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Honduras: El AVA-FLEGT, los REDD y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

El pasado 30 de marzo, el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) introdujo al Congreso Nacional a través del diputado Rafael Alegría, un anteproyecto de…

Origen: Honduras: El AVA-FLEGT, los REDD y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

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Millones de hectáreas deforestadas en Honduras durante 40 años

Millones de hectáreas deforestadas en Honduras durante 40 años

En los últimas 40 años se han deforestado 1.7 millones de hectáreas de bosque en Honduras que equivale a toda la superficie del departamento de Gracias a Dios, según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Paras estas organizaciones el país está enfrentando un fuerte problema de deforestación y degradación de sus áreas forestales, ya que estudios de evaluación del 2005 estiman que entre 46,000 y 67,000 hectáreas se pierden anualmente por el avance de la frontera agropecuaria y la tala ilegal, especialmente en bosques latifoliados.

Para afrontar la problemática, la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna-MiAmbiente) y el ICF, lideran una estrategia para frenar la deforestación y la degradación forestal a través del mecanismo conocido como REDD+.

REDD+ es un proyecto financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, siglas en inglés), del Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La alianza global promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de bosques, que aceleran el cambio del clima y para ello ayer se entregó un lote de equipo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB).

Esta será una herramienta útil para la formulación de políticas, el desarrollo de estrategias, programas y acciones que permitirán reducir la deforestación y fomentar el manejo forestal sostenible de los bosques hondureños, incluyendo todas las actividades que serán definidas para formar parte de la estrategia REDD+.

En la entrega del equipo participaron el ministro de Serna-MiAmbiente, José Galdámez; la representante del PNUD, Consuelo Vidal, y el director ejecutivo del ICF, Misael León Carvajal. (YB)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/07/23/millones-de-hectareas-deforestadas-en-honduras-durante-40-anos/

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Aumenta la presión: La Vía Campesina y sus aliados desafían el capitalismo climático

 

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“No tiene absolutamente nada de inteligente”, afirma en un trascendental taller sobre agricultura climáticamente inteligente celebrado en Lima Jean-Baptiste Chavannes, líder haitiano de La Vía Campesina que se ocupa de la coordinación del trabajo del movimiento sobre cambio climático. “La crisis climática tiene su origen en el sistema económico capitalista, que también está en crisis”, explica. “Los empresarios están intentando salir de esta situación y, para ello, implantan el capitalismo verde, que se caracteriza por la agricultura climáticamente inteligente.
Un nuevo informe de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirma de manera irrefutable lo que muchos científicos habían predicho: 2014 ha sido oficialmente el año más caluroso del que se tiene registro. Y el año pasado no ha sido una anomalía, los 10 años más calurosos de los que se tiene constancia han tenido lugar a partir de 1998. Este anuncio se suma a la urgencia expresada el mes pasado en Lima, donde líderes políticos y magnates de todo el mundo se reunieron en la vigésima sesión anual de la Conferencia de las Partes (COP 20) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El encuentro en Perú fue histórico porque se trataba de la última ocasión en la que este órgano decisorio se reunía antes de la COP 21, que se celebrará el próximo diciembre en París y en la que se firmará un acuerdo internacional vinculante sobre el clima.
 Sin embargo, los movimientos cada vez más amplios de quienes se hallán en primera linea de la alteración climática sostienen que las soluciones políticas de alto nivel pregonadas en instancias como la COP no son sino falsas promesas que excluyen a las voces marginadas. La Vía Campesina es probablemente el más destacado de estos movimientos, ya que representa a más de 250 millones de personas campesinas, ganaderas e indígenas de todo el mundo. La Vía Campesina, junto con sus aliados, que incluyen desde organizaciones de trabajadores hasta redes medioambientales, organizó en Lima la Cumbre de los Pueblos, su propia versión del proceso de la COP 20, para promover soluciones a la crisis climática desde las bases y refutar la naturaleza excluyente de las negociaciones oficiales impulsadas por el sector empresarial.
La COP 20 promovió intensamente dos políticas: la Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés) y la agricultura climáticamente inteligente. El objetivo de ambas es reducir la temperatura gobal mediante el comercio de emisiones de carbono. A primera vista, REDD y la agricultura climáticamente inteligente parecen ser actuaciones loables, sobre todo, porque sus nombres ofrecen una imagen de aparente respeto por el clima. No obstante, bajo ese barniz, estos programas generan el caos en unos ecosistemas que ya son muy inestables y menoscaban los medios de subsistencia de las personas humildes.
Tomemos como ejemplo REDD. En pocas palabras, REDD permite que los países industrializados ricos y las corporaciones sigan contaminando mediante la compra de bosques en los países del Sur para compensar el carbono que sus actividades en otros lugares del planeta emiten a la atmósfera. Estos bosques, gestionados cuidadosamente durante generaciones por los pueblos indígenas, se incorporan al mercado, lo que a menudo desemboca en el desalojo forzoso de estas comunidades. Para empeorar las cosas, REDD no distingue entre bosques naturales y plantaciones industriales de árboles, lo que conlleva que con frecuencia su aplicación ocasione pérdidas masivas de biodiversidad.
“Ninguna excusa es válida para transformar la naturaleza en mercancía”, declara Tom Goldtooth, director de la Red Ambiental Indígena, con sede en Estados Unidos y Canadá, que trabaja en estrecha colaboración con La Vía de Campesina. Ambas organizaciones se oponen a REDD y trabajan conjuntamente en espacios como No REDD in Africa Network. Goldtooth habló con autoridad en la Cumbre de los Pueblos en Lima, donde advirtió del carácter interrelacionado del imperialismo, la militarización y las estrategias basadas en el mercado. “Estamos en contra de la OMC del cielo”, concluyó.
La agricultura climáticamente inteligente, otra piedra angular de la estrategia en los trabajos de la COP, retoma básicamente los principios de REDD y los aplica a las tierras cultivables. Entre el 44 y el 57 por ciento del conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la producción alimentaria, y la inmensa mayoría de éstas son resultado directo de prácticas agricolas industriales que despilfarran los recursos. La agricultura climáticamente inteligente se fundamenta en los elementos característicos de la Revolución Verde —semillas modificadas genéticamente, pesticidas químicos y fertilizantes artificiales, en nombre de la intensificación y la productividad— para imponer a los campesinos y campesinas de todo el mundo nuevos productos biotecnológicos, generando así una nueva ola de dependencia de los mercados. Como en el caso de REDD, los inversores del hemisferio norte recibirán créditos de carbono por participar en proyectos de agricultura climáticamente inteligente que se desarrollen en los países del Sur, lo que aumentará la especulación en el sistema alimentario al incrementar su rentabilidad.
“No tiene absolutamente nada de inteligente”, afirma en un trascendental taller sobre agricultura climáticamente inteligente celebrado en Lima Jean-Baptiste Chavannes, líder haitiano de La Vía Campesina que se ocupa de la coordinación del trabajo del movimiento sobre cambio climático. “La crisis climática tiene su origen en el sistema económico capitalista, que también está en crisis”, explica. “Los empresarios están intentando salir de la crisis y, para ello, implantan el capitalismo verde, que se caracteriza por la agricultura climáticamente inteligente.”
La consigna de la Cumbre de los Pueblos en Lima —”Cambiemos el sistema, no el clima”— se mantendrá durante este año y hasta la COP 21 de diciembre en París, donde, de nuevo, volverá a desarrollarse otra Cumbre de los Pueblos en paralelo a las negociaciones oficiales. La Vía Campesina y su sólida red de aliados están comprometidas con sus alternativas rompedoras, particularmente con la soberanía alimentaria y la agroecología.
La soberanía alimentaria asume el principio fundamental de que los trabajadores y trabajadoras rurales y sus homólogos urbanos —no las instituciones del mercado ni las empresas— son quienes deben determinar el sistema alimentario mundial. La agroecología y establecer mercados locales siguiendo métodos ecológicos que se basan en conocimientos ancestrales de probada eficacia son las prácticas fundamentales para lograr la soberanía alimentaria. Mediante este proceso, el carbono es absorbido por el suelo, lo que contribuye a frenar los patrones del calentamiento global al tiempo que se protege el derecho a la tierra. “La agroecología puede duplicar la producción de alimentos en regiones enteras en un plazo de diez años y, simultáneamente, mitigar el cambio climático y reducir la pobreza rural”, afirma Olivier de Schutter, ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, tras presentar su  informe ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2011.
REDD y la agricultura climáticamente inteligente son programas experimentales con consecuencias irreversibles para el medioambiente, mientras que la soberanía alimentaria y la agroecología respetan los sistemas naturales del planeta. “La soberanía alimentaria es nuestra lucha contra el capitalismo y contra el modo en que conforma nuestras tierras”, declara  la representante del  Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil, Nivia Regina da Silva. El MST es miembro fundador de La Vía Campesina que, entre otras iniciativas, dirige escuelas de formación política y de agroecología por todo el país. Junto con otros miembros y aliados de La Vía Campesina, el MST organizó la animada conferencia sobre soberanía alimentaria que constituyó uno de los ejes centrales de la Cumbre de los Pueblos en Lima.
“La agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfríar el planeta”, asevera Jean-Baptiste. El activismo de La Vía Campesina en relación con el clima es parte integral de su obligación de representar a las personas más afectadas por la injusticia del sistema. Y este año, al tiempo que se siguen desarrollando las negociaciones de alto nivel, el movimiento y sus aliados se asegurarán de que cada vez más aumente la presión./Fuente: Vía Campesina

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Zedes o Ciudades Modelo: ¿solución o más deterioro para Honduras?

Dic 08, 2014

¿Cómo un país tan rico en bienes naturales, puede tener una población tan empobrecida? Ésta, es una interrogante que nos llama a la reflexión y que las Radios Comunitarias Populares y Alternativas de Honduras en el sur del país, están sonando con mucha fuerza, para hacerle frente a una amenaza real llamada Zedes, Zona de Empleo y Desarrollo Económico.

El Golfo de Fonseca, un lugar fértil, hermoso, diverso, con gente trabajadora y luchadora, está nominado para ser la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico en el país, y según sus estatutos, la primera en el mundo.

En el mes de octubre de 2014,  la Agencia de Cooperación de Corea Koica en Honduras,  nominó a tres municipios del departamento de Valle, con salida al océano Pacífico para convertirlos en una Ciudad Modelo. Un instrumento económico que según algunos analistas atenta contra los bienes naturales y la vida de la población.

Las Ciudades Modelo primero llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y ahora Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zede) son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y con autonomía propia. A pesar que algunos sectores enérgicamente se oponen.

Este modelo económico extractivista impuesto por el Gobierno, originalmente nació como decreto legislativo nº 283-2010 y ratificado bajo el decreto  nº 4-2011. Actualmente son, “Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede)”.

En la zona sur de Honduras está ubicada la isla de Amapala, donde se llega por medio de lancha cruzando el océano Pacifico. En los alrededores de la isla se ven las casas de los ricos y famosos de Honduras, empresarios y políticos que se han tomado algunas islas y playas para construir sus mansiones,  las cuales utilizan solo para vacacionar dos o tres veces al año.

De las ciudades del sur del país, Amapala es una de las más olvidadas, los habitantes logran hacer sus lempiras en época de verano porque llegan muchos turistas, el resto del año cuesta conseguir dinero para sobrevivir, nos compartieron varios habitantes de la isla que cuentan con pequeños negocios y que tienen que viajar a Tegucigalpa a comprar sus productos, donde gastan más de 400 lempiras solo en pasajes, más un día de viaje. Por esta razón en Amapala la vida resulta muy cara.

El sur hondureño es hermoso. Cuenta con montañas verdes  y con abundancia de animales, entre ellos el venado de Cola Blanca, símbolo nacional. Es un lugar seguro según manifiestan sus habitantes que en su mayoría son personas adultas,  porque los jóvenes han migrado para otras ciudades y para el extranjero en busca de trabajo y estudio.

Desde aMecate Corto, tuvimos la oportunidad de conversar con varias personas dueñas de negocios a la orilla de las playas de Amapala. Al referirse al tema de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, Zedes o ciudades modelo, afirma que es un proyecto del cual tienen poca información, sin embargo creen que las ciudades modelo son un proyecto que beneficiará únicamente a los ricos.

Las Zedes dejan muchas dudas en la población. ¿Qué pasará con el territorio hondureño? ¿Habrá empleo para los hondureños y hondureñas en las Zedes?, ¿Quiénes serán los beneficiados con las Zedes? o ¿Qué podemos hacer para evitar la instalación de las Zedes en nuestro territorio? Son las preguntas más frecuentes que se escuchan en el sur.

“Se vende un país portátil” como dice la canción y Juan Orlando. 

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ha encargado de promocionar las Zedes como la gran idea de un proyecto que sacará a Honduras del subdesarrollo. Actualmente en este país centroamericano, 8 de cada 10 pobladores viven con 1 dólar diario y no tienen acceso a los servicios básicos para el desarrollo humano.

En su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en el mes de octubre de 2014, en el marco del Foro Mundial por el Desarrollo, Hernández puntualizó:

“Honduras hizo una reforma a la constitución para crear una de las mejores plataformas en el mundo para inversión y empleo, muy innovadora, me refiero a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, más conocidas como Zedes. El modelo Zede de Honduras no es otra zona económica más como las 3 mil 500 existentes en el mundo, la nuestra es muy diferente porque es integral, es una jurisdicción de cuatro dimensiones: la legal, la económica, administrativa y política”.

Hace un par de meses, Koica donó al gobierno nacional, un estudio de factibilidad valorado en 4 millones de dólares, según el alcalde de Amapala, Santos Cruz, quien también ha participado en los preparativos de lo que sería la primer Zede o Ciudad modelo, como se le llamó en un momento. Este estudio de factibilidad aún no ha sido presentado a los alcaldes involucrados de los municipios de interés: Alianza, Nacaome y Amapala en Valle, al sur de Honduras.

Fernando García, economista quien se ha dedicado a revisar la ley de Zedes desde su primera iniciativa, concuerda con Hernández en que estas zonas serán únicas en el mundo.

García asegura que son únicas en el mundo porque nunca, voluntariamente, ningún país cedería los tres elementos fundamentales del Estado: el territorio, el poder político y la población.

“Las Zedes, conforme a su ley orgánica permiten, facultan y determinan que en ellas,  el comité de las mejores prácticas y  el secretario técnico tendrán totalmente autoridad y potestad jurídica para establecer una forma paralela a los poderes del Estado y una intromisión directa al Poder Judicial en base a sistemas jurídicos que no son propios de Honduras, particularmente del Common Law del sistema anglosajón con lo cual vemos que se violentan los elementos fundamentales de un Estado democrático de derecho: la población, el territorio y la forma de gobierno”, explica el economista.

Otra preocupación que embarga a la ciudadanía es el tema de la expropiación y despojo de sus tierras. La ley orgánica faculta al comité de las mejores prácticas (el mini gobierno) para que expropie el terreno de particulares, a través de varias estrategias, una de ellas los impuestos que podrán ser determinados por este comité. También este comité podrá determinar zonas de ampliación sin pasar por la aprobación de los poderes del Estado de Honduras.

Un sur  que lucha y resiste

Desde hace muchos años, los pobladores pobres del departamento de Valle, han permanecido en una lucha permanente por defender la tierra. Amapala está dividida en dos: la isla del Tigre y la península de Zacate Grande. En esta última, el 99% de las tierras no están tituladas y tampoco reconocidas por el Estado como tierras ejidales. Esto ha desatado un conflicto grave, ya que hace unas dos décadas llegaron empresarios de apellido Facussé, Atala, Nasser, Corrales, Malespín, entre otros, a comprar estas tierras en un proceso sin transparencia y a despojar a los nativos de las mismas.

El artículo 23 de la Ley de Pesca,  dice que las playas son de uso público y que no pueden ser privatizadas, pero en el sector de Coyolito, las playas ya tienen dueño y los habitantes las distinguen por los nombres y apellidos de los políticos y millonarios de este país. Hoy Zacate Grande cuenta con 59 playas, 40 de ellas son privadas.

La Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande ADEPZA, es uno de los movimientos más fuertes que acompaña a la población que se resiste a la venta del territorio nacional y que está al frente de la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande.

Pedro Canales, representante de ADEPZA, dice que los campesinos organizados no están en contra del progreso, ellos quieren desarrollo, pero que sea integral, que se respeten los derechos de las poblaciones pobres, que se les otorgue el derecho a la tierra y que haya en el país políticas económicas para que estos pueblos salgan de la pobreza y tengan una vida digna, que se respeten los bienes naturales en las comunidades y que no los conviertan en negocio.

“Aquí en Amapala tenemos alrededor de 25 años que vinieron los ricos y famosos y no ha habido desarrollo aún con tanta riqueza aquí, las playas hermosas, ¿cuál desarrollo? lo mismo sucederá con las Zedes, que es simplemente la venta del territorio. Estos mismos ricos son los que promueven las Zedes, ellos no serán afectados, más bien será beneficiados”, explicó Canales.

Para Canales, las Zedes donde las hagan causarán daño, en la Isla del Tigre hay mucha gente pobre que vive de los pequeños cultivos que hacen en sus parcelas. “Yo le preguntaría al alcalde si deciden construir un centro de almacenaje en la Isla del Tigre, ¿dónde se va a ir esta gente? Habrá migración, ya que esta población no tendrá suficiente de dinero, nosotros hemos llegado a la conclusión de que esto viene a empobrecer más a las familias de la zona.”

Canales desea el desarrollo de su gente y propone al gobierno que impulse proyectos para fortalecer la pesca, el turismo con playas públicas, que le apueste a lo que ahora hace la gente para sobrevivir.

Como resultado de la lucha que ha mantenido ADEPZA, más de 30 personas de Zacate Grande, han sufrido encarcelamientos, enjuiciamientos, amenazas a muerte, hostigamientos, por su compromiso en defensa de la tierra y los derechos humanos.

A una sola voz: “Honduras no se vende, se cuida y se defiende”

Para continuar con la defensa de los bienes naturales, el pasado mes de noviembre varias representantes de radios comunitarias de la zona sur del país, se reunieron en la isla de Amapala, Valle, con el objetivo de trabajar una campaña de sensibilización “Honduras no se vende, se cuida y se defiende”.

Esta campaña busca llegar a la población infantil, joven y adulta para que defiendan la tierra donde viven y de donde se sacan sus alimentos. Asimismo para exigir al Estado que el sur necesita un desarrollo integral y no un proyecto que los arrincone y que violente más sus derechos humanos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/1505-zedes-o-ciudades-modelo-%C2%BFsoluci%C3%B3n-o-m%C3%A1s-deterioro-para-honduras?

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Honduras, las réplicas del golpe de Estado y la desaparición de los Derechos Humanos

Para el pueblo Garífuna el golpe de Estado del año 2009 y sus réplicas, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, además de haber incrementado las amenazas sobre nuestro territorio, colocando en duda la sobrevivencia del pueblo Garifuna como cultura diferenciada.

Cuando nos referimos a las replicas del golpe de estado, señalamos el golpe a la corte constitucional (I2-12-12), y la intervención en el Ministerio Público. Estos hechos fueron minimizados por el mismo Estado y los medios de comunicación locales; sin embargo ha generado un debilitamiento trascendental del sistema de justicia, destruyendo además la independencia de poderes, y aferrando a un grupúsculo de la elite de poder, como cuasi propietarios del país.

El golpe a la Corte de lo Constitucional fue una repuesta por parte del Poder Legislativo ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), con la cual se pretendió entregar franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros para crear estados-ciudad con sus propias leyes y manejo de la seguridad.

El pleno de la Corte Suprema se pronunció en contra de la Ley RED el 18 de octubre del año 2012, y para el 12 de diciembre el Congreso Nacional defenestro a los magistrados de la Corte Constitucional que se opusieron, siendo excluido de la purga que se llevo a cabo, el Sr. Oscar Chinchilla, quien votó en contra del fallo emitido. En la actualidad Chinchilla ejerce el cargo de Fiscal General de la República.

La Ley RED fue maquillada, reintroducida y aprobada en junio de 2013, con el nombre de Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE). La nueva versión incluye la tercerización de Justicia como un aliciente para atraer presuntos inversionistas. Con la Ley RED, se firmó un convenio para que las supuestas ciudades modelo utilizaran las cortes de la isla de Mauricio e incluso las cortes de Londres. Los promotores y supuestos ideólogos de las ZEDE, persisten en promover la tercerización de los tribunales como una vía para lograr una aplicación expedita de la justicia y una supuesta probidad.

Durante el mandato de Porfirio Lobo, además de la Ley RED se aprobarón una serie de leyes, tales como la Ley Hipoteca, la Ley de Minería, y una serie de decretos sobre producción de energía “limpia”, entre otras. Dichas leyes han generado un severo impacto para los pueblos indígenas, los que ven sus territorios transgredidos por empresas extractivas y la construcción de un sinnúmero de represas hidroeléctricas. Cabe señalar que se firmó además de forma inconsulta un Convenio con la empresa Británica BG para la exploración y posible explotación de hidrocarburos en la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña.

La mayor problemática que confrontamos como pueblos, es el embate de un desarrollo de corte neoliberal, basado en la acumulación de capital, sin tener en cuenta nuestra comosvisión la íntima relación que existe entre nuestro pueblo y la madre tierra. La mayoría de los proyectos de “desarrollo” que han surgido después del golpe de Estado, se han convertido en intervenciones que no han tomado en cuenta el derecho a la consulta para el consentimiento, previo libre e informado (CPLI), tal como se encuentra consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instrumentos jurídicos que fueron ratificados por el Estado de Honduras en año de 1995 y 2007 respectivamente.

Después de casi dos décadas de haber ratificado el convenio 169, el Estado ha incurrido en una deliberada actitud de ignorar el Pacta Sun Servanda, al no adaptar las leyes nacionales al Convenio 169, tal como lo indica el Tratado de Viena (1969). Es más el Estado viene pretendiendo diluir el Convenio 169 con una Ley indígena, de carácter secundario que se encuentra en discusión desde hace más de una década en el Congreso Nacional, al mismo tiempo que el PND manipula la elaboración de una Ley para la Consultada en el marco de los Programa RED+

La renuencia de las diferentes administraciones gubernamentales para respetar el CPLI, ha dado lugar a múltiples violaciones al Convenio 169 y la UNDRIP, especialmente a partir del golpe de Estado. Desde la inconsulta represa del Patuca, pasando por las represas en el territorio Lenca, y la entrega de la plataforma marítima para la exploración petrolera, y el Programa REDD+, son los más connotados casos de violación al CPLI.

Hasta la fecha el Estado persiste en confundir socialización con la consulta, convirtiendo los procesos en farsas. El caso del petroleó demuestra el entreguismo de funcionarios estatales, al firmar un contrato con la compañía BG en el mes de abril de 2103, ratificado por el Congreso Nacional en el mes de agosto y para septiembre efectúan una consulta en Puerto Lempira, donde el pueblo Miskito manifestó su malestar ante la consulta a posteriori.

De igual manera maniobró el Estado con la Ley de Pesca, la cual fue discutida con empresarios de la pesca industrial y algunas cooperativas de pesca. No obstante la Ley no fue socializada y mucho menos consultada con los pescadores artesanales y de sobrevivencia, mayoritariamente Miskitos y Garífunas. Dicha ley afectará enormemente a los pueblos, al permitir la entrada de los barcos camaroneros en la franja de las tres millas costeras que son reconocidas como santuario del pescador artesanal.

La ofensiva territorial sobre el territorio Garifuna, ha sido presentada por el Estado como una estrategia de “desarrollo”, que incluye desde la implementación de mega proyectos turísticos, hasta la explotación petrolera. El territorio del pueblo Garifuna ha sido objeto en las ultimas décadas de un saqueo incesante, ante los múltiples proyectos turísticos que se vienen gestando desde inicios de la década de los años 90 en la Bahía de Tela y se agudizarón durante el período del denominado intinerato, en los meses posteriores al golpe de Estado, cuando fue demolida la comunidad de Río Negro, Trujillo, a instancias del empresario canadiense Randy Jurgenson, el que construyó un muelle y un centro turístico denominado Banana Coast.

Ante los despojos territoriales en detrimento del pueblo Garífuna, las comunidades con el acompañamiento de la OFRANEH, han presentado una serie de peticiones ante la CIDH, y en la actualidad se ventilan dos casos ante la Corte IDH, en relación a las comunidades de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, las que incluyen además de las violaciones al derecho del usufructo a la propiedad colectiva, la transgresión al CPLI.

Al mismo tiempo que la Corte IDH realiza dos audiencias en relación al despojo de las comunidades Garífunas, en el lapso de tres semanas se efectúan tres desalojos de comunidades Garífunas: Barra Vieja, Nueva Armenia y Puerto Castilla, demostrando de esta forma el contubernio existente entre Ministerio Público, empresarios turísticos y de la palma africana.

El estado paralelo que ha impuesto el crimen organizado forma parte del colapso institucional y uno de los factores que ha servido como catalizador de la violencia. Mientras tanto, grupos con un enorme poder financiero han colaborado con el persistente ambiente de terror que ha dado lugar a desplazamientos poblacionales, los que culminaron con la estampida de miles de menores de dad que emigraron en masa hacia los Estados Unidos.

Hablar de la protección a los derechos humanos en Honduras no es más que una mentira en un mar de sangre que a pesar del forzado maquillaje a la crisis existente, no deja de ser un ejercicio de demagogia sin precedentes.

Comunidad Garifuna de Sambo Creek, 3 de Diciembre del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/12/04/honduras-las-replicas-del-golpe-de-estado-y-la-desaparicion-de-los-derechos-humanos/

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Honduras: REDD+, Despojos Territoriales, y la Intervención del PNUD en la Elaboración de la Ley de la Consulta de los Pueblos Indígenas

La supuesta elaboración de un anteproyecto de Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), auspiciada por el PNUD en Honduras, demuestra la urgencia en maquillar la farsa que se ha venido implementando con el próposito de entregar los remanentes del bosque en Honduras; situación que se perfila como una de las mayores amenazas para los pueblos indigenas del planeta.

La entrada en vigor del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés) en Honduras, sucede al mismo tiempo que afloran las denuncias sobre los despojos territoriales cometidos en África en nombre del Programa en cuestión.

En el pasado mes de enero, el pueblo Sengwer de Kenia, fue expulsado de su territorio ancestral, el bosque Embobut de las montañas Cherangany, por el Servicio Forestal de Kenia, los agentes estatales incendiaron más de mil casas afectando a unos 15 mil indígenas.

A pesar de las denuncias interpuestas desde el 2007, en el presente año se recrudeció el caso de los Sengwer, quienes fueron acusados de ser invasores de su propio territorio. El pueblo Sengwer no es el primero en ser expulsado de los bosques en Kenia. Años atrás el pueblo Ogiek sufrió una suerte similar, al ser relocalizado fuera del bosque Mau, su territorio ancestral, por un programa relacionado con los REDD+.

Un informe del Forest People Programa indica la participación del Banco Mundial en el desalojo de los Sengwer, violando de esta forma tanto las propias operativas del B.M. como las Salvaguardas REDD, creadas estas últimas con el supuesto propósito de proteger a los pueblos indígenas de posibles desmanes en la implementación del programa.

La falta de información y claridad sobre el funcionamiento del mercado de cuotas de carbono y las complejas reglas del Programa REDD, dificulta la toma de decisiones por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, quienes en muchas ocasiones son excluidas de las negociaciones, o simplemente son representados por “líderes” ajenos a las comunidades, generando un sinnúmero de estafas y creando las condiciones para posibles desalojos.

Para supuestamente evitar atropellos en la implementación de los REDD+ se crearon las salvaguardas, las que aparentemente no son más que papel mojado, tal como lo demuestra la experiencia de los pueblos Sengwer, Okiek en Kenia.

Los REDD+ y el derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado

El pasado mes de agosto se inició la implementación del Plan Estratégico del Programa REDD en Honduras, el cual es un indicador de la ausencia al respeto del Derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado, por parte de Naciones Unidas y el Estado de Honduras.

Mediante el diseño de un supuesto plan de acción de cinco años, “con el objetivo de prepararse para acoger un futuro mecanismo REDD+ Internacional”, Naciones Unidas impulsó la elaboración de un documento R-PP (Readiness Preparation Proposal por sus siglas en inglés) para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial.

La elaboración del R-PP no fue participativo, al contrario se excluyeron las organizaciones indígenas que han criticado de alguna forma la implementación de los REDD en Honduras y las posibles consecuencias en relación a nuestros territorios.

La OFRANEH desde el año 2013 señaló al Estado de Honduras y Naciones Unidas por haber violado el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRP por sus siglas en inglés), instrumentos jurídicos firmados y ratificados por el Estado, en los cuales se encuentra consignado el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.

La ausencia de transparencia en la conformación de la Mesa indígena y Afro hondureña de cambio Climático (MNICC), forma parte de la estrategia del Estado de Honduras de excluir organizaciones no afines al grupúsculo de oneges supeditados a los gobiernos de turno.

En las notas enviadas al FCPF el 12 de mayo y el 23 de septiembre de 2013, la OFRANEH fue enfática en señalar el peligro que cobija el Capítulo III de la Ley de Propiedad, creada a instancias del Banco Mundial y en la que en su artículo 100 permite la disolución de los títulos comunitarios otorgados por el estado a los pueblos indígenas. El estado con la implementación de la Ley de Propiedad ignoró el CPLI, tal como indicó el Panel de Inspección del Banco Mundial

En las correspondencias enviadas al BM y al ONU-REDD se denunció además la inclusión en el primer RPP la OFRANEH y la posterior desaparición del documento a partir del 2013, cuando fuimos sustituidos por un individuo que no ha sido designado por el pueblo Garifuna para representarlo en dicha Mesa Indígena y Afro hondureña de Cambio Climático.

El RPP indica la existencia de un borrador de Ley de la Consulta Previa (septiembre, 2013), que no ha sido consensuado con todos los pueblos, y el que hasta la fecha es imposible de acceder en la internet, como lo señala un estudio denominado “El Consentimiento Previo, Libre Informado en el Proceso Nacional de Preparación para REDD+ en Honduras”.

La actitud de los funcionarios de Naciones Unidas infringe las Directrices sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado del Programa ONU- REDD, las que supuestamente se fundamentan en el Convenio 169 y de la misma UNDRIP

REDD+ y la imposibilidad de la aplicación de las Salvaguardas en Honduras

En una Evaluación del Sector Forestal de Honduras, REDD y los Mecanismos de Resolución de Disputas, de fecha de 2013, saca a relucir la enorme problemática existente en el país en materia de tenencia de tierra. El documento en relación a los pueblos indígenas sugiere “la búsqueda de un acuerdo para definir las tierras ancestrales”, situación que hasta la fecha es un sueño en Honduras ante el irrespeto que existe en relación al reconocimiento de los territorios ancestrales, además del nocivo capítulo III de la Ley de Propiedad.

En relación a la sugerencia de la creación de mecanismos de resoluciones de conflictos, basta recordar la fragilidad del Estado de ley en el país y el entreguismo de los funcionarios públicos a los grupos de poder fáctico del y al capital transnacional.

El R-PP menciona la injerencia del narcotráfico en la Moskitia y el incremento en la deforestación para la construcción de pistas clandestinas. Ciertamente es un hecho, pero existe algo más que deforestación y es el estado fallido inducido que se da en todo el país y el control de franjas de territoriales a manos de grupos relacionados con el crimen organizado, el que ha permeado desde el aparato de justicia hasta las fuerzas de seguridad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el pueblo Garífuna

En una audiencia efectuada el pasado 20 de mayo sobre la comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz, versus el Estado de Honduras, en la lista de reparaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a los jueces incluyó entre otras“Establecer, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.” además de Adoptar un recurso eficaz y sencillo que tutele el derecho de los Pueblos Indígenas de Honduras a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales y que permita proteger dichos territorios ante acciones de parte del Estado o terceros que infrinjan su derecho de propiedad.

La actitud asumida por ONU-REDD de desestimar la participación del pueblo indígena Garífuna en el proceso de crear un marco jurídico en relación al CPLI, demuestra precisamente la mala fe de los funcionarios que vienen acompañando ese proceso.

La violación al CPLI en Honduras esta llegando a extremos, tal como se demuestra en la entrega de la plataforma marítima de la Moskitia a la compañía petrolera británica BG, procediendo la fenecida Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) a efectuar una socialización tardía a la que denominan consulta. Algo similar aconteció con la recen aprobada y nociva Ley de Pesca, la que no fue consultada con el pueblo Garifuna.

Los cambios que esta fraguando el Banco Mundial en relación a su salvaguardas para los pueblos indígenas, implica un enorme retroceso que nos coloca alerta ante la posibilidad de los estados nación de descartar el procedimiento de consulta previa, situación que genera enormes perdidas de los derechos obtenidos en las últimas décadas. Los proyectos REDD+ con los futuros cambios de las operativas del Banco se convierten aun más en una verdadera amenaza.

La elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta Previa excluyendo a las organizaciones que hemos venido defendiendo nuestros territorios y biodiversidad, y utilizar a una confederación progobiernista que no defiende los intereses de los pueblos indígenas; que al contrario en los últimos años ha estado al servicio de los organismos financieros internacionales y corporaciones multinacionales, da lugar a un engendro de Lelo que condena a nuestros pueblos al exterminio.

Sambo Creek 15 de Octubre del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/10/16/honduras-redd-despojos-territoriales-y-la-intervencion-del-pnud-en-la-elaboracion-de-la-ley-de-la-consulta-de-los-pueblos-indigenas/

 

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El CEAL, el Golpe de Estado y las Ciudades Modelo

Los líderes del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) acompañados de reconocidas figuras de la ultraderecha, se reunieron el pasado jueves 20 de marzo, en Miami, Bahía de Tela, para promocionar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidas como Ciudades Modelo.

Los empresarios hondureños aglutinados en el CEAL, promotores del golpe de estado del año del año 2009, son reconocidos en Honduras como parte de la elite de poder que han venido saqueando el país durante las ultimas décadas, convirtiéndolo en el lugar más violento del planeta y uno de los más pobres del continente.

“Desarrollo con equidad: la base de la paz social” fue contradictoriamente el lema del conclave de los empresarios neoliberales, los que vienen utilizando las alianzas publicas privadas, para finiquitar el estado-nación; repartiéndose los bienes públicos entre un reducido grupo de familias, las que desde el siglo XX han venido manejando a Honduras como su hacienda privada.

El conclave se dio en Indura Beach and Golf Resort, conocido anteriormente como Laguna de Micos & Beach Resort, paraje que hasta hace una década perteneció al pueblo Garífuna; y a pesar de ser una área protegida inscrita como humedal RAMSAR 722, fue parcialmente desecado para la construcción del complejo turístico y su campo de golf.
CEAL, Camilo Atala y el golpe de Estado del 2009
Camilo Atala, presidente del Banco FICOHSA y del CEAL, en el año 2009 desplegó una campaña de justificación de la defenestración de la democracia en Honduras; contratando firmas lobistas en Washington, entre ellas las empresas Orrick, Herrington& Sutcliffe LLP y Cormac Group, con el propósito de maquillar el golpe ante el Congreso de los Estados Unidos y los medios de comunicación. Entre los personajes contratados se encontraba Lanny Davis, figura íntimamente ligado al clan Clinton y el cual jugó un papel preponderante para legitimar al sátrapa de Roberto Michelletti.

Entre los miembros del CEAL se encuentra además el Presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Jesús Canahuati; el presidente del Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach; y el palmero de la muerte Miguel Facussé. Elementos implicados en la preparación del golpe, ejecución y lavado de imagen.

La intervención de la cúpula empresarial en los hechos ocurridos el 28 de junio del 2009, sirvió para consolidar el estado fallido inducido, el incremento de la violencia e iniciar la subasta del país a inversionistas extranjeros a través de un Poder Legislativo maniatado a los intereses de los grupos de poder el país.

La avalancha de leyes de corte ultra neoliberal aprobadas después del golpe, y durante la administración Lobo especialmente en su último mes en el poder, han dado lugar a una destrucción deliberada de la soberanía nacional, desconocida por los miembros del CEAL.

Las Ciudades Modelo y la Tercerización de Justicia.
Uno de los temas más publicitados de la reunión del CEAL, fue el de las Zonas de Empleo y Desarrollo Ecomico (ZEDE), nombre de la nueva ley que suplantó a la ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, la que fue declarada inconstitucional en octubre del 2012 y provocó el golpe del poder Legislativo al Judicial el 12 de diciembre del mismo año.

Como neoprofeta de las ciudades modelo, después del retiro de Paul Romer, aparece Mark Klugmann, controvertido asesor de los “nacionalistas” hondureños. Klugmann promueve la tercerización de justicia como la única forma posible de lograr dar el “salto” cualitativo en la administración de justicia, por medio de la entrega del aparato judicial de las zonas a subastar a países extranjeros.

La entrega del sistema de justicia de las ciudades modelo a los tribunales en el extranjero era un requisito estipulado por Romer y los libertarios de ultraderecha estadounidense para supuestamente poder atraer la inversión de capitales extranjeros. Klugmann desde la Universidad Francisco Marroquín preconiza la suplantación de los sistemas de justicia locales por cortes extranjeras, estrategia denominada LEAP. En el caso de la Ciudad Modelo en la administración Lobo, su sistema jurídico pretendió tercerizarlo a las corte de Mauricio y de Londres

Lobo promovió la entrega del territorio entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, franja que incluye 24 comunidades Garífunas, consideradas el santuario cultural de nuestro pueblo. Durante mas de tres años, las comunidades han venido sufriendo fuertes presiones territoriales desatadas por los rumores en relación a la ubicación de la ciudad modelo, los que fueron confirmados en septiembre del año 2012, cuando finalmente el Congreso Nacional indicó tres zonas del país para rematar al capital extranjero.

La subasta territorial y el ocaso de la soberanía nacional
El partido nacional desde su fundación se ha distinguido por una actitud paradójicamente antinacionalista, siendo los períodos en que han manejado las riendas del poder, caracterizados por la entrega del territorio nacional y la subordinación a las compañías bananeras.

Casualmente, un siglo después de la invasión a Honduras del magnate bananero Sam Zemurray y Manuel Bonilla, fundador del Partido Nacional; el Congreso Nacional aprobó las ciudades modelo, ratificando de esta forma la condición de república bananera en la que se encuentra sumida el país.

El grupo de empresario golpistas del CEAL y los “nacionalistas” partícipes en la reunión efectuada en Miami (Tela), aplaudieron al advenedizo profeta Klugmann, además de las intervenciones del presidente de Panamá Ricardo Martinelli y del español José María Aznar, los que sirvieron de coro a la estrategia de disolución del territorio nacional, en pos de la búsqueda de supuestas soluciones al fracaso de las políticas sociales de las últimas décadas. La palabra empleo se ha convertido en el señuelo para capturar la imaginación de un pueblo pauperizado y sumido adrede en la ignorancia y desinformación.

Apropiación de Consignas y Racismo
El lema promovido por los conferencistas de “Desarrollo con Equidad: la base de la paz social”, no es más que una cortina de humo, destinada a apropiarse de la narrativa social de los gobiernos progresistas sudamericanos. El coeficiente de Gini en Honduras indica una enorme inequidad y brecha social, la cual se incrementó a partir del golpe de estado promovido por el CEAL.

Casualmente el viernes pasado se celebró el día internacional en contra del racismo, mientras el grupúsculo de empresarios en su mayoría de origen sirio y libanés, reconfiguraban a Honduras a través de la subasta de sus territorios; las fotos del evento revelan que la mayoría de los participantes no eran precisamente mestizos, indígenas o negros. El racismo impregnado en la elite de poder hondureña, ha confinado a la gran mayoría de los habitantes del país a la invisibilidad, y en caso dado que se permita la participación de un negro en las esferas de poder es para bailar o avalar la entrega de su patrimonio.

La Comisión para la Erradicación del Racismo y Discrimanción (CERD) en el informe presentado sobre Honduras el pasado 13 de marzo señala en relación a Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico que:

17. El Comité nota con preocupación la información recibida según la cual la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permite la entrega de franjas del territorio nacional a inversionistas. Estas zonas gozan de autonomía funcional y administrativa, y pueden contar con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva, así como con sus propias fuerzas de seguridad, lo cual podría tener consecuencias dramáticas para pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas establecidas en la misma región (arts. 2, párr. 1 y 6).

El Comité solicita al Estado parte que proporcione mayor información sobre la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El Comité recomienda al Estado parte que examine la compatibilidad de dicha ley con los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte, en particular aquellos instrumentos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tomando en cuenta el rango constitucional que tienen los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte.

Las ciudades modelo, la Ley Hipoteca y los proyectos REDD, son una amenaza para el pueblo Garifuna y otros pueblos indígenas. Nuestro territorio, ademas de las ZEDE se encuentran en la mira de industrias petroleras, megaturismo. Es de esperar que el CEAL y compañía se apeguen a Tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado de Honduras. Cualquier omisión al cumplimiento de esos instrumentos jurídico, se verán ante el Sistema Interamericano de Justicia y no en una corte de algún paraíso fiscal en el océano índico.
Sambo Creek, La Ceiba, 24 de Marzo del 2014
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/03/25/el-ceal-el-golpe-de-estado-y-las-ciudades-modelo/

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REDD+, Banco Mundial y el desalojo del pueblo Sengwer en Kenia.

Publicado en febrero 28, 2014 de

El pueblo indígena Sengwer de Kenia, el que ha habitado y cuidado con esmero el bosque Embebout, localizado en las montañas Cherengany, se encuentra a punto de sufrir un desalojo de su territorio ancestral; acción promovida por el Banco Mundial a través  de los fondos destinados a la preparación de la estrategia del Programa de Reducción de la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés) de ese país africano.

Para finales del pasado mes de enero, más de mil viviendas de los Sengwer habían sido incendiadas por elementos asignados al Servicio Forestal y unidades paramilitares de la policía. Alrededor 13,500 Sengwer habitan las montañas Cherengany, y estos han sido convertidos en objetivos de despojo territorial, con el pretexto de “preservar” la foresta  de donde los indígenas  extraen de forma sostenible su sustento.

El desalojo suscitado en Kenia por los REDD+, no es el primero en darse en el continente africano. El pueblo Ogiek de la foresta Mau en Kenia, estuvo a punto de ser desalojado, desgracia evitada por una orden de la Corte Africana de Derechos Humanos,  emitida para suspender el proceso de evicción. En el año 2011, en el delta del Rufiji en Tanzania, se dieron una serie de  desalojos de las aldeas localizadas en los manglares, situación en donde estuvo involucrada la WWF y el programa REDD+.

La fecha señalada para el desalojo de los sengwer es el próximo 3 de marzo. Existe una petición dirigida al Banco Mundial, solicitando a ese organismo financiero intervenga y así evitar la desaparición de ese pueblo indígena africano

 Los  REDD y la Rapiña Territorial de los Pueblos Indígenas 

Los REDD+ han sido señalados por los pueblos indígenas, como una estrategia destinada al despojo territorial de los indígenas de los bosques tropicales; al mismo tiempo  permite a empresas contaminantes evadir sus compromisos para frenar los gases de invernadero.

Desde los pueblos indígenas en Indonesia, pasando por Africa y en América, las presiones de los estados nación sobre sus territorios se recrudecen; al mismo tiempo  se conculcan los derechos de los pueblos, violentando los Convenios y Declaratorias en las cuales la Consulta- Consentimiento Previo Libre e Informadas (CPLI) se encuentran consignados.

En el caso de Honduras, los REDD+ vienen siendo impulsados a través de Naciones Unidas, y como de costumbre el derecho a la consulta ha sido diluido con la creación  de la Mesa Nacional Indígena y Afrohondureña de  Cambio Climatico, espacio imaginario promovidos por la Secretaria de Recursos Naturales y la degradada SEDINAFROH.

La  Ley de Propiedad vigente en Honduras, financiada y promovida por el Banco Mundial, viene siendo utilizada para diluir los títulos comunitarios emitidos por el estado. Además servirá para refrendar contratos de entrega de los derechos territoriales de los pueblos a cambio del acceso a los incierto  fondos de carbono.

Las Falsas soluciones al cambio climático como los proyectos REDD+ y los Mecanismos de Desarrollo Limpio, se han convertido en estrategias de despojo territorial, utilizadas para esquivar medidas concretas destinadas  a frenar la contaminación causada por los países industrializados; mientras los  pueblos indígenas del planeta padecemos las severas consecuencias del cambio climático.

A pesar de la existencia de Salvaguardas de los REDD, y del supuesto futuro establecimiento de un Mecanismo de Quejas, la ausencia de un estado de ley en el país, la existencia de una espiral imparable de violencia y la corrupción inducida entre algunos líderes indígenas; los desalojos en Kenia serán replicados en  Honduras.

Es de esperar en un futuro cercano, que ante la ausencia de la implementación del CPLI, comiencen los desalojos impulsados por los REDD en la Montaña de la Flor, la Moskitia y los bosques del Pueblo Lenca, entre otros.

Sambo Creek, 28 de Febrero del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/02/28/redd-banco-mundial-y-el-desalojo-del-pueblo-sengwer-en-kenia/

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From RED to ZEDE: What Honduran Company Will Develop the First ZEDE?

Thursday, February 13, 2014

One Honduran company, Energía Renovable de Honduras, S.A. (ERHSA) has already drafted a concept for a RED in Amapala, in 2011.  Their concept, illustrated in a video and a slide show, seems to advocate for the installation of tidal generators, solar concentrators, and wind power.

ERHSA has never developed or installed any of these technologies.

What the slides show is a bridge running from Coyolito on the mainland, to Punta Segundo, roughly duplicating the current ferry route.  The bridge would be 15 meters wide.  Below it would be a series of tidal generators.  The deck itself would contain a two lane roadway, and lanes for pedestrians and bicycles as well as a zone for the above water equipment used in generating and transmitting power.

A “dock” would run from Punta Segundo out to Isla Concepcion and would house a deep water port with docks for cruise ships, a cargo area, and fuel service.  Isla Concepcion would be developed with a single giant glass pyramid-shaped structure that would contain apartments, commercial space, office space, recreation space, and so forth.

A bridge running from El Tigre island to Isla El Pacar would allow that island to be developed with tourist hotels and a large marina.

Plans call for a commercial airport built in the water near Amapala on El Tigre island with an 8200 foot landing strip, taxiways, and hangars.  This should be long enough for most larger aircraft in service in Central America.  A road and rail system would circumnavigate the island, with a tram taking people to the top of the extinct volcano that formed the island.  Punta Segunda would be used as a shipping container storage area, and for utilities including fuel storage and a solar concentrator power station.  The island would also have a technical university, a water desalination plant, a water treatment plant, a hospital, and a technology center.  Amapala itself would have its own seaport with commercial, cargo, and recreational boat docking areas.

Wind turbines would be set up on the sides of the volcano itself on Isla Tigre, as well as along the bridge from the mainland, along the dock structure, and on Isla Concepcion.

It’s an ambitious plan, well beyond ERHSA’s ability to fund, and well beyond anything they’ve ever developed.

A major drawback of ERHSA’s presentation is that it is lifted wholesale from other technology companies, like OpenHydro, which designed the tidal generators shown in the video.  There’s no indication of a partnership between ERHSA and the key technology companies visualized in the video.  Instead, ERHSA announced a partnership with the Korean firm Soosung, which makes industrial lift technology.

ERHSA has a history, and it is not promising.

It is also the company that sold the Sayab wind project, just a gleam in their eye at the time, to MINERCO, when MINERCO was pretending to be an energy company. Filings with the SEC indicate that MINERCO never paid ERHSA for its rights to Sayab, so they may have reverted to ERHSA.

ERHSA did not then, and does not now, have access to the funding to develop any of its listed projects.

What ERHSA seems to do well is imagining a project.  They have never had the funding to develop any of the projects they imagined. It is hard to believe that it would turn out well if their first project was of the scale envisaged in their proposal.

Posted by at 1:37 PM

Fuente: http://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2014/02/from-red-to-zede-what-honduran-company.html

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Lawlessness Is Undoing Effort to Save Honduran Forests

By ELISABETH MALKINFEB. 12, 2014

Conservationists visit an area in Copén, Honduras, that was deforested by intruders. Drug trafficking has contributed to threats to the forest. Rodrigo Cruz for The New York Times

COPÉN, Honduras — Nine men were harvesting mahogany deep in the woods here when Alonso Pineda and his son appeared, carrying shotguns. An arrest warrant hangs over the two for clearing the forest illegally, but on that day they posed as its protectors.

“This is private property, and that tree is contraband,” Mr. Pineda shouted, witnesses recalled.

Mr. Pineda’s claims were not true, presumably part of a ruse to seize the wood for himself. In fact, the men cutting the timber that day belong to a legal cooperative that has been managing the forest for almost 15 years under government agreements that include permits to collect valuable mahogany while leaving the rest of the woods virtually untouched.

“You’ll have to take me out of here dead,” replied one man. Someone else buzzed a chain saw, recalled another member of the group, Luis Ruiz, and the outlaw pair vanished among the trees.

It was just a fleeting glance of Mr. Pineda, who has led settlers into the woods to cut down trees and replace them with corn plots and pastureland, which can eventually be sold, forestry experts and residents say. The communities conserving the forest, which is owned by the state, say they are losing their livelihood because of such incursions.

“We have the rights, but we are incapable of exercising them because there is no law,” said Eliberto Barahona, the president of Brisas de Copén, one of several cooperatives working legally in the Sierra Río Tinto National Park. “There is no support, and we’re unprotected.”

If the government cannot enforce its own contracts, Mr. Barahona added, “all the effort we have made for all this time is destroyed.”

What is happening here in the remote northeast of Honduras shows how quickly the most successful conservation efforts can be reversed when state structures collapse. The rule of law has always been fragile in Honduras, but since a 2009 coup, it has disintegrated even faster under the pressure of corruption and drug trafficking.

Illegal loggers, cattle ranchers and land speculators have long laid waste to the shimmering greens of the forest canopy here at the edge of the country’s eastern wilderness. Now, as Honduras has become a central transfer point for drug shipments to the United States, there is more money to pay — and arm — land invaders, who strip the forest and transform the land into businesses like cattle ranching that can be used to launder drug money.

Kendra McSweeney, a geography professor at Ohio State University, called drug trafficking “a game changer,” saying that “it allows the forests to be converted so quickly because they get so saturated with money and violence.”

In a recent paper in the journal Science, Ms. McSweeney, who has been studying forests in eastern Honduras for two decades, and other researchers found a clear correlation between increased drug shipments into eastern Honduras and the loss of forests.

It took more than a decade and considerable international support for Copén and a few other villages on the edge of the 1.3-million-acre Río Plátano biosphere reserve to become models for forest conservation. The Honduran government allows the communities here in the Sico-Paulaya Valley to sell a limited amount of big-leaf mahogany from the forest, giving them an incentive to protect and manage it for years.

GreenWood, a Maine nonprofit organization that works closely with the cooperatives, found a customer for its mahogany in Bob Taylor, the president of Taylor Guitars in California, who is willing to pay in advance and wait for shipments delayed by the Honduran bureaucracy.

“Everybody talks about sustainable development, but it’s a long-term gig,” said Scott Landis, GreenWood’s president, ticking off everything forestry has paid for in Copén, including a microhydroelectric plant and school improvements. “All of that will go down the tubes if these illegal invasions are not stopped.”

A legally cut mahogany tree is part of a conservation effort. Rodrigo Cruz for The New York Times

The communities are waiting to see if Honduras’s new president, Juan Orlando Hernández, will make any difference. He promises “iron fist” policies to confront drug-trafficking and lawlessness, but foresters say that approach fails to deal with the underlying problem.

“The future of this project depends on governance,” said Melvin Cruz, the director of the Madera Verde Foundation, GreenWood’s Honduran counterpart. “We feel that we are alone on this issue. Nobody has spoken about policies directed at natural resources.”

On paper, there seems to be forest protection: a strong 2007 forestry law that provides for community involvement, a special government committee for the biosphere reserve and its buffer zone, even a separate environmental military unit that promised to set up 100 control points around the giant reserve.

But in 2011, the Honduran government asked Unesco to put the reserve, a World Heritage Site, on its “in danger” list, acknowledging that it could not enforce the law under the threat of drug trafficking.

The local authorities, including officials from the government’s National Institute of Conservation and Forest Development, feel powerless. Anibal Duarte, the mayor of Iriona, the municipality encompassing the area, said that he had met with the environmental military unit, but that the commanders were frequently rotated and did nothing.

“The strategies have not worked,” Mr. Duarte said. “We need another strategy. I don’t know what. But we need one.”

The 2012 arrest warrant against Mr. Pineda, his wife and their two sons has been the cooperatives’ only victory so far, although first the communities had to bring in the prosecutor to see the damage. Since then, more settlers have arrived, and even members of the cooperatives have quit and started cutting down trees.

“There is a strong culture that national land is there to be occupied and made private,” said Filippo Del Gatto, who helped set up the first cooperatives in the 1990s.

Giving communities title over the land they manage would be an essential first step against the invasions, he said. In September, the Honduran government granted land rights to almost 7 percent of its territory in the far eastern wilderness to indigenous Miskito groups living there.

A meeting of representatives of cooperatives that legally manage the forest in northeastern Honduras. The cooperatives carefully collect mahogany for sale while preserving the forest. They say incursions threaten their livelihood. Rodrigo Cruz for The New York Times

Hiking through the woods here, Jaime Peralta, a forester for Madera Verde, came to a patch of land choked with scrub, once forest that the cooperatives had seeded with mahogany. The settlers burned it down three years ago.

“They just cut down the trees to take over the land and sell it,” Mr. Peralta said with disgust.

The Copén cooperative estimates that about 10 percent of the 10,600 acres it manages has been cut down by settlers. The neighboring Río Paya cooperative may have lost anywhere from a quarter to half of the 4,200 acres it manages.

Even if the authorities arrest the Pinedas, there is no guarantee a judge would keep them in jail. Mr. Pineda may not even be the source of the problem.

“It is likely this man has somebody very economically powerful behind him,” said Mr. Del Gatto, now a consultant for Forest Trends, a conservation group. “Somebody with the capital to support the people in the area.”

Challenging those illicit interests can be lethal. A year ago, Carlos René Romero, one of the top officials of the national forest institute, was killed in his home in the capital, Tegucigalpa. He was a respected forester with a reputation as a stickler for enforcing the law. There has been no arrest in that case.

Impunity, heightened by the drug trade, has a chilling effect, said Alexandra Zamecnik, Mexico and Central America program manager for the United States Forest Service, which works with the Honduran forest institute. “People are not going to act for environmental causes as they would, say, in Panama.”

The settlers, mostly poor farmers themselves, have begun to put down roots, even trading with people in Copén. In a clearing of the forest stands a log cabin surrounded by a tended garden.

There is a census sticker on the door. The family living there is now official.

Catalino Urellana, one of the Copén workers, surveyed the neighboring hillside shorn of trees and planted with corn.

“You see that and you just want to grab a plot for yourself,” he said. “We’re the ones looking after it. We plant mahogany, and they pull it out.”

Fuente: http://www.nytimes.com/2014/02/13/world/americas/lawlessness-undoing-effort-to-save-honduran-forests.html?_r=1

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La Ley de Cambio Climático: agrocombustibles y proyectos REDD

 

Publicado en febrero 7, 2014 de

La piñata legislativa efectuada el pasado mes de enero,  incluyó  la aprobación de forma instantánea, de más de un centenar de leyes y contratos destinados a garantizar la subasta de Honduras al capital extranjero. Entre las leyes emitidas se encuentra  la  Ley de Cambio Climático  con visión de mercado

Honduras es el país más afectado por el cambio climático entre los años 1993 a 2012, y son nulas las medidas tomadas para la mitigación y adaptación requeridas ante la dimensión de la problemática. Desafortunadamente, el estado a desviado la atención requerida y se ha limitado a las falsas soluciones tales como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los proyectos de Reducción de la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en Inglés)

Durante los cuatro años del mandato de los “nacionalistas”,  El Congreso Nacional procedió a la entrega de las cuencas hidrográficas para la producción de supuesta energía limpia; sin consultar en ningún momento a las comunidades o los pueblos indígenas que han cuidado desde hace  siglos sus ríos.

La nueva ley, los agrocombustibles y proyectos REDD+.

El artículo 33 de la nueva ley, impulsa la utilización de aceite vegetal directo (AVD), comisionando al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Consejo de Áreas protegidas (CONAP) para crear estrategias destinadas a incrementar la producción de aceite vegetal. El aumento de las plantaciones de palma africana en Honduras contribuye a la intensificación de los latifundios con todas las graves secuelas sociales , entre ellas el Bajo Aguan y otras regiones del país.

Existe un complicado problema en materia de tenencia de tierra y es de temer  la expansión de latifundios palmeros   hacia la Moskitia, incluyendo la Biosfera del Rio Plátano. En la actualidad hay cuatro hectáreas de palma africana por cada hectárea de humedal, y el incremento de las plantaciones de palma es un enorme riesgo para el remanente de humedales en el país.

El impulso a los  agrocombustibles en los países industrializados ha dado lugar a enormes presiones territoriales en los países tropicales, afectando especialmente a los  pueblos indígenas que habitan las forestas. El relleno de humedales y la destrucción de bosques para suplantarlos con plantaciones de agrocombustibles contribuye aún más a fomentar el cambio climático.

La inclusión de Honduras entre los 49 países “socios’ del proyecto REDD+ de Naciones Unidas, apertura una serie de despojos con el pretexto de salvaguardar los remanentes de bosque en el país. La Ley de Propiedad vigente en Honduras en su capítulo III  permite la disolución de los  títulos comunitarios que poseemos los pueblos indígenas. Además la persistente denegación y distorsión del Derecho a la Consulta demuestra la ausencia de buena fe por parte del estado, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Este último promotor de la cuestionada Ley de  Propiedad.

En el artículo 12c de la nueva ley, promueve “la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (ENCC) que incluye: Planes, Programas y proyectos de Adaptación y Mitigación al cambio climático (Proyectos del fondo de adaptación, El Mecanismo de Desarrollo Limpio, La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) y Las Compensaciones ambientales por la conservación de los recursos naturales en el país (pago por servicio ambiental o creación de mercados nacionales de compensación)”. Desafortunadamente la visión de la estrategia se vincula con las falsas soluciones al cambio climático, ideadas por los países industrializados para continuar con su sistemática contaminación;  y de paso acceder al control de los remanentes de bosques tropicales, destruidos para abastecer de forma ilegal, la demanda del norte de maderas finas del sur.

La ENCC menciona el fortalecimiento de los espacios de consulta y participación intersectorial y señala que ” los procesos de consulta y participación deberán ceñirse al Consentimiento Previo Libre e Informado. El Estado y las Naciones Unidas han recurrido a inventarse un espacio ficticio bajo la denominación de Mesa Nacional Indígena y Afrohondureña de Cambio Climático,  la cual hasta la fecha no ha efectuado ningún planteamiento o estrategia y se circunscribe en los mandatos de los funcionarios estatales.

El mes pasado, de forma contradictoria Honduras inició la exploración de petróleo en la plataforma marítima frente a la Moskitia, emprendiendo de esta  forma la posible  destrucción del Sistema de Arrecifal Mesoamericano. En un  futuro no muy lejano, el estado concederá licencias de exploración de los humedales costeros donde habitamos Garifunas y Miskitos.

La COP 19 y el Mecanismo  Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños 

Un logro teórico en la COP19 efectuada en Varsovia, Polonia, el pasado noviembre de 2013, es la creación de un Mecanismo Internacional sobre Pérdidas y Daños como consecuencia del cambio climático. Sin embargo no se aclaró como se lograrán los fondos para dicho mecanismo.

Estados Unidos, por supuesto, se opuso  al mecanismo promovido por China y el G77. Además de la oposición de Estados Unidos Existe el obstáculo de darle visión de mercado al mecanismo, situación  la cual puede derivar en una forma más de promover la corrupción. Como de costumbre, las buenas intenciones que puedan existir tanto en los RED+, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y ahora con el Mecanismo de Pérdida y Daños, se diluyen  en la cruel realidad de los negocios y corrupción.

La lucha contra el cambio climático se ve obstaculizada por la enorme inversión de grupos conservadores que gastan mas de mil millones de dólares ,  en negar la existencia de uno de los mayores retos confrontado por la humanidad.  Mientras el cambio climático se recrudece, la cobertura de los medios en relación a sus efectos disminuye.

En el caso  de Honduras, los funcionarios supuestamente a cargo de confrontar la problemática, desde sus gélidas oficinas sólo ven el cambio climático como una simple cuestión de mercado.

Sambo Creek, 7 de Febrero de 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/02/07/la-ley-de-cambio-climatico-agrocombustibles-y-proyectos-redd/

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Honduras: Administración Lobo y el despojo a los pueblos Indígenas

sábado, 1 de febrero de 2014

ODHPINH, 31 de enero, 2014

A partir del golpe de estado del 2009, comenzó una ofensiva neoliberal en Honduras, teniendo como uno de sus objetivos primordiales  a los pueblos indígenas del país. La ofensiva ha sido destinada a apropiarse de nuestros territorios, biodiversidad y culturas; para lo cual el estado de Honduras ha venido emitiendo una serie serie de leyes y decretos inconsultos, que colocan en peligro nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas
 Desde la masacre perpetrada por la DEA y  la Policía Nacional de Honduras de indígenas Miskitos en Ahuas, pasando  a la construcción de represas inconsultas, la entrega de la plataforma marítima para la explotación petróleo, hasta la disolución de los títulos comunitarios expedidos; es parte del legado de la recién finalizada administración “nacionalista” de Porfirio Lobo

La administración Lobo, a través de la creación de  instancias con rango ministerial, se consagró a la venta de una imagen trastocada de apoyo paternalista a las comunidades indígenas, ademas de una supuesta aplicación de justicia,  en uno de los países más violentos y corruptos del planeta.

La puesta en marcha del Proyecto Mesoamérica y sus múltiples facetas de intervención, viene afectando a los pueblos indígenas en Honduras y al resto del istmo centroamericano. La apropiación de los bienes comunes y el desconocimiento del derecho a la consulta-consentimiento previo, libre e informado, se ha convertido en una amenaza de muerte para los 59 pueblos que habitamos desde Guatemala a Panamá.

La dictadura civil en Honduras durante los últimos cuatro años, ha venido entregando los bienes comunes por retazos, no precisamente a los mejores postores. El poder Legislativo emitió una serie de leyes de corte entregista, algunas de ellas diseñadas para socavar la de ya por sí debilitada soberanía nacional. La declarada inconstitucional Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y su sustituta La Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) la Ley de Reconversión de la Deuda Pública (Ley Hipoteca), permiten la entrega de franjas del Territorio Nacional al capital extranjero y el saqueo de los denominados “recursos naturales”

La Ley de Propiedad y la disolución de los títulos comunitarios 
La Ley de Propiedad (2004) fue creada a instancias del Banco Mundial y está encaminada a avalar el desmembramiento de los títulos comunitarios emitidos en las ultimas décadas a favor de los pueblos indígenas. La ley permite la individualización de la propiedad comunitaria, a través de su artículo 100, el cual ha sido invocado para desmembrar terrenos de los territorios comunitarios. Entre uno de los casos mas sonados, se encuentra el de un terreno en la Laguna Negra en Triunfo de la Cruz, desmembrado a través de un patronato paralelo creado por la municipalidad de Tela.
En el caso del desmembramiento de la Laguna Negra el Instituto de la Propiedad emitió en octubre del 2010, un dictamen a favor de dicho procedimiento, alegando que no existía impedimento legal alguno, y se encontraba enmarcado en  el Art 69 y 100 de la Ley de Propiedad.
El Capitulo III de la Ley de propiedad, ha sido diseñado para finiquitar la propiedad comunitaria y proceder a diluir las salvaguardas existentes en los títulos de no permitir la transacciones de tierras a foráneos, condición que había permitido hasta la fecha salvaguardar nuestros territorios
El Instituto de la Propiedad,  ente financiado durante mas de una década por el Proyecto de Administración de Tierras de Honduras PATH del Banco Mundial se encuentra apunto de ser privatizado, situación que pone en peligro aun más la propiedad comunitaria reconocida en los títulos expedidos  a los pueblos indígenas por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Las Leyes ZEDE e Hipoteca y los futuros despojos.
Desde el inicio de la administración Lobo, el poder legislativo comenzó a emitir una serie de leyes y decretos supuestamente destinados a promover  “desarrollo y generación de empleo”. No obstante el supuesto desarrollo que se promueve es a costa de nuestros bienes comunes, los que se han convertido en objetivos de empresas extractivas, proyectos de “energía limpia” y megaturismo.
La destrucción de la independencia de poderes, a través de la defenestración de la Corte de lo constitucional (12-12-2012), consumada por el Congreso Nacional como represalia ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), ratifica la condición de indefensión en que nos encontramos los pueblos indígenas.
Con el nuevo cambio de administración gubernamental efectuado en días pasados, es de esperar que el expresidente del Congreso Nacional, ungido como nuevo mandatario, acelere la subasta del país, tal como lo promovió desde el poder legislativo, donde apadrinó las Leyes RED, ZEDE e Hipoteca.

Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, ODHPINH

 

Publicado por Américo Roca Dalton en 0:05

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/02/honduras-administracion-lobo-y-el.html

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San Francisco de Opalaca: Consejo indígena Lenca instala corporación municipal y expulsa alcalde electo

Escrito por Redacción en Lun, 01/27/2014 – 12:08

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San Francisco de Opalaca, Intibucá, Honduras (Conexihon).-  Pobladores de 35 comunidades indígenas Lencas, en Monte Verde, San Francisco de Opalaca, en el departamento de Lempira se tomaron este fin de semana la sede de la corporación municipal e impidieron la juramentación del alcalde electo José Socorro Sánches Manueles del Partido Nacional, a quien acusan de ganar las elecciones de forma fraudulenta.
El Consejo Indígena aseguró que la acción fue realizada en base al  Convenio 169 de la OIT y Decreto de la población de municipio 74-94, como Pueblos Indígenas de Honduras. En declaraciones a los medios de comunicación Éntimo Vásquez, candidato de Libertad y Refundación (LIBRE) aseguró que Sánchez Manueles “no ganó las elecciones” por lo que “se fue a Tegucigalpa junto con el diputado, para que el Tribunal (Supremo Electoral, TSE) lo pusiera de alcalde”.
Socorro Sánchez, fungió como alcalde este periodo que concluye, sin embargo –sostienen- “la continuidad de esta corporación municipal  es producto del fraude electoral comprobado, asaltando el mandato de este pueblo de Opalaca a través de compra de credenciales, chantajes y con una trayectoria de actos intimidatorios, incluso delincuenciales como agresiones a la casa materna”.

Según las denuncias, la corporación “se ha caracterizado, estos 4 años, por prestarse a los intereses de las empresas que han pretendido  privatizar nuestros sagrados ríos para hidroeléctricas de Terra, Enersa, Ríos Power y otras, igual que los bosques para los proyectos de Reducción de  Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ con el que se le pone  precio a las funciones naturales de los bosques, ambas situaciones  más la amenaza minera agreden nuestros derechos como Pueblo Lenca, ante lo cual reiteramos nuestro rechazo por la defensa de la vida, nuestros títulos comunitarios, territorios, bienes de la naturaleza, nuestra espiritualidad y cultura”.
En un documento publicado este lunes los pobladores señalaron que “las elecciones del 24 de noviembre del 2013 fueron fraudulentas, por lo que la población de 35 comunidades han determinado elegir una corporación democráticamente y soberana por el pueblo”.
Los pobladores de Monte Verde exigen que “se respeten los derechos como pueblos indígenas lencas y sus recursos ambientales”. Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se trata de una “acción de mandato soberano indígena, por la defensa de los derechos colectivos, autonomía y el respeto a la conformación de la alcaldía legítima y al Consejo Indígena Municipal, con funciones de gobierno indígena”.

“Al alcalde que se pretende imponer no le quedó otra que salir muy agitadamente por una ventana de la municipalidad, en medio de un remedo de acto, que  el oficialismo fraudulento llamó “toma de posesión”, al hacerse sentir el clamor justo y enérgico de las comunidades”, indicaron. De acuerdo con el COPINH, el edificio de la alcaldía municipal está sobre territorio Lenca, con título comunitario, por lo que  no están invadiendo, ni usurpando, ni tomando ilegalmente la sede municipal.
En ese sentido, la nueva Corporación Municipal actual, con la venia de unas 800 personas de las 35 comunidades instalaron a: Entimo Vázquez, como alcalde; Pedro Gómez, vicealcalde; Santiago Dimas Bautista, 1er. regidor; Oneida Elizabeth Mendoza, 2do. regidor; Néstor Vázquez Bautista, 3er. regidor; Aníbal Gómez, 4to. regidor y sucesivamente 3 regidores que decreta el Partido Nacional y uno el Partido Liberal.

El municipio de San Francisco de Opalaca es el número 17 de Intibucá, en él se alberga la cordillera de Puca Opalaca, considerada sagrada por los pueblos originarios Lencas de Honduras. Este municipio Recibió el título en 1,994 y está localizado al norte del departamento.

 



En asamblea pública se realizó la primera sesión de corporación municipal y acordó: 

1. Solicitar la inmediata auditoría e investigación al alcalde saliente por actos de corrupción.
2. Nombrar al secretario, tesorero, director de justicia y departamento de la mujer, también en asamblea pública. Para que representen los derechos de los indígenas de manera democrática y participativa.

3. Repudiar la presencia militar y policial y denunciar la persecución criminal y amenazas de muerte de parte de alcalde saliente a los compañeros de LIBRE que ganaron las elecciones.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-pueblos-indigenas/san-francisco-de-opalaca-consejo

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Por la Autonomía Indígena Lenca, el mandato soberano y los derechos colectivos en San Francisco de Opalaca, reiniciamos nuestro caminar por la dignidad.

Por este medio las comunidades Lencas de San Francisco de Opalaca y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1. Que hemos decidido comenzar una jornada indefinida de lucha para rechazar la imposición de las autoridades municipales encabezadas por Socorro Sánchez, quien fungió como Alcalde este periodo que concluye, la continuidad de esta corporación municipal es producto del fraude electoral comprobado, asaltando el mandato de este pueblo de Opalaca a través de compra de credenciales, chantajes y con una trayectoria de actos intimidatorios, incluso delincuenciales como agresiones a la casa materno.a nacional e internacional lo siguiente:

2. Esta Corporación Municipal impuesta, se ha caracterizado estos 4 años por prestarse a los intereses de las empresas que han pretendido privatizar nuestros sagrados ríos para hidroeléctricas de Terra, Enersa, Ríos Power y otras, igual que los bosques para los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ con el que se le pone precio a las funciones naturales de los bosques, ambas situaciones más la amenaza minera agreden nuestros derechos como Pueblo Lenca, ante lo cual reiteramos nuestro rechazo por la defensa de la vida, nuestros títulos comunitarios, territorios, bienes de la naturaleza, nuestra espiritualidad y cultura.

3. Exigimos se den a conocer de inmediato los salarios aprobados de empleados o funcionarios de la corporación municipal saliente.

4. Que en este día nos conformamos como Consejo Indígena Municipal con funciones, entre otras, de gobierno indígena, amparados en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y expresamos nuestro compromiso de fortalecer la defensa de los derechos y la vida digna del Pueblo Lenca de San Francisco de Opalaca.

5. Que exigimos la salida de la Corporación Municipal impuesta y que no permitimos la instalación de la misma.

6. Que exigimos se respete el triunfo legitimo del compañero Entimo Vásquez y demandamos que se reconozca e instale como Alcalde Municipal de manera inmediata.

7. Que nuestra jornada de lucha indígena es pacifica pero enérgica, que nos mantendremos en movilización, organización y defensa con ejercicio de control territorial y nuestra autonomía.

8. Desde esta cordillera sagrada de Puca Opalaca, llamamos a la resistencia contra la dictadura política, militar y de los capitales trasnacionales y oligárquicos, contra la dictadura de la corrupción y la politización, de la discriminación y criminalización de las causas históricas de nuestros pueblos.

Dado en Monte Verde, San Francisco de Opalaca, Intibucá, a los 25 días del mes de enero del 2014. ¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz! Comunidades Lencas en defensa del mandato soberano y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

Última modificación: 25 de enero de 2014 a las 10:36

Fuente: http://www.copinh.org/article/por-la-autonomia-indigena-lenca-el-mandato-soberan/

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Pleno reconocimiento al derecho de los indígenas a la tierra, exigen organizaciones

Lo más reciente  27 septiembre, 2013   –   12:48 AM

Por: Luis Alonso Grádiz M.

Pleno reconocimiento a los derechos y tierras de los grupos campesinos e indígenas y que los entes de los gobiernos centroamericanos, como el hondureño Instituto de Conservación Forestal (ICF), hagan esfuerzos reales para masificar los modelos de la forestería comunitaria,  demandaron las organizaciones participantes en el Precongreso Forestal Comunitario.

Jeffrey Campbell (FAO), Filippo Del Gatto (Forest Trends), Jorge Rolando Núñez (ICF), Victoria Flores (Feproah), Didier Dever (IFE) y Peter Denolf (ICCO), durante el panel “Forestería comunitaria en Mesoamérica y los proceso Flegt”.

Jeffrey Campbell (FAO), Filippo Del Gatto (Forest Trends), Jorge Rolando Núñez (ICF), Victoria Flores (Feproah), Didier Dever (IFE) y Peter Denolf (ICCO), durante el panel “Forestería comunitaria en Mesoamérica y los proceso Flegt”.

Bajo el nombre “La forestería comunitaria base de la gobernanza forestal y punto de partida para Flegt y Redd”, se ha celebrado del 24 al 25 de septiembre, en San Pedro Sula, Cortés, el Precongreso Forestal Comunitario, bajo el auspicio de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), con el apoyo de diferentes organizaciones, como la guatemalteca Asociación de Comunidades Forestales de El Petén (Acoforp).

Durante los dos días de la jornada previa a la celebración del VIII Congreso Forestal Centroamericano, del 25 al 28 de septiembre, en San Pedro Sula, los directivos, funcionarios y delegados de las organizaciones e instituciones participantes de los países de América Central y México, han discutido ponencias y alcanzado conclusiones sobre la importancia de la forestería comunitaria para la gobernanza, comercio legal de la madera (Flegt) y áreas de reducción y venta de emisiones de carbono (Redd+) y así contrarrestar el cambio climático.

La mañana del miércoles, se desarrolló el panel “Forestería comunitaria en Mesoamérica y los proceso Flegt”, con las exposiciones de la presidenta de la Federación de Productores Agroforestales de Honduras (Feproah), Victoria Flores; Didier Dever, del Institutpo Forestal Europeo (IFE); Jorge Rolando Núñez (ICF) y Filippo Del Gatto (Forest Trends).

El panel se realizó bajo la moderación de Peter Denolf, de la holandesa Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), y los comentarios de Jeffrey Campbell, principal del proyecto Facilidades para Bosques y Fincas (FFF), del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

ESFUERZOS REALES

De entrada, la presidenta de Feproah, Victoria Flores, expuso “El futuro de la forestería comunitaria en Honduras”, destacando que 42 empresas manejan de forma sostenible un total de 400,000 hectáreas de bosques bajo contratos de comanejo con el ICF, en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Comayagua, al punto que han logrado reducir a uno por cuento los incendios forestales y a cero por ciento la tala ilegal en sus áreas.

Delegados de organizaciones de Centroamérica y México, así como funcionarios y técnicos de diversos organismos mundiales, incluyendo agencias cooperantes, participaron en el Precongreso Forestal Comunitario.

Delegados de organizaciones de Centroamérica y México, así como funcionarios y técnicos de diversos organismos mundiales, incluyendo agencias cooperantes, participaron en el Precongreso Forestal Comunitario.

“Hemos demostrado que sí se puede vivir del bosque con prácticas sostenible y el Instituto de Conservación Forestal debe hacer esfuerzos reales para masificar los modelos de la forestería comunitaria de nuestra organización”, demandó la dirigente de los productores agroforestales hondureños.

A manera de requerimientos para el pleno éxito de los proyectos de forestería comunitaria, Flores instó a los gobiernos centroamericanos, incluyendo el de Honduras, a reconocer plenamente los derechos de los grupos campesinos y pueblos indígenas, entre ellos la titulación de tierras, así como a los técnicos pidió una mayor sensibilidad social, además que se combata el comercio ilegal de productos forestales y que los mecanismos financieros sean efectivos y oportunos.

De su lado, Didier Dever, del IFE, disertó “El estado de los procesos Flegt en Centroamérica”, definiendo que la idea es reducir el comercio ilegal de las maderas, como un reconocimiento de la Unión Europea (UE), a que debe haber reglas claras entre los países productores y los clientes en Europa, de forma que han suscrito o están en proceso de firma de Acuerdos de Asociación Voluntaria (AVA), Honduras y Guyana, de América; cinco países africanos y uno de Asia.

“El plan de acción Flegt no se trata de crear algo nuevo, sino sobre lo que ya existe, como lo expuesto por Victoria Flores de Feproah, ya que se han ejecutado acciones positivas en Honduras”, destacó, para señalar que el incentivo de la empresa privada para suscribir un AVA, es porque prohíbe el ingreso de madera ilegal en Europa, mientras que para el ICF, se trata de mejorar la imagen del sector forestal y los ambientalistas lo apoyan para que haya transparencia.

A BRUSELAS

Correspondió a Jorge Rolando Núñez, técnico del ICF, exponer “El estado de las negociaciones proceso AVA/Flegt/Honduras”, tema sobre el cual reseñó que antes del 2005 en el país se perdían entre 80,000 y 100,000 hectáreas de bosque por la tala ilegal, al 2010 bajó a 40,000 y ahora son 15,000.

Como resultado, la destrucción de la foresta supuso que al aprobarse la nueva Ley Forestal, en el 2007, se establece el control de la tala ilegal; en septiembre del 2010, se crea la Estrategia Nacional contra la Tala Ilegal (ENCTI); para 2012, el país expresa ante Europa, su interés de un AVA, a través del ministro director, José Trinidad Suazo; en enero del 2013 se realiza la primera ronda de negociaciones y el 30 de octubre próximo la misión negociadora vuelve a Bruselas, Bélgica, a la segunda ronda y se aspira a haber suscrito el convenio en el 2015.

Periodistas de Brasil, España y Centroamérica conocieron las instalaciones de la empresa Forescom, propiedad de 11 organizaciones comunitarias de El Petén, Guatemala, donde funciona una secadora de madera de color que exportan a Europa y Estados Unidos.

Periodistas de Brasil, España y Centroamérica conocieron las instalaciones de la empresa Forescom, propiedad de 11 organizaciones comunitarias de El Petén, Guatemala, donde funciona una secadora de madera de color que exportan a Europa y Estados Unidos.

“Aspiramos a tener gobernanza y para eso es necesario el reconocimiento del derecho a la tierra de los pueblos indígenas o autóctonos y eso depende de la voluntad política”, subrayó Núñez.

De su lado, Filippo Del Gatto, disertó “Una vía para vincular Flegt y Redd+ en Honduras”, para explicar que las políticas de establecimiento de áreas de compensación por servicios ambientales “deberían actuar sobre las causas de la deforestación y degradación forestal y Flegt es para prevenir la tala ilegal y la sobreexplotación maderera en los bosques”.

“Entonces, si la tala ilegal y la deforestación inciden en la deforestación y la degradación, un acuerdo de Flegt puede ayudar al establecimiento de Redd+”, correlacionó, al tiempo de precisar que “el tema de gobernanza es de derechos, transparencia, participación, etcétera, y así hay muchas vías para vincular Flegt y Redd+ en Honduras y una de esas vías es el reconocimiento del derecho de los pueblos comunitarios a la tierra”.

Con todo, enumeró que hay 172 cooperativas que trabajan bajo contratos de comanejo forestal en bosques de pino y 62 en latifoliados, pero la mayoría de contratas solo son a cinco años y de todas solo 80 tienen títulos de propiedad, algo que es preocupante porque, para el caso en el sur de La Mosquitia, Gracias a Dios, los grandes ganaderos se meten a las unidades de manejo con el pretexto que son tierras nacionales.

Concluyen expertos: Solo con compromisos nacionales se puede impulsar procesos Redd+
Víctor López (Uz´ t Che), José Román Carrera (Rainforest Alliance), Michael Richards (Forest Trends), Marcedonio Cortave (Acofop), Christine Halvorson (Rainforest Foundation) y Andrew Davis (Prisma), en el panel “Forestería comunitaria en Mesoamérica y los procesos Redd+”.

Víctor López (Uz´ t Che), José Román Carrera (Rainforest Alliance), Michael Richards (Forest Trends), Marcedonio Cortave (Acofop), Christine Halvorson (Rainforest Foundation) y Andrew Davis (Prisma), en el panel “Forestería comunitaria en Mesoamérica y los procesos Redd+”.

Para ejecutar los procesos Redd+ en Mesoamérica se requiere de verdaderos compromisos nacionales que conlleven a una protección, conservación y el aprovechamiento racional de los bosques, contrario a lo ocurrido en Guatemala, donde las organizaciones comunitarias llevan ocho años de gastar en la formulación del proyecto Guatecarbón y esperar que los gobiernos lo validen.

Así se concluyó en el panel “Forestería Comunitaria en Mesoamérica y los procesos Redd+”, en la jornada final del Precongreso Forestal Comunitario, a cargo de Andrew Davis (Prisma), José Román Carrera (Rainforest Alliance), Michael Richards (Forest Trends) y Marcedonio Cortave (Acofop), bajo la moderación de Christine Halvorson (Rainforest Foundation) y los comentarios de Víctor López (Uz´ t Che).

Aserradero de la cooperativa Carmelita, una de las 22 que integran la Asociación de Comunidades Forestales de El Petén (Afocop), ejemplo de organización y trabajo armonioso con el bosque.

Aserradero de la cooperativa Carmelita, una de las 22 que integran la Asociación de Comunidades Forestales de El Petén (Afocop), ejemplo de organización y trabajo armonioso con el bosque.

Además de exponerse que la ejecución de estas prácticas ambientalistas supone la elaboración y validación de proyectos pilotos bajo efectivos sistemas remotos de monitoreo y verificación de cantidades de emisiones de carbono, se indicó que los contratos para obtención de créditos se pueden hacer con organismos internacionales, entre países (bilaterales) y cooperantes voluntarios.

Llamó la atención el caso expuesto por Marcedonio Cortave, presidente de la Asociación de Comunidades Forestales de El Petén (Acoforp), quien lamentó que no han podido avanzar con el proyecto de reducción de emisiones de carbono y compensación por servicios ambientales (Guatecarbón) en un área de 713,000 hectáreas de la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM).

Al proyecto elaborado por Acoforp le fue dado visto bueno como iniciativa por el Poder Ejecutivo guatemalteco el 6 de marzo del 2006, pero ya llevan ocho años y cuantiosos gastos en la espera que pase la etapa de validación, pese a que ya se tienen todos los componentes, incluyendo consultas previas con las comunidades y que ya hasta hay un gerente contratado.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/09/27/pleno-reconocimiento-al-derecho-de-los-indigenas-a-la-tierra-exigen-organizaciones/

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The Oxygen Trade: Leaving Hondurans Gasping for Air

By Rosie Wong, June 18, 2013

“We’re not selling this oxygen to anybody,” said Vitalino Álvarez, a participant in the Unified Aguán Farmers´ Movement (MUCA) in the boiling hot northern region of Honduras. Like many places around Honduras and the world, Álvarez’s community is a direct victim of international carbon trading programs—or what residents call “selling oxygen.”

Carbon trading was developed as a mechanism for addressing global climate change under the Kyoto Protocol. It allows companies rooted in the global North, which collectively produce most of the world’s greenhouse gases, to buy and sell “Certificates of Emissions Reduction” from developing-world companies rather than cut their own emissions. The practice enables them to continue polluting based on the assertion that emissions elsewhere are being cut.

Through this mechanism, they pay companies in the global South that have implemented “green” initiatives (making new technological investments or reducing deforestation, for example) and either use the certificate to avoid cutting their own emissions or else sell it to another company. This scheme is not only accepted, but also actively promoted, by both the United Nations and the World Bank.

But carbon trading does not actually fulfill its stated goal of cutting global emissions, since the price of carbon remains too cheap to curb polluter behavior. The study “Carbon Trading—How It Works and Why It Fails” shows that carbon trading allows overall air pollution and climate change to continue to escalate.

But the carbon trade doesn’t just fail to address climate change. In countries like Honduras, it fuels a perverse incentive structure by funneling cash to notorious human rights abusers engaged in extractive industries.

Carbon Trading and Violence

“Carbon trading” is the term governments, institutions, and companies in the North use to describe the swaps of credits for pollution. But, perhaps reflecting on the carbon trade’s commodification of vital resources, Vitalino Álvarez insists that it’s the oxygen generated by palm trees that’s being traded.

And, he says, the money made by the palm giants selling oxygen is being used to finance hit men (sicarios).

In Bajo Aguán, carbon trading and the related changes in land ownership laws have resulted in the expansion of palm oil plantations, which now use a new methane-capture system that purportedly reduces the plantations’ footprint (even as the entire business is premised on deforestation). This expansion has displaced many farmers as aggressive plantation owners have maneuvered to get a piece of the lucrative carbon credit business. Over the years, the farmers’ negotiations with politicians have failed, and court battles have dragged on. Ultimately this has resulted in bloody land conflicts.

Thousands of farmers have grouped together to defend their families’ livelihoods and futures, and to recover land through occupation. The 2009 military coup, which made believing in official institutions more futile than ever, served as a catalyst for many farmers to put their lives on the line rather than resign hungry and helpless. In the words of Álvarez of the MUCA farmers movement, “The peasant will prefer to die fighting, rather than to die of hunger on his own land.”

And die they do. Since 2009, in Bajo Aguán alone, almost 100 farmers and their advocates have been assassinated. Farmers accuse security agents employed by owners of large palm plantations of ordering these murders and allege state complicity. Security guards for the palm oil company Dinant, for example, have attacked farmers during violent evictions, with large contingents of soldiers and police clearly on their side. Cases of assassinations against farmers have so far gone unpunished.

One day in November 2012, Álvarez was heading home with another farmer when unknown assailants opened fire on them with heavy weapons. Álvarez and his companion managed to escape, but the MUCA activist has since received numerous death threats and was arrested twice that August. On one of those occasions, he was arrested together with more than 20 other farmers, including a human rights defender for the agrarian community, Antonio Trejo. Trejo was later murdered after receiving a series of death threats. Living amid this siege, Álvarez often tells the press that if anything happens to him, Dinant is responsible.

Not only has Dinant gone unpunished for murder, it also slated to receive a whopping $30 million in loans from the World Bank International Finance Corporation. The first half was dished out about four months after the coup started, with the other half due to Dinant this year. This money finances the company’s crimes. Even more strikingly, Dinant continues to be approved to sell carbon credits under the UN Clean Development Mechanism (CDM), which permits the Northern companies who buy them to pollute more than they otherwise could.

When the Rivers Run Dry

Honduras’ many rivers also make it a target for hydroelectric dams, which have generated carbon credits since 2005. The Honduran legislature approved 47 dams in 2010 alone. Honduran Congress Secretary Gladis Aurora Lopez, who aided in their approval, was a major shareholder of one of these concessions, the Aurora Company. At least 19 dams are registered with CDM concessions.

Hydroelectricity dam concessions to companies sound green. But as indigenous activists in Honduras have pointed out, dams privatize communal water sources, thereby increasing living costs and militarizing communities as security forces mobilize to protect the privatized resources. Moreover, they also cause flooding and droughts, and destroy wildlife. Concerns have been raised that earthquakes in San Juan Altántida may have been caused by dam construction by the company Contempo of Grupo Terra.

The companies who own the dams become owners of the “oxygen,” which they then sell as offset credits even as they also provide water to mining companies, who pollute it with deadly contaminants.

One dam in Lepaterique (La Esperanza), run by Canadian-led consortium called Consorcion de Inversiones (CISA), has sold oxygen since 2005. The Lepaterique community agreed to this pilot CDM project damming a local river when it was promised social and developmental projects. To date, there has been no communication between CISA and the community, and according to Lepaterique community board president and retired teacher Benjamin Diaz, the majority of the company’s promises remain unfulfilled.

Diaz notes that one of the few promises that has been fulfilled is the building of a highway. However, as with the dam, CISA security guards ensure that access to the highway is restricted to the dam’s owners and employees. Other unrealized promises include improvements to the school, streets, and highways, as well as housing construction. Other benefits have advanced, but in smaller quantities than promised. These include job creation (fewer than 20 jobs were created out of 80 promised), medical brigades, reforestation (a small eucalyptus plantation was planted to mitigate damages caused by the dam), and a tiny amount of tax paid to the community council.

Negative impacts, on the other hand, have been significant. They have included flooding from the dam, damaging the vegetation and the bridge, and a foul smell from the dam’s oxidation lake. The one consolation in all this is that the Lepateriquens’ lives do not depend on the river, which is used mostly for sewage and wastewater.

Elsewhere, in Atlántida, northern Honduras, local leaders of the environmental and social justice group Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), told me in March 2013 about newer CDM dams in and around their community. The leaders, Rigoberto Espinoza and Osmán Orellana, said that the builders of the dams did not bother to carry out environmental impact studies or consult local communities. When local residents protest the subsequent soil erosion from the drying of local rivers, thuggish security guards disperse them. The companies involved claim to have consulted local communities, but MADJ leaders say this mostly consisted of bribing local officials and persuading residents to sign documents under false pretenses.

The projects, moreover, create few desirable local jobs, even though many Hondurans are badly in need of work. Where jobs do become available, worker safety is a particular concern. At the Masca dam, Osmán said, two workers, including his brother-in-law, were killed by faulty construction vehicles. Many others have been grievously injured. “The workers are practically slaves,” he said, “but slaves because of their needs.” Osmán indicated that more technical jobs are done by people from outside, leaving community members to do dangerous work like exploding dynamite, making tunnels, taking rocks out of the river, and other heavy labor.

According to Osman, 48 rivers flow from the Cordillera Nombre de Dios mountains of Atlantida. Of these, 24 have been concessioned for hydroelectricity projects. In the twisted vision of international oxygen traders, this is what passes for “clean development.”

Many communities are doing what they can to oppose and prevent the double sale of oxygen and water as the rivers become dammed. Like the farmers in Bajo Aguán, they similarly risk their lives. Osman spoke about how in a public meeting, his cousin Roberto spoke up against so-called forest cooperatives that the mayor was promoting. Roberto accurately observed that the initiative was simply being used to force hydroelectricity projects on local communities. When Roberto tried to interview the mayor, the mayor grabbed the neck of his shirt, and said, “You people are yangaras (communists) who are here to make life impossible.” When Roberto filed a complaint about this, the mayor gave a gift to the judge and subsequently won the case. Roberto then received a chain of threats, and in 2012 was forced to leave the country.

Miguel Facussé, the palm giant accused of mass killings through Dinant in Aguán, is also implicated in Atlántida. Another three CDM dams, are owned by Fredy Nasser’s Grupo Terra. Fredy is a son-in-law of Miguel Facussé. Nasser in fact owns 20 of the 24 dam concessions in Atlántida. Miguel Facussé’s other son-in-law, Lenir Perez, owns the largest mine project in Atlántida. Facussé has already landgrabbed most of Aguán (the most fertile part of Honduras) and Zacate Grande, and now his family is expanding its control over Atlántida.

Atlántida is a few hours by bus from Bajo Aguán. But lives seen as obstacles to oxygen trading are vulnerable in both places, reminding us of the urgency and relevance of this problem around Honduras and the world.

The Forest Cannot Be A Business”

Oxygen trading does not stop at rivers and palm trees. Honduras has forested land too. The World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) promotes and facilitates a program called “Reducing Emissions from Deforestation and Degradation,” also known as REDD-plus. Like the other programs, this involves selling oxygen based in the South.

Officially, REDD-plus has not yet been implemented in Honduras. But a $3.4-million grant for REDD Readiness Preparation was approved for Honduras and five other countries at a March 2013 meeting in Washington, DC. Prior to this, an agreement to participate in the preparation toward REDD-plus was signed in January 2013 with the Confederation of Autonomous Peoples of Honduras (CONPAH) after a year of negotiations over indigenous rights.

The Indigenous and Grassroots Organizations Council of Honduras (COPINH) wrote a public letter to FCPF in February 2013 to clarify that neither it nor the Afro-descendent Fraternal Black Organization of Honduras (OFRANEH) is part of CONPAH, and neither group will participate in the process to prepare REDD-plus. Indeed, they have been strongly critical of it and reject it outright.

Berta Cáceres of COPINH lives in the frosty, rural, and indigenous Lenca territory of La Esperanza. In a public letter, she explained that her organization is not against indigenous people being compensated for caring for forests; this is something they have done for centuries. She pointed out instead that genuine efforts to stop deforestation would require stopping large timber companies from clearing the land, not commodifying the forests to provide credits for big polluters around the world to continue contaminating.

In a January 2012 interview, Berta warned me about how REDD-plus will impact communities where it’s implemented. “It means that they are going to put army or security guards to make sure nobody enters,” she said, “so families can’t go and collect firewood or medicine.” The land will be privatized and conceded to companies, and the community will be excluded from making any decisions about it. This process opens doors to concessions of commercial projects, CDMs, mining, dams, and other projects damaging to forests. In light of this situation, perhaps REDD-plus would be better described as a business of “Reinforcing Enforcement of Dispossession” against communities—and one that causes deforestation anyway.

Death threats are just as real to those defending communities against REDD-plus as they are to those defending farms and rivers. Cáceres closed the 2012 year reporting serious and escalating death threats against herself and her family. In May 2013, while at a highway blockade organized against the damming of Rio Blanco, Berta was captured by police and detained overnight. She is still battling the charges against her.

Creating Change

It is no coincidence that Honduras is a hotbed for oxygen traders. Not only are there vast natural resources, but the state of impunity that the 2009 military coup intensified makes the country all the more attractive for profit making ventures. Still, Honduras is just one example of a global phenomenon.

Official international efforts to curb climate change have not always gone well. The latest UN climate negotiation that took place December 2012 in Doha, Qatar was condemned by Friends of the Earth International for not achieving emissions cuts agreements. The only winners from the talks were the polluting industries and the carbon trading market. The problem, as Carbon Trade Watch puts it, is that the UN talks have been finding “ways to expand the trading experiment, but the evidence suggests it should be abandoned.”

As UN negotiations have not solved the problem, the necessity for grassroots collaboration to create real change is all the more urgent. There is right now an opportunity for activists worldwide to join forces, share experiences, analyze the way markets dominate our lives, and decide collectively as communities from around the world what real climate solutions would mean and how to create a different system.

The stories of Vitalino, Berta, and the rest—and the memories of the nearly 100 farmers killed in Bajo Aguán—remind us of the urgency and importance of activism to stop the oxygen trade and start finding real solutions.

http://www.fpif.org/articles/the_oxygen_trade_leaving_hondurans_gasping_for_air

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Acaparamiento de tierras en Honduras: De las RED (“ciudades modelo”) a los REDD (“bosques modelo”)

En los últimos años se ha venido intensificando a nivel planetario el acaparamiento de tierras, afectando especialmente a los habitantes de los países mas pobres del planeta.

África y América Latina se han convertido en los objetivos de empresarios y estados-nación que han “adquirido” alrededor de 200 millones de hectáreas para la producción de granos básicos, agrocombustibles, acuicultura y mega proyectos turísticos. A partir de la creación del denominado Plan de Acción de Bali (diciembre del 2007) se dio inicio a una nueva forma de rapiña territorial promovida por Naciones Unidas y el Banco Mundial, maquillada de solución al cambio climático, bajo el programa de “Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques”, conocida pos sus siglas en inglés como REDD.

La Honduras post golpe de estado, además del incremento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, ha sufrido las secuelas de la concentración de poder en manos del Congreso Nacional, el que ha emitido sin mayor debate una serie de leyes de corte neoliberal, destinadas a la  entrega del territorio nacional, con el propósito de atraer la inversión extranjera.

Al mismo tiempo la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), en nombre las falsas soluciones la cambio climático ha promovido la entrega de los ríos a la incitativa privada, para la construcción de represas hidroeléctricas, sin tener en cuenta los cambios en la precipitaciones pluviales , como consecuencia del cambio climático. Ahora SRRNA entregará los remanentes de los bosques dentro de los territorios indígenas a compañías extranjeras.

Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la subasta de Honduras
A partir del golpe de estado en Honduras, la fracasada elite de poder nacional comenzó una subasta del territorio nacional, comenzando por la Bahía de Trujillo, donde el empresario canadiense conocido como el Rey del Porno, Randy Jorgensen, demolió la comunidad Garifuna de Río Negro, además de construir en las frágiles laderas del área protegida conocida como Capiro y Calentura, entre Trujillo y la comunidad  de Guadalupe. Jorgensen obtuvo instantáneas licencias ambientales para sus proyectos depredadores, casualmente durante la dictadura, cuyos funcionarios no vacilaron en validar los proyectos del rey del porno.

Posteriormente el Congreso Nacional de Honduras aprobó a matacaballos en enero del 2011, tras haber modificado la Constitución Nacional la ley conocida como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), alias ciudades modelo, la cual permite la venta de franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros. La actual administración gubernamental pretende subastar desde la Bahía de Trujillo hasta el río Sico, territorio  ancestral del pueblo Garifuna donde se encuentran ubicadas 24 comunidades, consideradas para muestro pueblo como su santuario cultural.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las ciudades modelo  el 17 de octubre del 2012, situación que conllevó a un golpe del poder Legislativo al Poder Judicial el 12 de diciembre de ese mismo año, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte de lo Constitucional opuestos a la subasta del territorio.

Los inversionistas extranjeros que en su momento pretendieron apoderarse de franjas estratégicas del territorio nacional, se autodefinen como libertarios, y no vacilan en declarar a la democracia como una forma obsoleta de gobierno. Una de la exigencia de estos libertarios de ultraderecha es la tercerización en la aplicación de justicia, promoviendo a la isla de Mauricio y las Cortes de  Londres como el lugar idóneo para resolver los litigios jurídicos que se puedan presentar en los estados-ciudad que pretenden instalar en Honduras.

El Congreso Nacional, tras haber perpetrado un golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, introdujo nuevas reformas a la Constitución Nacional y procedió  a aprobar de nuevo la controvertida Ley  el 23 de enero del presente año, demostrando con la defenestración del poder judicial, la inexistencia de independencia de poderes en Honduras.

REDD, falsas soluciones al cambio climático y la usurpación de los  territorios indígenas.
La reciente incorporación de Honduras al Programa REDD de Naciones Unidas, coloca a los pueblos indígenas del país en una situación de indefensión, ante la inexistencia del respeto a los territorios que hemos contribuido a preservar durante siglos. La Ley de Propiedad vigente en Honduras, está diseñada para destruir la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. El articulo 100, capitulo III, es un caballo de troya, que al implementarlo individualizará los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que habitamos en el país.

Honduras sufre de la perdida de un 3.4% de cobertura forestal por año. La deforestación es un negocio asociado con la elite de poder, sumado a la mano criminal de pirómanos que nunca son proseguidos por el endeble estado de ley imperante. Hasta finales del mes de marzo habían ardido 350 mil hectáreas de bosque.

El Programa REDD es una propuesta surgida en el año 2005, liderada por una una serie de países autodenominados La Coalición de Países del Bosque Tropical. En el año 2007 la propuesta fue presentada en la COP13 efectuada en Bali. Desde un inicio, los pueblos indígenas afectados en su gran mayoría por la  ausencia de leyes nacionales que protejan sus territorios, señalaron sus dudas respecto a los supuestos beneficios tanto de los REDD como de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés).

En mayo del 2008, en El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNFPII,por siglas en inglés) se dio una protesta de los pueblos ante la desconsiderada omisión de Naciones Unidas de respetar sus peticiones y posicionamientos. Casualmente en ese mismo foro en el año 2007, después de 25 años de negociaciones fue aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los pagos  de los servicios ambientales por la conservación del bosque, no es mas que un maquillaje para evitar que los países industrializados asuman responsabilidad directa sobre sus emanaciones de gases de invernadero. La deforestación tropical causa sólo el 10% de las emisiones, señala un estudio de la NASA, reduciendo en las dos terceras partes las estimaciones que se habían proyectado a inicios de los años 2000.

Los pueblos indígenas no son los deforestadores. En el caso de Honduras está mas que probado como los indígenas nos comportamos como defensores acerrímos del bosque y la depredación es promovida por políticos, militares y empresarios. El problema toral consiste en la ausencia de respeto a los territorios de los pueblos indígenas, los que poseen títulos de propiedad usualmente se confinan al casco de las aldeas, recayendo el control de sus hábitats funcionales en manos de los estados-nación.

La utilización de los REDD como mecanismo de despojo se viene dando en diversos confines del planeta. desde Papua Nueva Guinea al Peru. Casos como el del pueblo Wandengereko y Warufiji en el delta de Rufuji, Tanzania, los que vienen sufriendo de un despojo sistemático promovida por la WWF y un proyecto REDD, hasta el desalojo de los Ogiek en Kenia, impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

A pesar de la supuesta existencia de salvaguardas en relación al Programa REDD, estas no han sido mas que papel mojado. A partir de los Acuerdos de Cancún, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) asume la creación de sus propias salvaguardas. Como señala el Forest Peoples Program “La falta de un marco de salvaguardias normalizado y coherente plantea retos importantes en lo que respecta tanto a la obligación de rendir cuentas como a la coherencia, dentro del propio Programa de inversión Forestal (PIF ), el FCPF y el Programa ONU-REDD”.

En Honduras existe la experiencia de como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizan sus salvaguardias a su antojo, no solo desconociéndolas sino también vulnerando Convenios y Declaraciones suscritos por el estado de Honduras. Como ejemplo existe manipulación por parte del Banco Mundial para  lograr imponer la Ley de Propiedad, pieza clave en los despojos que se vienen fraguando en contra de nuestros pueblos.

Tanto las RED como los REDD, se perfilan como instrumentos  de despojo, destinados a apoderarse de los territorios de los pueblos indígenas de Honduras, sin que se haya  efectuado verdaderos procesos de consulta. Desafortunadamente  el estado fallido imperante en el país, sirve de caldo de cultivo de despojos, represión y entrega del territorio nacional.

Sambo Creek, 11 de Junio del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

https://ofraneh.wordpress.com/2013/06/11/acaparamiento-de-tierras-en-honduras-de-las-red-ciudades-modelo-a-los-redd-bosques-modelo/

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