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EN SAN FRANCISCO DE OPALACA HARÁN CONSULTA SOBERANA SOBRE CONCESIONES EN SU TERRITORIO

Este fin de semana, el domingo 11 de septiembre la población del municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá realizará un ejercicio soberano donde se consultará a la ciudadanía si están de acuerdo o no con las concesiones mineras e hidroeléctricas en la zona.

San Francisco de Opalaca, en uno de los municipios más postergados del país, fundado en 1994, su población está distribuida en 8 aldeas y 78 caseríos. Actualmente alcanza los 11,352 habitantes. Todos sus habitantes son lencas.

Hace dos años fue conocida por el conflicto político que hoy los ha llevado a tener dos alcaldes. LEA MÁS AQUÍ

Según el dirigente de la Mesa Interinstitucional en San Francisco de Opalaca, Marcelino Bautista, la consulta se realizará a través  de asambleas comunitarias, mismas que se desarrollarán en 16 centros de votación distribuidos en distintas comunidades del municipio. (…)

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3160-en-san-francisco-de-opalaca-harán-consulta-soberana-sobre-concesiones-instalándose-en-su-territorio

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Ley de Consulta previa es engaño del Estado de Honduras para proteger transnacionales

Origen: Ley de Consulta previa es engaño del Estado de Honduras para proteger transnacionales

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ALERTA: LEYES REDOBLAN CONFLICTO AMBIENTAL EN HONDURAS

La periodista Claudia Mendoza del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), ha alertado este día que puede arreciar en el país el ya crítico conflicto social, territorial y ambiental entre pueblos originarios y la inversión capitalista neoliberal.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. En Honduras, la aprobación de dos leyes han fortalecido las concesiones de los recursos naturales, en la última década: la Ley General de Minería y la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. La primera, permite la masiva concesión de territorios para la instalación de empresas mineras (metálicas y no metálicas), mientras que la segunda, la concesión de ríos para la construcción de represas hidroeléctricas en el país.

Ambas leyes ceden los recursos naturales a las empresas nacionales y transnacionales, en el marco de un modelo extractivista excluyente que genera conflictos entre las comunidades y organizaciones ambientalistas con las compañías mineras e hidroeléctricas, por el daño ambiental y la violación de derechos humanos de las comunidades.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1572-alerta-leyes-redoblan-conflicto-ambiental-en-honduras

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Hay 60 concesiones mineras que ya están en explotación

09 Jul 2015 / 10:44 PM / Denisse Rodríguez

Hay 160 solicitudes en Inhgeomin. Primer cuatrimestre deja 71 millones de dólares.

En esta actividad participaron personas del continente americano, asiático y europeo. Foto: Andro Rodríguez
En esta actividad participaron personas del continente americano, asiático y europeo. Foto: Andro Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.

El área de explotación minera en Honduras apenas alcanza el 0.8% del territorio nacional que sobrepasa los 112,000 kilómetros cuadrados, calculó Ericka Molina, subdirectora del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

“El nivel de territorio que se está explotando es el 0.8% del total y actualmente hay 60 concesiones metálicas y no metálicas en explotación”, informó la funcionaria en el primer Congreso Internacional de la Minería que se celebra en la capital desde el miércoles.

Molina reconoció que con la nueva Ley de Minería, que se aplica desde 2013, están dado respuestas a las concesiones mineras que quedaron a nivel de solicitud. Además, Inhgeomin está en un proceso de depuración del catastro minero, para determinar la zona en que hay minerales.

“Necesitamos pasar por un proceso de actualización de los recursos geológicos y mineros”, añadió.

Es importante mencionar que el valor de los minerales se mueve de acuerdo con los precios en el mercado internacional. No obstante, algunos precios de minerales han mejorado, por lo que hay unas 160 solicitudes de concesiones mineras metálicas. De otorgarse su exploración, para ver si los yacimientos son rentables para el inversionista, se pasará a la etapa de explotación.

“Como Estado debemos tener la licencia ambiental, así como otras medidas, para dar paso a este proceso”, expuso. El congreso, que termina esta sábado, atrajo a decenas de inversionistas del sector que mostraron su interés en el país. La actividad es promovida por la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) con el propósito de interactuar entre la experiencia y el conocimiento que tienen otros países en esta materia, actividad se hará cada año.

En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones mineras totalizaron $71 millones en envíos al exterior. Este monto es $20 millones inferior a lo observado en el mismo período de 2014.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/857689-417/hay-60-concesiones-mineras-que-ya-est%C3%A1n-en-explotaci%C3%B3n

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Tramitan 20 solicitudes de exploración al mes

1 de Febrero de 2015

03:01PM  –  Faustino Ordóñez Baca  

Este rubro se ha vuelto atractivo para los inversionistas. El año pasado el país exportó 219.8 millones de dólares.

La explotación minera podría incrementarse este año debido a la apertura que está dando el gobierno.
La explotación minera podría incrementarse este año debido a la apertura que está dando el gobierno.

Tegucigalpa, Honduras

Honduras exportó el año pasado 219.8 millones de dólares, equivalentes a 4,543.8 millones de lempiras, como resultado de la explotación de minerales metálicos y no metálicos.

De esta cantidad, las empresas que gozan de la concesión pagaron los impuestos correspondientes, tanto a las alcaldías donde trabajan como al Estado, dijo la subdirectora del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ihgeomin), Erika Molina.

Para este año se avizora un incremento en la actividad minera luego del trabajo de depuración que han hecho las autoridades y por el interés cada vez mayor que hay entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

La funcionaria dijo a EL HERALDO que unos 30 permisos para la exploración minera fueron concedidos durante el año pasado como parte de la apertura que se está dando a fin de aprovechar los recursos naturales.

No hubo ninguna concesión para explotar, solamente se autorizó la primera fase y una vez que esté identificada la zona, y la empresa beneficiada valore que hay probabilidades de rentabilidad, se dará la respectiva concesión, explicó Molina.

En Honduras gozan de licencias de explotación las empresas Five Star Minning, American Pacific, Minerales de Occidente, Agregados del Caribe, Eurocantera y Business Development, la mayoría de capital extranjero.

Estas empresas laboran en San Andrés, Copán; Agalteca, Cedros; El Corpus, Choluteca; Santa Bárbara y Cortés.

Antes de dar un permiso de exploración minera se identifica la existencia de un yacimiento, sus dimensiones, su morfología y se establece si es rentable una futura explotación.

La subdirectora de Inhgeomin informó que se están registrando unas veinte solicitudes mensuales para la exploración minera, que son objeto de estudio.

Refirió que “Honduras ha visualizado en la minería un campo importante para fuentes de trabajo, recursos mineros, a través de la minería estamos cifrando muchas expectativas”.

Más de 200 concesiones que habían sido autorizadas hace varios años fueron canceladas porque se trataba de empresas a las que nunca se les vio interés alguno para iniciar operaciones, según el ministro de Recursos Naturales, José Antonio Galdames.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/790699-331/tramitan-20-solicitudes-de-exploraci%C3%B3n-al-mes

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Con nueva Ley de Minería no se ha aprobado concesiones

Jueves, 16 Octubre 2014 17:10

Sin embargo, la actividad minera no se ha detenido porque las explotaciones ya están establecidas bajo la anterior normativa.

Fuente: La Tribuna>

El viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Minas (Serna), Carlos Pineda, informó que desde la aprobación de la nueva Ley de Minería no se ha aprobado ni una tan sola concesión.

Pineda manifestó que hay varias personas que mostraron interés en invertir en el sector minero. Explicó, que en la actualidad no se ha otorgado ninguna concesión desde que fue aprobada la nueva Ley de Minería y las empresas mineras que se dedican a explotar a cielo abierto operan bajo la anterior normativa.

Por ahora, estas minas de óxido de hierro lo están almacenando por la caída del precio en el mercado internacional, mientras el mineral alcanza un repunte a nivel en su precio.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/13532-con-nueva-ley-de-mineria-no-se-ha-aprobado-concesiones

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COPINH PRESENTARÁ 50 DENUNCIAS FORMALES CONTRA PROYECTOS Y CONCESIONES ILEGALES E ILEGITIMAS.

POR ESTE MEDIO EL COPINH INVITA A ORGANIZACIONES Y LUCHADORES SOCIALES, A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS A QUE NOS ACOMPAÑEN EN LA PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIOBLICO DE 50 DENUNCIAS FORMALES CONTRA PROYECTOS Y CONCESIONES ILEGALES E ILEGITIMAS, QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA, LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DEL PUEBLO LENCA Y QUE VIOLENTAN EL CONVENIO 169, EL DERECHO DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO.
LES ESPERAMOS FRENTE AL MINISTERIOBLICO EN TEGUCIGALPA, A LAS 11:00AM, ESTE JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE.
COORDINACIÓN GENERAL COPINH

Fuente: http://www.copinh.org/article/copinh-presentara-50-denuncias-formales-contra-pro/

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Crecimiento de la industria minera en Centroamérica produce mitos, paradojas y realidades trágicas

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Honduras, Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de territorio concesionados y con más concesiones mineras
Managua, Nicaragua.- Durante las últimas dos décadas, la industria minera -en particular la minería metálica- ha retomado gran relevancia en América Central. Ese nuevo auge se debe, por un lado, a la disminución de regulaciones para su actividad de parte de los gobiernos nacionales y, por el otro, a la creciente demanda y los altos precios internacionales de metales como el oro, que en 2013 fue cotizado U$ 1.300 la onza (28 gramos), un incremento aproximado del 350% en los últimos 15 años.
Asimismo, la incesante demanda de mineral de hierro para la producción de acero crudo de parte de China, el mayor consumidor mundial de este elemento, sumado a la aprobación de varias directrices en países del norte, ante el agotamiento de materias primas y su obligación a garantizar el abastecimiento de minerales industriales para sus economías, profundizó aún más la expansión de la actividad minera en América Central.
De acuerdo con el estudio de 2011 “Impactos de la minería metálica en Centroamérica” del CEICOM (Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio), el 14% del total de territorio centroamericano está concesionado a empresas mineras, sobre todo de capital canadiense. El Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sobre los impactos de la minería canadiense, aclara que entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses.
Honduras, Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de territorio concesionados y con más concesiones mineras otorgadas a empresas, tanto nacionales como transnacionales.
El país con mayor número de concesiones es Honduras. El “Diagnóstico de la Situación Minera en Honduras 2007-2012”, realizado por el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), evidencia que actualmente hay 72 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 102 solicitudes presentadas. Sin embargo, el Cehprodec (Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario) asegura que existen 837 proyectos mineros potenciales -metálicos y no metálicos-, que en términos territoriales significarían casi el 35% del territorio nacional.
En otro diagnóstico presentado el año pasado, el ICEFI reveló que en Guatemala hay 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes. Si a esos datos sumamos los proyectos no metálicos, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertan que el área total concesionada a empresas mineras supera los 32 mil km², es decir casi el 30% del territorio guatemalteco.
Nicaragua enfrenta una situación muy parecida. En el informe “Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013”, la organización ambientalista Centro Humboldt reveló que la superficie total concesionada es de casi 18 mil km², es decir el 13.5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros.
El Salvador y Costa Rica viven situaciones diferentes. En El Salvador hay un total de 29 proyectos mineros metálicos -más 36 no metálicos-, pero ninguno de ellos se encuentra en fase de explotación. A partir de 2008, varias organizaciones de la sociedad civil salvadoreña iniciaron un minucioso y profundo trabajo de contrainformación, para incidir en la opinión pública sobre los efectos perversos de la minería metálica.
De esta manera buscaban contrarrestar la campaña mediática pro minería, promovida con fuerza por las empresas que estaban desarrollando proyectos explorativos, con el apoyo de los grandes medios de información corporativos y los partidos políticos de la derecha salvadoreña. En este intento, las organizaciones sociales coincidieron con el recién electo presidente Mauricio Funes (2009-2014), apoyado por el partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que condujo al establecimiento de una moratoria ‘de facto’ sobre la minería a cielo abierto.
La decisión del nuevo gobierno y del partido izquierdista salvadoreño en la Asamblea Legislativa de no otorgar ningún permiso de explotación minera, permitió volver a introducir en la agenda parlamentaria la discusión de un proyecto de ley integral, que permitiese definir un marco legal específico para reglamentar cualquier tipo de extracción.
“Lamentablemente, la visión extractivista de los otros partidos ha atrasado lo que consideramos un paso urgente y necesario. Sin embargo, el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén ya se declaró abiertamente contra la minería metálica, dándonos la oportunidad de seguir insistiendo en la urgencia de discutir ese tema”, dijo a Opera Mundi la diputada del FMLN y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lourdes Palacios.
Mientras tanto, en 2010, tras una larga campaña de concientización y movilización nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica votó, por unanimidad, la prohibición en su territorio de la minería a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en la actividad minera.
Falsos mitos
Recientemente, Managua fue sede del I Congreso Internacional de Minería, donde delegaciones de gobiernos, empresas mineras, expertos de la ingeniería y geología de más de 25 países de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, debatieron sobre innovaciones, programas, adelantos en materia técnica y geológica en la exploración y explotación minera.
Paralelamente, organizaciones sociales y populares de toda América Central realizaron un foro regional alternativo por la defensa de los bienes comunes, donde denunciaron los falsos mitos que rigen la industria minera, así como los graves impactos socio-ambientales que esta actividad y el modelo extractivista en general dejan tras de sí.
Un primer mito es que la explotación minera genera bienestar y desarrollo. “Se trata de un desarrollo artificial. Las empresas mineras se instalan en un territorio por un tiempo determinado, dedicándose a la extracción de un recurso no renovable. A medida que el recurso se agota, la inversión y todo lo que se había generado desaparece, y lo que queda son pueblos fantasmas, retroceso económico y devastación ambiental”, dijo a Opera Mundi,Pedro Landa, miembro del Cehprodec.
Además, las empresas pagan una regalía muy baja por cantidad extraída y su contribución al fisco es prácticamente insignificante. De esta manera, dejan al país una cantidad mínima de recursos si se compara con el valor de exportaciones generado.
En Nicaragua, por ejemplo, el oro se ha convertido en 2013 en el principal rubro de exportación con más de 442 millones de dólares. Sin embargo, la regalía del 3% del valor extraído resulta insignificante frente a las enormes ganancias de las compañías mineras. “Dejan las migajas y se llevan el grueso del dinero. Además, no les importa lo que pasa después. Cuando el oro se acaba, abandonan las minas y los pocos empleos que se han generado, dejando solamente desolación y daños ambientales”, explicó Tania Sosa del Centro Humboldt.
En definitiva, la contribución de la actividad minera a la economía nacional de los países centroamericanos sigue siendo marginal, oscilando entre el 1.25% del PIB (Producto Interno Bruto) de Honduras y el 2.5% de Nicaragua. “Si comparamos estos datos con la actividad agrícola, que en Honduras representa casi el 40% del PIB, es evidente que estamos ante una política errada que está destinada al fracaso”, dijo Landa.
Un segundo mito de la minería es la generación masiva de empleo. Estudios realizados por el Cehprodec demuestran que las empresas mineras medianas, como las que operan en América Central, generan, en su período de mayor explotación, entre 250 y 300 empleos directos y unos 1,200 indirectos.
En Honduras, por ejemplo, la participación de la minería en la generación de empleo absorbió un promedio del 0.2 % de la PEA (Población Económicamente Activa), es decir un poco más de 6,300 puesto de trabajo. En Nicaragua y en Guatemala este porcentaje va un poco más allá del 2%.
Además, se trata de empleos informales, no calificados, mal pagados y esporádicos. “Las empresas operan un promedio de entre 10 y 15 años y después se mudan, o comienzan a generar una serie de traspasos de dueños para crear un ‘velo corporativo’, que no permita identificar quien es el propietario. De esta manera, ocultan a los responsables de los impactos ambientales que, paulatinamente, comienzan a aparecer”, agregó el directivo del Cehprodec
“Minería verde”
La generación de una minería amigable con el ambiente, una “minería verde”, representa la tercera gran mentira y el espejismo que el capital transnacional pretende presentar como una realidad.
“Mundialmente es ampliamente conocido que la minería es una industria desastrosamente contaminante, genera daños que probablemente nunca puedan resarcirse. En un país tan pequeño y, a la vez, tan poblado como El Salvador, la minería y el uso de grandes cantidades de agua y de venenos tienen un fuerte impacto ambiental en cuanto a la destrucción del ecosistema”, sostuvoRicardo Navarro, presidente del CESTA-Amigos de la Tierra(Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada).
En efecto, las empresas mineras necesitan de mucha agua para realizar sus labores. De acuerdo con la publicación del Centro Humboldt “La minería o el poder del dinero”, estas empresas gastan en un día lo que una familia campesina consumiría en 20 años.
Además, para realizar el proceso de lixiviación y separar el oro de la roca en las minas a cielo abierto se usa el cianuro, un veneno altamente tóxico cuyo uso en minería ya fue prohibido por la Unión Europea a partir de 2010. Este modelo ocasiona también graves contaminaciones con metales pesados como plomo, arsénico, mercurio, zinc y aluminio.
Según el CEICOM, por cada onza de oro se remueven 20 toneladas de roca, se usa un promedio de 4 kg de cianuro de sodio y se desperdician 28 mil litros de agua por segundo. Además, por cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio. El agua envenenada va a parar a grades pilas, donde se queda temporalmente para después ser vertida en ríos y quebradas.
“Las empresas mineras aseguran que con el uso de la nueva tecnología se puede generar una minería amigable con el ambiente. Hasta juran que, al final de la explotación minera, las zonas estarán en mejores condiciones a la que estaban antes. La verdad es que este proceso acelera la degradación y destrucción socio-ambiental de la zona”, advirtió Pedro Landa.
El especialista en temas mineros relató que, en Honduras, existen alrededor de ocho “pasivos ambientales”, es decir minas que nunca fueron tratadas adecuadamente y que hoy están generando graves problemas de salud. Asimismo, se registran otros impactos graves, como la deforestación, la contaminación del aire por el polvo que se genera de las explosiones, la pérdida de la capa fértil de los suelos.
“En la zona de Valle de Ángeles, una zona muy turística en las afueras de Tegucigalpa, hay una mina que cerró hace más de 40 años y que continúa generando una cantidad inimaginable de contaminación de aguas acidas. Son montañas de desechos donde hay de todo: mercurio, plomo, arsénico, cadmio, aluminio, hierro. Cuando llueve, de estos cerros sale agua de color sangre por la cantidad de metales pesados que trae”, resaltó Landa.
Daños a la salud
Para el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura) y ex rector de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), uno de los problemas más críticos es el de los impactos sobre la salud.
“Para determinar si hay o no contaminación no podemos seguir pensando en la salud desde un enfoque capitalista y reduccionista, basado únicamente en valores mínimos y máximos que decide la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Tenemos que ver la salud como una totalidad de la vida y de los seres vivos. En este sentido, lo que la minería altera gravemente y destruye es la totalidad de la vida de un lugar, de una comunidad”, dijo Almendarez.
En los casos emblemáticos del Valle de Siria, en Honduras, y de San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, lo que la explotación minera dejó fueron graves problemas de la piel, partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos, pérdida de la vista y caída del pelo. “¿Quién va a responder por todo estos atropellos a la salud humana?”, se preguntó el exrector.
Criminalización de la protesta
En toda América Central, los procesos organizativos comunitarios y la protesta contra la expansión minera han sido constantemente criminalizados y judicializados. Eso ha generado decenas de conflictos sociales que han dejado un saldo dramático de centenares de personas perseguidas, reprimidas y encarceladas. También se registra el asesinato de varios líderes comunitarios y activistas campesinos e indígenas comprometidos con la lucha antiminera.
“Son estrategias que vulneran los intereses individuales y colectivos, entre otros, el derecho a la integridad personal, a la salud, a la alimentación, a la propia vida. Militarizan las zonas de explotación minera, dividen las comunidades, les niegan una consulta previa, libre e informada, criminalizan su protesta y la defensa de sus derechos, profundizan las amenazas, el hostigamiento, la represión y la violencia”, dijo Julio González deMadre Selva Guatemala.
Según él, las empresas fomentan, descaradamente, la compra de conciencias y la criminalización de los líderes comunitarios. “El modelo extractivista va en perjuicio de los pueblos, golpea la vida de las comunidades, desarticula los procesos organizativos, violenta los derechos del campesinado y de los pueblos originarios”, ahondó el doctor Almendarez.
Para el reconocido defensor de derechos humanos, la sola respuesta posible es más organización y articulación a nivel regional. En este sentido, el Movimiento Mesoamericano contra el modelo extractivo Minero (M4) es un ejemplo de articulación de organizaciones “que han tomado como base el análisis del modelo extractivo minero del sistema capitalista, para combatirlo y contrarrestar su avanzada”, agregó el director del CPTRT.
Estados coludidos
Esta situación y los efectos que se están viendo en las sociedades centroamericanas no serían posibles sin una corresponsabilidad de las autoridades nacionales. Una de las estrategias usadas es la supeditación de la legislación nacional a los intereses del capital minero, para así contener y criminalizar la protesta social. En muchos casos, estas leyes o reglamentos no solo rozan con la Constitución Políticas de los países, sino que violentan repetidamente el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
“Es de esperar que las autoridades estén al lado de los pueblos, sin embargo el bien común no se garantiza apoyando a un modelo económico que no asegura el bien para todos. Lo que hacen es poner una alfombra legal para que las empresas puedan seguir operando, con más privilegios, a costa de los derechos colectivos e individuales”, aseguró Julio González.
Para Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales CER Ixim, en Guatemala hay un endurecimiento de la situación político-institucional, donde todos los poderes del Estado se juntan para perseguir a la dirigencia indígena y campesina. “Su apuesta es desruralizar y desagrarizar a Guatemala, convirtiéndola en un país de ciudades intermedias donde se desarrolla el urbanismo y se destina el área rural para las actividades extractivistas. Todo esto está generando más conflictividad y represión”, dijo.
También en Honduras, la aprobación de una nueva Ley de Minería ha generado problemas muy serios. “Desde que el año pasado entró en vigencia la nueva legislación, ya contamos con 11 asesinatos relacionados directamente con la minería. Más de 60 personas han sido judicializadas por oponerse a la actividad minera”, reveló Landa.
En El Salvador, la resistencia contra la minería en Cabañas sufrió una violenta represión en los años pasados, dejando un saldo trágico de 4 activistas asesinados. Asimismo, la UDEFEGUA(Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala) reveló que se está asistiendo a un incremento sin precedentes de los ataques contra defensores, incluyendo a varios casos de asesinato de líderes comunitarios que encabezan movimientos contra la minería.
“El modelo extractivista o corporativo se está convirtiendo en una profundización del modelo neoliberal, donde las corporaciones cooptan los Estados, los desaparecen institucionalmente y asumen el control de las políticas nacionales”, concluyó Pedro Landa.
Fuentes originales: Opera Mundi 1 y Opera Mundi 2  (portugués)

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/internacionales/crecimiento-de-la-industria-minera-en-centroam%C3%A9rica-produce

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Coalición Nacional de Redes Ambientales exige la derogación de la Ley de Minería

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Siguatepeque, Comayagua (Conexihon).- La Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA) de Honduras exigió este martes la derogación de la “nociva Ley de Minería” así como la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha.
En su VI asamblea desarrollada este 10 y 11 de julio en la ciudad de Siguatepeque, la Coalición  pidió además “el reconocimiento de la decisión soberana de las poblaciones que en ejercicio de soberanía,  han declarado sus municipios libres de minería”.
En un comunicado público la CNRA exigió a los “órganos competentes del Estado la investigación y debida judicialización de todas las denuncias, sobre amenazas, secuestros y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades y poblaciones que se oponen a las concesiones y explotaciones mineras  en sus territorios”.
La acción sobreviene tras la tragedia de la comunidad de San Juan Arriba, de El Corpus, Choluteca, donde ocho trabajadores de la mina artesanal fueron soterrados.
“Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las personas soterradas en los tenebrosos túneles excavados para extraer oro en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, y denunciamos al Gobierno sobre la doble moral con que ésta manejando esta penosa catástrofe, que se refleja en la indiferencia mostrada con la no resolución de los recursos legales presentados por organizaciones ambientalistas ante el Ministerio Público sobre la grave situación que desde hace años enfrentan nuestros compatriotas del sur”, indicaron.
De igual forma, la CNRA expresaron sus muestras de solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan los  pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán, “quienes enfrentan amenazas de desalojo por la Empresa Aura Minerals que usufructúa territorios concesionados para la explotación minera en ese municipio”, así como, “los habitantes de las comunidades de El Tránsito, Nacaome, Valle, y Nueva Esperanza, Tela, que por idénticos motivos  a la defensa de sus derechos frente  a concesiones  y explotaciones mineras enfrentan procesos judiciales, persecución e intimidaciones por parte de operadores de justicia e inversionistas mineros”, indicaron.
A un año de aprobada la nueva Ley de Minería, los casos anteriores, solo son algunos ejemplos de los resultados negativos de la implantación de esta política extractivista, que desde esta Coalición habíamos oportunamente señalado, ya que la aplicación de políticas, legislaciones y modelos económicos incongruentes con la dignidad del ser humano y sus hábitat.
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Fuente:http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/coalici%C3%B3n-nacional-de-redes

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Debilidad institucional e industria minera: binomio generador de conflictos

Jun 27, 2014

Partiendo de dos casos específicos: Mina San Martín al norte del departamento de Francisco Morazán y San Andrés en el occidental departamento de Copán, el  Instituto Centroamericano de Estadios Fiscales ICEFI llegó a la conclusión que la instalación de esta industria extractiva genera conflictos en las comunidades de Honduras.

Esta semana el ICEFI presentó en Tegucigalpa el “Diagnóstico de la situación minera en Honduras”, un documento que busca contribuir a un debate informado y técnicamente sustentado entre los actores vinculados a esta actividad.

Minería es sinónimo de conflictividad

El estudio destaca el carácter conflictivo de la instalación de la industria minera en Honduras debido al enfrentamiento de las empresas mineras con las comunidades. Esta conflictividad ha producido la muerte de 12 personas, existen 21 conflictos a nivel nacional y 30 personas están enfrentando procesos judiciales acusadas por los delitos de amenazas, sedición y traición a la patria, confirma Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales de Honduras.

“La empresas mineras llegan creando conflictos en las comunidades, aprovechándose de sus múltiples necesidades llegan prometiendo regalías y proyectos a las comunidades, pero de fondo está la explotación que trae serías consecuencias para los habitantes, además de toda la división que provocan”, dijo Landa.

En el diagnóstico se desnuda la debilidad institucional que se manifiesta en la poca operatividad de las instancias  encargadas de la protección de los bienes naturales. La poca operatividad en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, traducida en la falta de personal calificado y de políticas salariales atractivas y competitivas, y la carencia de presupuestos adecuados que se unen a la ausencia de regulaciones y sanciones claras.

El economista Hugo Noé Pino, miembro del ICEFI aseguró que el Estado hondureño ha sido incapaz de monitorear las acciones relacionadas con la industria minera del país. “El ejemplo que ponemos es que durante el periodo 2004 a 2013 hubo una veda para las nuevas concesiones mineras, y fue precisamente durante ese tiempo donde hubo una serie de conflictos que el Estado fue incapaz de regular y mantener, ahora imagínese que pasará cuando el actual gobierno tiene una política de puertas abiertas para llegada de esta industria, por eso recomendamos al Estado el fortalecimiento a INGEOMIN (Instituto de Geología y Minas) y que cree políticas que sirvan para regular y monitorear la actividad”.

Mínima generación de trabajo, raquíticos ingresos

Jonathan Menkos, coordinador del ICEFI manifestó en entrevista con Radio Progreso que la contribución económica de la minería al país es reducida. Durante la década anterior, de los años 2000 a 2011 solamente la actividad contribuyó en promedio al 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto y generó apenas 0.2 por ciento de la Población Económicamente, PEA, equivalente a unos 6 mil 300 empleos directos. Estos datos contrastan con la participación en el total de las exportaciones de bienes que durante la primera mitad de la década anterior andaban entre el 8 por ciento y el 12, reduciéndose, en los años 2007 y 2011, entre 4 y 8 por ciento.

En materia de pago de impuestos por parte de las compañías mineras se comprobó lo difícil que es conocer estos montos debido a la falta de información. “Las instancias gubernamentales que deben proporcionar estos datos son pocos transparentes, lo que imposibilita tener un dato exacto de la cantidad de impuestos que pagan estas empresas”, dijo Menkos.

De acuerdo a la legislación nacional, las compañías mineras que están instaladas en el país deben pagar el impuesto sobre renta con una tasa de 10 por ciento, cuando en promedio la tasa oscila entre el 25 y el 35 por ciento para el resto de personas naturales y jurídicas. A esto se suma el impuesto municipal que funciona como regalías mineras del 1 por ciento del valor de las exportaciones mensuales.

Una ley nociva

La debilidad institucional quedó manifiesta cuando en el año 1998 se aprobó la Ley General de Minería actualmente vigente, la cual padece de múltiples debilidades. Por ello en 2006 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional 13 de sus artículos. Pese a ello, no hay ninguna corrección jurídica y el marco legal se encuentra a deriva en cuanto a la aplicación de esos artículos.

Jonathan Menkos agregó que al analizar la nueva Ley de Minería, que entró en vigencia en enero de 2013, el informe advierte que el espíritu promotor de la misma, sin el suficiente consenso social para su aprobación, además de la falta de sanciones y una regulación dependiente de instituciones débiles, podrían conducir a mayor conflictividad con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, así como a una mayor polarización del tema.

El diagnóstico finaliza haciendo una serie de recomendaciones. En su mayoría apuntan al señalamiento de la debilidad institucional que no será algo que el gobierno pueda superar en corto plazo y un exceso de aprobaciones en la actualidad darán lugar a que no se pueda monitoreo debidamente la actividad minera. La gravedad y la extensión de los conflictos estarán determinadas por el número y naturaleza de las nuevas aprobaciones.

En la actualidad Honduras cuenta con 72 concesiones metálicas vigentes y otorgadas las que se encuentran en los departamentos de Choluteca, Copán, Santa Bárbara y Francisco Morazán.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1125-debilidad-institucional-e-industria-minera-binomio-generador-de-conflictos

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Minería en Honduras es sinónimo de conflictividad, según estudio de ICEFI

Jun 25, 2014

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), realizó un estudio a la situación minera en Honduras que comprende los años 2007 hasta el 2012.

El estudio arrojó que la industria minera en Honduras sólo ha dejado como resultado una serie de conflictos relacionados con el deterioro ambiental específicamente la contaminación de las fuentes de agua y la deforestación.

El ex presidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noe Pino es ahora miembro del ICEFI y en el marco de este estudio manifestó que el Estado de Honduras ha sido incapaz de monitorear las acciones relacionadas con la industria minera del país.

“El Estado debe establecer políticas que realmente sirvan para regular y monitorear la actividad minera, los gobiernos deben defender los intereses colectivos de la comunidad, en vez de apoyar a las empresas mineras”, expresó Pino.

En el diagnóstico, el ICEFI también destaca que la nueva ley de minería sólo es el reflejo de un contexto institucional hondureño débil que carecen de sanciones, convirtiéndose así en el principal incentivo para el no cumplimiento de la Ley.

Pedro Landa del Centro Hondureño de Promoción y Desarrollo Comunitario, CEPRODEC, expresó que este diagnóstico viene a respaldar y a confirmar que la nueva Ley de minería en Honduras, sólo ha venido a vulnerar  los Derechos Humanos.

Honduras cuenta con 72 concesiones mineras metálicas vigentes y otorgadas en los departamentos de Choluteca, Santa Bárbara, Copán, Francisco Morazán y Valle.

Fuente: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/1115-miner%C3%ADa-en-honduras-es-sin%C3%B3nimo-de-conflictividad-seg%C3%BAn-estudio-de-icefi

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Ibis e Icefi presentan el “Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012”

En consorcio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, y la organización danesa de desarrollo IBIS presentaron el estudio de caso de Honduras, titulado “Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012”. Estas organizaciones buscan contribuir a un debate informado y técnicamente sustentado entre los actores vinculados a las actividades extractivas.

El estudio destaca el carácter conflictivo de la minería en Honduras, que, en términos generales deviene de: a) enfrentamientos de las empresas mineras con las comunidades; b) bajos niveles de contribución a impuestos nacionales y municipales; c) problemas ambientales; d) violaciones a derechos humanos; y d) marco legal débil y favorable a compañías mineras; y e) institucionalidad débil del Estado para regular las actividades extractivas.

Utilizando los ejemplos de la mina San Matías en Francisco Morazán y San Andrés en el occidente de Honduras, el trabajo presenta los actores y sus conflictos. En su mayoría los conflictos están relacionados con el deterioro ambiental, específicamente por la contaminación de fuentes de agua y deforestación. Otro aspecto determinante de la conflictividad, es la percepción que las comunidades tienen sobre las instituciones públicas como canales inefectivos e ilegítimos para mediar. Asimismo, perciben que estas instituciones no son lo suficientemente transparentes y se inclinan a favor de la minería.

En lo relacionado a la contribución económica de la minería al país, el diagnóstico presentado la califica de modesta dado que durante la década anterior (entre 2000 y 2011) solamente contribuyó en promedio al 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB) y generó una nivel de empleo de apenas 0.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a un promedio de 6,342 puestos de trabajo. Esto contrasta con la participación en el total de las exportaciones de bienes que durante la primera mitad de la década anterior osciló entre 8% y 12%, reduciéndose, en los años 2007 y 2011, a entre 4% y 8%.

En materia de pago de impuestos por parte de las compañías mineras se recalca lo difícil que es conocer estos montos fidedignamente debido a la falta de información. No obstante, estimaciones realizadas por Cepal muestran que el pago de impuestos representa alrededor de 10% de las utilidades de las empresas mineras, muy por debajo del 27% en Perú, 36% en Chile, 37% en Colombia y 58% en Bolivia. Lo mismo sucede con el pago de regalías a las municipalidades las cuales, de acuerdo a estudios realizados por el Centro de Estudios para la Democracia ―Cespad―, debieron haber sido de alrededor de USD 10 millones para el período comprendido entre 2001 y 2007, mientras que lo efectivamente pagado fue un millón de dólares, lo que equivale al 0.1% del total de exportaciones. El documento llama a aumentar la transparencia y los niveles de contribución en materia tributaria.

Finalmente, al analizar la nueva Ley de Minería, que entró en vigencia en enero de 2013, el informe advierte que el espíritu promotor de la misma, sin el suficiente consenso social para su aprobación, además de la falta de sanciones y una regulación dependiente de instituciones débiles, podrían conducir a mayor conflictividad con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, así como a una mayor polarización del tema.

El consorcio IBIS-Icefi propone como solución iniciar un proceso de reformas legales e institucionales para cambiar el enfoque de la minería en Honduras, para transitar de una estructura promotora a una reguladora. Tal y como el estudio advierte, este proceso plantea desafíos tanto técnicos como políticos, entre los cuales se destaca la urgencia de un debate amplio e incluyente (en especial, a las comunidades afectadas por los proyectos mineros), que permita construir espacios de diálogo transparente e informado, y que, muy especialmente, permita además evaluar a la minería de metales como opción de desarrollo, sopesando sus costos y beneficios, reconociendo que la protección y garantía de los derechos humanos debe ser el punto de partida en cualquier discusión sobre la minería y el desarrollo de Honduras.

Tegucigalpa, Centroamérica, 24 de junio de 2014

http://icefi.org/wp-content/uploads/2014/06/Diagn%C3%B3stico-de-la-situaci%C3%B3n-minera-en-Honduras-2007-2012-versi%C3%B3n-para-sitio-web.pdf

http://icefi.org/wp-content/uploads/2014/06/Comunicado-de-prensa-Icefi-Ibis-mineria-Honduras.pdf

http://icefi.org/wp-content/uploads/2014/06/presentaci%C3%B3n-honduras-24JUN2014.pdf


Fuente: http://icefi.org/ibis-e-icefi-presentan-el-diagnostico-de-la-situacion-minera-en-honduras-2007-2012/

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SERNA facilita la inversión

 

SernaLa Secretaría de Recursos Naturales después de ocho años de letargo y corrupción, esta mostrando una nueva dinámica y agilidad, bajo la conducción del Ministro José Galdames.

Empleados de SERNA comentaron a LaNoticia.hn que las autoridades anteriores se robaron todos los Estudios de Minería y los vendieron al mejor postor, al igual NO concedian licencias Ambientales si no les daban mínimo 2 millones por licencia.

Esto atraso mucha inversión y espanto fuertes inversiones extranjeras, todo esto estaba a luz publica y ante la vista gorda de los dos gobiernos anteriores.

El nuevo ministro desea recuperar la credibilidad de la institución y cuidar sobretodo nuestro medio ambiente para nuestras futuras generaciones

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/serna-facilita-la-inversion/?ModPagespeed=noscript

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Realizan seminario sobre derecho a la consulta previa y defensa de los territorios

Jun 12, 2014

San Pedro Sula. Fue por medio de un seminario que los analistas Ivania Galeano, Joaquín Mejía, Pedro Landa y Juan Mejía, dieron a conocer los diferentes temas de impacto que deben conocer las comunidades ante la amenaza que sufren sus territorios por parte de la industria extractiva y las leyes nocivas que entregan el territorio.

El seminario fue organizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Convergencia por los derechos humanos noroccidental, en el marco del contexto actual en el que muchas comunidades se ven amenazadas por alrededor de 300 nuevas concesiones mineras e hidroeléctricas bajo el paraguas de la nueva Ley de Minería y el gobierno de Juan Orlando Hernández que ha impulsado aún más estos proyectos, incluyendo las Zonas Especiales de Desarrollo o ciudades modelo.

La abogada Ivania Galeano miembro de la Convergencia por los derechos humanos, explicó la consulta previa desde una perspectiva del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. En esta perspectiva se deben tomar  en cuenta primero El Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos Especiales. Y segundo los órganos de tratados que éstos a su vez son creados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional apuntó en su participación, que la gran obligación del Estado es respetar y garantizar los derechos de la población. A su vez esta gran obligación tiene cuatro sub-obligaciones importantes que el Estado debe tomar en cuenta: a) prevenir las violaciones a los derechos humanos, b) investigar y monitorear para ver que las leyes se cumplan c) sancionar a aquellos que no actúan de acuerdo a los establecido d) reparar y remover aquellos obstáculos fácticos y normativas que mantienen la discriminación.

“Cuando se investiga se combate la impunidad, para de esta forma sancionar a los responsables y así fortalecer la democracia en nuestro país”, dijo Mejía refiriéndose a los hechos que se han dado en los últimos años en los que las comunidades han sucumbido ante la explotación de sus territorios sin haberles consultado e ilegalmente, hechos que aún siguen en la impunidad.

En este seminario también se discutió la Ley de Minería que actualmente rige esta actividad en el país y la defensa de los territorios. El ambientalista miembro de la Coalición de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, enfatizó que los bienes son considerados como bienes mercantiles que pueden convertirse en dinero y es por eso que la amenaza cada vez es más palpable para las comunidades.

“El territorio no se delimita por un título de propiedad, tiene que ver más bien con los bienes para subsistir de un pueblo, de sustento, de armonía de quienes viven en él”, indicó.

El derecho minero y derechos de propiedad constituyen un derecho real distinto y separado de la propiedad del predio superficial donde se encuentra ubicado. Según el Art. 48 de la nueva ley de minería en ningún caso la Autoridad Minera otorga derechos mineros en las siguientes zonas: Las áreas protegidas, zonas que se encuentran en recuperación, zonas que generan energía y zonas declaradas como patrimonio nacional, sin embargo las cosas son distintas en la práctica.

La ley se contradice, explicó Landa en su ponencia, el Art. 43 de la misma ley indica que con el fin de evitar el monopolio de concesiones mineras, a una persona natural o jurídica, solamente podrá ser titular de un máximo de diez (10) concesiones mineras para lo cual debe acreditar ante la Autoridad Minera, la capacidad técnica para su funcionamiento.

“No se puede combatir los monopolios mineros cuando a una empresa se le otorgan esta cantidad de concesiones, ¿entonces solo de once (11) en adelante será monopolio?”, mencionó Landa.

Para muestra un botón

Para finalizar esta jornada, el ingeniero ambiental y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Juan Mejía compartió la experiencia del pueblo tolupán, el cual está conformado por 31 tribus.

Los tolupanes reciben un ingreso monetario mensual de 300 lempiras, con los cuales viven o sobreviven junto a sus familias. Un 95% de la población tolupán menor de 14 años sufre desnutrición. Los tolupanes en sus comunidades son buenos dirigentes comunales y de igual manera se desempeñan como delegados de la palabra de Dios y no solo predican la palabra, si no también hacen conciencia social en las personas.

Sin embargo, la riqueza de sus territorios es grande y ahora se ha convertido en una fuente de peligro por quienes quieren explorar sin tomarlos en cuenta. Un 30% de la población tolupán reporta plata en su territorios y un 70% reporta oro, “esto no quiere decir que nuestros compañeros tolupanes son ricos, sino más bien que están sentados en un botín  para los corruptos de este país, para las empresas madereras y empresas mineras”, concluyó Mejía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1073-realizan-seminario-sobre-derecho-a-la-consulta-previa-y-defensa-de-los-territorios

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Correcto revisar concesiones mineras

27 de Mayo de 2014

09:33PM  –  diario@elheraldo.hn   

El MP está a la espera de remisión de informes de auditorías realizado por la Serna.

El fiscal general adjunto del Ministerio Público, Rigoberto Cuéllar.
El fiscal general adjunto del Ministerio Público, Rigoberto Cuéllar.

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público (MP) se mantiene a la expectativa ante la denuncia de irregularidades en el otorgamiento de 259 concesiones mineras.

De momento en el MP no se inició una investigación, porque se está a la espera de remisión de informes de auditorías que instruyeron realizar autoridades de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente (Serna), en el caso que en las mismas se encuentren indicios de responsabilidad penal.

“Todavía están en la elaboración de informes, no se ha remitido absolutamente nada en el MP, habrá que esperar a que terminen”, manifestó el fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar, en declaraciones a EL HERALDO.

Recordó que el MP conoce de hechos que revisten carácter delictivo, no de auditorías que contengan errores administrativos.

“Si de esas auditorías resulta la posible comisión de un ilícito penal entonces esa auditoría se remitirá al Ministerio Público y por supuesto que se estará en la obligación de proceder”, manifestó.

Sin embargo, entiende que en este caso no se habla de irregularidades de carácter penal, sino administrativo.

Cuéllar considera que es correcto que se haga una depuración de expedientes ambientales, tal como él lo hizo mientras fungió como ministro de la Serna.

“Hay mucha gente que solicita concesiones, pasa el tiempo y no desarrollan los proyectos; entonces, es correcto que se revisen esos expedientes y se revisen los proyectos que no han iniciado, que debieron haber iniciado, y por lo tanto deben cancelarse a efecto de otorgar la oportunidad a otros inversionistas serios para que puedan desarrollar los proyectos”, expresó el adjunto.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/713541-331/correcto-revisar-concesiones-mineras

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SERNA revisará concesiones dudosas otorgadas a mineras

Lunes, 26 Mayo 2014 23:49

Cancelarán las “pandas”

Según el titular de SERNA, se pretende recuperar las áreas que han sido otorgadas, ya que son pocos los que se están ejecutando proyectos.

Según el titular de SERNA, se pretende recuperar las áreas que han sido otorgadas, ya que son pocos los que se están ejecutando proyectos.
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) revisará más de 500 licencias de exploración y explotación otorgadas a compañías mineras, para cancelar las que estén al margen de la ley.

“Hay en revisión un total de 10 mil expedientes de los últimos dos gobiernos; los permisos que de acuerdo a la ley no puedan seguirse implementando vamos a proceder para que se devuelvan estas áreas y estén a favor del pueblo hondureño”, subrayó el ministro de SERNA, José Antonio Galdámez.

Además, apuntó que igualmente analizarán las licencias otorgadas por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), que corresponde a los dos últimos gobiernos.

Se tomarán algunas medidas, como contratar a una empresa extranjera especializada para que haga todo el peritaje, porque hay varios asuntos que deben hacerse desde la óptica de una auditoría completa, manifestó el titular de la institución.

PROYECTOS NO EJECUTADOS
“No se pueden dar nuestros recursos naturales a personas o empresas que únicamente lo que hacen es obtener las licencias, pero no ejecutan los proyectos y el país necesita un adecuado clima de inversión y generar empleo”, expresó Galdámez.

El funcionario dijo que revisarán algunos temas legales, ya que actualmente la Ley General de Minería en Honduras le permite a una persona tener 10 permisos de operación, pero no son ejecutados todos.

En cuanto a las empresas que realizan exploración y explotación de suelos y no tienen una licencia también se tomarán las acciones correspondientes a través de incentivar a las personas para que denuncien, dijo el ministro.

“Nosotros estaríamos esperando a final de mes para que el Presidente tenga el informe y proceder a la contratación para la empresa encargada del peritaje”, agregó.

CIFRA
21, 322, 435. 55 lempiras pagaron las compañías mineras en el primer bimestre de 2014, por impuesto de exportación y canon territorial, según INHGEOMIN.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/noticias/serna-revisara-concesiones-dudosas-otorgadas-a-mineras?utm_source=nacionTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Cámara Minera respalda depuración de expedientes

 

26 de Mayo de 2014

10:09PM  –  Faustino Ordóñez   

Si se comprueba que hubo algo irregular, se debe deducir responsabilidad penal. Hay preocupación porque se retrasen trámites.

La industria minera sigue teniendo gran potencial en el país, a pesar de la explotación histórica.
La industria minera sigue teniendo gran potencial en el país, a pesar de la explotación histórica.

Tegucigalpa, Honduras

La Cámara Minera de Honduras brindó este lunes un total respaldo a las acciones gubernamentales encaminadas a revisar y, si es posible, cancelar los permisos de exploración y explotaciones de la industria de la extracción.

La Cámara va más allá, que se deduzca la responsabilidad penal a los actores de irregularidades, tanto empresarios como exfuncionarios, en el caso de que se comprobara que hubo colusión en el trámite de los permisos, dijo el presidente de la organización minera, Áfrico Madrid.

La investigación, que realiza una comisión de técnicos de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna), ya dio los primeros resultados: 16 concesiones fueron canceladas, según lo reveló a EL HERALDO, en su edición de este lunes, el viceministro de Ambiente y Minas, Carlos Pineda Fasquelle.

La Cámara Minera de Honduras la conforman varios actores: empresarios, comunidad, propietarios de tierras, gobiernos locales, procuradores legales, mineros independientes y organizados, transportistas y agentes aduaneros, entre otros.

Madrid dijo que la Cámara está totalmente de acuerdo con la investigación de los expedientes ordenada por el presidente Juan Orlando Hernández.

“Como Cámara estamos de acuerdo en que se haga la revisión, que cada uno de los expedientes sea revisado, analizado y actualizado. Los que se encuentren con irregularidades deben ser inmediatamente suspendidos para investigación”, dijo Madrid, exministro del Interior.

Si en el proceso “se encuentran las pruebas fehacientes de que hubo un trámite irregular”, que se proceda a la cancelación del permiso.

Sin embargo, Madrid dijo que los inversionistas que han hecho las cosas bien, que son la mayoría, le piden al gobierno “que la revisión no vaya a causar un retraso en los demás trámites que sí se están haciendo de manera correcta”.

Los inversionistas nacionales y extranjeros aspiran a “que la investigación o depuración que se está haciendo no retrase las demás concesiones o solicitudes” de concesión.

Si esto ocurre, traería consecuencias económicas negativas, tanto para las empresas como para el país mismo.

Madrid dijo: “Le vamos a ayudar al gobierno para que le aplique la ley a las personas que han actuado irregularmente y -si es necesario- estamos de acuerdo en que se proceda en los juzgados de lo penal”.

“No pueden pagar todos por el mal de unos pocos. Si hubo algunos pocos que se coludieron con exfuncionarios de esas instituciones hay que investigarlos con todo el peso de la ley”, añadió.

“Pero tampoco hay que generalizar o dañar la imagen o retrasar los trámites de empresarios, inversionistas hondureños y extranjeros que han actuado apegados a la ley, a los reglamentos y con todo el respeto debido a las autoridades”.

Se sospecha que las irregularidades en el proceso de concesionamiento de permisos de exploración hubo arreglos bajo la mesa para evadir el pago de impuestos.

http://www.elheraldo.hn/pais/713216-331/c%C3%A1mara-minera-respalda-depuraci%C3%B3n-de-expedientes

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Bajo investigación 259 concesiones mineras

25 de Mayo de 2014

09:54PM  –  Redacción   

De confirmarse irregularidades se deduciría responsabilidad a exfuncionarios y empleados. Habrían sido otorgadas con base en leyes mineras no vigentes para evadir impuestos.

Tegucigalpa, Honduras

Un verdadero festín de concesiones mineras, metálicas y no metálicas, se habría en el país, con la confabulación de falsos inversionistas del ramo y funcionarios corruptos de la administración pública.

EL HERALDO supo que estas concesiones habrían sido otorgadas, muchas de ellas, con la velocidad de un rayo, por lo que ahora se investiga a los funcionarios que se prestaron para cometer esta nueva anomalía.

De estas irregularidades ya estaría informado el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, quien habría ordenado una exhaustiva investigación que conlleve al castigo de los responsables y a la cancelación de todas las concesiones viciadas de irregularidades.

En ese sentido, EL HERALDO supo que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) ya investiga 259 concesiones mineras cuyos permisos de exploración o de explotación habrían sido obtenidos de manera irregular.

Las concesiones

El primer aspecto que se está analizando es la parte jurídica, si las concesiones fueron tramitadas con base en la nueva ley, que deja importantes dividendos al Estado y a las municipalidades, o con base en las leyes anteriores, que nada o poco dejaban al país.

Entre las 259 concesiones mineras hay 98 que son metálicas (oro, plata) y 161 no metálicas (arena, grava, yeso, piedras).

Lo primero que encontraron los técnicos entre las 98 concesiones mineras de carácter metálico es que los sitios adjudicados fueron abandonados por los inversionistas, supuestamente a la espera de venderlos a otros empresarios y sacar ganancia sin dejar nada al Estado.

De este tipo de casos fueron detectados 22, lo que motivó a cancelar los permisos, informó a EL HERALDO Carlos Pineda Fasquelle, viceministro de Ambiente y Minas.

De manera minuciosa se están investigando las otras 76 concesiones metálicas.

Las otras 161 concesiones no metálicas están pasando por el mismo esquema de investigación.

Honduras es un país rico en recursos naturales a pesar de haber sido saqueado durante los trescientos años de la conquista española y la posterior presencia de aventureros que gozaron de jugosas concesiones otorgadas por los gobiernos de turno.

Cuando las autoridades de aquellos tiempos se enteraron que era necesario crear un marco jurídico, crearon un Código Minero (vigente desde principios del siglo pasado), posteriormente una Ley General de Minas, que estuvo vigente hasta abril del año pasado, y la recién creada Ley General de Minería.

Los dos primeros cuerpos jurídicos daban luz verde para otorgar concesiones de exploración y de explotación al mismo tiempo. Ahora, con la nueva ley, la exploración es una cosa y la explotación otra y ambas requieren de licencia ambiental.

Antes de que entrara en vigencia la Ley General de Minería, las comunidades solo tenían derecho a presenciar la explotación inmisericorde de sus recursos, algunos bajo la modalidad de cielos abiertos, con los consecuentes daños al ambiente y a la salud.

Ahora, con la nueva ley, si las comunidades no están de acuerdo no hay explotación. Incluso, las comunidades pueden aprobar o improbar la modalidad a utilizar.

Diferencia

Otra diferencia con las leyes anteriores es que la actual fija el pagadero de un canon según el área asignada y el pago del dos por ciento de las exportaciones a las municipalidades y otro dos por ciento al Estado (al Instituto Hondureño de Geología y Minas). También las empresas constituidas pagan impuesto sobre la renta.

A la fecha, con la entrada en vigencia del nuevo cuerpo jurídico, el Instituto Hondureño de Geología y Minas recibió ingresos por 53 millones de lempiras resultado de la exportación, hasta abril de este año, de 380 millones de dólares en minería metálica y no metálica.

Las primeras dudas que motivaron una intervención en las decenas de expedientes de exploración y explotación se basan en que algunas concesiones pudieron haber sido otorgadas tomando en cuenta las antiguas regulaciones jurídicas para evadir el pago de impuestos.

“Este es un escenario que hay que estar atentos porque ninguna ley es retroactiva, excepto el Código Penal”, recordó el viceministro de Ambiente y Minas, Pineda Fasquelle. “En el Código Minero no se diferenciaba, una concesión era para explorar y explotar al mismo tiempo. En la Ley General de Minería -que estuvo vigente hasta abril del año pasado- también las concesiones eran de exploración y explotación”, dijo el funcionario.

“Hay evidencia”, puntualizó, “de que en diez minutos alguien recibió diez solicitudes”.

Se le preguntó si sospecha que pudo haber dinero bajo la mesa o comisiones.

“Cuando hay gente corrupta hay dos: el corruptor y el que acepta el soborno. Eso es difícil comprobarlo, generalmente la gente que actúa así no deja huella”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/712841-331/bajo-investigaci%C3%B3n259-concesiones-mineras

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En el sur de Honduras rechazan explotación minera y exigen consulta previa

May 23, 2014

Centenares de pobladores y pobladoras de diferentes lugares del sur del país y convocadas por la Iglesia Católica participaron el pasado 20 de mayo en una movilización pacífica para defender la vida y rechazar las explotaciones mineras y proyectos de ciudades modelo.

Después de una caminata, los manifestantes realizaron un plantón en la comunidad de El Jícaro Galán donde varios sacerdotes de la Iglesia Católica junto al obispo de Choluteca Guido Charbonneau, indicaron su rechazo a la explotación minera en el país. Durante la actividad también se escucharon testimonios de varios pobladores afectados por la minería que llegaron desde Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.

Entre las exigencias de los manifestantes está derogar la Nueva Ley de Minería porque no trae ningún beneficio para las comunidades.  Asimismo piden a los alcaldes del sector sur del país defender el agua, la tierra, el bosque y no dejar que los empresarios se lleven las riquezas de los pueblos.

Según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, en Honduras hay 64 zonas mineras metálicas, diseminadas en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

Pedro Landa, ambientalista hondureño, quien también acompañó a los pobladores de varias comunidades del sur en este acto de protesta, agregó que los proyectos mineros solo traen destrucción y muerte a las comunidades y que la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), también exige la derogación de la nueva Ley de Minería y de ciudades modelos, así como la cancelación inmediata de las concesiones mineras y de proyectos hidroeléctricos.

En el mismo lugar de El Jícaro Galán, bajo el fuerte sol del mediodía, varios pobladores de los municipios de El Corpus y El Triunfo en el departamento de Choluteca se han pronunciado en contra de las explotaciones mineras y de los empresarios que se apropian de los recursos que pertenecen a las comunidades.

Pobladores de El Tránsito cuidan el cerro

En las comunidades de El Tránsito y Las Barajas, varios pobladores han decidido cuidar la entrada a uno de los cerros de donde se han extraído grandes cantidades de piedra, que según ellos contiene oro de hasta 25 kilates. Allí también hay varios nacientes de agua, árboles y animales.

Por esta razón se formaron en un patronato que decidió poner una cadena en la entrada del cerro y cuidar día y noche el lugar, para que no pase ningún carro o persona que quiera llevarse la piedra de donde sacan el oro o que quieran cortar los árboles.

José Isabel Meza afirma que la señora María Gertrudis Valle, quien reside en Tegucigalpa, es una de las personas que ha estado explotando el cerro, lo ha hecho a través de empleados que aseguran que todo es  de manera artesanal.

Sin embargo, al meternos en el terreno vimos grandes huecos que difícilmente se hacen con piochas y barras. Meza indica que él está seguro que los empleados de María Gertrudis Valle, a quien no la conocen personalmente, han utilizado dinamita para sacar camionadas de piedra del lugar.

“Nosotros estamos aquí desde el mes de febrero y no dejamos que salga material de este lugar, porque estamos cuidando la vida de la población. No vamos a dejar que nadie explote este cerro pues aquí hay varias fuentes de agua  y de eso depende la vida de toda la población, indicó Medardo García, otro de los pobladores de la comunidad de El Tránsito.

Medardo Mejía y José Isabel Meza, indicaron que  no tienen suficiente información como para asegurar si el terreno que supuestamente es de la señora María Gertrudis Valle, lo compró ella o se lo heredaron, son solo 10 manzanas y media y las ha mandó a cercar con alambre de púa, ha puesto un portón de hierro y un rótulo que dice: “prohibido pasar, propiedad Privada”. Además tiene varios hombres armados día y noche.

“Esta señora nos ha procesado a los  miembros del Patronato, nos ha acusado de usurpadores de tierra, pero nosotros no le estamos quitando nada a nadie, solo queremos proteger los bienes naturales, porque esos son del pueblo. Queremos que esta señora nos dé la cara y nos presente los documentos para saber si de verdad ella es la dueña”, dijo Meza.

Solo en el departamento de Valle hay más de 26 solicitudes para exploración minera en contra de la voluntad de las comunidades, según los pobladores de la comunidad de El tránsito.

Apoyo de la Iglesia Católica

En la entrada al cerro, los pobladores han colocado en un tronco de árbol una imagen de la Virgen del Tránsito, todos los días le cortan flores que nacen en el sector y dicen que por las noches se unen otras personas para rezar el Santo Rosario, le piden que les proteja en esta lucha, que ilumine a las autoridades para que no sigan dando concesiones a transnacionales ni a empresarios. Asimismo le piden que les dé fortaleza para continuar defendiendo la vida.

Los pobladores cuentan que algo que les ayuda a continuar es que cuentan con el apoyo de los sacerdotes de la Iglesia Católica y por medio de ellos están conociendo más sobre los daños que provocan las explotaciones mineras y entienden que luchar por los bienes naturales implica luchar por la vida de las presentes y futuras generaciones.

“Elevamos la voz de alerta por la explotación minera en nuestras comunidades, especialmente en El Tránsito y en Las Barajas, ya que están contaminando y acabando con los mantos acuíferos, con la tranquilidad de la gente, con la salud y atropellando todos los derechos de la población. Por esta razón exigimos al gobierno y a la Fiscalía de Nacaome que proporcione un dictamen definitivo para desalojar a los mineros.

A Inhgeomin que revoque la concesión minera otorgada de manera indefinida a la empresa Cerros del Sur. Y a la Secretaría de Recursos Naturales que no otorgue licencias ambientales para la explotación minera  en nuestra comunidad. Manifestamos que defenderemos  con nuestra vida los recursos naturales, y que declaramos El Tránsito territorio libre de explotación minera por nuestra propia autodeterminación,” decían miembros de los Comités de Defensa de la Naturaleza, organización creada por la Pastoral Social Cáritas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/956-en-el-sur-de-honduras-rechazan-explotaci%C3%B3n-minera-y-exigen-consulta-previa

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Organizaciones del Bajo Aguán en alerta ante aprobación de megaproyectos mineros

May 19, 2014

Las organizaciones populares del Bajo Agúan se encuentran preocupados ante los proyectos mineros que han sido aprobados en casi todos los municipios entre ellos: Santa Fe, Trujillo, Tocoa, Sonaguera, Saba, Sico, entre otros.

Irma Lemus del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán denuncia esta situación.

“Tenemos mucha preocupación por los modelos de desarrollo que vienen para esta zona en principal los de minería, hidroeléctrica; muchas familias campesinas desconocen lo grave de esta situación, en Colón tenemos 19 minas aprobadas y faltan muchas más que aprueben,” dijo Lemus.

Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionados para proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no solamente saquean los recursos naturales de la nación,  sino que afectan gravemente la salud de las poblaciones.

Irma Lemus, también expresó sobre las graves consecuencias que traen las minerías a la población entre ellas que no habrá agua, adquisición de enfermedades como lepras en la piel y contaminación en general.

Actualmente hay 530 proyectos mineros aprobados, otros están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo el país. Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en Honduras.

La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de represión en contra líderes y lideresas ambientales que han decidido apostar a defender sus territorios.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/940-organizaciones-del-bajo-agu%C3%A1n-en-alerta-ante-aprobaci%C3%B3n-de-megaproyectos-mineros

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35% del territorio hondureño está concesionado para explotación de recursos naturales

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Tegucigalpa.

Entre 100 mil y 150 mil hectáreas de tierra puede tener una sola concesión minera, pues comprende el suelo y subsuelo, en total hay más de 800 concesiones en vigencia, aprobadas, en proceso de aprobación, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño.

Incluso hay concesiones dentro de reservas naturales, aprobadas desde la década de 1970, y que aún no ha iniciado el proceso de explotación, denunció Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Amplio Santabarbarense, MAS, durante el seminario internacional sobre minería de derechos humanos, esta semana en Tegucigalpa.

Evento que se desarrolló, en el marco de que hace un año entró en vigencia la nueva Ley de Minería, donde ha habido una cantidad de conflictos, porque el pueblo no quiere empresas minera en sus territorios, y que ya ha cobrado cuatro vidas de defensores de los bienes naturales, el último Rigoberto López, (36) el pasado 3 de mayo, que apareció sin vida, decapitado y sin  la lengua, El Níspero, Santa Bárbara.

Vemos que el neoliberalismo, cada día se posesiona más en Latinoamérica, porque hay una realidad común como Perú, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, sobre el tema minero, es una realidad que nos muestra que en países tan pobres y serviles como Honduras, los canadienses, chinos y estadounidenses, están haciendo fiesta, denunció Vásquez.

La minería fue parte de uno de los eslabones más fuertes de la colonización española, vemos ciudades fantasmas como San Juancito, a 34 kilómetros al este de Tegucigalpa, con su emporio económico, no quedó nada. Hasta el hecho de que Tegucigalpa sea la capital de Honduras, tiene que ver con el enclave minero.

Luego vemos nuevos enclaves como el bananero en el siglo pasado, después con el neoliberalismo en vigencia y en post guerra fría el enclave maquilero, pero ahora tenemos un nuevo modelo y con mucha fuerza después del golpe de estado del 2009, con la extracción minera, que es más destructivo, dañino, colonialista, intervencionista, imperialista como es la extracción minera aprobada y reflejada en ese marco jurídico que se aprobó en enero del 2013.

Es ley de minería desconoce la autodeterminación de los pueblo, los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, desconoce los patrimonios naturales, parques nacionales, arqueológicos, zonas ecológicas, pueblos con vocación artística, cultural, artesanal, desconoce que la población busca alternativas de desarrollo sostenibles y sustentables, y desconoce que este país es de vocación agroforestal.

Pero si reconoce la Ley de Minería, en su último artículo dice que está sobre cualquier otro tipo de ley, como la ley de municipalidades, de refugio de vida silvestre, ley forestal, acceso a la información, todas esas leyes que respaldan y daban una garantía social política y jurídica, no sólo a las organizaciones, sino a cualquier ciudadano y ciudadana de este país.

Es una ley inconstitucional, por tanto debe ser derogada, pues fue aprobada en un ambiente politizado bajo un régimen de gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, ahora es una ley que lleva al colapso ambiental, jurídico y pérdida de calidad de vida del pueblo hondureño.

Habrá más poblaciones desiertas, deshabitadas, migración, violencia y conflictos como los que estamos viviendo, dijo Betty, quien hizo un llamado a la población a que defiendan sus recursos.

Hay serios casos de enfermedad en la piel y en el organismo en general, como es el caso del Valle de Siria, al norte de Francisco Morazán, cuyo problema es emblemático a nivel mundial, por los estragos cometidos por la empresa “entremares”, quien iniciará la exploración de dos minas más, según denuncias de organizaciones ambientalistas locales.

Santa Bárbara, Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, son los departamentos con mayor concesión de sus bienes, y en menor escala Islas de La Bahía, Yoro, Gracias a Dios, que también pueden tener otros interés como represas, bosques, hidroeléctricas e intereses geológicos, como abrir batallones, ciudades modelos, intereses de una sistemas y modelo económico que beneficia a pocos, como los empresarios de las mineras y del transporte pesado.

Concesiones de empresas hidroeléctricas va en ascenso

Otra defensora que asistió al taller internacional, fue Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, quien compartió que una de las concesiones que afecta seriamente es la de los ríos, hay 17 concesiones sólo en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, pero van camino a 500 hidroeléctricas, ese proyecto lo denunciamos hace 10 años, porque están dados por 30 ó 50 años, por decretos que son perpetuos, no dice a cuantos años deben ser devueltos al estado, y además con trampa porque esas concesiones las pueden vender a otras transnacionales.

Esto lo desconoce el pueblo hondureño, pero estamos viviendo en un país de enclaves colonialistas, minero, energético, mano de obra, atractivo financiero como los paraísos fiscales que plantea las ciudades modelos, se entrega el país en pedazos, y el gobierno de Honduras sólo es un servil de esa dictadura transnacional, y la respuesta que nos va a dar es represión, persecución política y judicialización, criminalización y campañas de desprestigio.

Hemos visto que la persecución contra los ambientalistas continuará, vemos el caso del asesinato del compañero Rigoberto, en el Níspero, Santa Bárbara, es un estilo de la narco política, porque estas concesiones tienen que ver con las decisiones del poder político de este país y son estilo del paramilitarismo de los años 80 en Centroamérica y del militarismo de Colombia que se está replicando aquí.

El asesinato del ambientalista contra la minería, nos demuestra que las transnacionales las empresas y sectores de poder, no van a ceder nada y que están dispuestos a todo  incluso a terminar con la vida de quienes luchamos, defendemos los derechos humanos, quienes estamos en los movimientos sociales y políticos, que pretendemos asentar un poco esto que llama estado, declaró Cáceres.

Reiteró que, esto es un enclave de las grandes transnacionales, somos como su hacienda para todo tipo de megaproyecto, acompañado de mucha militarización y del incremento de la ocupación militar de los Estados Unidos, que no termina con la construcción, instalación y operativización de seis bases militares, que son muy peligrosas, ellos van por más, y tiene que ver con los bienes naturales, con lo que los capitalistas llaman recursos estratégicos, y donde están esos recurso, están en nuestro territorio.

En algunos de los países dueños de las transnacionales, han acabado sus recursos naturales, incluso donde había pueblos originarios, los relegaron a reservas indígenas, y ahora que están descubriendo que ahí hay más recursos, también los están desplazando de su territorio. Se sabe que en este planeta ya no hay recursos renovables por lo que  tienen como estrategia saquear los bienes comunes de la naturaleza de nuestros pueblos y tener ellos su reserva, aunque sea poca, por ejemplo en Estados unidos, solo les queda petróleo para diez año, y es por que anda encima de Venezuela y del medio oriente, y si hay petróleo en Honduras, como sí lo hay en La Mosquitia y otros lugares, van encaminados a la ocupación, la represión y el extractivismo que es la lógica y la moda de todos los gobiernos.

A los defensores de la vida, del ambiente y de los pueblos originarios, nos toca hacer el esfuerzo pese a la represión, pues de las instancias del Estado no esperamos mucho, pese que hay compañeros y compañeras vinculadas a la lucha social, por lo que nos debemos juntarnos en la articulación que desde la  colectividad, solidaridad y la lucha nos defendamos.

Estamos ante la indefensión, por ejemplo tengo medidas cautelares desde el 2009, el estado no cumple con ellas, siguen las amenazas, persecución judicial, lo que demuestra que desde esas instancias no les importa nada, hemos tenido compañeros con medidas cautelares asesinados y que nos queda, construir estrategias comunitarias de defensoría, como lo estamos desarrollando en las comunidades, preparándonos con redes de defensoría y comunicación para  defender nuestras vidas, territorios, nuestras resistencias que son legítimas, para ellos no serán legales, pero para nosotros además son legítimas e históricas.

Afirmó que todo el esfuerzo y empeño que podamos hacer desde esa diversidad y multiplicidad de procesos y experiencias  y ponerlas en el común es lo que nos va hacer avanzar y protegernos de alguna manera.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3135:35-del-territorio-hondureno-esta-concesionado-para-explotacion-de-recursos-naturales-&catid=58:amb&Itemid=181

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Hay 160 solicitudes de exploración minera a punto de ser aprobadas

Abr 16, 2014

A pesar que se realizaron 7 jornadas de socialización de la Ley de Minerías en la que la población dijo “NO”; los diputados y diputadas del Congreso Nacional siguieron adelante con esta ley que está causando serios conflictos a nivel nacional.

Luego de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin). Al menos 26 de estas solicitudes corresponden al departamento de Valle.

En la aldea El Transito, en el sur del país, la ciudadanía denuncia que el gobierno conoce el problema desde el año pasado y pese a que las organizaciones comunitarias todas las semanas realizan visitas o denuncias ante la Fiscalía del Medio Ambiente, policía nacional, DNIC, Inhgeomin, Serna, en fin en todos lados, todas las autoridades se hacen de la vista gorda y siguen dejando a una comunidad expuesta a las agresiones y graves riesgos como lo sucedido hace una semana donde se produjo un enfrentamiento entre mineros y comunidad.

Pamela Matamoros secretaria del patronato de El Tránsito en Nacaome Valle, aseguró que en el departamento de Valle, hay más de 26 solicitudes para exploración minera en contra de la voluntad de las comunidades.

Matamoros agregó que seguirán las acciones para evitar la instalación de esta industria que únicamente deja dolor y desolación en las comunidades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/858-hay-160-solicitudes-de-exploraci%C3%B3n-minera-a-punto-de-ser-aprobadas

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Instalada la “segunda fiebre del oro”, Honduras requiere aplicación de la nueva Ley de Minería

18:44
14
Abril
2014
Tegucigalpa – Las comunidades hondureñas involucradas en el rubro de la minería parecen desconocer las reglas claras para su exploración y explotación, la normativa vigente parece ser desconocida para ellos, este hecho les ha llevado incluso a declararse en alerta por considerar que se les está afectando su recurso agua y la contaminación del ambiente incide en su entorno. Pero la llamada “segunda fiebre del oro” se ha instalado en la región.
Así en la zona de Nueva Esperanza, en Atlántida, la población se opone a la exploración minera y ha iniciado sendas protestas, mismas que se repiten en las comunidades indígenas de Locomapa y El Negrito, en Yoro, otras en Intibucá, en occidente, y ahora en El Tránsito, en el departamento de Valle.

Pero también en Choluteca existe inconformidad acerca de la llegada de las minas, en vista de la amarga experiencia dejada por la minera Entremares en el Valle de Siria, en el central departamento de Francisco Morazán, en donde las secuelas siguen latentes.

Para evitar episodios de consecuencias insospechadas, los legisladores aprobaron entre el año pasado, la nueva Ley de Minería que de acuerdo a las autoridades del medio ambiente fue ampliamente consensuada entre las comunidades porque en la misma se indica que ellas son actores claves en la decisión acerca si opera o no una empresa minera en su zona.

El país incluso se sumó a la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), por sus siglas en inglés, orientada a que las empresas dedicadas a este rubro rindan cuentas y sean más transparentes en sus acciones.

La nueva Ley de Minería enfrenta ahora desafíos en donde se establece que cuando se quiera explotar una mina, habrá un plazo de 60 días para consultar a la comunidad y socializar el proyecto, algo que no ha pasado en la localidad de El Tránsito, en Nacaome, Valle.

Allí al parecer se ha querido reactivar una vieja mina que operó allá por los años 1800, en la época de la minera Rosario Minning Company. Particulares sin orden de ningún tipo están detonando en la vieja mina y los habitantes denuncian que se les está contaminando el agua.

El alcalde de Nacaome, Valle, Víctor Flores, manifestó que no ha autorizado ningún permiso de explotación, en tanto la nueva ley de minería que ya se encuentra vigente señala que el pueblo debe ser consultado para que opere una mina, y que si éste niega el permiso, la empresa puede en tres años volver a intentar una nueva consulta. Nada de eso está ocurriendo en la región de El Tránsito.

Fiscales del ambiente y técnicos de la Secretaría del Ambiente se han desplazado a la zona para analizar la problemática que al parecer es similar a la de otras zonas en el país, en donde el gobierno se ve obligado a atender el problema antes que los afectados se revuelvan o que los interesados dejen nula la nueva ley, ahuyentado así la inversión extranjera y las mismas garantías de seguridad jurídica que ofrece el Estado.

La Ley de Minería contempla un plazo para que los beneficiados de las licencias comiencen la etapa de explotación, caso contrario les quitarán ese derecho. Las concesiones mineras pueden ser de exploración, explotación y/o beneficio. Las mismas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o piedras preciosas.

La Ley de Minería aprueba también la explotación de cielo abierto y pese a las protestas de grupos ecologistas, los legisladores dejaron este método de explotación por considerar que la nueva normativa contiene mecanismos más rigurosos de control y vigilancia.

Más del 60 por ciento del territorio hondureño es apto para la exploración y explotación minera, según cifras del gobierno hondureño, y en los últimos nueve años se ha producido una especie de una segunda fiebre del oro en Centroamérica al anunciarse el interés de empresas mineras canadienses y estadounidenses, de explorar y explotar al menos 250 proyectos a lo largo del istmo, diseminados en al menos 23 regiones vírgenes.

En Honduras el interés por la minería no sólo se traduce en oro, ahora también el país ha entrado a la fase del otro oro hondureño como es el óxido de hierro, el cual se exporta principalmente hacia Asia. Como las mineras, las empresas dedicadas a la extracción del óxido de hierro tampoco están dejando mucho beneficio a las comunidades y será hasta ahora que está vigente la nueva ley minera, que empezarán a pagar un canon más adecuado por exploración y explotación.

La industria minera genera al país divisas por un poco más de 300 millones de dólares, según proyecciones oficiales que esperan un repunte de la industria en los próximos años, siempre y cuando la participación de las comunidades sea efectiva, porque a diferencia de hace más de una década, la defensa del medio ambiente se ha instalado más fuertemente en Honduras.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/04/14/Ciencia+y+Tecnolog%C3%ADa/Instalada.la.segunda/85053.html

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Hay más de 160 solicitudes de exploración minera en trámite

13 de Abril de 2014

10:00PM   – Redacción: Denisse Rodríguez. Redacción La Prensa denisse.rodriguez@laprensa.hn

En Honduras existen 64 zonas mineras metálicas diseminadas en Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

En Honduras, la explotación minera está diseminada en gran parte del territorio nacional. Hay subterránea y de cielos
En Honduras, la explotación minera está diseminada en gran parte del territorio nacional. Hay subterránea y de cielos

Tegucigalpa. Después de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, este rubro ha cobrado mayor fuerza, pues en este momento se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

“Más de 160 solicitudes de concesiones han llegado, pero no todas serán aprobadas, hay que depurarlas, ver si realmente cumplen los requisitos y verificar si la zona de exploración no es protegida.

Hay muchas cosas que evaluar”, informó a LA PRENSA Carlos Padilla, jefe de Fiscalización de Inhgeomin.

Sin embargo, dijo que las que serán aprobadas ya están casi listas para ser concesionadas. De esa manera, las empresas comenzarán la primera etapa, consistente en la exploración.

La Ley de Minerías fue aprobada el 23 de abril de 2013.

“La Ley de Minerías ya nos da la posibilidad de recaudar fondos para el instituto y el Estado, ya que de 2012 para atrás la ley estaba cancelada y no podíamos hacer cobros de canon y penalidades, entre otras”.

Según un informe del Banco Central de Honduras (BCH), hasta el tercer trimestre de 2013, los productos no tradicionales reportaron un valor exportado de $1,817.8 millones, de los cuales las exportaciones mineras alcanzaron 6.9% de participación del total, que equivale a $125.42 millones, logrando un aumento de $8.1 millones por las exportaciones de óxido de hierro, zinc, plomo y plata.

Padilla informó que hasta el tercer trimestre de este año, Inhgeomin ha recaudado L28 millones, por lo que se espera que este año sea muy favorable para el rubro.

Zonas mineras

En Honduras existen 64 zonas mineras metálicas diseminadas en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

“Tenemos 64 zonas mineras a las que se les ha dado contrato. Esto no quiere decir que sea igual número de compañías porque algunas tienen varias zonas o puntos de donde extraen el mineral”, dijo Miguel Martínez, técnico catastral de Inhgeomin.

Explicó cada uno de los requisitos que deben cumplir las empresas que quieran explorar recursos minerales del país. Esta es la primera etapa para luego pasar a la explotación.

La exploración consiste en que la firma a la que se otorgó la concesión cuantifica el yacimiento o la reserva del mineral y con base en ese dato saca un porcentaje de ganancia, es decir cuánto hay de mineral y cuántos son los gastos y, si es factible, continúa con el proceso de explotación.

“Primero se pide la identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer actos de comercio. Eso tiene el fin de demostrar que tienen capacidad para ejercer el proyecto”.

Luego, el solicitante debe realizar una descripción de los vértices del área solicitada. Martínez explicó: “No quiere decir que si solicitan mil hectáreas, por ejemplo, para una exploración metálica, van a extraer todo el mineral. No es rentable. Tienen que buscar yacimientos que sean rentables para el proyecto y son puntos específicos, no serían todas las mil hectáreas”.

También el interesado debe identificar la sustancia de interés, presentar recibo de canon establecido, hacer un programa de actividades con la descripción correspondiente y plan de inversión mínima comprometida.

Además se debe presentar estados financieros, copia de la notificación presentada a la municipalidad correspondiente (ubicación de la zona minera), donde se informa de la intención de presentar la solicitud de concesión minera de exploración.

Una vez admitida la solicitud con los documentos respectivos, la autoridad minera por una sola vez deberá publicarlo en el diario de mayor circulación en la zona, en la radio y en la página de la institución. De esta manera, la gente interesada se dará cuenta y puede oponerse si es el caso, explicó Martínez.

Esperar más

Miriam Bueso, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), dijo que espera que el próximo año el rubro cobre mayor fuerza debido a que la ley aún es reciente.

“Para 2015 esperamos ver el panorama más seguro y que vengan más empresas; efectivamente algunas están entrando a hacer exploraciones”, expuso.

Indicó que la minería es una industria de alto riesgo porque la inversión es muy alta y se debe estar seguro de que el mineral que se busca tenga buen precio en el mercado internacional para sacar los costos de inversión.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/641668-96/hay-m%C3%A1s-de-160-solicitudes-de-exploraci%C3%B3n-minera-en-tr%C3%A1mite

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Policía y Ejército son socios de las mineras en Honduras

Policía y Ejército son socios de las mineras en Honduras

Por Dina Meza*. El Estado hondureño despliega un marco jurídico que permite la impunidad de las empresas mineras que llegan al país para saquear los recursos naturales.

 

Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionadas para proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no solamente saquean los recursos naturales de la nación,  sino que afectan gravemente la salud de las poblaciones.

Actualmente hay unos 530 proyectos mineros aprobados, otros que están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo el país.

La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de represión contra líderes y lideresas ambientales que han decidido apostar a defender sus territorios.

Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en Honduras.

Landa ha sido objeto de múltiples amenazas, persecución y atentados contra su vida por oponerse a este modelo de despojo en el país, modelo que controla a autoridades, operadores de justicia y políticos que legislan a favor de las transnacionales de la minería.

En el 2000 se instaló en Honduras la minera “Entre Mares”, en la zona del Valle de Siria. En poco tiempo, los estragos ambientales y en la salud de la población no se hicieron esperar. Un análisis médico determinó que las personas en más del 47 por ciento tienen metales pesados en sus cuerpos, situación que es de pleno conocimiento por parte del Estado hondureño. Las autoridades del país han ocultado la información con el fin de no alterar el negocio de entrega del territorio a las mineras, con lo que se violentó el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales por lo menos en siete artículos, aseguró Landa.

La minería es una amenaza regional, es la nueva estrategia de control territorial de los grandes países del norte, que atraviesan la escasez de estos recursos. Razón por la cual no les importan los derechos humanos y las decisiones de las comunidades, y para llevar a cabo sus propósitos contratan mercenarios y aplican estrategias políticas con el fin de que los recursos naturales de países empobrecidos como Honduras, se conviertan en un negocio.

Ante la falta de justicia dentro de la nación, los ambientalistas se han enlistado en foros y coaliciones internacionales para hacer alianzas continentales en contra de este flagelo que empobrece más a los habitantes.

Hay más de 230 proyectos mineros y minería metálica aprobados, más de 300 de minería no metálica también aprobados. En estos últimos se trata de concesiones de 98 por ciento de óxido de hierro que el Estado de Honduras negocia hace más de un año con China. El objetivo es que la potencia asiática entregue anticipadamente los impuestos que pagaría.

A un año de haberse aprobado una nueva Ley de minería, hay unos 16 proyectos de ese tipo que están generando conflicto en las zonas centro-norte, y atlántico del país.

De aprobarse todas las concesiones mineras habrían más de 830 proyectos mineros que representan más de un millón y medio de hectáreas, un 20% del territorio nacional.

Al consultarle a Landa por qué existe tanto interés de las mineras en Honduras, explicó que es debido a que el Estado les brinda grandes beneficios y tienen contratos leoninos por muchos años.

Para lograr establecerse, las compañías extranjeras, a través de grupos paramilitares, cometen asesinatos de líderes y el Estado no ha actuado en contra de los responsables de esas muertes.

“La minería está protegida por el Estado, hay seguridad jurídica, re- militarización de los territorios”, denunció el entrevistado.

Con el consumo desmesurado de los recursos naturales -en un tiempo de escasez de minerales en el mundo-, permite que las potencias que dependen de la industria lleguen a América Latina con un nuevo plan de conquista para quedarse con todo este mineral. Esto es considerado como un asunto de seguridad nacional para las grandes potencias que tienen a “socios” locales muy comprometidos con ellos.

Por su parte, los gobiernos locales ven la posibilidad de tener dinero a corto plazo para continuar con el saqueo de las arcas públicas.

En Honduras hay al menos 15 leyes aprobadas para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones transnacionales, que avalan la impunidad de éstas cuando cometen delitos, salvaguardan las grandes ganancias y permiten la persecución contra las comunidades que se oponen al despojo.

Landa recordó que una de las leyes aprobadas, con el objetivo de reducir la tasa de seguridad e invocando la lucha contra la delincuencia, en realidad convierte al ejército y a la policía en socios de las empresas mineras. Un ejemplo es que el 2% de los impuestos de estas empresas están destinados para la tasa de seguridad.

El coordinador del CEPRODEC agregó que esta situación es peligrosa porque “estos dos actores  que deben dar seguridad, tienen interés en las operaciones de las mineras y en contra de las poblaciones, por eso cualquier movimiento generado en las poblaciones es perseguido”.

Mientras la impunidad se colude con la corrupción de funcionarios estatales, operadores de justicia como el Ministerio Público se burlan de las víctimas. En el lejano caso de que una denuncia sea procesada y llegue hasta la audiencia inicial, aunque existan pruebas, a los responsables se les aplicarán criterios de oportunidad para que no vayan a prisión.

*Periodista y defensora de derechos humanos de Honduras.

Premio Libertad de Expresión 2014 – Pen Internacional/Oxfam Novib

Fuente: http://marcha.org.ar/index.php/elmundo/110-honduras/5011-policia-y-ejercito-son-socios-de-las-mineras-en-honduras

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