Esta red de organizaciones ofreció una conferencia de prensa en donde dio a conocer un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres de los sectores arriba indicados, ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.
Denunciaron que el Ministerio Público tiene engavetado un informe desde el año 2014 donde se identifican graves violaciones a los derechos humanos de dichos grupos.
La Articulación está conformada por mujeres miembras de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), la Unión Campesina Indígena Hondureña (UCIH) y la Asociación para el Desarrollo Rural de Honduras (ADROH).
En su comunicado sostuvieron que el tres por ciento de los terratenientes poseen el 70 por ciento de las tierras cultivables, esto en el contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de derechos humanos.
Honduras en el Índice Global de Impunidad, (IGI), es el número siete entre los países que tiene el nivel de impunidad más alto, resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, cuentan con pocos recursos financieros, humanos y técnicos; lo que tiene como consecuencia que el 96 por ciento de casos están impunes.
Existen más de seis mil campesinos y campesinas con procesos judiciales a nivel nacional, de los cuales mil 700 son mujeres campesinas e indígenas , y 120 campesinos fueron asesinadas en los últimos tres años, entre ellas cinco mujeres , lo que hace que su vida personal y familiar sea afectada.
En el marco de esta situación las Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras exige el cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio; procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos.
Al Fiscal General de la República Oscar Chinchilla le demandaron que dé a conocer el informe realizado en el 2014, en donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos, elaborado por la Fiscalía de Derechos Humanos en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.
A la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), exigieron la investigación de los asesinatos de las cinco mujeres campesinas e indígenas.
Asimismo demandaron al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 09 de abril del 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.
La Articulación se sumó a las demandas de la familia de Bertha Cáceres en sus cuatro puntos principales: Castigo para los autores intelectuales de su asesinato; la cancelación de licencia de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA; la instalación de una Comisión Internacional Independiente, y declarar el Rio Gualcarque como Patrimonio Nacional.
Situación mujeres campesinas
María Rosa Santamaría Tabora |
María Rosa Santamaría Tabora es una de las dirigentas de la Articulación , explicó que uno de los principales problemas de las mujeres en el área rural es que no cuentan con una parcela de tierra para cultivar, que hay un número de ellas que son madres solteras y tienen que ver la manera de darles de comer a sus hijos e hijas y que tener tierra para cultivar sería una forma de alimentarlos.
“Nos criminalizan, nos matan y nos meten presas por estar defendiendo un derecho que es tener tierra, para trabajar, para tener soberanía alimentaria que es por lo que luchamos en nuestra organización” señaló Santamaría.
La campesina indicó que son discriminadas por ser mujeres, campesinas e indígenas, “no podemos tener un título de tierra a nombre de las mujeres, desde ese momento estamos siendo violentadas, por eso es esta conferencia para exigirle al Estado y al INA, que queremos ser dueñas de tierras también”.
Como resultado “tenemos un caos en las comunidades, lo que lleva a la inmigración de niños, jóvenes y mujeres, que se están yendo del país, por no tener un pedazo de tierra donde trabajar” informó la indígena.
Según Santamaría desde hace años vienen las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes sufriendo violación a sus derechos humanos, pero “es hasta ahora que estamos levantando la cabeza, el 8 por ciento de las mujeres se encuentra en el área rural”.
Policía: Les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros
La campesina reveló que en los desalojos violentos en algunas ocasiones han sufrido violaciones sexuales por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
“Nos golpean, nos insultan” denunció y ejemplificó el caso del desalojo en la comunidad de “Rigores” en donde el 24 de junio del 2011, el juez de la ciudad de Tocoa, Josué Pagoada Mejía, emitió orden de desalojo al Movimiento Campesino de Rigores en el Bajo Aguan.
Los daños fueron 114 casas demolidas, valoradas en 14 mil lempiras cada una, destruyeron seis aulas de clases, tres iglesias, tres proyectos de engorde de pollos, un centro comunal al igual que varias otras facilidades productivas del grupo y los cultivos de próxima cosecha; todo con retroexcavadora y el tractor del grupo fue confiscado.
Explicó que en esa represión además de los golpes físicos que sufrieron, los policías les envenenaron la comida, “nos destruyeron todo, fue la policía, una fundación llegó con comida y los policías dijeron: les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros”.
Santamaría recordó que hubo mujeres que abortaron a raíz de las golpizas propinadas por los uniformados y por los efectos de los gases lacrimógenos.
Por otro lado hubo un caso en La Paz, donde los cuerpos represores se llevaron presa a una campesina de la tercera edad “la tuvieron esposada y la sacaban a hacer limpieza, otra compañera la llevaron presa embarazada, en esos días que estuvo en la cárcel abortó su bebe”.
Por eso es necesario que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley presentado en el 2014 que se llama Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género, “en donde las campesinas, indígenas y garífunas consideraron que es una manera de fortalecerse como mujeres para poder tener los derechos como ciudadanas, necesitamos que en los títulos de las tierras vayan nombres de mujeres”, finalizó la campesina.
En los procesos de criminalización en su contra se suelen apreciar diferentes acciones, desde el señalamiento negativo y la difamación por autoridades, agentes con poder y medios de comunicación locales; la divulgación de rumores dirigidos a poner en duda la legitimidad de sus reclamaciones, hasta la acusación legal, orden de captura y detención de defensores y defensoras, aprovechando la persecución penal para paralizar o inhibir su labor o participación en actividades o procesos sociales de defensa o reivindicación de sus derechos reconocidos.
Asimismo señaló que las declaraciones testificales de Salvador Zúniga, así como la de los otros testigos y la del director Municipal de Justicia han dejado claramente establecido que ellos autorizaron para que estuvieran en el mercado, entonces la usurpación dónde está se preguntó el abogado Santo Ortiz.
Parte de los locatarios que han sido imputados por los delitos de usurpación y desobediencia
Acompañados por la lluvia, el sol, la luna y el canto nocturno de los animalitos, “aquí estamos a 20 metros donde pretenden instalar la cortina para apresar por más de 20 años las aguas de nuestro río. Estamos haciendo turnos de 24 horas y en cada turno hay un promedio de más de 100 personas, especialmente en la noche que es cuando tenemos que cuidarnos del enemigo”, indicó.
Honduprensa 