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Honduras: Detienen de manera ilegal a ex presidente de MUCA en el Bajo Aguán

Plataforma Agraria,12 de Agosto 2016.-
Luego de que líderes y lideras de las organizaciones de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán participarán en el Taller Diálogo, Derechos Humanos y Desarrollo en el Bajo Aguán, patrocinado por el Banco Mundial y   el Instituto de Construcción de Consenso (CBI),  realizado el 8 y 9 de agosto en la Ciudad de la Ceiba, la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA),  policía nacional y la operación Xatruch detuvieron a Jeremías Martínez de 63 años miembro del asentamiento campesino la Concepción y ex presidente de MUCA,  acusándolo de usurpación de tierras.
El hecho ocurrió a eso de las  5:00 la mañana cuando llegaron miembros de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA),  policía nacional y la operación Xatruch a la vivienda de Martínez quienes no presentaron  orden judicial para allanar su vivienda, ni de detención. Pero horas más tarde fue trasladado a la posta policial de Tocoa, donde fue acompañado por organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de las organizaciones de la Plataforma Agraria.
Cabe mencionar que las familias campesinas del asentamiento la Concepción de MUCA están  en posesión de las tierras que ocupan mediante acuerdo firmado en el año 2010 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, por lo tanto es ilegal la acusación de usurpación.
El líder campesino goza de Medidas Cautelares otorgadas por la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde mayo del 2014 por el eminente peligro que corre su vida.
Estas acciones evidencian una vez más la persecución, criminalización y asesinatos  hacia el sector campesino, en el marco de un proceso de dialogo con Banco Mundial y   el Instituto de Construcción de Consenso (CBI), en aras de contribuir a la  solución del  conflicto.
A en horas de la tarde fue trasladado a los Tribunales de Justicia en la Ciudad de Tocoa donde se le  practicó la audiencia  de imputado, donde le dictaron medidas  sustitutivas lo que significa firmar dos veces al mes en los Tribunales de Justicia quedando en libertad a las 5:30 de la tarde.

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/08/honduras-detienen-de-manera-ilegal-ex.html

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Informe Misión de Observación Internacional de la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el Bajo Aguán

La Misión de Observación Internacional de la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el Valle de El Aguán, es una iniciativa enmarcada en el proyecto binacional, ejecutado en Hondura s y Guatemala, denominado “Apoyo y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos trabajando en con conflictos por Tierra y Recursos Naturales en las zonas rurales de ambos países”.

Dicho proyecto, auspiciado por la Unión Europea, tuvo una duración de 2 años y ha sido imple-mentado en Honduras por el Centro Hondureño para la Promoción de Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), FIAN Honduras y el Comité́ de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Ver informe

Defensores en linea

Origen: Informe Misión de Observación Internacional de la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el Bajo Aguán

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MASACRE DE «EL TUMBADOR»: UNA PRISIÓN VERDE DE IMPUNIDAD

El Bajo Aguán Con 125 mil hectáreas sembradas, en un territorio tres veces más pequeño que Alemania, Honduras es el tercer mayor productor y exportador de aceite de palma africana en América Latina, el octavo país a nivel mundial. Las plantaciones que se exportan a Europa, México y Estados Unidos, para la generación de productos […]

Origen: http://elpulso.hn/masacre-de-el-tumbador-una-prision-verde-de-impunidad/

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Sangre sigue corriendo en el bajo Aguán: Asesinan dos campesinos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La sangre se sigue derramando en el Bajo Aguán, sin que el gobierno haga algo por frenar la situación de violencia imperante en la zona. Esta vez han sido asesinados dos miembros del movimiento campesino “Gregorio Chávez” del Bajo Aguán fueron asesinados la tarde de este domingo en la comunidad […]

Origen: Sangre sigue corriendo en el bajo Aguán: Asesinan dos campesinos – CRITERIO

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Corre nuevamente la sangre en el Aguán

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Dos campesinos miembros de la Empresa Campesina “Gregorio Chávez”, de la Comunidad Panamá, Trujillo, Colón, fueron asesinados la tarde de este domingo mientras niños,  niñas y jóvenes observaban una cuandrangular en la cancha de fútbol en la misma comunidad, denunció este lunes la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
El hecho ocurrió a las 4:00 de la tarde en el campo de fútbol, cuando Denis Mejía quien vista la comunidad dos o tres veces por semana, se acercó a los jóvenes Alan Reyneri Martínez Pérez (19) y Manuel Milla (25) y sin mediar palabras comenzó a disiparles en diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo a testigos, luego de cometer del hecho huyó a internarse en la Finca Paso Aguán, propiedad de  Corporación Dinant. Los jóvenes fueron trasladados al hospital de Tocoa, falleciendo uno rumbo al centro asistencial y otro al ingresar al mismo.
Según testimonio de Jaime Cabrera miembro de la Empresa Gregorio  Chávez y coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Aguán “ Denis Mejía junto a otras personas encapuchadas salía y entraba a la comunidad, muchas veces vigilando las casa del compañero Santos Torres, Glenda Chávez,  mi persona y otros líderes de la comunidad “.
La Empresa  Campesina “Gregorio Chávez” surge en el 2012,  tras el asesinato del defensor del derecho a la tierra y líder comunitario del mismo nombre, quien fue ejecutado en la finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad privada de Miguel Facussé.
Hace 15 días los jóvenes iniciaron la recuperación de una parcela de tierra inculta aledaña a la comunidad, la misma está siendo ocupada por  123 familias que no posee solar para su casa, la misma  pertenece a la cooperativa Panamá, pero fue arrebatada de la empresa COFRUCO la cuanta con fincas de Naranja en la región. Alan Martínez era Hermano de Cristian Martínez secuestrado en enero 2015 por guardias de Corporación Dinant (de la familia Facussé) junto a  miembros de la operación Xatruch  que resguardan la Finca Paso Aguán desde hace varios años. Cabe mencionar que el mes anterior guardias de la empresa COFRUCO hirieron de bala un joven también miembro de la Empresa  Gregorio Chávez.
Manuel Milla era el coordinador del grupo en recuperación que bautizaron como colonia 26 de Mayo en la misma comunidad del municipio de  Trujillo, el 19 de Junio del 2016.  Solo en el Valle del Aguán desde el 2009 hasta la fecha se contabilizan más 129 campesinos/as asesinadas por el derecho a la tierra y a la justicia de quienes luchan en el país.
Los cuerpos estan siendo velados en sus casas de habitacion de la comunidad de Panama, para luego ser enterrados en horas de la tarde en el cementerio de la misma comunidad.
Finalmente las organizaciones de la Plataforma Agraria del Aguán exigen al Ministerio Publico el castigo para los responsable del vil asesinato de los dos jóvenes campesinos que su único que lucharon hasta el último momento por reivindicar sus derechos por el acceso a la tierra.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/corre-nuevamente-la-sangre-en-el-aguán

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Ministerio Público pone en marcha Operación “Aguán” – Noticias Cholusat Sur

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dirige la Operación “Aguán” que consiste en 15 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles de origen ilícito propiedad del señor Ninrod Eliel Sierra Orellana y su núcleo familiar, a quienes se les acusa por el delito de Lavado de Activos.

La operación, que es apoyada por la Fuerza Militar Xatruch, pretendeasegurar varias viviendas, dos haciendas, un hotel y varios lotes de terreno, que en valor monetario suman cantidades millonarias, y que se encuentran ubicados en Tocoa, Iriona y Sonaguera, Colón y La Ceiba, Atlántida.

Cabe destacar, que Eliel Sierra –como se le conoce- es considerado hombre de confianza y lugarteniente de la Organización Criminal que dirigían los hermanos Javier y Leonel Rivera Maradiaga, mejor conocido como “Los Cachiros” (actualmente guardando prisión en Estados Unidos de América).

 

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Justicia tardía: Sobreseimiento definitivo para campesinos detenidos en la represión de agosto de 2012

La Sala tres del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, dictó sobreimiento definitivo a favor de 24 campesinos y campesinas del Aguan acusados de daños contra el Estado de Honduras en su calidad de meros espectadores, según proceso incoado desde el 21 de agosto de 2012 por el Ministerio Público.

Esa fecha como respuesta a su petición de una reunión con el presidente de la CSJ, recibieron una brutal represión que dejó golpeados , heridos y la detención de dos docenas de personas.

Uno de los detenidos fue Jony Rivas, dirigente del Movimiento Campesino del Aguán,(MUCA), quien dijo que su presencia en el lugar era como miembro de la comisión que entraría a hablar con Jorge Rivera Avilés , en ese entonces presidente del Poder Judicial, para ponerle en conocimiento de las irregularidades que se estaban dando en los Juzgados de La Ceiba en relación a la Sentencia firme que había obtenido el abogado Antonio Trejo (detenido con los campesinos y asesinado un mes después).

Adicionó Rivas que el fallo era a favor de las  fincas San Isidro, Despertar y La Trinidad, pero que al llegar a la Corte observó que los portones estaban con candado como una manera de evitarles el ingreso, lo que incomodó a los campesinos porque consideraron que el presidente de la Casa de la Justicia les estaba violentando el acuerdo de la cita al cambiar la agenda, por lo que quisieron de manera pacífica llamar la atención de la prensa, así que  procedieron a tomarse el Boulevard de las Fuerzas Armadas, como medida de presión para que los escucharan.

“A eso de la una treinta de la tarde fuimos reprimidos salvajemente por policías y cobras, con gases lacrimógenos, escudos, toletes, hubo compañeros heridos con golpes fuertes, al final resultamos detenidos 25 personas incluyendo al abogado defensor del MARCA Antonio Trejo, quien exactamente un mes después fue asesinado” remembró el campesino. Cabe mencionar que al profesional del derecho el 05 de octubre del mismo año el tribunal de dio sobreseimiento definitivo en su caso, pero ya esta muerto.

A juicio de Rivas el objetivo del proceso judicial no era solamente criminalizarlos sino el descarado despojo de las tierras de las y los miembros del MARCA, ya que hicieron caso omiso al fallo, porque 12 meses después del asesinato de su apoderado legal, desalojaron a la primera cooperativa, La San Isidro y 20 meses después a las otras dos.

Justicia al fin

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Yoni Rivas, de MUCA  y Walter Ernesto Cárcamo, de MARCA

Rivas manifestó que una de las razones por las que el Juzgado los dejó libres era la clara evidencia que el Fiscal no contaba con ninguna prueba concreta para demostrar los delitos por los que estaban requeridos, por lo tanto no tuvo más remedio que pedir la absolución.

Se ha puesto de manifiesto la manipulación que hicieron de los derechos de las familias campesinas por parte de los entes encargados de impartir justicia, una lucha de casi cuatro años por la libertad de sus compañeros siendo criminalizados y penalizados por un derecho que otra instancia de justicia había emitido el 29 de abril del 2012.

Mediante esta sentencia firme se dejaba claro que las tres cooperativas tienen legítimos dueños de las tierras, por las escrituras y el fallo que logró Trejo,  indicó Walter Ernesto Cárcamo, dirigente del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA.

“Lo que sucede es que en este país a los pobres se nos violentan los derechos, se nos niega tener acceso a la tierra” , reafirmo.

Cárcamo añadió que para ellos la noticia del asesinato del abogado Trejo fue sumamente dolorosa porque su muerte fue consecuencia del desafío al poder, al ganar el derecho a 350 familias por sus legítimas tierras,” él sabía que los usurpadores de tierras eran los terratenientes”.

 karla zelaya plataforma

Karla Zelaya, Plataforma Agraria

En tanto para la facilitadora de la Plataforma Agraria, la periodista Karla Zelaya, fue duro traer a la mente los recuerdos de ese 21 de agosto, los gases lacrimógenos que hacían correr a las campesinas y niños para no ahogarse, la sangre que brotaba de los cuerpos de los desafortunados a los que desgraciadamente al darles persecución los uniformados lograban alcanzar, cuando las dos mujeres que se acercaron a darle agua a sus compañeros enchanchados doblegados en el suelo, fueron inmediatamente subidas a una patrulla.

“Es algo que volvemos a revivir”,  afortunadamente el juicio finalizó con la buena noticia de que los líderes y lideresas son libres”,  expresó.

Zelaya agregó que una de las cosas que pudo ver  fue la falta de veracidad de los testigos que presentó la fiscalía, “evidentemente no estaban seguros de lo que estaban testificando, que en ningún momento estuvieron presentes en el lugar de los hechos o no recordaban nada de lo sucedido, esto abonó para que hubiese una sentencia absolutoria, concluyó.

Las 24 personas enjuiciadas en su mayoría pasaron casi cuatro años firmando los libros del juzgado, eso implicó desplazamiento, pago de transporte y comida, gastos que el Estado n o ha resarcido pues esperó todo este tiempo para señalar que renunciaba a la persecución penal. También quedaron los heridos y golpeados que debieron gastar en médicos y medicinas. También quedó el estigma.

Ahora toca al Estado iniciar de oficio a través del Ministerio Público la persecución penal contra los policías y COBRAS que golpearon salvajemente a los campesinos.

De quién emanó la orden?, quién llamó a los cuerpos represivos?, pues es obvio que fue una orden desde arriba de la CSJ, por lo que de existir Estado de Derecho tendría que desfilar el presidente del Poder Judicial, sus subalternos, los altos mandos de la policía y COBRAS junto con sus subordinados, cuándo se iniciará ese proceso?, queda la pregunta para la Fiscalía.

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COFADEH: Sistema penal de Honduras es utilizado para criminalizar la protesta social

Tegucigalpa.-El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Plataforma Agraria, denunciaron este miércoles que el sistema penal hondureño está siendo utilizado para criminalizar la protesta social. Los organismos hicieron la denuncia enmarcados en el caso de 24 campesinos del Bajo Aguán (22 hombres y 2 mujeres),  que sin fundamento fueron acusados […]

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Honduras: ¡Defensores del Bajo Aguan declarados inocentes!

Paris–Ginebra–Tegucigalpa, 8 de junio de 2016

El día de ayer, concluida la audiencia de juzgamiento de los defensores judicializados, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia anunció el sentido de su fallo y determinó que los campesinos serían declarados inocentes al no encontrarse acreditada su responsabilidad en los delitos de manifestaciones ilícitas y daños a la propiedad en perjuicio del estado de Honduras, delitos por los que fueron acusados y llevados a juicio.
El Observatorio para la protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), envió una Misión de Observación Judicial con el objetivo de presenciar el juicio oral y público. El Observatorio agradece y felicita a las organizaciones miembro de la FIDH en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, por el trabajo de defensa y acompañamiento realizado en este caso[1].

“Por lo observado en el proceso, eran evidentes desde sus inicios las violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. El tipo penal en el que se basaron los cargos propuestos contra los campesinos era abierto, ambiguo e indeterminado”, señaló la abogada Liliana Avila, observadora enviada por el Observatorio.

En la audiencia, el mismo fiscal solicitó la absolución de los procesados al considerar que, del acervo probatorio recogido en el proceso, no existía información que vinculara a cada uno de los campesinos procesados con los cargos por los que fueron procesados.

“La judicialización de estos campesinos es uno de los tantos casos en Honduras, y lamentablemente en toda la región de América Latina[2], en los que se refleja el uso indebido del proceso penal para criminalizar la protesta social y la defensa de derechos humanos y de la tierra” señala el Observatorio.

abogada Liliana Avila, observadora enviada por el Observatorio para la protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT)

 

 

 

 

Las criminalización de estas personas no debió haber ocurrido. Han perdido más de 3 años de sus recursos y energía para defenderse, y durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su libertad individual. Además, preocupa el grave y perjudicial mensaje intimidatorio que se envía a los defensores y aquellos que se valen del derecho a la protesta pacífica para reivindicar sus derechos.

El Observatorio insta al poder judicial de Honduras a no ser cómplice de la indebida criminalización a defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión en el seno de su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad entre las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos.

El proceso penal se inició el pasado 21 de agosto de 2012 después de que 24 campesinos, entre ellos, líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y ciudadanos que transitaban por el lugar fueran reprimidos, detenidos y procesados luego de hacer parte de una manifestación ante la Corte Suprema de Justicia. En el grupo de detenidos se encontraba el abogado Antonio Tejos, representante judicial de las comunidades del Aguan en sus reclamos por la reivindicación de sus tierras y quien, un mes después fue asesinado en hechos que aún permanecen en la impunidad.

El detalle de lo observado en este juicio y del caso, formará parte del Informe del Observatorio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, que se publicará en los próximos meses.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4158:honduras-idefensores-del-bajo-aguan-declarados-inocentes&catid=71:def&Itemid=166

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En Juicio Oral y Público, testigos recuerdan el brutal ataque de policías contra campesinos en el 2012

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4155:en-juicio-oral-y-publico-testigos-recuerdan-el-brutal-ataque-de-policias-contra-campesinos-en-el-2012&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Con Observación Internacional se desarrollará juicio contra campesinos del Aguán

Tegucigalpa.

La criminalización de los y las defensoras de la tierra, se expone hoy en Juicio Oral y Público, en la sala III de la Corte Suprema de Justicia hondureña.

Son 23 hombres y 2 mujeres, que el 21 y 22 de agosto del 2012 fueron reprimidos y apresados frente a la CSJ cuando acudían a una audiencia con el magistrado presidente Jorge Rivera Avilés, para tratar la problemática que tenían con la actuación de los Tribunales de Sentencia de Trujillo y La Ceiba, con respecto a la adjudicación de tierras en favor del Movimiento Auténtico Reinvindicador Campesino del Aguan, MARCA.

Ahí fueron brutalmente reprimidos por policías y militares, y acusados de manifestación ilícita, y daños y perjuicios contra el Estado.

Está presente la abogada experta en Derechos Humanos enviada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Liliana Ávila, quien observará el proceso.

El Juicio se desarrollará esta semana, al momento se espera la llegada de cinco campesinos criminalizados, que vienen en camino, de lo contrario quedarían fuera del proceso, y se les haría revisión de medidas, librando orden de captura.

Al inicio eran 26 imputados, pero se dictó sobreseimiento definitivo al abogado que los representaba Antonio Trejo Cabrera, después de su asesinato, en septiembre de ese mismo año.

Las medidas sustitutivas dictadas son no salir del país, no asistir a determinadas reuniones o lugares, e ir a firmar a juzgados según su domicilio.

El 21 de agosto de 2012 representantes de Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) habían sido citados en la Corte Suprema de Justicia para sostener una reunión con el presidente de ese poder del estado y con el presidente de la Sala de lo Constitucional en torno al fallo dictado por un juez en el que daba en posesión de las tierras a las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro.

El 29 de junio de 2012 el abogado Antonio Trejo dio en posesión la tierra que un juez había determinado que pertenecía a la cooperativa La Trinidad, La Despertar y San Isidro. El fallo firme tenía más de seis meses de vigencia.

Pero 24 horas después de haber sido puesto en posesión de la tierra los campesinos, los terratenientes metieron un escrito a la Corte Suprema de Justicia, donde  se conoció la intención de manipular el fallo firme.

Exigiendo el respeto a ese fallo firme era que los campesinos se encontraban en la Corte Suprema de Justicia junto al abogado del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino de Aguán (MARCA), Antonio Trejo, y el resultado fue la represión y el encarcelamiento de 25 campesinos y campesinas.

En septiembre de 2012 fue asesinado el abogado Antonio Trejo y 12 meses después de su asesinato, fue despojado de sus tierras la cooperativa San Isidro y 20 meses después de ese asesinato fue despojada de sus tierras la cooperativa La Trinidad y Despertar.

El 22 de mayo los campesinos de La Trinidad y La Despertar cumplieron dos años de haber sido despojados y a dos años con unos días se realiza el juicio donde se espera que se desarrolle con la sana intención de no seguir criminalizando a los campesinos del Bajo Aguán.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4152:con-observacion-internacional-se-desarrollara-juicio-contra-campesinos-del-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Según informe de FIAN: Operadores de Justicia se parcializan en el Bajo Aguán

La situación en el bajo Aguán no ha cambiado, si bien es cierto que las ejecuciones extrajudiciales han bajado, el conflicto por el derecho a la tierra continua, al grado que es un caso emblemático a nivel internacional, donde sus habitantes viven expuestos a cualquier violación de derechos humanos, manifestó Marlon Ochoa, director ejecutivo de FIAN Honduras.

Lo expresado fue en la publicación del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, donde la criminalización persiste la justicia se ve parcializada en favor de los terratenientes y en contra del campesinado.

Un caso muy conocido es José Isabel Morales, conocido como “Chabelo” quien estuvo casi siete años en prisión, acusado tres veces por un mismo delito, y al final se le dio sobreseimiento definitivo al no podérsele comprobar los hechos de asesinato contra Carlos Manrique Osorto, robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la familia Osorto Canales, en Silin, Colon, en el 2008.

Mientras Chabelo estuvo preso, se le murió el papá, una hija, sufrió un derrame cerebral, y accidentes que dañaron su rostro, en el 2015 salió en libertad, y el Estado no pudo aportar ninguna prueba en su contra, declaró el representante de FIAN-Honduras.

Además hay casos de criminalización contra defensores de derechos humanos, hostigamiento, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas, en lo que las autoridades judiciales pese a recibir las denuncias en tiempo y forma, no dan respuestas.

En el Bajo Aguán es una constante violación de DDHH de parte de policías, militares, el Poder Judicial y autoridades políticas locales, sus actuaciones están plasmadas en el informe que hemos trabajado a raíz del acompañamiento que hemos hecho a las empresas y grupos campesinos de la región, afirmó Ochoa.

Vemos un trato desigual de parte de las autoridades estatales con los que brinda a las organizaciones campesinas, quienes son criminalizados y no tienen ninguna garantía para resguardar su vida.

Por su parte, Irma Lemus, coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán,  OPDHA, expuso que las violaciones varían, pero no cesan, ya que en el marco del conflicto agrario se registra 330 campesinos procesados judicialmente en 25 casos que ellos han regsityardo, pero hay casos en otras organizaciones que no han proporcionado datos.

De estos procesados, 256 son hombres, 38 mujeres y 36 son menores de edad, muchos de ellos, por diferentes motivos han dejado de ir a firmar como parte de las medidas sustitutivas a la prisión que se les han impuesto, por lo que se han librado órdenes de captura contra ellos y deben andar huyendo acusados de delitos que no han cometido.

Hay violaciones de ddhh en hostigamientos, persecuciones, atentados contra la vida, difamaciones, exilios, asesinatos y desapariciones y acosos sexuales de parte de los operadores de justicia quienes le dicen a las defensoras cuando van a solicitar información que si fueran sus novias o esposas si les darían lo que solicitan.

Pese a las denuncias de estos hechos, al no tener respuesta en Tocoa, Colón, van a las instancias en las ciudades de La Ceiba, departamento de Atlántida o en Tegucigalpa, la capital hondureña que dista a unos 500 kilómetros u 10 horas de viaje, pero la respuesta es la misma, silencio, complicidad e impunidad, expuso Lemus.

El tema de las violaciones de DDHH del Bajo Aguán, es constante en la palestra pública a nivel nacional e internacional, en las audiencias anteriores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se expuso con la participación de defensoras de Derechos Humanos de la región acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y Cejil.

A inicios de mayo, una misión internacional de observadores de derechos humanos de al menos 12 países de América y Europa, viajaron al Bajo Aguán, acompañados por el COFADEH, para escuchar y documentar testimonios de las víctimas de violaciones a DDHH y hacer acciones de incidencia a nivel internacional, entre ellos había representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, periodistas de Francia, Italia, Costa Rica, y la Oficina de DDHH de la Arquidiócesis de Guatemala.

En febrero un grupo de defensores de la tierra del Bajo Aguán, realizaron un intercambio de experiencias por las recuperaciones de tierras, desalojos violentos y lucha contra poderosos,  con defensores indígenas Queq’chi´, organizado por el COFADEH y el Comité Unidad Campesina, CUC.

Estas actividades se han dado en el marco del proyecto “poyo y protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza”, que ejecuta COFADEH, FIAN Internacional y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.

Entre las conclusiones del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, se expone que:
Los organismos privados de derechos humanos hayan develado el colapso del sistema de protección oficial de derechos humanos.

Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han jugado un papel significativo en la visibilización del conflicto en el Bajo Aguán, contribuyendo a la clarificación de las complejas causas que los han provocado.

Las políticas públicas e institucionales por parte del Estado han sido orientadas de forma abierta a privilegiar los procesos de concentración de la tierra en manos de las élites empresariales agrarias y han profundizado el latifundio.

La reforma agraria en el país es una tema pendiente en cuanto a las perspectivas de su enfoque que debería abordar transversalmente la seguridad y soberanía alimentaria del país, la afectividad generalizada, el cambio de estructura agraria, y privilegiar políticas de equidad y de desarrollo económico y social.

Los órganos administradores de justicia han orientado sus actuaciones oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en otras instancias administrativas.

La Corte Suprema de Justicia ha callado de forma sospechosa la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector  Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República, Esto sin duda explica las limitaciones que implica que un poder del Estado (Poder Judicial, que administra justicia) sea nombrado por otro poder del Estado (Poder Legislativo, que hace las leyes).

El Ministerio Público se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales que siendo legítimas se penalizan.
La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella, la reproducen en sus ejecuciones oficiales.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:segun-informe-de-fian-operadores-de-justicia-se-parcializan-en-el-bajo-aguan-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Vuelve con un semblante lleno de esperanza

Defensores en linea

Origen: Vuelve con un semblante lleno de esperanza

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Honduras: Guardias de seguridad de la Finca COFRUCO hieren a bala a campesino en el Bajo Aguán.

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/05/honduras-guardias-de-seguridad-de-la.html

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Exponen galería de fotos y documental de víctimas del Bajo Aguán

Defensores en linea

Origen: Exponen galería de fotos y documental de víctimas del Bajo Aguán

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HONDURAS: ATACAN A MIEMBRO DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA DEL AGUÁN

El campesino afectado responde al nombre Jinson Aldin Alfaro Almendares (en la camilla), quien recibió un disparo en la espalda por guardias de seguridad de la empresa productora de frutas Cofruco, ubicada en la periferia de la caribeña ciudad de Trujillo, 565 kilómetros al noreste de la capital de Honduras (…)

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1411-honduras-atacan-a-miembro-de-organizacion-campesina-del-aguan

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Líder campesino denuncia resurgimiento de escuadrones de la muerte en El Aguán

Origen: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1355-lider-campesino-denuncia-resurgimiento-de-escuadrones-de-la-muerte-en-el-aguan

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Masacre de El Tumbador camino a la impunidad

Tocoa, Colón.

Impunidad. Esa es la palabra que define lo sucedido el 15 de noviembre de 2010 en la finca El Tumbador, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde murieron 5 campesinos cuando realizaban el proceso de recuperación de tierras, luego que fueran atacados a disparos por militares y guardias de seguridad de la empresa DINANT.

Esa fecha, a eso de las 4:00 de la madrugada unos 200 campesinos, entre jóvenes, mujeres y hombres, llegaron a tomar posesión de unas 800 hectáreas de tierra del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), ubicadas en las cercanías de la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo.

Estas 800 hectáreas, que pertenecieron a un norteamericano (Temístocles Ramírez) y que en 1993 fueran decretadas para fines de reforma agraria, están dentro de una escritura que posee el Movimiento Campesino del Aguán (MCA).

Luego del paso del Huracán Mitch en 1998, que dejó mucha destrucción en el país, el gobierno tomó el acuerdo de entregar estas tierras a 45 empresas que integran el MCA.

Ante la falta de respuesta y decisión del estado de entregarles las tierras, el 15 de noviembre los campesinos del MCA tomaron la decisión de realizar el proceso de recuperación de esas 800 hectáreas que estaban en poder de la empresa agroindustrial DINANT, del empresario Miguel Facussé (ya fallecido).

A eso de las 7:00 de la mañana el grupo de campesinos que estaban dentro de la parcela de tierra, fueron sorprendidos por ráfagas de disparos, los cuales salían de todos lados, lo que provocó que los labriegos salieran despavoridos y se tiraran al suelo para evitar ser alcanzados por las balas y así salvar su integridad física.

En el ataque, que duró cerca de una hora, dejó como saldo a 5 campesinos muertos y a varios heridos. Las víctimas mortales fueron Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25).

Tres de las cinco viudas de El Tumbador

A 5 años y medio de haber ocurrido la masacre, la impunidad reina en el caso, debido a que las investigaciones en el mismo están estancadas.

Cuatro años después de haber ocurrido la masacre, el Ministerio Público crea en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), con el fin de agilizar las investigaciones de las muertes violentas de los campesinos.

En sus reiterados informes, esta unidad ha argumentado que no se ha presentado ningún  requerimiento fiscal porque existe apatía en los familiares y campesinos para proporcionar información y que las personas que dispararon contra el grupo campesino no han sido identificadas por los testigos.

“Entre los obstáculos que hemos tenido para avanzar en las investigaciones es el temor de la gente, por el descontento con el accionar de las autoridades al no actuar a tiempo, la apatía de las personas y de los testigos”, sostuvo Javier Guzmán, coordinador de UMVIBA.

Guzmán señaló que siguen trabajando en el caso, que no pueden estar de brazos cruzados, que siguen buscando testigos que los lleve a encontrar pruebas contundentes para llevar ante la justicia a los responsables de esta masacre, pero los familiares y campesinos que resultaron heridos ha perdido la esperanza de que se haga justicia y ven que el caso va camino a la impunidad.

Después de la masacre, los campesinos constantemente recibían amenazas y persecución, porque no había un control del Estado para regular la situación y al final los campesinos estaban resignados a vivir la vida de esa manera.

“Nosotros lo más que hacíamos era despedirnos de la familia cuando íbamos para el trabajo y pedirle a Dios que nos acompañara, al ver tantos guardias de seguridad amistados con el ejército  y el ejército  sigue  protegiendo a esas empresas de seguridad que tanto daño le han hecho a la sociedad aquí en el departamento de Colón y aquí en nuestra comunidad”, relató uno de los campesinos, testigo de la emboscada que le hicieron los militares y guardias de seguridad.

Desde que se inició la lucha en el MCA, el hostigamiento, las amenazas y persecución no han parado, han denunciado en reiteradas ocasiones los campesinos, pero las autoridades hacen oído sordo a esas denuncias.

“Aquí no han muerto cinco compañeros, han muerto varios hermanos campesinos que han sido asesinados porque en algunos medios ellos han levantado la voz denunciando la injusticia y cosas que el Gobierno no ha cumplido”, expresó el campesino.

Finalmente el labriego señaló que “creo que vivimos en algo que es difícil de controlar, porque documentamos, denunciamos y no hay quien escuche. Podemos ver la situación de cuántos defensores del medio ambiente han muerto y yo miro que esto va para largo. Aquí en nuestro país muy difícil se puede hacer algo para que  se aplique la justicia, cuando miramos que lo que impera aquí es la corrupción”.

Origen: Masacre de El Tumbador camino a la impunidad

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Misión Internacional de Observación de DDHH denuncia que continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios

La Misión Internacional de Observación de DDHH, conformada por delegados y delegadas de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica, convocada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras –COFADEH- en su visita a La Esperanza y el Valle de El Aguan, del 6 a al 12 de mayo de 2016, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

1.    El asesinato de Berta Cáceres Flores ha afectado no solamente a su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas –COPINH-, sino al pueblo hondureño y  la humanidad en su conjunto, por la trascendencia de su lucha en la defensa de los bienes comunes, los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, de las mujeres, de los derechos humanos y por su resistencia pacífica.

2.    Consideramos que el asesinato de Berta Cáceres Flores es un crimen político, del cual el Estado es responsable, no solamente porque se ha vinculado a un oficial del Ejército hondureño, sino porque estaba obligado a proteger su vida e integridad física.

3.    La misión valora la identificación y procesamiento de cinco personas que serían parte del gran entramado que se desarrolló para asesinarla, sin embargo, compartimos el llamado de la familia de constituir una Comisión Internacional de Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, autónoma del Estado hondureño que contribuya a la investigación  y la sanción efectiva de todos los autores materiales e intelectuales del crimen, incluyendo los actores con intereses económicos.

4.    La misión condena la represión ejercida contra manifestantes del COPINH que fueron atacados por la policía el día 9 de mayo en Tegucigalpa, exige la inmediata liberación de las personas detenidas y llama al Gobierno a evitar cualquier forma de criminalización de la protesta social.

Por otra parte en el Bajo Aguán la misión ha constatado:

5.    Se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinato en contra de los líderes y lideresas, de personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán, así como de dirigentes comunitarios que protegen el agua, los ríos y el medio ambiente, que están siendo amenazados por proyectos extractivistas.

6.    Continua la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra, la defensa de los territorios, y de los derechos humanos, mientras la impunidad prevalece en más de 150 asesinatos perpetrados en la región desde el golpe de Estado, siendo la masacre del Tumbador un caso emblemático.  Las amenazas sistemáticas, el desplazamiento forzado, las torturas, el exilio, los desalojos forzados, los despojos y difamación permanecen en la impunidad.

7.    En esta persecución cada vez más selectiva participan fuerzas de seguridad privada y escuadrones de la muerte, que estarían amparados por el Estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de los poderes económicos regionales.

8.    El conflicto agrario que tiene su raíz en la Ley de Modernización del Sector Agrícola de 1992, además de no resolverse con los acuerdos relativos a la compra de tierras firmados en el 2010, actualmente se ha agudizado por la falta de voluntad política, la vinculación y connivencia del estamento militar, la policía, los terratenientes, las corporaciones internacionales, los narcotraficantes y sectores políticos de Honduras.

9.    Según los testimonios obtenidos, la Hoja de Ruta para buscar una solución al conflicto agrario propuesta por el Banco Mundial no cuenta con los mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas.

La misión hace las siguientes recomendaciones:

–    La Fiscalía debe asegurar la investigación de los crímenes cometidos como premisa fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

–    El gobierno de Honduras debe asegurar que se cumplan los acuerdos relativos para garantizar el acceso a la tierra de las organizaciones campesinas.

–    El gobierno de Honduras debe proteger y no estigmatizar a quienes ven su integridad amenazada por defender sus derechos.

–    Es obligación del Estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo efecto deberán destinarse las medidas y los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del Estado con las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos.

–    Crear mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas en cuanto a los proyectos que se implementan en su territorios.

–    Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que esté vigilante ante la situación que enfrentan el pueblo hondureño y en particular las personas que defienden los derechos humanos, y mas concretamente las comunidades  campesinas del Aguan, que sufren constantes amenazas y hostigamientos por las fuerzas de seguridad del estado.

Tocoa, 10 de mayo de 2016.

Versión en inglés

The International Human Rights Observation Mission made up of delegates from Europe, the United States and Latin America, convened by the Committee of Families of the Disappeared Detainees in Honduras – COFADEH – regarding its visit to La Esperanza and the Aguan Valley from May 6-12th, 2016, communicates the following to the international and national community.

1.    The assassination of Berta Cáceres Flores has affected not only her family and the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations (COPINH) but also the Honduran people and humanity in its totality, because of the transcendent nature of her struggle in defense of the common good, the rights of the indigenous peoples and their territories, of women, human rights and her non-violent resistance.

2.    We consider the assassination of Berta Cáceres Flores to be a political crime for which the State is responsible, not only because an official from the Honduran Army has been linked to the crime but because the state was obligated to protect her life and physical integrity.

3.    The Mission values the identification and arrests of five people who were part of the larger scheme that was developed in order to assassinate her, however we hare the call by the family for the creation of an International Investigative Commission of the Inter-American Human Rights Commission, autonomous from the Honduran State that would contribute to the investigation and effective sanctioning of all of the material and intellectual authors of the crime, including those with economic interests. involved.

4.    The Mission condemns the repression against the protests by COPINH that were attacked by the police on May 9th in Tegucigalpa, we demand the immediate liberation of those detained and call on the Government to avoid any form of criminalization of social protest.

Regarding the Lower Aguan Valley, the Mission declares:

•    Threats, attacks and assassination attempts continue against the leaders and defenders of human rights in the Aguan, as well as against community leaders defending water, the rivers and the environment that are all threatened by the extractive projects.

•    The criminalization of persons leading the struggle for access to land, defense of the territories and human rights continues, meanwhile impunity is prevalent in more than 150 assassinations perpetrated in the region since the coup d’etat, an emblematic case being that of the Tumbador massacre. The systematic threats, forced displacement, tortures, exile, forced evictions, seizures of property, and defamation remain in impunity.

•    In this ever more selective persecution there is participation by private security forces and death squads that are sheltered by the State which has militarized the region with the patronage and approval of the regional economic powers.

•    The agraria conflict, that has its roots in the 1992 Law for  Modernization of the Agricultural Sector, has not only not been resolved with the agreements related to the purchase of lands which were signed in 2010 but has now deepened by the lack of political will and the ties and relationship between the military, police, big land owners, international corporations, narcotics traffickers and political sectors in Honduras.

•    According to the testimonies received, the “Hoja de Ruta” plan by the World Bank to seek a solution to the agrarian conflict does not have the mechanisms for participative consultations with the campesino organizations.

The Mission makes the following recommendations

•    The Prosecutors’ office must ensure the investigation of crimes committed as a fundamental premise for the guarantee of the right to truth, justice and reparations for the victims.

•    The government of Honduras must ensure compliance with the agreements regarding the guarantee of access to land for the campesino organizations.

•    The government of Honduras must protect and not stigmatize those who see that they are threatened for defending their rights.

•    It is the obligation of the State to guarantee the strict fulfillment of the protective measures mandated by the Inter-american Commission of Human Rights, designating the needed resources and measures, given that not to do so would suppose the responsibility and connivance of the State with the multiple and serious violations of human rights.

•    Create mechanisms for participative consultations with the campesino organizes regarding projects that are to be implemented in their territories.

•    We call on the international community to be vigilant in the face of the situation that confronts the Honduran people and in particular people who defend human rights, and more precisely the campesino communities in the Aguan that suffer constant threats and harassment by the security forces of the state.

Tocoa, May 10, 2016

Origen: Misión Internacional de Observación de DDHH denuncia que continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios

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Población del Bajo Aguán unifica lucha contra concesión minera

Origen: Población del Bajo Aguán unifica lucha contra concesión minera

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Honduras con el mayor número de asesinatos en el mundo, perpetrados contra defensores y defensoras del ambiente

Defensores en linea

Origen: Honduras con el mayor número de asesinatos en el mundo, perpetrados contra defensores y defensoras del ambiente

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Presentan ante la CIDH la situación de derechos humanos del Bajo Aguán, en Honduras

Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.
Publicación: 06.Abril.2016

Washington D.C., 6 de abril de 2016.- Ayer se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras del Bajo Aguán, en Honduras. Varias organizaciones expusieron datos y casos sobre el conflicto que se vive en la zona.

Entre los peticionarios en la audiencia, se encontraba Berta Zúniga Cáceres, hija de la activista y lideresa lenca asesinada, Berta Cáceres.

“A más de un mes de su ausencia”, dijo “el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como adyuvantes del proceso”.

La sala se levantó para dar un aplauso en honor de su madre y a continuación, Berta hizo entrega de un clavel a la delegación del Estado de Honduras como símbolo de su búsqueda de justicia.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron que la situación de defensores y defensoras de derechos humanos se ha agravado en el Bajo Aguán, en el último tiempo. Los delitos de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes defienden su territorio, acumulan nuevas cifras.

Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.

Las organizaciones representantes de los movimientos del Bajo Aguán pidieron que se brinde una respuesta institucional acorde a la situación de riesgo que enfrentan los y las activistas de la zona;  que se cree un protocolo de investigación sobre delitos contra defensores y defensoras, y que se cree una defensoría pública en la zona que apoye a los campesinos y campesinas criminalizadas.

“Para que la gente vuelva a confiar en las instituciones el Estado debe llevar a cabo investigaciones efectivas dirigidas a desactivar el riesgo que viven los defensores y las defensoras en Honduras así como resolver las causas estructurales que generan esta conflictividad”, apuntó Marcia Aguiluz, directora del programa de Centroamérica y México de CEJIL.

Por su parte, Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH manifestó que hay una indefensión general en Honduras y que “por más que puedan reglamentar una ley de defensores y defensoras de derechos humanos, si no existe voluntad política de parte del Estado para implementarla, de nada sirve”.

https://cejil.org/es/presentan-cidh-situacion-derechos-humanos-del-bajo-aguan-honduras-1

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Acción Urgente: UMVIBA coloca en riesgo vida de defensora del Aguán

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional expresa su preocupación por los últimos acontecimientos en contra Martha Ligia Arnold, Presidenta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHBA), beneficiaria de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH No.MC65-15.

H E C H O S

El 16 de marzo del 2016, Martha Ligia Arnold, recibió una comunicación de parte del Coordinador Local de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), Javier Guzmán,  una Unidad especializada   del Ministerio Publico en la que le manifiestan la decisión de las autoridades centrales de esta Unidad de no brindar ningún tipo de información que la defensora en representación de Observatorio Permanente de Derechos Humanos solicite sobre avances investigativos de casos que se han presentado a la UMVIBA, por considerar que la defensora de derechos humanos tiene nexos con miembros de una banda de delincuentes que operan en el departamento.

Textualmente le manifiestan lo siguiente:  “Que según investigaciones realizadas por esta unidad existe demasiada fuga de información por parte de ese organismo que usted preside aunado a esto la estrecha relación que su persona tiene con varios miembros de una banda de delincuentes que opera en este departamento, y que también están involucrados en delitos que nosotros investigamos es por esa razón de que se tomó la decisión consensuada con las autoridades centrales de no seguir brindando ningún tipo de información de las investigaciones que llevamos a cabo para tratar de esclarecer dichos casos; se les brindará únicamente datos estadísticos que se manejan de manera concreta por escrito”.

Esta aseveración coloca en riesgo a la defensora, al vincularla a bandas del crimen organizado, especialmente porque la declaración procede de altos funcionarios del Estado obligados a respetar  y garantizar los derechos de los ciudadanos y en forma especial a los que defienden derechos. Así mismo genera estigmatización para los defensores organizados en el Observatorio.

En el pasado Martha ha enfrentado persecuciones, amenazas, amenazas a sus hijos,  campañas de desprestigio que le han obligado a mantenerse de bajo perfil a fin de proteger y salvaguardar su vida y la de sus hijos. Hechos que fueron sido denunciados el 26 de febrero del 2015 ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, solicitando se ordene una investigación inmediata de los hechos denunciados y se gestione protección para la defensora y sus hijos.

Estos acontecimientos se dan  en momentos cuando otros defensores y líderes locales enfrentan sistemáticas amenazas a muerte y persecución como los hechos del domingo 20 de marzo del 2016, cuando Vitalino Alvarez, Vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, Región del Aguán, ha tenido que salir del país por la persecución, amenazas constante en contra de su vida y la de sus hijos.   Igual situación enfrenta Jaime Cabrera, Coordinador  de la Plataforma Agraria Región del Aguán, quien el 12 de marzo del 2016, a eso de la 1:30 de la tarde al salir de una reunión, fue objeto de persecución por un vehículo color rojo, doble cabina, vidrios polarizados, sin placas, cuando él se trasladaba en una motocicleta hacia su residencia ubicada en la Aldea Panamá, Trujillo, Colón. Días anteriores denunció la presencia de dos motociclistas que merodeaban su vivienda en actitud de vigilancia.  Ambos defensores son beneficiarios de la Medida Cautelar No.MC50-14, otorgada por la CIDH.

En el último mes  fue asesinada Bertha Isabel Cáceres y Nelson García defensores del territorio y de los pueblos indígenas. La Organización indígena Milpha a reportado la muerte de 20 miembros de su organización, los últimos cinco en el mes de diciembre de 2015.

Todos estos hechos no pueden valorarse en forma aislada  demuestran que el ataque a Martha Arnold, obedece  a un ataque sistemático en contra de defensores  de derechos humanos  que es tolerado e impulsado por agentes del Estado. Preocupa aun más porque el ente investigador, lejos de desmantelar las estructuras que generan la inseguridad contra de Martha Arnold, la convierte en blanco de ataque directo, Y a la denunciante en investigada.

PETICION:

El COFADEH solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias  para garantizar el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocido, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores  de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

•    Recordarle al Estado de Honduras su obligación de proteger a los ciudadanos de su país agotar todos los medios a su alcance para investigar las amenazas en contra de los defensores y en forma especial la situación de Martha Arnold.
•    Exigir al Estado  implementar en forma efectiva las medidas cautelares otorgadas por  la CIDH a favor de Martha Arnold y sus hijos.
•    Implementar la Ley de Protección de Defensores Periodistas y Operadores de Justicia.
•    Garantizar que Martha Arnold y los  defensores que integran el OPDHBA  puedan realizar su labor de defensoría en un ambiente de seguridad.
•    Exigirle el desmantelamiento de las estructuras de inseguridad en contra de Martha Arnold y  los defensores del derecho a la tierra y el territorio.
Hacer llamamientos a las siguientes autoridades.

Abog. Rolando Argueta  
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000  2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Abogda. Karla Cueva
Sub Secretaria de Estado en los Despachos de
Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización
Tel(fax) (506) 2232-7800

 Oscar Fernando Chinchilla     
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670  2221-3099

Abog. Soraya Morales
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Ministerio Público

Abog. Javier Guzman
Coordinador Local UMVIBA
Tocoa, Colón,
Tel(fax) (506)2444-3992

Tegucigalpa, MDC., 28 de marzo de 2016.

C  O  F  A  D  E  H

Defensores en linea

Origen: Acción Urgente: UMVIBA coloca en riesgo vida de defensora del Aguán

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Terror en el Aguán: Paramilitarismo cubrió de miedo al movimiento campesino

El movimiento campesino del Aguán ha denunciado continuamente sobre severos casos de represión cometidos por parte de policías y militares en la zona.

De acuerdo con esas denuncias, las fuerzas del Estado se han puesto al servicio de los terratenientes que ha habido los últimos casi siete años, pero ¿Quién se da cuenta del paramilitarismo que está destruyendo el movimiento campesino desde las estructuras internas?
Fuente acreditada informó que éstos al principio de la lucha de la recuperación de las tierras demostraban un genuino interés por tener tierras para cultivar palma africana, cítricos y granos básicos entre otros productos
¿Qué cambió? 
Dos decretos aprobados en los meses de la ruptura constitucional de 2009 dieron vida a las tropas de exuniformados para activarse y entregar a su gente, sus cerebros fueron encendidos para recordar los años de disciplina militar en donde las órdenes de los superiores eran la prioridad en sus vidas.
Uno de ellos fue el PCM-M-029-2009 aprobado el 19 de noviembre y publicado el 21 de noviembre del 2009, este declaró como Emergencia Nacional el desarrollo de las elecciones y señalaron incontables amenazas internas que había que  contrarrestar, era necesario identificar a los grupos insurgentes que supuestamente pretendían desestabilizar al “Estado” que asumió la “sustitución constitucional” obligatoria para salvar a Honduras de los llamados “comunistas”, por ende 5 mil efectivos reservistas dijeron “si señor”, para perseguir a su pueblo.
El segundo; el decreto ejecutivo número PCM-M-30-2009 aprobado el 19 de noviembre, publicado el 21 de noviembre, este reforzó el llamado de reservistas por los golpistas para apoyar las operaciones militares que serían garantes de las elecciones espurias donde con todo tipo de coacción e intimidación salió electo Porfirio Lobo Sosa, serían encargados del sufragio, custodia, transporte y vigilancia del material electoral, además de la militarización de los centros de votación.
A partir del 2014, el Estado empezó a pagarles sueldos, lo único que tenían que hacer es ir a alguna oficina, batallón o destacamento militar a firmar para su reactivación. Para los movimientos campesinos “son los que hacen el trabajo sucio de la doctrina de dominación que impera a nivel nacional, uno de los mejores trabajos que ejecutaron fue la desarticulación de los asentamientos campesinos”.
De acuerdo con la información proporcionada, por fuentes que prefieren mantener el anonimato, estos militares en condición de retiro, buscaban “ganarse la confianza de la verdadera dirigencia campesina, saber cuáles eran sus estrategias, hacer perfiles, identificar a los eslabones más débiles para atacarlos y que sus máscaras no se cayeran y por último apoderarse de las estructuras con la fuerza de las armas”.
“Técnicas colombianas”
Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que la infiltración de paramilitares es sinónimo de violencia. Estudios realizados por la Red de Solidaridad Social y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- en Colombia las organizaciones paramilitares, mediante la violencia las amenazas, los asesinatos, las masacres, las torturas y el desplazamiento forzado, y con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad y del Estado, no solo han logrado generar terror e intimidación en la población civil, sino también, imponer su autoridad en vastas zonas del territorio nacional. Estos grupos armados al margen de la ley, constituyen, entonces, una amenaza contra la estabilidad institucional, en cuanto actúan en franco desconocimiento del Estado Social de Derecho.
Entre sus técnicas, -relata la fuente- estaban convertirse en gente de confianza de las dirigencias campesinas quienes ignoraban que éstos creaban grupos armados al interior de sus cooperativas, bajo amenazas, extorción, coacción y violaciones a los derechos de campesinas y campesinos, sembraron el miedo llevando a este sector al lúgubre silencio denunciando solo a los represores uniformados.
Otra técnica es que los reservistas bien parecidos físicamente se acercaban a las mujeres con cierta influencia o imagen, para explotar sus emociones o sentimientos y así obtener más autoridad sobre los campesinos que se dedicaban a tratar que los sectores agrarios obtuvieran un mejor índice de desarrollo humano.
Estos grupos se han dedicado a “reclutar jóvenes, algunos hijos de socios o socios directamente, a los que les dan entrenamiento militar, utilización de armas, torturas, etc., métodos para ser practicados a los mismos campesinos y campesinas; para contaminar la lucha y que la opinión pública maneje el discurso que se matan entre ellos. Es un trabajo de inteligencia bien estructurado”.
Terror en las mujeres
Las campesinas son víctimas de violaciones simples hasta la perpetración de abusos sexuales, sin embargo, la mayoría de las agresiones no son denunciadas.
Los vejámenes, -recuerda “María” (nombre ficticio), empezaron con el nacimiento de los asentamientos, nos amenazaban a muerte. De muchas formas  nos han hecho saber a las mujeres que no tenemos valor.
“María” reconoce que son mujeres muy fuertes, pero cuando quebrantan sus voluntades no les queda más que abandonar su lugar de origen para salvaguardar sus vidas.
La manera de expresar su repudio a la situación que viven solo se puede ver reflejado en sus ojos, si nos detenemos a observar sus pupilas sin el destello natural de las mujeres, su onda tristeza se asoma a las ventanas de sus almas, mientras viven odiando su situación.
¿Denunciar? ¿Para qué? 
Nadie nos escucha, en especial cuando somos madres y nuestras hijas comienzan a crecer, pensar que las pequeñas sufrirán lo mismo a lo que somos  sometidas día a día, “A algunas no les queda más que enviarlas lejos con familiares, prefieren no volverlas a ver”, lamentó.
Lolita (14 años) y Perla (12 años) hermanitas que tuvieron que emigrar del asentamiento campesino, porque después de ser violadas reiteradamente las amenazaron con quitarles la vida.
Las intimidaciones superan además el terreno sexual, pues las campesinas se ven intimidadas a aceptar cargos en las empresas agrarias. “No nos dejan, ellas quieren participación, pero al mismo tiempo al sentir en riesgo sus vidas, simplemente no asumimos”.
Muchos campesinos también han tenido que abandonar los asentamientos por amenazas a muerte, debido al conflicto interno de bandas armadas que se encuentran en las empresas campesinas y que mantienen el control de los mismos.
El compañero de vida de “María”, también tuvo que irse lejos de su familia por miedo a que lo mataran. “María” con lágrimas en sus ojos, voz temblorosa y tenue le contó que había sido víctima de violación sexual.
“Los dirigentes campesinos saben bien lo que sucede, -indicó- pero nadie tiene idea si no los enfrentan por amenazas, miedo o simplemente por no desprestigiar la imagen de la organización”.
“El riesgo es grande, las amenazas vienen de personas que no están jugando de exmilitares que están entrenados para seguir órdenes”. Fueron los que organizaron las bandas criminales y armadas que al final consiguieron el control de una lucha que empezó por la recuperación de tierras y que ahora viven en un terror constante, finalizó.

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Sin orden judicial, policía hondureña retiene a dirigente campesino y defensora de DD.HH. del MUCA –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Sin presentar una orden judicial, elementos de la Policía Nacional de Honduras detuvieron este martes al presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) José Ángel Flores y su familia y a Orbelina Flores, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán. La acción ilegal se produjo a eso de las […]

Origen: Sin orden judicial, policía hondureña retiene a dirigente campesino y defensora de DD.HH. del MUCA –

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