Tegucigalpa. El municipio indígena lenca de San Francisco de Opalaca del departamento de Intibucá en el occidente de Honduras, en autoconsulta previa dio un rotundo no a los proyectos hidroeléctricos y de minería en sus territorios. Bajaron hombres mujeres y jóvenes de diferentes comunidades para decir no a los proyectos que […]
Este fin de semana, el domingo 11 de septiembre la población del municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá realizará un ejercicio soberano donde se consultará a la ciudadanía si están de acuerdo o no con las concesiones mineras e hidroeléctricas en la zona.
San Francisco de Opalaca, en uno de los municipios más postergados del país, fundado en 1994, su población está distribuida en 8 aldeas y 78 caseríos. Actualmente alcanza los 11,352 habitantes. Todos sus habitantes son lencas.
Hace dos años fue conocida por el conflicto político que hoy los ha llevado a tener dos alcaldes. LEA MÁS AQUÍ
Según el dirigente de la Mesa Interinstitucional en San Francisco de Opalaca, Marcelino Bautista, la consulta se realizará a través de asambleas comunitarias, mismas que se desarrollarán en 16 centros de votación distribuidos en distintas comunidades del municipio. (…)
Las calles polvorientas son el anuncio de que algo anda muy mal en Azacualpa, Copán, en el Occidente de Honduras. Pero la presencia de altos funcionarios del Esatdo de Honduras que presionaron por la firma de un convenio, es todavía más graves, es un mal presagio.
La comunidad de Azacualpa está en manos de los buitres y ven en el oro la oportunidad para llenar los bolsillos a costa de matar el medio ambiente, enfermar a la gente y sacar a los muertos de su quietud.
En efecto al adentrarse en la comunidad la actividad de la minera Aura Minerals no deja un minuto libre para que los pobladores puedan tener paz. El polvo combinado con metales pesados pulula en el ambiente.
Esta empresa trabaja 24 horas, los siete días de la semana para arrancar de las entrañas de la tierra el deseado oro que le dejará millonarias ganancias a la compañía, pero destrucción y muerte a las comunidades, así como pérdidas económicas al país, por la falta de control de los recursos por las instituciones del Estado que deberían hacerlo, sin embargo el poder minero en el país ha logrado muchas cosas, entre ellas esa ausencia de una auditoría estatal la cual sí se aplica a las pequeñas empresas hasta asfixiarlas.
Minerales de Occidente, MINOSA, es subsidiaria de Aura Minerals, una transnacional canadiense que extrae alrededor de 344 mil onzas de oro al mes en una explotación a cielo abierto.
Según lo expresaron varios pobladores helicópteros llegan los fines de semana a traer el mineral, nadie controla cuánto llevan. Ese promedio de onzas del metal podría ser mayor, pero quién lo sabe?.
Para separar el oro de la piedra se utiliza agua con cianuro, un proceso llamado lixiviación, práctica utilizada también por otra empresa minera canadiense, “Entremares”, en el Valle de Siria, hace algunos años los que dejó graves problemas de salud a sus habitantes y ha dañado seriamente el medioambiente.
La pobreza del departamento de Copán contrasta con la riqueza natural, el oro se encuentra en la zona, pero la gente le queda como “recompensa macabra” más pobreza, desplazamiento y persecución de líderes.
La presión trabajó igual que la minera 24 horas los siete días de la semana
El 29 de julio recién pasado pasosdeanimalgrande.com en compañía de la organización ACI-Participa llegaron al sector. El gobierno convocó a una reunión pero la canceló a última hora, ante la presencia de invitados que no considera sus aliados.
Una reunión con los pobladores y la Asociación de Organismos no Gubernamentales, ASONOG, en las primeras horas de la mañana, mapearon los tremendos daños que la minera está provocando, con la complicidad de las distintas instituciones del Estado de Honduras, que utilizan el aparato gubernamental para ejercen la presión contra los ciudadanos y ciudadanas para que la empresa no tenga ningún tipo de resistencias y pueda destruir cuanto encuentre a su paso.
La reunión de ese día era que para la comunidad de Azacualpa aceptara y firmara por las buenas o por las malas un documento que le dejaría total control del territorio a la minera Aura Minerals, una empresa canadiense que ha permanecido unos 30 años en el país, durante los cuales ha cambiado de nombre para lavar la cara sucia que ha dejado al convertir en fantasmas a pueblos enteros los cuales desalojó con la complicidad de las autoridades de los diferentes gobiernos.
La impotencia se palpa a cada tramo que se avanza. Guardias de seguridad agitan sus armas cuando ven a gente extraña en el lugar. “Prohibido tomar fotografías aquí”, dijo uno de ellos cuando se estaba pasosdeanimalgrande.com documentaba la destrucción.
La minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de cianuro para separar el oro del material removido, deja un dique de colas repleto de compuestos tóxicos que no son degradables. El cianuro es extremadamente tóxico para las plantas y los animales. Derrames de esta sustancia mata la vegetación, afectar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. El cianuro puede ser absorbido por los animales a través de la piel, ingerido o aspirado, de acuerdo a una publicación de Vida Laboral.
Silencio sepulcral, un cerco informativo ahoga la verdad
La información de lo que realmente está ocurriendo en Azacualpa no circula en medios de comunicación de la zona. El acceso a la información está vedado, los pobladores señalan que por una parte es que hay miedo de los periodistas y por el otro hay muchos contratos de publicidad circulando. Otros periodistas han sido amenazados- El crimen contra el periodista German Rivas en el 2003, sembró el temor para hablar del tema.
Se informó por parte de los líderes de Azacualpa que el gobernador de la zona juramentó un patronato paralelo, pero al ver que no podía ocultarlo, entonces también lo hizo con un comité comunitario municipal, creado por él mismo.
El Embajador de Canadá, Michael Gort y el Consejero para la Responsabilidad Social Empresarial, llegaron a la zona desde el 29 de julio , el gran interés a qué se debía? , era para respaldar a la empresa y empujar la presión, o en realidad tenía interés genuino en revisar las actuaciones de la minera de capital canadiense que violenta la cláusula de derechos humanos establecida a las empresas por Canadá?.
El alcalde de La Unión conformó y juramentó un Comité de Desarrollo Comunitario de Azacualpa, el cual está nombrado de manera impositiva e integrado por personas de la empresa minera y ex-directivos del patronato. Este Comité no tiene derecho de representar la comunidad por varias razones, dijeron los líderes comunitarios.
En la zona hay 24 caceríos afectados, aparte de San Andrés Minas, San Juan y Platanares
Las tres décadas de permanencia de esa empresa ha dejado pueblos fantasmas e irrespeto a los muertos, “ hace unos años sacaron
El uso del derecho penal para sembrar el miedo
No cabe duda que la empresa jugó con balón adelantado, teniendo a su lado a los jugadores más experimentados para mover la pelota: al Estado de Honduras y a los medios de comunicación. Esa gigantesca ola de presión orilló a que la empresa por fin obtuviera un convenio donde se compromete a darles el sol, la luna y las estrellas a los pobladores.
La destrucción total será rápida, en menos de tres años la transnacional se ha propuesto sacar a los muertos del cementerio, a los pobladores de sus casas y llevarse el oro de Honduras.
Una comisión estatal nutrida que llegó el 11 de agosto, ayudó a la empresa para tal fin, desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, el Ministro de Gobernación Justicia y Derechos Humanos, Leonel Ayala, la designada presidencial Rosana Guevara, entre otros funcionarios del gobierno central sumado al alcalde y el gobernador departamental .
En ninguna parte del convenio se habla de proteger la vida de las personas que estarán sometidas a tragar metales pesados, tampoco se garantiza la protección del medio ambiente, no cabe duda que ganó el capital y se enterró la vida.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Los pobladores del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el nororiental departamento de Olancho, ratificaron con una caminata su férrea voluntad de decirle no a los proyectos de minería, informó el alcalde Emerson Josué Sánchez. Los pobladores de varias comunidades que conforman el municipio de Culmí salieron de sus […]
Global Sisters Report is focusing a special series on mining and extractive industries and the women religious who work to limit damage and impact on people and the environment, through advocacy, action and policy. Pope Francis last year called for the entire mining sector to undergo «a radical paradigm change.» Sisters are on the front lines to help effect that change.
The mines no longer operate.
The large trucks that carried heavy equipment no longer rumble down dirt roads fogging the air with dust.
The workers no longer trudge along those same roads inhaling the dust weighted by the humidity of dawn.
Community opposition succeeded in shutting down mines in Nueva Esperanza in northern Honduras and El Tránsito far to the south near the border of Nicaragua. But to many people in these two small towns the closings serve only as a pyrrhic victory.
For now, the armed guards that circled the mines are gone. But gone too are the jobs the mines provided. In their place, a lingering loss of trust among residents in these agricultural communities, and a continuing fear that this is just a temporary respite before the mines in both towns reopen.
Activist Olga Hernandez with a photo of Berta Caceres behind her says the Nueva Esperanza mine destroyed mountains and divided the community. (GSR photo / J. Malcolm Garcia)
The privately owned mines began their operations in regions where families had subsisted off the land for centuries. The mines’ presence altered both the landscape and the social fabric of these communities.
Now, more than two years after countless protests stopped the mines, the fault lines between those who support mining and those who don’t because of concern about the potential for environmental damage and the loss of a way of life continue to divide communities and even some families. More disturbingly, death threats toward opponents of mining have become an increasing concern, especially since the murder of Honduran environmental activist Berta Cáceres in March of this year.
Honduras now has the highest murder rate for environmental activists in the world, and conflict over land rights is the primary driver. Rampant inequality, a weak judicial system, cozy relationships between political and business elites, and near total impunity for crimes against human rights defenders have contributed to 109 murders of environmental activists between 2010 and 2015, according to Global Witness, a British non-governmental organization which tracks human rights and environmental abuses.
«We were threatened: ‘You better not show your face in this town again,’ » said Sr. Maria de Rosario Soriano, a member of the Messengers of the Immaculate order, who with other sisters from her community supported anti-mining activists in Nueva Esperanza. «We didn’t go to Nueva Esperanza for a few weeks. Even the priests and our mother superior told us it was better to stay away for a while.»
Hundreds of miles away, outside El Tránsito, where tree-lined mountains punctuate a seared skyline of hazy heat, Sr. Reyna Corea sat in the shaded terrace of Hermanas of Our Lady of the Holy Rosary. She knew of the struggles in Nueva Esperanza but said with evident relief that El Tránsito was not as divided. However, she added, all was not well. Differences between the residents of El Tránsito and implicit threats existed there, too.
«I feel I’m discriminated against by the police and municipality,» said Corea, 51, who opposed mining in El Tránsito. «When I need help to bring water to a community, they deny me and the other sisters. They say we are with those activists who protest and riot. They say we are with the instigators. They say, ‘You better stop what you are doing.’ In Honduras, such a warning makes an impression.»
The mine comes to Nueva Esperanza
Nueva Esperanza is home to about 1,000 people. Five rivers run through it: Leán, Congo, the Metalias, Santiago and Alao. The town sits at the foot and climbs up the slopes of the mountains that separate the department or county of Atlántida from the neighboring department of Yoro. The mountains hold gold, iron and other mineral deposits. Dirt roads, some not more than paths, line the mountains. The people here farm the rich soil, harvesting corn, beans and other basic staples.
«We are poor,» a woman said near the church in Arizona, about a two-hour drive from Nueva Esperanza, «but we are not hungry.»
Between 2011 and 2013, when businessman Lenir Perez, owner of the Minerales Victoria mining company, purchased 2471.05 acres, covering all of Nueva Esperanza and 15 other farming communities, the residents of Nueva Esperanza «were victims of militarization and para-militarization of their territories, persecution and threats, and police and judicial harassment,» according to a co-sponsored report by El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), a Jesuit-sponsored investigation and research organization in Honduras, and the College for Public Health and Social Justice at Saint Louis University of Missouri. The June 2016 report found that families lived under siege. Activists received death threats from the police and anonymous callers by phone and text messaging.
«For more than a year we could not go out after 6 p.m.,» said activist Olga Hernandez, 29, a Nueva Esperanza resident. «Private security from the mine patrolled the streets. Nothing ever happened. It was a psychological thing: ‘Don’t go out, or else.’ That ‘or else’ kept us inside.»
Fr. Cesar Espinoza opposed the Nueva Esperanza mine. Threats, he said, were made against his life as a consequence. (GSR photo / J. Malcolm Garcia)
Despite the intimidation, Soriano spoke out against the mine.
«The mine first came offering jobs and huge amounts of money for land,» she recalled. «So, we started telling the community, ‘Don’t be naive and believe in everything they offer.'»
Soriano said she and another sister, Presentación Aguilar, organized community meetings in local churches to discuss mining and its impact on health and the environment. They cited the Book of Genesis and how it called on mankind to protect nature, not exploit it.
Perez, the sisters said, never confronted them. But men with guns who did not wear police or military uniforms observed their meetings. They did not attend but peered through windows.
«We had to give talks with armed goons looking in on us,» Soriano said. «It came to a point where we were so afraid we called our mother superior and asked her if we should leave or stay. She told us to look into our hearts and we felt we could not leave the community.»
The sisters stayed, but the harassment, they said, continued even within the church. At one meeting, Aguilar discussed her opposition to mining when a member of the church jumped up and told her to shut up and stop spreading lies.
Anti-mine activist Jose Lucio Lopez opposed the El Tránsito mine and participated in sit-ins to stop workers from entering the mine. (GSR photo / J. Malcolm Garcia)
«You could feel the anger and the uproar in the entire community,» said Aguilar. «Hatred was in the air between those who worked for the mine and those who opposed it. Even in church gatherings.»
Although Perez, who did not return repeated phones calls and emails requesting an interview for this story, never confronted the sisters, he did communicate with the vicar of the nearby parish of Arizona. A priest there, Fr. Cesar Espinoza, had been voicing his support for those who opposed mining.
«I spoke out against the mine,» Espinoza, 39, recalled. «On local radio, from the pulpit. I asked the bishop to speak out against it. I spoke everywhere and wrote my opinions for publications.»
In May 2013, Espinoza’s supervisor, the vicar, exchanged emails with Perez. He chastised Perez for not being candid about his operation and for increasing antagonism.
«Do you think being transparent is to sneak in machinery on a Saturday escorted by the police?» Vicar Victor Camara wrote in an email, a copy of which was provided to Global Sisters Report. «Have you chosen force and conflict? I hope that you ponder the consequences and that above all no human lives be put at stake, since no human life is worth all the gold in the world. Please know that with conflict there will be no winners, everybody will lose, including you.»
Perez responded that he «only believed in doing things in an honest way.» He said it saddened him to see Honduras «taken apart by businessmen, drug dealers, politicians and environmentalists (communists and subversive curas).» Curas is a derogatory term for priests. Perez also accused the church of cowardice for not having stopped Espinoza’s advocacy against the mine. He called Espinoza «another sinner behind his robe.»
«Believe me, I would like to open that mine hand in hand with the community,» Perez wrote, «but I will not allow a Guatemalan [Espinoza] and the activists to destroy this country.»
Two months later, on July 25, 2013, Orlane Vidal and Daniel Langmeier, with the Honduras Accompaniment Project, a program of the Friendship Office of the Americas designed to engage in nonviolent protest in Honduras, were held captive for two and a half hours by armed men, who, according to Amnesty International, were from the Nueva Esperanza mining project.
The observers had been staying with a family opposed to the mine. Amnesty International found that the leader of the armed men told Vidal and Langmeier that they would be «disappeared in the woods» if they returned to the area. The observers were held at gunpoint and warned not to speak publicly about their abduction. They were released at a bus stop in Nueva Florida, a town not far from Nueva Esperanza. They filed complaints with the authorities. The abductors were not charged.
«It was like an amber alert when we heard about the abduction,» Espinoza recalled. «Everyone — activists, church members — called the government demanding their release. The vice president issued the order to locate them immediately.»
Lourdes Zelaya of El Tránsito said she and her husband are under threat for their opposition to the mine. (GSR photo / J. Malcolm Garcia)
The kidnapping galvanized the community. Honduran law allows mayors the final decision on whether a mine can or cannot operate in their township. In the municipal elections of 2013, anti-mine activists met with mayoral candidates and asked them to sign an anti-mining pledge. On August 20, 2014, upon taking office, the newly elected mayor, Mario Fuentes, closed the Nueva Esperanza mine. But activists say the closing did not end the matter.
«The problem is still ongoing,» said Sr. Aguilar. «The mine still owns the land. What will happen if we elect a mayor who supports mining?»
Activist Olga Hernandez said the land remains as scarred as the community.
«Today, you see plants and trees growing back but the personal damage is like the mountains they flattened. You can’t make a mountain grow back.»
After the mine closed, resentful, unemployed mine workers unleashed their anger toward the activists, said Arizona deputy mayor Cesar Alvarenga, an opponent of the mine. He said his wife left him because of the threats.
«Yes, I still get threats,» Alvarenga said. «This fight has ruined my life. It is very difficult to live with fear because we know these people are so powerful. They have money and the support of the government and won’t go away easily. They invested a lot of money, and we know they won’t lose it like that.»
An El Tránsito couple on their house porch by a crack they say was caused by dynamite used in the mine. (GSR photo / J. Malcolm Garcia)
A town with a 200-year-old mining history
More than 500 miles south of Nueva Esperanza, the town of El Tránsito stands beneath a wide sky and bright sun that scorches the land with a dry heat far different from the humidity that wraps the mountains of Nueva Esperanza.
The El Tránsito mine dates back to the early 1800s. Hundreds of mining tunnels, residents say, run beneath the town like a maze of prairie dog burrows, destabilizing centuries-old buildings. Decades of mining, residents say, polluted local waters making it unfit for human consumption because of high levels of cyanide and lead, among other heavy minerals. There are no known official reports, but residents say they don’t use the water.
«We used to play in the closed mines,» recalled activist Jose Lucio Lopez, 43, who grew up in El Tránsito. «It was a beautiful little town. Quiet. Nothing was ever disturbed.»
The mine had been closed for decades when it started operations again in 2014 after Honduran businesswoman Maria Gertrudis Valle claimed the land as belonging to her. She did not respond to messages from GSR asking for comment.
«Five years ago this woman came into town,» recalled Sr. Reyna Corea. «She said she had documents that showed this land belonged to her. She sent representatives to speak for her. She was like a ghost, rarely seen but known to exist.»
At first, Corea said, the residents of El Tránsito supported the mine until its workers began using explosives. The ground trembled and the walls and floors of houses began to crack.
«They dynamited day and night,» Lopez said. He said as many as 200 people from outside the town would come to work in the mine.
«The whole town would shake from the dynamite,» Lopez said. «As many as 80 explosions a day, every day.»
More than 200 activists, he said, organized sit-ins blocking the road to the mine. Twenty people always occupied the road 24 hours a day. If activists saw a stranger in town they suspected of being with the mine or an unfamiliar vehicle, they would ring the church bell, a call to activists to support the people at the sit-in. The protesters would not allow miners who had managed to enter the property to leave. Police were forced to bring them food and water. A year after the sit-ins began, the mine ceased operations in November 2015. Success, however, has not lessened the threats activists here say they face.
«People have tried to bribe us to be quiet,» said Lourdes Zelaya, 43, a mother of two children, of herself and her husband. «We have been chased by cars and motorcycles trying to force us off the road. People tell us, ‘Watch out. You will be killed.’ At the sit-in, a police officer told my husband, ‘You will be killed.’ We tried to file a complaint, but the police department refused to take it.»
Her 18-year-old daughter Marci said she, too, feels in danger.
«I live in fear something will happen to me because of what is happening to my parents,» she said. «I’d like to help them but I don’t know how. I am vulnerable. I know they can hurt my parents by doing something to me.»
The ongoing threats against activists suggest that the mine owner or other business interests hope to reopen the mine, Corea said.
«As in Nueva Esperanza and all over Honduras, the mine owners will keep trying,» she said. «They will not fall asleep because the mine is not operating. Of course, the problem always comes down to money. People see cash and they lose sight of things, so if money comes then we can’t say what will happen.»
Los Derechos Humanos, la defensa de los Bienes Naturales y la generación de energía renovable
Los datos arrojados por el estudio que publicó en 2015 el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, OBNDH, indican que en relación con actos de violación a los Derechos Humanos, la avanzada de las empresas de generación de energía […]
EL EQUIVALENTE AL DEPARTAMENTO DE CORTÉS ES CONCESIONADOS A LAS MINERAS El mapa de las concesiones mineras en Honduras El departamento de Santa Bárbara en el occidente hondureño es el departamento con mayor inserción de la industria minera, 98 empresas de 537, que son el total en el país, según el informe del Observatorio de […]
Bienes Naturales y Derechos Humanos, OBNDH, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, publicado en 2015.
Las concesiones deben pasar por un proceso de discusión y aprobación en el Congreso Nacional y luego de salir publicadas en el periódico oficial La Gaceta deben otorgarse a través del Instituto Hondureños de Geología y Minas (INHGEOMIN).
Gráfico: Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, OBNDH.
Sólo a American Pacific de Honduras Inc, de origen canadiense, se le han otorgado 45 concesiones mineras, todas metálicas. Estas concesiones a American Pacific de Honduras, representan un total de 22,607.96 hectáreas, datos que han sido arrojados por el estudio hecho desde el OBNDH. La empresa, fundada en 2011, tiene como principal objetivo, la extracción de metales en los departamento de Santa Bárbara y Choluteca.
Treinta y cinco, de las concesiones otorgadas a American Pacific de Honduras en el occidente hondureño están en los municipio de Concepción del Sur, San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, y Macuelizo. Hasta el año 2013, la empresa canadiense tenía diecinueve concesiones en categoría de «suspenso» en los municipios de Ceguaca, Concepción del Sur, Santa Bárbara, y San Pedro Zacapa.
Foto: redimin.cl
American Pacific de Honduras, era la responsable de la explotación de la mina de El Mochito, pero en 2014, la empresa Nyrstar, con su sede principal en Balen, Bélgica, compró el 98.4% de la totalidad de las acciones, según se puede leer en un artículo publicado por El Heraldo en su portal electrónico del 7 de abril de 2014. El inventario de concesiones mineras del año 2013, elaborado por la Coalición Nacional de Redes Ambientales y CEHPRODEC, refleja que para ese año, American Pacific de Honduras tenía en solicitud cinco concesiones en el municipio de San Marcos de Colón, Choluteca.
Entre los años 2013 y 2015, se aprobaron 21 nuevas concesiones metálicas en el país. El total de las concesiones metálicas en la actualidad es de 167. El departamento de Cortés es apenas el segundo más concesionado, con un total de 96 concesiones. Según el inventario de 2013, en el municipio de Puerto Cortés, las empresas con mayor cantidad de hectáreas por concesiones otorgadas son Cementos del Norte S,A de C,V (CENOSA), con 526 hectáreas, de donde extrae piedra caliza tipo mármol, y Agregados del Caribe S,A de C,V (AGRECASA), con 1,000 hectáreas de donde extrae agregados pétreos, estos son usados para la fabricación de ladrillo, vasijas, baldosas, botellas de vidrio, entre otros.
La segunda empresa con mayor concesión por parte del Estado hondureño es la Sociedad Mercantil Aurora Exploración, con 9 concesiones mineras metálicas otorgadas, que representan un total de 10,350 hectáreas. Para el año 2013, Aurora Exploración tenía una solicitud para explotar en Balfate, departamento de Colón. El inventario de concesiones mineras del año 2013 elaborado por CEHPRODEC y la Coalición Nacional de Redes Ambientales, refleja que a Aurora Exploración le fueron otorgadas tres concesiones en el departamento de Santa Bárbara, dos en el municipio de Quimistán, en la zona de Pinal II de 1,000 hectáreas y en la zona de Zopilote de 400 hectáreas, una tercera en el municipio de San Marcos, en la zona de Zarnoso con 800 hectáreas. Otras concesiones a Aurora Exploración en los municipios de Petoa y Macuelizo en Santa Bárbara se encontraban en solicitud para ese año.
La empresa Productora de Agregados y Derivados de Concretos S, A de C, V, PRACSA, cuenta con 8 concesiones mineras no metálicas, éstas representan un total de 12,350 hectáreas. Para 2013, a PRACSA se le fue otorgada una concesión en Amarateca, departamento de Francisco Morazán de donde extraería arena y grava.
Foto: honduraslaboral.org
En el departamento de Francisco Morazán se han otorgado 67 concesiones mineras, sólo en el año 2013 se le había concesionado 14,100 hectáreas a la empresa Entre Mares de Honduras en el municipio de El Porvenir, para la extracción de oro y otra concesión fue otorgada a Five Star Mining S,A de C,V, por 4,600 hectáreas, en el municipio de Cedros para la extracción de óxido de hierro. Entre Mares es la responsable del deterioro del medio ambiente en la zona del Valle de Siria en donde tuvo una concesión por la misma cantidad de 14,100 hectáreas. En «Concesiones territoriales de Honduras, una aproximación a la realidad», (2015), de la Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (ANAFAE), se apunta que Entre Mares es la responsable por «la incidencia de enfermedades de la piel de la población y la presencia de metales pesados en el organismo de más de 60 personas que fueron toxicológicamente analizadas por las autoridades forenses del país.» Las cifras arrojadas en el mismo documento, explican que para el año 2013 existían 257 explotaciones mineras, de éstas, el 54.47% de las explotaciones mineras son «no metálicas». La clasificación, según el documento de ANAFAE, permite que los trámites de explotación tengan menos trabas en el Instituto Hondureños de Geología y Minas (INHGEOMIN). Entre los años 2013 y 2014 no fue otorgada ninguna concesión metálica, en cambio, «no metálica» fueron otorgadas 31. En la actualidad, existen 306 concesiones «no metálica». En el país la cifra de concesiones en explotación ha aumentado a 299. En exploración ya existen otras 173.
Los departamentos con mayor porcentaje de concesiones otorgadas por extensión territorial son Santa Bárbara y Francisco Morazán. El departamento de Santa Bárbara tiene una extensión territorial de 5,321 kilómetros cuadrados, de los que el 9% han sido concesionados. En el departamento de Francisco Morazán la situación es bastante similar, y aunque el departamento tiene una extensión territorial de 8,619 kilómetros cuadrados, el porcentajes de concesiones corresponde a 9%, según los datos oficiales del OBNDH.
El decreto 32-2013 o la Ley General de minería
Foto: latribuna.hn
No es hasta el 26 de octubre de 1968 que Honduras contó con un código minero y la Nueva Ley de Minería no fue aprobada hasta el 30 de noviembre de 1998 y sólo oficializada en La Gaceta hasta el 6 de febrero de 1999.
Según el artículo 13 de la Ley General de Minería, publicada el 2 de abril de 2013, bajo decreto 32-2013, «la prospección es libre en todo el territorio nacional a excepción de las zonas de exclusión que establece ésta y otras leyes del país, y en las áreas en que, previo el procedimiento legal, el Estado haya otorgado un Derecho Minero y el mismo esté vigente.» Es decir, que según el artículo 13 de la Ley General de Minería, todo, o casi todo el territorio hondureño está libre para la exploración de yacimientos geológicos y de petróleo. Unas de las cosas importantes a señalar, es que el contexto en el que se aprueba la Ley General de Minería es a dos años de que el gobierno hondureño lanzara la campaña Honduras is open for business.
Uno de los puntos importantes que señala el documento de ANAFAE, es que, el artículo 13 y el artículo 48 no contemplan en las zonas de exclusión a las zonas poblacionales y las protegidas, sin embargo en el artículo 50 se especifica que el otorgamiento de las concesiones mineras no puede menoscabar la propiedad privada, así como las propiedades municipales protegidos por el Código Civil y la Constitución de la República, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes protegidos por el Convenio 169 de la OIT. Pero el punto que da vuelta a esta aparente contradicción está en el hecho de que el 90% de las áreas protegidas no están inscritas en el Instituto de la Propiedad, y el artículo 50 señala en su inciso 4 que aquellas zonas protegidas como patrimonio natural y aquellas que la UNESCO haya declarado como patrimonio de la humanidad serán excluidas de concesión minera. Claro que sólo pueden ser declaradas protegidas aquellas áreas que estén inscritas en el Instituto de la Propiedad.
En relación al otorgamiento de los plazos a las concesiones otorgadas en el artículo 22 únicamente se refiere a los plazos mínimos, el mismo dice que «La concesión de explotación de minerales y de gemas preciosas, tendrá un plazo no menor de diez (10) años contados a partir de su otorgamientos. La concesión de Explotación de minerales metálicos, tendrá un plazo no menor de quince (15) años, a partir de su otorgamiento.» Luego en el artículo 23, se otorga un una solicitud de prorroga antes de tres meses previos al vencimiento del término.
Foto: nuevamineria.com
Aunque en el artículo 27 se estime que las tecnologías a utilizar deben ser las adecuadas vigentes al momento en el que se apruebe el proyecto, y que éstas deben garantizar la vida, la salud humana y la protección del medio ambiente, el documento de ANAFAE, enfatiza en el hecho de que este artículo da lugar a la minería de cielo abierto en la que se usa, entre otros tóxicos, cianuro, provocando un alto impacto ambiental y en la salud de las personas.
En el artículo 42, la ley señala que se podrá otorgar hasta 1,000 hectáreas por concesión aprobada y en el artículo 43, la ley permite que una sola persona o empresa podrá tener acceso hasta 10 concesiones. En el supuesto de que esto pase, la ley permite que una sola persona o empresa pueda tener acceso a explotar hasta 10 mil hectáreas.
Alejándonos de los «supuestos», los datos que el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, OBNDH, ha revelado en 2015, indican que sólo la empresa American Pacific de Honduras Inc, tiene 45 concesiones mineras metálicas, que representan un total de 22,607.96 hectáreas.
Entre el 13 al 15 de julio se efectuó en Honduras, el Segundo Congreso de Minería, en la ciudad de San Pedro Sula, auspiciado por la Universidad Politécnica de Ingeniería. Con este evento la actual…
Desplazamiento de familias, criminalización, hostigamiento y persecución contra lideresas y líderes comunitarios ha dejado la lucha en contra de la minería en Nueva Esperanza, una comunidad del municipio de Tela, Atlántida. La gente, sus historias y luchas son uno de los tres casos estudiados en la reciente investigación que hizo el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto son la Universidad Saint Louis Missouri.
A la par de la situación de Nueva Esperanza, también se analizó la realidad de las comunidades indígenas Tolupanas en Yoro, San Francisco Locompa y en la montaña o parque nacional Botadero ubicado en el departamento de Colón.
En los tres casos se reveló que la conflictividad socioambiental estará presente en la medida que se continúe impulsando proyectos que generan contaminación, dominación y apropiación de la naturaleza, por grupos de poder transnacionales confabulados con las élites nacionales, que despojan, vulneran y empobrecen a pueblos originarios y descendientes indígenas, garífunas y campesinos, quienes valoran la naturaleza como “Madre Tierra”, planteamiento que urge reforzar a nivel político e ideológico, económico, social y cultural, como aspecto crucial en la lucha contra la hegemonía del sistema de acumulación capitalista, que amenaza la vida de la humanidad y del planeta.
En Honduras la actividad extractivista se ha profundizado especialmente en los últimos 25 años, cuando más impulso ha tomado el modelo neoliberal basado en la alianza de los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, bosques, minerales, aire y los territorios una cantera certera para la producción de capitales, contando a su favor con la legislación y la connivencia de las autoridades y partidos políticos responsables de la conducción de la institucionalidad del Estado.
Buscar las mayores ganancias con base en la explotación ilimitada de los bienes comunes de la naturaleza, sin importar los costos humanos y sociales, es la lógica que conduce el modelo económico extractivista.
“Una de las cosas que queda clara es que en el contexto que vivimos y la realidad que tiene Honduras, el modelo extractivo y sobretodo la actividad minera resulta inviable para las comunidades. Los únicos que hacen negocio con esto son los empresarios, ni siquiera el Estado de Honduras tiene ganancias significativas en comparación con el daño que están generando” dijo Pedro Landa del equipo investigador al momento de devolver los resultados de la investigación esta semana en Tegucigalpa en el marco del II Congreso de Minería y Geología que promueve una universidad privada y el gobierno a través de Mi Ambiente y Inhgeomin.
Landa hizo énfasis en el daño e impacto que la presencia minera deja al tejido social de las comunidades, además de los destrozos en las fuentes de agua. “En los testimonios que recoge la investigación las comunidades siguen afectadas emocional y físicamente por la presencia de estas empresas. Esto llama al gobierno de forma urgente a modificar la política extrativista. Se requiere de reformas para fortalecer la presencia del Estado a través de una serie de reformas que garanticen los derechos de las comunidades que están siendo afectadas”.
(Ottawa/Tegucigalpa) A new report outlines the continuing struggle of the Honduran community of Azacualpa to defend the integrity of the town, including a 200-year old cemetery, against the expansion of a Canadian-owned open-pit gold mine. Mining In a State of Impunity: Coerced Negotiations and Forced Displacement by Aura Minerals in Western Honduras published by MiningWatch Canada and the Honduras Solidarity Network, documents how the Canadian mining companies that have operated the San Andrés mine in western Honduras have continually violated the land rights and communally-held land tenure of affected communities for the last 18 years. Neither Honduran authorities nor Toronto-based Aura Minerals, now the concession holder and operator of the mine, even acknowledge that the community has such rights. The report notes that “municipal authorities and the mining company make no mention of Azacualpa’s land rights and the details of the original mining concession granted in 1983.” Aura Minerals is now “negotiating” with Azacualpa to expand the mining operation. The report states, “It’s difficult if not impossible to call this process a “negotiation” as the community is clearly being coerced.” The report’s author, Karen Spring, Honduras Coordinator for the Honduras Solidarity Network, explained, “Community leaders have publicly denounced the presence of Honduran military and police in the so-called ‘negotiations’.” Spring adds, “This is a clear sign of intimidation in a country with rampant levels of corruption and a high impunity rate. Nineteen residents involved in defending the community cemetery still face trumped up charges and threats of further legal repercussions if they continue to protest the mine’s expansion.” The report makes a series of recommendations, including calling for a comprehensive legal analysis regarding land tenure and land transfer before “negotiations” move forward or the San Andrés mine expands further, and calling for all six affected communities be fully consulted on whether they agree with the expansion of the mine and the displacement of their cemetery. The report also emphasizes that it is critical to develop and document a better understanding of the history of communities forcibly displaced by the San Andrés mine as the basis for any future discussion. Contact: * Karen Spring, Honduras Solidarity Network, spring.kj@gmail.com, (504) 9507-3835 * Jen Moore, MiningWatch Canada, jen@miningwatch.ca, (521) 55 1329-3508
En los próximos días el gobierno desarrollará el segundo Congreso de Minería. La apuesta es clara: continuar la apuesta de vender los bienes naturales y los territorios. Honduras nuevamente será sede de un evento donde se expondrá lo mejor que tiene el país, que para los políticos y empresarios, está en sus minerales, agua, bosque, suelo y subsuelo.
En dicho evento participarán inversionistas de muchas naciones. Los empresarios y políticos hablarán de todos los beneficios y ventajas, así ninguna empresa dudaría en venir e instalar un proyecto turístico, construir una hidroeléctrica, deforestar el bosque o decidir simplemente extraer minerales del subsuelo. La oferta se opone mejor cuando otorgamos canonjías y privilegios, porque somos una nación abierta a los negocios.
Con el segundo Congreso de Minería el gobierno está claro, sus personeros han manifestado que el evento busca atraer la inversión a costa de los que sea. Uno de los temas abordar es: Desarrollo Sostenible y Comunidades. Aquí se abordará el tratamiento y uso del agua, el patrimonio minero como un recurso para el desarrollo cultural, social y económico, sustentabilidad y productividad para una minería moderna y la evaluación socioeconómica de las comunidades mineras.
Representantes de una compañía minera de Estados Unidos se reunieron este jueves con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y miembros de la comisión ordinaria de promoción de inversiones, para informar sobre una inversión de mil millones de dólares que esa empresa invertirá en el país.
En ese sentido, el presidente de la comisión especial de promociones e inversiones del Congreso Nacional, Carlos Lara Watson, indicó que los fondos se invertirá un billón de dólares, es decir mil millones de lempiras en la parte de exploración de suelos, estudios de pre factibilidad y generación de trabajo, entre otros.
Agregó que la ejecución de los proyectos se realizará en los departamentos de Choluteca, La Paz, Olancho y Santa Bárbara, en donde se explorarán la existencia de minerales como plata, oro, cobre y otro que los expertos determinen una vez hecho los estudios.
Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras
Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.
El informe reporta los principales acontecimientos y conflictos en un buen número de países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Fundación Friedrich Ebert (FES) llevaron a cabo el foro «Luces y sombras de la transparencia fiscal en Honduras», en donde se presentaron los informes «Seguimiento al Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras (PAGAH) 2014-2016» y «EITI: ¿Una iniciativa suficiente […]
Ejerciendo soberanía popular el pasado 18 de junio las comunidades del municipio de Ceguaca, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras se declararon libres de explotación minera.
La declaratoria se realizó mediante un cabildo abierto donde estuvieron representantes de las comunidades, la municipalidad de Ceguaca y representantes de la empresa Studies of Geology and Exploitation S de R. L.
Ceguaca es uno de los municipios ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Bárbara, rico en bienes naturales, su territorio lo conforman 5 aldeas y 29 caseríos, ubicado al norte del municipio de Santa Bárbara, en el departamento del mismo nombre.
El cabildo abierto se realizó ante la solicitud de la empresa Studies of Geology and Exploitation S de R. L de extraer minerales en las comunidades del municipio.
Las comunidades del occidente hondureño se han declarado en alerta y luchan permanentemente por la defensa de la naturaleza. José Asunción Martínez, coordinador de actas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, señala que no es posible que se concesione el territorio hondureño sin consultar a las comunidades.
Apunta que es necesario activar la lucha y articulación para defender el territorio de las garras de empresarios, quienes a costa de todo, quieren acaparar lo que históricamente les ha pertenecido a las comunidades.
“Como hijas e hijos de Lempira tenemos la obligación de defender los bosques, el territorio, no podemos permitir que continúen acaparando nuestro territorio”, manifestó el líder indígena.
Municipio libre de hidroeléctricas
Según el alcalde de Ceguaca, Luís Antonio Enamorado, la declaratoria del pasado 18 de junio únicamente prohíbe las concesiones mineras, sin embargo en los próximos días se consultará a las comunidades sobre la construcción de represas hidroeléctricas, “serán ellas quienes decidan”.
“La decisión quedó firme, nosotros como corporación tomamos a bien la voluntad del pueblo y respetaremos la decisión soberana de no otorgar concesiones que dañen el territorio que pertenece a las comunidades”, aseguró el funcionario.
Organizaciones defensoras del ambiente aseguran que solo en el departamento de Santa Bárbara existen más de 90 concesiones mineras, lo que significa que aproximadamente el 90% del territorio santabarbarense está mapeado para presencia de empresas mineras.
Las autoridades de Ceguaca, dicen que en ese municipio existían al menos 4 concesiones mineras.
Lucha de las comunidades
Las organizaciones ambientales en Santa Bárbara en los últimos años han acompañado a las comunidades para que se organicen, se formen y puedan tomar acciones enmarcadas en la defensa del territorio.
Según Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), que municipios como Ceguaca se declaren libres de proyectos mineros es una respuesta de autonomía, de la consulta previa y del derecho ciudadano a decidir qué hacer y qué no hacer en sus territorios.
Señala que la misma es un llamado a poner atención al extractivismo que solo genera pobreza y destrucción.
“Es un paso del trabajo que se viene realizando desde el Movimiento Ambientalista Santabarbarense, desde el Copinh, desde los sectores campesinos que han informado a las comunidades sobre el impacto que genera la minería en sus territorios, cultivos y poblaciones”.
Con la reciente declaratoria de Ceguaca, suman ya seis municipios del departamento de Santa Bárbara que se han declarado libres de minería.
Anteriormente lo habían hecho los municipios de Trinidad, San Nicolás, El Níspero, Santa Bárbara, Gualala.
Represtantes de nueve comunidades llevan diez meses esperando respuesta de las autoridades conforme a la Ley de autodeterminación de los pueblos. El día miércoles 2 de septiembre de 2015, la Corporación Municipal de Choluteca celebró la sesión de Cabildo Abierto, solicitado por las comunidades de Hatillos N.2, Guanacastillo, Agua Caliente de Pavana, Barrancones, Planteles de […]
Los pobladores y ambientalistas de la comunidad de Azacualpa, La Unión, departamento de Copan, están resistiendo a una transnacional, porque quiere quitarles el cementerio en donde yacen los restos de sus familiares, ya que en ese lugar existen yacimientos de oro.
La empresa de nombre MINOSA , minerales de Occidente funciona con fondos canadienses de Aura Minerales, posee una concesión minera, pero aun no le han dado el permiso ambiental pero quiere obligar a los habitantes de ese lugar que saquen a sus muertos de las tumbas, para obtener el permiso.
Para Orlando Rodríguez la sola idea de exhumar el esqueleto de su pariente le produce un profundo dolor, manifestó que tuvieron una reunión en el cementerio, en donde la gente se sentó junto a las tumbas, para escuchar la información de lo que quiere hacer la minera; a lo que se oponen rotundamente.
Es el único cementerio que tiene la comunidad para llorar a sus desaparecidos en vida. Rodríguez recordó que desde hace años que se extraen minerales de la mina, lo hacían de manera artesana, pero que con los adelantos de la tecnología han ido introduciendo maquinaria que lo único que hace es destruir y contaminar el ambiente, porque su comunidad queda sobre una montaña.
Otro de los problemas manifiestos en la comunidad es que por la explotación a cielo abierto, necesitan quitar el cementerio para sacar los minerales que yacen bajo los difuntos y la gente no está de acuerdo.
“Dicen ellos que se van a llevar a los muertos para otro lado, las personas están en desacuerdo”, dijo Rodríguez.
El ciudadano informó que quizás esa sea una de las concesiones más grandes del país, porque poseen vastos recursos, “les interesa porque hay mucho dinero, son miles de onzas de oro que sacan y el problema es que creen que la vida de la mina esta debajo del cementerio”.
La comunidad tiene la esperanza que el hecho de que MINOSA no consultó con la población podría ayudarles a conservar a sus seres queridos enterrados en el lugar que decidieron sembrarlos para que descansen la paz eterna; “ellos tienen que respetar las opiniones, los restos son de las familias, nadie puede disponer de ellos sin consultarles a los familiares”.
Quinientas familias se están viendo afectadas con esta situación “lo que provoca una preocupación a la empresa, porque mientras estén los restos, no les pueden dar el permiso ambiental”, indicó Rodríguez.
Antecedentes
El Estado de Honduras otorgó en 1983 a la empresa Minerales de Occidente, MINOSA, más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales, principalmente oro. La concesión está ubicada entre las comunidades de San Andrés, San Miguel y Azacualpa.
Desde inicios del año 2012 MINOSA quiere acaparar las tierras del cementerio ubicado en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copan. El cerro del cementerio es rico en minerales, razón por la que esa empresa quiere adueñarse de esas tierras.
Estas comunidades se encuentran ubicadas en lo más alto de la montaña y la empresa minera quiere explotar los minerales sin la autorización de las mismas.
En enero del 2015 la municipalidad de La Unión, Copán, realizó un cabildo abierto donde las comunidades rechazaron la explotación del cerro del cementerio, sin embargo la empresa minera valiéndose del poder económico que tiene no validó la voluntad de la población.
Actualmente, producto de la persecución emprendida por la minera, hay 26 pobladores que enfrentan procesos judiciales, 23 de ellos desde el año 2014 y tres líderes más a partir de noviembre 2015.
En esa última fecha la población de Azacualpa decidió tomarse la entrada principal al cerro del cementerio para evitar que la empresa continuara con la explotación minera.
Honduprensa 