A protester outside the Disrupting Democracy event, where the Honduran president had been scheduled to speak.Josh Harkinson
On Monday, Honduran President Juan Orlando Hernández was expected to appear in San Francisco to talk about his efforts to cede a chunk of his impoverished Central American nation to an international group of investors who want to create an autonomous, self-governing, libertarian paradise. There was one problem, however: His talk was part of a speaker series called Disrupting Democracy, which may be a better venue for someone like Rand Paul than the beneficiary of a military coup who won office using funds allegedly embezzled from the national social security system.
Hernández and his deputies skipped Disrupting Democracy due to «civil unrest,» according the event’s organizers. On Sunday, 8,000 protesters had marched through the capital city of Tegucigalpa calling for his ouster.
«Before we begin, I would like to apologize for some confused messaging,» said panelist Randy Hencken, who directs the Seasteading Institute, which promotes the creation of floating technoutopian nation-states and cosponsored the event. «Here in Silicon Valley, when we want to improve something, we say ‘disrupt,'» Hencken continued. «Nobody in Honduras approved or even knew about that whimsical title, which, when translated from English into Spanish, could easily be construed in a negative and unintended light.»
At least a dozen anti-Hernández protesters showed up oustide the event, which was held at the South of Market headquarters of Lincoln Labs, a tech incubator cofounded by a former Mitt Romney campaign staffer.
«Nobody in Honduras approved or even knew about that whimsical title, which, when translated from English into Spanish, could easily be construed in a negative and unintended light.»
The first Disrupting Democracy event, held in May, featured Paul discussing the growth of «a new generation of voter engagement.» Any subject that appeals to both libertarians and techies appears to interest Lincoln Labs, which was founded in 2013 to serve «liberty advocates living in Silicon Valley»—»a forgotten community that felt ostracized with no home.» Other Lincoln Labs events include its Reboot conferences and hackathons focusing on the technology of political campaigning.
Everyone at Monday’s event seemed to agree that the Honduran scheme, known as Zones for Employment and Economic Development, or ZEDEs, now seemed imperiled—a discouraging turn, given Hernández’s close cooperation with antitax crusader Grover Norquist and high-ranking representatives of the libertarian Cato and Hayek Institutes.
Yet the seasteaders were undeterred, even emboldened. If Honduras didn’t want to create a Hong-Kong style city on its coast, maybe it would host a floating city in its territorial waters. «That gets rid of complaints of ceding over large portions of land,» noted Seasteading Institute member Mike Doty, who had a long gray beard and a pirate-skull-patterned bandanna. «On the Pacific side, there’s a large bay there…They’ve done the engineering studies, the feasibility studies. We’re pretty far along.»
One thing that can never be disrupted, it seems, is the vision of a technolibertarian.
voselsoberano.com | Lunes 08 de Junio de 2015 13:12
OAKLAND, California, 07 de junio 2015 – El presidente hondureño Juan Orlando Hernández será representado por el secretario del Consejo de Ministros de Honduras, Ebal Díaz en San Francisco el 8 de junio de 2015. El secretario promoverá su visión anti-democrática de ciudades modelo. Éstas son áreas dentro del territorio hondureño, donde la ley hondureña no se aplica; y son gobernadas por gobiernos y corporaciones extranjeras.
Residentes del Área de la Bahía saldrán a protestar este asalto contra a la soberanía de Honduras, y el contexto en que se están proponiendo las Ciudades Modelo: la represión de parte del gobierno, la violencia y la impunidad, respaldado por un fuerte apoyo político y financiero de los Estados Unidos.
En el 2011, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley que permitió la creación de Ciudades Modelo, pero dos meses después, cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema declararon la ley inconstitucional. El miso año, en lo que se denominó un «golpe técnico,» los cuatro jueces fueron destituidos por el Congreso hondureño y reemplazados por jueces que apoyaban el proyecto. Ésta afrenta al estado de derecho no fue una sorpresa considerando que el país todavía sufría los efectos de un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos 2009.
La nueva legislación fue aprobada en el 2013 refiriendo a las ciudades modelo como como «Zonas de Empleo y Desarrollo Económico» (ZEDES). Las ZEDES son zonas favorables a los inversionistas gobernadas por sus propios tribunales, leyes y aparatos de seguridad. Permiten las empresas evitar las regulaciones locales del comercio, crear sus propias leyes, y crear su propia fuerza policial privada. Las ZEDEs evitan la responsabilidad ante el pueblo hondureño, se apoderan de la tierra que sustenta la población local, y crean leyes arbitrarias por medio de sus servicios de seguridad privada.
Las comunidades costeras cuyas tierras están en el blanco para el desarrollo de las ZEDEs, algunas de ellas comunidades Garifuna, ya están bajo la amenaza de represión y violencia. Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, y es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, los abogados y los periodistas. En el 2014, 12 activistas ambientales fueron asesinados. Más de 34 periodistas han sido asesinados desde el 2009. La tasa de la impunidad es más del 90% y muy pocas de estas muertes violentas son investigadas, y mucho menos llevadas a juicio.
Las comunidades costeras también han sido objeto de robo de sus tierras para el turismo, la extracción de recursos, y el narcotráfico. Las ciudades corporativas representan otra amenaza a sus territorios y las comunidades se encontrarían indefensas ante las ciudades modelo que son legalmente autónomas y no rinden cuentas a nadie.
La Organización Fraternal Negra de Hondureña (OFRANEH), un grupo garífuna que desde hace décadas se opone al acaparamiento de tierras en la costa norte, dijo en una declaración el 28 de mayo, » … la solución que pretende un grupúsculo de políticos y empresarios de rematar zonas del país al capital extranjero, donde se les permitirá una tabula rasa jurídica, es un simple negocio de la elite de poder, que dará lugar a islas de afluencia circundadas por un mar de pobreza y violencia. El fracaso de Honduras está relacionado directamente con la condición de piratas de aquellos que han ejercido el poder y se han asociado con el narcotráfico en las últimas décadas, permitiendo el colapso del sistema jurídico y la putrefacción de las fuerzas de seguridad.”
Las ciudades modelo violan la Constitución de Honduras y el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo — a la cual el gobierno de Honduras es signatario — al no dar a las comunidades indígenas el derecho al consentimiento libre, previo e informado antes que el desarrollo se pueda realizar en sus tierras. Violan los derechos democráticos a la participación y los derechos nacionales de soberanía. Además, entran en conflicto con el concepto básico de la propiedad – el fundamento de los derechos humanos y del crecimiento económico – incluso para los más estridentes discípulos del comercio libre.
El Instituto Seasteading, uno de los patrocinadores del evento del 08 de junio, ha expresado gran interés en el desarrollo de una Ciudad Modelo en Honduras, ignorando el contexto local y a la oposición de las comunidades. OFRANEH dice que la «ciudad flotante» que Seasteading pretende construir en la costa permitiría a los residentes extranjeros adinerados «lograr eludir las leyes y restricciones por parte del estados-nación, dando lugar a un micro estado que responderá a los intereses económicos y políticos de la elite».
Contactos:
Contacto: Karen Spring, Red de Solidaridad con Honduras, Tegucigalpa, Honduras
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Contacto: Porfirio Quintano, activista de Honduras, Área de la Bahía, California
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Contacto: Karolo Aparicio, EcoViva, Área de la Bahía, California
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A coalition of Latin American solidarity and California Bay Area groups, including the Honduras Solidarity Network and Food First, have issued a call to action to protest a San Francisco event Monday that will promote anti-democratic land grabbing and repression in Honduras under the guise of poverty reduction.
While Honduran officials and libertarian think-tank representatives will discuss their “utopian vision” of the policy known as charter cities, activists will protest the “assault on Honduran sovereignty,” and potential for increased repression these charter cities represent.
The official event will feature Honduran panelists Octavio Sanchez and Ebal Diaz, both key architects behind the charter cities plan in Honduras, as well as Randolph Hencken and Mary Theroux, heads of the Seasteading Institute and the Independent Institute,U.S. think tanks promoting charter cities abroad.
While Honduran President Juan Orlando Hernandez, currently embroiled in a massive corruption scandal and facing a popular demands for his resignation, was initially scheduled to attend, he has since canceled his appearance and will instead be represented by his Chief of Staff Ebal Diaz.
According to the event description, the panel titled “New Opportunities for Enterprise and Governance in Honduras and Beyond” will discuss how Honduras’ charter city legislation is “opening a new jurisdictional frontier” through implementing “competitive governance.”
“A small group of elite businessmen and politicians are trying to auction off parts of the country to foreign capital in order to create islands of affluence surrounded by a sea of poverty and violence.”
Charter cities are special economic zones governed by foreign governments or corporations where national law does not apply. Despite the freedom of choice rhetoric that claims residents can “vote with their feet” to “opt in” to the system, these foreign-owned, so-called “model cities” are devoid of democratic structures.
Honduran legislators approved the creation of charter cities in 2011 under the U.S.-backed, post-coup government of President Porfirio Lobo. The Caribbean coast of Honduras, the traditional territory of the Afro-indigenous Garifuna people, was slated to become the site of Honduras’ – and the world’s – first charter city, despite widespread criticism from affected communities and local and international human rights groups.
In October 2012, four of five Honduran Supreme Court justices declared charter cities unconstitutional. Just two months later, in a move referred to as a “technical coup” against the Supreme Court, the four dissenting judges were removed and replaced with justices aligned with the ruling National Party and its neoliberal privatization agenda.
The irregularity of the Supreme Court “technical coup” was an assault on Honduran democracy, but not out of character for the government mired in widespread impunity and popularly regarded as a fraudulent continuation of the coup regime in Honduras.
In 2013, Honduran lawmakers brought the charter cities plan back to life, re-approving the project for developing investor-friendly enclaves governed by their own laws under the new name of Zones for Employment and Economic Development, or ZEDEs.
Despite the rebranding of the project, ZEDEs raise all the same troubling concerns for which charter cities were initially condemned.
«The first ZEDE is being proposed in southern Honduras on the Golf of Fonseca and will have various impacts on the environment,» Karen Spring of the Honduran Solidarity Network told teleSUR. «If this ZEDE moves forward, over 10 communities on the island of Zacate Grande will likely be evicted from their ancestral lands.»
“[ZEDEs] allow corporations to circumvent local business regulations, write their own laws, and create their own private police force,” protest organizers explained in a statement. “They bypass accountability to the Honduran people, grab land that sustains local people, and enforce arbitrary laws with private security.”
Among the communities that would be most directly impacted by the implementation of charter cities are campesinos and indigenous Garifunas already suffering U.S.-backed repression and grave human rights abuses, while engaged in intense struggles to defend their land, livelihoods, and food sovereignty.
Corporate land grabs for mega-tourism projects, resource extraction, and agribusiness, sometimes doubling up for narcotrafficking, have robbed several north coast communities of their land and sea access, and continue to threaten many more.
“The corporate cities represent another threat to their territories,” said protest organizers. “Yet the communities will be defenseless before the legally autonomous, unaccountable Charter Cities.”
Charter cities not only violate the Honduran constitution, as found by the former Supreme Court justices, but also the international convention on the rights of indigenous people that protects the right of indigenous communities to “free, prior, and informed consent” for any development projects proposed for their territories.
“A small group of elite businessmen and politicians are trying to auction off parts of the country to foreign capital in order to create islands of affluence surrounded by a sea of poverty and violence,” the Honduran Garifuna organization OFRANEH said in a statement last week. “Honduras’ failed state is directly related to the actions of these thieves who are associated with narcotraffickers and have permitted the collapse of our legal system and corruption of our security forces.”
National and international advocates of charter cities in Honduras have repeatedly ignored widespread calls for the repeal of the legislation from indigenous groups, campesinos, human rights defenders, and political opposition. Despite adamant local opposition of the plan, one of the upcoming event sponsors, The Seasteading Institute, a U.S. think tank that advocates “floating cities” with “significant political autonomy,” has expressed interest in establishing such an ocean elite-haven off Honduras’ north coast.
If realized in Honduras, charter cities will be founded on mass land theft, violation of human rights, and repression and criminalization of popular movements fighting to defend their communities.
California-based activists are calling for protests against this assault on Honduran democracy, sovereignty, and rule of law and the repressive, corrupt, violent context in which these projects are being advanced, with the political and economic support of the U.S. government.
La dignidad de su población, la belleza y los indescriptibles encantos naturales que cautivan a propios y extraños están en el ojo del huracán en la región sur de Honduras. Esta zona, una de las más abandonadas del país reúne las condiciones de precariedad que necesitan los gobernantes y los inversionistas para desarrollar a sus anchas la primer Zona Especial de Desarrollo (ZEDE), más conocida como Ciudad Modelo.
El golfo de Fonseca está en la mira. La Agencia de Cooperación de Corea Koica nominó desde el año anterior a tres municipios del departamento de Valle, con salida al océano pacífico, para ser la primera Zona de Empleo y Desarrollo (Zede) en el país, y según sus estatutos, la primera en el mundo. El 2014 dicha empresa presentó al gobierno un estudio de factibilidad valorado en 4 millones de dólares, para iniciar el proyecto.
La “ciudad modelo” se pretende instalar en los municipios de Nacaome, Guascorán y Amapala en el departamento de Valle y desde hace algunos meses, varios sectores que se oponen de manera enérgica han comenzado a articular la lucha, ya que consideran que con las Zedes, viene un despojo sistemático para las familias empobrecidas que habitan en el sector.
“No estamos dispuestos a dejarnos arrebatar nuestra tierra y nuestro mar del que han vivido nuestros antepasados y del que las actuales generaciones vivimos produciendo la tierra y pescando indicó Pedro Canales, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
“Nuestra zona tiene una especie de belleza encantada ya que está escondida en medio de los cerros y los parajes maravillosos que comunican a la isla de Amapala, en Valle, sin dejar de lado toda la belleza del manglar que encierra el Golfo de Fonseca en la Bahía de San Lorenzo o en la de Chismuyo, por ejemplo”.
Sin embargo hay un buen número de personas que están con grandes expectativas de los supuestos beneficios que otorgaría la implementación de las ciudades modelo. En el casco urbano de Amapala, enclavado en la Isla El Tigre, la población habla maravillas del proyecto y aseguran estar ansiosos para que se inicie la construcción.
De acuerdo al analista Pedro Landa, las “ciudades modelo” según el marco jurídico que las crea: son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y con autonomía propia.
En medio de dos potentes filos
“Hoy con la llegada de este proyecto capitalista aquí en Zacate Grande, quedamos a dos poderosos filos, recordemos que desde hace varios años venimos luchando contra Miguel Facussé, quien se ha apropiado de más de 5 mil manzanas de tierra, de las 8 mil que tiene toda la comunidad”, explicó Pedro Canales.
“La lucha por la tierra es algo que no hemos quitado el dedo de la llaga y no estamos dispuestos a negociar con nadie porque sabemos que las negociaciones para nosotros significan la entrega de las comunidades de Zacate Grande, Nacaome y Guascorán”, explicó el líder comunitario que reside en la comunidad El Golfo.
Recalcó que las amenazas son fuertes, ante una negociación que nosotros no aceptamos entonces se nos vienen encima las amenazas, en este caso “yo he tenido muchas amenazas a muerte por gente vinculada a los ricos y en este aspecto a Miguel Facussé, corre peligro mi familia y otros dirigentes de ADEPZA”, denunció.
Así mismo dijo que hay una voz de alarma porque personas que trabajan con el programa de gobierno “Por una vida mejor” andan desarrollando encuestas en las comunidades de Zacate Grande, y le preguntan a cada dueño de vivienda si tiene documentos.
“Nosotros estamos seguros que esto tiene que ver con el tema de las “ciudades modelo” y como la mayor parte de las familias no tiene documentación alguna de sus terrenos y viviendas por el problema creado por Miguel Facussé, para la instalación de la Zona de Desarrollo Especial, tendría otro punto más a su favor”, indicó Pedro Canales.
Articulación de lucha
“Aquí ya hemos iniciado la articulación de la lucha contra este tipo de proyectos que solo beneficia al gran capital. Decenas de organizaciones comunitarias y sociales nos hemos aglutinado en el Movimiento Ambientalista y Social de la Zona Sur, para defender el territorio y los demás recursos naturales amenazados”, indicó Juan Gabriel Mendoza, promotor de Cáritas de la Diócesis de Choluteca.
Manifestó que existe gran preocupación en el caso del Golfo de Fonseca, ya que con las ciudades modelo a parte del desplazamiento paulatino de las familias, los daños ambientales serían cuantiosos para esta zona.
El Golfo de Fonseca tiene una extensión de aproximadamente 2,010 kilómetros cuadrados y una extensión lineal de sus costas continentales de 131.75 millas náuticas, es una frontera natural que se comparte con Nicaragua y El Salvador. Posee una de las biodiversidades más ricas de la franja mesoamericana con su flora y fauna, según los expertos.
En peligro patrimonio mundial
El Golfo de Fonseca, ha sido declarado como sitio Ramsar de patrimonio mundial que abarca un complejo de siete áreas costeras que incluyen la bahía de Chismuyo, la bahía de San Lorenzo, Los Delgaditos, las Iguanas y Punta Condega; Jicarito, San Bernardo y la Berbería, dentro de lo que es el corredor biológico mesoamericano en el Pacífico.
Esta zona tiene un potencial marino y pesquero indescriptible y sus manglares son los principales protectores de la biodiversidad pues encierran nutrientes necesarios para el mar, la flora y la fauna. Sin embargo para el ambientalista Pedro Landa, con la “ciudad modelo”, este patrimonio estaría en serio peligro de desaparecer ya que es sensible a la contaminación.
De acuerdo a ambientalistas de un tiempo a acá se han hecho fuertes impulsos por rescatar especies marinas casi en extinción como los cascos de curiles o cascos de burro, en donde algunas comunidades pesqueras con apoyo internacional en pequeños proyectos pesqueros comunales han logrado evitar que esta especie marina se extinga del recurso marino costero de la zona sur.
“Aquí se ha dado luz verde para que en unos cuantos años ya no queden los manglares y la biodiversidad que tiene el Golfo de Fonseca. Recuerde que aquí sería una terminal de barcos de grandes proporciones y con derramamientos de contaminantes que serían los que darían el tiro de gracia a la especie de manglar”, indicó.
De acuerdo al proyecto se crearía un puerto con capacidad para 60 mil contenedores de furgones en el sector de Zacate Grande, además en Jícaro Galán, se construiría una zona con capacidad de almacenar 120 mil contenedores. A parte de otras megaconstrucciones que con los años irán desplazando a las comunidades empobrecidas de la zona, concluyó Pedro Landa.
La Tribuna.hn/3 de marzo, 2015 – 2:30 am Un diario sueco dedicó la portada y una nota a cinco columnas sobre el proyecto gubernamental que impulsa el gobierno con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) en la zona sur del país, asegurando que quien quiera comprar un principado en Honduras, solo requiere de dinero para obtener una parte del territorio.
Además, afirman que el Estado se comprometió con los desarrolladores del proyecto de factibilidad, Corea del Sur, a “remover todos los obstáculos” para que la instalación de una “Ciudad Modelo”, sea una realidad tras el aporte de 40 millones de dólares para dar la marcha y “cuanto controla el dinero la verdad”.
El texto fue redactado en sueco por Jon Weman, quien título “Till salu: total makt” que traducido se lee “Para la venta: potencia total” que en portada acompaña el mapa de Honduras “pintado” con dólares. En la parte interna del diario aparece el billete de dos lempiras, donde describen que la isla de Amapala es el punto de referencia de la compra-venta de territorio.
“¿Quién quiere comprar un principado moderno? En Honduras, los que quieren y pueden pagar”, expresa el redactor, que detalla los antecedentes del proyecto con el economista neoliberal Paul Romer, que en la década de los años 2000 desarrolló la idea de “ciudades modelo” y atrajo la atención principalmente entre los círculos ultra-liberales.
“Romer dijo que la decisión democrática dio a los pobres resultados financieros. Más bien, según él, se debe fundar nuevas ciudades con sus propias leyes, las ciudades en competencia unos con otros. Los que atrae a la mayoría de las inversiones va a generar más puestos de trabajo y, por lo tanto, atraen a los recién llegados, mientras que otros serán abandonados”, se lee en el artículo.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Corea del Sur le entregará en los próximos días al Presidente Juan Orlando Hernández el proyecto de factibilidad para la construcción de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en la zona sur del país.
“La zona sur de Honduras va a ser uno de los principales polos de desarrollo no solo de Honduras, sino de Centroamérica, tenemos una ubicación extraordinaria, estamos cerca del Golfo de Fonseca”, expresó a mediados de febrero el mandatario, quien hizo el anuncio.
El periodista sueco escribe que “ahora un área, la isla Amapala, ha visto y las agencias de ayuda de Corea han contribuido con 40 millones de dólares. En un secreto, pero se filtró, el acuerdo con la autoridad de Corea se compromete a Honduras “remover todos los obstáculos” para hacer el modelo de ciudad en realidad. Habida cuenta de que decenas de personas han sido asesinadas en conflictos de tierras en Honduras”.
Sin embargo, “queda por encontrar inversores que quieren comprarse un principado moderno. Por esta razón hizo un viaje el actual Presidente Juan Orlando Hernández dentro de la UE”, escribió Weman, en el medio que se difunde en Suecia y a nivel mundial a través de su sitio web.
“El proyecto de Honduras puede ser raro y extraño, y es significativo que solo podía ser realizado en uno de los países más violentos y más corruptos del mundo (…) se puede ver como un paso lógico que el poder político es entregado directamente a los que pueden pagar por ello”, concluye. (SA)
“Bienvenidos a Indura”, fueron las palabras del empresario y presidente del Consejo Empresarial de América Latina, Ceal, para dar inicio al primer encuentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo norte de Centroamérica.
El evento que reunió a Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, Oscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador, Juan Orlando Hernández, mandatario de Honduras y a todo el sector empresarial de la región, se desarrolló en el lujoso complejo turístico Indura Beach Resort, del municipio de Tela, Atlántida.
¿Y el origen?
El encuentro es el primero de los muchos que se harán en el marco de la Alianza para la Prosperidad, propuesta que nació en el mes de noviembre del año 2014, cuando Estados Unidos alertó sobre la cantidad de menores centroamericanos que estaban llegando a frontera. “En el mes de noviembre el sector privado de Centroamérica nos juntamos en Washington, DC con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, con quien definimos una solución a mediano y largo plazo para impulsar el desarrollo económico y social de nuestros países y de esa manera mejorar la calidad de vida de los centroamericanos”, dijo el banquero Atala.
El presidente de la Ceal comparó la Alianza para la Prosperidad como el programa impulsado por el ex presidente Jhon F. Kennedy en los años 60, Alianza para el Progreso, pero ahora la unión del sector empresarial y los países de Centroamérica y Estados Unidos ya no es para atacar el comunismo, sino para contener cualquier expresión que esté fuera del “orden establecido” por estos mismos grupos.
Camilo Atala señaló que los 4 pilares que sacarán adelante la propuesta son: promoción de la inversión, la integración económica, el desarrollo capital humano y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. “Los empresarios debemos, tenemos que convertirnos en los aliados de los gobiernos y la comunidad internacional para lograr este ambicioso proyecto”, concluyó diciendo en su comparecencia el empresario.
Para Úrsula Roldán, coordinadora de la Unidad de Investigación de Migraciones de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, este no ha sido el enfoque de la política de Estados Unidos hacia los latinoamericanos, y en especial para los centroamericanos. “La historia nos dice que los proyectos de mayor democratización de nuestra sociedad y mayor distribución de la riqueza no han sido la prioridad” expresó Roldán.
La especialista señaló que la Alianza nació del seno del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tras una supuesta discusión con los gobiernos centroamericanos. La propuesta ya está en manos del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden y se espera su discusión en el Congreso de los Estados Unidos para la aprobación de fondos.
En representación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID participó en el encuentro Gina Montiel del Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana. En su discurso mencionó la necesidad de invertir en el capital humano como la clave del éxito para la región. Además que el Estado garantice seguridad y justicia.
“La Alianza es un reto grande, por eso requiere de un programa 3 X 3, los tres países que unen acciones y su liderazgo para avanzar conjuntamente. Pero requieren de 3 actores fundamentales: el primero, un gobierno con voluntad clara y soberana, el segundo es el sector privado que se convierte en el motor que impulsa y sigue esa línea y complementa el diseño del sector público para aumentar el crecimiento, y en tercer lugar los socios del desarrollo que son todos los países e instituciones que apoyan el financiamiento para promover el desarrollo”, dijo Montiel.
Unión aduanera
En el marco de este encuentro se firmó el acuerdo Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, el cual deberá entrar en vigencia el 1 de diciembre del presente año. El acuerdo marco fue suscrito por los cancilleres Carlos Raúl Morales Moscoso de Guatemala y Arturo Corrales de Honduras. Igualmente suscribieron el documento el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández.
“Este Acuerdo traerá el paso libre de personas y mercancías en Honduras y Guatemala, y esperamos que tres meses después lo podamos estar haciendo con El Salvador. Es momentos de comenzar analizar como región, cómo crecer nuestras economías, cómo lograr combatir la pobreza, cómo desarrollar el área rural a través de intercambios comerciales para lograr la prosperidad de nuestros países”, dijo el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
Sobre este acuerdo el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández dijo que es el primer paso para las relaciones comerciales en la región. El mandatario agregó que los tres presidentes se han propuesto trabajar juntos en cuatro grandes ejes: oportunidad económica, seguridad ciudadana, desarrollo social e institucionalidad democrática.
Aprovechar los tratados comerciales será el primer motor de esta alianza entre los titulares del Triángulo Norte de Centroamérica. Este encuentro con la empresa privada es únicamente el primero de muchos espacios que habrá para dialogar sobre la Alianza para la Prosperidad con todo el pueblo del Triángulo Norte, prometió el mandatario hondureño.
El Plan plantea apoyo a las inversiones privadas, muchas de ellas vinculadas con la ampliación del sector eléctrico y con corredores de infraestructura que contribuirán a que nuestros países se conviertan en una plataforma para la movilización de mercancías. Además, dichas inversiones propiciarán la convergencia de capitales nacionales y transnacionales para la profundización del modelo extractivista, el cual ya ha dado muestras de ir en detrimento de las fuentes de vida de las poblaciones de los territorios afectados. Vemos muy difícil que dichos proyectos beneficien las pequeñas economías y las condiciones sociales de las zonas campesinas, rurales, y urbano-marginales, que son las que más originan población migrante, dijo la Red Jesuita con Migrantes, RJM, a propósito del primer encuentro alianza para la prosperidad del triángulo norte.
Gran parte de su discurso Juan Orlando Hernández lo destinó a hablar sobre los beneficios de la instalación de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, ZEDES, asegurando que son el modelo a seguir para competir con Asia y todo el mundo.
“El golfo de Fonseca en Honduras instalaremos la primera ZEDES, y esperamos que sea el origen de una serie de oportunidades para los pueblos. Éstas tendrán su propio sistema de justicia, con el que esperamos que se logre generar oportunidades para las comunidades de la región.
Los analistas críticos de este modelo afirman que la enajenación de trozos del territorio de nuestro país para ponerlos al servicio de transnacionales y de países ricos del planeta, significa que la desigualdad y la exclusión que caracteriza a nuestra sociedad se radicalizará, y se ensanchará tanto la brecha y diferenciación entre quienes habiten en las ciudades modelos y quienes habiten en el resto del territorio que, en lugar de disminuir la actual conflictividad social, se agudizará la polarización política, la violencia social y la delincuencia.
Existe coincidencia entre los analistas no oficialistas: una Ciudad Modelo sobre el territorio de un país con una sociedad económica, social y políticamente fracasada, en lugar de contribuir a reducir la inequidad y la brecha de desigualdades, ahondará los desequilibrios hasta extremos insostenibles. Así como la lógica de profesionales exitosos en sociedades fracasadas es inviable, tampoco se pueden sostener Ciudades Modelo en sociedades fracasadas, sin pagar un altísimo costo humano y social. Las Ciudades Modelo son una opción elitista nacida de la lógica del capital, que ya ha provocado polarización y exclusión social en Honduras, un clima vital que genera ingobernabilidad, convulsión, violencia y confrontación social.
Al finalizar el encuentro los mandatarios acordaron continuar reuniéndose para seguir afinando los lineamientos de la Alianza para la Prosperidad del triángulo norte.
En marzo próximo será oficializado el lanzamiento de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que se pretende levantar en el sur de Honduras.
El millonario proyecto será presentado al mundo una vez que el gobierno reciba los estudios de factibilidad realizados por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés).
El organismo se ha comprometido a entregar los planes y estudios finales sobre el proyecto durante el primer trimestre del 2015 tras casi un año de trabajos de campo y análisis de factibilidad sobre la iniciativa.
En septiembre pasado, técnicos de KOICA presentaron al presidente Juan Orlando Hernández avances preliminares de los estudios durante una reunión sostenida en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Los expertos señalaron que sí procede la construcción de una ZEDE, específicamente en tres municipios del departamento de Valle que son Alianza, Nacaome y Amapala, los más próximos a las aguas del Golfo de Fonseca.
“Según el convenio que nosotros firmamos con el gobierno de Corea y específicamente con KOICA, para el mes de marzo ellos nos deben entregar los planes de factibilidad y el plan maestro”, informó a EL HERALDO Ebal Díaz, asesor presidencial.
Reunión
El Poder Ejecutivo ultima detalles para hacer la presentación oficial de la primera ZEDE en Corea del Sur durante una reunión que programa el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que podría constituirse en el principal impulsor de la iniciativa.
“El Presidente está planificando una reunión para el mes de marzo, donde va a haber la reunión del directorio al más alto nivel del BID en Corea y ahí el BID, Honduras y Corea estarían lanzando el proyecto de la Zona Económica del Golfo de Fonseca”, indicó Díaz.
Preliminarmente trasciende que la propuesta coreana establece la construcción de un puerto en el municipio de Amapala, que permita la recepción y despacho de mercancías a través de una plataforma con estándares de calidad internacional.
El planteamiento coreano también estaría contemplando el establecimiento de una zona logística o libre en el municipio de Alianza que permita el manejo y administración de cargas y mercancías como valor agregado al puerto de Amapala.
En el municipio de Nacaome, la cooperación coreana propone el establecimiento de un centro de investigación y desarrollo agrícola.
Este centro permitiría la implementación de estudios y estrategias que garanticen la solución a los principales problemas agrarios que enfrenta el país.
Actualmente, el gobierno trabaja en la elaboración de la normativa de la ZEDE, es decir, los criterios que se van a seguir para establecer la institucionalidad de la región.
La ZEDE será constituida como una región hondureña de bajos impuestos, con un gobierno pequeño, una administración pública eficiente en donde se aplicarán normas internacionales para volver competitiva la zona y que sea atractiva para el inversionista.
El presidente Juan Orlando Hernández anunció que la ZEDE será presentada en Corea, Japón y Estados Unidos en marzo próximo, en donde también pretende dar a conocer el potencial logístico de Honduras para el transporte de mercaderías del Atlántico al Pacífico y viceversa.
Según la Ley, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico tienen personalidad jurídica, están autorizadas a establecer su propia política y normativa y son creadas para permitir al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables.
Esto mediante la adopción de tecnologías que permitan producir con alto valor agregado, en un ambiente transparente y capaz de atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para crecer aceleradamente.
La primera ZEDE será presentada por el presidente Hernández en marzo en Corea del Sur, Japón y también en Estados Unidos, anunció recientemente el propio titular del poder Ejecutivo.
A view of Tegucigalpa during sunset on Jan. 16, 2015.
Orlando Sierra/AFP
Honduras, one of the poorest countries in Latin America, ridden by corruption, severely hit by violence, and showing some of the highest inequity levels in the region, seems on the verge of becoming the ground for a controversial experiment: the privatization of parts of its territory.
All is set in Honduras for the building of the first private city in that Central American nation’s history, to begin perhaps as early as next year.
Promoters of the enclaves called Employment and Economic Development Zones, or ZEDEs (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico in Spanish), claim that through private investment – both foreign and local – in the zones, poverty will be reduced and security will improve.
Opponents say that, on the contrary, the ZEDEs – which they deem, among other things, unconstitutional – will benefit only the Honduran wealthy elite, foreign investors, and organized crime, leaving the country’s dispossessed worse off.
ZEDEs date back to 2011, when 126 of 128 lawmakers in the country’s single-chamber legislature passed a law creating Special Development Networks, or REDs, that are actual charter cities that locally came to be called “ciudades modelo,” or model cities.
Then-President Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) and congressional head Juan Orlando Hernández – Lobo’s present successor (2014-2018) – described the initiative as a means to bring in an important flow of foreign investment, which in turn would guarantee development.
Honduran First Lady Ana de Hernández straightens President Juan Orlando Hernández’s eyebrows while waiting for the arrival of U.N. Secretary General Ban Ki-Moon at the presidential house in Tegucigalpa on Jan. 14, 2015.
Orlando Sierra/AFP
The RED plan was immediately questioned by civil society sectors that saw the law as an instrument for the legalized sale of parts of their country’s territory – and, therefore, its sovereignty.
They took their case to the Supreme Court, where they appealed the law as unconstitutional, and were backed in 2012 by four of the five magistrates in the court’s Constitutional Chamber, who ruled the law in effect went against the country’s constitution.
According to local sources, Hernández – a staunch supporter of REDs, and now of ZEDEs – twisted arms, had the four judges removed, and brought in obedient replacements.
JOH – as Hernández is known in Honduran media – then pushed for a new law, fine-tuning the original bill, re-labeling the RED as ZEDE, and passing it in Congress.
Civil society sectors opposed the new law and again took their case to the Constitutional Chamber. But this time, the appeal was unanimously turned down last year.
Honduran human rights activist Bertha Oliva told NotiCen, a publication of the University of New Mexico, that promoters of both REDs and ZEDEs “removed magistrates.”
They “brought in people at that time obedient to the president of Congress, who now is the president of Honduras,” she told the publication of the university’s Latin America Data Base.
Honduran peasants march to Tegucigalpa to demand the abolition of two laws – one promoting the mining industry and another allowing the creation of so-called “model cities,” on March 6, 2013.
Orlando Sierra/AFP
One of many features of the ZEDEs that is targeted by opponents is the makeup of the authority in charge of the cities, the Committee for the Adoption of Best Practices, described by some as the zones’ central government.
Known by its Spanish acronym CAMP, the committee has decision-making power on a variety of topics ranging from appointing a Honduran in each ZEDE as the zone’s technical secretary or administrator, to approving local regulations in the labor and legal fields.
A striking feature of the CAMP is the fact that barely four of its 21 government-appointed members are Honduran, and the majority are conservative foreigners –including several U.S. nationals.
Outstanding among the latter is Mark Klugmann, a political consultant who was a speechwriter for U.S. presidents Ronald Reagan (1981-1985, 1985-1989) and George H.W. Bush (1989-1993), as well as image consultant to Lobo.
Klugmann, who resides in the Honduran capital Tegucigalpa, is co-chair of the CAMP.
Other members include Reagan’s son Michael Reagan, former CIA economic analyst Mark Skousen, and ex-Chamber of Commerce Vice President Richard Kahn, who served in that position during the Reagan administration.
With just over 8.5 million people – some 60 percent of whom live below the poverty line – Honduras has one of the world’s most blatant levels of deficient citizen safety, reflected in the United Nations’ homicide estimate of approximately 90.4 per 100,000 citizens.
Violence has dramatically worsened since a bloody June 2009 coup toppled President Manuel “Mel” Zelaya, now an opposition congressman for the center-left Partido Libertad y Refundación (Libre), which he cofounded in 2009 following his return to Honduras from exile.
Within this context, ZEDEs are officially portrayed as prosperity and safety islands within the country.
According to the ZEDE official website, the zones “are designed to be the most competitive new jurisdictions in CAFTA space.”
“The Honduran ZEDE considers four critical dimensions and addresses the legal, economic, administrative, and political (LEAP) factors that in the CAFTA region are vital for winning investment leadership,” it adds.
This is “unlike traditional special zones that just address a single dimension by using only economic incentives,” it states.
“The design of the Honduran ZEDE is to create an investment/employment jurisdiction that meets international standards for rule of law, efficiency, security, and transparency to a degree that surpasses any competing investment zone in the CAFTA region,” it points out.
Ousted Honduran President Manuel Zelaya, left, talks with Costa Rica’s then-President Óscar Arias on July 9, 2009, in front of the latter’s residence in San José. Zelaya arrived to begin two days of tense mediated talks with his country’s interim leader following a coup.
Mayela López/AFP
Also, “the advantage for Honduran workers is real,” because, “by building competitiveness across all the LEAP factors, the Honduran ZEDE avoids the “race to the bottom” that is driven by the lowest wage countries of Asia and Africa,” it assures.
“Instead [it] adds greater value and security for investors seeking the most credible ‘near-shore’ production and employment platform in a new, first-class jurisdiction in the CAFTA region,” it further points out.
“In addition to attractive, WTO-compliant [World Trade Organization] economic incentives, the Honduran ZEDE jurisdiction competes for world investment with additional advantages unique in the CAFTA region,” according to the information.
These include “international legal standards, dispute resolution mechanisms and institutions, using Common Law, mandatory arbitration, and special judges,” adds the website.
It offers “a 21st century, business-efficient, non-politicized, transparent, stable, system of administration, plus a special police and institutional security to overcome regional issues and meet world standards,” the website states.
All of which is topped by “a distinguished 21-member international committee working to assure the adoption in the Honduran ZEDE of best international practices.”
But the official picture painted about ZEDEs causes skepticism.
Quoted last month by the U.S. magazine The New Republic, Eugenio Sosa, a sociologist with the public Autonomous National University of Honduras, said, “what’s attractive to some about the ZEDE is the extreme extent to which it takes freedom.”
“But that’s the same part that will let in illicit groups and mafias,” he immediately warned.
Also quoted by The New Republic, veteran Honduran journalist Sandra Maribel Sánchez assured that, “I’ve seen all sorts of horrific things in my time, but none as detrimental to the country as this.”
And in Oliva’s view, ZEDEs are now a key national issue because “it’s the business, and it’s not anywhere they’re going to be built, but in key places with access to the sea, but the other thing is places where it’s known there’s oil.”
Thus, the ZEDE initiative “must go forward, because it’s the business of the year, not for the country’s development, because, on the contrary, a country handing out its territory in pieces, and building city enclaves with separate justice systems, and all else, is a country handing out its sovereignty,” she told NotiCen.
“That goes against the people, but, yes, it’s going to benefit the commercial sector, those who have sold the country because they’ve seen it as a private business,” including “the president of the republic,” she added.
“Those are the locals, the local negotiators, but all the others are international investors who are going to come and set up their ‘ciudades modelo’ because of the oil,” said Oliva, head of a human rights organization.
And regardless “of whether you’ve owned the land for 30, 50 years, or whether you have ownership documents,” the ZEDE law “says that if there are owners, they’re going to be evicted if there’s an investor interested in that place,” she explained.
Among the first to take an opposing stand, the rights group Organización Fraternal Negra Hondureña, or Ofraneh, warned last year, in an article posted on its website, against what it described as the prosperity illusion being created with the ZEDEs.
“The Honduran people are susceptible to the illusion of job creation and economic growth,” it pointed out, and added that, “over the past several years handing territory over has been sold as attractive in order to bring in the necessary economic investment leading up to ‘development.’”
Ofraneh is a Honduran Garífuna rights organization based in Sambo Creek, in northern Honduras.
Meanwhile, the Korean International Cooperation Agency (KOICA) is drafting a feasibility study to be presented to the Honduran government early this year, in what the Hernández administration considers the start of the building process for the first of the ZEDEs.
KOICA is centering attention on three towns – Amapala, Alianza and Nacaome – in southern Honduras, in the Gulf of Fonseca region, on the Atlantic side of the country.
With their borders coinciding in its waters, El Salvador, Honduras and Nicaragua share the gulf.
Amapala is an island town in the gulf; Alianza is a community close to the southern end of the Honduras-El Salvador Border; and Nacaome is the capital of the Valle department, bordering El Salvador.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, pretende elevar a rango constitucional la policía militar que acompaña a la Policía Nacional en el combate de la delincuencia y el crimen organizado. Este acompañamiento se justifica porque se demostró que gran parte de los miembros de la policía nacional estaban detrás de las muertes violentas y el tráfico de vehículos, armas, drogas y niños (a), como también en el sicariato, o sea la muerte de personas por encargo.
El argumento del gobierno es que los militares, aunque no tienen esa función constitucional, son más efectivos en el combate de estos delitos que los miembros de la policía nacional, lo que se demuestra en el “afecto” que la población les tiene, principalmente aquella localizada en barrios y colonias urbanas de la ciudad capital de Honduras y de San Pedro Sula, el centro industrial del país. Los militares a las calles, fue una promesa de campaña del presidente electo Juan Orlando Hernández, contraria a la de Xiomara Castro de Zelaya, candidata por el Partido LIBRE, que en sus discursos manifestaba que los militares deben estar en los cuartales ejerciendo las funciones que les manda la Constitución de la Republica, o sea de defensa de la soberanía y el territorio nacional.
A decir de los logros obtenidos, donde según cifras del gobierno validadas por el Observatorio de la Violencia de la UNAH, el número de homicidios por cada 100,000 habitantes se redujo en 19 puntos entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, contradiciendo las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que demuestran que las muertes más bien aumentaron ya que se reportan 103.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se desconocen los motivos que tuvo la UNAH para avalar estas cifras, aunque se puede especular en el sentido que el gobierno empezó a crear sus propios Observatorios Municipales de la Violencia y a esconder la información, lo cual dificultó el trabajo de aquél y no le quedó más que sumarse al gobierno del Cambio Profundo.
Frente a esta evidencia, el propio presidente Hernández exige que los diputados de la oposición en el Congreso de la Republica conformada por los partidos liberal, LIBRE, PAC y PINU, aprueben reformas a la Constitución de la Republica para elevar el rango constitucional de la policía militar, como una fuerza independiente dentro del Ejército. En caso contrario, estos diputados y sus lideres de partido quedarán en evidencia frente al pueblo de estar a favor de los delincuentes y coludidos con el Narcotráfico. Igual, no se garantizará a futuro una lucha sostenida contra la delincuencia nacional e internacional tal como se ha convenido con EEUU y lo demuestran las experiencias de Colombia y México.
La oposición argumenta que ellos no se oponen al fortalecimiento de la policía militar al realizar una función complementaria a la policía nacional en proceso de depuración, sino al interés manifiesto del gobernante por exigir el rango constitucional de la policía cuando las Fuerzas Armadas ya lo tienen al ser una institución permanente y reconocida como tal por la sociedad. En palabras del Ing. Salvador Nasralla, coordinador del PAC, que sigan “trabando como lo vienen haciendo, ya que no necesitan estas reformas para mejorar o empeorar su trabajo. Lo que se observa es el deseo del presidente de la Republica de contar él con su propia Policía Militar.”
Se ha denunciado que ciertos diputados del partido liberal estarían siendo presionados por el gobierno para aprobar las reformas, a cambio de dinero, tal como se denunció cuando se aprobó la separación de los Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el nombramiento de los fiscales y la nueva versión de las Ciudades Chárter promovidas inicialmente por Paul Romer. Sin embargo, el conteo de votos no ajusta, y al parecer el presidente ha considerado la opción de consultar a la población mediante la celebración de un plebiscito o referéndum si está de acuerdo o no que la Policía Militar tenga rango constitucional.
De nuevo ha aparecido el nombre de J. J. Rendón, asesor político del presidente, en tanto ciertos diputados del partido LIBRE y prensa televisiva, han manifestado que esta votación en el Congreso Nacional es una estrategia del venezolano para evidenciar el apoyo de la población al gobierno de Juan Orlando Hernández, en tanto si no se aprueban las reformas se tendrá material de donde echar mano en las próximas contiendas electorales al identificar a los opositores con el mal. Pero también, se evidenciarán los nuevos pasos a seguir para que el proyecto de la reelección presidencial tenga base social, ya que a la par de estas reformas la Corte Suprema de Justicia está por abrir el camino jurídico al debate de la reelección del gobernante.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Con una puñalada en el costado derecho, los sujetos Abelino Martínez y Mauricio Gómez hirieron al defensor de derechos humanos y comunicador social de la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande, Miguel Ángel Vásquez. El hecho ocurrió el 14 de diciembre en Puerto Grande, comunidad de la Península de Zacate Grande, al sur de Honduras, en el trayecto de la casa del periodista a la radio, por una calle real (vía muy transitada) de la zona.
Una comunicadora de La Voz de Zacate Grande, que cuenta con Medidas Cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contó que el atacante esperaba a Vásquez dentro de una vivienda, habitada por un empleado del empresario Miguel Facussé. Cuando el comunicador comunitario pasaba cerca de la casa, este hombre lo siguió y le metió un cuchillo en la axila derecha, la intención era metérselo en el pecho, pero él pudo dar la vuelta y le alcanzó a herir el sobaco derecho, contó la comunicadora.
Denunció que desde la noche anterior este hombre extraño -y que tenía sólo un par de días de haber llegado a la comunidad- fingió un pleito con sus compañeros, Miguel intervino y les sugirió que no discutieran. Al parecer este hombre insistió en pelear con el comunicador para simular que lo hería en un pleito, pero el reportero evitó la pelea.
Redehsur identifica a los agresores
De acuerdo con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (Redehsur), después del ataque, «Vásquez fue llevado al hospital de la ciudad de San Lorenzo, a 30 kilómetros de distancia».
Según dicha organización, «los agresores -Abelino Martínez y Mauricio Gómez- son personas de la misma comunidad de Puerto Grande y habrían perseguido a Miguel Ángel Vásquez desde la noche anterior con la intención de asesinarlo», informó Defensores en Línea.
Redehsur explicó que se interpuso denuncia en la posta policial de la comunidad e instan a las autoridades a que investiguen los hechos ya que no es la primera vez que se agrede, intimida o persigue a los y las defensoras de Derechos Humanos y comunicadores sociales de la radio comunitaria cuya temática es la defensa de la tierra y la liberación de las playas de la península de Zacate Grande, amenazadas por proyectos turísticos y la creación de una Zona Especial de Desarrollo (ZEDE).
Este ataque contra Vásquez ocurrió tras una reunión de planificación de actividades de fortalecimiento del grupo, realizada en las instalaciones del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos de Zacate Grande, ubicado a la par de la cabina de la radio comunitaria.
Vásquez ha sido víctima de detención ilegal, además, los empleados del empresario Facussé han interpuesto falsas denuncias en su contra. «Hay personas de la comunidad que están en contra de lo que hacemos en la radio porque tienen un empleo con Miguel Facussé», mencionó la comunicadora de la misma emisora, Roxana Vásquez.
Actualmente, 18 trabajadores de la radio Zacate Grande tienen medidas cautelares, otorgadas por la CIDH, de ese total, 12 son comunicadores sociales, describió Vásquez. En sus cuentas de redes sociales, Miguel Vásquez en los últimos dos meses, posteó mensajes como los siguientes:
«No a la entrega de nuestra dignidad, no a la industria extractiva, Zacate Grande en Lucha, no a la Zede, saqueo, militarización»; «Públicamente la ultra derecha reconoce que las ZEDE nos afecta…». La radio Zacate Grande fue allanada y cerrada ilegalmente tras el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, posteriormente siguió operando y en este momento está fuera del aire por dificultades técnicas.
Constante intimidación
Asimismo, el 3 de junio pasado, la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) denunció que el día sábado 31 de mayo, a las 9:00 de la mañana, Miguel Ángel Vásquez, también secretario general de la empresa asociativa campesina de producción Puerto Grande, fue detenido por la policía de San Lorenzo con el argumento de que no permitió el registro cuando se realizaba un operativo en la parada de buses que de San Lorenzo van hacia Choluteca.
En la misma denuncia se revela que el Inspector Duarte estuvo acosando al detenido. Por su parte, el inspector Duarte dijo que el operativo en el que Miguel Vásquez fue detenido se hizo porque hubo una denuncia contra un joven armado, de zapatos amarillos, pantalón beis, camisa ocre y con fama de marero. Miguel daba con las características exactas de ese joven que se trasladaba en el bus que va de Coyolito a San Lorenzo.
«Lo interesante del caso es que el día jueves 29, a las 7:30 de la mañana, llegó a las instalaciones de la radio el sargento García, de la posta policial de Puerto Grande, invitando para una reunión que se tendría el día siguiente con al jefe policial y la encargada de derechos humanos, Ethel Corea».
«Miguel Vásquez y los dos comunicadores beneficiarios de las medidas de protección les explicaron que no se podía organizar una reunión de un día para otro, sin antes avisar al apoderado legal y al Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).
El día viernes 30 de mayo, llegaron a la radio La Voz de Zacate Grande el inspector Duarte y el sargento García, acompañados por la encargada de derechos humanos de Nacaome. Entraron de forma arbitraria y sin permiso de los encargados del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos a las instalaciones de la radio, exigiendo realizar una reunión con los beneficiarios de las medidas de protección cautelar», cita la publicación./ Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Ayer por la mañana fue herido con arma blanca, el defensor de derechos humanos y comunicador social, Miguel Vásquez, en Puerto Grande, comunidad de la Península de Zacate Grande, al sur de Honduras.
La denuncia la realizó La Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur, REDEHSUR, que está presente en tres departamentos del sur de Honduras, y de la cual Miguel forma parte.
Según los y las defensoras, los agresores le salieron al paso, y sin mediar palabra lo hirieron con una puñalada en el costado derecho, por lo que fue llevado al hospital de la ciudad de San Lorenzo, Valle, que está a 30 kilómetros de distancia.
Según la denuncia pública emitida por la REDEHSUR, el día de ayer, a las 8: 40 a.m., del día domingo 14 de diciembre fue agredido el joven Miguel Ángel Velásquez Corrales, por dos personas de la misma comunidad de Puerto Grande.
Ellos se encontraban armados, esperando al joven y sin mediar palabra le ingirieron una puñalada en el costado derecho de su cuerpo.
Los nombres de los agresores corresponden a Abelino Martínez y Mauricio Gómez, se dijo que Miguel Ángel Vásquez Corrales, “era perseguido desde la noche anterior y sus intenciones era matarlo”.
La REDEHSUR explica que el atentado no pasó a más porque había personas y familiares cerca de dónde se dio el hecho.
La denuncia además se interpuso en la posta policial de la comunidad, por lo que instan a las autoridades que investiguen los hechos, ya que no es la primera vez que se agrede, intimida o persigue a los y las defensoras de DDHH y comunicadores sociales de la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, cuya temática es la defensa de la tierra y la liberación de las playas de la península de Zacate Grande, donde sus habitantes han vivido desde hace más de un siglo, y ahora salen supuestos nuevos dueños, despojándolos de su territorio, con la intención de construir una Zona Especial de Desarrollo, ZEDE, denunciaron las y los miembros de la REDEHSUR.
Este ataque contra Miguel Vásquez, sucedió luego de que la REDEHSUR se reunió para planificar actividades de fortalecimiento del grupo. Estaban en las instalaciones del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos Zacate Grande, ubicado a la par de la cabina de radio comunitaria La Voz de Zacate Grande.
Miguel estuvo acompañándolos en parte de la jornada de planeación, para dar continuidad a la II fase del proyecto Formación e Información en Derechos Humanos para la zona Sur y Centro de Honduras, ejecutada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, con el apoyo de Heks.
Parte del trabajo de defensoría de la REDEHSUR, es la documentación, acompañamiento y denuncia púbica en casos de violación a los derechos humanos en los departamentos de Valle, Choluteca y los municipios del sur de Francisco Morazán.
What’s at stake for Honduras’ Garifuna people: Human rights, culture, and land. As throughout much ancestral territory, those who live on this beachfront in Triunfo de la Cruz are targeted for expropriation by a tourism corporation.
Honduras is the country with the highest level of homicide of any nation not at war, where government violence and human rights abuses have almost total impunity. It is also the country contributing most of the flood of children who have been recently forced to migrate to the US, because of that violence and by poverty – both, in part, a legacy of US policy in the region.
Yet something else is afoot. A fierce social movement, composed of many sectors, is pushing back to protect democracy, lives, and political rights. Indigenous peoples, including Garifuna, Lenca, Pech, Miskito, Maya Chortí, and Tolupan, are asserting their human right to autonomy, territory, and cultural survival.
The Afro-Indigenous Garifuna people are organized through the National Fraternal Black Organization of Honduras, or OFRANEH by its Spanish acronym. OFRANEH is at the forefront of an effort to protect Garifuna territory against theft by multinational corporations, the national government, and the oligarchy – theft that occurs often with active or tacit support from the US government. OFRANEH aims to defend the ecologically rich lands, rivers, forests, oceanfront, and all that is nurtured upon them, including community solidarity, autonomy, and indigenous knowledge.
The group’s work is also to preserve and bolster traditional Garifuna culture, through retention of the language, Garinagu, including through their community radio stations; music; ancestral spirituality; and ceremonial life. Moreover, members are actively strengthening their skills adapted to their ecosystem: ecological farming and sustainable small-scale fishing practices.
Garifuna agronomist Henry Morales explains to youth about reforesting the landscape with mahogany seedlings.
OFRANEH coordinator Miriam Miranda said: «Our lands and identities are critical to our lives. For us, the struggle for our territories and our commons and our natural resources is of primary importance to preserve ourselves as a people.»
Garifuna lands are being grabbed, with government approval, for tourism, a naval base, deep-water port, and gas and oil extraction. This is despite Convention 169 of the International Labor Organization, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and Honduras’ own constitution, which guarantee free, prior, and informed consent to any projects in indigenous territories. Narco-traffickers have seized additional lands.
A major element of OFRANEH’s organizing and advocacy is to recover and consolidate the 2,500 acres of Vallecito on the North coast, and transform it into a center for Garifuna renewal. Narcos, interested in the strategic characteristics of the land for clandestine drug running – space for a runway, a hidden creek to the sea, and remote location – had invaded the legally titled Garifuna lands. In 2012, the community reoccupied its land with drumming and ceremony, despite narco and paramilitary threats and automatic rifle fire. Since then, however, a portion of the land has been re-invaded by campesinos, presumably with the support of narcos.
OFRANEH’s strategy to win back Vallecito is to apply strong enough pressure, together with allies around Honduras and the world, that the governmental Agrarian Institute of Honduras (INA) will be forced to evict the illegal usurpers. The community of Triunfo de la Cruz has also brought a case about dispossession of its land to the Inter-American Court of Human Rights; a decision is expected soon.
Vallecito: Lands Recovered from narco-traffickers in 2012 lie in the heart of Garifuna territories.
The future of Vallecito is complicated by Honduran government plans for so-called «charter cities» (ciudades modelos in Spanish), foreign enclaves shielded from Honduran sovereignty with their own security and laws, financed by international investors. Vallecito is at the center of a large swath of Garifuna territory the government has in mind for this project. If it is consolidated, dozens of Garifuna communities could be displaced.
Regardless, OFRANEH plans to recover and keep Vallecito and transform it into a center of Garifuna renewal. All community members dislocated from their lands, for whatever reason, will be able to resettle there. Strengthening traditional Garifuna agriculture, aqua-culture, and culture in general will be an integral part of the resettlement. Immediate plans include the construction of a Garifuna ceremonial/cultural building. Youth leadership development is another part of the plan, so that urban youth and young adults can learn the same skills and knowledge as Garifunas living in remote rural locations.
Garifuna youth brigade members remove a fence post in the area planted by narco invaders of the land prior to 2012 land recovery.
Like other indigenous and non-indigenous Hondurans standing up for their rights, the Garifunas suffer continual violence, threats, and human rights abuses. Both the land grabs and the violence surrounding them are part of a political climate resulting from a coup d’état against President Manuel Zelaya on June 28, 2009. Then, with the help of the U.S. government, a clique of the top oligarchs of the nation swept to power. The U.S. government has played an enabling role with a series of post-coup regimes, providing political cover and military and police aid, and looking the other way as human rights violations and impunity mount. Hundreds of assassinations of opposition organizers and their family members have marked Honduras in recent years, bringing to mind the death squads of the 1980s.
In addition to the government’s impunity and corruption, the illegally imposed congress has conceded land and minerals to foreign investors. Beyond what is happening in indigenous communities, campesino land across the country is being grabbed by agribusiness – often owned by Honduras’ richest man, Miguel Facussé – particularly for African palm plantations planted to feed the craze for biofuel in the North.
OFRANEH coordinator Miriam Miranda.
OFRANEH coordinator Miriam Miranda says, «If the problem is global, we have to have a global response. It’s time for every human being in the global North to take up his or her responsibility in respect to the use of resources, responsibility relative to waste and to consumption. The standard of living that you all have in the US is unsustainable. You are the button-pushers. The time has come.»
Copyleft Stephen Bartlett and Beverly Bell. You may reprint this article in whole or in part. Please credit any text or original research you use to Stephen Bartlett, Agricultural Missions/USFSA and Beverly Bell, Other Worlds.
Los defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizados en las redes de El Paraíso, REDEHSUR, defensores y defensoras de la región del Aguán, Red de Occidente y la Red de Jóvenes del COFADEH, reunidos por primera vez el 8 y 9 de diciembre de 2014 en Tegucigalpa, para analizar y discutir la problemática actual del país en el contexto de nuestra labor, acordamos redactar la siguiente declaratoria y hacer de conocimiento público ante las demás organizaciones sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.
1. Condenamos el sistema que ha imperado desde siempre en nuestro país, y que lo podemos resumir en una palabra: Impunidad, la que permite que los delincuentes de cuello blanco sigan asesinando al pueblo con sus acciones, que no dejan que se aplique la justicia igualitaria, sino que defiende a los poderosos y ataca a los que luchan por sus derechos.
2. Como defensores y defensoras de Derechos Humanos, repudiamos las acciones emprendidas por estructuras del Estado que a través de algunos funcionarios (Fiscales, jueces, policías, militares, alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas, secretarios de estado) que intimidan y criminalizan nuestra acción, pues nos ven como una amenaza ya que observamos y denunciamos las violaciones a los derechos humanos.
3. Nos oponemos a la militarización del territorio nacional, implantado con el pretexto de combatir la delincuencia y brindar seguridad, cuando en realidad nos genera temor, intimidación, y ejecuciones extrajudiciales, implementando doctrinas de terror como en la década de los ochenta. En la actualidad las Fuerzas Armadas realizan labores conjuntas con la policía, como una estrategia de Estado, para proteger a los terratenientes e inversionistas extranjeros que cometen abusos en contra de los pueblos.
4. Estamos en contra de las decisiones del Estado que ha dado en concesión ríos y proyectos de explotación minera, ubicados en zonas productivas como el Bajo Aguán, la Península de Zacate Grande, el Río Jicatuyo en Lempira, y proyectos eólicos en Ojojona, Francisco Morazán, entre otros, lo que provocaría al igual que en el Valle de Siria, escasez de alimentos y contaminación de las fuentes de agua, deforestación del bosque, situaciones que conllevan a desalojos violentos y desplazamiento de familias completas, violentando el derecho a la vida.
5. Rechazamos la venta de nuestros bienes comunes (playas, áreas protegidas, parques nacionales, ríos, bosques), mediante el proyecto de Zonas Especiales de Desarrollo Económico -ZEDE- (más conocidas como ciudades modelos) que vulnera la soberanía hondureña, trayendo nuevas estructuras jurídicas, dentro del propio estado, que refuerza la ocupación extranjera en el afán de saquear nuestros recursos naturales.
6. Denunciamos la ineficiencia de parte del Estado al no implementar como se debe, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -CIDH- en beneficio de los y las defensoras de Derechos Humanos, cuya labor es de alto riesgo, teniendo en algunos casos, que lamentar la pérdida de vidas humanas valiosas, como el asesinato de la compañera luchadora por los derechos del campesinado y sobreviviente de tortura en la década de los ochenta, Margarita Murillo, cuyo cuerpo apareció sin vida el 27 de agosto en Villa Nueva, Cortés. Así como también el asesinato de Juan Angel López Miranda, conocido como Juan Galindo (cuyas medidas cautelares se estaban ventilando) hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2014 en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. López Miranda fue un reconocido defensor de los derechos humanos en el Bajo Aguán, acompañando a las comunidades campesinas en su lucha por la tierra. De igual forma el compañero Justo Sorto perdió la vida en situaciones violentas en la comunidad de Yancen, Jesús de Otoro, Intibucá. Sorto era el coordinador indígena del movimiento ambientalista de la zona.
7. Alzamos nuestra voz en favor de la Libertad de Expresión y de los medios alternativos de comunicación porque son ellos la voz que expresa la lucha de las comunidades. Exigimos que no se coarte nuestro derecho a expresarnos libremente y a denunciar las violaciones a los derechos humanos.
8. En el marco de la Declaración Sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, aprobado por Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998, celebramos esta fecha exigiendo el respeto a la vida.
Demandamos que el estado de Honduras está en la obligación de asegurar un proceso judicial eficaz, serio e imparcial, basado en el Estado de Derecho, a fin de combatir la impunidad de quienes atenten, amenacen y criminalicen a los que defienden los derechos humanos.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 9 días del mes de diciembre de 2014
El Paraíso
El Aguan
El Sur
Occidente
Jóvenes Cofadeh
¿Cómo un país tan rico en bienes naturales, puede tener una población tan empobrecida? Ésta, es una interrogante que nos llama a la reflexión y que las Radios Comunitarias Populares y Alternativas de Honduras en el sur del país, están sonando con mucha fuerza, para hacerle frente a una amenaza real llamada Zedes, Zona de Empleo y Desarrollo Económico.
El Golfo de Fonseca, un lugar fértil, hermoso, diverso, con gente trabajadora y luchadora, está nominado para ser la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico en el país, y según sus estatutos, la primera en el mundo.
En el mes de octubre de 2014, la Agencia de Cooperación de Corea Koica en Honduras, nominó a tres municipios del departamento de Valle, con salida al océano Pacífico para convertirlos en una Ciudad Modelo. Un instrumento económico que según algunos analistas atenta contra los bienes naturales y la vida de la población.
Las Ciudades Modelo primero llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y ahora Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zede) son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y con autonomía propia. A pesar que algunos sectores enérgicamente se oponen.
Este modelo económico extractivista impuesto por el Gobierno, originalmente nació como decreto legislativo nº 283-2010 y ratificado bajo el decreto nº 4-2011. Actualmente son, “Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede)”.
En la zona sur de Honduras está ubicada la isla de Amapala, donde se llega por medio de lancha cruzando el océano Pacifico. En los alrededores de la isla se ven las casas de los ricos y famosos de Honduras, empresarios y políticos que se han tomado algunas islas y playas para construir sus mansiones, las cuales utilizan solo para vacacionar dos o tres veces al año.
De las ciudades del sur del país, Amapala es una de las más olvidadas, los habitantes logran hacer sus lempiras en época de verano porque llegan muchos turistas, el resto del año cuesta conseguir dinero para sobrevivir, nos compartieron varios habitantes de la isla que cuentan con pequeños negocios y que tienen que viajar a Tegucigalpa a comprar sus productos, donde gastan más de 400 lempiras solo en pasajes, más un día de viaje. Por esta razón en Amapala la vida resulta muy cara.
El sur hondureño es hermoso. Cuenta con montañas verdes y con abundancia de animales, entre ellos el venado de Cola Blanca, símbolo nacional. Es un lugar seguro según manifiestan sus habitantes que en su mayoría son personas adultas, porque los jóvenes han migrado para otras ciudades y para el extranjero en busca de trabajo y estudio.
Desde aMecate Corto, tuvimos la oportunidad de conversar con varias personas dueñas de negocios a la orilla de las playas de Amapala. Al referirse al tema de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, Zedes o ciudades modelo, afirma que es un proyecto del cual tienen poca información, sin embargo creen que las ciudades modelo son un proyecto que beneficiará únicamente a los ricos.
Las Zedes dejan muchas dudas en la población. ¿Qué pasará con el territorio hondureño? ¿Habrá empleo para los hondureños y hondureñas en las Zedes?, ¿Quiénes serán los beneficiados con las Zedes? o ¿Qué podemos hacer para evitar la instalación de las Zedes en nuestro territorio? Son las preguntas más frecuentes que se escuchan en el sur.
“Se vende un país portátil” como dice la canción y Juan Orlando.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ha encargado de promocionar las Zedes como la gran idea de un proyecto que sacará a Honduras del subdesarrollo. Actualmente en este país centroamericano, 8 de cada 10 pobladores viven con 1 dólar diario y no tienen acceso a los servicios básicos para el desarrollo humano.
En su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en el mes de octubre de 2014, en el marco del Foro Mundial por el Desarrollo, Hernández puntualizó:
“Honduras hizo una reforma a la constitución para crear una de las mejores plataformas en el mundo para inversión y empleo, muy innovadora, me refiero a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, más conocidas como Zedes. El modelo Zede de Honduras no es otra zona económica más como las 3 mil 500 existentes en el mundo, la nuestra es muy diferente porque es integral, es una jurisdicción de cuatro dimensiones: la legal, la económica, administrativa y política”.
Hace un par de meses, Koica donó al gobierno nacional, un estudio de factibilidad valorado en 4 millones de dólares, según el alcalde de Amapala, Santos Cruz, quien también ha participado en los preparativos de lo que sería la primer Zede o Ciudad modelo, como se le llamó en un momento. Este estudio de factibilidad aún no ha sido presentado a los alcaldes involucrados de los municipios de interés: Alianza, Nacaome y Amapala en Valle, al sur de Honduras.
Fernando García, economista quien se ha dedicado a revisar la ley de Zedes desde su primera iniciativa, concuerda con Hernández en que estas zonas serán únicas en el mundo.
García asegura que son únicas en el mundo porque nunca, voluntariamente, ningún país cedería los tres elementos fundamentales del Estado: el territorio, el poder político y la población.
“Las Zedes, conforme a su ley orgánica permiten, facultan y determinan que en ellas, el comité de las mejores prácticas y el secretario técnico tendrán totalmente autoridad y potestad jurídica para establecer una forma paralela a los poderes del Estado y una intromisión directa al Poder Judicial en base a sistemas jurídicos que no son propios de Honduras, particularmente del Common Law del sistema anglosajón con lo cual vemos que se violentan los elementos fundamentales de un Estado democrático de derecho: la población, el territorio y la forma de gobierno”, explica el economista.
Otra preocupación que embarga a la ciudadanía es el tema de la expropiación y despojo de sus tierras. La ley orgánica faculta al comité de las mejores prácticas (el mini gobierno) para que expropie el terreno de particulares, a través de varias estrategias, una de ellas los impuestos que podrán ser determinados por este comité. También este comité podrá determinar zonas de ampliación sin pasar por la aprobación de los poderes del Estado de Honduras.
Un sur que lucha y resiste
Desde hace muchos años, los pobladores pobres del departamento de Valle, han permanecido en una lucha permanente por defender la tierra. Amapala está dividida en dos: la isla del Tigre y la península de Zacate Grande. En esta última, el 99% de las tierras no están tituladas y tampoco reconocidas por el Estado como tierras ejidales. Esto ha desatado un conflicto grave, ya que hace unas dos décadas llegaron empresarios de apellido Facussé, Atala, Nasser, Corrales, Malespín, entre otros, a comprar estas tierras en un proceso sin transparencia y a despojar a los nativos de las mismas.
El artículo 23 de la Ley de Pesca, dice que las playas son de uso público y que no pueden ser privatizadas, pero en el sector de Coyolito, las playas ya tienen dueño y los habitantes las distinguen por los nombres y apellidos de los políticos y millonarios de este país. Hoy Zacate Grande cuenta con 59 playas, 40 de ellas son privadas.
La Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande ADEPZA, es uno de los movimientos más fuertes que acompaña a la población que se resiste a la venta del territorio nacional y que está al frente de la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande.
Pedro Canales, representante de ADEPZA, dice que los campesinos organizados no están en contra del progreso, ellos quieren desarrollo, pero que sea integral, que se respeten los derechos de las poblaciones pobres, que se les otorgue el derecho a la tierra y que haya en el país políticas económicas para que estos pueblos salgan de la pobreza y tengan una vida digna, que se respeten los bienes naturales en las comunidades y que no los conviertan en negocio.
“Aquí en Amapala tenemos alrededor de 25 años que vinieron los ricos y famosos y no ha habido desarrollo aún con tanta riqueza aquí, las playas hermosas, ¿cuál desarrollo? lo mismo sucederá con las Zedes, que es simplemente la venta del territorio. Estos mismos ricos son los que promueven las Zedes, ellos no serán afectados, más bien será beneficiados”, explicó Canales.
Para Canales, las Zedes donde las hagan causarán daño, en la Isla del Tigre hay mucha gente pobre que vive de los pequeños cultivos que hacen en sus parcelas. “Yo le preguntaría al alcalde si deciden construir un centro de almacenaje en la Isla del Tigre, ¿dónde se va a ir esta gente? Habrá migración, ya que esta población no tendrá suficiente de dinero, nosotros hemos llegado a la conclusión de que esto viene a empobrecer más a las familias de la zona.”
Canales desea el desarrollo de su gente y propone al gobierno que impulse proyectos para fortalecer la pesca, el turismo con playas públicas, que le apueste a lo que ahora hace la gente para sobrevivir.
Como resultado de la lucha que ha mantenido ADEPZA, más de 30 personas de Zacate Grande, han sufrido encarcelamientos, enjuiciamientos, amenazas a muerte, hostigamientos, por su compromiso en defensa de la tierra y los derechos humanos.
A una sola voz: “Honduras no se vende, se cuida y se defiende”
Para continuar con la defensa de los bienes naturales, el pasado mes de noviembre varias representantes de radios comunitarias de la zona sur del país, se reunieron en la isla de Amapala, Valle, con el objetivo de trabajar una campaña de sensibilización “Honduras no se vende, se cuida y se defiende”.
Esta campaña busca llegar a la población infantil, joven y adulta para que defiendan la tierra donde viven y de donde se sacan sus alimentos. Asimismo para exigir al Estado que el sur necesita un desarrollo integral y no un proyecto que los arrincone y que violente más sus derechos humanos.
Canadian investor Randy Jorgensen blames concerns on ‘extremist factions’
As Canadian investors gradually take over lands in Honduras’ Trujillo Bay for tourism and real estate projects, Afro-Indigenous Garifuna communities along this stretch of Caribbean coastline are being displaced.
A new cruise ship port is now open for business in Trujillo, a town of just over 10,000 about 400 kilometres north of the Honduran capital. Rio Negro, a Garifuna community, was largely displaced under threat of forced expropriation to make way for the project. Sixteen kilometres to the west, the Garifuna community of Guadalupe is now bordered by Alta Vista, one of Canadian investor Randy Jorgensen’s several residential development projects marketed to Canadian snowbirds.
It’s 32 degrees out but it feels like 40 in the midday sun as local Garifuna activist Celso Guillén points things out along the short walk through Guadalupe and over to Alta Vista. A group of youth are busy separating plantain rhizomes into piles by size and other men and women are organizing the shipment of cacao seedlings for distribution. The problem is that community members don’t have much land left to plant the crops.
“We’ve lost almost 80 percent of our community’s lands, and the majority of those lands are in Mister Randy’s hands,” says Guillén.
Guadalupe’s inalienable community title covers nearly 250 hectares, but the municipal government of Santa Fe has issued deeds within those lands and they have been registered by the country’s Property Institute. The municipality “has issued fee simple land titles — overlapping titles that are basically fictitious and without validity because there’s already a collective title,” says Guillén. “The title says that the lands are inalienable, and any act of that nature violates the spirit of the title.”
‘They don’t have a purpose’: Jorgensen
Just after six in the morning, Jorgensen sips his coffee outside his home in Coroz Alta, a residential development a few kilometres west of Trujillo on an estate now billed as a private nature park. Beside the road leading down to his house, monkeys, coatimundis and scarlet macaws are on display in enclosures.
Cruise ship passengers come here on day trips organized by Banana Coast Tours, one of Jorgensen’s companies linked to the new Banana Coast cruise ship terminal, another of his projects.
Jorgensen dismisses the Garifuna community land claims. It’s the same story in Guadalupe as it is in Rio Negro and it’s not really about the land, he says. “They have extremist factions in there that are extremely politically motivated and go out of their way to create whatever problems that they can for anything that doesn’t actually put money into their own personal pockets.”
Other Canadian developers have since followed, but Jorgensen remains the main player in the area. He opened an Adults Only Video store in a small town in Saskatchewan in 1987, and the company quickly expanded to dozens of outlets across Canada. After more than a decade of winter visits to Trujillo, Jorgensen decided to make the move permanent, and later began working on plans for a cruise port facility and real estate projects in Trujillo Bay.
“Our goal is to create $300 million of investment in this area to create $100 million economic activity annually. So it’s not a small thing,” says Jorgensen. His company, Life Vision Developments, is developing several projects in the area: Campa Vista, Coroz Alta, New Palm Beach and Alta Vista. “We have about 1,500 acres of residential development underway now. We sold 500 properties to Canadians. They’re starting to call it Little Canada.”
Jorgensen categorically denies that the Alta Vista project overlaps with the Guadalupe community title, but he also alleges the community didn’t use the land for anything anyway. “It’s not as though this land needs to be preserved for ‘this purpose.’ They don’t have a purpose. They don’t have a plan. They don’t have something to do with it. The whole purpose of the exercise is ‘how do I get money into my pocket?’”
‘We used to go there to work’: Guillén
Alta Vista, however, is one of the main areas that was used by community members to grow subsistence crops like yucca, plantains and beans. “I know this because we used to go there to work the land with our parents. That’s where we worked. We would work in another place for a while and then there for a while,” says Guillén.
Along with fishing, Garifuna communities traditionally practice the fallow system of farming, rotating between areas to allow the soil to recuperate for periods between crops. Both land and sea are vital to both the sustenance and culture of the Garifuna.
The ethnogenesis of the Garifuna began in the early 17th century on the island of Saint Vincent, where shipwrecked Africans trafficked as slaves for colonial plantations in the Caribbean — and later also escapees — mixed with local Arawak and Carib Indigenous people. The Garifuna were forcibly expelled by the British in 1797 and dropped off on an island off the coast of Honduras, from where they spread out and formed communities along the Caribbean coast of Central America from Belize to Nicaragua.
Both the Garifuna language, part of the Arawak family, and culture have diverse African and Indigenous Caribbean roots. In 2001, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization declared the Garifuna language, dance and music to be among the 19 inaugural Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Today, though, many Garifuna communities in Honduras are facing yet another expulsion.
Leaving Guadalupe behind, the old yellow school bus rattles past the Garifuna community of San Antonio before passing Njoi Santa Fe, another real estate project under construction by Canadian developers. After the community of Santa Fe, it’s a steady stream of Canadian-owned tourism and real estate projects along the 11 kilometers back to Trujillo: New Palm Beach, the Banana Beach Resort, Njoi Trujillo, Coroz Alta and Campo del Mar, Campa Vista and the Tranquility Bay Beach Resort.
There has been some critical outside attention on tourism projects in Garifuna territory further west along the Caribbean coast. This stretch, however, has flown largely under the radar, according to Miriam Miranda, the General Coordinator of OFRANEH, a Garifuna federation at the forefront of the struggle to defend Garifuna rights, lands and territory in Honduras.
“No one really talks about all the investment that’s happening in the Trujillo Bay, all the way out to the Guadalupe area even. They’re taking over the whole corridor,” said Miranda. The new Banana Coast cruise ship port has certainly been a hot topic of discussion in the area lately, but there too, the issue of land acquisition usually goes unmentioned.
“That case is the first experience we had where eminent domain legislation was used, facilitating Randy Jorgensen’s takeover of Rio Negro,” said Miranda.
Cruising the Canadian-owned Banana Coast
The atmosphere of anticipation was almost palpable in Trujillo on Oct. 15, 2014. The Norwegian Jewel, a 2,376-passenger Norwegian Cruise Line ship with more than 1,000 crew members, was about to arrive. The Jewel and other companies’ cruise ships will be calling at Banana Coast all season, through April 2015. Banana Coast is owned and run by Grande Trujillo Autoridad, of which the driving force, primary owner and president is Randy Jorgensen.
There was little cause for celebration in Cristales and Rio Negro, two historic Garifuna communities on the coast at the western and eastern edges of Trujillo respectively. The Banana Coast cruise ship terminal and retail complex is located in Rio Negro.
“It was a community. That was part of their habitat. That’s where they would leave their cayucos [dugout canoes], where they would go fish. Now they can’t go to leave their cayucos on the beach. The entry of Rio Negro community members is strictly prohibited there because it’s a private zone now,” says Victor García, a member of the Cristales and Rio Negro community council.
When some Garifuna community members refused to give up their lands, the municipality of Trujillo declared the Banana Coast project in the public interest in December 2009. The decree was published in the Official Gazette in February 2010, allowing the state to exercise the right of eminent domain. Through threat of forced expropriation, the cruise ship port developers were able to acquire the remaining lands.
But the contested Banana Coast project still lays within one of two inalienable Cristales and Rio Negro collective land titles. The 1886 and 1901 titles cover nearly 100 square kilometers in various sectors in the region, including some of Jorgensen’s real estate development.
Colluding with the state
Jorgensen’s projects may benefit from the investment protection provisions in the new Canada-Honduras Free Trade Agreement, negotiated in the wake of a June 2009 coup d’état, but attracting tourists and snowbirds to the country with the highest per capita homicide rate in the world outside of a war zone is no easy task.
On Aug. 4, 2014, the Honduran government signed a $133,334 contract with Burson-Marstellar, an international public relations firm, to build a “national image” and “country brand” to boost foreign investment, exports, and tourism. That same day, Honduran President Juan Orlando Hernández launched a new national tourism website.
Tourism and real estate promoters in Trujillo maintain that the violence plaguing Honduras is largely concentrated in certain pockets elsewhere around the country and particularly in its two main cities, San Pedro Sula and Tegucigalpa. In fact, the 2013 homicide rate in the municipality of Trujillo was 93.3 per 100,000 inhabitants, higher than the national rate and even that of the capital district. From Banana Coast, it is only about 10 kilometers to the edge of the heavily militarized Bajo Aguan region, where more than 100 people involved in farm worker movements and land occupations have been killed since the 2009 coup.
The area has also been identified by the government as one of 14 possible sites for Economic Development and Employment Zones, regions that would essentially function as semi-autonomous, privatized city-states. These zones “embrace trade liberalization beyond simple tax and infrastructure incentives: they enable the corporate entities, organizations and individuals who will fund and participate in the zones to structure the social organization itself. This process includes the content of laws, the tax structure, educational, labor and health care system, security forces and other basic elements typically managed by the state,” wrote the authors of a September 2014 National Lawyers Guild report.
Attention on specific Economic Development and Employment Zones projects is largely focused on southern Honduras, where feasibility studies, investment agreements and community resistance are all underway. However, documents obtained by Ricochet reveal that detailed maps, plans and studies have been drawn up for a special development zone encompassing the full territorial area of the municipalities of Trujillo and Santa Fe.
The principal author of the studies was Arquitecnic. The company’s president, Honduran architect and planner Dino Rietti, was commissioned as the construction and project manager for the Banana Coast cruise ship port complex. Rietti has also advised the government on special development zones.
Turning to the law
Garifuna communities continue to defend their lands despite the difficulties. “The government’s in collusion with everything that’s going on here,” says Guillén, adding that a lawsuit might be one of the only options. However, neither Guillén nor García consider it likely that their respective communities will be able to address illegal community lands sales or obtain justice within the domestic legal system.
“We’re going to have to launch both national and international lawsuits,” says García.
The cases of three other Garifuna communities, accompanied by OFRANEH, are currently before the Inter-American Court of Human Rights. Two of them involve tourism projects in Garifuna territory. At least one ruling is expected next year.
El día de hoy tuvimos la satisfacción de participar en una de las rondas que la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, realiza por Honduras teniendo como sede la ciudad de San Pedro Sula. El turno le tocó a las organizaciones de la región noroccidental.
Casi un centenar de personas y una veintena de organizaciones dieron realce y presencia a este acto de defensa de la vida, de la libertad y de la democracia. Fue admirable la ponderación, el coraje y la valentía de todas las personas y organizaciones que hicieron uso de la palabra pidiendo a la Comisión justicia en estos momentos en que Honduras se debate en un maremágnum de incertidumbre y desesperanza.
La mesa principal estuvo coordinada por la Presidenta de la CIDH, Sra. Tracy Robinson, José de Jesús Orozco, Paulo Vannuchi, Rose-Marie Belle Antoine, entre una decena de funcionarios de la Comisión.
Para una mejor organización y presentación la Presidenta propuso algunas reglas para favorecer la dinámica de la presentaciones, proponiendo los siguientes temas: Operadores y Defensores de DD.HH; Libertad de Expresión; Niños, Migración y Movilidad Humana; LGTBI/Mujeres; Movimientos Étnicos, Indígenas y Afro descendientes; Derechos Económicos y Sociales, entre los principales.
Algunas de las organizaciones que se hicieron representar fueron: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ; el Magisterio a través del COPEMH; la organización garífuna OFRANEH; la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC; el Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, MAS; los estudiantes de la UNAH-Valle de Sula; la comunidad LGTBI; diferentes organizaciones de mujeres como CODEMUH, CDM, MOMUCLA, el Colectivo de Mujeres, Foro de Mujeres por la Vida; Jueces por la Democracia; AIDEVISH; organizaciones defensoras de los derechos humanos COFADEH, CODEH y ERIC; Trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad, STENEE; la representación de la juventud JAJA y varias personas independientes reclamando justicia para familiares afectados por el Estado de Honduras.
También se sintió y se reclamó la ausencia de otras organizaciones campesinas, sindicales, ambientalistas, étnicas, trabajando con niños, migrantes y sobre la trata de personas. Como el tiempo de presentación era corto, hubo limitaciones de información, pero la mayoría de los ponentes fueron explícitos y detallados en sus síntesis, que entregaron después como documentos de apoyo a la Comisión.
Se habló en abundancia de la militarización del país a partir del golpe de Estado; la excesiva impunidad que prevalece en Honduras; la inhumana situación que se vive en las cárceles de Honduras y los 7 amotinamientos del último año; la gravedad alcanzada por los femicidios; la represión que vive la juventud en barrios o lugares estigmatizados por algunos medios de comunicación y funcionarios del Estado; la horrible represión y homofobia que vive la comunidad LGTBI; la descalificación y trato que reciben los jóvenes estudiantes de parte de la universidad, UNAH; el inhumano trato y explotación que dan las empresas maquiladoras a las y los trabajadores; la destrucción de la institucionalidad y el Estado de Derecho de parte del régimen actual; etc.
Quizá la nota que dejó un sinsabor casi al final del evento fue la manifestación que en cierto momento hizo la Presidenta de la Mesa, Sra. Robinson, que externó que en otros momentos de la gira había escuchado de otras personas una posición favorable a la militarización de Honduras y a las ZEDES (ciudades modelo), lo que un miembro de la asamblea consideró como una frase desafortunada de tan alta representante y tomando esa apreciación como una forma de justificar la defensa anticipada del gobierno de Honduras para sacarlo de la lista de países violadores de los derechos humanos. Se señaló incluso que la situación de violaciones a los derechos humanos de parte de Estados Unidos era centenaria e histórica en Honduras y que algunos medios de comunicación independientes del país antes de la llegada de la delegación de la CIDH manifestaron que venía con la intención de “sacarle las castañas del fuego” al gobierno, cuestionando, además, que el mayor financiamiento para la CIDH se recibe del gobierno de los Estados Unidos.
Los miembros de la Comisión el Sr. Orosco y la Sra. Antoine, hicieron una rápida defensa de la CIDH y manifestaron y prometieron que actuarán con autonomía e independencia en el Informe Final que entregarán al gobierno y a las organizaciones de Honduras.
¡A VER EN QUÉ BENEFICIA O PERJUDICA A LA SOCIEDAD HONDUREÑA Y AL PAÍS LA VENIDA DE ESTA COMISIÓN!
Para el pueblo Garífuna el golpe de Estado del año 2009 y sus réplicas, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, además de haber incrementado las amenazas sobre nuestro territorio, colocando en duda la sobrevivencia del pueblo Garifuna como cultura diferenciada.
Cuando nos referimos a las replicas del golpe de estado, señalamos el golpe a la corte constitucional (I2-12-12), y la intervención en el Ministerio Público. Estos hechos fueron minimizados por el mismo Estado y los medios de comunicación locales; sin embargo ha generado un debilitamiento trascendental del sistema de justicia, destruyendo además la independencia de poderes, y aferrando a un grupúsculo de la elite de poder, como cuasi propietarios del país.
El golpe a la Corte de lo Constitucional fue una repuesta por parte del Poder Legislativo ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), con la cual se pretendió entregar franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros para crear estados-ciudad con sus propias leyes y manejo de la seguridad.
El pleno de la Corte Suprema se pronunció en contra de la Ley RED el 18 de octubre del año 2012, y para el 12 de diciembre el Congreso Nacional defenestro a los magistrados de la Corte Constitucional que se opusieron, siendo excluido de la purga que se llevo a cabo, el Sr. Oscar Chinchilla, quien votó en contra del fallo emitido. En la actualidad Chinchilla ejerce el cargo de Fiscal General de la República.
La Ley RED fue maquillada, reintroducida y aprobada en junio de 2013, con el nombre de Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE). La nueva versión incluye la tercerización de Justicia como un aliciente para atraer presuntos inversionistas. Con la Ley RED, se firmó un convenio para que las supuestas ciudades modelo utilizaran las cortes de la isla de Mauricio e incluso las cortes de Londres. Los promotores y supuestos ideólogos de las ZEDE, persisten en promover la tercerización de los tribunales como una vía para lograr una aplicación expedita de la justicia y una supuesta probidad.
Durante el mandato de Porfirio Lobo, además de la Ley RED se aprobarón una serie de leyes, tales como la Ley Hipoteca, la Ley de Minería, y una serie de decretos sobre producción de energía “limpia”, entre otras. Dichas leyes han generado un severo impacto para los pueblos indígenas, los que ven sus territorios transgredidos por empresas extractivas y la construcción de un sinnúmero de represas hidroeléctricas. Cabe señalar que se firmó además de forma inconsulta un Convenio con la empresa Británica BG para la exploración y posible explotación de hidrocarburos en la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña.
La mayor problemática que confrontamos como pueblos, es el embate de un desarrollo de corte neoliberal, basado en la acumulación de capital, sin tener en cuenta nuestra comosvisión la íntima relación que existe entre nuestro pueblo y la madre tierra. La mayoría de los proyectos de “desarrollo” que han surgido después del golpe de Estado, se han convertido en intervenciones que no han tomado en cuenta el derecho a la consulta para el consentimiento, previo libre e informado (CPLI), tal como se encuentra consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instrumentos jurídicos que fueron ratificados por el Estado de Honduras en año de 1995 y 2007 respectivamente.
Después de casi dos décadas de haber ratificado el convenio 169, el Estado ha incurrido en una deliberada actitud de ignorar el Pacta Sun Servanda, al no adaptar las leyes nacionales al Convenio 169, tal como lo indica el Tratado de Viena (1969). Es más el Estado viene pretendiendo diluir el Convenio 169 con una Ley indígena, de carácter secundario que se encuentra en discusión desde hace más de una década en el Congreso Nacional, al mismo tiempo que el PND manipula la elaboración de una Ley para la Consultada en el marco de los Programa RED+
La renuencia de las diferentes administraciones gubernamentales para respetar el CPLI, ha dado lugar a múltiples violaciones al Convenio 169 y la UNDRIP, especialmente a partir del golpe de Estado. Desde la inconsulta represa del Patuca, pasando por las represas en el territorio Lenca, y la entrega de la plataforma marítima para la exploración petrolera, y el Programa REDD+, son los más connotados casos de violación al CPLI.
Hasta la fecha el Estado persiste en confundir socialización con la consulta, convirtiendo los procesos en farsas. El caso del petroleó demuestra el entreguismo de funcionarios estatales, al firmar un contrato con la compañía BG en el mes de abril de 2103, ratificado por el Congreso Nacional en el mes de agosto y para septiembre efectúan una consulta en Puerto Lempira, donde el pueblo Miskito manifestó su malestar ante la consulta a posteriori.
De igual manera maniobró el Estado con la Ley de Pesca, la cual fue discutida con empresarios de la pesca industrial y algunas cooperativas de pesca. No obstante la Ley no fue socializada y mucho menos consultada con los pescadores artesanales y de sobrevivencia, mayoritariamente Miskitos y Garífunas. Dicha ley afectará enormemente a los pueblos, al permitir la entrada de los barcos camaroneros en la franja de las tres millas costeras que son reconocidas como santuario del pescador artesanal.
La ofensiva territorial sobre el territorio Garifuna, ha sido presentada por el Estado como una estrategia de “desarrollo”, que incluye desde la implementación de mega proyectos turísticos, hasta la explotación petrolera. El territorio del pueblo Garifuna ha sido objeto en las ultimas décadas de un saqueo incesante, ante los múltiples proyectos turísticos que se vienen gestando desde inicios de la década de los años 90 en la Bahía de Tela y se agudizarón durante el período del denominado intinerato, en los meses posteriores al golpe de Estado, cuando fue demolida la comunidad de Río Negro, Trujillo, a instancias del empresario canadiense Randy Jurgenson, el que construyó un muelle y un centro turístico denominado Banana Coast.
Ante los despojos territoriales en detrimento del pueblo Garífuna, las comunidades con el acompañamiento de la OFRANEH, han presentado una serie de peticiones ante la CIDH, y en la actualidad se ventilan dos casos ante la Corte IDH, en relación a las comunidades de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, las que incluyen además de las violaciones al derecho del usufructo a la propiedad colectiva, la transgresión al CPLI.
Al mismo tiempo que la Corte IDH realiza dos audiencias en relación al despojo de las comunidades Garífunas, en el lapso de tres semanas se efectúan tres desalojos de comunidades Garífunas: Barra Vieja, Nueva Armenia y Puerto Castilla, demostrando de esta forma el contubernio existente entre Ministerio Público, empresarios turísticos y de la palma africana.
El estado paralelo que ha impuesto el crimen organizado forma parte del colapso institucional y uno de los factores que ha servido como catalizador de la violencia. Mientras tanto, grupos con un enorme poder financiero han colaborado con el persistente ambiente de terror que ha dado lugar a desplazamientos poblacionales, los que culminaron con la estampida de miles de menores de dad que emigraron en masa hacia los Estados Unidos.
Hablar de la protección a los derechos humanos en Honduras no es más que una mentira en un mar de sangre que a pesar del forzado maquillaje a la crisis existente, no deja de ser un ejercicio de demagogia sin precedentes.
Comunidad Garifuna de Sambo Creek, 3 de Diciembre del 2014
Tegucigalpa – De acuerdo a un comunicado oficial del Partido Libertad y Refundación (Libre), diputados de ese instituto político, así como Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), aprovecharán la instalación del Congreso Nacional Móvil en Choluteca esta semana para protestar contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), mejor conocidas como Ciudades Modelos.
El diputado de Libre por el departamento de Choluteca, Ángel Sandoval, manifestó que “vamos a salir a las calles el miércoles y jueves desde la entrada de la ciudad para acuerpar los reclamos del pueblo y exigir que no se venda nuestro territorio con la puesta en marcha de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o mejor conocidas como Ciudades Modelos”.
En ese sentido, Sandoval dejó claro que “la mayoría de la población no estamos de acuerdo con la entrega de nuestro territorio a los extranjeros”.
El parlamentario aseveró que la aprobación de las Ciudades Modelo fue “un acto de inconstitucionalidad de la legislatura anterior y por tanto, el pueblo no legitima esa aprobación”.
De su lado, el Coordinador General del FNRP, Juan Barahona, hizo un llamado a toda la militancia y al pueblo en general indicando que la lucha contras las ZEDEs “ha sido permanente del Frente Nacional y Libre, así que vamos a evitar la venta de la soberanía y del país”.
“Vamos a apoyar al pueblo de Choluteca en esta lucha porque esa zona ha sido diseñada para construir la primer ciudad Modelo”, indicó Barahona.
Mientras, el congresista Sandoval reafirmó que “Libre es el único partido en el país que reivindica las necesidades del pueblo y por eso nos defendemos de quienes quieren que vivamos en los umbrales de la indignidad”.
teleSUR investigates the continuous attacks on the Garifuna community and their courage to fightback. In this piece, teleSUR investigates the recent evictions in Garifuna communities and privatization of their communal lands that threaten their very existence as an Afro-indigenous nation.
«We believe that there is a clear persecution against the organization and the Garifuna people. They want to displace us from the coast. They criminalize our leaders and we have identified that there is an intentionality. The Honduran state wants to strip the Garifuna of our rights. They said the Garifuna are not indigenous, this is the worst that could happen to us,» explains Miriam Miranda, the coordinator for the Black Fraternal Organization of Honduras (Ofraneh).
Indigenous and subsistence farmer communities face incredible repression in Honduras. They are systematically intimidated off their lands by the state, foreign investors as well as drug traffickers and are constantly under the threat of eviction. The Honduran State consistently fails to defend indigenous people’s rights to their ancestral lands as cited by the International Labour Organization (ILO) Convention 169 and instead, sell the country’s sovereignty to the highest bidder.
The Garifuna, an afro-indigenous people of Arawak indigenous heritage and West African roots, have lead centuries of resistance since their arrival to Central America in the 18th century after shipwrecking on the coast of St. Vincent. The Garifuna arrived to Central America and fought to found independent nations across the region. In exchange, they began to build their societies along the Central American Caribbean coastline.
Presently, the Garifuna reside along the Central American coasts of Belize, Guatemala, Honduras and Nicaragua making up approximately 600,000 people with their largest population in Honduras, spread throughout 46 communities.
In the last several months, the Garifuna’s struggle to remain on their lands and defend their communities from state sanctioned and drug-related violence has intensified. The Garifuna have fought against kidnapping, assassination attempts and several evictions. The expansion of tourist projects, agribusiness plantations along with the exploitation of natural resources along the coastlines threaten the very livelihood of the Garifuna people, their culture and their history.
Currently, the Garifuna have several cases open in the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) denouncing the Honduran state for violating their rights as indigenous peoples.
Ancestral Lands for Sale in Honduras
The Black Fraternal Organization of Honduras (Ofraneh) explains «Honduras is submerged in a labyrinth of criminality, where the institutions responsible for justice and security have become absurd serving an elite class dedicated solely to the looting of the state and the country’s commons.»
Under Porfirio Lobo’s administration (2010-2014), 24 Garifuna communities were targeted and their lands auctioned off to foreign investors to create «model cities» also known as «charter cities.» Presently, the five targeted regions along the Honduran North Coast include Puerto Cortes, La Ceiba, Trujillo, Rio Platano, and along the Honduran/Guatemalan border region.
These cities would become their own independent enclaves; establish their own government, laws and security all conditional upon the company or individual(s) that have purchased the land. Charter cities would create a pseudo-state within a state opening up neo-liberal approaches of governance potentially eliminating fundamental rights and liberties.
In 2012 the RED (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) law permitting charter cities was declared unconstitutional by the Supreme Court; however, the law was re-introduced in 2013 under the name of ZEDE (Special Economic Development Zones).
Miranda refers to this moment on December 12, 2012 as the second coup in Honduras when the Congress overrode the Supreme Court’s decision. Then president of the national assembly, Juan Orlando Hernandez drove the re-introduction of charter cities and as current president there is no doubt that the Honduran government is selling the country piece by piece to foreign investors.
In 2013, the government also introduced the «Mortgage Law» allowing for the auctioning off of communally held lands. That same year, the government issued a decree that authorizes the military to sell timber encouraging a long standing practice of the military illegally profiting off of indigenous lands.
In 2014, the government passed the Law for the Promotion of Development and Reconversion of Public Debt authorizing the government to leverage the country’s “idle” resources in order to attract foreign investment. Most of these so-called “idle” lands reside within indigenous territories primarily the Miskitu, Pech, Lenca, Tawahka and Garifuna. Illegal Evictions and Invasions of Garifuna Territories
«This is our ancestral land and what happened was an illegal eviction,» explains community organizer Yilian David with Garifuna Youth in Defense of our Rights (Nanigu) after the most recent attempt by the Honduran armed forces to evict the community of Barra Vieja.
Barra Vieja is one of several communities along Tela Bay that faces ongoing threats of eviction and displacement in the name of mega tourism projects. Barra Viaja was officially founded by the Garifuna in 1950 although generations prior resided on these lands.
David explains that on September 30, the heavily armed Honduran military and police arrived to forcefully evict the community’s 450 inhabitants. The Honduran authorities have attempted to evict the Garifuna community, unsuccessfully, since August 6.
Honduras: Eviction of the Garifuna community of Barra Vieja on Sept 30, families were evicted and homes destroyed http://t.co/achv2CcUY0
«We asked them to show us the documents that justified the eviction. They had an order of eviction for an individual. The name of the community didn’t appear anywhere, nor was there any official signature,» she emphasizes.
The authorities spent two days causing physical and emotional damage to families and their homes. After documenting the eviction, families recovered their belongings and returned to their homes. David says «they [Honduran authorities] have threatened to return with bulldozers to destroy our homes. Thankfully they haven’t brought any machinery yet.»
This expression of state sanctioned violence against the Garifuna people was perpetrated in the name of the Indura Beach and Resort tourism project previously known as Laguna de Micos & Beach Resort. David exclaims, «Since when do these lands belong to the Indura Project? We have so many years existing as Garifuna, these are Garifuna lands.»
According to Ofraneh, the resort is under the management of a powerful class of elite Honduran families directly involved in the 2009 coup. The public-private project covers 80 hectares of the Micos Lagoon. Communities surrounding Barra Vieja such as Miami and Tornabe have been coerced into selling their land. The Honduran government holds 49 percent of the share-holds while 51 percent is in the hands of private business.
When teleSUR asked David when the government may return to carry out the eviction, she responded, «We don’t know yet. They [Honduran authorities] just wait for the orders from Indura.»
Ofraneh has submitted the case of Barra Vieja to the Inter-American Court of Human Rights for precautionary measures and filed for an appeal with the Supreme Court.
Ofraneh explains, «The human and territorial rights of more than 400 inhabitans of Barra Vieja have been violated, this is part of a strategy to expel the Garifuna people from the coast that we have inhabited for more than two centuries.»
On Wednesday October 15, he Norwegian Jewel cruise ship arrived to Trujillo, Colon with 2,376 tourists and 1,100 crew. Five hundred police and military authorities accompanied the tourists within 70 kilometres of the cruise line for the security purposes.
This is the second cruise ship to dock since February 2014 however, the first official inauguration involving government ceremonies and national media attention. The port dubbed «Banana Coast» is a project owned by Canadian Randy Jorgenson and is Honduras’ first mainland cruise port.
In the months leading up to the 2009 coup, Jorgenson illicitly acquired Garifuna land in Tela Bay. Following the coup, he later took over lands in Trujillo, Santa Fe and Guadalupe building villas for foreigners with the Life Vision development project.
Since then, the Garifuna communities have denounced the illegal sale of their communal lands. In the case of Guadalupe, they have communal land titles dating back to 1887.
The Norwegian Jewel is scheduled to arrive weekly in Trujillo throughout October and November whereas Holland America Line’s Ryndamn, Silversea’s Silver Shado and P&O Cruises Adonia have prepared to pass through Trujillo until April.
David explains, «The disadvantage with the people in Trujillo is that they have practically sold everything. Many of them live off of remittances. However, today, they saw the cruise ship arrive, they saw all the foreigners and realized that the cruise line has all their activities planned out. They witnessed that they will not benefit not one cent off this project….They woke up. Let’s see if next time they allow the cruise ship to dock.»
President Juan Orlando Hernandez tweeted welcoming the cruise line and thanking the industry for increasing the number of tourist by 15 percent this year. However, cruise ship companies provide minimal tax income to the countries they visit.
The inauguration of Banana Coast carries on the history of displacement that the Garifuna have faced over the last several centuries since their arrival to the Americas. The Garifuna continue their struggle to defend their survival and as Miranda stresses, «I believe we are in the most danger we have ever been in as a people. We have no other option than to fight back and denounce what is happening against our people.»
Karen Spring of the Honduran Solidarity Network writes that in a recent meeting
… Juan Orlando Hernández (President of Honduras), Daniel Ortega (President of Nicaragua), and Salvador Sánchez Cerén (President of El Salvador) defined their nation’s [sic] interests in projects that would develop the [shared area of the Gulf of Fonseca] and came to an agreement on investments in the following sectors: Infrastructure, tourism, agroindustry, and renewable energy.
The meeting declaration mentions, among other projects
…the «implementation of a Employment and Economic Development Zone (ZEDE) [known as a Model City] that includes a logistics park.» The idea is to convert the Gulf into a «Free Trade and Sustainable Development Zone.»
Radio Progreso has noted that the Honduran government is courting investment for the projects from “the European Union [and] the Inter-American Development Bank and is seeking investors in Panama and the United States.”
The ZEDEs, or “model cities,” are areas in which large portions of the Honduran constitution will not apply, including various sections that apply to fundamental and internationally-recognized human rights.
A National Lawyers Guild (NLG) delegation recently traveled to Honduras to investigate the legal implications of the proposed ZEDEs. In a report released in September, the NLG described how few articles of the constitution residents of the ZEDEs would actually enjoy:
Chapter I, Article 1 of the ZEDE law states that Articles 10, 11, 12, 13, 15, and 19 of the Constitution are fully applicable. These provisions define the territorial limits of Honduras, obligate Honduras to international treaties and forbid the ratification of treaties that damage Honduras’ territorial integrity or sovereignty. The remaining sections of the Honduran Constitution, a document of 379 articles, will have only the effect that they are given by an agreement between the Committee for the Adoption of Best Practices (CABP), the independent governing board of the ZEDEs and the corporate promoters seeking to develop the land. [Emphasis added.]
Many fundamental rights of Honduran citizens who live within the borders of ZEDEs are not protected under the new ZEDE law. These rights include: the right to Habeas Corpus or Amparo 20 , Article 183; the inviolability of a right to life, 65; guarantees of human dignity and bodily integrity, 68; the guarantee against the extraction of forced labor, 69; freedom of expression, 72; protections for a free press, 73; freedom of religion, 77; guarantees of assembly and association, 78, 79, and 80; freedom of movement, 81; the right to a defense, to court access, and to counsel for indigents, 82 and 83; and freedom from non-legal detainment, 84 and 85.
Who is this CABP who will govern the ZEDEs and determine which basic human rights will be granted to their residents?
The 21-member CABP, which was announced in February 2014, includes nine US citizens, three Europeans and only four Hondurans. The CABP is dominated by neoliberal and libertarian activists, several with close connections to former President Ronald Reagan [including Grover Norquist and Mark Klugmann].
Ironically, the ZEDEs are being promoted by some libertarian intellectuals and “activists” as perhaps “the freest cities in the world” despite the fact that the zones will shred another fundamental right, and one usually considered sacred to libertarians: property rights. The NLG explains:
A further particularly troubling aspect of the ZEDE law relates to the provisions that allow for the placement of ZEDEs in areas of “low population density,” and in municipalities in the departments adjoining the Gulf of Fonseca and the Caribbean Sea, without prior consultation with the affected communities.
As an example, the report cites the historic Garifuna community of Rio Negro at Trujillo in Colón, which was disrupted by shady land deals ahead of foreign investment. “ZEDEs have created an increased the fear of such incidents in the future,” the NLG states.
Further down, the report elaborates that “ZEDEs do not present Hondurans with authentic choice because they can be imposed on unwilling communities without any referendum,” and that “If the Honduran National Statistics Institute declares the area to have a lower than average population density for a rural area, Congress may impose a ZEDE on any existing communities in that area without even the basic protection of a referendum.”
The NLG notes that “These provisions …violate international law.”
As both the NLG report and Radio Progreso describe, communities in Zacate Grande and Amapala are among those threatened with losing property to ZEDEs that might be “imposed” on them. As attorney Lauren Carasik, one of the authors of the NLG report, wrote in Foreign Affairs in August, “If Zacate Grande is subsumed into the first ZEDE, the island’s 5,000 inhabitants will lose the right to help determine what happens to its land or its resources.”
This is why, as Spring reported,
Last week on October 23, communities and individuals from all over Southern Honduras (El Transito, Nacaome, Amapala, Zacate Grande, Tegucigalpa, etc) crossed the beautiful Gulf of Fonseca – from Coyolito to Amapala – to participate in a march against the ZEDE project proposed for the area. While some participants handed out copies of the ZEDE law, over 500 people marched from the Amapala dock to the municipality office.
Amapala and neighboring communities are being sidelined from the decision-making process that could lead to ZEDEs in their region of Southern Honduras. Radio Progreso reports that while the Korea International Cooperation Agency is funding a feasibility study for the Gulf of Fonseca region, the study has not been presented to the mayors of the relevant municipalities, Alianza, Nacaome and Amapala en Valle. Residents of the areas being considered for ZEDEs are being told very little. NLG investigators explain that
Virtually everyone in the Gulf of Fonseca region who spoke with the delegation voiced concerns about the government’s unwillingness to explain the effects that ZEDEs will have on existing communities within their borders.
…despite the ZEDEs’ potential to nullify existing labor contracts and labor laws in their territory, members of the union of workers at the port that operates in the Gulf of Fonseca have been told nothing. They fear that the arrival of a ZEDE will spell the end of their jobs when a proposed port at Amapala replaces their livelihood.
As Radio Progreso notes, the Liberty and Refundation (LIBRE) party is hoping to see the repeal of the constitutional amendment and the organic law facilitating establishment of the ZEDEs. Instead, LIBRE is proposing forms of investment that don’t involve “the surrender of national sovereignty and territory.”
On August 14, 2014, the Presidents of Honduras, Nicaragua, and El Salvador participated in the «Second Technical Preparatory Meeting – Gulf of Fonseca» in Managua, Nicaragua.
The Presidents were discussing the elaboration, implementation, and follow-up of «a master investment plan that assures the economic development of the Golf of Fonseca,» a plan that would contain «proposals from each country in order to convert the Gulf of Fonseca into a site of sustainable economic development.»
In the meeting, Juan Orlando Hernández (President of Honduras), Daniel Ortega (President of Nicaragua), and Salvador Sánchez Cerén (President of El Salvador) defined their nation’s interests in projects that would develop the Gulf and came to an agreement on investments in the following sectors: Infrastructure, tourism, agroindustry, and renewable energy.
The meeting declaration outlines 12 agreements that were reached and mentions interest in the development of various projects that would facilitate transportation between the three nations and development in the Gulf. These projects include: a ferry from the La Union Port in El Salvador to Port Corinto in Nicaragua, and a ferry or shuttle from La Union, El Salvador to Potosi, Nicaragua expanding to Amapala and San Lorenzo.
Locals transporting people from Coyolito to Amapala, Oct. 23, 2014
The report also mentions the «implementation of a Employment and Economic Development Zone (ZEDE) [known as a Model City] that includes a logistics park.» The idea is to convert the Gulf into a «Free Trade and Sustainable Development Zone.»
The Amapala dock on the Isla del Tigre, Honduras, October 23, 2014
The declaration itself as well as articles in Honduran national newspapers report that President Juan Orlando Hernandez will request financial assistance for this infrastructure – including a large dock between Coyolito and Amapala – from South Korea, the Central American Bank of Economic Integration (BCIE), and the InterAmerican Development Bank (BID). Shortly after these announcements, on September 5, 2014, La Prensawrote that the BID would finance $7.9 million for projects in the Gulf – $6.6 million for the «Regional Economic Development of the Gulf of Fonseca» and $1.3 million for «Value Chain and Rural Business» program(s). This specific contribution is not the only international loans contributing to ‘development’ in the Gulf of Fonseca.
Approximately one month later, President Hernandez along with other Central American Presidents, presented the «Prosperity Partnership Plan for the Development of the Gulf of Fonseca» to the United States government and the United Nations during a trip to Washington. This Plan is being proposed as one solution to the «constant and growing migration» to the United States, a topic that has picked up pace since the child migration issue became a hot topic in mainstream North American media.
RESISTANCE IN SOUTHERN HONDURAS: COMMUNITIES CONVERGE IN AMAPALA
The march against the ZEDEs in Amapala, October 23, 2014
Last week on October 23, communities and individuals from all over Southern Honduras (El Transito, Nacaome, Amapala, Zacate Grande, Tegucigalpa, etc) crossed the beautiful Gulf of Fonseca – from Coyolito to Amapala – to participate in a march against the ZEDE project proposed for the area. While some participants handed out copies of the ZEDE law, over 500 people marched from the Amapala dock to the municipality office.
Over 500 people waiting for the boats to cross the Golf of Fonseca to participate in the march. Oct. 23, 2014.
One participate from Amapala told me (as was reported in the Honduran press) that three mayors from southern Honduras, including the mayor of Amapala had recently (in July or August 2014) traveled to South Korean to learn about a potential Korean investment in a megaport in Amapala. Since his return, mayor Santos Cruz Guevara, has organized three cabildo abiertos or information sessions in Amapala to inform the population of his trip including that the South Koreans would be conducting a feasibility study in the region in the coming months.
Shortly afterword, one woman in Amapala reports seeing foreigners – thought to be from Korea – measuring land on her property. When asked what they were doing, the group responded that they were measuring land for a project they wanted to build on the island.
Although there are proposals to construct ZEDEs in other parts of Honduras (like in Trujillo for example), the communities participating in the march last week worry that the project has advanced rapidly without informing or consulting the local population as to its specifics or impacts. Many complain of the lack of transparency in which the Honduran government has promoted the project and ZEDEs in general, as well as the potential exacerbation of existing land conflicts if the Honduran government decides to move forward.
The individuals, organizations, and communities in attendance at the march reaffirmed their desire for community development in southern Honduras but emphasized that they were against «that kind» of development or large-scale, top-down, non-participatory, neoliberal development like the ZEDEs/Model Cities.
Karen has lived and worked in Honduras and Central America since 2008 and currently is the Honduras Coordinator for the Honduras Solidarity Network (HSN).
Unas 500 personas de varios municipios del sur del país, participaron en una protesta en contra de las Zonas de Empleo de Desarrollo Económica (ZEDE) y de la minería artesanal e industrial.
Fuente: La Tribuna
Los manifestantes de 13 municipios de los departamentos de Valle y Choluteca se congregaron en Amapala, donde primero realizaron una caminata portando cartelones y mantas alusivas al evento y exigiendo al gobierno no concretizar las ZEDE, porque los sureños no dejarán que la misma se realice.
Los protestantes, incluyendo a sacerdotes, durante el recorrido gritaron consignas como: las ciudades modelo y la minería son la misma porquería; El Dios de la creación no quiere destrucción; El sur no se vende, el pueblo lo defiende; La tierra es de la gente que la lucha y la defiende.
El sacerdote Bernardino Lazo, de la parroquia del municipio de Goascorán, Valle, dijo que como Iglesia están organizando a las comunidades para buscar un desarrollo integral que parta de las necesidades de los pobres y no de la clase pudiente del país.
«En esta manifestación nos une el dolor del pueblo del sur, por lo que buscamos un desarrollo integral del pueblo, pero no queremos las ZEDE porque solo serían beneficiarios los empresarios nacionales y extranjeros», aseveró.
Además de Coddeffagol, Caritas, Iglesia Católica y población, participaron organizaciones extranjeras como Peace-Brigada Internacional, Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (Proah), Oxfam y Pease-Solidaridad con Centroamérica.
Entre Limón y Punta Piedra, sector fronterizo con el mar atlántico en el norteño departamento de Colón, se ha constituido una zona de encuentro y resistencia garífuna, desde donde se impulsa la protección de la esencia cultural Garinagu.
Se trata de Vallecito, compuesto por mil 200 manzanas de tierra propiedad de 6 cooperativas garífunas. En este sector que forma parte del corredor de Trujillo y la Mosquitia, los conflictos son agudos y complejos. Personas vinculadas al crimen organizado, terratenientes y políticos enlazados entre sí, mantienen el ojo puesto en este territorio ancestral garífuna.
“En medio del ambiente de terror y muerte se ha agudizado el conflicto de tierras entre nuestro pueblo garífuna, y el oligarca-terrateniente Miguel Facussé y la familia del ganadero Reinaldo Villalobos”, indicó Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (Ofraneh), una mujer con una valentía indescriptible.
Explicó que fue en un juicio desarrollado en 1997, cuando los garífunas ratificaron judicialmente la legalidad de los títulos de la tierra, en contra del acusador Miguel Facussé, quien había sembrado 100 hectáreas de palma africana en el mismo terreno.
“Por su parte Villalobos se apoderó de manera ilegal de más de 70 manzanas del terreno, aunque él y su esposa murieron, su familia todavía tiene vigilada esta tierra con personas fuertemente armadas con metralletas y controlan el acceso a la playa”, explicó la dirigente garífuna quien el mes de julio sufrió un rapto por hombres armados.
“La tierra donde está la pista es parte de las tierras tituladas a favor del pueblo garífuna por eso nosotros andábamos realizando una inspección, cuando de repente nos encontramos con esta situación que tenía una clara intencionalidad de desaparecernos, porque habíamos sido testigos de lo que estaba pasando con la pista clandestina”, indicó Miranda.
“Afortunadamente, las personas que habían logrado escapar a la captura y se habían enmontañados pudieron hacer un llamado de alerta y denunciar lo que estaba ocurriendo. Esto valió para que los hombres armados se fueran y pudimos regresar al campamento», agregó Miranda.
Defensa del territorio ancestral
Vallecito significa la defensa del último santuario garífuna y esto se ha convertido en una amenaza para grupos del crimen organizado, políticos y terratenientes según nos contó Félix Castillo de la comisión de tierras de la Ofraneh.
Para ellos como pueblo garífuna, según Castillo, la lucha por el territorio que ancestralmente les pertenece, es de suma importancia, considerándolo como reserva territorial para la seguridad alimentaria y lugar para la construcción de la Universidad Garífuna.
“En junio del año 2010 logramos firmar un acta de compromiso con funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) para remedir el terreno en Vallecito. Sin embargo las personas que tienen ocupado el terreno negaron la entrada a miembros del INA y del
Ministerio Público, impidiendo así la remedición acordada, sin embargo debido a la nuestras presiones hemos logrado que este año se siga con el proceso de medición”, indicó.
Un campamento de armonía garífuna
En la entrada de las tierras de Vallecito, desde hace varios años han instalado un campamento garífuna donde de vez en cuando llegan delegaciones de diferentes países para solidarizarse con la lucha del pueblo negro por su tierra ancestral.
En nuestra visita observamos que el ambiente armonioso del campamento es interrumpido algunas noches con ráfagas de ametralladoras que suenan a un aproximado de kilómetro y medio. Sin embargo los bailes garífunas nocturnos que siguen el canto y el sonido de los tambores contagian el ambiente y obliga a echar de menos el sonido de las balas disparadas por integrantes del crimen organizado.
“En este lugar rodeado de muerte, hoy nosotros los garífunas estamos sembrando vida, cultura y esperanza. La tierra la cultivamos de manera orgánica, usted puede observar que tenemos huertos familiares para nuestra alimentación”, manifestó Yilian David de la organización juvenil garífuna Nanigu.
Vallecito futura ciudad modelo
Es conocido que Vallecito queda en una de las tres zonas para las futuras ciudades modelo. Las ciudades modelo estarán ubicadas en tres Zonas Especiales de Desarrollo (Zede), dos en el norte y una en el sur del país. Son zonas autónomas con propios gobiernos y legislaciones para fomentar el libre comercio y de esta manera atraer inversiones.
“En la zona de Vallecito existen múltiples recursos naturales que son de alto interés económico: minerales, petróleo, playas hermosas y tierras fértiles, por eso estas tierras son codiciadas por la oligarquía y la clase política hondureña”, manifestó Mirian Miranda de la Ofraneh.
Explicó que en el caso de Vallecito, cuyos habitantes disponen de títulos legales que no justifican desalojos, la estrategia de expulsión es la ausencia estatal, dejando a las comunidades al libre mando de los terratenientes y sus grupos paramilitares en la zona.
“Lo mismo está pasando en la mayor parte de las comunidades garífunas ubicadas en el atlántico hondureño donde la paz se ha perdido a causa de la invasión de los territorios ancestrales por los proyectos turísticos, la siembra de palma africana y la presencia del crimen organizado”, indicó el joven dirigente garífuna Nahún Lalín.
“Pareciera que el Estado tiene un proceso de expulsión silenciosa del pueblo garífuna a través de industriales poderosos y programas turísticos que únicamente sirven para vender la cultura garífuna. Sin embargo nosotros estamos bien organizados y conscientes que es la hora de defender los que ancestralmente nos pertenece, de ser posible ofrendaremos nuestras vidas”, concluyó.
El 15 de octubre, víspera del día mundial de la soberanía alimentaria, nosotras las organizaciones comunitarias y sociales que integramos esta caminata que se desarrolla en Tegucigalpa, capital de la república de Honduras, nos pronunciamos de la siguiente manera:
Con suma preocupación vemos que:
1. El modelo de desarrollo impulsado por el gobierno actual, se basa en el extractivismo, cuyo principio fundamental es la explotación de los recursos naturales de manera insustentable, el despojo de los bienes naturales a los pueblos indígenas y originarios y la violación de los derechos humanos. 2. La criminalización, persecución y asesinato de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios está a la orden del día y se ha convertido en una política de estado, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana que se oponga a las políticas de despojo impulsadas desde el estado, pone en riesgo su vida. 3. Entre las consecuencias de este modelo de desarrollo se encuentra la sustitución del Estado por una corporación capitalista donde no existen derechos humanos y la población se convierte en mano de obra barata, con formas de trabajo esclavo, que no le permiten a la población cubrir sus más elementales necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, transporte y servicios básicos. 4. La estrategia del régimen de Juan Orlando Hernández ha tomado un rumbo equivocado. Se ha privilegiado los intereses de los grupos de poder político, económico, religioso y militar, para lo cual el gobierno se ha dado a la tarea de vender o alquilar el territorio nacional para incrementar las fortunas de unos pocos nacionales y las corporaciones transnacionales, en detrimento de los intereses del pueblo hondureño en general. 5. El gobierno impulsa las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE), las concesiones mineras, las concesiones para agrocombustibles (palma africana, caña de azúcar, maíz transgénico y otros), las concesiones de ríos y cuencas para generación hidroeléctricas, las concesiones de bosques, la concesiones marinas para pesca y búsqueda de combustibles fósiles y otras acciones en las que se ha cedido el territorio a manos extranjeras, mismas que solamente buscan el lucro de las históricas familias que gobiernan Honduras desde la sombra y en donde el gobierno solamente cumple la función de títere. Es mentira que este modelo de desarrollo traerá empleo y bienestar a la población, esta estrategia destruye los más elementales medios de vida tradicionales de nuestros hermanos y hermanas, pobladores de comunidades tradicionales, pueblos indígenas, pueblos originarios, pescadores (as) y campesinos(as). 6. En el pasado mes de mayo el congreso de la república aprobó la “Ley de Protección de Obtenciones Vegetales”, o ley MONSANTO, Esta ley, no es más que un mecanismo de despojo de las semillas campesinas e indígenas, mismas que han sido desarrolladas, conservadas, mejoradas y adaptadas a diversas condiciones ecológicas, y que son el sustento de miles de familias en nuestro país. Leyes semejantes combatidas y derogadas en varios países latinoamericanos por no ser de ningún beneficio para la población, al contrario solamente buscan el control de la alimentación por parte de compañías transnacionales, con la colusión de empresarios y políticos nacionales. 7. La institucionalidad del Estado, incluyendo el aparato de justicia, los legisladores, cuerpos policiales y militares y los medios de comunicación social, forma parte del equipo de gobierno que impulsa ese modelo de “desarrollo” que empobrece cada día más a la población hondureña, tanto es así que policías y militares se encargan de proteger prioritariamente las inversiones extranjeras en concesiones y de reprimir cualquier descontento manifiesto por las comunidades afectadas por las concesiones y macroproyectos de gobierno en lugar de brindar seguridad a la población. No son pocos las y los dirigentes que han sido amenazados, perseguidos y asesinados por la defensa de derechos en sus comunidades.
Esta CAMINATA POR LA VIDA, busca visibilizar la situación antes descrita para tomar conciencia que, de continuar por la ruta en que vamos, Honduras podría, muy pronto, ser un Estado en donde reine la anarquía y el “sálvese quien pueda”, desde luego quienes se hundirán y perecerán en el caos siempre serán los más pobres y marginados.
Instamos a la gente que forma parte de la institucionalidad del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la población en general y a la comunidad internacional para apoyar las siguientes acciones:
1. Revisar las condiciones en que se están otorgando las concesiones territoriales y de bienes naturales en Honduras, algunas de ellas incluso prohíben la consulta vinculante de la población local. 2. Prohibir cierto tipo de explotaciones en Honduras por su carácter contaminante y depredador, tal es el caso de la minería a cielo abierto, que ha sido prohibida en Costa Rica y en El Salvador. 3. Revisar las concesiones hidroeléctricas que abarcan ríos y cuencas de ríos, especialmente habría que anular aquellas que afectan las zonas protegidas, zonas productoras de agua presentes y futuras, zonas de recreación, zonas espirituales, áreas que constituyen, entre otras, el hábitat funcional de los pueblos. 4. Revisar las leyes que concesionan áreas de pesca industrial en lugares que afectan a los pescadores artesanales hondureños. 5. Replantearse los monocultivos de Palma, Caña y otras formas de producción agrícola, como proyectos de “desarrollo” que desplazan territorios y consumen el agua de los pueblos sin provocar suficiente empleo y beneficios nacionales. 6. Detener las concesiones de las ZEDE mientras no se desarrolle un debate adecuado con las poblaciones afectadas, luego de lo cual debería realizarse la consulta vinculante. 7. Derogar la mal llamada “Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales”, misma que fue aprobada por el congreso nacional según acuerdo numero GDFM 06-2012, del 23 de mayo del 2012, gaceta número 32,827. 8. Convertir en política pública el impulso de la agricultura ecológica, como forma de producción que garantice la alimentación familiar, la generación de empleo rural, el arraigo de los pobladores en sus comunidades y la promoción de un modelo de buen vivir. 9. Establecer de forma obligatoria la consulta a la población, mediante plebiscito para toda concesión de bienes territoriales y naturales que el Estado quiera otorgar, respetando los criterios de Consulta Previa Libre e Informada. En el caso de la minería la consulta debe realizarse antes del otorgamiento del contrato de prospección y no previo a la explotación. 10. Cesar en las tácticas de amenazas, persecución, asesinato de defensores de derechos humanos y líderes y lideresas comunitarios. 11. Respetar y hacer cumplir el convenio 169 de la OIT que otorga tratamiento especial a los pueblos indígenas y originarios.
Tegucigalpa 15 de octubre de 2014
Organizaciones Participantes en la marcha por la vida
Alrededor de 500 personas, transportadas en 12 lanchas, se movilizaron esta mañana desde la península de Zacate Grande hacia la Isla del Tigre en el sureño municipio de Amapala, que actualmente se encuentra entre los lugares donde posiblemente se instale la primera Zona Especial de Desarrollo (ZEDE).
Abel Pérez, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande informó que fue una marcha por la vida en contra de las Ciudades Modelo o las ZEDE. «La marcha comenzó desde las 9 de la mañana, en lancha desde el muelle de Coyolito. Luego se hizo una caminata por las principales calles de Amapala. Lo que exigimos es que evitemos los desalojos y el hostigamiento por las autoridades del gobierno. La península de Zacate Grande es privada, y los habitantes nativos no tienen títulos de propiedad. Utilizarán a la policía militar para terminar de desalojarnos», expresó.
Pérez asegura que los pobladores de la península han sufrido desalojos y expropiación de sus territorios por muchos años y que ya no quieren seguir en esa realidad, ahora empeorada por el proyecto Zona Especial de Desarrollo, que se ha convertido en bandera del actual gobierno de la república.
El golfo de Fonseca está en la mira. La primera semana de octubre, la Agencia de Cooperación de Corea Koica en Honduras nominó a tres municipios del departamento de Valle, con salida al océano pacífico, para ser la primera Zona de Empleo y Desarrollo (Zede) en el país, y según sus estatutos, la primera en el mundo.
El alcalde de Amapala, Santos Cruz, viajó a Busán en Corea para conocer proyectos similares y a raíz de esto, socializó el proyecto en tres cabildos abiertos con la población. Sobre la movilización, Cruz aseguró que él no estaba enterado y que no lo invitaron a dialogar sobre el tema.
«Este es un proyecto de país que el gobierno del presidente Juan Orlando está impulsando, yo solamente se que el gobierno de Corea ayudó con un estudio de factibilidad del que aun no conozco los resultados.
He socializado y he sido contundente que si las Zede le traerán beneficio al municipio, como alcalde estoy en la obligación de apoyarlo, pero si traerán desventajas y problemas al municipio también soy enfático que no apoyaré el proyecto», dijo el edil.
Cruz asegura no saber mucho del proyecto de Zede, y que la ley no la conoce a profundidad, sin embargo, por alguna razón dice estar seguro que es mentira que habrán desalojos. Además explicó que pronto buscará asesoramiento para conocer más a profundidad la ley y el accionar que deberá tener al momento que se dé y el gobierno municipal tenga que diluirse, para dar paso al gobierno que dentro de las Zede se instauraría.
En un comunicado, la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande expresó que » no nos queda más que decir que todos los días debemos ser propositivos/as no se trata solo de protestar sino de proponer soluciones porque hay una realidad y es que nuestro pueblo está pobre y el centro de esta lucha no es la derogación de las ZEDE sino la construcción de un verdadero desarrollo que sea sostenible, que respete nuestra cultura, que realmente sea para los pobres. Con este enfoque que propone el gobierno pretende seguir desarrollando a la clase político empresarial pero nuestra propuesta es que desarrollemos a la gente de tierra adentro».
A esta movilización se sumaron organizaciones como el Comité para le Defensa de la Flora y Fauna Del Golfo de Fonseca (Coddefagolf) y representantes de la diócesis de Yoro.
En peligro patrimonio mundial 
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Según dicha organización, «los agresores -Abelino Martínez y Mauricio Gómez- son personas de la misma comunidad de Puerto Grande y habrían perseguido a Miguel Ángel Vásquez desde la noche anterior con la intención de asesinarlo», informó Defensores en Línea.
Ayer por la mañana fue herido con arma blanca, el defensor de derechos humanos y comunicador social, Miguel Vásquez, en Puerto Grande, comunidad de la Península de Zacate Grande, al sur de Honduras.
Los defensores y defensoras de Derechos Humanos, organizados en las redes de El Paraíso, REDEHSUR, defensores y defensoras de la región del Aguán, Red de Occidente y la Red de Jóvenes del COFADEH, reunidos por primera vez el 8 y 9 de diciembre de 2014 en Tegucigalpa, para analizar y discutir la problemática actual del país en el contexto de nuestra labor, acordamos redactar la siguiente declaratoria y hacer de conocimiento público ante las demás organizaciones sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.
Este modelo económico extractivista impuesto por el Gobierno, originalmente nació como decreto legislativo nº 283-2010 y ratificado bajo el decreto nº 4-2011. Actualmente son, “Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede)”.
Un sur que lucha y resiste
Explicó que fue en un juicio desarrollado en 1997, cuando los garífunas ratificaron judicialmente la legalidad de los títulos de la tierra, en contra del acusador Miguel Facussé, quien había sembrado 100 hectáreas de palma africana en el mismo terreno.
Defensa del territorio ancestral 
Vallecito futura ciudad modelo
odelo de desarrollo impulsado por el gobierno actual, se basa en el extractivismo, cuyo principio fundamental es la explotación de los recursos naturales de manera insustentable, el despojo de los bienes naturales a los pueblos indígenas y originarios y la violación de los derechos humanos.
Honduprensa 