, llamado “La economía del cambio Climático en Centroamérica” (2012) la parte este del istmo se dará una tendencia a la disminución de las lluvias, con graves consecuencias para la agricultura y la producción de energía hidroeléctrica.
La clasificación de las represas hidroeléctricas como energía limpia, es discutible en la medida de la posible muerte de los ríos, teniendo en cuenta los cambios que están ocurriendo en materia de precipitaciones pluviales. El fenómeno del Niño puede tener una enorme incidencia en el caudal ecológico de los ríos represados, situación que no es contemplada en la mayoría de los estudios de impacto ambiental.
Erosión costera 
Desafortunadamente la comunidad Garífuna de Sambo de Creek, padece de una severa erosión costera, que viene devorando las casas más cercanas a la línea más alta de la marea, la que hace unos diez años se encontraba a unos 50 metros del lugar que alcanza hoy en día. El fenómeno de erosión costera, se encuentra ligado entre otros factores al cambio climático, además de la desaparición de la arena en las playas. La construcción de represas evita el flujo de la arena hacia el mar, incrementando de esta forma la erosión costera.
Según la sentencia de la Corte IDH en relación al pueblo Sarayaku versus Ecuador indica que ¨el derecho a la propiedad indígena se encuentra íntimamente relacionado con el ejercicio de otros derechos humanos, entre ellos el derecho a recibir información que afecte su territorio, así como el derecho a ser consultados previamente por los estados acerca de las actividades relacionadas con su Territorio (135).
Además la CIDH es enfática al señalar que “Por tanto, de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos se desprende la obligación de los estados de asegurar la participación efectiva de los Pueblos indígenas conforme a sus costumbres y tradiciones, en los planes de desarrollo, inversión exploración y extracción en tierras indígenas como salvaguarda a la limitación del derecho a la propiedad de los Pueblos indígenas.  Esta salvaguarda conlleva la obligación de realizar la consulta previa con dichos pueblos”.
Otros proyectos
“Aparentemente el manejo de la cuenca del río Danto ha sido un fiasco de enormes proporciones que incide en la capacidad de la captación suficiente agua para la ciudad de La Ceiba. La negligencia en la aplicación de un plan de manejo de la cuenca ha tenido resultado que padecen los habitantes de un paraje de una envidiable riqueza hídrica. La misma problemática se está dando con la cuenca de los rio Sambo y Cuyamel, donde en las fuentes de agua se están creando fincas ilegales para la siembra de café”, puntualizaron.
La organización garífuna recordó además la recomendación efectuada por la CIDH en relación al informe preliminar de la visita efectuada en los primeros días de diciembre el cual dice: “La CIDH insta al Estado de Honduras a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación de garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales”.

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Exploración Petrolera en Honduras, áreas protegidas y cambio climático

La exploración y posible explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del Caribe hondureño, coloca al pueblo Garífuna en una endeble situación ante la enorme fragilidad ambiental existente y las graves consecuencias del cambio climático.

Honduras según el Global Climate Risk Index 2014, es considerado el país más afectado en el planeta por el cambio climático entre los años 1993 al 2012. Sin embargo, las iniciativas estatales para su mitigación y adaptación han sido mínimas, dedicándose la Dirección Nacional de Cambio Climático a promover falsas soluciones las cuales son promovidas por los organismos financieros internacionales.

La costa norte de honduras ha sido uno de los parajes mas afectados por las inundaciones relacionadas con huracanes y tormentas tropicales en la cuenca del Caribe. Los pueblos Miskito y Garìfunas hemos visto nuestros territorios frecuentemente inundados, efecto en la mayoría de los casos por la deforestación y subsecuente sedimentación de las cuencas hidrográficas, cuya destrucción ya era más que un hecho palpable durante el huracán Mitch. Sin embargo no se tomó ninguna lección al respecto y en los últimos 15 años se intensificó el ecocidio sistemático que se viene dando en Honduras.

Desde la década de los años 90 comenzó una privatización de los hábitats funcionales de las comunidades de los pueblos indígenas que habitamos en el caribe hondureño. La creación de áreas protegidas costeras y marinas inconsultas, conllevó a una aparente protección de los ecosistemas, situación que en muchas ocasiones generó abusos a los derechos humanos y la distorsión de los propósitos conservacionistas.

El Sistema de Arrecifal Mesoamerciano (SAM) y el silencio sobre las exploraciones petroleras

El SAM fue creado con el propósito de aglutinar una serie de áreas protegidas marítimas que se extienden desde la isla de Holbox hasta el río Patuca. A lo largo del arrecifal se encuentran vastos yacimientos de hidrocarburos, los que se han comenzado a explorar, sin que las organizaciones involucradas en la protección del arrecifal se hayan pronunciado de forma pública al respecto.

El enorme logro del pueblo beliceño en relación a la suspensión de la exploración en el simbólico agujero azul (Blue Hole), después de haber efectuado un referéndum al respecto, demostró la capacidad de movilización de los grupos ambientalistas en la excolonia británica. Mientras tanto en Honduras el Grupo BG adelanta sus exploraciones en un bloque de 35,000 kms2, que fueron otorgados por el Estado de Honduras, sin efectuar consulta previa, libre informada como exigen tratados y convenios firmados y ratificados por el Estado de Honduras.

En el caso de Honduras existen yacimientos de hidrocarburos en la denominada cuenca de Tela, la cual se extiende desde la Moskitia hasta la bahía de Tela. En algunos de los humedales costeros se encuentran filtraciones de petróleo las que de forma frecuente se observan en la superficie de lagunas y pantanos vecinos a las comunidades Garífunas.

Posterior a la entrega del bloque de 35.000 kms2 en la plataforma marítima al Grupo British Gas, Chevron mostró interés en un bloque contiguo de aproximadamente 38.000 kms2. Es de esperar que posteriormente el Estado de Honduras comience a licitar bloques en los humedales costeros, como sucede tanto en Belice y Guatemala en las áreas protegidas en las inmediaciones del río Sartum.

En el caso específico de los habitantes del “área protegida” de Cayos Cochinos, las autoridades encargadas de “administrar” el lugar, se han vuelto cómplices por su silencio y nunca informaron a la comunidad Garifuna que habita en dichos cayos, sobre la enorme contradicción existente entre protección ambiental y explotación petrolera.

Las pavorosas imágenes de la contaminación ambiental en el delta del Niger es muy posible que se repetirán en la costa norte de Honduras, tomando en cuenta la corrupción imperante y la probada inconsistencia de la aplicación de leyes ambientales.

El Estado de Honduras y la denegación del derecho a la Consulta Previa

Desafortunadamente la actual dictadura civil promotora del colapso judicial existente, y comprometida en la entrega del bloque marítimo a BG, se mofó del derecho a la consulta para el consentimiento, previo, libre e informado, como dispone el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; además de los artículos 8j y 10c del Convenio de Diversidad Biológica.

La Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto, de 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta. Para el 27 de mayo SERNA había colocado en su portal de internet el Contrato con BG, el que fue aprobado por el Congreso Nacional a matacaballo el 15 de agosto.

Para mediados del mes de octubre, SERNA y BG efectuaron una socialización en la Moskitia, y según reportes de prensa la población indígena manifestó repudio en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos.

SERNA como BG, han ignorado el posible peligro que alberga tanto para el litoral como el territorio insular del Caribe hondureño un derrame de hidrocarburos. Ante las usuales corrientes marina en esa zona del Caribe, todas las comunidades Garífuna en Honduras, Guatemala y Belice se verán afectadas por cualquier desastre que ocurra en el bloque concedido a BG.

Erosión costera y la paulatina desaparición de las comunidades Garífunas

Mientras las compañías petroleras afinan sus contratos leoninos con el estado de Honduras, las consecuencias del cambio climático se incrementan, y las playas del Caribe hondureño sufren de una enorme erosión costera. Las comunidades Misquitas y Garífunas se encuentran amenazadas por el avance de la línea de la marea, en especial aquellas que se encuentran localizas en cordones litorales. La salinización de las lagunas costeras afecta a los manglares además de incidir en las especies que suelen reproducirse en ese tipo de ecosistema.

Es inaudito como el Estado de Honduras se ha rezagado en relación a una respuesta adecuada al cambio climático y la erosión costera, dedicándose exclusivamente a las falsas soluciones como es el Programa REDD+ y los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio. El primero orientado a una distorsionada e irreal protección del bosque y el segundo encaminado a la destrucción de cuencas hidrográficas, a través de la construcción de represas hidroeléctricas que terminarán en fiascos ante los cambios de precipitación pluvial que se están dando en Honduras.

En buena parte de las comunidades Garífunas ya se observa como la línea más alta de la marea se encuentra en frente de sus casas y la playa ha desaparecido en los últimos tres años. La pérdida de los cocos hace una década y la destrucción de los bejucos de playa además de la extinción de los pastos marinos, han generado un efecto demoledor sobre los remanentes de las playas a lo largo de todo el litoral caribeño.

Sambo Creek, 28 de Octubre del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/10/28/exploracion-petrolera-en-honduras-areas-protegidas-y-cambio-climatico/

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Honduras: REDD+, Despojos Territoriales, y la Intervención del PNUD en la Elaboración de la Ley de la Consulta de los Pueblos Indígenas

La supuesta elaboración de un anteproyecto de Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), auspiciada por el PNUD en Honduras, demuestra la urgencia en maquillar la farsa que se ha venido implementando con el próposito de entregar los remanentes del bosque en Honduras; situación que se perfila como una de las mayores amenazas para los pueblos indigenas del planeta.

La entrada en vigor del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés) en Honduras, sucede al mismo tiempo que afloran las denuncias sobre los despojos territoriales cometidos en África en nombre del Programa en cuestión.

En el pasado mes de enero, el pueblo Sengwer de Kenia, fue expulsado de su territorio ancestral, el bosque Embobut de las montañas Cherangany, por el Servicio Forestal de Kenia, los agentes estatales incendiaron más de mil casas afectando a unos 15 mil indígenas.

A pesar de las denuncias interpuestas desde el 2007, en el presente año se recrudeció el caso de los Sengwer, quienes fueron acusados de ser invasores de su propio territorio. El pueblo Sengwer no es el primero en ser expulsado de los bosques en Kenia. Años atrás el pueblo Ogiek sufrió una suerte similar, al ser relocalizado fuera del bosque Mau, su territorio ancestral, por un programa relacionado con los REDD+.

Un informe del Forest People Programa indica la participación del Banco Mundial en el desalojo de los Sengwer, violando de esta forma tanto las propias operativas del B.M. como las Salvaguardas REDD, creadas estas últimas con el supuesto propósito de proteger a los pueblos indígenas de posibles desmanes en la implementación del programa.

La falta de información y claridad sobre el funcionamiento del mercado de cuotas de carbono y las complejas reglas del Programa REDD, dificulta la toma de decisiones por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, quienes en muchas ocasiones son excluidas de las negociaciones, o simplemente son representados por “líderes” ajenos a las comunidades, generando un sinnúmero de estafas y creando las condiciones para posibles desalojos.

Para supuestamente evitar atropellos en la implementación de los REDD+ se crearon las salvaguardas, las que aparentemente no son más que papel mojado, tal como lo demuestra la experiencia de los pueblos Sengwer, Okiek en Kenia.

Los REDD+ y el derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado

El pasado mes de agosto se inició la implementación del Plan Estratégico del Programa REDD en Honduras, el cual es un indicador de la ausencia al respeto del Derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado, por parte de Naciones Unidas y el Estado de Honduras.

Mediante el diseño de un supuesto plan de acción de cinco años, “con el objetivo de prepararse para acoger un futuro mecanismo REDD+ Internacional”, Naciones Unidas impulsó la elaboración de un documento R-PP (Readiness Preparation Proposal por sus siglas en inglés) para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial.

La elaboración del R-PP no fue participativo, al contrario se excluyeron las organizaciones indígenas que han criticado de alguna forma la implementación de los REDD en Honduras y las posibles consecuencias en relación a nuestros territorios.

La OFRANEH desde el año 2013 señaló al Estado de Honduras y Naciones Unidas por haber violado el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRP por sus siglas en inglés), instrumentos jurídicos firmados y ratificados por el Estado, en los cuales se encuentra consignado el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.

La ausencia de transparencia en la conformación de la Mesa indígena y Afro hondureña de cambio Climático (MNICC), forma parte de la estrategia del Estado de Honduras de excluir organizaciones no afines al grupúsculo de oneges supeditados a los gobiernos de turno.

En las notas enviadas al FCPF el 12 de mayo y el 23 de septiembre de 2013, la OFRANEH fue enfática en señalar el peligro que cobija el Capítulo III de la Ley de Propiedad, creada a instancias del Banco Mundial y en la que en su artículo 100 permite la disolución de los títulos comunitarios otorgados por el estado a los pueblos indígenas. El estado con la implementación de la Ley de Propiedad ignoró el CPLI, tal como indicó el Panel de Inspección del Banco Mundial

En las correspondencias enviadas al BM y al ONU-REDD se denunció además la inclusión en el primer RPP la OFRANEH y la posterior desaparición del documento a partir del 2013, cuando fuimos sustituidos por un individuo que no ha sido designado por el pueblo Garifuna para representarlo en dicha Mesa Indígena y Afro hondureña de Cambio Climático.

El RPP indica la existencia de un borrador de Ley de la Consulta Previa (septiembre, 2013), que no ha sido consensuado con todos los pueblos, y el que hasta la fecha es imposible de acceder en la internet, como lo señala un estudio denominado “El Consentimiento Previo, Libre Informado en el Proceso Nacional de Preparación para REDD+ en Honduras”.

La actitud de los funcionarios de Naciones Unidas infringe las Directrices sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado del Programa ONU- REDD, las que supuestamente se fundamentan en el Convenio 169 y de la misma UNDRIP

REDD+ y la imposibilidad de la aplicación de las Salvaguardas en Honduras

En una Evaluación del Sector Forestal de Honduras, REDD y los Mecanismos de Resolución de Disputas, de fecha de 2013, saca a relucir la enorme problemática existente en el país en materia de tenencia de tierra. El documento en relación a los pueblos indígenas sugiere “la búsqueda de un acuerdo para definir las tierras ancestrales”, situación que hasta la fecha es un sueño en Honduras ante el irrespeto que existe en relación al reconocimiento de los territorios ancestrales, además del nocivo capítulo III de la Ley de Propiedad.

En relación a la sugerencia de la creación de mecanismos de resoluciones de conflictos, basta recordar la fragilidad del Estado de ley en el país y el entreguismo de los funcionarios públicos a los grupos de poder fáctico del y al capital transnacional.

El R-PP menciona la injerencia del narcotráfico en la Moskitia y el incremento en la deforestación para la construcción de pistas clandestinas. Ciertamente es un hecho, pero existe algo más que deforestación y es el estado fallido inducido que se da en todo el país y el control de franjas de territoriales a manos de grupos relacionados con el crimen organizado, el que ha permeado desde el aparato de justicia hasta las fuerzas de seguridad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el pueblo Garífuna

En una audiencia efectuada el pasado 20 de mayo sobre la comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz, versus el Estado de Honduras, en la lista de reparaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a los jueces incluyó entre otras“Establecer, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.” además de Adoptar un recurso eficaz y sencillo que tutele el derecho de los Pueblos Indígenas de Honduras a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales y que permita proteger dichos territorios ante acciones de parte del Estado o terceros que infrinjan su derecho de propiedad.

La actitud asumida por ONU-REDD de desestimar la participación del pueblo indígena Garífuna en el proceso de crear un marco jurídico en relación al CPLI, demuestra precisamente la mala fe de los funcionarios que vienen acompañando ese proceso.

La violación al CPLI en Honduras esta llegando a extremos, tal como se demuestra en la entrega de la plataforma marítima de la Moskitia a la compañía petrolera británica BG, procediendo la fenecida Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) a efectuar una socialización tardía a la que denominan consulta. Algo similar aconteció con la recen aprobada y nociva Ley de Pesca, la que no fue consultada con el pueblo Garifuna.

Los cambios que esta fraguando el Banco Mundial en relación a su salvaguardas para los pueblos indígenas, implica un enorme retroceso que nos coloca alerta ante la posibilidad de los estados nación de descartar el procedimiento de consulta previa, situación que genera enormes perdidas de los derechos obtenidos en las últimas décadas. Los proyectos REDD+ con los futuros cambios de las operativas del Banco se convierten aun más en una verdadera amenaza.

La elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta Previa excluyendo a las organizaciones que hemos venido defendiendo nuestros territorios y biodiversidad, y utilizar a una confederación progobiernista que no defiende los intereses de los pueblos indígenas; que al contrario en los últimos años ha estado al servicio de los organismos financieros internacionales y corporaciones multinacionales, da lugar a un engendro de Lelo que condena a nuestros pueblos al exterminio.

Sambo Creek 15 de Octubre del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/10/16/honduras-redd-despojos-territoriales-y-la-intervencion-del-pnud-en-la-elaboracion-de-la-ley-de-la-consulta-de-los-pueblos-indigenas/

 

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COMUNICADO Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH -SAMBO CREEK 08-09-2014

martes, 9 de septiembre de 2014

En el marco de la Jornada de Trabajo Sobre  la Consulta- Consentimiento  Previo, Libre e Informado, realizada este 08 de septiembre  del presente año, en la comunidad Garífuna de Sambo Creek, nos hemos juntado representantes de comunidades y organizaciones del Pueblo Garífuna, Pueblo Tolupan, Pueblo Lenca, Pueblo Miskito, Pueblo Pech y Pueblo Maya Chortí para compartir, reflexionar y juntar esfuerzos y luchas de nuestros Pueblos, preocupados por el destino y el exterminio causado por  los sectores de poder y la dominación desvastadora, juntamos la palabra y alzamos nuestros gritos milenarios:

1.-  Manifestamos nuestro compartir milenario, nuestra preocupación por el otro y la otra, entre nuestros Pueblos regidos por la inspiración y el ejemplo antiguo de nuestros ancestros y ancestras solidarizándonos con todas las causas y resistencias de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, que de manera digna enfrentamos las agresiones estructurales  del capitalismo depredador y antiético, del patriarcado que corroe nuestras dignidades y que es parte de la dominación y la violencia diaria, del racismo que se institucionaliza en Honduras cada vez más.
2.- Desde la década de los años 90, los pueblos indígenas hemos solicitado en múltiples ocasiones la creación de una Ley CPLI, y la implementación del Convenio 169 de la OIT. Desafortunadamente la repuesta por parte del Estado y el  Banco Interamericano de desarrollo (BID) fue un borrador de Ley Indígena, con carácter secundario destinada a diluir el espíritu del Convenio 169.
Como caso explícito de la burla del Estado de Honduras al CPLI, se encuentra el contrato con la compañía británica BG, el que fue firmado en el mes de abril del año y aprobado por el Congreso Nacional en julio. Posteriormente se efectuó una supuesta consulta en el mes de septiembre en Puerto Lempira, donde según un medio de prensa escrita la exploración y explotación fue rechazada por el pueblo Miskito.
El derecho a la consulta se ha convertido en una encrucijada para los pueblos indígenas del continente, los que padecemos del racismo incrustado en los estados-nación, y observamos un incremento de las persecuciones judiciales y criminalización de las luchas sociales enmarcadas en la defensa de los territorios y culturas.
3.- La lucha del Pueblo Miskitu en contra de los terceros invasores de sus territorios es interminable, desde narcotraficantes, delincuentes prófugos de justicia hasta políticos corruptos se han empeñado en ocupar los territorios ancestrales del Pueblo Indígena Miskitu para sus propios propósitos y han promovido una lucha en contra de los procesos de titulación de dichos territorios, entre estos tenemos el ex-ministro de interior y población Africo Madrid, el alcalde actual de Puerto Lempira Eduardo Chow entre otros.
La insistencia de ocupar los territorios de la Moskitia para la siembra de monocultivo de palma africana para la elaboración de metanol es cada vez mas agresivo, los inversionistas nacionales e internacionales cuenta con el aval del Estado de Honduras sin respetar los derechos de los Pueblos que habitan estas regiones por siglos.
4.- Condenamos al Estado de Honduras por su política de fascismo  que  impulsa proyectos de saqueo violento en todos nuestros territorios, atropello de nuestros títulos comunitarios y ancestrales, entrega de  ríos a manos privadas para proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros, proyectos eólicos a gran escala  para  beneficios de los grandes capitales, privatización de bosques y sus funciones naturales a través de los proyectos Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD, la negación de  la existencia del Pueblo Garífuna como pueblo con derechos en este país, de la existencia del Pueblo Lenca de Río Blanco, atropello al derecho de Autonomía y Gobernanza Indígena en San Francisco de Opalaca, Condenamos igualmente la militarización, represión, asesinatos, amenazas, secuestros y criminalización contra nuestros procesos de resistencia y lucha por la descolonización, cosmovisiones, liderazgos y miembros.
5.- Condenamos la política del Estado que esta promoviendo la desaparición y expulsión del pueblo Garifuna de sus territorios, tal es el caso de Barra Vieja, Nueva Armenia, Vallecito y Puerto Castilla entre otros, donde el gobierno a través del Ministerio Publico se ha dedicado en judicializar a las y los líderes y dirigentes de dichas comunidades, solo por defender sus tierras ancestrales; así mismo condenamos la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado con el Pueblo Maya-Chorti desde 1997.
6.- Saludamos las luchas sociales y populares de Honduras y nos sumamos y adherimos a los resultados del Foro-Taller “Agrocombustibles, Palma Africana y sus efectos en la seguridad alimentaria, que se desarrolla el día de hoy con la participación de redes internacionales Alianza Biodiversidad, ATALC (amigos de la Tierra América Latina y el Caribe), RECOMA (Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles) y WRM (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales), representados por miembros de 12 países.
7.- Reafirmamos nuestro compromiso de luchar por el respeto a nuestras vidas, culturales, espiritualidades, cosmovisiones que aportan a la sobrevivencia del planeta,  la relación de respeto a la madre tierra, a la producción del agua y la diversidad y a las apuestas emancipatorias y  por la dignificación de la humanidad.

Dado en la Comunidad Garifuna de Sambo Crrek a los ocho días del mes de septiembre del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas, COPINH
Consejo Indígena Maya Chorti de Honduras, CONINMCH
Organización de Mujeres Miskitas, MIMAT
Tribu Indígena Tolupan San Francisco de Locomapa
Comunidades Pech, Zona de Culmi

Escuchenos en vivo:
http://giss.tv:8000/guarajambala.mp3.m3u
web:  copinh.org
blog:  copinhonduras.blogspot.com
fb:     Copinh Intibucá
twitter: @COPINHHONDURAS

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/09/comunicado-observatorio-de-los-derechos.html

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El Banco Mundial, nuevas salvaguardas y la desaparición de los Pueblos Indígenas

El pasado 9 de agosto fue celebrado con la usal fanfarria el Dia Internacional de los Pueblos Indígenas, el que forma parte del santoral de Naciones Unidas desde 1994. Casualmente días antes el Banco Mundial sacó a relucir sus nuevas salvaguardas sociales y ambientales, las que no son más que una amenaza para el futuro de los pueblos indígenas y el retorno a un pasado cercano, plagado de desalojos, despojos y masacres en nombre de un desarrollo neocolonialista

Como parte de esa historia escrita con sangre y el financiamiento del Banco Mundial, está el capítulo nesfasto de Guatemala, donde en el año de 1984 el ejercito de ese país procedió a exterminar a la población maya-achi de Río Negro, Baja Verapaz. en las masacres de la capilla de Río Negro, Aldea Xococ, el cerro Pacoxom, los Encuentros y Agua Fría, fueron liquidados alrededor de 400 indígenas y desplazados 3445. El etnocido cometido contra el pueblo Achi fue producto de la construcción de la represa del Chixoy, Financiado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

A pesar de las denuncias presentadas en contra del gobierno de Guatemala y los llamados efectuados tanto al BM como el BID, la construcción de la represa continuó y la obra fue finalizada en1985. No obstante la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del 2012, condenando al Estado de Guatemala por las violaciones a los derechos humanos, hasta la fecha continúa evadiendo su aplicación.

Además de las masacres del Chixoy, el BM concedió un empréstito de mas de $450 millones para la construcción de la represa de Sardar Sarovar en el río Narmada, India, la que afectó al pueblo Adivasi, desplazando a más de 200 mil personas.

El B.M. además finació las plantaciones de palma africana en Indonesia durante la dictadura de Suharto, con resultados fatales para los pueblos indígenas. De igual manera respaldó entre 1979 y 1988 en el Paraguay a la dictadura de Alfredo Stroessner con la construcción de la megarepresa del Yacyreta, El monto de la obra ascendió a us $ 11mil millones y desplazo a mas de 100 mil indígenas y campesinos, los que nunca fueron compensados por los daños causados.

El retorno a las masacres y los desplazamientos

El BM a través de su historia a tenido una serie de cambios en sus operativas (1987,1997, 2004) con las cuales supuestamente ha tratado de mitigar los efectos adversos de sus proyectos de “desarrollo”. El pasado 30 de julio, el Banco Mundial (BM) reafirmó la ambigüedad de sus políticas en referencia a los pueblos indígenas, y optó por descartar las sugerencias de un sinnúmero de organizaciones, que alertadas por las filtraciones de los borradores de las nuevas salvagurdas, alzaron sus voces señalando el grave retroceso para los pueblos indígenas, los que tememos una avalancha de megaproyectos que arremeterán contra nuestros pueblos y territorios.

El paso que pretende dar el BM, implica un retroceso de décadas de negociaciones. Para el año 1991 el BM publicó la Operativa Direccional 4.20 sobre Pueblos Indígenas, dirigida a orientar al personal del Banco y de los gobiernos de los países prestatarios sobre las reglas a seguir en la materia. En el año 2005 el BM sustituyó la Operativa Direccional 4.20 por una nueva y diluida versión, la que para muchas organizaciones representó un retroceso en comparación a su operativa predecesora.

Sin embargo con la nueva política denominada el Estándar Ambiental y Social 7 (ESS7) se retrocede aún más y permite a los estados-nación descartar la aplicación de la salvaguarda, en situaciones “donde la identificación como pueblos indígenas podría exacerbar las tensiones étnicas o sea incompatible con las disposiciones de la Constitución nacional”. De esta forma el BM se sustrae de sus obligaciones referentes a pueblos indígenas y el derecho internacional, tal como lo indica el punto 9 de la salvaguarda ESS7

La diluida aplicación del derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI) se convierte en una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas, ante las inconsistencias en materia de derechos humanos que plaga a las mayoría de los estados-nación, los que rehúsan en múltiples ocasiones reconocer los derechos de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobe los derechos de los Pueblos indígenas. Los puntos B.19 y especialmente el B.20.D, anulan la aplicación del CPLI ante la enorme experiencia que poseen los estados de dividir a los pueblos a través de dádivas o amenazas.

Es de temer que el BM iniciará una etapa de sistemática desprotección de los pueblos indígenas, y masacres como las del Chixoy retornarán. Aparentemente existe un fondo de 60 mil millones de dólares del BM, el cual se supone será destinado a megaproyectos, muchos de ellos relacionados con represas hidroeléctricas. La aparición en el panorama del nuevo Banco de los BRICS y el auge del Banco de China y sus empréstitos en todos los confines del planeta, aseguran una fuerte competencia para el BM y los bancos regionales, situación que sirve de pretexto para invalidar los avances en materia de derechos humanos y ambientales por parte del BM.

Otras de las operativas que sufre un enorme retroceso es la de reasentamiento involuntario, ahora denominado el Estándar Social y Ambiental (ESS5). En el punto 27 indica que el prestatario no recurrirá a usurpación forzosa, no obstante conociendo el historial del BM, es de temer que situaciones como las de los desalojos de los pobladores de la rivera del lago Boeung Kak en Camboya, o las del pueblo anuak en la provincia de Gambella, Etiopia se repetirán de forma más frecuente.

La experiencia de OFRANEH con las operativas 4.20 y 4.10 y el Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH)

La OFRANEH ante la imposición del proyecto PATH y el desconocimiento por parte del Estado de Honduras de la consulta comunitaria efectuada por el pueblo Garifuna en el año 2003 y el rotundo rechazo a los borradores de Ley de propiedad presentados por el estado, nuestra organización recurrió al Panel de Inspección del BM para tratar de remediar lo que avizorábamos como una ley destinada a diluir los títulos comunitarios.

El panel presentó un exhaustivo informe en el año 2007, donde señaló como el estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT al no tomar en cuenta los resultados de la consulta comunitaria y las observaciones presentadas por la asamblea Garífuna. Como de costumbre la Gerencia del BM desatendió el informe presentado por el Panel de Inspección, y hasta la fecha vemos como los títulos comunitarios son diluidos a través del artículo 100 de la Ley de Propiedad

El caso del PATH en Honduras no es aislado, el BM repitió la historia en Panamá, donde el pueblo Naso presentó una petición ante el panel de inspección y posteriormente una segunda petición fue introducida por el congreso de Area Anexa de Bocas del Toro. Los proyectos de administración de tierra a pesar de sonar inofensivos, están dirigidos contra la propiedad comunitaria, la cual es considerada como fuente de subversión y un impedimento para el “desarrollo”.

Es de temer que las nuevas salvaguardas del BM se convertirán en un holocausto para mucho de los pueblos indígenas, o por lo menos para aquellos que se oponen a los planes de despojo y desalojo de los estados-nación, y no se doblegan ante la falacia de un desarrollo basado en la acumulación de capital y la destrucción del planeta.

Sambo Creek, 29 de Agosto del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/09/01/el-banco-mundial-nuevas-salvaguardas-y-la-desaparicion-de-los-pueblos-indigenas/

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Las ZEDE y la Falta de Aplicación de la Consulta-Consentimiento Previo Libre e Informado

El pasado 26 de mayo, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar improcedentes los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 organizaciones en contra de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas también como ciudades modelo. Sin embargo es hasta la semana pasada cuando algunos medios de comunicación difundieron la noticia al respecto.

Como era de esperar, la Corte Suprema actuó siguiendo el guión preestablecido desde cuando se consumó el golpe a la Corte de lo Constitucional (12-12-12), y  fueron defenestrados los magistrados que se pronunciaron a favor de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra de la Ley de Regiones  para el Desarrollo (RED) conocida como Ciudades Modelo.

Entre la inconstitucional Ley RED y la Ley ZEDE, existen algunas diferencias cosméticas, pero la esencia continua siendo la misma: Ceder franjas del territorio nacional al capital extranjero, para crear sus propias normativas jurídicas así como en materia financiera, como lo viene promocionando  Mark Klugmann -miembro del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las ZEDE y supuesto asesor presidencial-  promotor de la tercerización de justicia, como una condición indispensable para lograr el supuesto desarrollo económico.

Las argucias jurídicas utilizadas por la Corte Suprema para declarar la legalidad de las ZEDE, no aclaran de forma contunde los argumentos presentados en los recursos de inconstitucionalidad. Como todo parece indicar, ya la Fiscalía de la Defensa de la Constitución había emitido un dictamen el pasado 20 de abril, en el que indicó la inexistencia de violación alguna de la Constitución Nacional  por parte de la  ley ZEDE.

La OFRANEH fue una de las organizaciones firmantes de un recurso de inconstitucionalidad el 25 de febrero del presente año, ante la inclusión de 24 comunidades Garifunas dentro de las 5 posibles ciudades modelo formuladas para la costa norte de Honduras. No obstante uno de los argumentos esgrimidos por la Corte para rechazar los recursos interpuestos se fundamenta en que “ninguna de las partes que interpone el recurso tiene intereses directos o se ven afectados por la construcción de las llamadas popularmente Ciudades Modelo”.

Si las ZEDE se encuentran sujetas a los Tratados internacionales, como aduce la Corte Suprema, el pueblo Garífuna posee todo el derecho de exigir una Consulta-consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI), proceso que debe ser de buena fe, como indica claramente el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Honduras ha eludido de forma sistemática la aplicación del Convenio 169 y más bien ha tratado de diluirlo al utilizar la propuesta de Ley Indígena para convertirlo de esta forma en una ley secundaria. Como ejemplo de la capacidad de distorsión del estado, se encuentra la Ley de Propiedad, con la cual se ha dado el lujo de destruir los exiguos títulos comunitarios otorgados por el Estado a las comunidades Garífunas, induciendo a una atomización de los territorios y la consecuente individualización de la propiedad. La ley de Propiedad es clave en el proceso de destrucción de los títulos comunitarios para así proceder al efecto dominó en referencia a las ventas de tierras destinadas a las ciudades modelo.

En la elaboración de la  Ley de Propiedad participó el libertario de ultraderecha Octavio Sánchez, otrora asesor presidencial y el cual acompañó al ideólogo de las  Ciudades Modelo Paul Romer en una gira efectuada en los Estados Unidos y Canadá. Al desvincularse Romer del proyecto neocolonial en Honduras, reaparece en escena el sórdido asesor de campañas presidenciales Mark Klugmann, el cual ahora es mencionado con Sánchez como coautores de las recicladas ciudades modelo bajo el nombre de ZEDE.

El Estado de Honduras al ignorar  el  derecho a la consulta, viola además del Convenio 169, el  articulo 26 la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados (1969), el que  hace referencia al Pacta Sunt Sevanda (Lo pactado obliga) indicando que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ella de buena fe”.

Existe en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias sentencias en las que el Convenio 169 es incorporado. En relación a la consulta en la Sentencia del Caso Sarayaku (párrafo 301) señala que “El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la participación de las propias comunidades”. 

En la reciente audiencia efectuada  el pasado 20 de mayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH), en relación al caso de la Comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz vrs Honduras, uno de los puntos resaltado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la lista de reparaciones presentada, se encuentra la  implementación del derecho a la Consulta por parte del Estado hondureño.

Desafortunadamente el Estado ha demostrado mala fe, al tratar de denegar nuestra condición como pueblo indígena, y convertirnos en simples afrodescendientes, anteponiendo de forma maquiavélica la raza a la cultura.

La sentencia del Caso Sarayuko indica “la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”. (Párrafo 186).

Las ZEDE, forma parte del laboratorio económico político y social de la ultraderecha estadounidense y latinoamericana, y todo indica que han escogido el territorio ancestral del pueblo Garífuna para implementar las Ciudades-Nación del siglo XXI, las que serán una combinación de paraísos fiscales con una gama de empresas dedicas desde la biología sintética hasta la agro-producción de organismos genéticamente modificados.

Para la OFRANEH la implementación del CPLI es un imperativo, ante la ausencia de respeto por parte del Estado y los organismos financieros internacionales promotores de al piñata de los territorios de los pueblos indígenas con el propósito de  explotar y destruir en pos de un falso desarrollo. Mientras Honduras colapsa la elite de poder procede a vender el país por retazos, al mismo tiempo hasta los infantes abandonan el país más violento del planeta.

En los próximos meses la Corte Interamericana de Derechos humanos, emitirá una sentencia, la cual esperamos incluirá la obligatoriedad para la implementación del CPLI, así que es la hora para Estado de asumir y respetar la Convención de Viena además de apegarse al pacta sunt servanda.

Sambo Creek, 26 de Junio del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: http://ofraneh.wordpress.com/2014/06/26/las-zede-y-la-falta-de-aplicacion-de-la-consulta-consentimiento-previo-libre-e-informado/

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Incumplimiento de consulta previa en proyectos mineros genera violencia

Jun 13, 2014

Una carta llegó a la comunidad de Nueva Esperanza y otras comunidades del sector Florida en Tela, Atlántida. Procedía de la Honduras Mining Company, pidiendo el derecho de paso de servidumbre para un proyecto minero que pretenden instalar en la aldea Carmen colindante con Nueva Esperanza. La comunidad encendió las alertas de nuevo, hace apenas un año un proyecto minero les había quitado la paz montaña arriba.

El derecho a la consulta previa, libre e informada es muy poco conocido en las comunidades del interior del país. Procesos organizativos en el departamento de Atlántida (uno de los más ricos en minerales y agua) han intentado luchar por el mismo y antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale, están exigiendo toda la información necesaria para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo.

Ese día en que el empresario Gustavo Urrutia, minero conocido en el sector por instalar proyectos mineros sin consultar, la comunidad de Nueva Esperanza montó vigilancia y colocó una pancarta en la entrada de la aldea que decía: el agua y los territorios son de los pueblos.

Doña Evangelina y don Enrique recuerdan que no hace mucho, el proyecto minero de otra empresa llamada La Victoria, les causó muchos problemas. La policía confabulada con el empresario los intimidaba, llegó a disparar en la tranca que ellos habían colocado para evitar el paso de los camiones, y varias personas tuvieron que huir de la comunidad para sobrevivir ante amenazas a muerte. A manos de empleados del empresario de la zona, en Nueva Esperanza se dio la privación de libertad de 5 extranjeros observadores de derechos humanos que apoyaban la lucha contra la minera en ese entonces.

Ayer se llevó a cabo el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” organizado por la Convergencia por los derechos humanos zona noroccidental, en la que especialistas explicaban la normativa nacional e internacional para el desarrollo de un proyecto extractivo y los derechos de las comunidades. Doña Evangelina estuvo allí escuchando atentamente junto a otras mujeres y jóvenes del sector.

El expositor Pedro Landa, miembro de la Coalición de Redes ambientalistas de Honduras explicó la nueva Ley de Minería y en su análisis concluyó que según esta normativa, la consulta ya no tiene que ser tan previa. “si la consulta no se realiza en plazo (60 días), la solicitud está aprobada directamente. Y si el resultado de la consulta es negativo, se puede volver a realizar dentro de 3 años.  ¿Pero por qué no se aplica lo mismo para el caso que se acepte, que cada tres años se pueda volver a  realizar?”, dijo Landa. Todo esto contradiciendo tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

“Existen mecanismos de protección internacional ante los organismos de Naciones Unidas que exigen  la consulta y  consentimiento libre, previo e  informado de los pueblos cuando se ven afectados, y hacen énfasis en los proyectos de explotación de bienes naturales. Esta exigencia va incluso  cuando se llevan a cabo medidas legislativas (nuevas leyes), incluso del rango constitucional”, explicó la abogada Ivania Galeano de la Convergencia por los derechos humanos.

Falta de consulta previa provoca violencia

San Juan Pueblo del municipio de La Masica, Atlántida es una comunidad muy conocida a nivel nacional, especialmente por la crisis de temblores que sufrió el año pasado. Por esta comunidad pasa una falla geológica que atraviesa la cordillera Nombre de Dios donde además hay múltiples áreas protegidas por ser productoras de agua. Aun así las comunidades han sido alertadas por solicitudes de concesión para explotación minera e hidroeléctrica.

El padre Marco Ayala, párroco de San Juan Pueblo, Atlántida, también participó en el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” y concluyó que es necesario que estos talleres lleguen a las bases, a los líderes comunitarios.

Ayala escuchó atentamente a Landa quien explicaba que la nueva Ley de Minería en la que los minerales son catalogados como bienes mercantiles y no naturales presenta muchas trampas para beneficiar la explotación minera. Por ejemplo, explicó Landa, el artículo 48 dice que en ningún caso se otorgarán  permisos mineros en  las áreas protegidas declaradas e inscritas  pero de las 117 áreas protegidas declaradas, solo el 8% están inscritas.  Lo mismo con las zonas productoras de agua, tienen que estar inscritas, y el ICF les cobra a las comunidades por hacerlo (aunque debería ser gratis).

La Masica es un municipio rico en fuentes de agua, vida silvestre y tierra productiva.

El sacerdote cuenta que en San Juan Pueblo, la falta de consulta previa ha generado tal violencia que por el conflicto minero ya hay 8 personas asesinadas. La comunidad de Betania, montaña arriba ha sido codiciada por dos empresas mineras que han puesto en confrontación a la comunidad y alrededor de 30 familias han sido desplazadas por el conflicto. Los proyectos aún no se desarrollan.

“Las normas sobre la consulta previa son violadas en estos proyectos, se meten a la brava y cuando supuestamente socializan el proyecto continúan haciendo las mismas cosas que antes invitando solo a los que están de acuerdo dándoles regalitos y eso es contrario a las leyes. El proyecto actual es de extracción de piedra de hierro, primero un señor apellido Rojas se introdujo a la montaña, sin tener el consentimiento de la municipalidad ni del pueblo pero tenía documentos de la Serna (Secretaría de Recursos Naturales). Se introdujo a la brava, cercó el camino, y generó violencia”.

En su participación en el seminario, Landa explicaba que a partir de la nueva Ley de Minería se han dado 19 conflictos mineros de esta envergadura. Y que la llamada “narco minería” está agarrando fuerza, junto con el sicariato y crímenes de terror, para paralizar a la comunidad.  Al plantearle la situación al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Landa dijo que la respuesta fue que era algo normal en los proyectos mineros.

La ley establece que una persona podrá tener 10 concesiones. Estos mineros de San Juan Pueblo ya son conocidos por solicitar varias concesiones en el sector. Landa explicó que el 45% de las solicitantes de concesiones son hondureños, luego buscan los socios en el extranjero. Los empresarios  extranjeros son los dueños, pero piden a un hondureño que solicite la concesión a cambio de regalías: velo corporativo para evadir las  responsabilidades jurídicas.

Y es que en la práctica, el Estado parece favorecer a los concesionarios por encima de los derechos de las comunidades.

“Como iglesia nosotros nos sentimos involucrados, hemos convocado a caminatas por la paz rechazando este tipo de violencia y responsabilizando a los entes involucrados en el conflicto. Eso nos ha traído amenazas. Yo no tengo miedo porque no hago nada malo lo que hago es defender y  darle la información necesaria a la gente.”

Comunidades indígenas también han sido afectadas por la falta de consulta previa y los conflictos que se generan a raíz de esto. Un ejemplo es el caso de Locomapa, Yoro en el que indígenas Tolupanes han sido asesinados y amenazados por su defensa del territorio ante proyectos mineros que se quieren establecer en sus montañas.

La justicia aún no ha llegado luego del asesinato de tres Tolupanes indígenas que eran defensores de bienes naturales; María Enriqueta Matute de 60 años, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en San Francisco Locomapa, Yoro. Los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.

El crimen ocurrió el 25 de agosto del 2013 a las 5:30 de la tarde, cuando los tres indígenas pertenecientes a la tribu San Francisco, fueron asesinados con armas de fuego, cuando estos realizaban acciones en defensa de su territorio ante la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.

A pesar que se ha reconocido por medio de testigos los responsables de este crimen, la policía no ha dado el seguimiento correspondiente a la investigación de estas muertes, los testigos indican a Selvin Fúnez y Carlos Matute como los responsables, ellos supuestamente estaban al servicio del Consejo Indígena y de empresarios mineros que explotan antimonio en los territorios de estas tribus y debido a la oposición que realizaban estas tres personas, los victimarios les quitaron la vida.

Después de estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó medidas para proteger a 38 personas de la comunidad, sin embargo el Estado no responde y la comunidad plantea la posibilidad de recurrir nuevamente ante estas instancias para exigir justicia para los indígenas Tolupanes.

Desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes, según un recuento realizado por Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Municipios libres de explotación minera

El padre Ayala es de la idea de que al tener toda la información de las contrapartes, las decisiones que el pueblo tome serán en beneficio de todos y todas. Con experiencias cercanas como la de Balfate en Colón, o la de El Negrito en el departamento de Yoro, que han sido declarados municipios libres de explotación minera. La Masica quiere seguir un camino y al hablar con el alcalde actual, la comunidad corroboró que hay apertura para que el pueblo decida.

“El alcalde actual del municipio de La Masica nos ha dicho que está disponible a apoyar la lucha y si las comunidades quieren declarar el municipio libre de minería lo va a hacer. Para eso hay que darle una información amplia a la gente, en las dos partes, en los desastres que ocasiona la explotación minera y los beneficios que podría generar también”, dijo Ayala.

Sin embargo, Landa explicó que las leyes de Honduras no están hechas para este tipo de iniciativas. “No pueden establecerse zonas del territorio que quedan excluidas de la minería, sin cumplir con el procedimiento legal  correspondiente, dice la ley ¿Pero  cuál es el procedimiento correspondiente? No se sabe.  ¿Y cómo quedan las declaratorias de municipios libre de minería?  La ley se lo pasa por encima. Los abogados de las empresas mineras se agarran de este artículo para todo”.

Si las leyes nacionales no contemplan la consulta previa, las organizaciones exigen que se cumplan las leyes y tratados internacionales y han llevado el tema de consulta previa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También pretenden presentarlo  dentro del Examen Periódico Universal y aprovechar los mandatos de Naciones Unidas.  Han solicitado al Consejo de derechos humanos de la ONU  que brinde una opinión sobre el no cumplimiento de los Convenios a  partir de esta ley de minería, esto puede tener impacto.

“Es importante hacer todas las acciones legales para demostrar que el  sistema interno no funciona”, concluyó Landa.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1081-incumplimiento-en-consulta-previa-proyectos-mineros-genera-violencia

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Realizan seminario sobre derecho a la consulta previa y defensa de los territorios

Jun 12, 2014

San Pedro Sula. Fue por medio de un seminario que los analistas Ivania Galeano, Joaquín Mejía, Pedro Landa y Juan Mejía, dieron a conocer los diferentes temas de impacto que deben conocer las comunidades ante la amenaza que sufren sus territorios por parte de la industria extractiva y las leyes nocivas que entregan el territorio.

El seminario fue organizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Convergencia por los derechos humanos noroccidental, en el marco del contexto actual en el que muchas comunidades se ven amenazadas por alrededor de 300 nuevas concesiones mineras e hidroeléctricas bajo el paraguas de la nueva Ley de Minería y el gobierno de Juan Orlando Hernández que ha impulsado aún más estos proyectos, incluyendo las Zonas Especiales de Desarrollo o ciudades modelo.

La abogada Ivania Galeano miembro de la Convergencia por los derechos humanos, explicó la consulta previa desde una perspectiva del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. En esta perspectiva se deben tomar  en cuenta primero El Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos Especiales. Y segundo los órganos de tratados que éstos a su vez son creados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional apuntó en su participación, que la gran obligación del Estado es respetar y garantizar los derechos de la población. A su vez esta gran obligación tiene cuatro sub-obligaciones importantes que el Estado debe tomar en cuenta: a) prevenir las violaciones a los derechos humanos, b) investigar y monitorear para ver que las leyes se cumplan c) sancionar a aquellos que no actúan de acuerdo a los establecido d) reparar y remover aquellos obstáculos fácticos y normativas que mantienen la discriminación.

“Cuando se investiga se combate la impunidad, para de esta forma sancionar a los responsables y así fortalecer la democracia en nuestro país”, dijo Mejía refiriéndose a los hechos que se han dado en los últimos años en los que las comunidades han sucumbido ante la explotación de sus territorios sin haberles consultado e ilegalmente, hechos que aún siguen en la impunidad.

En este seminario también se discutió la Ley de Minería que actualmente rige esta actividad en el país y la defensa de los territorios. El ambientalista miembro de la Coalición de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, enfatizó que los bienes son considerados como bienes mercantiles que pueden convertirse en dinero y es por eso que la amenaza cada vez es más palpable para las comunidades.

“El territorio no se delimita por un título de propiedad, tiene que ver más bien con los bienes para subsistir de un pueblo, de sustento, de armonía de quienes viven en él”, indicó.

El derecho minero y derechos de propiedad constituyen un derecho real distinto y separado de la propiedad del predio superficial donde se encuentra ubicado. Según el Art. 48 de la nueva ley de minería en ningún caso la Autoridad Minera otorga derechos mineros en las siguientes zonas: Las áreas protegidas, zonas que se encuentran en recuperación, zonas que generan energía y zonas declaradas como patrimonio nacional, sin embargo las cosas son distintas en la práctica.

La ley se contradice, explicó Landa en su ponencia, el Art. 43 de la misma ley indica que con el fin de evitar el monopolio de concesiones mineras, a una persona natural o jurídica, solamente podrá ser titular de un máximo de diez (10) concesiones mineras para lo cual debe acreditar ante la Autoridad Minera, la capacidad técnica para su funcionamiento.

“No se puede combatir los monopolios mineros cuando a una empresa se le otorgan esta cantidad de concesiones, ¿entonces solo de once (11) en adelante será monopolio?”, mencionó Landa.

Para muestra un botón

Para finalizar esta jornada, el ingeniero ambiental y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Juan Mejía compartió la experiencia del pueblo tolupán, el cual está conformado por 31 tribus.

Los tolupanes reciben un ingreso monetario mensual de 300 lempiras, con los cuales viven o sobreviven junto a sus familias. Un 95% de la población tolupán menor de 14 años sufre desnutrición. Los tolupanes en sus comunidades son buenos dirigentes comunales y de igual manera se desempeñan como delegados de la palabra de Dios y no solo predican la palabra, si no también hacen conciencia social en las personas.

Sin embargo, la riqueza de sus territorios es grande y ahora se ha convertido en una fuente de peligro por quienes quieren explorar sin tomarlos en cuenta. Un 30% de la población tolupán reporta plata en su territorios y un 70% reporta oro, “esto no quiere decir que nuestros compañeros tolupanes son ricos, sino más bien que están sentados en un botín  para los corruptos de este país, para las empresas madereras y empresas mineras”, concluyó Mejía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1073-realizan-seminario-sobre-derecho-a-la-consulta-previa-y-defensa-de-los-territorios

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La Ley de Pesca, el Derecho a la Consulta y el Territorio Marítimo Garífuna

Una vez más, el Congreso Nacional de Honduras ventila el proyecto de Ley de Pesca, pretendiendo acelerar su dictamen, para presentarlo a más tardar el próximo 15 de julio al pleno del Congreso.

Cabe recordar que en agosto 14 del año pasado, la Comisión de Dictamen del Congreso le dio el visto bueno al proyecto de Ley de Pesca sin haber efectuado ninguna consulta con el pueblo Garífuna.

Representantes de los  pescadores Garífunas se reunieron en la comunidad de Sambo Creek, el 18 de septiembre del año pasado y se pronunciaron de forma enfática en contra de la apertura de las tres millas franja costera a la flota camaronera y proyectos de acuicultura, tal como reza el artículo 52b de dicha Ley.

 

Además, los pescadores Garífunas solicitaron una terminante prohibición de la pesca de arrastre, considerado como la razón principal de la destrucción del Caribe hondureño.

El Derecho internacional y la Consulta-Consentimiento Previa Libre e Informada (CPLI)

A pesar que la ley en cuestión menciona el Convenio 169 de la OIT y el CPLI, el documento termina desvirtuando el derecho a la consulta, cuando la limita a “organizaciones indígenas debidamente acreditados en RNPA (Registro Nacional de Pesca y Acuicultura).

Desafortunadamente el Estado de Honduras se ha especializado durante décadas en desvirtuar la esencia del CPLI, y hasta la fecha rehuye los compromisos adquiridos con la firma del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Desde de la Ley de Propiedad hasta la entrega de la plataforma continental para la exploración de petróleo, pasando por la creación de un sinfín  de áreas protegidas, el estado no ha tomado en consideración la existencia de los pueblos indígenas y las posibles consecuencias de las leyes y decretos emitidos.

El pasado 20 de mayo en San José de Costa Rica, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el estado de Honduras fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos al haber obviado el CPLI en relación a la creación de áreas protegidas y proyectos turísticos en la Bahía de Tela

El territorio Marítimo de las Comunidades Garífunas y el derecho a su uso sostenible.

Entre la petición de reparaciones solicitadas a la Corte IDH por la CIDH, incluye un Reconocimiento total en relación al territorio de la comunidad de Triunfo de la Cruz, “incluyendo las áreas de uso ancestral, sin exclusión de la playas y sus zonas marítimas”.

Los títulos “definitivos” otorgados por el Instituto Nacional Agrario (INA) a  las comunidades Garífunas a partir de los años 90, excluyeron sus hábitats funcionales, descartando el reconocimiento de playas, bosque, esteros y territorio marítimo. En otras palabras, a las comunidades sólo se les reconoció a duras penas sus cascos urbanos, los cuales en muchas ocasiones recayeron dentro del radio de las municipalidades.

Para el pueblo Garífuna el territorio marítimo no solamente provee el sustento, sino que es parte esencial de nuestra cosmovisión, girando nuestra espiritualidad alrededor del mar.  De ahí que desde hace más de dos décadas estemos reclamando tanto las playas como el territorio marítimo que hemos cuidado con esmero y nos corresponde.

Como respuesta a nuestro reclamo en relación al territorio ancestral terrestre y marítimo, las diferentes administraciones gubernamentales han respondido de forma negativa aduciendo principios de soberanía. Desafortunadamente en Honduras ese alegato de respeto a la soberanía ha sido sistemáticamente violentado, entre otras; por las Ciudades Modelo (RED-ZEDE), entrega de la plataforma continental a BG, la destrucción de las variedades criollas de Maíz impulsada por Monsanto, y en un futuro cercano la entrega de los bosques a través del Programa REDD.

La Pesca de arrastre y la aniquilación de los recursos marinos

En las últimas décadas se dio un desproporcionado crecimiento de la flota pesquera industrial, condenando de esta forma el Caribe hondureño a una sobrepesca que agotó los recursos marítimos.

La flota pesquera además tuvo un impacto mortífero sobre la población Miskita,   la  que padeció  mas de 400 muertos y 4 mil lisiados, como consecuencia  del buceo industrial sin ningún tipo de control. Este mortífero balance es  equiparable al de un conflicto bélico, y hasta la fecha no se ha enjuiciado ningún capitán de barco pesquero en relación a sus acciones criminales.

El costo ecológico de la flota pesquera industrial no ha sido resarcido, mientras el poder legislativo presionado por  intereses foráneos y de empresarios pesqueros locales, pretende acceder al santuario de las tres millas de los pescadores artesanales, del cual depende parte de la dieta del pueblo Garífuna.

En America Latina ya existen algunos ejemplos de prohibición total de la pesca de arrastre: Venezuela (2009), Belice (2010), Ecuador (2012) Costa Rica (2013); en Chile esta prohibida la pesca de arrastre de fondo en todos los montes submarinos de Chile. Mientras tanto en Honduras la flota pesquera depredadora, continúa la destrucción de los recursos ictiológicos

Tanto los pescadores Garífunas, como el pueblo  en general exigimos el reconocimiento de nuestro territorio marítimo y nos declaramos en contra de la pesca de arrastre en aguas hondureñas.

Sambo Creek, 2 de junio de 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/06/02/la-ley-de-pesca-el-derecho-a-la-consulta-y-el-territorio-maritimo-garifuna/

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Evidencian en la CIDH medidas represivas del Estado hondureño

Evidencian en la CIDH medidas represivas del Estado hondureño
El Estado de Honduras  quedó evidenciado una vez más como violador de los derechos humanos de su  población, en la realización del 149 periodo de sesiones de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, DC, Estados Unidos. Las  audiencias realizadas a finales de octubre fueron fundamentales para las  organizaciones defensoras de derechos humanos porque ratificaron con casos  concretos la indefensión en que vive la población hondureña, partiendo de  sendos temas como la Independencia Judicial, Medidas Cautelares,  Consulta previa y Megaproyectos.

Los comisionados y  comisionadas de la CIDH, conocieron de primera mano las causas y efectos de la  ineficacia del Estado de Honduras, que lejos de asegurar el cumplimiento de las  garantías individuales y colectivas de la ciudadanía se ha convertido en un impulsor  de medidas represivas atentatorias con la integridad y la vida.

Consulta  previa
El Movimiento Amplio  por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Centro Hondureño de Promoción para el  Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, Centro de Investigación y Promoción de los  Derechos Humanos, CIPRODEH, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas  de Honduras, COPINH, la Convergencia por los Derechos Humanos, CDH,  y el Equipo de Reflexión, Investigación y  Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC-SJ, plantearon a la CIDH el  agravamiento de las condiciones que viven sectores campesinos, indígenas y  pueblos originarios con la avanzada de concesiones respaldadas por el gobierno  de Porfirio Lobo Sosa.

De manera general se  mostró como a pasos agigantados se está vendiendo el territorio y  criminalizando la lucha de las comunidades que resisten a la escalada  destrucción de los bienes naturales. Se partió de tres casos emblemáticos como  el Proyecto Agua Zarca de la empresa SinoHydro y Desa, en Río Blanco Intibucá  que atenta contra la población indígena Lenca, el de la Tribu San Francisco,  Locomapa, Yoro, con la explotación del bosque, y la instalación de minería e  hidroeléctricas, misma situación que se repite en el departamento de Atlántida  donde hasta el momento suma unos 24 proyectos hidroeléctricos y 32 concesiones  mineras en proceso, sobresaliendo todo el sector Florida y la comunidad Nueva  Esperanza.

Osman Orellana, de  Nueva Esperanza, Atlántida, testificó ante los comisionados de la CIDH, sobre  las repercusiones que está teniendo para las comunidades la instalación del  proyectos mineros, entre estos Buena Vista 1 y 2, de la Empresa Minerales la  Victoria, que además ha solicitado al gobierno hondureño 11 mil hectáreas de  tierra para concesiones de minería a cielo abierto. La oposición de las  comunidades cercanas ha provocado que la empresa impulse una campaña de  intimidación en complicidad con la Policía y grupos armados,  las familias han sufrido amenazas a muerte,  persecución y hasta el desplazamiento de hogares enteros que han rehusado  vender sus tierras.

La situación en   Locomapa, Yoro, con la Tribu Indígena Tolupán, San Francisco, también fue  conocida de voz de José María Pineda, expulsado de la comunidad Piedra Gorda,  junto a 18 indígenas más por resistirse a la venta indiscriminada del bosque y  detener la construcción de un proyecto hidroeléctrico. José María informó a los  Comisionados que se encuentra junto a otros compañeros más fuera de su  comunidad producto de amenazas a muerte, ya que el 25 de agosto de este año  tres indígenas fueron asesinados por defender sus territorios.

Otro caso conocido  por la Comisión fue la criminalización de la lucha indígena de los Lencas, en  Rio Blanco, Intibucá, contra quienes el Estado a través de la Fiscalía y a  petición de los empresarios hidroeléctricos ha promovido procesos judiciales  contra líderes indígenas como Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez,  acusándolos de daños continuados, usurpación y coacción.

Pedro Landa,  representante de CEHPRODEC,  demostró como  a partir del golpe de Estado de junio del 2009 se ha visualizado un “proceso  agresivo de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos en proporciones  percibidas como intolerables por las comunidades afectadas y sin que  previamente fueran consultadas acerca de la viabilidad de los proyectos y de su  impacto en la vida y la salud de sus miembros”.

Según información  recabada por estas mismas organizaciones constatan que en el territorio  hondureño a partir del golpe de Estado y de acuerdo a información Instituto  Hondureño de Geología y Minas, “a inicios del 2013 existían 97 proyectos  mineros de oro y plata aprobados, 320 nuevos proyectos en trámite, 193  proyectos de minería no metálica aprobados y 233 solicitudes de nuevos  proyectos en proceso de aprobación”.

En material legal  establecieron en el informe presentado a los Comisionados “como se han derogado  normas que prohibían la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas  protegidas del país y que ponen en riesgo la vida y la salud de las comunidades  ubicadas en los territorios cuyos ríos están siendo concesionados”.

Hasta estos momentos  hay 21 proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas y garífunas y  cerca del 40% del territorio nacional está  concesionado o en proceso de concesionamiento para la explotación de  yacimientos minerales. La constante es que mayormente los proyectos no han sido  socializados con las comunidades y el Estado.

Brenda Mejía,  representante del ERIC, hizo del conocimiento de los Comisionados de la CIDH en  primera instancia que: “Que solicite a los Relatores Especiales sobre los  Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Defensoras y Defensores de Derechos  Humanos, continúen realizando un monitoreo permanente sobre la situación en  Honduras y valoren la posibilidad de realizar visitas periódicas in situ.  Además que el Estado revise urgentemente todas las concesiones autorizadas sin  consulta previa, así como de aquellas que aunque hayan respetado dicho derecho,  estén causando daños ecológicos significativos. También que se decida  urgentemente la adopción de medidas cautelares a  favor de Adonis Romero y otros en el marco de  los hechos señalados en los escritos del 14 de junio y 1 de octubre de este año  (MC-195-13).

El Estado en su   defensa presentada por la Procuradora General de la República, Ethel Deras, no  fue capaz de platear argumentos sólidos y se contradijo en datos que las mismas  autoridades han otorgado a las organizaciones y que quisieron hacer ver a los  Comisionados como una leve mejoría en el país.

La CIDH exteriorizó  al Estado hondureño, que ir a una comunidad y decir que se va a hacer un  proyecto no es una consulta previa.

Cumplimiento  de medidas cautelares
El  Estado de Honduras, a través de sus instituciones dejó evidenciado que sigue “ofreciendo el mismo catálogo de medidas de  protección,  limitadas y restringidas a patrullajes perimetrales, escoltas  policiales y la asignación de un enlace telefónico”, lo que no representan  ningún tipo de protección dijo Luz Marina, del Ciprodeh.

La Procuradora General de la República, Ethel Deras,  en su afán por dejar bien parado al Estado y al gobierno de Porfirio Lobo Sosa,  dijo que han consensuado 246 medidas cautelares y que solo 13 quedan  pendientes. Marcia Aguiluz de Cejil México/ Centroamérica, reaccionó “el avance  no se cuenta con las medidas consensuadas sino cuantas son cumplidas a  cabalidad sin que estas representen una carga económica para el beneficiario  que tiene que correr con gastos de alimentación y transporte del Policía que le  sirve de escolta”.

Las organizaciones  defensoras de derechos humanos concluyeron puntualizando en que los mismos problemas que  denunciaron hace cuatro años hoy siguen vigentes. Además María Martin, de Protección  internacional junto a las organizaciones,  mostraron preocupación por el anteproyecto de  ley que busca proteger los defensores de derechos humanos, señalando que no fue  socializada y es muy vaga en sus intenciones, convirtiéndose solo en una ley  que justifica las violaciones a los derechos humanos.

El Estado planteó el anteproyecto de ley como parte  de un gran proceso de socialización y validado por el Ciprodeh, además que han  dispuesto al menos 10 millones de lempiras anuales para protección de  afectados, situación calificada como penosa por las organizaciones ya que estos  fondos nunca llegan a los beneficiarios de medidas y en otro caso quien las  ejecuta es la Policía Preventiva, altamente denunciada como violadores a los  derechos humanos.

La Comisión instó tanto al Estado y a las  organizaciones a trabajar en conjunto y construir una ley que proteja a los  defensores de derechos humanos pero que responda a las necesidades de estos.

Independencia  Judicial
Ton Pandy, presidente de la Asociación de Jueces por  la Democracia, habló sobre sus preocupaciones sobre los atentados a la independencia  judicial. La elección poco transparente del Consejo de la Judicatura y la  indefensión en la que están ejerciendo la impartición de justicia. Asimismo  dijo que fue casi una burla escuchar como el Estado respondía sus peticiones,  ya que aseguraron que no hay en los entes operadores correspondientes  denuncias  de violación al derecho de la  Independencia Judicial y que una muestra de los avances es la creación del  Consejo de la Judicatura.

Posibles  logros
La CIDH emitirá sus  recomendaciones luego de analizar los casos planteados. A criterio del Abogado  Joaquín Mejía, litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este  es un proceso que puede traer logros partiendo resoluciones favorables para el  beneficio y protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos,  bienes naturales, y por otro lado, contribuir además a que se cumpla con la  independencia de los poderes del Estado y la inclusión de los sectores  marginados.
En el caso de  megaproyectos y consulta previa, el abogado Víctor Fernández del Madj, espera  que partiendo de las recomendaciones hechas por la CIDH se pueda poner un alto  a estos proyectos que se convierten en lesivos para la dignidad de los pueblos  originarios.

Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin312/plantillacompleta/index.html#ir1

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