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Investigación desnuda modelo extractivista que explota, desplaza, criminaliza y agrede a comunidades

Desplazamiento de familias, criminalización, hostigamiento y persecución contra lideresas y líderes comunitarios ha dejado la lucha en contra de la minería en Nueva Esperanza, una comunidad del municipio de Tela, Atlántida. La gente, sus historias y luchas son uno de los tres casos estudiados en la reciente investigación que hizo el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto son la Universidad Saint Louis Missouri.

A la par de la situación de Nueva Esperanza, también se analizó la realidad de las comunidades indígenas Tolupanas en Yoro, San Francisco Locompa y en la montaña o parque nacional Botadero ubicado en el departamento de Colón.

En los tres casos se reveló que la conflictividad socioambiental estará presente en la medida que se continúe impulsando proyectos que generan contaminación, dominación y apropiación de la naturaleza, por grupos de poder transnacionales confabulados con las élites nacionales, que despojan, vulneran y empobrecen a pueblos originarios y descendientes indígenas, garífunas y campesinos, quienes valoran la naturaleza como “Madre Tierra”, planteamiento que urge reforzar a nivel político e ideológico, económico, social y cultural, como aspecto crucial en la lucha contra la hegemonía del sistema de acumulación capitalista, que amenaza la vida de la humanidad y del planeta.

En Honduras la actividad extractivista se ha profundizado especialmente en los últimos 25 años, cuando más impulso ha tomado el modelo neoliberal basado en la alianza de los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, bosques, minerales, aire y los territorios una cantera certera para la producción de capitales, contando a su favor con la legislación y la connivencia de las autoridades y partidos políticos responsables de la conducción de la institucionalidad del Estado.

Buscar las mayores ganancias con base en la explotación ilimitada de los bienes comunes de la naturaleza, sin importar los costos humanos y sociales, es la lógica que conduce el modelo económico extractivista.

“Una de las cosas que queda clara es que en el contexto que vivimos y la realidad que tiene Honduras, el modelo extractivo y sobretodo la actividad minera resulta inviable para las comunidades. Los únicos que hacen negocio con esto son los empresarios, ni siquiera el Estado de Honduras tiene ganancias significativas en comparación con el daño que están generando” dijo Pedro Landa del equipo investigador al momento de devolver los resultados de la investigación esta semana en Tegucigalpa en el marco del II Congreso de Minería y Geología que promueve una universidad privada y el gobierno a través de Mi Ambiente y Inhgeomin.

Landa  hizo énfasis en el daño e impacto que la presencia minera deja al tejido social de las comunidades, además de los destrozos en las fuentes de agua. “En los testimonios que recoge la investigación las comunidades siguen afectadas emocional y físicamente por la presencia de estas empresas. Esto llama al gobierno de forma urgente a modificar la política extrativista. Se requiere de reformas para fortalecer la presencia del Estado a través de una serie de reformas que garanticen los derechos de las comunidades que están siendo afectadas”.

 

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OIT exige a Honduras implementar consulta a los pueblos indígenas – CRITERIO

Por: Ruy Díaz El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1995 vinculado al respeto por los pueblos originarios. Empero, a la fecha no se han adoptado medidas eficaces a fin de garantizar la aplicación efectiva del mismo. De esta  manera la falta de garantías, desconocimiento y distorsión manifestada en múltiples […]

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For Latin American environmentalists, death is a constant companion

Berta Cáceres Flores of Honduras is among hundreds of activists killed just since 2010, groups say.

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Total impunidad prevalece sobre los crímenes de dirigentes y dirigentas indígenas

Tegucigalpa.

La movilización que reunió a centenares de representantes de las comunidades indígenas de Honduras en demanda de justicia por el asesinato de la dirigente indígena lenca, Berta Cáceres asesinada el pasado 3 de marzo, recogió las voces contra la impunidad por los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Esa voces también contaron sobre las principales amenazas que enfrentan las comunidades indígenas que son propiciadas por ladinos invasores de tierras ancestrales.

El líder de la Coordinadora  Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga dijo que los pueblos quieren una Honduras donde se respete la vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y hemos visto que la lucha sigue, si pensaron que iban a  aterrorizar a los pueblos; se equivocaron.
“Hoy la lucha se fortalece y nos convoca para seguir hasta alcanzar una Honduras distinta”, expresó Zúniga.

Zúniga dijo sentir una enorme satisfacción por la presencia en Honduras de la “Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres”, porque lo único que puede garantizar una investigación correcta, adecuada y que se haga justicia es la movilización del pueblo hondureño y también la movilización de la comunidad internacional que ha sido clara y contundente.

Por su parte el Coordinadora de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro,  Ramón Matute expresó que “hoy acompañamos esta movilización de todos los pueblos de Honduras en exigencia a que se haga justicia al vil asesinato de la compañera Berta Cáceres, ese es uno de los principales objetivos por los cuales estamos aquí”.

Matute señaló que lo cometido contra Berta Cáceres fue una barbarie,  a la que consideraban como una hermana y  lideresa de los pueblos indígenas.

“Responsabilizamos al estado de Honduras, porque nuestra compañera Berta Cáceres era una defensora de los bienes naturales, de los ríos, de los bosques, de los territorios que nosotros tenemos y nosotros como pueblos no tenemos líderes que nos defiendan, por eso es una gran pérdida que hemos tenido; y por eso estamos aquí”, enfatizó el dirigente indígena tolupán.

Ramón Matute, Coordinadora de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro

Matute dijo que en los actuales momentos los defensores y defensoras de derechos humanos están en riesgo, “yo mismo estoy siendo amenazado, yo tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y el gobierno no cumple con las medidas; ayer mismo que veníamos para acá, la policía de la comunidad nuestra del Ocotal, nos siguió varios kilómetros y  nos atravesó el bus y nos bajó a todos y nos dijeron: levanten las manos y nos comenzaron a registrar”.

“Nosotros formamos un consejo preventivo para defender el bien común de la tribu San Francisco y cuando nos organizamos en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), fue ahí cuando venimos siendo perseguidos, nosotros allá somos criminalizados como de la resistencia”, sostuvo Matute.

El dirigente dijo que las principales amenazas que experimenta el pueblo tolupán se dan por la defensa del bosque y por la resistencia de las comunidades a las extracciones mineras en el departamento de Yoro.

De la comunidad Pech del departamento de Olancho llegó Kenia Elizabeth Catalán, hermana de Blas López Catalán , maestro de profesión y fundador de la Confederación Indígena PECH y de la Coordinadora Nacional  de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) quien fue asesinado a machetazos el 17 de enero de 2010.

Los pech afirman que su líder fue víctima de una emboscada que le tendieron invasores ladinos de las tierras tolupanas.

“A mi hermano lo mataron por defender nuestro territorio (Santa María del Carbón) que nos legó el padre Manuel de Jesús Subirana, él nos cedió esas tierras al pueblo pech y el Instituto Nacional Agrario (INA), no está haciendo nada por nosotros”, aseguró Kenia Catalán.

La presencia del pueblo pech en esta movilización es para solidarizarnos con nuestra compañera Berta Cáceres, quien fue asesinada por el mismo problema que murió Blas López Catalán, sostuvo la hermana del líder ambientalista.

Indígenas Pech

Mientras tanto el presidente de la comunidad de Santa María El Carbón del pueblo pech, en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, Víctor Acosta  dijo que “nosotros andamos aquí en solidaridad con nuestra muy buena amiga y hermana indígena lenca Berta Cáceres, y andamos muy preocupados con lo que le está pasando a los pueblos indígenas de Honduras”.

Sufrimos mártires en nuestro pueblo como lo es Blas López Catalán que lo mataron el  17 de enero de 2010 y su asesinato se ha quedado impune, nosotros pedimos justicia para Blas López Catalán, demandó el dirigente indígena pech.

Consultado sobre quiénes fueron los involucrados en la muerte de su líder, Víctor Acosta dijo que “ahí hubo participación de diferentes sectores, especialmente el sector mestizo por querernos usurpar más nuestro territorio, eso nos duele porque actualmente el INA no está haciendo absolutamente nada a favor de los pueblos indígenas de Honduras”.

Los pueblos indígenas Pech que habitan los municipios de Culmí y San Esteban (Olancho), Trujillo (Colón) y Brus Laguna (Gracias a Dios)  cuentan con un título ancestral que data del año 1862 y tres ampliaciones de este mismo título en la comunidad de Santa María El Carbón  desde el año 1989 extendido por el INA, regional de Juticalpa.

“La principal amenaza para nosotros es la explotación de nuestro bosque que realizan ladinos, todavía nos siguen saqueando lo último que tenemos, nosotros que somos pueblos indígenas queremos y amamos la naturaleza; por eso quizás nos están matando, porque nosotros amamos nuestra naturaleza”, aseguró Acosta.

Defensores en linea

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INFORME FINAL DE MASACRE EN LOCOMAPA, YORO MARZO 2016 – Blog MADJ

INFORME FINAL DE MASACRE EN LOCOMAPA, YORO MARZO 2016

PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD PIDE EL PUEBLO TOLUPÁN

El domingo 21 del pasado mes de febrero se perpetró una masacre más en la tribu San Francisco de Locomapa, en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos, dejando al descubierto un nuevo frente de lucha territorial que se multiplica en prácticamente las 31 tribus tolupanes; motivado por el avance de múltiples frentes de colonización agrícola constituidas por masas cada vez mayores de familias campesinas pobres que desde varias regiones de Honduras están siendo expulsadas y huyen hacia las serranías más inhóspitas en busca de un pedazo de tierra para sobrevivir.

En el pueblo Tolupán han sido asesinados aproximadamente un centenar de indígenas sin que hasta ahora el Estado de Honduras haya hecho justicia en siquiera algunos de dichos crímenes. En la web de la secretaría de Etnias podía leerse que éste es el pueblo originario más martirizado de Honduras. Sin embargo, con el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al reducir este ministerio a sub secretaría se eliminó de la web tan flagrante afirmación martirial.

En este maremágnum de crímenes contra el pueblo Tolupán sobresale el caso especial de la tribu San Francisco de Locomapa, que con esta última masacre el número de personas asesinadas asciende a 17, de los cuales 11 han tenido lugar en el último lustro. Y, como en el resto de las tribus tolupanes, no hay un solo asesino que haya sido castigado o se encuentre guardando prisión por ello.

El domingo 21 de febrero aproximadamente a las 08:45 AM, fue acribillada una familia de campesinos pobres que hacía unos meses se había instalado en predios de la tribu San Francisco de Locomapa. Los campesinos e indígena asesinados son:

+ José Pantaleón Alvarenga Galdámez (padre),

+ Elvin Joel Palencia Fuentes (hijo),

+ Carlos Roberto Palencia Fuentes (hijo),

+ Nahún Alberto Morazán Sagastume (Yerno) y

+ Santos Filander Matute (indígena Tolupán).

Se trata, pues, de 5 personas asesinadas por una de las bandas de criminales que permanecen en la zona al servicio de terratenientes, madereros y mineros, a quienes se les contrata para hacer “limpiezas” de personas que resultan insoportables e indeseables para los intereses de los poderosos de Locomapa.

La familia martirizada provenía de la región occidental de Honduras y habían llegado a la zona de Locomapa el pasado 4 de enero para instalarse en una propiedad de 4 manzanas de tierra, con la intención de ampliarse un poco más.

Esta masacre deja al descubierto las continuas incursiones de masas campesinas extremadamente pobres que están siendo expulsadas hacia las fronteras agrícolas de los pueblos originarios para instalarse en sus territorios. Como ya lo señalamos, esta situación particular de Locomapa es común en el resto de los pueblos originarios de Honduras. Al igual que los tolupanes, los misquitos, Tawahkas y Pech han denunciado constantemente el avance de frentes de colonización agrícola constituidos por masas campesinas provenientes de diferentes regiones del país, particularmente de las zonas sur, occidente y el oriental departamento de Olancho; mientras que los Garífunas, Chortí y Lencas están siendo o ya han sido expulsados de gran parte de sus territorios por grandes terratenientes, empresarios forestales o inversionistas del sector turismo.

Una situación bastante incómoda para la tribu San Francisco de Locomapa

La enorme cantidad de conflictos sociales que están en curso en este momento en la tribu San Francisco de Locomapa hacen que esta situación se vuelva más crítica de lo que pudiera ser.

En primer lugar, San Francisco de Locomapa se encuentra en décadas de lucha en contra del saqueo de los bienes forestales de la tribu. La sangre ha sido derramada una y otra vez siempre que algún líder indígena Tolupán de Locomapa ha alzado su voz contra los saqueadores. Luis Soto Madrid, cacique de la tribu en la década de los ochentas, fue asesinado a machetazos el 1 de mayo 2002 por denunciar a empresarios deforestadores de los bosques de la tribu y sus cómplices al interior de la misma. Faustino Córdova, cacique de la tribu al momento de su asesinato, acaecido el 7 de septiembre del 2008. Se le arrebata la vida por defender el patrimonio forestal de la tribu. Antonio matute, residente en el caserío Pedregales, asesinado a machetazos el 22 de diciembre del 2011. Osman Matute Soto, residente en el caserío Pedregales, asesinado en junio del 2012 con arma de fuego. Carlos Roberto Romero, indígena del caserío Mezcales, asesinado el 22 de diciembre del 2012 con arma de fuego. Y desde el 2010 el empresario maderero Kenton Landa Uclés ha interpuesto denuncias criminales contra los tolupanes que se oponen al saqueo de sus bosques, contando para ello con el apoyo del ministerio público y la policía nacional[1].

El silencio se impone a los tolupanes cuando se trata de defender sus bienes forestales y aun así el pueblo Tolupán de Locomapa no claudica. En este momento al menos XX demandas de orden criminal han sido interpuestas por el MADJ y los tolupanes en los juzgados de Yoro y en Tegucigalpa.

En segundo lugar, San Francisco de Locomapa mantiene un conflicto abierto con los empresarios mineros que clandestinamente explotan los yacimientos de Antimonio, contando con un permiso local viciado de nulidad extendido por la Unidad Municipal Ambiental del municipio de Yoro[2] y la “vista gorda” de los guardias de seguridad de las postas policiales de Ocotal y La Habana. En algunos períodos pasan diariamente hasta 20 pick ups cargados de broza, custodiados por matones que “fusil al hombro” se desplazan continuamente en motocicletas dando seguridad a los vehículos que transportan el material. Mientras tanto, dejan las laderas de las montañas convertidas en descombros y las fuentes naturales de agua quedan severamente alteradas. Oponerse a este despojo le costó a la tribu San Francisco de Locomapa el asesinato de 3 indígenas: Ricardo Soto Fúnez, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Matute. Líderes indígenas de la tribu, pertenecientes al MADJ, asesinados el domingo 25 de agosto del 2013[3]. Y de esa fecha al 2015 ha habido otros  asesinatos vinculados a la misma problemática, entre los que sobresalen el asesinato de Luis Reyes Marcía, ocurrido el 5 de abril de 2015 y el asesinato del joven Erasio Vieda Ponce, que tuvo lugar el 18 de julio de 2015 . Por estos crímenes, el MADJ ha emprendido una acción en procura de justicia en contra del Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La Comisión Interamericana de derechos Humanos ha dictado medidas de protección solicitadas al Gobierno de Honduras en un intento por detener el derramamiento de sangre indígena; intento frustrado hasta ahora por la falta de voluntad de las secretarías de Seguridad y Policía Militar quienes, estando tan apertrechados como nunca, les ha faltado voluntad real para dar captura a los asesinos que se pasean tranquilamente por los poblados de Locomapa.

En tercer lugar, la tribu San Francisco de Locomapa se encuentra en lucha por la defensa de las tierras tribales de vocación agrosilvopastoril usurpadas por grandes terratenientes de la zona que se han instalado en las mismas. Roy Varela es un terrateniente que ocupa tierras tribales en el sector de Buenos Aires, Suyatal y la quebrada San Jacinto. Sin embargo, el caso más emblemático ocurre con el General en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, Oscar Filander Armijo Uclés, que desde la pasada década de los ochentas del siglo XX subía a la tribu con camiones militares cargados de soldados con quienes procedió a cercar grandes extensiones de tierra, despojando de la misma a toda familia tolupán que encontraba a su paso[4]. La familia Uclés retiene bajo su control al menos 3 vastas extensiones de tierra: una hacienda entre el caserío El Zompopero, cerro Padre Vélez y borda El Esquinero; otra propiedad entre el volcán San Francisco y las comunidades indígenas de La Fortuna y El Terrero; y una finca extensa entre los cerros Jicarito, El Paragua y La Misión. No fue sino hasta el pasado mes de octubre de 2015 que, luego de destruir la choza de una familia Tolupán, despedazar sus sembradíos y amedrentarles como lo había hecho hasta entonces con muchas otras familias indígenas, el MADJ y los tolupanes pudieron sentar en el banquillo de los acusados a tan prepotente señor en los juzgados de Yoro.  En este momento el caso está en espera del veredicto final del juzgo y, mientras tanto, el General no puede acercarse a las comunidades de la tribu.

En cuarto lugar, la tribu San Francisco de Locomapa se encuentra resistiendo las incursiones agrícolas de innumerables familias campesinas provenientes de diferentes regiones del país. El área de mayor avance de la frontera agrícola en los territorios de la tribu se encuentra en el sector de El Sinaí, donde numerosas familias campesinas expulsadas de otras regiones del país llegan en busca de un pedazo de tierra para sembrar café y granos como el maíz y frijoles. Aunque las familias tolupanes suelen ser hospitalarias y atentas con los visitantes, no deja de preocuparles los flujos masivos y crecientes de ladinos desconocidos que al final, al desbrozar grandes extensiones de tierras, amenazan la existencia permanente de las fuentes de agua, de los bosques y de las limitadas fajas de tierras fértiles propias para plantíos agrícolas. Desde hace varios años y en repetidas ocasiones se han nombrado comisiones de la tribu que visitan las oficinas del Instituto Nacional Agrario, INA, el Instituto de Conservación Forestal, ICF, y el Ministerio Público, MP, para que ayuden a regular técnicamente este fenómeno social sin que hasta ahora alguna de tales instancias se haya preocupado por lo que está ocurriendo. Los 4 campesinos junto al Tolupán masacrados el pasado 21 de febrero pertenecen a una de tantas otras familias que han emigrado a la zona con la intención de hacerse de un pedazo de tierra para cultivarla y vivir de ella. La familia fue asesinada por una escuadra de matones que pululan en la región y se encuentran al servicio de los intereses de las familias poderosas que pretenden concentrar el mayor número posible de tierras, bosques y fuentes de agua del sector de Locomapa.

Un Estado que no responde

1.  El Estado incumple desde su institucionalidad. La situación expuesta indica que en este momento la tribu San Francisco de Locomapa es un escenario en el cual convergen tantos intereses; mezquinos unos (terratenientes, mineros y empresarios), de sobrevivencia otros (familias campesinas pobres) y de raigambre de pobladores y pobladoras nativos (tribu Tolupán); y, frente a esta realidad, el Estado de Honduras a través de sus instituciones se muestra parcializada e incapaz de hacer prevalecer la justicia y el Estado de derecho en la zona[5], de donde se advierte la emergencia de una situación caótica y perversa desigual que reporta jugosos dividendos a mineros, madereros y terratenientes mientras que a los tolupanes y las familias ladinas marginales solo les corresponde poner las víctimas.

2.  El Estado incumple ante la OEA. El Estado de Honduras ha sido emplazado desde hace dos años por la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA para que capture las bandas de sicarios que operan en la zona, enjuicie a los actores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra tolupanes y proteja, por lo pronto con la implementación de medidas precautorias, a la población Tolupán. Hasta ahora el Estado ha sido incompetente.

3.  El Estado incumple ante la OIT. Desde otra perspectiva, el Estado de Honduras ha sido incapaz de cumplir con los compromisos contraídos en el marco de la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. En este momento el MADJ y el pueblo Tolupán han demandado al Estado de Honduras ante la OIT por el incumplimiento de dicho convenio en lo que respecta al pueblo Tolupán, enfatizando en los derechos sobre sus territorios y bienes naturales y el derecho que asiste al pueblo Tolupán a decidir sobre sus medios de vida en la forma de consulta libre, previa e informada[6].

 justicia, paz y dignidad para Locomapa y Honduras

Los tolupanes y tolupanas miembros del MADJ y constituidos como Consejo Preventivo de la tribu San Francisco de Locomapa y el MADJ en general, haciendo causa común, frente a esta masacre nos posicionamos de la siguiente manera:

1.  Condenamos la masacre perpetrada contra la familia ladina campesina y un indígena Tolupán en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos.

2.  Presentamos nuestro pésame y solidaridad a las familias enlutadas, a la vez que les animamos a continuar luchando por la defensa justa de la tierra y los bienes naturales que nos regalan la vida.

3.  Llamamos a todas las tribus tolupanes a unirse aún más y crear una sola y efectiva estrategia común de defensa de sus territorios y bienes naturales.

4.  Exigimos al Estado que de una vez por todas asuma el restablecimiento de la paz con justicia y dignidad en el sector de Locomapa. Y ello no se logrará si el Estado se hace representar en el departamento de Yoro a través de funcionarios coludidos con la injusticia, parcializados a favor de los intereses de los poderosos y ciegos ante los vejámenes que tienen que vivir los indígenas y los pobres en general.

5.  Agradecemos el acompañamiento y la solidaridad mostrada al pueblo Tolupán de Locomapa y al MADJ por organismos de derechos humanos, agencias de cooperación, instituciones y movimientos populares nacionales e internacionales ante la situación de dolor, caos e incertidumbre generados por la masacre de gente inocente. Gracias, una vez más, por hacernos sentir su hermandad.

San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.

7 de marzo de 2016

Juan Antonio Mejía Guerra

Coordinador Nacional de Educación

MADJ


[1] Causa penal 30-2010. Se acusó a los indígenas tolupanes por el delito de “Obstaculización de ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobado por el Instituto de Conservación Forestal”. Dicho plan fue aprobado por el Estado violentando el derecho del pueblo Tolupán a la consulta libre, previa e informada. Otro ejemplo es la Causa Penal 02-2012 incoada por el empresario maderero Kenton Gerardo Landa Uclés en contra de los indígenas tolupanes, contando con el apoyo de la Policía Nacional de Yoro para capturar a los dirigentes indígenas.

[2] Los permisos otorgados en claro acto de abuso de autoridad fueron firmados unos por el alcalde municipal y otros por el coordinador de la Unidad Municipal del Ambiente, Ing. Medardo Varela Bustillo.

[3] Expediente 90-13 del Juzgado de Letras Seccional de Yoro.

[4] El 5 de septiembre de 2014 el MADJ y la última familia Tolupán en proceso de despojo de sus tierras y demás bienes naturales procedieron a interponer denuncia ante el Juzgado, la cual fue registrada bajo el expediente 82-14. Sin embargo no fue sino hasta el 20 de octubre de 2015 que el ex general de las FFAA compareció ante el juzgado y se le tomó la declaración de imputado.

[5] Por ejemplo, el Estado desde el Instituto de Conservación Forestal otorgó el Plan de Manejo Forestal BP-YI-004-19994-11 y el Plan Operativo ICF-Y-309-2009 a empresarios forestales para que explotaran los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa sin el consentimiento de la asamblea de la tribu.

[6] Mejía Guerra, J. A. y Fernández Guzmán, V. et alt (2015). Violación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras: El caso del pueblo Tolupán. MADJ, FUNDAMBIENTE, CUTH. La denuncia fue presentada el 2 de noviembre de 2015 ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, CEACR, de la OIT. Y fue formalmente recibido el 9 de diciembre de 2015.

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CIDH condena asesinato de integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de cinco integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras y de la comunidad de San Francisco de Locomapa. Uno de los indígenas asesinados fue Santos Matute, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La CIDH urge al Estado hondureño a conducir de manera inmediata y dentro de un plazo razonable una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estas muertes y a sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según información recibida por la CIDH, el 21 de febrero de 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán. Mientras que cuatro de ellos perdieron la vida al instante, Santos Matute fue trasladado con heridas de arma de fuego al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 22 de febrero. Santos Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 19 de diciembre de 2013 en razón de las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra integrantes del MADJ debido a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa, departamento del Yoro.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH analizó con preocupación la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. El informe indica que 17 integrantes del pueblo Tolupán han sido asesinados en los últimos años sin que se haya investigado de forma debida estos crímenes. La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales. Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma.

La Comisión Interamericana insta al Estado hondureño a investigar sin dilación y con debida diligencia estos asesinatos, y a juzgar y sancionar a las personas responsables de forma pronta. La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

En este sentido, la Comisión urge a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que estos asesinatos hayan estado motivados por las actividades de estos líderes indígenas como defensores de derechos humanos. La CIDH a su vez insta al Estado hondureño a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad. También urge al Estado de Honduras a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, sus líderes y defensores, respetando su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos, con miras a evitar la repetición de estos hechos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 028/16

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/028.asp

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Estado de Honduras con los brazos cruzados mientras continúa asesinato de Tolupanes a pesar de medida cautelar de la CIDH

Denuncias

Origen: Estado de Honduras con los brazos cruzados mientras continúa asesinato de Tolupanes a pesar de medida cautelar de la CIDH

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Sube a cinco los muertos en masacre de comunidad Tolupán –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn       Tegucigalpa.-A cinco muertes se ha elevado en las últimas horas la masacre registrada el  domingo en la tribu Tolupán del municipio de San Francisco de Locomapa en el norteño departamento de Yoro. El hecho violento se registró en la aldea Cabeza de Vaca #2 y las víctimas fueron identificadas como: Nahúm Alberto […]

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Estado hondureño deja en situación de más riesgo a indígenas tolupanes

Wednesday, 28 October 2015 02:03 Written by 

La defensa de sus territorios ha costado la vida de miembros de la tribu tolupán, aunque gozan de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, son incumplidas por el Estado.

Dentro del panorama del irrespeto a los derechos humanos en el país, el Estado aún continúa renuente con la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, (CIDH),  a 18 indígenas de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro.

En  diversas reuniones sostenidas entre los y las representantes indígenas con Sagrario Prudot, delegada de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y el comisionado de policía de Yoro de apellido Brizuela, han logrado cosas importantes, sin embargo el cumplimiento total de las mismas no se ha dado, denunció Ramón Matute, uno de los miembros de la tribu.

“Hasta ahora hay una parte que se ha estado cumpliendo, por ejemplo las reuniones que sostenemos son porque nosotros las hemos solicitado, lo que no han cumplido es con la captura de los asesinos de nuestros hermanos”, mencionó.

La CIDH otorgó medidas cautelares a los 18 miembros, 38 en total, sumando sus familiares, de la tribu de San Francisco en el mes de diciembre del año 2013, producto del asesinato de tres líderes de la tribu, María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, en agosto de ese mismo año, por la lucha en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas de Locomapa, asesinatos que continúan en la impunidad.

Las organizaciones que actuaron como peticionarias ante la CIDH fueron el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),  en noviembre de 2013.

El Estado hondureño ha desconocido la autoridad de los pueblos originarios al permitir la instalación de proyectos de explotación de sus recursos naturales realizados por empresas multinacionales, dejando de lado compromisos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece la consulta previa y el respeto a la decisión de estas comunidades con el quehacer de sus territorios.

Vivo secuestrado en mi propia comunidad

En cuanto a las medidas de seguridad, Matute puntualizó que se encuentran en situación de riesgo ya que ellos solicitaron patrullajes al menos tres veces por semana y no se ha hecho nada al respecto.

“Es un poco complicado, en mi caso yo no puedo salir solo por lo complicado del asunto. Yo me encuentro preso en mi propia comunidad, siento que en cualquier momento puedo ser asesinado” afirmó el líder tolupán.

Matute para poder salir tiene que hacerlo con la compañía de un familiar ya sea a su trabajo u otras ocupaciones dentro de la comunidad de Locomapa o incluso fuera de la misma, lo que le genera un doble gasto en movilización.

Mientras se desarrollaba la entrevista, Ramón contó que se realizaba una reunión con representantes de Gran Bretaña y del MADJ, quienes se mostraban interesados sobre la situación de las tribus indígenas y su lucha por le defensa de sus territorios  para la conservación el título ancestral de sus territorios.

Agregó que en la última reunión realizada el mes de septiembre de este año, “ellos – la Secretaría de Seguridad- juran que van a cumplir con lo establecido, pero lo dejan a medias”, puso como ejemplo el hecho de que se les brindara una radio patrulla para que cumpliera con los patrullajes en la comunidad,  sin embargo no está en funcionamiento.

La visualización de su problemática estuvo presente en el desarrollo de la huelga de hambre contra la corrupción y la impunidad realizada a inmediaciones de Casa Presidencial en Tegucigalpa, en donde estuvieron por más de 50 días acompañando la exigencia por la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICIH, y sus respectivas demandas como tribu.

Además, solicitaron diversas reuniones con representantes de organismos multinacionales con representación en el país, como la oficina de Naciones Unidas,  la que se negó a recibirles.

Posteriormente, en agosto de este año ingresaron a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la visita del Secretario General, Luis Almagro, con quien lograron reunirse y acordar ciertos puntos tales como monitorear el estado de indefensión en el que se encuentran  y el funcionario internacional se comprometió a  interponer sus oficios a fin de que se garanticen el cumplimiento de medidas cautelares, los cuales no han sido cumplidos en su totalidad.

“Nosotros pedimos la devolución de nuestro título ancestral como comunidad, porque el gobierno nos montó otros títulos sobre el nuestro, además es por  el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, aquí cualquiera viene a ofrecer un proyecto y nos llevan nuestros recursos, varias comunidades están sin agua y eso nos preocupa y por eso seguimos trabajando con las comunidades y así  continuar la lucha” finalizó Matute.

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General Finlánder Armijo Uclés enfrenta juicio por violar derechos humanos de familia Tolupán

El general del ejército hondureño Oscar Filánder Armijo Uclés, compareció este día ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la ciudad de Yoro, Yoro, luego de haber sido acusado como responsable de los delitos  de Daños, Amenazas y Allanamiento de Morada, en perjuicio de  Darling Ermilio Soto y David Paz, miembros de una familia Tolupán de la Tribu de San Francisco de Locomapa, del departamento de Yoro, según informó a través de un comunicado el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.

Armijo Uclés está señalado como uno de los responsables de violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta, cuando en Honduras se implementó por los Estados Unidos la Doctrina de la Seguridad Nacional. Sin duda la impunidad de la que goza le ha animado a volver a las andadas y lo hace contra la tribu tolupán que no tiene acceso a la justicia por la discriminación que sufre desde el Estado de Hondura, s a través de los diferentes operadores de justicia que se confabulan contra este tipo de acciones.

El militar junto a varios hombres que portan fusiles de asalto, en varias ocasiones ha irrumpido en la vivienda de la familia Tolupán; ha destruido su casa, sus cultivos, les ha apuntado con sus armas y les ha ordenado abandonar la zona, bajo amenaza de matarles si no lo hacen.  El acusado reclama como suya la tierra en la que la familia cultiva sus alimentos para sobrevivir y ha construido su humilde vivienda. Por su parte, las victimas aseguran que su casa y cultivos están dentro del territorio del título ancestral de la tribu, el cual data de 1864.

Al finalizar la audiencia este 05 de octubre, al militar se le impusieron cuatro medidas cautelares: a) Presentarse cada 15 días ante la secretaría del Juzgado; b) Prohibición de salir del país; c) prohibición de concurrir al lugar de los hechos; y, d) Prohibición de comunicarse con las víctimas. La siguiente audiencia (la audiencia inicial) fue convocada para el 04 de noviembre de 2015, a las 9 y 30 de la mañana. El equipo legal del MADJ junto a la Fiscalía de Etnias, actúan como parte acusadora en el proceso.

Antecedentes de las acciones del militar contra familia

Este es el contenido de un pronunciamiento del MADJ, emitido en junio del año pasado y que describe las atrocidades cometidas por el militar:
El   9 de Junio del año pasado, alrededor de las 10 de la mañana,  el ex general  Finlander Armijo Uclès llegó a la casa de habitación del indígena tolupán  Santos Antonio Córdova y María Idalia Soto en la comunidad de El Terrero, Locomapa, Yoro,  rodeando la casa diciendo que pararan  cualquier actividad de trabajo, y  destruyendo  las pertenencias de la familia indígena, desapareciendo material de construcción y destruyendo cultivos  de plátanos y café.

Pero eso no fue todo, Armijo Uclès violentó psicológicamente a tres niños y un joven,

hijos de Antonio Córdova, quienes se encontraban solos en la casa de habitación,  recibiendo la amenaza que el día 10 de Junio  llegaría a destruir completamente la casa porque era su propiedad.  Ante lo cual, los hijos de Córdova se vieron obligados a salir  corriendo temerosos,  a avisar de lo sucedido a la comunidad, ya que el ex general Armijo Uclès llegó con pistola en mano y guardaespaldas a realizar persecución a la familia indígena que se encuentra desplazada actualmente.

Las agresiones se realizan por segunda ocasión  a la familia tolupán quienes defienden su legítimo derecho a la tierra que pretende ser arrebatada por el ex general, terrateniente que ha acaparado tierras tribales del pueblo  tolupán y que desde 1980 viene amenazando a las comunidades indígenas, según un pronunciamiento divulgado por el MADJ el 10 de junio de 2014.

El conflicto vuelvió a manifestarse porque la familia Córdova ha defendido su derecho a  la tierra puesto que les pertenece, ya que son originarios de la zona. En cambio, la familia Armijo Uclès ha llegado a la zona del pueblo tolupán a  apoderarse de los bienes naturales, tierra, bosques y minerales, los cuales pertenecen a los indígenas por ser pueblos originarios, respaldado internacionalmente por el Convenio 169

de la OIT.

El  indígena Santos Antonio Córdova  es uno de los indígenas beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y el Estado hondureño está en la obligación de velar por la integridad humana de su persona, brindando protección por su situación de riesgo en defensa de los bienes naturales, ante  acaparadores que violentan a los pueblos indígenas empobrecidos  por la histórica corrupción y despojo de sus riquezas, en un modelo Neoliberal que les somete y aniquila.

“Denunciamos al Estado hondureño  por  darle larga a las denuncias  presentadas por el pueblo tolupán y no atender las amenazas de las que son víctimas, para no lamentar más situaciones trágicas como el asesinato de 3 compañeros indígenas ocurrido en agosto del año anterior, triple crimen por el que las autoridades no  han capturado a los responsables que se mantienen transitando  en la zona. Además, el Estado continua  sin responder eficientemente al cumplimiento de medidas cautelares”, señalaba el MADJ en ese momento.

Por lo que, el pueblo tolupán organizado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia se mantiene en pie de lucha defendiendo su derecho a  la autodeterminación de los pueblos y defensa de los bienes naturales que por derecho ancestral y natural les corresponde.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1025-general-finlander-armijo-enfrenta-juicio-por-violar-derechos-humanos-de-familia-tolupan

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Justicia para sus mártires exige pueblo tolupán

En exigencia de una investigación que lleve a los responsables de la muerte de al menos  100 mártires defensores de su territorio ancestral, se movilizaron este miércoles 30 de septiembre de 2015 las representaciones de 31 tribus que representan al pueblo tolupán en la zona central del departamento de Yoro, informó el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

La movilización comenzó a inmediaciones de la sede de la Federación de Tribus Xijaques de Yoro (FETRIXI) y se trasladaron hacia las sedes el Ministerio Público, el Instituto Nacional Agrario (INA) así como al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la alcaldía municipal en aquella ciudad, detalló la información proporcionada por el MADJ.

Al Ministerio Público se trasladaron con la finalidad de exigirle una pronta investigación que lleve a la condena de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los mártires del pueblo tolupán, mientras que condenaron las acciones de las autoridades del INA por favorecer con la entrega de parte de sus tierras a ganaderos, terratenientes y políticos tradicionales, desconociendo el carácter de territorio ancestral que les  corresponde a las tribus.

Mientras que tanto al ICF como a las autoridades municipales de la ciudad de Yoro, las y los miembros de las tribus tolupanes le reprocharon las acciones de complicidad que tienen estas con empresarios  de la minería y de la madera ya que con su aprobación han dado paso a las concesiones para la explotación de minas, bosques y ríos sin la consulta y aprobación de los pobladores y las pobladoras, en una clara violación al convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente al derecho que tienen los pueblos indígenas y originarios a la consulta y la decisión sobre temas vinculantes a sus territorios.

El MADJ culminó la jornada con una actividad artística en el centro comunal de la tribu de Playa Grande en conmemoración de esta fecha en honor a Vicente Matute, uno de los 100 mártires defensores de los derechos del pueblo tolupán quien fuera asesinado hace exactamente 30 años.

Dignidad y justica para pueblo tolupán

De manera oficial el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia a través de un comunicado exigió a las autoridades competentes el esclarecimiento de los asesinatos de 100 líderes y lideresas de las diferentes tribus del pueblo tolupán.

La organización hizo un llamado al cese de la impunidad que impera en los operadores de justicia en el departamento de Yoro, lo cual hace posible que los responsables de la muerte del centenar de miembros del pueblo tolupán continúen en libertad.

Este es el comunicado integro del MADJ en relación de la exigencia de justicia para el pueblo tolupán:

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el pueblo tolupán, haciendo uso de nuestro legítimo derecho a la protesta pacífica, demandamos de una vez por todas que se castigue a los asesinos materiales e intelectuales que año tras año vienen asesinando indígenas a vista y paciencia de las autoridades corruptas, de un gobierno cómplice con los asesinos.

Son cerca de 100 tolupanes que han sido asesinados en las últimas décadas y a ninguno de ellos se les ha hecho justicia. Las acciones de las autoridades judiciales y el ministerio público demuestran una clara falta de interés en establecer las responsabilidades criminales con lo que, lejos de amedrentar a los asesinos y sicarios, más bien los alientan a seguir matando gente inocente.

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Los asesinos y sicarios del pueblo tolupán se sienten sabedores que nunca irán presos mientras existan jueces y fiscales corruptos; pero el pueblo tolupán ha decidido levantarse y caminar hacia el sol de la justicia para dignificar a sus mártires indígenas, coronándolos con la gloria de su resurrección en las entrañas más profundas de nuestras tribus.

En nuestros ríos resplandece la pureza del alma tolupán que se resiste a ser comprada o humillada. En nuestros pinares y bosques el viento resopla cada día con el aliento de cada uno de nuestros mártires, a quienes se les ha arrebatado la vida por cuidar de nuestro pueblo. Cada día abonamos con nuestros sudores los suelos de la madre tierra que hemos heredado de los mártires. Por eso estamos de pie y gritamos sin cesar que nuestros mártires están más vivos que nunca y no los olvidaremos jamás.

De pie y con valor exigimos justicia a los funcionarios corruptos que han asaltado nuestra patria hondureña, porque en el sueño libertador de Francisco Morazán y demás héroes  están contenidas las esperanzas de los pueblos indígenas por vivir libres, con dignidad y con justicia para todos y para todas.

Las balas asesinas no nos van a callar nunca más. Cada indígena asesinado levanta un ejército tolupán en lucha fiel porque se haga justicia a nuestros mártires. Cada funcionario corrupto que intente despojarnos de nuestros territorios conocerá un pueblo de 31 tribus indignadas, unidas para defender los 5 mil años de existencia en nuestros territorios. Cada empresario perverso que intente despojarnos de nuestros bienes naturales será rechazado porque la vida ni se vende ni se compra; y la vida tolupán es un milagro divino que se nutre del agua de nuestros manantiales, de la brisa suave que nos visita cada día desde las alturas, de la tierra que alegremente nos sustenta. No vendemos la vida ni dejaremos que nos la arrebaten.

Al pueblo hondureño,

A los demás pueblos indígenas y afrodescendientes,

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Les decimos que nuestras luchas y nuestros sueños como pueblo tolupán encarnan las luchas y sueños de todos ustedes. Nos solidarizamos con los hombres y mujeres que se indignan ante tanta corrupción, nos unimos con los hombres y mujeres que sueñan con una Honduras donde todos y todas vivamos con dignidad.

Por nuestra tierra y sus elementos,

Por los bosques y montañas,

Por nuestras aguas y vertientes,

Con nuestra mano en el corazón y de rodillas ante el altar de nuestros mártires juramos que no descansaremos hasta que se haga justicia y se nos garantice una vida en paz y libertad, en justicia y dignidad para todas las tribus tolupanes.

Yoro. 30 de septiembre de 2015

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el Pueblo Tolupán

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El Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para indígenas tolupanes

Thursday, 06 August 2015 03:08 Written by  Marvin Palacios Published in Contexto Read 8 times
El Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para indígenas tolupanes Foto Movimiento M4

Mediante una declaración pública divulgada el pasado 30 de julio, Amnistía Internacional denunció que el Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para preservar la vida e integridad de 18 indígenas tolupanes  beneficiarios de  medidas cautelares.

“Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas”, señala la declaración del organismo internacional de protección a los derechos humanos.

El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes.

En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa.

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias (en su mayoría indígenas tolupanes).

La CIDH consideró que ¨la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo¨.

Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes e informara  las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

Pese a lo anterior, el Estado de Honduras ha desconocido el mandato de la CIDH y se ha negado tanto a aplicar las medidas cautelares de protección para las y los indígenas tolupanes, así como a realizar una investigación seria que permita capturar y juzgar a los responsables de los asesinatos.

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacíficas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos.

Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia. Exhortamos al Estado Hondureño a que genere un entorno seguro y libre de riesgos en el que los defensores y defensoras puedan ejercer su labor por los derechos humanos.

Producto de la histórica invisibilización a la que han estado sometidas las comunidades indígenas tolupanas, 6 hombres y una mujer procedentes de San Francisco de Locomapa respaldaron la huelga de hambre que durante varias semanas se mantuvo a escasos metros de Casa de Gobierno para exigir, entre otras demandas,  la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) ante el escándalo de corrupción perpetrado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y que representó pérdidas para la institución por el orden de 7 mil millones de lempiras (unos 350 millones de dólares) y la muerte de casi 3 mil afiliados y afiliadas.

Al respecto el MADJ en un comunicado divulgado el 7 de julio de 2015  expresó: “Las demandas de los huelguistas son tan urgentes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde diciembre de 2013, dispuso que el Estado de Honduras protegiera a varios líderes y lideresas tolupanas cuyas vidas están en riesgo por oponerse a la corrupción y despojo de sus bienes naturales. A pesar de esa disposición de la CIDH, varias familias tolupanas han sido expulsadas violentamente de sus territorios y otros líderes más fueron asesinados. Toda esta barbarie se mantiene en total impunidad a pesar que se conoce la identidad de quienes ejecutan estos crímenes”.

 Contexto que refleja el constante riesgo en que viven las comunidades

Entre agosto de 2013 y hasta la fecha, 7 personas de la comunidad fueron asesinadas, entre ellas 5 líderes y lideresas en lucha para la protección de los recursos de la tierra, el bosque y en abierta oposición a la explotación ilegal de mineral antimonio  en las tierras comunales. El último asesinato en la zona ocurrió el 18 de junio de 2015, en la comunidad Brisas de Locomapa; se trata del defensor de la tierra Erasio Vieda Ponce.

Testigos aseguran que los 5 asesinatos mencionados fueron cometidos por hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región. Dos de ellos tienen orden de captura, desde el triple asesinato del 25 de agosto de 2013.

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual.

Los supuestos responsables de los asesinatos y otros miembros de este grupo entran y salen de la zona libremente, hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

Todos los luchadores y luchadoras de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte y trece van siendo asesinados en las últimas décadas.

Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad. Recientemente Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y del MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos, capturar a los supuestos asesinos  y brindar protección a la población, citan constantemente dificultades materiales que obstaculizan su trabajo.

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Frente a hostigamiento, huelga de hambre crece y se fortalec

Jul 17, 2015

 Más de veinte días de hambre llevan jóvenes, indígenas y campesinos en las inmediaciones de Casa de Presidencial en exigencia de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICI-H, además de una serie de demandas que van desde el enjuiciamiento para todos los responsables del descalabro del Seguro Social, la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema Justicia CSJ y la creación de una nueva ley electoral.

Esta semana el gobierno, a través de policías y militares, agudizaron el hostigamiento y represión, utilizando desproporcionadamente la fuerza cuando los huelguistas intentaban acercase a Casa de Presidencial. La violencia con que los elementos policiales trataron a los huelguistas provocó golpes a varios de los indignados, incluidos jóvenes, indígenas tolupanes hasta el abogado Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos y director ejecutivo del Centro de Investigación, Promoción y Defensa de los derechos humanos, CIPRODEH.

Luego de esta represión, las organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de la fuerza desmedida y desproporcionada para los  23 huelguistas que transitaban hacia Casa de Gobierno, colocando en un peligro inminente su seguridad e integridad.

“Condenamos la actitud que mantiene el gobierno de desconocer a las y los huelguistas de hambre que reciben como trato el desprecio y la represión y la criminalización al derecho por los casos de corrupción y de impunidad. Exigimos al gobierno escuchar a las y los ciudadanos en huelga de hambre y responder a las demandas”, reza el comunicado.

Lea también: ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIAN CONTRA REPRESIÓN DE FUERZAS ARMADAS A HUELGUISTAS 

La Organización internacional de derechos humanos, PROAH expresó mediante un comunicado su fuerte preocupación por la vida de los siete miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa que se unieron a la huelga de hambre en Tegucigalpa, así como por la situación de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos en la comunidad de Locomapa, Yoro.

Los  Tolupanes en huelga de hambre y sus familias en este momento corren aún más peligro ya que desde el inicio de la huelga diferentes personas han estado rondando sus casas, y hostigado a sus familiares a través de llamadas telefónicas y hasta amenazas a muerte. El huelguista Sergio Ávila denunció que el 8 de julio pasado, desconocidos armados le gritaron a su hijo, « bájate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente su hijo se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso mataron a su caballo, menciona el pronunciamiento de PROAH.

Los huelguistas recordaron que la acción es para pedir castigo a los corruptos que saquearon el IHSS, la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI-H), el juicio político contra fiscales generales del Estado, la elección despolitizada de la Corte Suprema de Justicia y la creación de una nueva Ley Electoral.

Siguen sumándose 

Luego de las agresiones y violaciones a los derechos del grupo de campesinos, indígenas y jóvenes en huelga de hambre contra la impunidad, por parte de los cuerpos policiales y militares dirigidos por el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, cinco indígenas, entre ellos cuatro tolupanes y uno misquito, se unieron al campamento donde se levanta la acción de protesta.

A la huelga de hambre se integraron Orlando Rodríguez, Juan Margarito Rodríguez, Adán Mejía y José Camilo Rodríguez, integrantes de la Tribu Candelaria, entre los municipios de Morazán y El Negrito del departamento de Yoro.

El señor Adán Mejía aseguró a Radio Progreso que además de la CICI-H, están en la huelga porque exigen la defensa de sus territorios ancestrales que están siendo usurpados por empresarios del sector. “En el sector donde venimos, la Tribu Candelaria en El Negrito, Yoro hemos llevado el caso al Ministerio Público, y no han actuado en base a ley. Se siguen privilegiando a los empresarios, en este caso a la Compañía Azucarera, AZUNOSA”.

Ayuno solidario 

La mesa de indignación ciudadana en El Progreso, Yoro organizó un ayuno de 72 horas en solidaridad con 23 personas en huelga de hambre afuera de Casa Presidencial. Alrededor de 14 personas se apostaron en las afueras de la comuna progreseña como acto de protesta contra la corrupción que impera en cada rincón del país. “Con este acto queremos reforzar las demandas nacionales: instalación de la CICI-H, juicio político para Juan Orlando Herández por el caso del saqueo del IHSS, juicio político para los fiscales, una nueva CSJ que no responda a los interés político partidario”, dice Karina Flores de la Mesa de la Indignación.

Puedes ver:  

La mesa de indignación ciudadana en El Progreso, Yoro organizó un ayuno de 72 horas en solidaridad con 23 personas en…

Posted by Radio Progreso | Página Oficial on Viernes, 17 de julio de 2015

La gran apuesta 

A más de 20 días de huelga de hambre, los indignados siguen claros en sus demandas por exigir la instalación de la comisión internacional independiente que investigue los casos de corrupción existentes en el país. Pero también están trabajando por saber canalizar iniciativas y creatividades para no caer en la improvisación.

Además de las movilizaciones la apuesta es seguir el camino articulador de un proceso que haga de temáticas, actores y sectores. Las mesas de la indignación se convierten en esa oportunidad de implementar un proceso de profunda transformación para rehacer los tejidos institucionales, políticos, sociales, culturales y éticos,  es condición obligada que se vertebren las diversas fuerzas y liderazgos no solo para la presente coyuntura, sino para los desafíos en el mediano y largo plazo.

 ¿Quiénes son?

Estos son algunos de los indignados que participan en la huelga de hambre en las inmediaciones de Casa Presidencial:

José Chévez: “Soy campesino. Vengo del Bajo Aguán en representación de la Plataforma Agraria. Decidí unirme a la huelga de hambre porque creo que la demanda no solo es de unos sino una demanda del pueblo. Exigimos que se instale la CICI-H y que se destituya al presidente HErnádez, el fiscal general y el adjunto”. Como demanda regional cree que es necesario que se investiguen el origen del conflicto que durante tantos años ha provocado el derramamiento de sangre en el bajo Aguán.

 

Stanly Jonson: “Soy originario del municipio de La Ceiba, y lo que me mueve a participar en esta huelga de hambre es que queremos cambios en este país, queremos que venga la institucionalidad, por eso exigimos la CICI-H”.

 

Jerson Suazo, originario de Santa Bárbara dijo que las motivaciones de participar en la huelga son porque está harto de tantas injusticias, por tantas violaciones a derechos humanos, por tanta violación a derechos humanos y porque es necesario hacer funcionar la institucionalidad en el país.

 

Dennis Ramón Cálix: Originario del municipio de Nacaome Valle, dijo que “está encachimbados porque desde el gobierno no se hace nada y por eso participan en el huelga y hasta estarían dispuesta apoyar un paro nacional”.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2246-frente-a-hostigamiento-huelga-de-hambre-crece-y-se-fortalece

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Jóvenes e indígenas tolupanes indignados se alimentan del sueño de una Honduras sin corrupción e impunidad

Jul 03, 2015

Se han cumplido los primeros once días de la huelga de hambre contra la corrupción e impunidad. La huelga, que tomó como sede las cercanías de Casa Presidencial, tiene como objetivo lograr el castigo para todas las personas, entre ellas funcionarios del actual gobierno, implicadas en latrocino a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, a través de la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIH-.

Los jóvenes indignados y en huelga de hambre están claros en su objetivo: iniciar un proceso de transformación democrática, el que incluye la reestructuración de los poderes del Estado, y para ello exigen que el Congreso Nacional inicie el proceso de juicio político para el Fiscal General y Fiscal Adjunto por su incapacidad y negligencia ante los casos de corrupción, y, en especial el saqueo de SIETE MIL MILLONES de lempiras al Seguro Social.

Los jóvenes indignados

Dos botes con agua, seis mangos, varios bolsos típicos elaboradores por él, y no más de cien lempiras  para pagar el bus hacia Tegucigalpa cargaba Gerson Suazo, joven originario de Santa Bárbara, el día que decidió viajar a la capital, lugar donde se inició la huelga de hambre contra la corrupción e impunidad.

Gerson, quien ante las carencias económicas para continuar sus estudios universitarios se ha dedicado a la artesanía, nos contó, mientras tomaba a sorbos el suero para mantenerse, que su hambre ahora es de justicia para las casi tres mil personas que perdieron la vida por falta de atención médica en el Seguro Social, consecuencia del desfalco que sobrepasó los siete mil millones de lempiras.

“Ahora podría estar en un lugar con aire acondicionado y comiendo papas fritas allá en Choluteca”, dijo entre risas Hernán Silva, el mayor de los tres indignados que han formado su propia comunidad frente a la valla de policías y militares que custodian Casa Presidencial.

Hernán este viernes cumplió seis días en huelga de hambre; sin embargo tuvo que ser hospitalizado porque su organismo se debilitó. Antes de ser trasladado a un centro asistencial, nos comentó que en lo único que ahora piensa y exige al gobierno de  Juan Orlando Hernández es la instalación de la CICIH.

La represión no nos debilita

German Ayala, originario de San Pedro Sula, padre de dos niñas y parte de los miles de hondureños desempleados, dice que sus deseos de ir construyendo un mejor país para sus hijas y las generaciones futuras es más grande que las intimidaciones y tortura psicológica que ejerce las fuerzas policiales y militares las madrugadas en que se han quedado solos en sus tiendas de campaña.

A pesar que en medios de comunicación y por parte de funcionarios de gobierno se daba la información que la huelga de los jóvenes se había suspendido con el retiro de Ariel Varela y Miguel Briceño, jóvenes que comenzaron esta acción hace dos semanas, Gerson, German, Erlin y los 7 tolupanes demuestran que la huelga sigue y que están firmes en su posición.

No al diálogo propuesto por Hernández

La Organización de los Estados Americanos –OEA- y la Organización de las Naciones Unidas –ONU- han anunciado que facilitarán el diálogo sin condiciones convocado por el mandatario nacionalista; el objetivo de la intervención en el diálogo sería fortalecer la institucionalidad democrática y combatir de manera integral la impunidad y la corrupción.

Sin embargo, Erlin Mejía, un joven indignado que viajó desde la ciudad de Danlí y que su protesta ha sido a través de ayunos ante su padecimiento de epilepsia, asegura que la única salida es la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, pues solo desde esa instancia habrá castigo para cada uno de los implicados en el saqueo al Seguro Social.

Tolupanes de San Francisco de Locomapa 

Vestidos con balandranes color verde, en honor a Cipriano Martínez último cacique de la Montaña de la Flor en Francisco Morazán quien murió la semana anterior, y cargando sus colchonetas, siete indígenas Tolupanes de la Tribu de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, llegaron a Tegucigalpa para unirse a la huelga de hambre en contra la corrupción e impunidad.

“La huelga de hambre es indefinida, cansados y cansadas, al igual que los jóvenes indignados, de la corrupción que en sus comunidades se manifiesta a través del gozo de la impunidad con la que caminan los asesinos de los bienes naturales y de las personas que los defienden”, dijo don Ramón Matute.

Mientras era evaluado por una de las doctoras indignadas, don Santos Córdoba dejó claro que la lucha que ahora han iniciado está basada en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y en el rechazo al diálogo sin condiciones propuesto por el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández.

Alejandra Cabrera, indígena tolupana y primera mujer en integrarse a la huelga de hambre, demanda al Estado hondureño justicia en el asesinato de su madre María Enriqueta Matute, quien fue una incansable defensora de los derechos del pueblo tolupan y asesinada durante una toma que impedía se llevaran la madera y minerales de sus tierras.

Hasta la fecha, más de 100 indígenas han sido asesinados por defender sus territorios. Solo en 2013 fueron asesinados 3 miembros de la tribu San Francisco de Locomapa y 3 de la tribu Subirana, en el departamento de Yoro.

Alcalde Colinas, Santa Bárbara, se une en ayuno a la huelga de hambre

A pesar de las campañas de descrédito, algunas iniciadas desde el gobierno, la huelga de hambre de los jóvenes indignados y seis hombres y una mujer pertenecientes al pueblo tolupán, se fortalece.

Y es que al finalizar la tarde de este viernes, el edil del municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, se incorporó a dicha huelga con un ayuno de tres días. Hernández, al igual que los demás indignados en huelga de hambre, le apunta a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIH-, el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero además, el respeto a la autonomía municipal.

“Nuestra condición de funcionarios públicos nos limita para estar de lleno en la huelga, estamos sujetos a una ley. Nos unimos a la exigencia para lograr la reconciliación del país, la CICIH vendría a garantizar el Estado de derecho”, dijo el edil.

Al campamento de los jóvenes y tolupanes indignados, también llegó el sacerdote Fausto Milla para expresar su solidaridad con la lucha en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, al que califica de corrupto y dictatorial.

La mañana del jueves se incorporó a la huelga Franklin Rivera, un joven de la ciudad de Tela que se mantenía en ayuno frente a las instalaciones de la alcaldía de dicha ciudad, también exigiendo la instalación de la CICIH.

Una muestra más de resistencia

Hoy, el pueblo hondureño está más unido que nunca; hay a quienes sorprende la determinación de cada hombre, mujer y jóvenes de salir a las calles a exigir un antídoto para la erradicar la bacteria de corrupción  y la impunidad.

Las manifestaciones de las antorchas, que durante un mes se han venido realizando a lo largo y ancho del país, y la huelga de hambre de once indignados es la gota que derramó el vaso de la atrocidades que gobierno tras gobierno ejercieron sobre  los hondureños y hondureñas, comenta Ana Ortega, feminista y doctora en ciencias políticas.

“Lo que dice es que todos los sectores están siendo golpeados por este gobierno, por este modelo. Creyeron que era una pataleta de inconformes, lo que está claro es que la sociedad hondureña ha despertado y no está dispuesta a tolerar más mentiras, más corrupción, más saqueo. Estos compañeros y compañera están resistiendo con su propia vida, creo que es una forma extrema de decirle a este gobierno que ya basta”, agregó, además se mostró inquieta por el papel de la comunidad internacional, que según ella, no está del todo claro.

El gobierno de Hernández se ha mostrado apático de cara a las demandas de la población, una actitud que no debe de asombrar. Nelson Pavón, defensor de derechos humanos y artista indignado, dice que la apatía de la administración nacionalista debe ser la punta de lanza para que los diferentes grupos sociales de oposición se sienten en una mesa para dialogar sobre las acciones que puedan fortalecer la lucha que los jóvenes iniciaron.

“Las decisiones del movimiento de indignados no pueden girar alrededor de dos o tres personas aunque hayan sido ellos los que iniciaron el proceso; yo creo que ya es el momento de sentarnos e ir identificando cuál puede ser el mecanismo para coordinar mucho mejor, una muestra de ello fue la descoordinación que hubo para definir el lugar hacia donde se dirigía la manifestación de hoy”, dijo Pavón.

Mientras las calles se siguen desbordando de indignación  por la inoperancia de un sistema de justicia politizado, Juan Orlando Hernández y sus aliados  quieren pretenden hacerle creer a la comunidad internacional que han abierto las puertas de la Casa Presidencial, cercada por vallas metálicas y custodiada por militares y policías, para iniciar un diálogo en el que en ningún momento se ha invitado a los verdaderos actores afectados: el pueblo.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2201-j%C3%B3venes-e-ind%C3%ADgenas-tolupanes-indignados-se-alimentan-del-sue%C3%B1o-de-una-honduras-sin-corrupci%C3%B3n-e-impunidad

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Comunicado

Los Tolupanes de la Tribu de San Francisco de Locomapa en Huelga de Hambre y El Movimiento Amplio por la Dignidad y La justicia Informa.

Que posteriormente a la incorporación de los indígenas de la Tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa a la Huelga de Hambre de los Indignados en el perímetro cercano a casa Presidencial el día Martes 30 de Junio, han comenzado los ataques mediáticos de los medios corporativos dirigido a los 6 compañeros y una compañera que han dejado de comer indefinidamente, dichos ataques consisten en:

1.- THN Canal 8/ El Canal oficial del Gobierno, comenzó a manipular la información desde las redes sociales, argumentando textualmente que “Tolupanes niegan ser parte de la Huelga de Hambre de los Indignados” lo cual desmentimos totalmente, haciendo acopio al comunicado oficial de los Tolupanes que en su introducción dice; “Nosotros miembros y miembras de la Tribu de san Francisco de Locomapa nos declaramos en HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA, haciendo nuestra la lucha de los indignados e indignadas hartos de tanta corrupción…”

2. Los siguientes medios; HCH y Canal 10 han enviado a sus reporteros a realizar entrevistas tendenciosas de la siguiente manera; ¿Qué tienen que decir ante un comunicado que han enviado de la Tribu de la Montaña de la Flor donde dicen que ustedes no son indígenas? ¿Es cierto que ustedes mantienen un pleito interno en la Tribu Tolupan y lo que quieren es ganar notoriedad? Y ¿Es cierto que una mujer de nombre Gertrudis dijo que un tal José María no es indígena? (refiriéndose a el compañero Tolupan quien está en huelga de hambre y a la vez es el principal vocero)

Ante estas intenciones manifiestas de estos medios respondemos de la siguiente manera:

Ni los indígenas de la Tribu de San Francisco de Locomapa de las Montañas de Yoro, ni el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia vamos a permitir que continúen estos ataques de una prensa que representa la línea de los poderes más perversos, corruptos y oscuros del país y enviamos un mensaje claro a la opinión publica manifestándoles que los 7 compañeros indígenas representan la más digna lucha por el respeto a sus visiones culturales, la recuperación de sus tierras ancestrales y la defensa de sus bienes naturales, lucha que por años han librado frente a un Estado represivo y criminal que utiliza todos los medios posibles para tratar de apagar sus voces que provienen desde las montañas de Yoro, agregando a esto que tampoco es cierto que existan conflictos entre hermanos indígenas y honestos, por lo contrario los compañeros han denunciado a un sector de los indígenas que desde algún tiempo y con prácticas corruptas y utilizando puestos en la FETRIXI han entregado los bienes naturales al poder económico y político local en contubernio con el mismo Estado.

3. Tenemos enormes sospechas que fue el señor Wilson Matute miembro de DINAFRO (Dirección Nacional de Indígenas y Afrodescendientes) quien después de visitar la huelga de hambre hablo ante los medios de comunicación diciendo que “Los que están en la huelga de hambre no son indígenas y que él los desautorizaba para hablar en nombre de los pueblos Indígenas”

Por lo que informamos que es todo lo contrario; muchas personas que provienen de las comunidades indígenas y llegan a ocupar puestos en el Gobierno se han plegado a los intereses de los empresarios y políticos corruptos abandonando totalmente los principios de lucha de los pueblos indígenas.

4. Por último informamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgado medidas Cautelares desde el año 2013, tanto los compañeros Tolupanes en huelga de hambre como a sus familias que en este momento corren peligro ya que los sicarios que asesinaron a 3 compañeros indígenas en el 2013 y 4 más en el presente año, no han sido capturados por la policía nacional y han comenzado a amenazar a familias y con ello intentar callar la denuncia que yace en los puntos centrales de la Huelga de Hambre de los Indignados.

Insistimos en nuestro compromiso por la verdad y la justicia en contra de los corruptos que por siglos han matado al pueblo hondureño.

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA/1 DE JUNIO DEL 2015

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Comunicado

INDÍGENAS TOLUPANES SE UNEN A LA HUELGA DE HAMBRE DE INDIGNADOS EN TEGUCIGALPA.

COMUNICADO PUBLICO

Nosotros miembros y miembras de la Tribu de san Francisco de Locomapa nos declaramos en HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA, haciendo nuestra la lucha de los indignados e indignadas hartos de tanta corrupción que se vuelve más evidente y ofensiva con el saqueo del seguro Social. Muy molestos además por tanta corrupción en el departamento de Yoro, que sólo puede detenerse con la destitución y enjuiciamiento de los funcionarios involucrados en los más grandes y vergonzosos actos delictivos y criminales contra los bienes públicos y los bienes comunes del pueblo tolupan en el departamento de Yoro.

La corrupción del actual gobierno y de los que le antecedieron ha hundido en la miseria y el despojo a los más pobres de Honduras, pero en el pueblo tolupan esta corrupción ha significado más que en cualquier otro sector poblacional el abandono absoluto en materia de salud, educación, vías de comunicación y justicia, culminando con la muerte de nuestros líderes locales que se atreven a defender sus bienes naturales.

La corrupción nacional ha convertido al pueblo tolupan en zona de despojo, robo y saqueo de sus bienes naturales y ha condenado a muerte a más de 100 indígenas sin que sus casos hayan sido llevados a la justicia ante tribunales competentes. Tenemos identificados a nuestros asesinos pero las autoridades se vuelven cómplices al no proceder a capturarlos y todo se queda en órdenes de captura que no se materializan.

Con esta huelga de hambre queremos llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional para que exijan el fin de la matanza a que nos condena el Estado junto con los matones pagados por empresarios pero protegidos por las autoridades nacionales y departamentales que no cumplen con la ley sino que en nombre de ella nos atemorizan, amedrentan y asesinan a quienes defienden los bienes comunes y el derecho a la vida.

En virtud de lo anterior definimos nuestra lucha en los siguientes términos;

1. Nos solidarizamos con los y las indignadas a favor de la instalación de la CICIH, y rechazamos la propuesta del falso diálogo del régimen de Juan Hernández, que además es actor principal en el desfalco de las instituciones del Estado.

2. Condenamos la labor de los fiscales Oscar Chinchilla y Rigoberto Cuellar además de Eli Mauricio Murillo Fiscal del Ambiente de Yoro por dejar en la completa Impunidad a los asesinos de 5 compañeros defensores de los derechos ambientales y el derecho a la vida.

3. Exigimos la captura de Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Varela Laques, actores materiales del asesinato de María Enriqueta Matute, Ricardo soto Fúnez y armando Fúnez Medina así como el asesinato de Luis Reyes de Masías y Eracimo Vieda. No abandonaremos la huelga hambre hasta que sean capturados estos asesinos.

4. Exigimos se cumpla con la consulta previa, libre e informada como lo estipula el convenio 169 de la OIT sobre cualquier actividad de extractivismo que se realice en el pueblo tolupan.

Tegucigalpa, 29 de junio del 2015

Fuente: https://www.facebook.com/MADJhn/posts/10207444866626102

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Asesinan a líder indígena defensor del bosque en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

  

En los últimos tres meses la comunidad indígenas tolupán ha sido víctima de actos violentos.

Un líder indígena de la etnia tolupán, fue asesinado este jueves en las montañas del departamento de Yoro, en la zona central de Honduras, supuestamente a manos de empresarios y terratenientes que se sentían afectados por su lucha a favor de la protección de los bosques.

Erasio Vieda Ponce fue asesinado a las cinco de la mañana en la comunidad Brisas de Locomapa en las montañas de Yoro y era un militante activo en la lucha contra la depredación del bosque a manos de empresarios y terratenientes de la zona, informó el Movimiento Amplio por la Dignidad y La Justicia (MADJ).

Mediante un comunicado la organización de sociedad civil, cuestionó que los bosques de las montañas de Yoro, han venido siendo usufructuados por los señalados en el asesinato del líder indígena, que por años han gozado de los bienes de la naturaleza, utilizando todo tipo de métodos delictivos en contra del pueblo tolupán y de los principales líderes indígenas de este sector.

El MADJ sostiene, mediante la misiva, que existen pruebas contundentes que “los sicarios son cercanos a los terratenientes y empresarios y que fueron contratados para terminar con la vida del compañero Ponce, mismos que asesinaron a María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez en el 2013 por defender el bosque”.

En ese mismo contexto, el organismo denunció que desde el 2013 se ha identificado como responsables directos de los asesinatos a Selvin Matute y Marlon Matute, quienes tienen orden de captura, sin que la Policía Nacional logre dar con su paradero.

“Tenemos los testimonios de los miembros de la comunidad indígena, asegurando que son estos los responsables del asesinato contra Erasio Vieda”. Los supuestos responsables entran y salen de la zona solamente a ejecutar este tipo de acciones, como ha sido el caso de los mencionados compañeros fallecidos a manos de estos delincuentes”, dice el comunicado.

El organismo de sociedad civil, apunta que los sindicados atentan y causan miedo en el resto de los habitantes de la comunidad, ya que se mantienen ocultos en lugares estratégicos, ante la vista y paciencia de la misma policía de Yoro que ha asignado de manera irregular a algunos de sus miembros para brindar supuesta seguridad y capturar a los responsables.

En virtud de no encontrar respuesta en la Fiscalía de Derechos Humanos, Secretaría de Justicia, Fiscalía de las Etnias, Policía Nacional y en otras  instituciones encargadas de la investigación, persecución del delito, judialización y seguridad ciudadana,  la MADJ, atribuyó al Estado la responsabilidad de las muertes de los indígenas

Añadió que se ha entregado todas las evidencias que estos casos ameritan y realizado acciones en plataformas de derechos humanos a nivel internacional (CIDH) que han dado como resultado el otorgamiento de medidas cautelares para las y los líderes indígenas que están siendo objeto de amenazas, sin que los funcionarios (as) respondan de manera responsable para la implementación de dichas medidas.

Considera que la indiferencia del Estado ha puesto en elevada vulnerabilidad a las y los indígenas, a tal grado que en el mes de mayo asesinaron a Luis de Reyes Marcía, esposo de Consuelo Soto, quien dos semanas después de enterrar a su cónyuge fue objeto de un atentado en su casa de habitación por los mismos sicarios, teniendo que salir fuera de la zona junto a  toda su familia.

“Mientras la conflictividad se agrava en la zona, contabilizando estos hechos en los últimos tres meses, seguimos sin respuesta e intervención directa de la Secretaria de Justicia cuyos personeros demuestran una desidia total ante las peticiones de seguridad y justicia que demanda el pueblo tolupán”,  agrega el escrito.

Fuente: http://criterio.hn/asesinan-a-lider-indigena-defensor-del-bosque-en-honduras/

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Asesinan defensor indígena Tolupán

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Locomapa, Yoro (Conexihon).- El líder indígena Tolupán y defensor por el derecho a la tierra y los bosques de la montaña de Yoro, Erasio Vieda Ponce, fue asesinado esta madrugada informó el  Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Según se informó su cuerpo fue encontrado a eso de las 5:00 de la mañana a inmediaciones del sector conocido como “Las Prisas en Locomapa, en la zona central del país.
Vieda Ponce “militaba firmemente en contra de la entrega de los bosques a manos de empresarios y políticos locales que por años han usufructuado de los bienes de la naturaleza, utilizando todo tipo de métodos delictivos en contra del pueblo Tolupán y de los principales líderes indígenas de este sector”, indicaron en un comunicado público.
Según la organización los sicarios podrían ser cercanos a los terratenientes y empresarios “que fueron contratados para terminar con la vida del compañero Ponce, mismos que asesinaron a María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez en el 2013 por defender el bosque”.
“Desde 2013, -apuntaron- identificamos como responsables directos de los asesinatos a Selvin Matute y Carlos Matute, quienes tienen orden de captura, sin que la Policía Nacional logre dar con su paradero”.
El MADJ asegura que cuenta con los testimonios de los miembros de la comunidad indígena asegurando quienes podrían identificar a los responsables del asesinato contra Erasio Vieda.
“Los supuestos responsables entran y salen de la zona solamente a ejecutar este tipo de acciones como ha sido el caso de los mencionados compañeros fallecidos a manos de estos delincuentes, así como también para atentar y causar miedo en el resto de los habitantes de la comunidad, ya que se mantienen ocultos en lugares estratégicos, ante la vista y paciencia de la misma policía de Yoro que ha asignado de manera irregular a algunos de sus miembros para brindar supuesta seguridad y capturar a los responsables”, agregaron.
El crimen se produce en momentos en que el hostigamiento a los líderes indígenas recobra fuerza,  el mes de mayo, fue asesinado Luis de Reyes Marcía esposo de la  también líder indígena, Consuelo Soto, quien dos semanas después de enterrar a su esposo fue objeto de un atentado a su casa de habitación por los mismos sicarios, teniendo que salir fuera de la zona ella y todas su familia.
La conflictividad se ha agravado en la zona,  durante los últimos tres meses, sin que hasta el momento las autoridades se hayan hecho presentes.

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Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.


Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).


 

Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

Fuente: https://proah.wordpress.com/2015/06/16/comunidad-de-locomapa-sigue-la-impunidad-y-el-hostigamiento-a-indigenas-tolupanes/

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Continúan amenazas a líderes de tribu Francisco en Locomapa, Yoro

May 29, 2015

La  comunidad de Locomapa, ubicada en las montañas del departamento de Yoro, es una zona con mucha riqueza natural que en los últimos años ha sido amenazada por empresarios que pretenden a toda costa adueñarse de ese territorio. En agosto del 2013 Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina fueron asesinados por sicarios al servicio de  mineros dedicados a la extracción de antimonio y la destrucción del bosque, ellos participaban en una toma de la carretera con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral.

El pasado mes de abril Luis de Reyes Marcía, esposo de la dirigenta indígena Tolupán, Consuelo Soto, fue asesinado luego de haber denunciado reiteradas amenazas a muerte por desconocidos. A raíz de los asesinatos, Consuelo Soto tuvo que salir de la comunidad junto a su familia, pero decidieron regresar a continuar la lucha el pasado mes de febrero de 2015. A su retorno se reincorporó a la lucha para exigir que las empresas extractivitas salgan del sector y dejen de infundir temor en la población.

Atentado

Consuelo Soto, junto a otros luchadores indígenas tolupanes han venido sufriendo intimidaciones y amenazas de muerte, el viernes 22 de mayo la luchadora denunció un atentado en contra de su vida. Según Consuelo un vecino molesto por la visita que realizó el fiscal de las etnias,  llegó hasta su casa en la tarde del viernes y sin mediar palabras realizó tres disparos. A raíz del nuevo atentado la dirigenta tuvo que salir inmediatamente de la comunidad.
La lideresa  aseguró que teme por su seguridad y la de su familia, “me preocupa porque mis hermanos están en peligro, yo no me siento bien porque le quitaron la vida a mi esposo, y ahora me la quieren quitar a mí”,  relató.

Denuncia internacional

Consuelo Soto y otros líderes indígenas gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, pero el Estado hondureño no ha mostrado voluntad en implementar la disposición de protección.

A raíz del atentado hecho el pasado 22 de mayo, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL,  alertaron a la Comisión para que presione al Estado y que éste cumpla con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de la luchadora indígena.

Situación de la comunidad

Para reconocer su territorio, las comunidades de la tribu San Francisco de Locomapa Yoro realizaron el pasado 17 de mayo una caminata donde reconocieron sus linderos y  límites de su territorio. Durante la caminata se evidenció la destrucción de muchas hectáreas de bosque, por lo que las comunidades decidieron denunciar esta situación ante el Ministerio Público. La fiscalía del ambiente se comprometió a realizar una inspección en el lugar e iniciar una investigación que dé con los culpables de realizar la tala sin consultar a la población del sector. La visita estaba programada para el martes 26 de mayo, pero una vez más se evidenció0 la poca voluntad del Estado en solucionar el conflicto en el sector.

Elección

El pueblo indígena tolupán del sector Locomapa, Yoro, se prepara para elegir el próximo 21 de junio el consejo directivo, Ramón Matute líder indígena dice que la elección se realiza cada dos años y esperan que unas 19 comunidades se presenten para elegir a las nuevas autoridades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2098-contin%C3%BAan-amenazas-a-l%C3%ADderes-de-tribu-francisco-en-locomapa-yoro

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Honduras: Alerta, nuevamente atentan contra la vida de la Defensora Vilma Consuelo Soto‏

domingo, 24 de mayo de 2015

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condena enérgicamente un nuevo atentado contra la vida de la compañera Defensora Vilma Consuelo Soto, a quien le fue tiroteada su casa de habitación el día Viernes 22 de mayo recién pasado.
Consuelo Soto es una luchadora indígena de la Tribu Tolupana de San Francisco Campo en el Sector Locomapa, Yoro y desde el 2013 ha venido sufriendo una serie de actos de persecución e intimidaciones, sobrevivió al episodio violento en el que sicarios asesinaron a dos compañeros y una compañera en su misma tribu, situación por la que junto a dos familias más tuvieron que salir de su territorio y al que desafiando el asedio que no termina, decidieron regresar, en febrero de 2014.
Consuelo a su retorno se reincorporó a la lucha para que de su territorio salgan las empresas que talan bosques y explotan minerales, así como al trabajo organizativo que desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, del que ella es parte, se emprende, para que a través de acciones de reconocimiento territorial y demandas judiciales y otras acciones comunitarias se respete el título ancestral que les reconoce como los guardianes de su territorio indígena que siempre han sido.

El 4 de Abril de 2015 asesinaron al esposo de Consuelo Soto, el compañero Luis Macías, un hombre luchador como Consuelo con quien criaba a cuatro de sus nietos y nietas, con quien caminaba los caminos del trabajo organizativo y liberador en Locomapa. A pesar del dolor, Consuelo Soto, valiente como es, decidió permanecer en su comunidad, seguir la vida que el Viernes, una vez más intentaron truncarle.

Los sicarios, se asegura, son los mismos en cada incidente, la Policía lo sabe, las instancias que deberían impartir justicia han sido notificadas en diferentes denuncias y demandas, de nada sirven las medidas cautelares de que goza Consuelo otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque como antes, en los hechos del Viernes, el argumento de no tener recursos asignados para llegar e investigar para llegar y reubicarla fueron los mismos, no solo de la Policía en Yoro, sino de la misma Coordinación de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia supuestos garantes de esas medidas cautelares.
Exigimos al gobierno de Honduras que se investige y sansione con debida diligencia a los responsables de estos actos y hacemos del conocimiento de la comunidad Nacional e Internacional que:
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras reconoce orgullosamente a Consuelo Soto como una miembra más de nuestra organización, al mismo tiempo que estrecha lazos solidarios con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia del que Consuelo es parte y construimos y articulamos agenda porque esta lucha contra el colonialismo patriarcal nos une en los espacios articulados como la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares en Honduras, PMSH con la claridad de que solo la propuesta unificada en consensos podrá adversar la voracidad de este sistema de muerte y despojo.
Celebramos la fuerza de Consuelo Soto, desde la admiración que le guardamos reiteramos nuestro compromiso por redoblar la denuncia y contribuir desde allí para que se respete su derecho a defender Derechos, el más fundamental, el derecho a vivir en paz y dignidad.
Porque la sabiduría de nuestras ancestras la vemos en el rostro y las manos laboriosas de Consuelo Soto defendemos el derecho a defender.
Tegucigalpa, 24 de Mayo de 2015.

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Honduras: ‘They have silenced us completely’

Human rights activists, journalists and LGBT citizens are regularly targeted by right-wing killers
Colectivo Lesbico, Gay, Trans y Bisexual protest against police abuse in Tegucigalpa ahead of the celebration of the International Day Against Homophobia. Photograph: Orlando Sierra/AFP/Getty ImagesColectivo Lesbico, Gay, Trans y Bisexual protest against police abuse in Tegucigalpa ahead of the celebration of the International Day Against Homophobia. Photograph: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Tue, May 12, 2015, 01:00

Like many teenagers her age, Ana Maritza Soto swipes through her smartphone looking at photographs. But these images could easily be stills from a horror movie, depicting a lifeless body lying in the centre of a residential area.

Ana (16) says that when they found her father, his throat had been slit and intestines lay scattered on the road.

She flicks to the final photo. It’s a close-up of Luís de los Reyes Marcia, his deathly pale face staring blankly at the camera with his innards strewn over his body.

Dilma Consuelo Soto, Ana’s mother, doesn’t need to look at the images to remember the murder of her husband. Only two weeks have passed since his death, and the shock is still fresh in her mind.

Soto, like her husband, is an indigenous human rights defender from the Tolupán community of San Francisco de Locomapa in northern Honduras. She speaks quietly as she recounts the tale of her husband’s death. Even though her voice is heavy with grief, her words are filled with a sense of strength and determination.

“The problem is we can’t speak out. They [the police] have silenced us completely. Even now that they’ve killed my husband, we haven’t reported the assassination because of fear.

“I cannot understand how people can die but life continues as if nothing has happened. The question is, where are the authorities to protect us?”

Continue the battle

Despite the countless death threats, Soto says she will continue the battle with her fellow land defenders to protect the Tolupán territory from mining and illegal logging.

“There is an ideology of domination and violence in this country. It’s all connected with being constantly surrounded by weapons. But we have to keep fighting. Even though we keep dying, we have to keep fighting.”

Soto is just one of the many human rights defenders in Honduras who put their lives on the line by fighting for a cause they believe in. Spokespersons for minority groups such as women, children and LGBT are often brutally punished for exercising their right to freedom of expression, peaceful assembly and calling for an end to human rights abuses.

Honduras is considered one of the most dangerous countries in the world, with a national homicide rate of 79 per 100,000 people. (The Republic of Ireland has 1.2 murders per 100,000 people).

Since the military coup of 2009 that ousted leftist president Manuel Zelaya, there has been a spike in acts of violence against journalists, human rights defenders and political activists. According to the Committee to Protect Journalists, 20 journalists have been killed in Honduras since 2009.

In 2011, the Inter-American Commission on Human Rights said it was “deeply concerned” about the rising number of killings of Honduran people from the LGBT community.

According to Sentidog, a watchdog for LGBT rights in Latin America, 282 LGBT people living in the “northern triangle” of Central America (El Salvador, Honduras and Guatemala) were murdered between 2009 and 2014. Of these, 168 died in Honduras.

LGBT defender

Nahomy Otero became an LGBT human rights defender after she was attacked while working as a sex worker in San Pedro Sula, which is known internationally as being the most violent city in the world.

“We were not allowed to walk openly on the streets of our city, to go into shops, to visit a mall,” says Otero, who is a transgender woman.

“Everywhere we go we are despised and discriminated against,” she says, adding that she and other transgender people in Honduras suffer “harassment, threats, hate attacks, rape, brutal beatings and other form of torture, many of which have been committed by police officers and other public security agents.”

Otero, who was almost killed in a brutal stabbing, has been offered protection measures by the state, but insists they are worthless. She says the sharp rise in drug-trafficking and gang violence in Honduras has greatly affected the safety of transgender women.

She says transgender sex workers are often forced to sell drugs to their clients, adding that at least six transsexuals have been murdered in Honduras over the past two years.

Despite the risks of being openly transgender in Honduras, Otero says she will never leave the country.

“I am helping people get access to anti-retroviral medicine to control HIV. I am helping young gays, lesbians and transsexuals by explaining their rights so they don’t have to put up with this abuse. If I give up this work because I am afraid, who else will take over?”

Indyra Mendoza Aguilar from the feminist lesbian organisation Cattrachas, says LGBT people are faced with campaigns of hate and discrimination from the national media.

“In Honduras, the media has been commercialized with hatred,” she says, adding that news stations make money by carrying out phone-in surveys asking the public whether same-sex marriage would destroy the values of society.

“If the media is against you, the church is against you, the president is against you,” she asks, “how can you find the strength to vocalise your point of view and look for support?”

Same-sex bans

Homosexuality is not a crime in Honduras, but in 2005 the constitution was amended to ban same-sex marriage and adoption by same-sex couples. Mendoza says the amendment means that children of same- sex couples, like her own daughter, have become invisible.

 

“My daughter doesn’t have a right to a family because her two mothers can’t get married. In the eyes of the law, she isn’t connected to me through blood or surname.”

In 2014, Amnesty International reported that “many human rights defenders, owing to their fear of the police, refrain from asking for protection because they think that contacting the police exposes them to a greater security risk and potential reprisals.”

Nahomy Otero, who now works in a shelter for people living with HIV and other sexually transmitted diseases, says human rights defenders in Honduras need the support of charities to continue their work

“I have been doing this work for 15 years and I don’t want to leave Honduras,” Otero says. “We’re grateful to the international community, who are willing to hear our story and enable us to live a life free from fear. I refuse to give up now.”

This article was supported by a grant from the Simon Cumbers Media Fund

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Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

Abr 10, 2015

La brutalidad con que se asesinó a Luís de los Reyes Marcia, esposo de la dirigenta tolupán Consuelo Soto, parece un mensaje dirigido al trabajo y lucha que esta indígena realiza junto a las comunidades en el sector de San Francisco de Locomapa en Yoro.

Con el asesinato de Marcia, suman más de 100 indígenas asesinados en los últimos años. En ninguno de los crímenes se ha hecho justicia.

Según información de familiares, Luís de los Reyes fue asesinado a las dos de la madrugada el pasado domingo 5 de abril. “Unos conocidos llegaron a las diez de la noche a sacarlo de la casa. Luego fue encontrado degollado y con las vísceras de fuera, fue terrible encontrarlo así”, dijo una de sus familiares al momento de su entierro.

Por seguridad ni Consuelo Soto, su esposa, ni sus hijas hablaron. En los últimos años el terror es permanente en la zona, ya que un grupo de sicarios pagado por empresarios y poderosos de la región pasan amenazando y hostigando a las comunidades.

San Francisco: la tribu que más víctimas suma

Sin duda alguna, de entre las 32 tribus Tolupanes existentes actualmente, la tribu San Francisco de Locomapa es la más martirizada, la que reporta más asesinatos continuos en lo que va del presente siglo sin que hasta ahora se haya hecho justicia en siquiera uno de los asesinatos perpetrados, dice el informe “Dignidad y Justicia para el pueblo Tolupán” elaborado por el ambientalista Juan Mejía, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.

En declaraciones al programa Directo al Grano, Mejía dijo que el pueblo Tolupán ha sido sometido al vaivén cultural, y supo integrarse a los dos mundos, pero en la actualidad no puede integrarse a la dinámica neoliberal.

Las 32 tribus Tolupanas asentadas en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán son víctimas del abandono y violencia estatal. Informes dan cuenta que las familias sobreviven con 300 lempiras, unos 15 dólares, mensuales, tienen serios problemas con enfermedades como el Mal de Chagas y la tuberculosis, por temporadas casi el 80 por ciento de la población padece de dichos padecimientos.

Juan Mejía dice que en contraste a la violencia y abandono que enfrentan, el 90 por ciento de los territorios Tulupanes son ricos en bienes naturales. Son territorios con hermosos paisajes llenos de montañas, bosques y minerales.

Varias mujeres que fueron entrevistadas en el documental: Libertad tiene nombre de mujer relataron como la avaricia y voracidad de empresarios de la zona genera un ambiente de violencia y amenazas. Son las Tolupanas doblemente víctimas, ya que además de la violencia  patriarcal que enfrentan, ahora se suman las amenazas por su lucha firme en defensa del bosque, ríos y minerales.

Estado no atiende ni actúa

Tal como lo menciona el informe elaborado por Juan Mejía, la Relatoría  Especial de las  Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras afirma que existe un latente peligro para los líderes y lideresas del pueblo tolupán y  el resto de los pueblos indígenas por defender el derecho a vivir en un ambiente sano y saludable: “Hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial, como …,  los indígenas, los afrohondureños, ambientales y de derechos sobre la tierra”.

El mismo informe de la ONU señala: “Se han registrado casos de defensores de los derechos humanos que protegen recursos naturales (bosques, tierras y agua) y que han sido reiteradamente detenidos, golpeados y, en algunos casos, asesinados en razón de sus actividades. Otros que denuncian problemas ambientales e instruyen a los ciudadanos acerca de sus derechos a la tierra y a los alimentos han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes”.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización que acompaña a estas comunidades tolupanas, si el Estado hubiera dispuesto de los medios idóneos y las alternativas más viables para adelantarse a la situación de peligro que viven los indígenas, seguramente las muertes de los Tolupanes de la tribu San Francisco no se hubiesen presentado, como tampoco habrían sucedido más asesinatos en otros pueblos indígenas, únicamente por ejercer su derecho al libre consentimiento en la ejecución de proyectos extractivos.

Demanda internacional 

Ante el escenario de despojo, amenazas y violencia,  las 32 tribus Tolupanes  preparan una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, contra el Estado hondureño, aseguró Mejía.

La denuncia se hará el mes de mayo en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).

En nombre de la justicia y del derecho a vivir en paz y en armonía consigo mismo y con sus entornos ambientales, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia se lanza un llamado  Honduras para llamar la atención de la comunidad nacional e internacional y hacer prevalecer el imperio de la ley en los pueblos indígenas de Honduras, de forma particular la violencia que enfrentan las comunidades Tolupanes.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1978-ante-muerte-de-tolupanes-estado-no-atiende-ni-act%C3%BAa

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Ejecutan a líder indígena que protestaba contra empresas extractivas

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Ejecutan a líder indígena que protestaba contra empresas extractivas
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- De varias puñaladas en el tórax y en el cuello, falleció el indígena Tolupán, Luis de Reyes Marcía (49), perteneciente a la tribu San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, denunció el Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia (MADJ).
Familiares y amigos dan último adiós a Luís de los Reyes Marcía, indígena tolupan asesinado en San Francisco de Locomapa, Yoro./Radio Progreso.

Su cadáver fue encontrado el 5 de abril a las 2:00 de la madrugada en la comunidad indígena de San Francisco Campo, situada en el departamento de Yoro. La familia del hoy occiso había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2015, luego de permanecer seis meses fuera, a raíz de las amenazas a muerte sobrevenidas por oponerse a la tala de bosque y a los proyectos mineros.

Consuelo Soto y su esposo, presentaron una denuncia recientemente ante la posta policial del Ocotal, debido a reiteradas amenazas a muerte y daños a sus cultivos.
“El hoy occiso, era esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de amenazas a muerte y el ambiente de inseguridad que hay en la zona ocasionados por la instalación de proyectos extractivos que de forma abusiva se han apoderado de los bienes naturales de las comunidades indígenas”, dice un comunicado que publicó el MADJ.
“El MADJ presenta sus condolencias a la familia Reyes Soto y al pueblo tolupán, a la vez que demandamos de las autoridades el pronto esclarecimiento de este hecho criminal. Llamamos al pueblo tolupán y a toda la sociedad hondureña a levantar nuestra voz en repudio por el ambiente de inseguridad que reina en las 31 tribus del pueblo tolupán. El MADJ se declara en alerta permanente hasta que se haga justicia a todas las víctimas inocentes del pueblo tolupán”.
EL MADJ denunció además que el 25 de agosto de 2013, tres indígenas tolupanes fueron asesinados mientras sostenían una toma de carretera en defensa de su territorio, para evitar la explotación del bosque. A raíz de tales muertes, muchas familias indígenas tuvieron que salir de la zona./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Fotografía: Radio Progreso

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Honduras: ¡Alerta! Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro.

domingo, 5 de abril de 2015

                       COMUNICADO

5 de abril, 2015. El Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia (MADJ), informa la muerte violenta de Luis de Reyes Marcía (49), indígena tolupán, perteneciente a la tribu San Francisco de Locomapa, departamento de Yoro. Reyes fue muerto de varias puñaladas en el tórax  y cuello. Su cadáver fue encontrado hoy a las 2:00 am en la comunidad indígena de San Francisco Campo.

El hoy occiso, era esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de amenazas a muerte y el ambiente de inseguridad que hay en la zona ocasionados por la instalación de proyectos extractivos que de forma abusiva se han apoderado de los bienes naturales de las comunidades indígenas.
El 25 de agosto de 2013, tres indígenas tolupanes fueron asesinados mientras sostenían una toma de carretera en defensa de su territorio, para evitar la explotación del bosque. A raíz de tales muertes muchas familias indígenas tuvieron que salir de la zona. La familia del hoy occiso había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2015, luego de permanecer 6 meses fuera, a raíz de las amenazas a muerte sobrevenidas por oponerse a la tala de bosque y a los proyectos mineros.

Consuelo Soto y su esposo, presentaron una denuncia recientemente ante la posta policial del Ocotal, debido a reiteradas amenazas a muerte y daños a sus cultivos.
El MADJ presenta sus condolencias a la familia Reyes Soto y al pueblo tolupán, a la vez que demandamos de las autoridades el pronto esclarecimiento de este hecho criminal. Llamamos al pueblo tolupán y a toda la sociedad hondureña a levantar nuestra voz en repudio por el ambiente de inseguridad que reina en las 31 tribus del pueblo tolupán. El MADJ se declara en alerta permanente hasta que se haga justicia a todas las víctimas inocentes del pueblo tolupán.

San Pedro Sula, 5 de abril de 2015.

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA 
                       TEL. OFICINA: 25644771  y    24490183
                                        http://www.madj.org                                  
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