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Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derecho…

Origen: Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

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Aurora II: A audiencia el funcionario que firmó Licencia Ambiental

El Juzgado de Letras de lo Penal señaló para el próximo 25 de agosto la Audiencia en contra de un funcionario de SERNA.

TEGUCIGALPA. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural conoció hoy que el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán señaló para el próximo 25 de agosto la Audiencia de Declaración de Imputado en contra del exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Marco Jonathan Laínez Ordóñez.
A él se le acusa por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Publica y la Comunidad Indígena Lenca de Guajiquiro en el departamento de la Paz.
En este caso, el 22 de julio pasado, el Ministerio Público acusó a Laínez Ordóñez por autorizar otra licencia ambiental para la ejecución de un proyecto hidroeléctrico denominado Aurora II, sin que éste fuera objeto del proceso de consulta libre, previa e informada, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
De acuerdo a la fiscalía, el  proyecto sería construido dentro de los territorios ancestrales Lencas, específicamente en las comunidades aledañas al Río Palagua.
Cabe resaltar, que los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, establecen la obligatoriedad que tiene el Estado de realizar la consulta a los pueblos indígenas siempre que se prevea la realización de cualquier proyecto nacional o regional que afecte a las comunidades en las que habitan, sin embargo, Laínez Ordóñez firmó la Licencia Ambiental (enero del 2011), a la empresa Inversiones Aurora S.A. de C.V., propietaria del proyecto hidroeléctrico.
El delito de Abuso de Autoridad se consigna en el artículo 349, numeral 2, del Código Penal vigente y tiene una pena que va de tres a seis años de cárcel, más la Inhabilitación Especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.
Como se recordará, en un primer proceso penal, el pasado 15 de junio, se confirmó por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán el Auto de Formal Procesamiento contra Marco Jonathan Laínez Ordoñez, luego de haber otorgado la Licencia Ambiental del proyecto Agua Zarca sobre el Río Gualcarque, en otra zona del pueblo indígena Lenca, siendo un caso similar y por el mismo delito que se le imputa actualmente.

Origen: Aurora II: A audiencia el funcionario que firmó Licencia Ambiental

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ESTADO HONDUREÑO VIOLA DERECHO DE CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDÍGENAS

A partir del golpe de Estado en Honduras del 2009, se aceleró el proceso de entrega de ríos y el territorio boscoso para la instalación de proyectos extractivitas. Sin embargo el Estado ha tomado decisiones desconociendo  los derechos colectivos de pueblos indígenas, tales como el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el país existe un total de 837 concesiones  mineras aprobadas, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño. En la actualidad la industria se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios, de acuerdo a un recién estudio realizado  por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús,  de la ciudad de El Progreso.

“Uno de los sectores más golpeados con estas concesiones somos los pueblos indígenas. El gobierno ha otorgado los permisos para proyectos mineros e hidroeléctricos a espaldas de las comunidades”, aseguró  Margarita Pineda del Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH).

El derecho a la Consulta Previa, libre e informada  está siendo conocida en las comunidades del interior del país. Desde las comunidades organizadas en defensa de los bienes comunes están  luchando para que  antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero se instale,  den a conocer la información necesaria para que desde su autodeterminación, sea el pueblo quien tome la decisión de aceptarlo o rechazarlo.

“Lo que pesa aquí en el país es que nos quieren consultar hasta que ya están otorgadas las concesiones y  cuando las empresas se están desarrollando la exploración para iniciar la explotación, y eso así no es válido porque están distorsionando el tema de la consulta previa”, manifestó la dirigente indígena.

“El asesinato de nuestra  líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas”, aseguró Cesar de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

 

Recordó que con todo esto el estado está violando  el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Propuesta y contra propuesta 

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el Estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte en una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso.

“Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas”, denunció Mirian Miranda de la Ofraneh.

Indicó que “fue a partir del Golpe de Estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, un destrozo para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios”.

¿Qué es una consulta previa, libre e informada?

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional. Los principios que deben fundamentar una consulta a pueblos y comunidades indígenas son:

Previa a la toma de decisiones que los pueden afectar. Libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo. Informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad, realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo.

De acuerdo a los convenios internacionales son los gobiernos nacionales quienes deben consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su calidad de vida.

 

“Nosotros  insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Además del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas”, concluyó Mirian Miranda.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3093-estado-hondureño-viola-derecho-de-consulta-previa-a-pueblos-ind%C3%ADgenas

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Honduras Still Ignores ILO 169 Requirements

The Government of Honduras made some misleading and false statements in its recent submission to the International Labor Organization (ILO).  In May-June of this year, the ILO held an international conference on Labor, during which the Government of Honduras submitted a report on its compliance with ILO 169, a treaty it signed in 1995.  By Honduras’s own claims, it only began to implement the treating in 2011, and the Honduran courts claim that even that statement is false.

You can view the ILO report submitted by the Government of Honduras here on the ILO website.  The Honduras specific section begins on page 152 of the report.

First up is Article 15 reporting, where Honduras reports on its consultations with interested indigenous groups before starting or authorizing any mineral prospecting or exploitation in their territory.  This is what the government of Honduras wrote and submitted (page 153):

“Natural Resources:  In the maritime zone of the Mosquitia, as part of the process of realizing a project to explore for oil and gas, a process a consultation during the period September to November 2013 was adopted; there were 10 consultative meetings with the territorial councils of the Mosquitia.  This practice of previous free and informed [consent] has been implemented since 2011.  Initially it was applied to hydroelectric projects in the Lenca indigenous zone (Intibuca and La Paz)…. “


If you didn’t know the actual timetable or anything about recent Honduran court decisions, you might be tempted to take those statement at face value.  The government of Honduras did undertake a consultation, staging 10 meetings in the area of the Mosquitia where it planned to carry out oil and gas prospecting, during the months of September to November, 2013 as stated.

However, ILO 169 Article 15 requires that consultation to take place before any such exploration project is authorized or started.  The Honduran Cabinet voted to approve a contract withBG group, a British oil and gas exploration company now a part ofRoyal Dutch Shell,  to carry out oil and gas exploration on the 9th of April of 2013, a full six months before any consultation took place.  The Honduran Congress approved the contract in May 2013, five full months before the first consultation.  Thus the entire authorization process took place before any consultation took place, violating the intent and the letter of ILO 169 Article 15, which, to reiterate, calls for prior, free, consultation with interested groups prior to the start, or authorization of any such exploration or exploitation of a mineral resource.  During the post-approval consultation, the Garifuna and Miskito communities involved soundly rejected the project.

Did Honduras carry out consultation? Yes.  Was it as Article 15 requires, prior to the start or authorization of any such mineral exploration or exploitation? No.  Honduras did not lie in its submission.  It did however, stretch the truth to make it sound like it complied with the consultation requirements when it did not.

The government of Honduras goes on to state in the next sentence:

This practice of previous free and informed [consent] has been implemented since 2011.  Initially it was applied to hydroelectric projects in the Lenca indigenous zone (Intibuca and La Paz)….


This time we have the word of a Honduran court and the Public Prosecutor’s office that this is not true.

This year, the Fiscalia de Etnias, a part of the Public Prosecutor’s office that is supposed to defend the rights of the indigenous peoples of Honduras, took the former vice head of SERNA, Marco Johnathan Lainez Ordoñez, and the Mayor of Intibuca, Martiniano Dominguez Meza to court over the approval process for the Agua Zarca dam.

A Honduran court ruled there was no prior consultation in the case of the Agua Zarca dam on the border between the municipalities of Intibuca and San Francisco de Ojuera.  The court said that SERNA did carry out consultation with the residents of San Francisco de Ojuera on December 8 and 9, 2010, but they live downstream from the project.  The residents of Rio Blanco, in Intibuca, where the dam was to be constructed, were never consulted, nor were they invited to the consultation session in San Francisco de Ojuera. On March 24, 2011, SERNA issued a 50 year Environmental License for the Agua Zarca dam without consulting the resident of the town most impacted by the dam.

This may have been because DESA, the company petitioning for the rights to build the project, listed its location as San Francisco de Ojuera, but the maps submitted with the project clearly show it being built on the border between the two municipalities, with most of the disruption falling to the upstream commmunity, Rio Blanco.  Only the actual power generation facility was located in San Francisco de Ojuera.  The dam, and a diversion canal that took water out of the river for power generation, were in Rio Blanco.

Ordoñez was convicted in June of this year of illegally giving the Agua Zarca project its environmental license in violation of the ILO 169 rights of the residents of Rio Blanco.  A second charge of abuse of authority has been filed by the same Fiscalia de Etnias against Lainez Ordoñez in a second Lenca dam dispute, this one on behalf of the Lenca community of Gualjiquiro in La Paz.
The mayor was charged with abuse of authority for having given the municipal permission to construct the dam without consulting with the people in Rio Blanco.  His case is still pending.

So the Honduran Courts demonstrate that the second statement, about beginning consultations in 2011 with the hydroelectric projects in the Lenca region is false.  As the UN Relator on the Rights of Indigenous People noted in the ILO report (page 155):

even in the cases where the indigenous people have title to their lands, they are menaced by claims from third parties who make claims over indigenous land and protect park lands for development of mineral and energy projects, model cities, and tourism.


The ILO commission which took this testimony issued a set of conclusions that noted that in the 20 years since Honduras signed the treaty, there has been no progress to formalizing rules for prior, free, and informed consultation of the indigenous peoples of Honduras when development or exploitation projects will impact their communities (page 182).  It urged the government of Honduras to develop policies, rules, and procedures to guarantee the prior, free, and informed consultation of indigenous groups in all cases where it applies.

Origen: https://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2016/08/honduras-still-ignores-ilo-169.html

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Gobierno de Honduras pretende imponer Ley Indígena para diluir el convenio 169 de la OIT

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Los pueblos indígenas aunados en el observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) denunciaron el pasado 5 de diciembre en la ciudad de El Progreso, Yoro, que el actual gobierno de Juan Hernández, pretende imponer una ley indígena con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT.

En la reunión participaron los pueblos indígenas Pech, Maya-Chortí, Lencas, Garífunas, Miskitos y Tolupanes.

Un padre Pech junto  a su hija

Un padre Pech junto a su hija

En un comunicado emitido este jueves, han denunciado que la Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de sus derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo político.

La ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las demandas de los pueblos indígenas y garífunas, tal como es el caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre.

También solicitan a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.

El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el asesinato del compañero Lenca, Tomas García y el intento de homicidio contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.

Mujeres tolupanes

Mujeres tolupanes

Denunciaron también la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuesta guerra contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.

En su comunicado además denunciaron la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde hace más de 20 años con el pueblo Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación pacífica del Centro Ceremonial de Copan.

Rechazaron rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega del territorio nacional a inversionistas extranjeros.

Los garifunas han sido desalojados de sus tierras en el caribe hondureño

Los garifunas han sido desalojados de sus tierras en el caribe hondureño

En el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal.

ODHPINH hiso un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no sean regidas por el mercado.

Finalmente El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.

Origen: Gobierno de Honduras pretende imponer Ley Indígena para diluir el convenio 169 de la OIT –

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