Entradas etiquetadas como indígenas

Consulta indígena expone más violaciones a los derechos del pueblo Lenca

Origen: http://defensoresenlinea.com/consulta-indigena-expone-mas-violaciones-a-los-derechos-del-pueblo-lenca/

, , , ,

Deja un comentario

Auxiliar de paz atacó a dirigente indígena lenca

Origen: http://defensoresenlinea.com/auxiliar-de-paz-ataco-a-dirigente-indigena-lenca/

, ,

Deja un comentario

Valientes lucha mundial de mujeres indígenas por sus recursos y territorios

Origen: Valientes lucha mundial de mujeres indígenas por sus recursos y territorios

, , ,

Deja un comentario

Los que amenazan al pueblo indígena de La Paz, son los mismos que en los 70 y 80 servían de “orejas” a policías y miliares

Origen: http://defensoresenlinea.com/los-que-amenazan-al-pueblo-indigena-de-la-paz-son-los-mismos-que-en-los-70-y-80-servian-de-orejas-a-policias-y-miliares/

, ,

Deja un comentario

Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derecho…

Origen: Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

, , , , ,

Deja un comentario

Banco Mundial, nuevas salvaguardas y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas

En la actualidad los pueblos indígenas del planeta padecemos una ofensiva territorial promovida por empresas transnacionales aliadas a organismos financieros y estados nación. En fecha reciente el …

Origen: Banco Mundial, nuevas salvaguardas y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas

, ,

Deja un comentario

ESTADO HONDUREÑO VIOLA DERECHO DE CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDÍGENAS

A partir del golpe de Estado en Honduras del 2009, se aceleró el proceso de entrega de ríos y el territorio boscoso para la instalación de proyectos extractivitas. Sin embargo el Estado ha tomado decisiones desconociendo  los derechos colectivos de pueblos indígenas, tales como el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el país existe un total de 837 concesiones  mineras aprobadas, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño. En la actualidad la industria se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios, de acuerdo a un recién estudio realizado  por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús,  de la ciudad de El Progreso.

“Uno de los sectores más golpeados con estas concesiones somos los pueblos indígenas. El gobierno ha otorgado los permisos para proyectos mineros e hidroeléctricos a espaldas de las comunidades”, aseguró  Margarita Pineda del Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH).

El derecho a la Consulta Previa, libre e informada  está siendo conocida en las comunidades del interior del país. Desde las comunidades organizadas en defensa de los bienes comunes están  luchando para que  antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero se instale,  den a conocer la información necesaria para que desde su autodeterminación, sea el pueblo quien tome la decisión de aceptarlo o rechazarlo.

“Lo que pesa aquí en el país es que nos quieren consultar hasta que ya están otorgadas las concesiones y  cuando las empresas se están desarrollando la exploración para iniciar la explotación, y eso así no es válido porque están distorsionando el tema de la consulta previa”, manifestó la dirigente indígena.

“El asesinato de nuestra  líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas”, aseguró Cesar de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

 

Recordó que con todo esto el estado está violando  el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Propuesta y contra propuesta 

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el Estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte en una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso.

“Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas”, denunció Mirian Miranda de la Ofraneh.

Indicó que “fue a partir del Golpe de Estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, un destrozo para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios”.

¿Qué es una consulta previa, libre e informada?

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional. Los principios que deben fundamentar una consulta a pueblos y comunidades indígenas son:

Previa a la toma de decisiones que los pueden afectar. Libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo. Informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad, realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo.

De acuerdo a los convenios internacionales son los gobiernos nacionales quienes deben consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su calidad de vida.

 

“Nosotros  insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Además del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas”, concluyó Mirian Miranda.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3093-estado-hondureño-viola-derecho-de-consulta-previa-a-pueblos-ind%C3%ADgenas

, , , , , , ,

Deja un comentario

“El Estado hondureño es el promotor de todos los proyectos mortíferos para las comunidades indígenas”

El pasado 3 de marzo, el asesinato de la defensora medioambiental Berta Cáceres tuvo una repercusión internacional, sacando a la luz la amplitud de las violaciones de derechos humanos en Honduras. Desde entonces, su hija Bertha Zúñiga y el nuevo coordinador del COPINH Tomás Gómez Membreño siguen luchando para que se haga justicia.

Origen: “El Estado hondureño es el promotor de todos los proyectos mortíferos para las comunidades indígenas”

, , ,

Deja un comentario

Mil 700 mujeres campesinas, indígenas y garífunas han sido judicializadas en los últimos tres años

El sistema de justicia inclina la balanza para la impunidad y ha dejado en desprotección a unas mil 700  mujeres campesina, indígenas y garífunas a quienes se les ha levantado procesos penales por el hecho de ejercer su derecho a la tierra y más de 100 fueron ya asesinadas, de acuerdo a un informe de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras, presentado en conferencia de prensa este 21 de junio de 2016.

Esta red de organizaciones ofreció una conferencia de prensa en donde dio a conocer un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres de los sectores arriba indicados, ante la ola represiva de criminalización por la lucha por la tierra y el territorio.

Denunciaron que el Ministerio Público tiene engavetado un informe desde el año 2014 donde se identifican graves violaciones a los derechos humanos de dichos grupos.

La Articulación está conformada por mujeres miembras de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), la Unión Campesina Indígena Hondureña (UCIH) y la Asociación para el Desarrollo Rural de Honduras (ADROH).

En su comunicado sostuvieron que el  tres por ciento  de los terratenientes poseen el 70 por ciento de las tierras cultivables, esto en el contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de derechos humanos.

Honduras en el Índice Global de Impunidad, (IGI), es el número siete entre los países que tiene el nivel de impunidad más alto, resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, cuentan con pocos recursos financieros, humanos y técnicos; lo que tiene como consecuencia que el 96 por ciento  de casos están impunes.

Existen más de seis mil  campesinos y campesinas  con procesos judiciales a nivel nacional, de los cuales  mil 700 son mujeres campesinas e indígenas , y 120 campesinos fueron asesinadas en los últimos tres años, entre ellas cinco mujeres ,  lo que hace que su vida personal y familiar sea afectada.

En el marco de esta situación  las Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Honduras exige el cese inmediato a la criminalización por el derecho a la tierra y el territorio; procesos judiciales transparentes e investigaciones de las demandas de la tierra por los grupos campesinos.

Al Fiscal General de la República Oscar Chinchilla le demandaron que dé a conocer el informe realizado en el 2014, en donde se constata las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos, elaborado por la Fiscalía de Derechos Humanos en los diferentes juzgados, para deducir las responsabilidades del caso.

A la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), exigieron la investigación de los asesinatos de las cinco mujeres campesinas e indígenas.

Asimismo demandaron al Congreso Nacional de la República la inmediata discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida el 09 de abril del 2014, para solventar la deuda social del acceso a la tierra y defensa del territorio.

La Articulación se sumó a las demandas de la familia de Bertha Cáceres en sus cuatro puntos principales: Castigo para los autores intelectuales de su asesinato; la cancelación de licencia de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA;  la instalación de una Comisión Internacional Independiente,  y declarar el Rio Gualcarque como Patrimonio Nacional.

Situación mujeres campesinas

campesina criminalizada

María Rosa Santamaría Tabora

María Rosa Santamaría Tabora es una de las dirigentas de la Articulación , explicó que uno de los principales problemas de las mujeres en el área rural es que no cuentan con una parcela de tierra para cultivar, que hay un número de ellas que son madres solteras y tienen que ver la manera de darles de comer a sus hijos e hijas y que tener tierra para cultivar sería una forma de alimentarlos.

“Nos criminalizan, nos matan y nos meten presas por estar defendiendo un derecho que es tener tierra, para trabajar, para tener soberanía alimentaria que es por lo que luchamos en nuestra organización” señaló Santamaría.

La campesina indicó que son discriminadas por ser mujeres, campesinas e indígenas, “no podemos tener un título de tierra a nombre de las mujeres, desde ese momento estamos siendo violentadas, por eso es esta conferencia para exigirle al Estado y al INA, que queremos ser dueñas de tierras también”.

Como resultado “tenemos un caos en las comunidades, lo que lleva a la inmigración de niños, jóvenes y mujeres, que se están yendo del país, por no tener un pedazo de tierra donde trabajar” informó la indígena.

Según Santamaría desde hace años vienen las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes sufriendo violación a sus derechos humanos, pero “es hasta ahora que estamos levantando la cabeza, el 8 por ciento de las mujeres se encuentra en el área rural”.

Policía: Les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros

La campesina reveló que en los desalojos violentos en algunas ocasiones han sufrido violaciones sexuales por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

“Nos golpean, nos insultan” denunció  y ejemplificó el caso del desalojo en la comunidad de “Rigores” en donde el 24 de junio del 2011, el juez de la ciudad de Tocoa, Josué Pagoada Mejía, emitió orden de desalojo al Movimiento Campesino de Rigores en el Bajo Aguan.

Los daños fueron 114 casas demolidas, valoradas en 14 mil lempiras cada una, destruyeron seis aulas de clases, tres iglesias, tres proyectos de engorde de pollos, un centro comunal al igual que varias otras facilidades productivas del grupo y los cultivos de próxima cosecha; todo con retroexcavadora y el tractor del grupo fue confiscado.

Explicó que en esa represión además de los golpes físicos que sufrieron, los policías les envenenaron la comida, “nos destruyeron todo, fue la policía, una fundación llegó con comida y los policías dijeron: les vamos a echar veneno para que se mueran todos estos perros”.

Santamaría recordó que hubo mujeres que abortaron a raíz de las golpizas propinadas por los uniformados y por los efectos de los gases lacrimógenos.

Por otro lado hubo un caso en La Paz, donde los cuerpos represores se llevaron presa a una campesina de la tercera edad “la tuvieron esposada y la sacaban a hacer limpieza, otra compañera la llevaron presa embarazada, en esos días que estuvo en la cárcel abortó su bebe”.

Por eso es necesario que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley presentado en el 2014 que se llama Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género, “en donde las campesinas, indígenas y garífunas consideraron que es una manera de fortalecerse como mujeres para poder tener los derechos como ciudadanas, necesitamos que en los títulos de las tierras vayan nombres de mujeres”, finalizó la campesina.

Origen: Mil 700 mujeres campesinas, indígenas y garífunas han sido judicializadas en los últimos tres años

, , , ,

Deja un comentario

Activista hondureña recibe premio “Front Line Defenders”

Ana Mirian Romero, considerada heredera de Bertha Cáceres, fue reconocida en Dublín por su defensa al derecho a la tierra.

Dublín.

La activista hondureña Ana Mirian Romero, considerada por medios internacionales como la heredera de Bertha Cáceres, recibió hoy en Dublín el premio “Front Line Defenders” por su lucha en defensa del derecho a la tierra en su comunidad, donde se opone a la expansión de la hidroeléctrica “Los Encinos”.

Romero fue elegida entre otros cinco candidatos que optaban a este galardón, que concede cada año la organización “Front Line Defenders” a defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren peligro.

“Cada uno de los finalistas a nuestro premio anual lucha por la justicia y los derechos humanos en su comunidad, y lo hace enfrentándose a serios riesgos”, destacó hoy Mary Lawlor, directora ejecutiva de la organización, durante una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Dublín.

Lawlor recordó que aquellos que “intentan poner fin a su poderosa labor” han sometido a Ana Mirian Romero y a sus hijos a “ataques armados, amenazas y actos de hostigamiento” en su municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz, al suroeste del país.

Según ha denunciado “Front Line Defenders”, sus hijos debieron abandonar la escuela por los “constantes actos de hostigamiento”, como el ocurrido a principios de este año, en el que los agresores incendiaron su hogar cuando Romero regresaba a la casa después de dar a luz a su hija más pequeña.

El acoso a la activista se acentuó después de que presentara en 2010 un recurso ante la Justicia hondureña para que se reconozcan los derechos de sus tierras ancestrales.

“Ahora, tanto ella como su familia son blanco de reiterados ataques de parte de la policía, el ejército y grupos civiles armados relacionados con la compañía hidroeléctrica”, explicó “Front Line Defenders” en un comunicado.

Romero colabora estrechamente con el Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) en su oposición a la instalación de la represa hidroeléctrica “Los Encinos” en territorios indígenas del pueblo lenca cercanos al río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz.

El MILPAH ha denunciado los asesinatos de seis de sus dirigentes cometidos en 2015 en esta zona, acciones por las que nadie ha sido aún condenado, según la organización.

En este sentido, “Front Line Defenders” trabaja para promover la visibilidad y protección de activistas como los seis finalistas homenajeados hoy en Dublín, “fundamentales todos ellos para el movimiento por los derechos humanos en sus países y sus comunidades”.

“Los defensores y defensoras de derechos humanos nos comentan lo crucial que es el apoyo internacional para su labor. Este premio demuestra, tanto a ellos como a sus opresores, que Irlanda respalda a estas personas extraordinarias”, subrayó hoy Lawlor. EFE

 

Dublín. La organización Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la intimidación y amenazas de muerte contra Ana Mirian Romero y su familia, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley en consonancia con los estándares internacionales.

Solicitan que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Ana Mirian Romero y su familia, incluyendo la implementación inmediata de las medidas cautelares otorgadas en su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

Demandan al Gobierno a fin de que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias..

AnaR2(1024x768)
Ana María Romero es activista del Movimiento Independiente Lenca de La Paz.
 

Origen: http://www.laprensa.hn/mundo/968708-410/activista-hondureña-recibe-premio-front-line-defenders

, , , ,

Deja un comentario

Líder indígena pide que EEUU no ayude más a fuerzas de seguridad de Honduras

Chicago – El líder indígena hondureño Tomás Gómez Membreño pidió hoy al senador demócrata por Illinois Richard Durbin que interceda para interrumpir la ayuda económica que Estados Unidos destina a los cuerpos de seguridad de su país.

En una carta entregada en las oficinas del legislador, que integra los subcomités de Asignaciones de Defensa y de Estado y Relaciones Exteriores en el Congreso, Gómez Membreño señaló que en lugar de financiar al Ejército y Policía de Honduras, la política estadounidense debería centrarse en defender los derechos humanos en ese país centroamericano.

“Estados Unidos debe retener toda la ayuda militar y policial para influir en la voluntad política de la administración hondureña, y presionar para poner fin a los asesinatos, amenazas y acoso de personas, partidos políticos de oposición, periodistas críticos del Gobierno, pequeños agricultores, grupos indígenas y sindicalistas”, agregó.

“El senador Durbin es un demócrata de alto rango en el Congreso, con mucho poder sobre el flujo de asistencia de seguridad a Honduras”, declaró Gómez Membreño a Efe.

En su opinión, los contribuyentes estadounidenses ignoran que los fondos que se envían a Honduras “apoyan a un Ejército que no se encarga de la seguridad del país, sino de velar por los intereses de grandes proyectos de capitales extranjeros”.

Gómez Membreño es el coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), una entidad que ha denunciado los planes de instalar proyectos hidroeléctricos, de energía eólica y mineros en tierras indígenas.

Solamente en el territorio del pueblo Lenca existen más de 50 concesiones que dio el Gobierno a privados, incluyendo la instalación de un parque eólico en el cerro Los Hoyos, que destruirá un lugar sagrado donde los indígenas hacen actividades ceremoniales, señaló el dirigente.

Gómez Membreño acusó al Ejército de su país de estar involucrado en asesinatos políticos para proteger intereses de empresas como Desa, encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, que es patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del pueblo Lenca.

Esa empresa, según el líder indígena, sería la principal sospechosa del asesinato de la activista Berta Cáceres, cofundadora del Copinh, en marzo pasado.

“Además de la empresa, entre los autores intelectuales del crimen hay personajes de la esfera política y económica del país”, afirmó.

En la carta se pide apoyo para una investigación independiente de la muerte de Cáceres, con preferencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Origen: Líder indígena pide que EEUU no ayude más a fuerzas de seguridad de Honduras

, , ,

Deja un comentario

Indígenas lencas anuncian acciones y movilizaciones a partir de este fin de semana –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- A partir de este fin de semana comienzan las movilizaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) tanto a nivel local como a nivel nacional, informó Tomás Gómez Membreño, coordinador de esa  organización. Gómez agregó que,  las acciones se emprenderán en repudio al hostigamiento que ha estado metiendo […]

Origen: Indígenas lencas anuncian acciones y movilizaciones a partir de este fin de semana –

, ,

Deja un comentario

Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca en Taulabé, Sulaco y La Paz

Defensores en linea

Origen: Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca en Taulabé, Sulaco y La Paz

, , ,

Deja un comentario

Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca en Taulabé, Sulaco y La Paz

El Comité de Familiares de  Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presenta a la comunidad nacional e internacional y a los medios de comunicación el informe: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO INDÍGENA LENCA EN TAULABÉ, SULACO Y LA PAZ.

Durante la ejecución del proyecto se identificaron 47 casos de violaciones a los derechos humanos de población lenca en el área de ejecución del proyecto: 21 de ellos corresponden a casos que están en proceso judicial en asistencia por la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y los otros 26 corresponden a información disponible en COFADEH,  e información recabada durante las visitas de campo.

De esta vorágine de violencia hacia las comunidades indígenas se han seleccionado 8 casos emblemáticos que reflejan la preocupante realidad que enfrenta las comunidades.

Los casos seleccionados son: Llanos, Taulabé (disputa de tierras), Río Bonito (Criminalización derecho a la tierra), San Juan, líder campesino lenca (asesinato), Sulaco (Yoro), Acusación por Usurpación, Rosalío Vásquez y Familia (criminalización por la defensa del territorio), Gualinga en el departamento de La Paz (asesinatos), Llanos de Candelaria, Aguanqueterique (derecho a la tierra, corredor logístico), Dirigencia Campesina de La Paz criminalizada (criminalización de líderes lencas).

La criminalización involucra el mal uso del sistema penal (acusaciones legales y órdenes de captura) y del desprestigio público, como mecanismos que buscan vincular en el imaginario colectivo, político y legal a los liderazgos indígenas con actividades ilegales, para desmovilizar su actividad de defensoría.

La información recolectada demuestra que los defensores indígenas son objeto de investigaciones y acusaciones judiciales por su presunta participación en la comisión de una variedad de delitos por la labor que realizan en defensa del territorio.

En los procesos de criminalización en su contra se suelen apreciar diferentes acciones, desde el señalamiento negativo y la difamación por autoridades, agentes con poder y medios de comunicación locales; la divulgación de rumores dirigidos a poner en duda la legitimidad de sus reclamaciones, hasta la acusación legal, orden de captura y detención de defensores y defensoras, aprovechando la persecución penal para paralizar o inhibir su labor o participación en actividades o procesos sociales de defensa o reivindicación de sus derechos reconocidos.

Un análisis detallado a 21 expedientes, revela la conformación de algunos patrones, como los siguientes:

* Investigaciones penales maliciosas por parte de los fiscales.
* La persecución judicial contra los defensores indígenas se contrasta con la falta de investigaciones a los ataques, agresiones, asesinatos y las amenazas en contra los líderes y los miembros de sus familias.

* Los defensores indígenas no sólo son investigados falsamente, su persecución como grupo se distingue por el carácter de los delitos de los que son acusados, normalmente usurpación, daños a la propiedad, tenencia ilegal de armas y sedición, el uso de testimonios falsos y el uso de archivos de inteligencia.

De los 21 expedientes judiciales estudiados, se observan tendencias transversales a todos ellos:
1. Manipulación de testimonios y el uso de testigos pocos confiables;

2. La dependencia ilegal de informes de inteligencia falsos

3. El prejuicio de los fiscales

4. Irregularidades en la investigación previa, como la secretividad

5. Y detención arbitraria.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas el 13 de septiembre de 2007.

El Artículo 18 reconoce el derecho de los pueblos a participar en la adopción de decisiones en asuntos que afectan a sus derechos y la obligación de los Estados de celebrar consultas y cooperar con ellos para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten. En ambos casos, y de conformidad con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas tienen derecho a participar por medio de sus instituciones representativas.

Estos derechos se reafirman en el artículo 27, cuando determina que los Estados establecerán y aplicarán procesos por los que se reconozcan y adjudiquen los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos.

La Declaración también reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, incluidos los que han poseído tradicionalmente. En el artículo 26, párrafo 1, se reconoce, en líneas generales, el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido, mientras que en el párrafo 2 se señala a las tierras, territorios y recursos que poseen con arreglo a conceptos indígenas consuetudinarios de “propiedad”. En el párrafo 3 del artículo 26 se determina que los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.

Defensores en linea

Origen: Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca en Taulabé, Sulaco y La Paz

, , ,

Deja un comentario

Sube a cinco los muertos en masacre de comunidad Tolupán –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn       Tegucigalpa.-A cinco muertes se ha elevado en las últimas horas la masacre registrada el  domingo en la tribu Tolupán del municipio de San Francisco de Locomapa en el norteño departamento de Yoro. El hecho violento se registró en la aldea Cabeza de Vaca #2 y las víctimas fueron identificadas como: Nahúm Alberto […]

Origen: Sube a cinco los muertos en masacre de comunidad Tolupán –

, ,

Deja un comentario

Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria

Origen: Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras

, ,

Deja un comentario

Organizaciones lencas denuncian campaña de terror impulsada por políticos y grupos económicos en el occidente de Honduras

Tegucigalpa.

El dirigente de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga dijo a http://www.defensoresenlinea.com que las comunidades indígenas lencas están viviendo una situación preocupante por cuanto se quiere sembrar el terror con los asesinatos de indígenas lencas que luchan por su derecho a los territorios ancestrales.

“Estamos viviendo una situación tremenda, se quiere sembrar el terror, el asesinato de Justo Sorto y varios compañeros de la zona como Santos Alberto Rodríguez y otros, que  son parte de una campaña para atemorizar a la población indígena lenca y luego despojarlos de los bienes comunes naturales como  la tierra, el agua, los bosques”, sostuvo Zúniga.

El 21 de enero de 2014, el dirigente indígena lenca y defensor de derechos humanos,  Justo Sorto, fue encontrado sin vida en una finca de la comunidad Yance en el municipio de Jesús de Otoro en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.  Justo Sorto fue miembro activo por 20 años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Varios disparos de arma de grueso calibre fueron la causa de la muerte del defensor de derechos humanos. Su cuerpo presentó tres heridas de bala; uno en la cabeza, otro en el pecho y uno en el dedo pulgar derecho.

Solo en el mes de diciembre de 2015, cinco asesinatos fueron perpetrados contra indígenas lencas en Gualinga y El Potrero, pertenecientes al municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

Los testimonios señalan como responsables a activistas políticos del Partido Nacional, funcionarios de la municipalidad de Santa Elena, empleados de la vice presidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora y su esposo Arnold López.

Esto viene a confirmar que los proyectos de concesiones hidroeléctricas impulsadas por el gobierno son “proyectos de muerte” sostuvo a http://www.defensoresenlinea.com,  el sub-coordinador del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPA), Martín Gómez Vásquez.

“Solo en el 2015 ha habido 5 asesinatos ,más que todo en el sector de Santa Elena, en el departamento de La Paz, porque ahí Gladys Aurora López (vice presidenta del Congreso Nacional)  y su esposo, quieren construir una hidroeléctrica que va a generar 14 mega-watios de energía”, dijo Gómez Vásquez.

En total en el occidente del país se registraron durante el año 2015, al menos  20 asesinatos de miembros y líderes de las comunidades  indígenas lencas que manifestaron su oposición a los proyectos hidroeléctricos y concesiones mineras impulsadas en la zona occidental del país por funcionarios de gobierno y grupos económicos.

Salvador Zúniga de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH),  señaló como responsables de la escalada de terror a grupos económicos, el poder político y a grupos criminales que pretenden imponer el terror en la zona.

Particularmente por el hecho de que existen proyectos hidroeléctricos que llevan al despojo de las tierras y también a la pretensión de explotar de manera inmisericorde a los bosques, explicó Zúniga.

Están construyendo represas en los ríos Gualcarque, Río Blanco, se pretende construir en el municipio de Santa Elena en el departamento de La Paz, también en San Rafael municipio de Jesús de Otoro, Intibucá; se ha concluido la represa en San José de Gladys Aurora López (vice presidenta del Congreso Nacional) y están concesionados todos los ríos, desde los más pequeños hasta los más grandes apuntó Salvador Zúniga.

Por otra parte hay concesiones mineras en Camasca, San Francisco de Lempira, Piraera, así como  en La Esperanza, entre otras regiones informó el dirigente indígena lenca.

“Con esta situación ha habido gente que está abandonando las zonas porque se han convertido en lugares peligrosos y este es el proyecto de las famosas ciudades modelo (Zonas Especiales de Desarrollo Económico ZEDES), que es un proyecto de entrega del territorio, pero también son proyectos vinculados al crimen organizado que pretenden construir sus santuarios para el lavado (de activos) y las operaciones criminales”, comentó.

“Ahí están involucrados Gladys Aurora López presidenta del Partido Nacional y vice presidenta del Congreso Nacional, también está vinculado otro miembro del Congreso del lado del departamento de Santa Bárbara en donde asesinaron a un compañero, y hay una campaña de asesinatos promovida por gente poderosa en el país, se habla también de Mario Pérez, secretario del poder legislativo que estaría vinculado al asesinato a un compañero de Santa Bárbara”, aseguró el dirigente de la CINPH.

Zúniga agregó que a parte de los departamentos de La Paz, Santa Bárbara, también están Intibucá, Lempira y Comayagua, en donde hay persecución tremenda contra la población indígena y también se ha dado el despojo del mercado central lenca que está en títulos ancestrales y que se encuentra en el municipio de Intibucá. Ahí hay una campaña de amenazas, hay criminalización en los tribunales y hay más de 500 personas con formal proceso en los tribunales.

Los juzgados de Intibucá dictaron formal procesamiento a 38 micro empresarios y microempresarias indígenas lencas, a las cuales se les dictó medidas sustitutivas a la prisión y deben estar presentándose a los juzgados a firmar el libro de registro.

Estos indígenas lencas han sido acusados de usurpación y desobediencia a la autoridad municipal, pese a que se desarrolló un cabildo abierto con anterioridad, en el que se determinó que se iba a escoger un lugar para la construcción de un mercado.

“Aquí hay una situación de discriminación y de favorecimiento a transnacionales como la Sabmiller que van a poner el carnaval cervecero los días jueves, viernes y sábado y otros locales que van a ser asignados para la distribución de los productos de la Cervecería Hondureña”, informó  Zúniga.

La CINPH ha estado presentado loas denuncias respectivas, colocando las alertas respectivas y en los próximos días se inicia toda una campaña de movilizaciones  en el contexto local, nacional e internacional, que van a tener impacto ya que es necesario que la conciencia nacional sea movida, para que se haga una administración adecuada de la justicia, anunció el dirigente.

“Nosotros hemos creado una alianza estratégica con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el COFADEH nos ha estado brindando asesoría, capacitación en materia de derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos en general, pero también ha estado haciendo un acompañamiento jurídico legal en los municipios de Santa Elena (La Paz), Siguatepeque (Comayagua) y en los departamentos de Lempira, La Paz, Comayagua y en la parte de Yoro”, puntualizó Zúniga.

De hecho un equipo de procuradoras de derechos humanos del COFADEH viajó recientemente a los departamentos de Santa Bárbara y La Paz para continuar con la documentación de varios casos de asesinatos perpetrados en la zona y registrando otras violaciones de derechos humanos que se han denunciado.

Origen: Organizaciones lencas denuncian campaña de terror impulsada por políticos y grupos económicos en el occidente de Honduras

, , , , ,

Deja un comentario

Indigenous Rights Win Major Steps Forward in Honduras

In a major win for Indigenous and Afro-descendent peoples in Honduras, the Inter-American Court of Human Rights issued a judgment in January declaring the State of Honduras responsible for the violation of collective ownership rights and the lack of judicial protection. The case was brought by OFRANEH, the Black Fraternal Organization of Honduras which has been working for years to defend the territory of the Indigenous Garifuna peoples and a partner of a broad coalition of Indigenous and campesino rights organizations across Honduras.

Origen: Indigenous Rights Win Major Steps Forward in Honduras

, , ,

Deja un comentario

Locatarios indígenas son criminalizados por Alcalde de Intibucá

De más de 300 locatarios del Mercado histórico de Intibucá, el que se quemara en el 2004 y fuera rehabilitado por los propios locatarios, 46 de ellos enfrenta acusación penal en los Tribunales de Justicia de La Esperanza, por oponerse a ser desalojado de ese lugar.

El alcalde Municipal de Intibucá, Javier Eusebio Martínez, incoó un proceso judicial por los delitos de usurpación y desobediencia contra 46 comerciantes del Mercado histórico de Intibucá, departamento del mismo nombre.

La acción penal se debe a que los comerciantes se oponen a un desalojo que el alcalde ha ordenado mediante ordenanzas municipal, misma que no ha sido avalada por toda la corporación municipal.

Ante la negativa de los comerciantes de dejar sus cubículos, el alcalde Javier Eusebio Martínez y la Fiscalía del Ministerio Público procedió legalmente contra 46 locatarios, los más visibles en esta lucha por evitar ser desalojados del mercado histórico de Intibucá, donde hay comerciantes que tienen más de 45 años de trabajar en ese lugar.

La semana anterior se llevó a cabo en los Tribunales de Justicia de La Esperanza la audiencia inicial contra los 46 locatarios que han sido acusados por los delitos de usurpación y desobediencia, donde la juez escuchó a los testigos por la parte demandante y demandada.

“Espero que la juez le dé sobreseimiento definitivo a mis representados porque en este caso no existe delito”, expresó Santos Ortiz, apoderado legal de los locatarios imputados.

Indicó que en su declaración ante el juez, el alcalde Martínez expresó que los 46 locatarios imputados ya trabajaban en el mercado y que quienes lo invadieron fue un grupo liderado por una persona identificada por Margarito Gonzáles y que eso le da la pauta que sus representados no han cometido el delito de usurpación.

El togado agregó que el edil también expresó en su declaración que se libró una ordenanza y que la misma fue impugnada dentro de las 24 horas, pero que todavía no se ha resuelto e incluso  no existe la desobediencia porque está en trámite administrativo la impugnación de dichas ordenanzas, por lo tanto hasta la fecha se ha demostrado que sus representados en ningún momento han cometido el delito de usurpación y desobediencia a la autoridad.

Asimismo señaló que las declaraciones testificales de Salvador Zúniga, así como la de los otros testigos  y la del director Municipal de Justicia han dejado claramente establecido que ellos autorizaron para que estuvieran en el mercado, entonces la usurpación dónde está se preguntó el abogado Santo Ortiz.

El representante de los locatarios denunció que en la audiencia la Fiscal del Ministerio Público, ante sus representados, le dijo a Cindy Vanesa Mejía Ponce, una de las imputadas, que no se preocupara que a “vos ya te voy a pedir el sobreseimiento definitivo” y decirlos ante mis clientes es peligroso  y atentatorio, dijo ante sus representados.

“Ha quedado mal parada la parte acusadora al presentar un requerimiento fiscal en contra de Cindy Vanesa y ha dejado a mis clientes sorprendidos porque los está criminalizando; creo que el caso está mal conducido por la fiscalía”.

Señaló que de acuerdo a la Ley en que nos regimos hay pruebas suficientes para que sobresean el caso no provisionalmente sino definitivamente.

El apoderado legal de los locatarios imputados solicitó una inspección a los libros de la Alcaldía Municipal y a los libros de la Gobernación Departamental para probar que el caso de la impugnación no ha sido resuelto todavía.

El Alcalde Municipal ha criminalizad este caso, no quiso utilizar la vía civil porque creía que era más larga, pero actualmente nuestro sistema la vía criminal es más larga todavía, y creo que han equivocado el camino, señaló el abogado Ortiz.

El líder indígena de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga, que actuó como testigo en el juicio, señaló que es una situación grotesca que a la gente se le criminalice por defender el derecho a la vida y el derecho al trabajo y que es increíble que el Ministerio Público capaz de llevar una acusación contra personas que están protegidas por el convenio 169 por el hecho de ser población indígenas.

Parte de los locatarios que han sido imputados por los delitos de usurpación y desobediencia

Asimismo expresó que en este caso se ha violentado la Ley de Municipalidades porque no se ha respetado el cabildo abierto que se desarrolló donde se acordó que el mercado se iba a construir y que iba a seguir funcionando en la Plaza donde se quemó y sigue siendo Mercado.

El dirigente indígena denunció que en ese lugar la Alcaldía que preside Javier Eusebio Martínez, pretende construir una plaza para vehículos y para la venta de cervezas y “eso nos parece una cosa tremenda y aberrante”.

Asimismo cuestionó que una corporación municipal haya procedido criminalmente contra las personas que han aportado con sus impuestos, con lo cual los funcionarios electos tienen dietas, tienen salarios,  y que no se tome en consideración la situación de prioridad cuando el ganarse la vida en un país golpeado por la crisis y por el desempleo, la gente tenga la posibilidad de ganarse la vida.

“Lo más grotesco en este juicio es haber escuchado a la fiscal al hacer un planteamiento que no son indígenas  la gente que está ahí, eso no es una atribución que tiene una fiscal y ella debería consultar el convenio 169 donde habla de la auto identificación”.

Indicó que lo que han visto es una persecución para violar el derecho a la vida, el derecho al trabajo y el derecho a las libertades y “confiamos que en este caso va a prevalecer el derecho”.

Por su parte José Rufino García, uno de los locatarios demandados y presidente de los microempresarios que trabajan en el mercado quemado, explicó que en ningún momento el alcalde socializó con todos los locatarios su proyecto, solo con un grupito y no con la mayoría.

Indicó que la ordenanza de desalojo no fue entregada a todos los locatarios y que la misma no estaba firmada por toda la corporación municipal, porque cuatro regidores se oponían al desalojo.

Dijo que el alcalde ha mentido porque ha expuesto que la hoja solo era una advertencia y no un desalojo, cuando está claro en la nota que recibieron los locatarios donde se les dice que serían desalojados del predio que ocupan.

Entre las personas imputadas están:
1.- Eliodoro Gómez; 2.- Pablo Briones; 3.- Gustavo Díaz; 4.- Octavio Domínguez; 5.- Ana Ruth Domínguez; 6.- Lucila Domínguez; 7.- José santos Gutiérez; 8.- Juan Paz; 9.- María Amaya; 10.- José Rufino García; 11.- José Rosa Flores; 12.- Lourdes Urquía; 13.- Roger Amaya; 14.- José Gardiano Díaz; 15.- Sebastián Amaya; 16.- Geremías Díaz; 17.- Daniel Díaz; 18.- Franklin Omar Domínguez; 19.-  Adelina García; 20.- Francisco Meza; 21.- Marco Antonio Parada; 22.- Amado Bustillo; 23.- Carlos Emilio Gaitan; 24.- Rachel Díaz; 25.- Manuel Domínguez; 26.- Wilmer Renato Díaz; 27.- Faustina Díaz; 28.- Dinora Elizabeth Bonilla Romero; 29.- Antonio Murillo; 30.- Olmer Josué Díaz Urquía; 31.- Celina Flores; 32.- Mariela Villanueva; 33.- Dilcia Aracely Díaz; 34.- María Luisa Argueta; 35.- Elizabeth Delcid Ramos; 36.- Mirna Pineda Villanueva; 37.- Wilson Hernández; 38.- Daniel Argueta; 39.- Cindy Vanesa Mejía Ponce

Origen: Locatarios indígenas son criminalizados por Alcalde de Intibucá

,

Deja un comentario

Honduran Indigenous People Condemn Archaeological Project

We declare that the location of the sacred places of the Muskitia, as would be Ciudad Blanca, Apalka, Raiti, among others that still have not been “officially discovered”, never have been unknown to the children of the Muskitia, who have received that knowledge as a form of ancestral knowledge from our grandparents and so we assure the inviolability of these sacred places by looters.

The representatives of one of the largest indigenous groups in eastern Honduras have weighed in on the hottest Honduran news story of the new year; and their commentary should be blistering the skin of the President of the country and officials in the government responsible for management of cultural heritage.

The announcement was made by President Juan Orlando Hernández himself: a new expedition was headed to the archaeological site in eastern Honduras which was widely promoted last year as a newly discovered “lost city”, supposedly representing an “unknown civilization”, and identified with the traditional cultural heritage site of the Pech and Miskito people, called Ciudad Blanca in Spanish.

Hernández himself accompanied the new expedition, whose goal was described as to extract (sustraer) carved stone objects that had been observed on the surface– a typical pattern for the many sites professionally studied in the region. Among those commenting on the spectacle was the US Ambassador, James Nealon, who professed to be fascinated by the sculptures.

Speaking archaeologically, there is a well-understood history of interpretation of similar objects in sites documented across the region. They have actually been studied since the 18th century, as some of the earliest, if not the earliest, Honduran antiquities exhibited in the British Museum and contemplated by European scholars.

Last year, an international group of scholars (including the authors of this blog) raised concerns about the outdated presentation of archaeology in the original expedition. An open letter to the sponsor and original publisher of the reports stressed that the area is not abandoned, but is actually the territory of indigenous people who surely include the descendants of the site’s builders. These people, we warned, were effectively being erased from their own history and territory in the service of a more exciting story.

Now, the political representatives of one of these indigenous groups have weighed in on the new expedition– and they are not pleased. The full statement by MASTA–composed of twelve territorial councils of Miskitu people– shows that they are particularly disturbed that the expedition has not consulted with them, and that objects are being removed from their territory to a distant city.

But they also object to the presentation of the expedition as discovering a city unknown to them; and to the press giving the city a nickname they identify as “racist” and “denigrating”.

Repeatedly, the Miskitu statement emphasizes that this area is their ancestral territory. They were autonomous allies of Great Britain, and when Great Britain gave up its foothold on coastal Honduras, the treaty it signed with Honduras included guarantees that Honduras would respect Miskitu territorial rights. Yet, they repeatedly note, no one consulted with them.

Perhaps the most striking thing in the statement is the use of the term looting for the current expedition, undertaken without consultation. For the Miskitu people, these sites, they say, are sacred, are a patrimony, and the knowledge of their locations and the responsibility for the protection has been a legacy.

That last may seem like a grand claim, except that it is true: the remarkable presence, visible on the surface, of dozens of great works of stone sculpture at archaeological sites in the Mosquitia seems incredible, even to experienced archaeologists who aren’t familiar with this area of Honduras. Why have they not been looted before? The local people know they are there– that is how archaeologists have been led to sites for decades. But the local indigenous people have left them in place.

And now, the government of Honduras is removing them as a staged spectacle intended to promote tourist visitation. But the Miskitu people are not letting this happen without fighting back. They are demanding the implementation of an indigenous model of management and protection; they specifically condemn the example of Copan, where indigenous people have no voice in management of the site created by their ancestors. They demand museums in their territory to conserve their material heritage, and training in anthropology and history to facilitate their management of these sites in accordance with their own world view.

And they label as unauthorized any publication of the works being removed from the site without their permission.

This is not how archaeology is supposed to go in the 21st century, where the watch words are community engagement and collaboration. In 19th century archaeology, no one paid attention to local people, certainly not to indigenous people, but that changed in the second half of the 20th century. When 21st century expeditions recreate 19th century practices, indigenous people know their rights, and no longer stay silent.

Here’s our translation of the full statement:

We, the children of the Muskitia, constituted in 12 representative Territorial Councils and the social base of MASTA, based on our respect for the spiritual, ancestral, and cultural heritage of our ancestors; aided by Article 346 of the Constitution of the Republic of Honduras; Articles 2, 3, 4, 6, 7, 15 and 35 of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries; Articles 3, 4, 11, 12, 25 and 26 of the Declaration of the UN on the Rights of Indigenous Peoples; Article 8J of the Convention on Biodiversity, the framework that constitutes the principles of international law recognized by the international community and that Honduras adopted through Article 15 of the Constitution of the Republic; by this means COMMUNICATE to the national and international community concerning the case of the so-called “Ciudad Blanca”, on the following points:

First: The State of Honduras received the territory of the Honduran Muskitia from the United Kingdom of Great Britain, through the signing of the Cruz-Wyke treaty celebrated in the city of Comayagua, in the month of December of 1859, in which the government of Honduras made a commitment not to violate the ancestral territorial rights of the Miskitu People (see Article III of the Cruz-Wyke Treaty).

Second: The government of Honduras, with the support of the National Geographic, has carried out the identification of the geographic location of Ciudad Blanca, also known as the lost city, and in mass media as the city of the “monkey king”. The location of the said “Ciudad Blanca” is encountered in the territory demonstrated on the map embedded in the first paragraph [of the PDF statement], recognized by the State of Honduras as the “Mosquito Coast”, territory pertaining historically and ancestrally to the Miskitu Indigenous People.

Third: The Government of the Republic has authorized, without consultation of the corresponding entities, the publicizing, excavation, and extraction of the archaeological objects encountered in the said city and that they then will be taken to some city in the department of Olancho. In none of the processes authorized by the government, referring to: the search, exploration, geographic location, excavation, extraction and movement to another site, have the Indigenous People of the Muskitia been consulted, demonstrating a failure of interest by the government in respecting the rights of the original peoples in a process of prior consultation for their consent, as is established in the Biocultural Protocol of the Miskitu People.

Fourth: We indigenous peoples, historically have been the object of constant violations of our rights by foreign interference, a product of the lack of clear and effective regulatory policies of the government relative to the protection and preservation of the inventions, patents, authorial rights, traditional practices and security of the indigenous population. A documented example is the case of the massacre of women in the community of Awas by the DEA in 2012.

On the basis of everything explained above, and in the framework of the rights of the Indigenous People of the Honduran Muskitia, we, the children of Tunkur, Truksulu, Waylang and Miskut, in the full enjoyment of our rights, communicate before the national and international community the following:

1. We demand the application of Article III of the Cruz-Wyke Treaty, which established that “the Government of Honduras will respect the possession of whatever land the Mosquito Indians have in the territory called the Mosquito Coast” (See annex: Cruz-Wyke Treaty).

2. We declare that the location of the sacred places of the Muskitia, as would be Ciudad Blanca, Apalka, Raiti, among others that still have not been “officially discovered”, never have been unknown to the children of the Muskitia, who have received that knowledge as a form of ancestral knowledge from our grandparents and so we assure the inviolability of these sacred places by looters.

3. We demand the application of the international agreements related to the process of prior consultation, free and informed, by the Muskitia, with the goal of formalizing a model of protection and conservation proposed by the Indigenous People. We do not want to have succeed in the various sacred sites of the Muskitia what has occurred in the Ruins of Copan.

4. We demand the creation of indigenous museums in the Muskitia, in sites duly and conveniently identified by the Miskitu People, where archaeological objects that are part of our sociocultural, historic, and present patrimony can be kept and promoted.


5. We demand that the Government of Honduras, that the National Geographic and/or any institute or university respect the ancestral rights of the Miskitu People, denying authorization for any publication in any medium, relating to the sociocultural patrimony, without the required consent of the Miskitu Indigenous People by means of its representative organization.

6. We demand of the Government of Honduras, the development of local community capacity in the area of anthropology or history for the management of the Miskitu sociocultural riches and patrimony.

7. We clarify for the Government of Honduras, that the Muskitia has a millenial history related to its own culture, values, traditions, and natural riches; these form part of the patrimony and ought to be given protection, conservation, and traditional use for their continuity (for their natural and spiritual coexistence).

8. We demand of the Government of Honduras, the creation of a bureau concerning matters of anthropology, rights of authorship, traditional and innovative practices, with the full and effective participation of the Miskitu people, in keeping with the worldview of the miskitu people and in compliance with Decree No. 262-2013 in the framework of the Plan de Nacion. 

9. All the administrative or legislative decisions about the development of any activity in the territory of the Muskitia should be in full compliance with the commitments acquired before the international community which are: the declaration of the UN on the Rights of Indigenous Peoples; the ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries; the Convention on Biological Diversity; the Nagoya Protocol; the Directive Akwe-Kon; Directive of the UN about the free consent, prior and informed; the recommendations of UNESCO about the conservation of the Reserva del Hombre and Rio Platano Biosphere, among others.

In conclusion, and in consequence of the above described:

We, the children of the Miskitu Indigenous People, declare ourselves totally in disagreement with the arbitrary and unilateral decision of the Government of the Republic, concerning the exploration, extraction, and illegal transfer of archaeological objects of Ciudad Blanca; so that, we demand the immediate return of the archaeological objects looted from our sacred site called “Ciudad Blanca”. At the same time we demand the respect for the names that our ancestors gave to this sacred site for our people, and we energetically reject the term city of the “monkey king”, which has resulted from the recent investigations, a name that we see as denigrating, discriminatory and racist, in detriment to our miskitu people. 

With the authorized representation of the Miskitu People, we publish the present communique, with the formulation in Auhya Yari, on the 13th day of the month of January of the year 2016.

Origen: http://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2016/01/honduran-indigenous-people-condemn.html

,

Deja un comentario

Pasos de Animal Grande – Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de indígena Javier Vásquez Benítez

24 de diciembre de 2015.-Honduras : Asesinato de miembro de la familia del defensor de derechos humanos y líder indígena Gilberto Vásquez

El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo del Sr Javier Vásquez Benítez fue encontrado en un barranco en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz. Javier Vásquez es el hijo del defensor de derechos humanos y prominente líder indígena, Sr GILBERTO VÁSQUEZ.

Gilberto Vásquez es el presidente del CONSEJO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE GUALINGA. El Consejo trabaja para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el departamento de La Paz y en la defensa y promoción de los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales. El defensor de derechos humanos se ha opuesto activamente a la construcción de la Hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la empresa Los Encinos S. de RL, mediante la participación en diversas marchas y manifestaciones, varias veces acompañado por su hijo. La Hidroeléctrica Los Encinos fue
construida y opera en la región a pesar de que no se celebraron consultas
con las comunidades indígenas locales.

Este homicidio ocurrió tras el asesinato de dos defensores de derechos humanos y líderes indígenas de la comunidad Gualinga y la persecución de varios defensores más. Se cree que el asesinato de Javier Vásquez está vinculado al trabajo de su padre como defensor de derechos humanos, como una forma de intimidarle e impedirle de seguir oponiéndose a la
Hidroeléctrica Los Encinos.

En mayo de 2015, el cuerpo del Sr SILVESTRE MANUELES GÓMEZ fue encontrado
desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera entre los departamentos de Intibucá y La Paz. El asesinato se produjo en un contexto de conflicto entre la empresa Los Encinos S. de RL y los pueblos indígenas de la región. El defensor de derechos humanos desempeñaba un papel destacado en la oposición al proyecto de la Hidroeléctrica Los Encinos y había denunciado en varias ocasiones la falta de consulta previa a las comunidades locales sobre el mega proyecto, en violación al derecho de la comunidad a la consulta previa previsto en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En enero de 2015 fue asesinado el Sr JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ, quien era un miembro activo del MOVIMIENTO INDÍGENA LENCA DE LA PAZ, HONDURAS (MILPAH).

El defensor de derechos humanos trabajaba en cuestiones relacionadas con el derecho al agua, a la tierra y al territorio en la comunidad Gualinga.

Ambos asesinatos siguen impunes

 

Defensores de derechos humanos del departamento de La Paz han reportado un aumento en el número de ataques e intimidaciones a los que han sido sometidos como consecuencia de su oposición al proyecto de la hidroelétrica de Los Encinos. Debido a la situación de alto riesgo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en
favor de 14 líderes indígenas que han estado luchando por el reconocimiento de sus tierras ancestrales y contra el mega proyecto. El Sr. Gilberto Vásquez no figura entre los beneficiarios.

Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de Javier Vásquez Benítez y expresa su profunda preocupación por la falta de protección para los defensores de derechos humanos y la falta de una investigación efectiva sobre los asesinatos previos de líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la comunidad.

24 de diciembre de 2015

HONDURAS : ASESINATO DE MIEMBRO DE LA FAMILIA DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDER INDÍGENA GILBERTO VÁSQUEZ

El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo del Sr Javier Vásquez Benítez fue
encontrado en un barranco en el municipio de Santa Elena, departamento de
La Paz. Javier Vásquez es el hijo del defensor de derechos humanos y
prominente líder indígena, Sr GILBERTO VÁSQUEZ.

Gilberto Vásquez es el presidente del CONSEJO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE
GUALINGA. El Consejo trabaja para la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas en el departamento de La Paz y en la defensa y promoción de los
derechos de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales. El
defensor de derechos humanos se ha opuesto activamente a la construcción
de la Hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la empresa Los Encinos S.
de RL, mediante la participación en diversas marchas y manifestaciones,
varias veces acompañado por su hijo. La Hidroeléctrica Los Encinos fue
construida y opera en la región a pesar de que no se celebraron consultas
con las comunidades indígenas locales.

Este homicidio ocurrió tras el asesinato de dos defensores de derechos
humanos y líderes indígenas de la comunidad Gualinga y la persecución de
varios defensores más. Se cree que el asesinato de Javier Vásquez está
vinculado al trabajo de su padre como defensor de derechos humanos, como
una forma de intimidarle e impedirle de seguir oponiéndose a la
Hidroeléctrica Los Encinos.

En mayo de 2015, el cuerpo del Sr SILVESTRE MANUELES GÓMEZ fue encontrado
desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera entre los
departamentos de Intibucá y La Paz. El asesinato se produjo en un contexto
de conflicto entre la empresa Los Encinos S. de RL y los pueblos indígenas
de la región. El defensor de derechos humanos desempeñaba un papel
destacado en la oposición al proyecto de la Hidroeléctrica Los Encinos y
había denunciado en varias ocasiones la falta de consulta previa a las
comunidades locales sobre el mega proyecto, en violación al derecho de la
comunidad a la consulta previa previsto en el Convenio Nº 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En enero de 2015 fue asesinado el Sr JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ, quien era un
miembro activo del MOVIMIENTO INDÍGENA LENCA DE LA PAZ, HONDURAS (MILPAH).
El defensor de derechos humanos trabajaba en cuestiones relacionadas con el
derecho al agua, a la tierra y al territorio en la comunidad Gualinga.
Ambos asesinatos siguen impunes.

Defensores de derechos humanos del departamento de La Paz han reportado un
aumento en el número de ataques e intimidaciones a los que han sido
sometidos como consecuencia de su oposición al proyecto de la
hidroelétrica de Los Encinos. Debido a la situación de alto riesgo la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en
favor de 14 líderes indígenas que han estado luchando por el
reconocimiento de sus tierras ancestrales y contra el mega proyecto. El Sr.
Gilberto Vásquez no figura entre los beneficiarios.

Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de Javier Vásquez
Benítez y expresa su profunda preocupación por la falta de protección
para los defensores de derechos humanos y la falta de una investigación
efectiva sobre los asesinatos previos de líderes indígenas y defensores
de derechos humanos en la comunidad.

Origen: Pasos de Animal Grande – Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de indígena Javier Vásquez Benítez

, , ,

Deja un comentario

The Struggle Continues: Garifuna land defender shot in Honduras

“This is where the first bullet grazed me,” says Vidal Leiva, pointing to the side of his face. Shot three times outside his home on Nov. 27, the Garifuna

Origen: The Struggle Continues: Garifuna land defender shot in Honduras

, ,

Deja un comentario

Indígenas instalan campamento para evitar instalación de hidroeléctrica en Río Blanco, Intibucá

En defensa del territorio y la soberanía, “las comunidades de Río Blanco, Intibucá, hemos instalado un campamento indefinido en las riveras del sagrado Río Gualcarque, amenazado nuevamente por la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca”, indicó Francisco Gómez, presidente del Consejo Indígena de dicho sector.

A renglón seguido dijo que esta acción la realizan porque la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), desde hace dos semanas reinició  los trabajos y “con el reinició llega también la  escalada de represión en contra de las comunidades que nos oponemos  a la ilegal e ilegítima construcción de la represa que ha llegado al extremo de violentar la vida cotidiana de nuestras comunidades”, manifestó.

“Con el espíritu de lucha de nuestros ancestros y con la fuerza de la madre naturaleza, como población Lenca, estamos firmes en este lugar, recordando que llevamos  más de tres años  montando vigilancia  en la ruta que llega  hasta  aquí (río Gualcarque), para impedir la instalación del proyecto hidroeléctrico”, aseguró.

A la sombra de los árboles ubicados a orillas del río, las familias Lencas, han instalado una cocina improvisada donde preparan los frijoles y huevos que les sirven de alimento a las personas que desarrollan el  turno de vigilancia en el campamento. La blanca arena y algunas medianas piedras sirven de cama para que algunos indígenas hagan su siesta en algunos momentos del día.

Acompañados por la lluvia, el sol, la luna y el canto nocturno de los animalitos, “aquí estamos a 20 metros donde pretenden instalar la cortina para apresar por más de 20 años las aguas de nuestro río. Estamos haciendo turnos de 24 horas y en cada turno hay un promedio de más de 100 personas, especialmente en la noche que es cuando tenemos que cuidarnos del enemigo”, indicó.

Amenazas y peligros

Mientras saboreaba un taza de café amargo (no tenían dinero para comprar azúcar) el dirigente indígena manifestó que en algunos momentos del día o la noche se ponen a pescar para poder variar en la dieta alimenticia, sin embargo la noche del jueves 15 de octubre, fueron objeto de atentados por parte de personas que trabajan para la hidroeléctrica.

“Como nosotros estamos en la parte baja, desde la parte de arriba del cerro nos arrojaban grandes piedras que nosotros esquivamos mientras corríamos para no salir lastimados. También en horas de la noche se escuchan disparos de todo tipo de arma de fuego para intimidarnos”, indicó Francisco Gómez.

“Nosotros estamos preocupados porque además ya comenzaron las amenazas a muerte contra la dirigencia indígena que se opone al proyecto. A unos les han dicho que los van a asesinar y otros que los van a desaparecer”, indicó Tomás Gómez del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

Gómez manifestó que como pueblo indígena están conscientes de los peligros que representa la lucha, y remarcó que todavía les duele el asesinato del  líder  indígena Tomás García, fusilado por el ejército hondureño, quienes  también hirieron  a su hijo, Allan García, mientras participaban en una protesta contra el proyecto hidroeléctrico.

“La criminalización de la protesta indígena, la persecución de muchos modos, la estigmatización de sus líderes en los medios de comunicación, intentando desprestigiarlos y presentarlos al mismo tiempo como violentos, corruptos e  inflexibles, son parte de una operación de manual contra  las comunidades y contra el Copinh quienes hemos sostenido con firmeza la defensa de nuestros territorios, de los bienes comunes, de nuestra  identidad y dignidad”, indicó Tomás Gómez.

Los ríos y  la vida

La vida  es amenazada por los mega proyectos energéticos que pretenden construirse privatizando y depredando la vida como se intenta sobre el Río Cangel y Gualcarque, los cuales nacen en la cordillera de Puca Opalaca cruzando los municipios de San Francisco de Opalaca e Intibucá siendo afluentes del Río Ulúa.

“Ambos ríos cuidados ancestralmente por el pueblo Lenca y ambos entregados ilegalmente a las empresas nacionales y trasnacionales entre ellas Blue Energy Y DESA, con el fin de sostener una economía extractivista, que favorece directamente a los grandes capitales y que afecta a las poblaciones indígenas”, dijo Tomas Gómez.

Agregó además que la lucha de las comunidades, no se ha detenido a pesar de criminalización constante, incluido el asesinato líderes indígenas,  y no se detendrá porque sus vidas están ligadas a la madre tierra, a los ríos, a las montañas y a la biodiversidad que han cuidado durante siglos.

“Nuestra lucha y resistencia nació hace más de cinco siglos, y  tiene nombres emblemáticos en la memoria colectiva, resalta los caciques Lencas: Lempira, Etempica y Mota, quienes se enfrentaron a los invasores hasta el final”, concluyó el líder indígena.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2459-ind%C3%ADgenas-instalan-campamento-para-evitar-instalaci%C3%B3n-de-hidroel%C3%A9ctrica-en-r%C3%ADo-blanco-intibuc%C3%A1

, ,

Deja un comentario

Pueblo tolupán sigue resistiendo en medio de la precariedad

Sep 18, 2015

En las montañas de Yoro y Francisco Morazán olvidadas por el gobierno, afectadas por el gorgojo que daña el pino y  saqueadas por los empresarios madereros y mineros, están asentadas más de 30 tribus Tolupanes. Hombres y mujeres acostumbrados a vivir en armonía con el ambiente, a tomar de la naturaleza sólo lo necesario para vivir.

En las comunidades Tolupanes nos encontramos personas como don José Salomón Matute de la tribu San Francisco en Locomapa, Yoro, quien al saludarlo habla de su comunidad con alegría y nostalgia que llenan de un brillo especial sus ojos. “Como Tolupan me siento muy orgulloso y agradecido con el padre Manuel de Jesús Subirana, quien nos entregó estas tierras que ancestralmente nos pertenecen y que unos pícaros nos están quitando”.

En las montañas donde están asentadas las tribus Tolupanes hay una enorme riqueza de pino, antimonio y según sus habitantes oro, entre otros minerales. Bienes naturales que están quedando en manos de empresarios, como es el caso del ex general del ejército retirado, Finlander Ucles, quien posee el 60 por ciento de las tierras que le pertenecen a la comunidad, según denuncia el Consejo Preventivo Tolupán.

Las tribus Tolupán se gobiernan por estatutos que son vigilados por un consejo directivo, que está representado por Doris Isabel Ramírez, quien lleva 8 años en el poder sin permitir elecciones limpias para la entrega de su cargo, según denuncia Ramón Matute del Consejo Preventivo, un consejo que nació ante la imposición del Consejo Directivo.

A parte de la problemática de tierra, los Tolupanes cargan otra cruz pesada día con día. Y es que a la falta de educación, la criminalización de su lucha, los asesinatos impunes de sus hermanos indígenas, el hambre y la sequía, ahora se le suma el daño irreparable que están sufriendo sus pinos con el gorgojo que los está matando.

Los daños provocados en el bosque por el gorgojo descortezador son alarmantes. Las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) cuantifican 99,777.37 hectáreas de bosque de pino afectadas por la plaga en nueve departamentos. En el último informe se detalla que el departamento de Olancho es donde se reporta la mayor afectación con 64,246.89 hectáreas que han sufrido daños a causa del gorgojo. Seguido se encuentra el departamento de Francisco Morazán con 25,291.58 hectáreas, Yoro con 6,504.84 hectáreas afectadas y El Paraíso con 3,512.75. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha manifestado que están trabajando para solventar esta problemática pero la acción no se ha concretado según los Tolupanes.

Jóvenes Tolupanes se organizan para defender su comunidad

Ante la difícil realidad que viven las tribus Tolupanes, la juventud de Brisas, Tecuan, San Francisco Campo, San José de los Guares, Cabeza de Vaca y Piedra Gorda ubicadas en Locomapa, Yoro, han asumido el compromiso de organizarse y participar activamente en las acciones que beneficien a su comunidad.

Para Merlin Cabrera, los jóvenes de Locomapa no cuentan con oportunidades  para vivir dignamente. Los espacios que ellos tenían para crease ahora están en manos de los que controlan el poder y saquean sus riquezas de la comunidad. “Hasta el centro básico está en manos de ellos, no tenemos donde estudiar” agrega Merlin quien está organizada al igual que otros jóvenes en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

La vida en las comunidades Tolupanes cada día se precariza más. Es el reflejo de la corrupción e impunidad que gobierna el país y que priva a la población del goce fundamental de sus derechos humanos.

Cada día cuando amanece en Locomapa, su gente se levanta con la esperanza de que ningún Tolupan sea asesinado por oponerse a la destrucción de sus bienes naturales, que ninguna cocina se quede apagada y que las familias cuenten con al menos dos tiempos de comida. De que los niños y niñas vayan a la escuela y reciban el pan del saber y que la impunidad ya no imperé en los asesinatos de sus hermanos Tolupanes.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2398-pueblo-tolup%C3%A1n-sigue-resistiendo-en-medio-de-la-precariedad

,

Deja un comentario

La CIDH llama a Estados garantizar los derechos de los pueblos indígenas

Monday, 10 August 2015 02:02 Written by  Cesario Padilla Published in Contexto Read 28 times

La garantía de vivir en su territorio ancestral, poder realizar sus actividades tradicionales de subsistencia y el preservar su identidad cultural es el llamado que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este domingo 09 de junio de 2015,  en el marco del Día Internacional de los pueblos Indígenas.

Mediante un comunicado de prensa la CIDH expresó su preocupación al tener conocimiento sobre actos de violencia en contra de los pueblos indígenas, los cuales van desde  asesinatos a sus principales líderes y lideresas, agresiones físicas, violencia sexual y destrucción de viviendas; estos hechos, según el documento, son ejecutados por las fuerzas de seguridad del Estado y en otros casos por personas o grupos que son contratados por empresas o industrias.

“Las autoridades en algunos casos no han adoptado las medidas adecuadas ante agresiones y ataques contra pueblos indígenas y sus líderes perpetrados por parte de agentes privados de seguridad o empleados de seguridad de algunas empresas encargadas de proyectos de extracción, desarrollo o inversión” se destacó en el comunicado.

La Comisión Interamericana cuestionó el excesivo uso de la fuerza en operativos realizados por miembros armados del Estado para disolver manifestaciones y diversas acciones de protesta realizados por los pueblos en defensa de sus territorios. Seguidamente el comunicado de la CIDH reiteró que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.

Las violaciones a la libertad de expresión así como a la libertad de información y el emigrar de sus territorios han sido puntos que denuncia el posicionamiento del organismo facultado para la observancia de los Derechos Humanos en nuestro continente.

“La CIDH ha recibido información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas, así como vulneraciones al derecho a la participación ciudadana, en el desarrollo de estos proyectos.

Incluso, la CIDH ha recibido información preocupante sobre situaciones en que comunidades enteras se ven forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como cursos de agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia”, señaló el escrito.

Participación en la toma de decisiones garantiza el efectivo goce de sus derechos

El comunicado de prensa de la CIDH hace referencia al derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta sobre cualquier proyecto que altere y beneficie a sus comunidades, así como a la libre expresión de sus ideas por los canales abiertos para tal fin.

De acuerdo con la presidenta de este organismo, Rose Marie Antonie  “es imperativo que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus derechos”.La también Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificó la importancia de que los pueblos participen –es un deber- en la toma de decisiones para el goce efectivo de su derecho a la propiedad comunal y a la identidad cultural.

“La CIDH ha recibido información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas, así como vulneraciones al derecho a la participación ciudadana, en el desarrollo de estos proyectos”, cita el documento  de la CIDH.

Estado hondureño da la espalda a los pueblos ancestrales

El despojo indiscriminado de sus recursos y por ende de su territorio, es una constante en la que viven los pueblos indígenas en el país. Con la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), o mejor conocidas como ciudades modelo se ejecutan proyectos de minería a cielo abierto y de zonas turísticas. Desconociendo incluso hasta su derecho a ser reconocidos y reconocidas como pueblos originarios, según el informe “Aproximaciones sobre la situación de Derechos Humanos de 81 Comunidades Lencas” presentado por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

También los pueblos originarios en Honduras se enfrentan a una serie de estrategias de discriminación racial, caso concreto es que los ciudadanos mestizos propician el escenario del desconocimiento de su condición de indígenas para apropiarse de sus tierras.

Otro de los casos de hostigamiento es de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro, quienes han sufrido asesinatos de sus principales líderes y lideresas en el año 2013, razón por la cual son beneficiados con el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), desde noviembre del año  y que las autoridades estatales han incumplido, según un comunicado presentado por siete miembros de esta comunidad previo a integrarse a la huelga de hambre contra la corrupción y la impunidad, en el mes pasado.

A través de los medios de comunicación, entre ellos el gubernamental Canal 8, se ha emprendido una campaña de desprestigio contra esta comunidad al publicar en su red social de twitter un avance informativo el cual decía “Tolupanes niegan ser parte de la Huelga de Hambre de los Indignados”, se suma a esto que empresas televisivas de medios corporativos enviaron a sus reporteros a realizar notas informativas con preguntas tendenciosas e intimidatorias a los seis integrantes y una integrante en el proceso de huelga de hambre realizado por más de 30 días enfrente de casa presidencial en Tegucigalpa.

La persecución de los liderazgos indígenas es una constante en el país. La indígena Bertha Cáceres, lideresa de los lencas ha sufrido diversas formas de represión, desde procesos judiciales, órdenes de captura, seguimientos, vigilancia y campañas de desprestigio por su lucha por los territorios de su etnia.

Last modified on Monday, 10 August 2015 02:12

,

Deja un comentario