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Minería sostenible es aquella que no se hace, según experto

Ago 21, 2015

Las negociaciones que continuarán el próximo mes de noviembre en Miami, Estados Unidos traerán implicaciones para la vida de las comunidades y el país entero. Pedro Landa (PL), ambientalista y miembro de la Plataforma de Organizaciones Populares y Sociales, dijo a Radio Progreso (RP) que siguen valorando el impacto que tuvo el cónclave minero desarrollado en San Pedro Sula el pasado 12 y 13 de agosto, donde se conformó el Consejo Mundial de la Minería.

RP. ¿Qué evaluación hacen de las acciones en rechazo al cónclave minero? 

PL. Desde un inicio estábamos claros que muchas cosas ya se habían pre-negociado y que el cónclave minero iba a servir únicamente para oficializar los acuerdos, entre los nueve negocios que se harán en el país. Y la agenda ambiental que era la finalidad que traía el Consejo Mundial de la minería, es una iniciativa que se viene impulsando desde hace varios años tratando de maquillar para hacer creer que la oposición al extractivismo únicamente es una cosa ideológica y política no es una cuestión real, y en ese sentido el consejo está apuntando a una serie de principios ambientales que se van a suscribir en el mes de noviembre en Miami, Estados Unidos.

Los acuerdos firmados en este cónclave eran imparables porque las decisiones ya estaban pre-elaboradas, pero lo que es vergonzoso es que sea un hondureño, Reinaldo Ekonomo, un nacionalista furibundo quien se esté prestando a estos negocios.

RP. ¿Desde las organizaciones ven logros en estas acciones?

PL. Creemos que el principal logro fue dejarle claro, no solo a los inversionistas extranjeros, sino también al gobierno de Juan Orlando Hernández y a su grupo de corruptos,  que nos encontramos en resistencia, que van a encontrar oposición y que si invierten en la minería están invirtiendo en problemas, porque las comunidades ya perdieron el miedo, eso fue un elemento claro que estuvo durante los dos días y que se expresó en acciones concretas porque las comunidades están dispuestas a defender su territorio.

RP. ¿Hay regiones que por su ubicación geográfica sean más asechadas por los mineros?

PL. La mayoría de inversiones que se están dando en este momento están relacionadas con los minerales industriales, y cuando uno ve que la franja donde se ubica el hierro, el zinc y  plomo, estamos hablando del centro, noroccidente de Honduras, estamos hablando desde Comayagua hacia Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Ocotepeque, Copán, y desde el otro extremo estamos hablando de Atlántida y Colón. Y cuando uno analiza la cantidad de concesiones que han sido otorgadas desde el 2013 son precisamente en estos sectores.

RP. ¿Qué pasará con los municipios que se declararon libre de explotación minera, si el gobierno está promoviendo una ley de promoción de la actividad?

PL. Nosotros miramos dos cosas: primero las acciones en los territorios que tienen que ver con el derecho que les asiste a las comunidades de defender sus bienes comunes, porque la misma ley de minería violenta el derecho al agua, las empresas gozan del privilegio de utilizar toda el agua que requieran para sus actividades, es allí donde el Estado de Honduras se convierte en un Estado violador del derecho humano al agua.

Y una segunda es denunciar que el Estado violenta la libre determinación de los pueblos cuando impone una actividad que es desconocida por las comunidades. Hay que agotar todos los recursos nacionales para poder acceder al sistema interamericano de derechos humanos.

RP. ¿Ya se han presentado casos concretos donde las comunidades dicen NO a la minería y el gobierno les entrega concesiones a las empresas? 

PL. Sí, tenemos cerca el municipio de El Negrito en el departamento de Yoro. Por varias semanas las organizaciones de la zona realizaron movilizaciones que lograron la declaratoria de municipio libre de explotación minera por parte de las autoridades municipales, en aquel momento habían tres concesiones que el Estado anunció que habían sido otorgadas para explotación, y ahora nos encontramos con la sorpresa que hay ocho concesiones, lo que nos demuestra el irrespeto e indiferencia del gobierno.

Lea también: HONDURAS: ENTRE “RECOLONIZACIÓN” Y RESISTENCIA TERRITORIAL

RP. Frente a toda esta realidad, ¿es verdadero el discurso de minería responsable, minería verde? 

PL. La minería sostenible es aquella que no se hace, porque no podemos pensar que la alteración de un entorno ambiental para extraer minerales del subsuelo no va a generar un impacto, la verdad es que sí generarán un impacto drástico.

RP. ¿Por dónde encaminar la lucha de las comunidades cuando hay un plan para impulsar la minería? 

PL. El tema clave es que tenemos que darnos cuenta que toda la violencia y actos de corrupción que se comenten en Honduras tienen vinculación con la forma de manejar los bienes naturales. Ahora la puesta está en la movilización, organización y articulación de las comunidades, ya que todo el planeta está en riesgo debido al abuso en el consumo de minerales.

Estamos a punto de enfrentar un nuevo nivel de confrontación mundial de los niveles económicos que a través de las armas se van a ir a las guerras por el agua y los minerales en América latina, y es lamentable que Honduras entre en este juego. Que la gente sepa que la presencia minera es una sentencia de muerte a mediano y largo plazo es el punto de partida para comenzar a concientizar a la ciudadanía que es necesario defender los recursos y bienes naturales.

Fuente. http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2322-miner%C3%ADa-sostenible-es-aquella-que-no-se-hace-seg%C3%BAn-experto

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En el sur hondureño radios Comunitarias en defensa de bienes naturales y soberanía

Abr 17, 2015

Ante la amenaza de despojo territorial y muerte por la llegada de las Zonas Especiales  de Desarrollo Económico (Zedes) y la voracidad extractiva minera que desde hace años está perforando el sur hondureño, las radios comunitarias se juntan con el objetivo de hacerle frente a esta problemática nacional.

Las Zedes son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y con autonomía propia. A pesar que algunos sectores enérgicamente se oponen.

El Golfo de Fonseca, un lugar increíblemente fértil, hermoso, diverso,  con gente luchadora, está nominado para ser la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) en el país, y según sus estatutos, la primera en el mundo.

Lea: “Ciudades modelo” van concretándose entre promesas de desarrollo y amenazas de despojo

A través del análisis y la reflexión, las radios comunitarias y organizaciones populares realizan un trabajo de concientización en la población para la movilización encaminada a cuestionar y detener el modelo económico extractivista impuesto por el Estado hondureño.

En 2014 la empresa de koreana de cooperación en Honduras, KOIKA, presentó al gobierno un estudio de factibilidad valorado en 4 millones de dólares, para iniciar con la primera ciudad modelo en el municipio de Amapala, Valle. Aún no se conoce en  detalle lo que contendrá esta Zede.

A esto se le suma, la aprobación de la creación de un “Parque Minero Industrial” en el Corpus, Choluteca, según el decreto ejecutivo PCM -036-2014, publicado en la gaceta el 11 de septiembre de 2014. El gobierno pasó por encima del dolor de la población víctima de la tragedia que cobró la vida de ocho mineros en el Corpus el año anterior.

También lea: Extracción minera hunde y mata al sur hondureño

A criterio del ambientalista Pedro Landa, El Estado hondureño no ha dado suficientes detalles de cómo estaría integrado este Parque Minero Industrial en esta zona declarada como zona de reserva minera.  Según él, uno de los mayores perdedores en este parque serían las comunidades porque se va a obligar a las personas a que vendan sus propiedades.

Ante esta realidad, las radios comunitarias junto a otras organizaciones, realizaron un encuentro el 17 y 18 de abril en Zacate Grande, Amapala, Valle, un lugar con montañas verdes  y con abundancia de animales, entre ellos el venado de Cola Blanca, símbolo nacional. Además una  tierra acaparada por un grupo de empresarios que forman el afamado “Club de Coyolito”.

Un sur que se desangra por la actividad minera

El sur hondureño, es un lugar que desde tiempos de la colonia ha sido explotado por la industria minera. El 1898 el gobierno le otorgó a Cerros del Sur la concesión indefinida para la extracción de oro  en 423 hectáreas de las montañas de El Tránsito, Nacaome, Valle. Además le entregó a esa misma compañía en 1954, las concesiones en el Corpus, Choluteca. Siempre para la explotación de oro de alta calidad.

Para el ambientalista Pedro Landa, en los códigos anteriores de la regulación minera, el gobierno no ponía límite de tiempo a las concesiones de territorios, razón por la cual estas empresas de origen extranjero llevan años enriqueciéndose a costa de los bienes naturales, dejando en miseria y muerte a las comunidades. “Igual con la nueva Ley de Minería, las empresas pueden gozar de territorios concesionados sin límite de tiempo”, añadió.

Desde Radio Progreso tuvimos la oportunidad de conversar con varios habitantes de la comunidad de El Tránsito, Nacaome Valle, un lugar donde la empresa Cerros del Sur dejó de funcionar porque fue acusada de ocasionar daños al ambiente y dejó la mina abandonada.

Sin embargo, los habitantes denuncian que desde el 2013, María Gertrudis Valle se ha presentado como dueña de la mina y ha buscado extraer oro a pesar de no contar con una licencia de explotación por parte del Instituto Hondureño de Geología y Minería, Inhgeomin.

Ante esta situación, la comunidad se ha organizado para impedir que eso suceda y como respuesta a esta acción, seis miembros de la comunidad en contra de la actividad minera han sido denunciados de usurpación de tierra ante las autoridades, dejando en evidencia la criminalización que existe hacía los defensores de los bienes naturales y los derechos humanos.

En la comunidad, producto del uso ilegal de dinamita, las casas construidas con adobe y bloques, presentan rajaduras y amenazas de derrumbes que hacen más precarias las condiciones de vida en la comunidad.

José Trujillo, presidente del patronato de la comunidad de El Tránsito, manifiesta que a pesar de la difícil situación que enfrentan, las ganas y esperanzas de construir un futuro libre de minería y en armonía con los bienes naturales crecen cada día más, pero que se necesita la articulación de las comunidades, organizaciones y radios comunitarias  para hacer frente a un monstruo que está acabando con la vida en Honduras.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1992-radios-comunitarias-en-defensa-de-bienes-naturales-en-sur-hondure%C3%B1o

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San Pedro Sula será el próximo escenario de lucha por los bienes naturales, anuncia ambientalista

Feb 27, 2015

Entrevista. En agosto de este año está programado desarrollarse en San Pedro Sula un gran evento  al que se le llama, Honduras Abierta a la Minería. Se pronostica que unos 400 empresarios de la minería del mundo se darán cita en dicho evento.

“En ella van a venir grandes empresarios mundiales que van a ver cuáles son las condiciones y el mercado que Honduras les está ofreciendo. Esto es como cuando en las comunidades se acostumbra a destazar una res y se ponen todas las piezas para que todo mundo vaya a comprar la carne. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Honduras” explicó el ambientalista e investigador Pedro Landa.

El  Consejo de Minería y de Industria Extractiva, Comercio e Inversiones, Comicoin, es quien organiza este evento, y asegura que este año 2015 Honduras será declarada el país de la minería, y San Pedro Sula, la “capital”.

Pero para Pedro Landa también San Pedro Sula será un escenario de lucha por la vida porque las organizaciones, los movimientos de Derechos Humanos y ambientalistas preparan jornadas de lucha en defensa de los bienes naturales. “Honduras está abierta a la defensa del desarrollo pero un desarrollo que sea humano, que sea sostenible y armónico con el ambiente” dijo Landa.

Radio Progreso (RP) dialogó con el ambientalista e investigador Pedro Landa (PL) sobre la operación de la industria extractiva en Honduras.

RP. ¿Qué debemos entender por industria extractiva?

PL. Las industrias extractivas agarran una gran gama de procesos. Pero en esencia es extraer, y extraer de una manera acelerada, brutal, irracional sin ningún nivel de sostenibilidad los recursos que son de interés de un cierto sector o para una cierta industria.

RP. ¿Qué área incluye el extractivismo?

PL. Podemos hablar de extractivismo de minerales pero también del extractivismo de gas, de petróleo, de agua, de la biodiversidad, explotación del bosque. El extractivismo maneja una lógica de extraer un bien que tiene un valor comercial a cualquier costo. Como sacar el mayor provecho de un bien, de un recurso, que está disponible o que lo ha hecho disponible cierto sector para garantizar esa lógica de explotación irracional.

RP. ¿Cuáles son las amenazas para Honduras?

PL. En Honduras tenemos diferentes niveles de extractivismo. De manera especial y particular, la preocupación está en el tema de la extracción de minerales preciosos y de minerales industriales. Esto se ha estado promoviendo no solo a través de la ley de minería aprobada en el 2013 sino de otras iniciativas como la Ley para Reconversión de la Deuda Pública, conocida como Ley Hipoteca.

RP. ¿Cómo entran las llamadas ciudades modelo?

PL. Dentro de esa misma lógica se ubican las zonas especiales de desarrollo. En ella se extrae el territorio y se explota la mano de obra que se ubica en el territorio. Con ellas vienen las expulsiones de las comunidades.

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RP. ¿Por qué los ojos están puestos en Honduras?

PL. Honduras es parte de la franja más reciente de tierra firme. Tanto América del Sur y América del Norte están unidos por este pequeño cordón que forma Centroamérica, y dentro de ese cordón en Honduras se ubican la mayor cantidad de reservas de minerales preciosos y minerales industriales. Esto también tiene que ver con la conformación geológica que podemos identificar como el famoso cinturón de fuego donde está ubicada toda la cordillera volcánica en el centro-sur del país.

RP. ¿Qué zonas del país están en el ojo del huracán?

PL. Está en primer lugar Santa Bárbara, en segundo lugar se ubica la zona sur, los departamentos de Choluteca y Valle. Por su orden siguen los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Colón y la zona del occidente. De acuerdo a las mismas autoridades del Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, han señalado de que en los 18 departamentos tenemos minerales que son de interés comercial.

RP. ¿Cuál sería un efecto inmediato?

PL. El surgimiento de una nueva categoría de migrantes que serían los desplazados ambientales, porque la crisis que genera la actividad extractiva tiene que ver con la destrucción del territorio que no es solo el lugar de residencia de una persona, de una familia o comunidad, sino el lugar donde se abastece de agua, de energía, de alimento. Estas personas no les quedan otra que convertirse en migrantes que van a llenar los cordones de miseria en las ciudades intermedias que tenemos o van a buscar como alternativas salir del país.

RP. ¿Qué opina del evento Honduras Abierta a la Minería?

PL. Lo que están llamando es que San Pedro Sula sea la gran capital mundial de la minería. En ella van a venir grandes empresarios mundiales que van a ver cuáles son las condiciones y el mercado que Honduras les está ofreciendo. Esto es como cuando en las comunidades se acostumbra a destazar una res y se ponen todas las piezas para que todo mundo vaya a comprar la carne. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Honduras.

RP. ¿Qué va a significar eso para Honduras?

PL. Prácticamente es una subasta que va a significar que los problemas ambientales, los problemas ecológicos, pero también los problemas de salud por contaminación, los problemas sociales de las comunidades que se van a resistir a la imposición de estos proyectos, se agudicen. Vamos a tener una mayor conflictividad social.

RP. ¿Hay conciencia para la defensa de los bienes naturales?

PL. La población es hoy más consciente de que la defensa de los territorios, la defensa del agua es una necesidad básica. Hay como un lema o una consigna que se ha generado que el agua y la vida no tienen precio. Algunos estudios señalan que por cada hora que funciona una mina consume el agua que una familia hondureña consume en 20 años.

RP. El gobierno habla de un evento para atraer a la inversión, ¿por qué desaprovechar esa oportunidad?

PL. Es que el gobierno ve los bienes naturales bajo el signo de dólar, bajo el signo del euro, bajo el signo del oro y lo valoran en función del servicio mercantil y monetario que puedan tener pero si le preguntamos a un campesino, a una campesina qué significa para ellos la montaña, la montaña es fuente de vida, fuente de alimento, fuente de cobijo, entonces son dos formas de ver y valorar la vida.

RP. Si San Pedro Sula no será la capital mundial de la minería, ¿qué será entonces?

PL. Va ser un escenario de lucha por la vida porque las organizaciones, los movimientos de Derechos Humanos y ambientalistas ya hemos identificado que es necesario plantear que Honduras NO está abierta a la minería, que Honduras está abierta a la vida, que Honduras está abierta a la defensa de los bienes naturales, que Honduras está abierta a la defensa del desarrollo pero un desarrollo que sea humano, que sea sostenible y armónico con el ambiente.

RP. ¿Es alta la demanda de minerales en el mundo?

PL. El problema es el alto consumismo. Por ejemplo los teléfonos celulares que están tan de moda. Un teléfono sencillo llega a tener unos 15 minerales pero el celular de un mejor modelo tiene hasta 60 minerales, entonces nosotros estamos alimentando al monstruo que nos está devorando. Yo creo que podemos vivir de una forma que nos beneficie a todos sin la necesidad de continuar devorando los recursos que tenemos ahora.

RP. ¿Cuál es el problema: las leyes, conciencia ciudadana o decisión política?

PL. Las leyes fueron hechas por estos grupos que están en el Congreso Nacional que históricamente estas personas pertenecen y representan a un pequeño grupo de poder, a una oligarquía, que busca sus intereses particulares haciendo negocios mientras están en el poder.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1673-san-pedro-sula-ser%C3%A1-el-pr%C3%B3ximo-escenario-de-lucha-por-los-bienes-naturales-anuncia-ambientalista

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Organizaciones ante reto de iniciar procesos de auditoría social

Oct 03, 2014

Entrevista con Pedro Landa. 

En momento en que las comunidades sufren el embate del despojo de bienes naturales y soberanía, la auditoría social se convierte en una oportunidad para que la ciudadanía participe activamente en el control social de la administración pública, con el objetivo de lograr que la labor municipal se ejecute con transparencia, honradez y calidad en los plazos previstos.

Pedro Landa, analista en temas ambientales informa que hasta el momento no hay ninguna experiencia positiva de auditoría ambiental en el país, pero sí hay organizaciones que están preocupadas por el despojo que realiza el capital transnacional con aval del Estado, lo que puede iniciar un proceso de escudriñar ese accionar de los funcionarios.

Hay intereses marcados de esas comunidades y organizaciones de vigilar y dar seguimiento a las inversiones y procedimientos administrativos, para que se realicen con la mayor transparencia posible.

La realidad nos dice que la voluntad de las comunidades no es tomada en cuenta por gobiernos ni empresa privada, por eso es necesario que el ejercicio de la auditoría se convierte en un proceso de participación ciudadana, tanto de hombres como de mujeres, orientado a vigilar los procesos de la gestión pública que aseguren la transparente ejecución de programas y proyectos, así como la prestación de servicios públicos de manera eficaz y eficiente, tal como lo dice el artículo 59B de la Ley de municipalidades.

El periódico A Mecate Corto (AMC) conversó con Pedro Landa (PL) sobre la importancia de la auditoría social en momentos donde el capital transnacional está apropiándose de los bienes naturales y la soberanía.

AMC ¿Qué entendemos como bienes naturales?, ¿Qué buscan las empresas?
PL. Es una pregunta interesante para esclarecer diversos conceptos. Desde la perspectiva de las comunidades y los indígenas nos remontan al buen vivir. Bienes naturales es sinónimo de bienestar para toda una comunidad.

Existe una gran diferencia en la visión de los gobiernos y el sector privado, que automáticamente asocian los bienes naturales a recursos, una visión mercantilista y utilitarista. Entre los bienes naturales está el agua, bosque, minerales, aire, tierra, subsuelo y todo espacio que una comunidad necesita para desarrollarse.

Las comunidades garífunas e indígenas se declaran usuarios de los bienes, y lo comparten entre vecinos, sus antepasados quienes están allí con ellos, y con las generaciones siguientes como un compromiso de protección de los mismos.

AMC ¿Por qué son tan acechados los bienes naturales?, ¿Qué está pasando con el modelo que ahora está despojando a la comunidad?
PL. Hay varios factores. Primero debemos estar claros que la crisis económica que se vive desde hace más de 10 años y que aún no ha terminado de consolidarse a nivel mundial, generó nuevas necesidades y desafíos, como fortalecer esas monedas que entraron en crisis y que generaron ese debacle en EEUU y Europa. Frente a eso se necesitaba tener un mayor respaldo y esos respaldos tienen que ver con dos tipos de acciones; primero con la disponibilidad de territorios para el incremento de los procesos industriales, y el segundo lugar con la disponibilidad, el control y la propiedad de estos recursos necesarios para la industria, esto a su vez genera una mayor competencia para el control del despojo de bienes naturales.

AMC. ¿Quiénes son los grandes ganadores y perdedores de esta realidad?
PL. El mejor ganador siempre es el capital trasnacional y las grandes corporaciones que tienen mayor control de los recursos y que los utilizan para mantener sus niveles de confort que la misma sociedad de consumo les ha permitido. Y los grandes perdedores son los países empobrecidos, estas comunidades que cuentan con bienes pero que les son arrebatados constantemente.

AMC ¿Qué entendemos como auditoría social en bienes naturales?
PL. La base de la auditoría social es  la capacidad de control de la ciudadanía sobre las acciones que los funcionarios públicos realizan en función del bienestar social. En materia de bienes naturales, ya sabemos que estamos en un proceso agresivo y deshumanizante de entrega de bienes naturales a través de todas las concesiones mineras  e hidroeléctricas, y que la ciudadanía debe iniciar un proceso de monitoreo de los permisos otorgados, y si se debieron aprobar dichos permisos.

Todo esto nos debe llevar a construir un Estado que sea un verdadero protector de la ciudadanía.

AMC ¿Por qué comenzar a realizar auditoría social?
PL. Uno de los aspectos claves para que la auditoría social tenga enfoque preventivo y correctivo, es realizarla en el momento indicado, desde que se comienza el otorgamiento de permisos o vean la presencia de las empresas interesadas en instalar proyectos extractivistas.

Ciertamente existe una clara responsabilidad de realizar auditorías sociales de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia pero también le corresponde, en función de la responsabilidad social a todas las organizaciones que promueven el desarrollo social y humano impulsar, apoyar y acompañar estos procesos que al final contribuyen a transparentar la gestión pública.

AMC ¿Hay capacidad para comenzar a ejercer auditoría social en Honduras? 
PL. Creo que NO, no hay capacidad ni las condiciones para que en el plano inmediato se puedan realizar, es por eso que es necesario que las organizaciones comiencen a formar a la gente. Dando herramientas podemos iniciar un monitoreo del accionar de los tomadores de decisiones.  Solo así verdaderamente podemos administrar los bienes que son importantes para nuestro desarrollo.

AMC ¿Hay esperanza en esta realidad que nos acaba de describir?
PL. Es un momento en que debemos desempeñar un accionar coherente con la vida humana. Ningún hombre ni mujer puede quedarse indiferente frente a esta realidad de despojo, nadie puede que se diga llamar cristiano puede cerrar sus ojos ante ese dólar de nuestros hermanos y hermanas. Eso nos debe llegar a iniciar luchas por recuperar lo que nos quieren robar.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1380-organizaciones-ante-reto-de-iniciar-procesos-de-auditor%C3%ADa-social

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Actividad minera deja rastro de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo

2014-09-07

Honduras

Giorgio Trucchi

Clasificado en: Social, MedioAmbiente, Salud, Economia, Agro, RecursosNaturales,
Disponible en:   Español       

 

Producción agrícola fue afectada por extracción de oro en un 70% desde el inicio de la actividad minera. 19 de 21 fuentes de agua se secaron
“Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y abandono en que vivimos”.
El desahogo es de Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria. Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento Francisco Morazán, en Honduras, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.
El Valle de Siria está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80 (Fisher Watt Gold Company), pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro- de la mina San Martín.
El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socios-ambientales.
Minas a cielo abierto
Cuando se aplica el método de la minería a cielo abierto, lo primero que se hace es arrasar con los árboles y todo lo que es vegetación. Luego se desecha la capa de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad, usando cargas explosivas y maquinarias.
Una vez que se extraen las rocas del subsuelo son transportadas por enormes camiones a una planta de trituración, donde son convertidas en polvo y trasladadas a las canchas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades de agua cianurada para separar las partículas de oro (Informe Ejecutivo “La Mina San Martín en el Valle de Siria”, 2013).
“Entre Mares S.A. llegó al Valle de Siria con la teoría de darle empleo y desarrollo a miles de personas. Lo que generó en realidad fueron unos 330 puestos de trabajo y más pobreza para miles de familias campesinas que se quedaron sin ingresos. Todo fue una gran mentira, y pasamos de ser el primer productor de granos básicos del departamento Francisco Morazán a una de las zonas más afectadas y envenenadas del país”, dijo Carlos Amador a Opera Mundi.
De acuerdo con investigaciones realizadas por el Cehprodec (Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario), en el Valle de Siria vivían unas 7 mil familias, es decir 42 mil personas que fueron embestidas por los impactos de la minería.
“Se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, afectando la producción agrícola que se redujo del 70%. Además, 19 de las 21 fuentes de agua que existían ya se han secado y las que quedan están contaminadas con metales pesados. Esto generó una emergencia hídrica sin precedentes”, explicó Pedro Landa, especialista en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales y del Cehprodec.
Además, las comunidades nunca fueron consultadas, ni informadas sobre los riesgos que la instalación de la minería metálica a cielo abierto traería para la región. De igual forma, las leyes nacionales y varios convenios internacionales ratificados por Honduras fueron violados. Ni siquiera el aporte al Fisco nacional y municipal, que resultó ser insignificante si lo comparamos con el jugoso negocio de la transnacional minera canadiense, pudo justificar la magnitud de los impactos sobre las comunidades, sus territorios y condiciones de vida.
Un pueblo enfermo
Según las diferentes organizaciones que integran el Comité Ambiental del Valle de Siria, durante más de 8 años de explotación minera los impactos socio-ambientales generados por Entre Mares S.A. (Goldcorp), con el silencio cómplice de las autoridades locales y nacionales, fueron devastadores. Además de romper el tejido social, dividir y desplazar a las familias campesinas, dichas organizaciones denuncian graves afectaciones a la salud de las personas.
“Se realizron varios estudios y confirmamos que la actividad minera ha provocado graves problemas dermatológicos y de la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos. También se detectaron niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las personas. Lo más preocupante es que este tipo de contaminación permanecerá en el ambiente por más de cien años”, alertó el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura).
La investigación “Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana”, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.
Además, todos los valores de plomo y arsénico en la sangre de las personas analizadas resultaron superiores a los valores considerados peligrosos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).
“Nuestras aguas y los cultivos fueron contaminados. Hay decenas de personas con altos niveles de metales pesados en la sangre, mientras otras sufren por las llagas en el cuerpo y por un sinnúmero de enfermedades”, lamentó Ronald López, coordinador del Comité Ambiental del Valle de Siria.
Según él, la empresa cerró operaciones y ni siquiera restauró la parte forestal ancestral. Tampoco se está responsabilizando por los drenajes ácidos que salen de las instalaciones mineras, ni por la pérdida de cultivos y ganado. “Ante este escenario dantesco, ni la empresa, ni las autoridades están haciendo algo para apoyar a las víctimas, más bien tratan de minimizar lo que ha ocurrido”, argumentó López.
Protesta social
A medida que se fueron dando cuenta que las promesas de la empresa, no solo no eran reales, sino que, en vez del desarrollo, traían grandes problemáticas, los pobladores decidieron conformar el Comité Ambiental. De esta manera buscaban aglutinar a los diferentes sectores sociales y organizar grupos en cada comunidad, empoderándose de la problemática para contrarrestar la expansión del proyecto San Martín.
Ante esta situación, la respuesta de la empresa no se hizo esperar. “Me capturaron el 5 de julio de 2011 junto con otros compañeros, acusándonos de haber obstaculizado un plan de manejo forestal para despalar 1800 hectáreas de bosque en el cerro La Torrecita. Estuvimos 18 meses con medidas cautelares sustitutivas y, finalmente, logramos demostrar nuestra inocencia”, recuerda Carlos Amador.
De igual manera, varios activistas del Comité Ambiental han venido sufriendo persecución, hostigamiento y hasta amenazas de muerte. Sin embargo, la criminalización de la protesta y el contexto de miseria, enfermedades, escasez de agua, desempleo, así como la pérdida de soberanía alimentaria, del tejido social y de la tenencia de la tierra, han generado anticuerpos en la población.
“Hoy en día la inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier tipo de presencia minera en la zona y lucha por la defensa de los bienes comunes, porque ha podido probar en su propia piel las consecuencias de esta actividad”, aseguró Ronald López.
Sin embargo, el Comité Ambiental del Valle de Siria no puede bajar la guardia ni tan siquiera un segundo. “Los principios no se venden, ni se negocian y, por eso, estamos en alerta roja y listos a declararnos en rebeldía ante cualquier intento de Goldcorp de regresar a la zona. Seguiremos exigiendo que se reparen los daños ambientales, que se indemnicen a las personas enfermas y a las que fueron desplazadas de sus tierras”, concluyó Amador.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
Fuente español: LINyM

Fuente: http://alainet.org/active/76889&lang=es

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Extracción minera: hunde y mata al sur hondureño

Ago 04, 2014

En los rostros de los más pobres se puede ver el cansancio, el dolor, la angustia, la falta de oportunidades y la muerte, fruto de un modelo extractivista voraz que está acabando con la vida de la madre tierra y las personas.

Muestra de esta triste realidad, fue lo sucedido en la mina artesanal de San Juan Arriba, de El Corpus, Choluteca, en el sur de Honduras. El 2 de julio, fue un día funesto en el que 11 mineros quedaron soterrados, luego de hacer las labores de extracción de oro utilizando explosivos. Ese día y lo que sucedido días posteriores marcó la historia del país por una realidad que había estado latente desde hace mucho pero en el anonimato.

El Corpus, es un municipio que colinda con El Triunfo, otro de los lugares codiciados por las empresas mineras en el sur del país. El Corpus fue descubierto por una mina que se explotaba en 1585 llamada Clavo Rico, y que se reactivó en 1954 con el mismo nombre, hasta ahora sigue explotando 5 concesiones que le fueron otorgadas por el mismo Estado.

Esta empresa de origen estadounidense que explota oro y plata, demandó al Estado     porque personas de la comunidad “usurparon” tierras concesionadas. Al ganar la demanda, el Estado le paga millones de lempiras al año y la empresa simplemente compra el mineral a los pequeños mineros que se apropiaron de las tierras, según Pedro Landa, de la Coalición de Redes Ambientales. “La empresa gana siempre, el Estado le paga millones y ellos le compran a los mineros artesanales el mineral sin caer en responsabilidad de cómo se están explotando estas minas”.

Emilio Muñoz (30), Yovanny Cárcamo Muñoz (18), Arony Zepeda (21), Florentino Anduray (25), Olvin Anduray (19), Óscar Fúnez (23), Santos López (30) y Wilmer Ramírez (22) son los ochos mineros que murieron soterrados en la mina de San Juan Arriba. Nehemías Méndez (25), Brayan Escalante (18) y Bayron Maradiaga (19), son los tres obreros de los once que fueron rescatados con vida.

La montaña donde se encuentra El Corpus está perforada, los mineros lo saben, los dueños de los túneles también y las autoridades por supuesto no lo desconocen.

En fin, toda la comunidad conoce la situación de riesgo en la que se encuentran producto de la extracción minera. Sin embargo, los trabajos se siguen llevando a cabo sin tomar en cuenta el peligro mortal que esto implica.

“El trabajo en la mina, es la única fuente de empleo aquí”. Esta es la frase que más resuena en toda la montaña de El Corpus, un lugar muy verde, muy rico en minerales y muy apto para la siembra del café, pero que cuenta con gente muy pobre, sin oportunidades y explotada por las industrias mineras, meloneras,       camaroneras, entre otras. La gente lo sabe y lo dice, siempre en el anonimato con impotencia y dolor, comenta Landa.

Doña Ana Joaquina Anduray, tía de Florentino y Olvín Anduray, dos de los ocho mineros soterrados, en medio de su dolor nos dejó ver la triste realidad en la que viven las familias de El Corpus. Doña Ana, al igual que varias mujeres, se dedicaba a la venta de golosinas en la entrada de la mina La Cuculmeca, donde quedaron soterradas las alegrías de su familia.

“Se ha perdido lo mejor de mi familia, mis sobrinos eran hombres de Dios, este dolor es terrible,” decía con la mirada puesta en el monte Doña Ana, quien buscaba en las casas cercanas a la mina, un lugar para bañarse y cambiarse de ropa junto a otras compañeras, pues las mujeres realizaron una gran labor en la búsqueda de los mineros soterrados.

Una tragedia que se pudo prevenir


Desde hace dos años, el Instituto Hondureño de Geología y Minería (INGEOMIN), elaboró un estudio técnico sobre la magnitud del riesgo de esta mina en el que recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, a la Secretaría del Trabajo, a la Alcaldía de El Corpus y al Ministerio Público, adoptar las medidas necesarias para prevenir este tipo de tragedias. Este estudio recomendó la paralización inmediata de las labores en la mina porque las vidas de los trabajadores corrían grave peligro. No obstante, todos y todas conocemos el terrible final.

Después de la tragedia en la mina de San Juan Arriba, INHGEOMIN, elaboró un informe donde expone la necesidad de cerrar urgentemente toda actividad minera en San Juan Arriba de El Corpus, Choluteca. Sin embargo, a pesar de esas recomendaciones técnicas, las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Luis Andrés Rueda, solo emitieron una ordenanza de cerrar las actividades mineras por un mes. Dejando la posibilidad de que las “rastras”, como popularmente se le conoce a los molinos artesanales, continuaran trabajando unos días más. Esto se dio a conocer en cabildo abierto, el pasado 10 de julio en El Corpus.

“En estos días se evidenció la negligencia e inoperancia de los entes del Estado, funcionarios que tienen responsabilidad en la regulación de los minerales en Honduras, además los entes que deben investigar los hechos que originaron la tragedia, y que tienen a ocho familias llorando por su seres queridos. Hay que profundizar y abrir el debate sobre las condiciones de explotación en que viven los trabajadores mineros”, dijo Pedro Landa.

Los más pobres, víctimas de la extracción minera

En el parque central del municipio, a un costado de la Parroquia Nuestra Señora de la Purificación, justo encima de una mina colonial, A Mecate Corto, tuvo la oportunidad de conversar con Bayron Maradiaga, un joven de 19 años, de contextura muy delgada y de piel clara, uno de los tres sobrevivientes de la mina, quien nos contó aquellos momentos de agonía que pasó junto a sus compañeros. Bayron tenía dos años de trabajar en la mina extrayendo oro.

“Esta experiencia fue terrible, ese día ya habíamos terminado todas las labores y ya veníamos de regreso, de pronto sentimos que el techo que estaba encima de nosotros tronaba y de repente un aire nos sopló y cuando salimos corriendo la salida ya estaba sellada”, dijo Maradiaga.

El joven minero solo recuerda cómo sus compañeros que aun están soterrados en la mina les pedían auxilio y lloraban porque no soportaban el peso de las piedras, pero dice que después de media hora ya no los volvieron a escuchar.

Hasta el cierre de esta emisión, en la mina La Cuculmeca se encontraban los cuerpos de ocho mineros que no pudieron ser rescatados. Las labores de rescate fueron suspendidas el pasado 11 de julio, ante la oposición de los obreros quienes querían seguir buscando a sus compañeros.

Para Doña María Méndez, una señora que se dedica a la venta de frutas que cultiva en su solar, la extracción minera es una enfermedad que está matando al pueblo. “Si no se muere soterrado como les pasó a estos muchachos, a los hombres le salen hongos en la piel por tanto químico que usan” expresó Doña María, haciendo referencia de su primo Concepción Pérez, un señor de 64 años de edad quien junto a otros hombres padecen de un hongo en la piel, supuestamente por el mercurio metálico que se usa para separar el oro de la broza, la piedra que se extrae de la mina.

Conversamos también con Concepción Pérez, quien manifiesta que hasta el momento no han recibido la atención médica al problema de los hongos que ellos padecen, ya que los centros de salud en la zona no tienen capacidad para atenderlos y les toca sobrevivir con esas enfermedades.

Un obrero minero gana entre 250 y 300 lempiras al día, ya sea por extracción, acarreo o molienda de la broza, pero por el alto costo de la vida en el país, las personas se ven obligadas a buscar migajas de oro en los botaderos de los molinos artesanales o en la quebrada contaminada por el mercurio de San Juan Arriba. Con esta acción se logran ganar entre 200 o 100 lempiras adiciones que apalean un poco la crisis económica del hogar, nos contó Don Concepción, sobándose sus manos afectadas por los hongos.

Riqueza abajo, pobreza arriba

El Corpus, es una comunidad sencilla y pobre, insertada en una montaña muy rica, donde se extrae oro en cantidades industriales. Las familias con todo ese oro podrían vivir perfectamente cubriendo todas sus necesidades, pero lamentablemente la realidad es otra. El oro se queda en pocas manos.

Las autoridades hondureñas presentaron un requerimiento fiscal contra tres personas encargadas de contratar a los obreros que operan en la mina la Cuculmeca de San Juan Arriba. Geovanny Zepeda, Eduard Maradiaga y Virgilio Gúnera, son acusados por los delitos de usurpación, daños, lesiones y homicidio culposo. Hasta el momento se desconoce el seguimiento que ha llevado el caso.

En los primeros días de la tragedia, pudimos entrevistar a Virgilio Gúnera, quien manifestó que él no es responsable de la situación y que no tenía ninguna vinculación con la extracción que allí se realizaba, pero Don Edas Salinas, hermano de Juan Nicanor Velásquez, dueño del terreno de la mina, argumenta que Gúnera le pagaba a su      hermano más de 70 mil lempiras mensuales por el alquiler del     terreno y que esa explotación   estaba a cargo de Gúnera.

A Mecate Corto, pudo conversar con Ana Zepeda, sobrina de Geovanny Zepeda, uno de los mineros empresarios acusados por las autoridades. Ana junto a su padre Leónidas Zepeda, son dueños de molinos artesanales y 40 manzanas de tierra de donde extraen también oro. Ana nos explicó que cada molida de la broza dura 24 horas, y que cada vez que se muele, su familia saca entre 30 o 35 gramos de oro, mismos que venden a Metal del Sur o Clavo Rico. Cada gramo es vendido a más de 600 lempiras según sus quilates.

“Geovanny Zepeda es quien más oro saca, en cada molida saca entre 300 o 500 gramos, porque él cuenta con tecnología de primera”, nos dijo Ana Zepeda mientras maquillaba su rostro con cosméticos marca Clinique y Lancome, productos de alto costo en el rubro de la belleza.

No cabe duda que el negocio de la extracción minera es bueno, para las familias que tienen el control en las comunidades y para las empresas que gozan del territorio que los gobiernos les han obsequiado. Mientras tanto para los sectores más empobrecidos de la sociedad, la minería, aparte de ser una única opción laboral, se convierte en una muerte segura y en un tema sin importancia para los grandes medios de comunicación.

¿Cuál es la alternativa?

El gobierno de Juan Orlando Hernández, propone la creación de un parque minero industrial. Supuestamente equipado y con gente capacitada para evitar más accidentes en una tierra que ya no tiene condiciones para seguir siendo perforada. Otto Vilchez representante de los mineros empresarios, manifestó que están de acuerdo con esta propuesta, siempre y cuando no haya participación de COALIANZA. Esto pasará de ser minería artesanal a minería industrial.

Por su parte Pedro Landa, asegura que hay una hipocresía enorme porque la gran minería es más dañina que la minería artesanal. “Está mal señalar que la minería artesanal es mala y la gran minería es buena cuando vemos casos como el de Valle de Siria, en Francisco Morazán donde se criminaliza a las personas que defienden sus territorios y el agua, sin embargo los grandes mineros que andan de sacos y corbatas están financiando las campañas políticas y son los grandes bienhechores de este país”.

Para Landa, una solución no puede ser clausurar las minas, sino tener como alternativa la creación de pequeñas cooperativas y que el Estado les brinde capacidades para que lo hagan con todas las medidas de seguridad. Así los obreros dejan de ser víctimas de terratenientes y políticos implicados en la explotación al margen de la ley y de las grandes empresas que les compran el oro a precios sumamente bajos.

“Debemos reflexionar sobre la política abierta de extractivismo que propone el Estado, ya que la misma no tiene ningún sentido cuando vemos que se pone en riesgo vidas humanas, cuando no hay intención de los gobiernos de apoyar a estas personas que están rasguñando la tierra para poder vivir. Y por otro lado abren la puerta para la gran industria minera, las grandes empresas que hacen sus ganancias a costa de la destrucción del territorio”, explicó Landa.

Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre la situación de la minería en Honduras apunta que la explotación minera en el país irrespeta los derechos humanos, causa grandes destrucciones al ambiente y deja muy pocos ingresos para justificar una política pro minera del Estado.

Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización, así lo reveló el reciente diagnóstico realizado por el ICEFI. Esta industria tiene muy bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en dinero. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias por su parte, buscan el camino para articular una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de los bienes naturales.

Tal como lo menciona Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales en Honduras, la tragedia de los mineros en el Corpus, Choluteca no es única; es la expresión de la trágica realidad de la minería, y para hacerle frente es necesaria la articulación y movilización para defender la vida, desde la lucha organizada, popular, pacífica y no-violenta.

Landa hace el llamado a las organizaciones a trabajar para denunciar las irregularidades y su oposición a la instalación de esta industria o cualquiera que atente contra la soberanía, territorios y los bienes naturales. “Y aquí ponemos como ejemplo el trabajo de las comunidades del departamento de Atlántida quienes están librando un lucha en rechazo a la instalación de minas e hidroeléctricas en la región. Esa comunidades están conscientes de los severos daños que provocarán estas empresas”, concluyó Landa.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/1246-extracci%C3%B3n-minera-hunde-y-mata-al-sur-hondure%C3%B1o

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Nueva fase de conflictos se esperan por fiebre del oro en Honduras

Jul 18, 2014

Dos semanas han pasado desde la tragedia ocurrida en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca. En estos días el dolor y olor a muerte no se desprenden de esta zona donde la inoperancia estatal anuncia la agudización de conflictos.

Desesperados por el temor a perder su única fuente de ingresos, los mineros protestaron esta semana en contra de los requerimientos fiscales que el Ministerio Público inició en contra de tres propietarios de la mina La Cuculmeca.

“En estos días se evidenció la negligencia e inoperancia de los entes del Estado, funcionarios que tienen responsabilidad en la regulación de los minerales en Honduras, además los entes que deben investigar los hechos que originaron la tragedia, y que tienen a ocho familias llorando por su seres queridos. Hay que profundizar y abrir el debate sobre las condiciones de explotación en que viven los trabajadores mineros”, dijo Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales.

Lo ocurrido en El Corpus es un llamado para abrir el debate sobre la instalación de la industria extractiva en el país. Desde las instancias oficiales lejos de promover el discurso que la minería artesanal es nociva y que genera riesgo para los trabajadores,  es necesario comenzar a discutir si la respuesta es la gran empresa minera, y si es el capital trasnacional la salida al problema de la zona, apunta Landa.

Investigar

Según recuentos de la Coalición de Redes Ambientales, en los últimos años se han producido un promedio entre 2 a 4 muertes accidentales al año producto de derrumbes y la manipulación de mercurio, ya que las personas intentan sacar el oro de manera manual.

“Con estos antecedentes es necesario comenzar procesos de investigación para saber quiénes son las mafias que realmente se están beneficiando de la explotación del oro, quiénes son los dueños de los molinos, porque entendemos que existe capital hondureño y salvadoreño. Quiénes están proporcionando la dinamita, un explosivo  prohibido en el país, y que únicamente es utilizado por las Fuerzas Armadas, un Estado responsable debe comenzar a investigar estas preguntas” dice Pedro Landa.

Sobreviviente

A quince días de la tragedia, Byron Maradiaga, uno de los sobrevivientes, recordó aquellos momentos de agonía que pasó junto a sus compañeros. Él corrió con la suerte de ser rescatado del túnel donde ocurrió el derrumbe; este joven, que durante dos años trabajó extrayendo oro en San Juan Arriba, relató cómo pasó soterrado durante dos días.

“Esta experiencia fue terrible, ese día ya habíamos terminado todas las labores y ya veníamos de regreso, de pronto sentimos que el techo que estaba encima de nosotros tronaba y de repente un aire nos sopló y cuando salimos corriendo la salida ya estaba sellada”, dijo Maradiaga.

El joven minero sólo recuerda como sus compañeros que aún yacen en la mina, les pedían auxilio y lloraban porque no soportaban el peso de las piedras, pero dice que después de media hora ya no los volvieron a escuchar.

Aún en la mina La Cuculmeca se encuentran los cuerpos de ocho mineros que no pudieron ser rescatados por el grupo de obreros y los cuerpos de socorro, las labores de rescate fueron suspendidas el pasado 11 de julio.

Conflictos

Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización, así lo reveló un reciente Diagnóstico realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Esta industria tiene muy bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en dinero. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias que buscan el camino para articular una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales.

Tal como lo menciona Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales en Honduras, la tragedia de los mineros en el Corpus, Choluteca no es única; es la expresión de la trágica realidad de la minería, y para hacerle frente es necesaria la articulación y movilización para defender la vida, desde la lucha organizada, popular, pacífica y no-violenta.

Landa hace el llamado a las organizaciones a trabajar para denunciar las irregularidades y su oposición a la instalación de esta industria o cualquiera que atente contra la soberanía, territorios y los bienes naturales. “Y aquí ponemos como ejemplo el trabajo de las comunidades del departamento de Atlántida quienes están librando un lucha en rechazo a la instalación de minas e hidroeléctricas en la región. Esa comunidades están conscientes de los severos daños que provocarán estas empresas”.

En igual proceso también están las comunidades del occidente que se aglutinan en el Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS, un espacio que está informando, organizando y formando a la ciudadanía para que sean capaces de reconocer qué tipo de desarrollo quieren.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1192-nueva-fase-de-conflictos-se-esperan-por-fiebre-del-oro-en-honduras

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Situación de mineros en Choluteca es aún una tragedia que está en desarrollo

Jul 16, 2014

El temor de perder su única fuente de empleo llevó a que los mineros artesanales de la comunidad de San Juan de Arriba, El Corpus Choluteca realicen protestas en rechazo a las acciones judiciales que inició el Ministerio Público en contra de tres propietarios de la mina. 

La acción de los mineros fue rápidamente contenida por miembros de la Policía Militar y del Ejército que se encuentran en la zona desde la tragedia que aún mantiene a 8 familias pidiendo el cuerpo de sus seres queridos. 

Para el analista Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales, es claramente justificable las acciones de estos mineros, quienes tienen temor de perder su única fuente de trabajo, lo que significa la oportunidad de medio para sobrevivir en esta zona abandonada y en precarias condiciones. 

Para Landa es responsabilidad del Estado lo que ocurre con estos mineros y sus familias, ya que nunca han tenido una política inclusiva para brindar las necesidades que existen en la región. 

Para el experto en industria extractiva, en la zona Sur del país existen muchos otros proyectos que se puede instalar sin perjudicar la vida de las comunidades, una de ellas es la instalación de paneles solares para la generación de energía solar, ya que el clima de la región es propicio para esta actividad.

Por otra parte, hoy, se cumplen dos semanas de la tragedia en la mina La Cuculmeca, de la aldea San Juan Arriba de El Corpus, Choluteca.

El dos de julio de 2014, será un día que los únicos tres sobrevivientes y los familiares de los ocho obreros que quedaron soterrados, jamás podrá ser olvidado.

Byron Maradiaga, corrió con la suerte de ser rescatado del túnel donde ocurrió el derrumbe; este joven, que durante dos años trabajó extrayendo oro en San Juan Arriba, relata cómo fueron los momentos de angustia que vivió soterrado durante dos días.

“Esta experiencia fue terrible, ese día ya habíamos terminado todas las labores y ya veníamos de regreso, de pronto sentimos que el techo que estaba encima de nosotros, tronaba y de repente un aire nos sopló y cuando salimos corriendo la salida ya estaba sellada”, dijo Maradiaga. 

 

Maradiaga sólo recuerda como sus compañeros que aun yacen en la mina, les pedían auxilio y lloraban porque no soportaban el peso de las piedras, pero dice que después de media hora ya no los volvieron a escuchar.

 

Aún en la mina La Cuculmeca se encuentran los cuerpos de los ocho mineros que no pudieron ser rescatados por el grupo de obreros y los cuerpos de socorro, las labores de rescate fueron suspendidas el pasado 11 de Julio.

 

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1180-situaci%C3%B3n-de-mineros-en-choluteca-es-a%C3%BAn-una-tragedia-que-est%C3%A1-en-desarrollo

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JOH denuncia nexo narcotráfico-minas

Domingo, 13 Julio 2014 23:30

Galería de imágenes

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Según denuncias de organizaciones sociales y vecinos en la zona por la actividad minera, se vierten enormes cantidades de mercurio en ríos y riachuelos, lo que ha causado un daño irreversible en la fauna y en la capa vegetal.

Tegucigalpa, Honduras

A 13 días de que el cerro Cuculmeca de San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca,  implosionara y se tragara a 11 mineros –de los cuales 3 pudieron ser rescatados con vida -el gobierno central abandonó los trabajos de rescate en la zona.

La indignación de las familias de los mineros es creciente. No obstante, el gobierno de la “Vida Mejor” manifestó que estar en la zona es exponer la vida de los rescatistas y vecinos.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, arremetió con fuertes críticas para el Ministerio Público por su incapacidad de actuar rápidamente en el caso de los obreros soterrados en una mina artesanal.

Frente a ello, Hernández declaró que “no se si algunos de los propietarios están relacionados con el crimen organizado. Yo diría a la Fiscalía que nos demuestre en cuanto antes las pruebas sobre el caso”.

“En este sistema de explotación hay gente que prácticamente actúan como delincuentes. Los mineros, la gente humilde, no debe seguir siendo explotada de manera perversa, esa es la esclavitud del siglo XXI”, denunció el gobernante.

REQUERIMIENTOS
Entre tanto y tras el llamado de atención de Hernández al Ministerio Público (MP), la institución emitió requerimientos fiscales en contra de tres de los propietarios de la mina de San Juan Arriba.

En ese sentido, el director de Fiscales, Rolando Argueta, anunció los primeros requerimientos fiscales en contra de los accionistas de la minera en la que todavía siguen en su interior ocho trabajadores sin posibilidad de ser rescatados.

Los requerimientos son en contra de Geovany Zepeda; Eduard Maradiaga y Virgilio Zúniga y han sido presentados una vez que se estableció que se estaba explotando el mineral sin ningún permiso.

“Nosotros como ente acusador, hemos estado en la investigación de este tema que ya todo el pueblo hondureño conoce, que desde hace muchos meses atrás hemos emprendido con la responsabilidad del caso y estamos en la capacidad de poder confirmar la presentación de las acciones penales correspondientes ante los juzgados competentes”, señaló Argueta.

Asimismo, informó que el MP es de la consideración que esas personas han  cometido el delito de usurpación contenido en el artículo 231 del Código Penal y el de daños, en el artículo 255.

Añadió que las acciones penales son en función de acontecimientos ocurridos en 2013 y en este año, cuando se les acusa de cometer los delitos de lesiones y de un homicidio culposo en un hecho suscitado el 22 de julio del año pasado.

La cifra
Los explotados mineros de Cuculmeca y alrededores ganan a diario 300 lempiras, según estimaciones oficiales.

Mineros
Hasta el momento, son ocho los mineros que permanecen 80 metros al interior del Cuculmeca en espera de ser rescatados por los cuerpos de socorro. Sin embargo, estos ya retiraron el equipo de ayuda.

Pobladores del sur repudian la minería

Una multitud de pobladores de varios municipios del sur del país protestaron pacíficamente en Nacaome, Valle, en contra de la exploración y explotación minera.
La marcha pacífica que inició a la salida de Nacaome hasta llegar a Jícaro Galán, se dio en el marco de reclamo ciudadano de que esa actividad atenta contra la salud de las personas y del entorno ambiental.

Por tanto, fueron diferentes organizaciones  que se apostaron en la movilización a favor del medio ambiente y contra la minería a cielo abierto, además que exigieron la derogación de la nueva Ley de Minería por ser atentatoria a la vida, según los manifestantes.

El coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, Pedro Landa, dijo que “hay problemas de minería en la mayoría de los nueve municipios de Valle, además en los municipios de El Corpus, El Triunfo, en el departamento de Choluteca”.

Los empresarios mineros pretenden usurpar los recursos que le pertenecen a las comunidades, indicó.
Landa informó que la población de Valle se ha volcado a las calles para exigir al gobierno la no realización de proyectos mineros ya que solo trae destrucción y muerte en las comunidades.

Fuente: http://www.tiempo.hn/sucesos/noticias/joh-denuncia-nexo-narcotrafico-minas?utm_source=sucesosTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Once mineros atrapados en El Corpus: Víctimas de la voracidad extractivista

Jul 04, 2014

Hasta el cierre de este boletín informativo, tres de los once mineros atrapados en la mina artesanal en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca han sido rescatados por equipos de El Salvador, Guatemala y Honduras y las fuerzas vivas de la comunidad. Este caso atrapó la mirada de propios y extraños a pesar que días atrás se advirtió de tales consecuencias.

Casi 48 horas se cumplen de haber desaparecido en una bocamina 11 hombres en el sur del país por un accidente que ha dado la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales que de inmediato compararon esta situación con lo sucedido en Chile hace dos años. Sin embargo, la realidad hondureña dista mucho de la chilena, y este accidente muestra las víctimas más frecuentes de la explotación minera.

Este tipo de accidentes en minas artesanales son comunes, hay personas cercanas a la mina que aseguran que incluso el año pasado murieron tres personas en ese mismo sector mientras trabajaban en lo que consideran su única fuente de empleo. Los compañeros y familiares de estos mineros atrapados han dejado claro que ellos prefieren morir soterrados que morir de hambre, se arriesgan para sobrevivir.

El especialista en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales, Pedro Landa, asegura que en Honduras cada año de 6 a 10 personas mueren en este tipo de accidentes en minas artesanales que no son reguladas por el Estado. En el municipio de El Corpus, Choluteca se estima que dos mil personas se dedican a la explotación de los minerales en las montañas ya que la agricultura es un rubro deprimido por la sequía y el oro y la plata abundan en el subsuelo.

El Corpus es un municipio que colinda con El Triunfo, otro de los municipios codiciados por las empresas mineras en el sur de Honduras. El Corpus fue descubierto por una mina que se explotaba en 1585 llamada Clavo Rico, y que se reactivó en 1954 con el mismo nombre, hasta ahora sigue explotando 5 concesiones que le fueron otorgadas por el Estado hondureño.

Esta empresa de origen estadounidense que explota oro y plata demandó al Estado porque personas de la comunidad “usurparon” tierras concesionadas. Al ganar la demanda el Estado le paga millones de lempiras al año y la empresa simplemente les compra el mineral a los pequeños mineros que se apropiaron de estas tierras, según cuenta Pedro Landa.

“La empresa gana siempre, el Estado le paga millones y ellos le compran a los mineros artesanales el mineral sin caer en responsabilidad de cómo se están explotando estas minas”, explicó Landa.

En El Corpus toda la montaña está perforada, la comunidad lo sabe, lo han sabido los alcaldes con el correr de los tiempos pero no se ha hecho nada para regular o capacitar a estos mineros, según el ambientalista.

El Instituto de Geología y Minas (INGEOMIN) aseguró que el cierre de esta mina ya estaba ordenado desde el año pasado pues tres personas murieron, sin embargo parece que en este territorio no hay ley que valga.

“El Estado está equivocado en su política extractivista”

Con la nueva Ley de Minería, se establece que la extracción artesanal pasa a responsabilidad de las municipalidades. Pero ¿qué capacidad tienen las Unidades Ambientales Municipales para hacer este trabajo? Se preguntan las organizaciones que acompañan a las comunidades en este tema.

El accidente en el que estos once mineros fueron soterrados sucede por la falta de medidas preventivas de derrumbes en una bocamina sumamente vulnerable que había sido clausurada años atrás. Bernabé Quevedo, del grupo de defensores del ambiente de Cáritas en el municipio de Choluteca asegura que a los alcaldes en contubernio con los terratenientes solo les importa el negocio redondo. Como movimiento intentaron hacer conciencia en la gente en este sector pero fueron rechazados. Quevedo ha denunciado por años que los grandes ganadores son los dueños de molinos que luego venden a la gran industria el metal, pero pagan muy poco a los obreros que se arriesgan la vida bajo tierra.

Este es un modus vivendi ya arraigado en El Corpus, pero rechazado en otros municipios como Choluteca y El Triunfo donde incluso varios defensores del territorio han sido criminalizados por las autoridades al oponerse a las concesiones de sus bienes.

“Debemos reflexionar  sobre la política abierta de extractivismo que propone el Estado, ya que la misma no tiene ningún sentido cuando vemos que se ponen en riesgo vidas humanas, cuando no hay intención de los gobiernos de apoyar a estas personas que están rasguñando la tierra para poder vivir. Y por otro lado abren la puerta para la gran industria minera, las grandes empresas que hacen sus ganancias a costa de la destrucción del territorio”, explicó Landa.

Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre la situación de la minería en Honduras apunta que la explotación minera en Honduras irrespeta los derechos humanos, causa grandes destrucciones al ambiente y deja muy pocos ingresos para justificar una política pro minera del Estado.

Este estudio refleja que en los departamentos con menos posibilidades agrícolas o ganaderas es donde existen minerales en mayor abundancia. Por lo tanto, un sector declarado actualmente “en hambruna” por la crisis de los cultivos, se ve en la desesperación de buscar la sobrevivencia a costa de lo que sea, en este caso, de la minería irregular.

“Honduras cuenta con 72 concesiones mineras metálicas vigentes y otorgadas. De estas, las más  importantes —por estar en producción y por su potencial extractivo de oro y plata— son las que se encuentran en los departamentos de Choluteca, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Valle

Las otras concesiones operan a menor escala y de forma artesanal; normalmente venden su producto a las empresas grandes que se encargan del proceso de exportación”, concluye el estudio.

Landa asegura que las organizaciones defensoras de los bienes naturales, advirtieron esta crisis en la minería artesanal desde un inicio. Fue una irresponsabilidad trasladar el manejo de la actividad artesanal a las municipalidades sin darles las capacidades.

“Toda la zona de El Corpus y Tránsito, sus montañas están perforadas, y el casco urbano ya está deteriorándose porque por debajo ya hay minas subterráneas, túneles que se inundan. Esos problemas hay ya en unos templos católicos que se están hundiendo porque por debajo pasan túneles de minas coloniales. Si son minas que están clausuradas ¿Cómo a vista y paciencia de las autoridades se han estado explotando? Este es un llamado de alerta para que se revise la política extractiva y se revierta esta práctica de explotar los bienes naturales a cualquier costo y poner en riesgo la vida de estas personas que esperamos no se convierta en mártires de la voracidad y el extractivismo”, expuso Landa.

Incapacidad para atender emergencias

Según Ingeomin, en la nueva ley de minería habría un proceso de fortalecimiento institucional, se anunció que se elaboraron convenios de cooperación con países mineros como Chile, Canadá y Perú para generar capacidades, pero lo que ha sucedido en estos dos días nos demuestra que no es una realidad. Equipos de rescate de El Salvador y Guatemala han apoyado el proceso para salvar a estos hondureños atrapados a más de 100 metros bajo tierra.

¿Cuál es la alternativa?

La explotación minera que mejor se da es la que se consulta con las comunidades y se hace regulada por el Estado, según opina el alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano.

Soriano asegura que en la sultana del sur la gente está muy preocupada por la explotación en El Corpus, pues el 20% del agua que llega a Choluteca es del sector de Guanacao cerca de San Juan Arriba.

“La región sur es una zona industrial, tiene la caña de azúcar, las camaroneras, las empacadoras, y el comercio por estar en medio de dos fronteras, Nicaragua y El Salvador, pero tal vez esto no es así en otro municipios como El Corpus. La minería en ese sector necesita control, y ahora es el momento. El gobierno tiene que parar estos permisos y controlar porque allí cualquiera se va  a hacer un hueco”, dijo el edil.

Por su parte Pedro Landa asegura que hay una hipocresía enorme porque la gran minería es más dañina que la minería artesanal. “Está mal señalar que la minería artesanal es mala y la gran minería es buena cuando vemos casos como el de Valle de Siria, cuando vemos la criminalización de las personas que defienden sus territorios y el agua, sin embargo los grandes mineros que andan de sacos y corbatas están financiando las campañas políticas y son los grandes bienhechores de este país”.

Para Landa, una solución no puede ser clausurar las minas, sino tener como alternativa la creación de pequeñas cooperativas y que el Estado les brinde capacidades para que lo hagan con todas las medidas de seguridad. Así los obreros dejan de ser víctimas de terratenientes y políticos implicados en la explotación al margen de la ley y de las grandes empresas que les compran el oro a precios sumamente bajos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1154-once-mineros-atrapados-en-el-corpus-v%C3%ADctimas-de-la-voracidad-extractivista

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Debilidad institucional e industria minera: binomio generador de conflictos

Jun 27, 2014

Partiendo de dos casos específicos: Mina San Martín al norte del departamento de Francisco Morazán y San Andrés en el occidental departamento de Copán, el  Instituto Centroamericano de Estadios Fiscales ICEFI llegó a la conclusión que la instalación de esta industria extractiva genera conflictos en las comunidades de Honduras.

Esta semana el ICEFI presentó en Tegucigalpa el “Diagnóstico de la situación minera en Honduras”, un documento que busca contribuir a un debate informado y técnicamente sustentado entre los actores vinculados a esta actividad.

Minería es sinónimo de conflictividad

El estudio destaca el carácter conflictivo de la instalación de la industria minera en Honduras debido al enfrentamiento de las empresas mineras con las comunidades. Esta conflictividad ha producido la muerte de 12 personas, existen 21 conflictos a nivel nacional y 30 personas están enfrentando procesos judiciales acusadas por los delitos de amenazas, sedición y traición a la patria, confirma Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales de Honduras.

“La empresas mineras llegan creando conflictos en las comunidades, aprovechándose de sus múltiples necesidades llegan prometiendo regalías y proyectos a las comunidades, pero de fondo está la explotación que trae serías consecuencias para los habitantes, además de toda la división que provocan”, dijo Landa.

En el diagnóstico se desnuda la debilidad institucional que se manifiesta en la poca operatividad de las instancias  encargadas de la protección de los bienes naturales. La poca operatividad en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, traducida en la falta de personal calificado y de políticas salariales atractivas y competitivas, y la carencia de presupuestos adecuados que se unen a la ausencia de regulaciones y sanciones claras.

El economista Hugo Noé Pino, miembro del ICEFI aseguró que el Estado hondureño ha sido incapaz de monitorear las acciones relacionadas con la industria minera del país. “El ejemplo que ponemos es que durante el periodo 2004 a 2013 hubo una veda para las nuevas concesiones mineras, y fue precisamente durante ese tiempo donde hubo una serie de conflictos que el Estado fue incapaz de regular y mantener, ahora imagínese que pasará cuando el actual gobierno tiene una política de puertas abiertas para llegada de esta industria, por eso recomendamos al Estado el fortalecimiento a INGEOMIN (Instituto de Geología y Minas) y que cree políticas que sirvan para regular y monitorear la actividad”.

Mínima generación de trabajo, raquíticos ingresos

Jonathan Menkos, coordinador del ICEFI manifestó en entrevista con Radio Progreso que la contribución económica de la minería al país es reducida. Durante la década anterior, de los años 2000 a 2011 solamente la actividad contribuyó en promedio al 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto y generó apenas 0.2 por ciento de la Población Económicamente, PEA, equivalente a unos 6 mil 300 empleos directos. Estos datos contrastan con la participación en el total de las exportaciones de bienes que durante la primera mitad de la década anterior andaban entre el 8 por ciento y el 12, reduciéndose, en los años 2007 y 2011, entre 4 y 8 por ciento.

En materia de pago de impuestos por parte de las compañías mineras se comprobó lo difícil que es conocer estos montos debido a la falta de información. “Las instancias gubernamentales que deben proporcionar estos datos son pocos transparentes, lo que imposibilita tener un dato exacto de la cantidad de impuestos que pagan estas empresas”, dijo Menkos.

De acuerdo a la legislación nacional, las compañías mineras que están instaladas en el país deben pagar el impuesto sobre renta con una tasa de 10 por ciento, cuando en promedio la tasa oscila entre el 25 y el 35 por ciento para el resto de personas naturales y jurídicas. A esto se suma el impuesto municipal que funciona como regalías mineras del 1 por ciento del valor de las exportaciones mensuales.

Una ley nociva

La debilidad institucional quedó manifiesta cuando en el año 1998 se aprobó la Ley General de Minería actualmente vigente, la cual padece de múltiples debilidades. Por ello en 2006 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional 13 de sus artículos. Pese a ello, no hay ninguna corrección jurídica y el marco legal se encuentra a deriva en cuanto a la aplicación de esos artículos.

Jonathan Menkos agregó que al analizar la nueva Ley de Minería, que entró en vigencia en enero de 2013, el informe advierte que el espíritu promotor de la misma, sin el suficiente consenso social para su aprobación, además de la falta de sanciones y una regulación dependiente de instituciones débiles, podrían conducir a mayor conflictividad con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, así como a una mayor polarización del tema.

El diagnóstico finaliza haciendo una serie de recomendaciones. En su mayoría apuntan al señalamiento de la debilidad institucional que no será algo que el gobierno pueda superar en corto plazo y un exceso de aprobaciones en la actualidad darán lugar a que no se pueda monitoreo debidamente la actividad minera. La gravedad y la extensión de los conflictos estarán determinadas por el número y naturaleza de las nuevas aprobaciones.

En la actualidad Honduras cuenta con 72 concesiones metálicas vigentes y otorgadas las que se encuentran en los departamentos de Choluteca, Copán, Santa Bárbara y Francisco Morazán.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1125-debilidad-institucional-e-industria-minera-binomio-generador-de-conflictos

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Minería en Honduras es sinónimo de conflictividad, según estudio de ICEFI

Jun 25, 2014

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), realizó un estudio a la situación minera en Honduras que comprende los años 2007 hasta el 2012.

El estudio arrojó que la industria minera en Honduras sólo ha dejado como resultado una serie de conflictos relacionados con el deterioro ambiental específicamente la contaminación de las fuentes de agua y la deforestación.

El ex presidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noe Pino es ahora miembro del ICEFI y en el marco de este estudio manifestó que el Estado de Honduras ha sido incapaz de monitorear las acciones relacionadas con la industria minera del país.

“El Estado debe establecer políticas que realmente sirvan para regular y monitorear la actividad minera, los gobiernos deben defender los intereses colectivos de la comunidad, en vez de apoyar a las empresas mineras”, expresó Pino.

En el diagnóstico, el ICEFI también destaca que la nueva ley de minería sólo es el reflejo de un contexto institucional hondureño débil que carecen de sanciones, convirtiéndose así en el principal incentivo para el no cumplimiento de la Ley.

Pedro Landa del Centro Hondureño de Promoción y Desarrollo Comunitario, CEPRODEC, expresó que este diagnóstico viene a respaldar y a confirmar que la nueva Ley de minería en Honduras, sólo ha venido a vulnerar  los Derechos Humanos.

Honduras cuenta con 72 concesiones mineras metálicas vigentes y otorgadas en los departamentos de Choluteca, Santa Bárbara, Copán, Francisco Morazán y Valle.

Fuente: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/1115-miner%C3%ADa-en-honduras-es-sin%C3%B3nimo-de-conflictividad-seg%C3%BAn-estudio-de-icefi

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Incumplimiento de consulta previa en proyectos mineros genera violencia

Jun 13, 2014

Una carta llegó a la comunidad de Nueva Esperanza y otras comunidades del sector Florida en Tela, Atlántida. Procedía de la Honduras Mining Company, pidiendo el derecho de paso de servidumbre para un proyecto minero que pretenden instalar en la aldea Carmen colindante con Nueva Esperanza. La comunidad encendió las alertas de nuevo, hace apenas un año un proyecto minero les había quitado la paz montaña arriba.

El derecho a la consulta previa, libre e informada es muy poco conocido en las comunidades del interior del país. Procesos organizativos en el departamento de Atlántida (uno de los más ricos en minerales y agua) han intentado luchar por el mismo y antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale, están exigiendo toda la información necesaria para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo.

Ese día en que el empresario Gustavo Urrutia, minero conocido en el sector por instalar proyectos mineros sin consultar, la comunidad de Nueva Esperanza montó vigilancia y colocó una pancarta en la entrada de la aldea que decía: el agua y los territorios son de los pueblos.

Doña Evangelina y don Enrique recuerdan que no hace mucho, el proyecto minero de otra empresa llamada La Victoria, les causó muchos problemas. La policía confabulada con el empresario los intimidaba, llegó a disparar en la tranca que ellos habían colocado para evitar el paso de los camiones, y varias personas tuvieron que huir de la comunidad para sobrevivir ante amenazas a muerte. A manos de empleados del empresario de la zona, en Nueva Esperanza se dio la privación de libertad de 5 extranjeros observadores de derechos humanos que apoyaban la lucha contra la minera en ese entonces.

Ayer se llevó a cabo el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” organizado por la Convergencia por los derechos humanos zona noroccidental, en la que especialistas explicaban la normativa nacional e internacional para el desarrollo de un proyecto extractivo y los derechos de las comunidades. Doña Evangelina estuvo allí escuchando atentamente junto a otras mujeres y jóvenes del sector.

El expositor Pedro Landa, miembro de la Coalición de Redes ambientalistas de Honduras explicó la nueva Ley de Minería y en su análisis concluyó que según esta normativa, la consulta ya no tiene que ser tan previa. “si la consulta no se realiza en plazo (60 días), la solicitud está aprobada directamente. Y si el resultado de la consulta es negativo, se puede volver a realizar dentro de 3 años.  ¿Pero por qué no se aplica lo mismo para el caso que se acepte, que cada tres años se pueda volver a  realizar?”, dijo Landa. Todo esto contradiciendo tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

“Existen mecanismos de protección internacional ante los organismos de Naciones Unidas que exigen  la consulta y  consentimiento libre, previo e  informado de los pueblos cuando se ven afectados, y hacen énfasis en los proyectos de explotación de bienes naturales. Esta exigencia va incluso  cuando se llevan a cabo medidas legislativas (nuevas leyes), incluso del rango constitucional”, explicó la abogada Ivania Galeano de la Convergencia por los derechos humanos.

Falta de consulta previa provoca violencia

San Juan Pueblo del municipio de La Masica, Atlántida es una comunidad muy conocida a nivel nacional, especialmente por la crisis de temblores que sufrió el año pasado. Por esta comunidad pasa una falla geológica que atraviesa la cordillera Nombre de Dios donde además hay múltiples áreas protegidas por ser productoras de agua. Aun así las comunidades han sido alertadas por solicitudes de concesión para explotación minera e hidroeléctrica.

El padre Marco Ayala, párroco de San Juan Pueblo, Atlántida, también participó en el seminario “Derecho a la consulta previa y la defensa de los territorios” y concluyó que es necesario que estos talleres lleguen a las bases, a los líderes comunitarios.

Ayala escuchó atentamente a Landa quien explicaba que la nueva Ley de Minería en la que los minerales son catalogados como bienes mercantiles y no naturales presenta muchas trampas para beneficiar la explotación minera. Por ejemplo, explicó Landa, el artículo 48 dice que en ningún caso se otorgarán  permisos mineros en  las áreas protegidas declaradas e inscritas  pero de las 117 áreas protegidas declaradas, solo el 8% están inscritas.  Lo mismo con las zonas productoras de agua, tienen que estar inscritas, y el ICF les cobra a las comunidades por hacerlo (aunque debería ser gratis).

La Masica es un municipio rico en fuentes de agua, vida silvestre y tierra productiva.

El sacerdote cuenta que en San Juan Pueblo, la falta de consulta previa ha generado tal violencia que por el conflicto minero ya hay 8 personas asesinadas. La comunidad de Betania, montaña arriba ha sido codiciada por dos empresas mineras que han puesto en confrontación a la comunidad y alrededor de 30 familias han sido desplazadas por el conflicto. Los proyectos aún no se desarrollan.

“Las normas sobre la consulta previa son violadas en estos proyectos, se meten a la brava y cuando supuestamente socializan el proyecto continúan haciendo las mismas cosas que antes invitando solo a los que están de acuerdo dándoles regalitos y eso es contrario a las leyes. El proyecto actual es de extracción de piedra de hierro, primero un señor apellido Rojas se introdujo a la montaña, sin tener el consentimiento de la municipalidad ni del pueblo pero tenía documentos de la Serna (Secretaría de Recursos Naturales). Se introdujo a la brava, cercó el camino, y generó violencia”.

En su participación en el seminario, Landa explicaba que a partir de la nueva Ley de Minería se han dado 19 conflictos mineros de esta envergadura. Y que la llamada “narco minería” está agarrando fuerza, junto con el sicariato y crímenes de terror, para paralizar a la comunidad.  Al plantearle la situación al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Landa dijo que la respuesta fue que era algo normal en los proyectos mineros.

La ley establece que una persona podrá tener 10 concesiones. Estos mineros de San Juan Pueblo ya son conocidos por solicitar varias concesiones en el sector. Landa explicó que el 45% de las solicitantes de concesiones son hondureños, luego buscan los socios en el extranjero. Los empresarios  extranjeros son los dueños, pero piden a un hondureño que solicite la concesión a cambio de regalías: velo corporativo para evadir las  responsabilidades jurídicas.

Y es que en la práctica, el Estado parece favorecer a los concesionarios por encima de los derechos de las comunidades.

“Como iglesia nosotros nos sentimos involucrados, hemos convocado a caminatas por la paz rechazando este tipo de violencia y responsabilizando a los entes involucrados en el conflicto. Eso nos ha traído amenazas. Yo no tengo miedo porque no hago nada malo lo que hago es defender y  darle la información necesaria a la gente.”

Comunidades indígenas también han sido afectadas por la falta de consulta previa y los conflictos que se generan a raíz de esto. Un ejemplo es el caso de Locomapa, Yoro en el que indígenas Tolupanes han sido asesinados y amenazados por su defensa del territorio ante proyectos mineros que se quieren establecer en sus montañas.

La justicia aún no ha llegado luego del asesinato de tres Tolupanes indígenas que eran defensores de bienes naturales; María Enriqueta Matute de 60 años, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en San Francisco Locomapa, Yoro. Los responsables materiales e intelectuales no han sido capturados.

El crimen ocurrió el 25 de agosto del 2013 a las 5:30 de la tarde, cuando los tres indígenas pertenecientes a la tribu San Francisco, fueron asesinados con armas de fuego, cuando estos realizaban acciones en defensa de su territorio ante la explotación ilegal de los recursos naturales en la zona.

A pesar que se ha reconocido por medio de testigos los responsables de este crimen, la policía no ha dado el seguimiento correspondiente a la investigación de estas muertes, los testigos indican a Selvin Fúnez y Carlos Matute como los responsables, ellos supuestamente estaban al servicio del Consejo Indígena y de empresarios mineros que explotan antimonio en los territorios de estas tribus y debido a la oposición que realizaban estas tres personas, los victimarios les quitaron la vida.

Después de estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó medidas para proteger a 38 personas de la comunidad, sin embargo el Estado no responde y la comunidad plantea la posibilidad de recurrir nuevamente ante estas instancias para exigir justicia para los indígenas Tolupanes.

Desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes, según un recuento realizado por Juan Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Municipios libres de explotación minera

El padre Ayala es de la idea de que al tener toda la información de las contrapartes, las decisiones que el pueblo tome serán en beneficio de todos y todas. Con experiencias cercanas como la de Balfate en Colón, o la de El Negrito en el departamento de Yoro, que han sido declarados municipios libres de explotación minera. La Masica quiere seguir un camino y al hablar con el alcalde actual, la comunidad corroboró que hay apertura para que el pueblo decida.

“El alcalde actual del municipio de La Masica nos ha dicho que está disponible a apoyar la lucha y si las comunidades quieren declarar el municipio libre de minería lo va a hacer. Para eso hay que darle una información amplia a la gente, en las dos partes, en los desastres que ocasiona la explotación minera y los beneficios que podría generar también”, dijo Ayala.

Sin embargo, Landa explicó que las leyes de Honduras no están hechas para este tipo de iniciativas. “No pueden establecerse zonas del territorio que quedan excluidas de la minería, sin cumplir con el procedimiento legal  correspondiente, dice la ley ¿Pero  cuál es el procedimiento correspondiente? No se sabe.  ¿Y cómo quedan las declaratorias de municipios libre de minería?  La ley se lo pasa por encima. Los abogados de las empresas mineras se agarran de este artículo para todo”.

Si las leyes nacionales no contemplan la consulta previa, las organizaciones exigen que se cumplan las leyes y tratados internacionales y han llevado el tema de consulta previa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También pretenden presentarlo  dentro del Examen Periódico Universal y aprovechar los mandatos de Naciones Unidas.  Han solicitado al Consejo de derechos humanos de la ONU  que brinde una opinión sobre el no cumplimiento de los Convenios a  partir de esta ley de minería, esto puede tener impacto.

“Es importante hacer todas las acciones legales para demostrar que el  sistema interno no funciona”, concluyó Landa.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1081-incumplimiento-en-consulta-previa-proyectos-mineros-genera-violencia

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Realizan seminario sobre derecho a la consulta previa y defensa de los territorios

Jun 12, 2014

San Pedro Sula. Fue por medio de un seminario que los analistas Ivania Galeano, Joaquín Mejía, Pedro Landa y Juan Mejía, dieron a conocer los diferentes temas de impacto que deben conocer las comunidades ante la amenaza que sufren sus territorios por parte de la industria extractiva y las leyes nocivas que entregan el territorio.

El seminario fue organizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Convergencia por los derechos humanos noroccidental, en el marco del contexto actual en el que muchas comunidades se ven amenazadas por alrededor de 300 nuevas concesiones mineras e hidroeléctricas bajo el paraguas de la nueva Ley de Minería y el gobierno de Juan Orlando Hernández que ha impulsado aún más estos proyectos, incluyendo las Zonas Especiales de Desarrollo o ciudades modelo.

La abogada Ivania Galeano miembro de la Convergencia por los derechos humanos, explicó la consulta previa desde una perspectiva del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. En esta perspectiva se deben tomar  en cuenta primero El Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos Especiales. Y segundo los órganos de tratados que éstos a su vez son creados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional apuntó en su participación, que la gran obligación del Estado es respetar y garantizar los derechos de la población. A su vez esta gran obligación tiene cuatro sub-obligaciones importantes que el Estado debe tomar en cuenta: a) prevenir las violaciones a los derechos humanos, b) investigar y monitorear para ver que las leyes se cumplan c) sancionar a aquellos que no actúan de acuerdo a los establecido d) reparar y remover aquellos obstáculos fácticos y normativas que mantienen la discriminación.

“Cuando se investiga se combate la impunidad, para de esta forma sancionar a los responsables y así fortalecer la democracia en nuestro país”, dijo Mejía refiriéndose a los hechos que se han dado en los últimos años en los que las comunidades han sucumbido ante la explotación de sus territorios sin haberles consultado e ilegalmente, hechos que aún siguen en la impunidad.

En este seminario también se discutió la Ley de Minería que actualmente rige esta actividad en el país y la defensa de los territorios. El ambientalista miembro de la Coalición de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, enfatizó que los bienes son considerados como bienes mercantiles que pueden convertirse en dinero y es por eso que la amenaza cada vez es más palpable para las comunidades.

“El territorio no se delimita por un título de propiedad, tiene que ver más bien con los bienes para subsistir de un pueblo, de sustento, de armonía de quienes viven en él”, indicó.

El derecho minero y derechos de propiedad constituyen un derecho real distinto y separado de la propiedad del predio superficial donde se encuentra ubicado. Según el Art. 48 de la nueva ley de minería en ningún caso la Autoridad Minera otorga derechos mineros en las siguientes zonas: Las áreas protegidas, zonas que se encuentran en recuperación, zonas que generan energía y zonas declaradas como patrimonio nacional, sin embargo las cosas son distintas en la práctica.

La ley se contradice, explicó Landa en su ponencia, el Art. 43 de la misma ley indica que con el fin de evitar el monopolio de concesiones mineras, a una persona natural o jurídica, solamente podrá ser titular de un máximo de diez (10) concesiones mineras para lo cual debe acreditar ante la Autoridad Minera, la capacidad técnica para su funcionamiento.

“No se puede combatir los monopolios mineros cuando a una empresa se le otorgan esta cantidad de concesiones, ¿entonces solo de once (11) en adelante será monopolio?”, mencionó Landa.

Para muestra un botón

Para finalizar esta jornada, el ingeniero ambiental y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Juan Mejía compartió la experiencia del pueblo tolupán, el cual está conformado por 31 tribus.

Los tolupanes reciben un ingreso monetario mensual de 300 lempiras, con los cuales viven o sobreviven junto a sus familias. Un 95% de la población tolupán menor de 14 años sufre desnutrición. Los tolupanes en sus comunidades son buenos dirigentes comunales y de igual manera se desempeñan como delegados de la palabra de Dios y no solo predican la palabra, si no también hacen conciencia social en las personas.

Sin embargo, la riqueza de sus territorios es grande y ahora se ha convertido en una fuente de peligro por quienes quieren explorar sin tomarlos en cuenta. Un 30% de la población tolupán reporta plata en su territorios y un 70% reporta oro, “esto no quiere decir que nuestros compañeros tolupanes son ricos, sino más bien que están sentados en un botín  para los corruptos de este país, para las empresas madereras y empresas mineras”, concluyó Mejía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1073-realizan-seminario-sobre-derecho-a-la-consulta-previa-y-defensa-de-los-territorios

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San Nicolás y Balfate se auto declaran territorios libres de explotación minera

Jun 06, 2014

Haciendo uso de su autodeterminación  tres municipios de la zona norte de Honduras han dado un paso significativo en rechazo al modelo extractivista, al declararse “territorios libre de explotación minera”. Esto ha demostrado la sabiduría  de los pueblos que defienden la dignidad humana y la madre naturaleza amenazada por megaproyectos mineros e hidroeléctricos  considerados  peligrosos para la vida en general.

Bajo los candentes rayos del sol y el exquisito aroma a café,  en las calles de San Nicolás, Santa Bárbara, en marco del día del ambiente;   estudiantes, maestros, campesinos, hombres y mujeres a una sola voz en un acto público que concluyó con diferentes actos cívicos bajo la sombra de un centenario árbol de Anacahuite, decretaron  vía acuerdo municipal  “municipio verde libre de explotación minera”.

“Desde este árbol de Anacahuite  representativo de la población de este municipio, asumimos un compromiso y un gran  reto de cuidar y proteger  todos nuestros recursos naturales que nos dan vida, espero que ustedes como pueblo sigan con esta misma misión”, indicó a la ciudadanía presente la alcaldesa  Carmen Paz, quien llama a su administración;  Gobierno Municipal del Poder Popular.

Gerson Medina, coordinador Comisión Municipal de la Juventud, indicó que este proceso estuvo alentado por la juventud  quienes han realizado un gran trabajo de concientización en las diferentes aldeas, caseríos y el casco urbano.

Balfate, municipio del departamento de Colón, situado en la zona de la desembocadura del río Balfate  con el Mar Caribe, esta semana también fue declarado  territorio libre de  minera. El primer municipio en hacerlo fue El Negrito, Yoro, a finales del mes de marzo del 2014  quienes además aprobaron una veda forestal por 10 años.

La lucha comunitaria  avanza  

El movimiento en defensa de la naturaleza y creación de nuevas fortalezas comunitarias  contra el desarrollo depredador  cada vez avanza más en el país.  Las comunidades a lo largo y ancho del país se han levantado  contra los proyectos hidroeléctricos y mineros.

En Atlántida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), y los pobladores de las 16 comunidades del sector Florida, municipio de Tela, lucharon en contra de  las pretensiones la Empresa La Victoria, de explotar una mina de hierro “a como dé lugar”; el conflicto es manifiesto y aunque el alcalde de Tela y la Policía han arremetido en contra de las comunidades, éstas no se rinden y han alejado a estos mineros de la zona.

Esta lucha la libra  también la población de los municipios: la Másica, Esparta y  Arizona, aglutinados en el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), quienes se oponen a la instalación de más de 5 proyectos hidroeléctricos que en base a fuerza y contra la voluntad de las comunidades se pretenden instalar.

En Ocotepeque: el Área Protegida Reserva Natural del Guisayote está amenazada por los mineros y las comunidades se organizan para repelerlos. En Gualaco, Olancho, el Parque Nacional Montaña Botadero tiene dictámenes favorables para que se explote una mina de hierro; mientras, el instituto responsable de conservar las Áreas Protegidas y la vida silvestre se pronuncia a favor de que dichas áreas sean destruidas por la minería; en contraste, el director de USAID-Proparque, Christopher Seeley, advierte sobre el desequilibrio entre conservación y desarrollo económico como posible causa de graves impactos al ambiente que pueden generar conflictos.

En Santa Rosa de Copán, en la Mina de San Andrés se han extremado las medidas de control por parte de la empresa y se presume que van a explotar ahora el Nuevo San Andrés. La comunidad de Azacualpa sería la segunda comunidad en ser desplazada por la minería.

En Río Blanco, Intibucá: el pueblo indígena lenca  lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,  que se quiere construir en el río Gualcarque y contra la minería que se sospecha viene con ella. Los inversionistas de la represa son un banquero deportista de Tegucigalpa y una transnacional China, (DESA/SINO HIDRO).

Más de 22 proyectos mineros aprobados 

El coordinador de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, señaló que en la actualidad existen más de 200 minas que ya cuentan con el permiso de explotación en el país, aunque las autoridades del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), no quiere publicarlas.

“Son proyectos mineros que ya están en la fase de pre explotación, aunque hay muchas que ya están en explotación de manera ilegal, una es en la zona de Copán, Corpus, Choluteca; El Níspero, Santa Bárbara y otras”, indicó.

Se suman las que están por iniciar en la zona del valle de Siria, en el sector de El Porvenir, Francisco Morazán, “y son dos las que ha autorizado Ingeomin”, apuntó.

Después de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, este rubro ha cobrado mayor fuerza, pues en este momento se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera según el  Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

Las comunidades de los sectores donde se pretende realizar la explotación minera, sin las medidas amigables con el medio ambiente y el debido proceso de permiso con el gobierno y las comunidades, ya anunciaron que no lo van a permitir.

“Lo que se quiere es evitar que sigan los enfrentamientos entre pobladores y las empresas mineras, que en lo que va del año ya que se han registrado 11 muertes por enfrentamientos, asimismo son más de 60 los pobladores con proceso judiciales en todo el país”, detalló Pedro Landa.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1002-san-nicol%C3%A1s-y-balfate-se-auto-declaran-territorios-libres-de-explotaci%C3%B3n-minera

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Pobladores protestan contra explotación minera

22 mayo, 2014 – 2:10 AM

NACAOME, Valle. Más de un centenar de pobladores de varios municipios de este departamento, realizaron una protesta pacífica en contra de la exploración y explotación minera que se está dando en la zona y que atenta contra la salud de las personas y del entorno ambiental.

La marcha pacífica que inició a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán.

Organizaciones diversas protestaron a favor del medio ambiente y contra la minería a cielo abierto, además que exigieron la derogación de la nueva Ley de Minería por ser atentatoria a la vida.

El coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, Pedro Landa, dijo que “hay problemas de minería en la mayoría de los nueve municipios de Valle, además en los municipios de El Corpus, El Triunfo en el departamento de Choluteca. Los empresarios mineros pretenden usurpar los recursos que le pertenecen a las comunidades”.

Landa informó que la población de Valle se ha volcado a las calles para exigir al gobierno la no realización de proyectos mineros ya que solo trae destrucción y muerte en las comunidades.

Asimismo dio a conocer que la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), exige la derogación de la nueva Ley de Mineria y de ciudades modelos, así como la cancelación inmediata de las concesiones mineras, hidroeléctricas.

Por su parte el alcalde de Aramecina del departamento de Valle, Rony Fúnez,  dijo apoyar la manifestación pacífica de los lugareños de varios municipios y a las autoridades de la iglesia católica que están en contra de la minería a cielo abierto.

“No queremos una explotación minera en Aramecina. La mina que están explotando en la zona de El Porvenir, Curarén en Francisco Morazán, le pongan un alto ya que está afectando a nuestro municipio y las cuencas hidrográficas como también nuestra carretera ya que somos municipios vecinos”, aseguro.

A la marcha pacífica que inicio a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán, participó entre otras organizaciones el Comité de la Defensa para el Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagol), Caritas, Comités de Defensa de la Naturaleza y el CNRA, entre otros. (LEN)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/22/pobladores-protestan-contra-explotacion-minera/

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Organizaciones del Bajo Aguán en alerta ante aprobación de megaproyectos mineros

May 19, 2014

Las organizaciones populares del Bajo Agúan se encuentran preocupados ante los proyectos mineros que han sido aprobados en casi todos los municipios entre ellos: Santa Fe, Trujillo, Tocoa, Sonaguera, Saba, Sico, entre otros.

Irma Lemus del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán denuncia esta situación.

“Tenemos mucha preocupación por los modelos de desarrollo que vienen para esta zona en principal los de minería, hidroeléctrica; muchas familias campesinas desconocen lo grave de esta situación, en Colón tenemos 19 minas aprobadas y faltan muchas más que aprueben,” dijo Lemus.

Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionados para proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no solamente saquean los recursos naturales de la nación,  sino que afectan gravemente la salud de las poblaciones.

Irma Lemus, también expresó sobre las graves consecuencias que traen las minerías a la población entre ellas que no habrá agua, adquisición de enfermedades como lepras en la piel y contaminación en general.

Actualmente hay 530 proyectos mineros aprobados, otros están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo el país. Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en Honduras.

La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de represión en contra líderes y lideresas ambientales que han decidido apostar a defender sus territorios.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/940-organizaciones-del-bajo-agu%C3%A1n-en-alerta-ante-aprobaci%C3%B3n-de-megaproyectos-mineros

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Comunidades del Sur se movilizaron en rechazo a instalación minera y ciudades modelo

May 19, 2014

Comunidades de los departamentos de Valle y Choluteca realizaron una movilización de unos 5 kilómetros como rechazo a la instalación de proyectos mineros y la puesta en marcha de las Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo.

Miles de vecinos y vecinas acompañadas por los sacerdotes de esta zona hicieron el recorrido, finalizando con un acto público donde denunciaron la criminalización hacia los defensores ambientales y la indiferencia que existe de las autoridades para escuchar a las comunidades.

Pedro Landa del Centro de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEPRODEC cree que esta acción es una muestra de solidaridad y denuncia que está viviendo hostigamientos en varias comunidades de esta región del país y un acoso de manos de las transnacionales que pretenden instalar sus proyectos.

“Es una movilización por la vida, en la zona sur se han presentado diversos problemas con las empresas mineras, ya que han ocasionado daños irreversibles a las comunidades y además se ha iniciado un proceso de criminalización y persecución contra los defensores ambientales” expresó Pedro Landa.

En la movilización también participaron los compañeros de Zacate Grande, Amapala, Valle quienes llevan años luchando para evitar que terratenientes como Miguel Facussé los despoje de sus tierras.

Pedro Canales, del comité de recuperación asegura que las ciudades modelo son una doble amenaza, ya que impulsan a los terratenientes a despojarlos de sus casas, situación que en este momento está sufriendo Santos Hernández, a quien se le envió una orden de los juzgados por el delito de usurpación, a pesar que él es el dueño legítimo de las tierras.

Pedro Landa agrega que continúan realizando acciones a nivel regional para denunciar los delitos que se comenten en nuestro país, por la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos, los que únicamente traen dolor y muerte a las comunidades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/939-comunidades-del-sur-se-movilizaron-en-rechazo-a-instalaci%C3%B3n-minera-y-ciudades-modelo

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Ambientalistas advierten dos nuevas explotaciones mineras en El Porvenir

14 mayo, 2014 – 7:54 PM

Después de una década de la actividad de la minera Entre Mares, en el valle de Siria, al norte de Francisco Morazán, iniciará el proceso para la explotación de dos minas más, informaron organizaciones ambientalistas del sector.

Las organizaciones ambientalistas exigen al gobierno la publicación de las concesiones mineras.

El coordinador de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, señaló que en la actualidad existen más de 200 minas que ya cuentan con el permiso de explotación en el país, aunque las autoridades del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), no quiere publicarlas.

“Son proyectos mineros que ya están en la fase de pre explotación, aunque hay muchas que ya están en explotación de manera ilegal, una es en la zona de Copán, Corpus, Choluteca; El Níspero, Santa Bárbara y otras”, indicó.

Se suman las que están por iniciar en la zona del valle de Siria, en el sector de El Porvenir, Francisco Morazán, “y son dos las que ha autorizado Ingeomin”, apuntó.

Landa señaló que las comunidades de los sectores donde se pretende realizar la explotación minera, sin las medidas amigables con el medio ambiente y el debido proceso de permiso con el gobierno y las comunidades, ya anunciaron que no lo van a permitir.

“Lo que se quiere es evitar que sigan los enfrentamientos entre pobladores y las empresas mineras, que en lo que va del año ya que se han registrado 11 muertes por enfrentamientos, asimismo son más de 60 los pobladores con proceso judiciales en todo el país”, detalló. (ECA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/14/ambientalistas-advierten-dos-nuevas-explotaciones-mineras-en-el-porvenir/

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Toda actividad minera viola los DDHH

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Tegucigalpa.

Defensores de DDHH de todo el país, participan en el Seminario Internacional sobre Minería y Derechos Humanos, hoy y mañana, en Tegucigalpa. Junto a exponentes nacionales e internacionales, han discutido y analizados temas como el impacto de la minería en los DDHH y los medios de vida, tomando en cuenta estudios de caso en México y Perú.

Un exposición que llamó la atención es sobre mitos y realidades de la minería en Centro América, lo que refleja una realidad regional y que los ofrecimientos de empleo, desarrollo social y mejor calidad de vida, son falsas, comentó Andrés Mckinley, basado en un estudio realizado por CRS, de El Salvador, país que se ha opuesto a las concesiones mineras, pero que serán afectados sus ríos, por la explotación en Honduras.

El extractismo es un continuo acto de violación a los DDHH, porque la salud de las personas está muy afectada, un caso emblemático, es la explotación en el Valle de Siria, Francisco Morazán.

El pueblo no se beneficia, sino las transnacionales, entre ellas canadienses, chinas y mexicanas, comentó Ana Paula Hernández, del Fondo para los derechos humanos Globales, instó a los defensores y defensoras de DDHH a organizar y unir fuerzas, para defender los recursos naturales, pues han demostrado la fuerza y valor para proteger su tierra, al grado de sacar compañías transnacionales que explotarían lo que le pertenece a las comunidades.

Es así, que se observa un patrón de violaciones a los DDHH, irrespeto a la vida, trabajo, salud, autodeterminación de los pueblos y convenios internacionales, como el 169 de la OIT.

Más de 800 concesiones mineras existen en Honduras, siendo los departamentos más afectados, Santa Bárbara, Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida y Olancho.

Si no es con la minería, las concesiones son por los ríos, bosque, hidroeléctricas, entre otras, declaró Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS.

En Honduras, se registra cuatro mártires de la lucha contra la minería, afirmó Vásquez.

Uno de los países que más apoya económica y políticamente la explosión minera es Canadá, expuso el ambientalista Pedro Landa al presentar el informe “el impacto de Minería Canadiense en América Latina, y la responsabilidad de Canadá”.

No hay explotación minera que no contamine el ambiente, todo su impacto degrada la calidad de vida y ambiente, y el Estado hondureño es cómplice, denunciaron los ambientalistas, pues se permite a las empresas mineras, que tomen medidas de mitigación, pero igual contaminan.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3119:toda-actividad-minera-viola-los-ddhh-&catid=58:amb&Itemid=181

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Se agudiza situación de comunidades que se oponen a industria extractiva

Abr 11, 2014

Hombres armados y al servicio de una empresa minera —en la Aldea El Tránsito, Nacaome, en el departamento de Valle— dispararon recientemente contra 25 personas que permanecen en una toma de carretera protestando contra un proyecto minero (extracción de oro) que les está destruyendo el territorio.

“El viernes de esta semana que pasó, se dio el caso de hombres que dispararon en contra de la gente que estaban en el plantel, habían aproximadamente unas 25 personas, pero gracias a Dios, que él no permitió una desgracia” expresó Pamela Matamoros presidenta del patronato de la Aldea El Tránsito en el municipio de Nacaome en el departamento de Valle.

“Noche y día permanecemos en la toma de carretera, por la situación que se nos ha suscitado con los trabajos mineros”, añadió Matamoros, quien agrega que la municipalidad de Nacaome no ha dado ningún permiso de explotación minera, y por lo tanto, la explotación de esta mina de oro (que lleva 8 meses de trabajo) es ilegal.

Ella denuncia el papel de las autoridades policiales y de la fiscalía, que se han coludido con los mineros, al hacerse de oídos sordos a sus denuncias que son presentadas debido a las amenazas y hostigamientos de los civiles armados que están al servicio de la empresa minera.

“Hemos pedido a los militares que vayan a desarmar a esos hombres que están en la mina, pero nuestro reclamo ha sido inútil” expresa la presidenta del patronato de la Aldea El Tránsito.

Por su parte, el abogado Pedro  Landa del Centro hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEPRODEC, quien ha estado acompañando a la gente de este sector, asegura que la explotación minera en la aldea El Tránsito, Nacaome es ilegal puesto que no fueron consultadas las comunidades.

“Ahí en la zona hay un conflicto más grande, ahí hay una concesión minera que está desde hace tiempo, dese el año 1898; y actualmente la empresa la sigue manteniendo porque paga el canon territorial, que es una burla para el país, al pagar solamente 25 centavos de dólar al año por hectárea” expresó Landa.

Landa agrega que estas personas están explotando de forma ilegal e irregular la mina en la región, la comunidad se ha opuesto e inclusive “nosotros les acompañamos en el Ministerio Público” para presentar las denuncias, pero lamentablemente no hay una decisión final de parte de las autoridades.

La lucha que libra la comunidad de El Tránsito en el sur del país se suma a las luchas en el norte de Honduras, donde los pobladores y pobladoras del sector de Nueva Esperanza en el departamento de Atlántida y los indígenas de Locomapa y El Negrito, en el departamento de Yoro, así como la lucha que se libra en Intibucá son la muestra el fiel amor por la tierra.

“Ciudades Modelo”

El municipio de la Alianza en el departamento de Valle — según Juan Alvarenga director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre) en la zona sur— manifestó que los habitantes ya han comenzado la lucha para declarar una posición firme en contra de las ciudades modelo y la industria minera.

Por su parte el diputado Jary Dickson del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ve con buenos ojos la organización de las comunidades en distintos sectores del país, especialmente en esta zona sur del país.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), mejor conocidas como Ciudades Modelo, están dentro del territorio nacional, pero provistas de un alto nivel de autonomía con un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo, con la intención —según reiteradas denuncias— de violar la soberanía nacional y saquear los bienes naturales.

Decenas de recursos de inconstitucionalidad, con miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas, se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de las “Ciudades Modelo” y contra la nueva “Ley de Minería” por entregar el territorio, destruir el territorio y desplazar a comunidades, sin embargo, el Estado no ha dado respuestas favorables.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/846-se-agudiza-situaci%C3%B3n-de-comunidades-que-se-oponen-a-industria-extractiva

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Policía y Ejército son socios de las mineras en Honduras

Policía y Ejército son socios de las mineras en Honduras

Por Dina Meza*. El Estado hondureño despliega un marco jurídico que permite la impunidad de las empresas mineras que llegan al país para saquear los recursos naturales.

 

Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionadas para proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no solamente saquean los recursos naturales de la nación,  sino que afectan gravemente la salud de las poblaciones.

Actualmente hay unos 530 proyectos mineros aprobados, otros que están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo el país.

La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de represión contra líderes y lideresas ambientales que han decidido apostar a defender sus territorios.

Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en Honduras.

Landa ha sido objeto de múltiples amenazas, persecución y atentados contra su vida por oponerse a este modelo de despojo en el país, modelo que controla a autoridades, operadores de justicia y políticos que legislan a favor de las transnacionales de la minería.

En el 2000 se instaló en Honduras la minera “Entre Mares”, en la zona del Valle de Siria. En poco tiempo, los estragos ambientales y en la salud de la población no se hicieron esperar. Un análisis médico determinó que las personas en más del 47 por ciento tienen metales pesados en sus cuerpos, situación que es de pleno conocimiento por parte del Estado hondureño. Las autoridades del país han ocultado la información con el fin de no alterar el negocio de entrega del territorio a las mineras, con lo que se violentó el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales por lo menos en siete artículos, aseguró Landa.

La minería es una amenaza regional, es la nueva estrategia de control territorial de los grandes países del norte, que atraviesan la escasez de estos recursos. Razón por la cual no les importan los derechos humanos y las decisiones de las comunidades, y para llevar a cabo sus propósitos contratan mercenarios y aplican estrategias políticas con el fin de que los recursos naturales de países empobrecidos como Honduras, se conviertan en un negocio.

Ante la falta de justicia dentro de la nación, los ambientalistas se han enlistado en foros y coaliciones internacionales para hacer alianzas continentales en contra de este flagelo que empobrece más a los habitantes.

Hay más de 230 proyectos mineros y minería metálica aprobados, más de 300 de minería no metálica también aprobados. En estos últimos se trata de concesiones de 98 por ciento de óxido de hierro que el Estado de Honduras negocia hace más de un año con China. El objetivo es que la potencia asiática entregue anticipadamente los impuestos que pagaría.

A un año de haberse aprobado una nueva Ley de minería, hay unos 16 proyectos de ese tipo que están generando conflicto en las zonas centro-norte, y atlántico del país.

De aprobarse todas las concesiones mineras habrían más de 830 proyectos mineros que representan más de un millón y medio de hectáreas, un 20% del territorio nacional.

Al consultarle a Landa por qué existe tanto interés de las mineras en Honduras, explicó que es debido a que el Estado les brinda grandes beneficios y tienen contratos leoninos por muchos años.

Para lograr establecerse, las compañías extranjeras, a través de grupos paramilitares, cometen asesinatos de líderes y el Estado no ha actuado en contra de los responsables de esas muertes.

“La minería está protegida por el Estado, hay seguridad jurídica, re- militarización de los territorios”, denunció el entrevistado.

Con el consumo desmesurado de los recursos naturales -en un tiempo de escasez de minerales en el mundo-, permite que las potencias que dependen de la industria lleguen a América Latina con un nuevo plan de conquista para quedarse con todo este mineral. Esto es considerado como un asunto de seguridad nacional para las grandes potencias que tienen a “socios” locales muy comprometidos con ellos.

Por su parte, los gobiernos locales ven la posibilidad de tener dinero a corto plazo para continuar con el saqueo de las arcas públicas.

En Honduras hay al menos 15 leyes aprobadas para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones transnacionales, que avalan la impunidad de éstas cuando cometen delitos, salvaguardan las grandes ganancias y permiten la persecución contra las comunidades que se oponen al despojo.

Landa recordó que una de las leyes aprobadas, con el objetivo de reducir la tasa de seguridad e invocando la lucha contra la delincuencia, en realidad convierte al ejército y a la policía en socios de las empresas mineras. Un ejemplo es que el 2% de los impuestos de estas empresas están destinados para la tasa de seguridad.

El coordinador del CEPRODEC agregó que esta situación es peligrosa porque “estos dos actores  que deben dar seguridad, tienen interés en las operaciones de las mineras y en contra de las poblaciones, por eso cualquier movimiento generado en las poblaciones es perseguido”.

Mientras la impunidad se colude con la corrupción de funcionarios estatales, operadores de justicia como el Ministerio Público se burlan de las víctimas. En el lejano caso de que una denuncia sea procesada y llegue hasta la audiencia inicial, aunque existan pruebas, a los responsables se les aplicarán criterios de oportunidad para que no vayan a prisión.

*Periodista y defensora de derechos humanos de Honduras.

Premio Libertad de Expresión 2014 – Pen Internacional/Oxfam Novib

Fuente: http://marcha.org.ar/index.php/elmundo/110-honduras/5011-policia-y-ejercito-son-socios-de-las-mineras-en-honduras

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Los demonios de la minería en América Latina

17 marzo, 2014Publicado en: Destacada, Latinoamérica

Por Gilberto Lastra

latinoamerica_nomineriaSaquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.

Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.

La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.

La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.

Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país juega un papel preponderante en esta depredación porque el 60 por ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.

En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.

El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.

 

El paraíso de las mineras

Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto con más facilidades que en otros centros financieros en el mundo, porque se les exigen menos requisitos como lo son las pautas voluntarias, reportar recursos minerales y menos informes.

Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining Watch Canada, asegura que también existen ventajas tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.

Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha o interfieren con gobiernos o activistas, uno de ellos en España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez; en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o reformas de una ley minera; en Filipinas y Costa Rica también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.

En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios canadienses fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno canadiense, se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa Blackfire Exploration que se le involucra en el conflicto por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y en los documentos se detalla que sabían de existencia de activista antes de su asesinato.

En Morelos, habla Moore sobre la intervención de la embajadora Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.

Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA), asegunda a Moore en el tema las facilidades ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que este 60 por ciento de empresas, emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil millones de dólares canadienses al financiamiento minero, más de un tercio del total mundial.

La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX.

 

Relatoría de la ONU y sus asegunes

En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indíge­nas, James Anaya”, (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año del 2011, hay un reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los territorio del globo terráqueo por la industria extractiva.

Da la razón que: “los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.

En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su territorio ni en sus recursos naturales.

Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos, de 2013.

“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos naturales”.

Según Silvia Herrera, asesora de proyectos para la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del Estado sea débil o nula.

Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel internacional, en el momento de la instalación de una empresa extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer minerales en América.

Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-Kaiowá en Brasil.

“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado – y sus consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en América Latina”.

Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial, pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la “extracción preferida”, para lograr una asociación entre los nativos y las empresas, pues considera que en América Latina no existen las condiciones, al menos en el corto plazo, para que se logre por el sistemático abuso de las negociantes mineras.

Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas ocasiones, considera que el Estado o los gobiernos están obligados a que se realicen informados para ejercer su derecho de libre determinación; pero el último documento expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos toma otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las empresas mineras.

Del informe de Anaya se extrae el fragmento: “En virtud de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de entablar negocia­ciones directamente con las empresas si así lo desean. De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los pueblos indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas que respeten plena­mente los derechos de los pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos oportunidades de promover sus propias prioridades de desarrollo”.

Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere que es el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de los resultados de la consulta.

Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril distinto al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida diligencia. “Las consultas y el diálogo encaminado a definir el modelo de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe transferirse a otros actores, puesto que esto puede poner en duda la objetividad, la parcialidad y la efectividad de todo el proceso”.

Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería, porque tanto los gobiernos como las empresas efectúan campañas para convencerlos que vendan sus tierras y permitan la extracción de minerales, con prebendas o promesas que no se cumplirán: se les miente a los habitantes de las comunidades.

En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de extracción y en afinar las consultas, la única arma legal para impedir la instalación de un proyecto; la otra es la movilización campesina e indígena en los lugares.

 

El trabajo en México

extractivismoEleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a un minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y ropa adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.

Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando roca fracturada en los pulmones.

Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas que las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse de los geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros. Incluso lo hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio ambiente.

Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis, el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa; pero durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que no cobró una sola quincena hasta que lo despidieron.

Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que hace los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que bajaron de la camioneta de la empresa en una de las calles de Durango.

No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja en claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y su relación con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio laboral. Está esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en alguna cárcel. Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido explotado en una mina serrana sin goce de sueldo.

En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras. Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.

Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), habla de una disputa entre los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por Napoleón Gómez Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para adelgazar los derechos laborales y en los contratos durante la administración federal panista: “no respetan antigüedad, pagos por accidentes y otras prestaciones que históricamente están vinculadas a los derechos laborales patronales”.

En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita de Galeana en el estado norteño de Durango y en Carrizalillo, en Guerrero. “Ello genera un ambiente hostil en la contratación de trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del sindicato de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en todo. Pero, por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia normalmente le gana la partida en el tribunal a la empresa y también establece su sección”.

Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra empresas mineras, dice.

El outsoursing viene a la alza en México, y considera Mijangos que dejan en indefensión a los trabajadores más que si los subcontrataran, porque ahora la empresas buscan a empleados que no sean sindicalizados, y se genera competencia por los espacios desvaneciendo las prestaciones laborales.

Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa, como los sindicatos y los administradores del outsourcing abusen, y si algún trabajador reclama se le despide o lo amenaza despidiendo a amigos o familiares, dice al ejemplificar que así sucede en Carrizalillo, y por esto ya no realizan demandas.

 

Defender lo sagrado

En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa de Carlos Slim Helú.

Es una zona protegida, la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140 mil que forman la reserva, el 70 por ciento.

La movilización es pacífica y es importante de la unidad de los pueblos y con las ONGs que luchan contra la minería, dice Santos de la Cruz, integrante del Frente en Defensa de Wirikuta. Y el primer logro que menciona es la no extracción mientras se valora en los tribunales la razón jurídica.

No hay respuesta efectiva del Gobierno mexicano, y es por eso que las movilizaciones y los recursos legales han servido, asienta.

Y habla sobre uno de los problemas que vive el movimiento de defensa, porque las empresas mineras y los funcionarios de los municipios cercanos, y principalmente de Real de Catorce siembran la noticia falsa en la zona, “porque nos ponen como los malos, que nos queremos adueñar de su patrimonio. Lo hacen para causar problemas y dividirnos. Nosotros nos hemos acercado a ellos con éxito y se generó el movimiento”.

 

El apoyo institucional al extrativismo

Existe una Ley en la que se prohíbe a los propios nacidos en el territorio argentino el trabajar el modelo de extracción a cielo abierto. “Todas las concesiones tiene que ser entregadas a empresas extranjeras”, dice Carla Díaz Moreno activista de provincia de La Rioja.

También el Estado gaucho, otorga 30 años de estabilidad fiscal, -dice-, lo que se traduce en el no pago de impuestos ni de insumos para la extracción de minerales. “Y encima son subsidiados por el Gobierno nacional”.

Del total de impuestos declarados, a estas empresas se les reintegra entre un 8 y un 10 por ciento de lo tributado, asegura Díaz Moreno.

Recuerda que en Famatina, el saqueo viene desde la presencia de los españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales buscan comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en Argentina es en toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha logrado unirse y sacarse a la minera de encima. Se ha logrado frena a las empresas. Tenemos las desventaja que el gobierno nacional impulsa y avala la imposición de la minería en los pueblos”.

 

El conflicto andino

El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, relata que en Perú la resistencia civil es alta, y en los últimos años lograron la destitución de dos funcionarios del gabinete nacional, y alude a los casos de Minas Conga y Tía María, en la gente se opone a la actividad minera.

Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la extracción o fuentes en empleo; otros para evitar la depredación de los recursos naturales de la zona, asienta.

Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno, que es ineficaz para administrarlos y mejorar el servicios de educación, salud, o ser competitivos, alega.

Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos y el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.

El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch Institute, Carlos Monge, habla de los principales problemas generados en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con una complejidad importante, porque las comunidades se enfrentan al ambiental y social generado por la instalación de megaproyectos mineros.

Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio político en cada región, y se vinculan. “En el caso de Tía María, la municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.

En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se reprime a las personas que están en contra de la actividad minera”. Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues rotan su presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y les permite la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente y evitar que se vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas a 3,000 metros de altura.

En Perú existe la figura del Gobernador regional, y es otro pilar en el que sostiene la resistencia pues es un campesino o un maestro del lugar el que ocupa el cargo, afirma.

Pero, también existen los mineros populares, pues son habitantes de las mismas comunidades dedicadas a la extracción de minerales, y es el espacio, en el centro-sur del territorio peruano el lugar donde más se practica esta actividad sin el control adecuado de sustancias tóxicas, “es una minería sucia y se usa el arsénico con las manos, y en las casas, lo que hace más daño que incluso la gran minería”, advierte.

 

Lo promueven como país minero

extractivismo_mineria-degradacionEn el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales como la vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo, pues en 2004 el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se contabilizan 9 mil 400 para hacer exploración, dijo Fabio Velázquez Carrillo, director de la Unidad de Proyectos de la Fundación Nacional por Colombia.

Dentro del programa de desarrollo de este país, la minería tiene un papel preponderante como un ingreso financiero, admite. Y en los lugares donde se han solicitado licencias y las aceptadas, se ubican en lugares habitados incluso.

Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es que el gobierno nacional de Colombia contrapone principios constitucionales –asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y las poblaciones que son minorías, y el movimiento social es constante para evitar que la minería a cielo abierto se efectúe.

Advierte otra amenaza: la minería artesanal, y explica que en Colombia existe una tradición ancestral para la extracción minera de metales como el oro, y genera también daño ambiental y se comenzó ya con el debate sobre los mecanismos de control ecológico y su regulación.

La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros. Incluso, se forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por medio del comercio de metales.

Ejemplifica, Velázquez Carrillo, con el municipio de Piedras por la resonancia lograda en la opinión pública y en a clase política de Colombia, porque el alcalde del lugar llamó a una consulta popular para saber si estaban a favor o en contra que la minera asentada en este sitio arrojara los desechos de los procesos de exploración en predios cercanos, y el resultado fue claro, porque el 99 por ciento se opuso.

Y comenzó el debate legal en todo el país, porque se habló que este mecanismo de no contaba con la validez jurídica. “Lo que repercutió es lo simbólico de la posibilidad de reaccionar la soberanía popular para negarse a una empresa”. Y anuncia una secuencia de consultas para saber si las comunidades desean o no la instalación de las mineras en su territorio, y comenzar con una nueva forma de resistencia.

 

Se quedan sin agua

En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación del agua por la actividad minera en su propio territorio, como en la frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira activista.

Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica, porque en la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los linderos con Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el agua circulante en El Salvador, y se coordinan con organizaciones de los dos países para detener las concesiones colindantes.

Asegura que se socializa con las comunidades para lanzar la Ley Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.

 

Frenar por fisuras en la Ley

El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del Colectivo Selva Madre, y no solamente aplica en la minería, sino también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo, asegura que se han detenido proyectos porque se logra la defensa legal validando lagunas legales y permite frenan el comienzo de la extracción, pero igual la resistencia civil; hace ya dos años no se les permite la entrada.

 

Luego del Golpe de Estado, campo libre

En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se generó la posibilidad de 860 proyectos mineros, y el 60 por ciento ya son concesiones, además que la Ley garantiza las ganancias de las empresas.

Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre empresa.

El hondureño asegura durante el proceso de gestación de la Ley Minera, tuvo injerencia de asesores de Canadá y Chile. Lo que se tradujo en un 60 por ciento de territorio permitido para la extracción de oro y plata principalmente.

Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los megaproyecto para extraer metales.

Y recuerda, como en el caso colombiano, narcotraficantes solicitan las concesiones, pero no las usan, solamente lavan dinero por medio de la Ley de Transparencia de la Industria Extractiva del país centroamericano.

Juan Armendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refiere que esta actividad implica el militarismo contra el pueblo por la petición de las empresas mineras al criminalizarse la estrategia para detener el saqueo del subsuelo.

Plantea el daño a todo lo viviente en los puntos geográficos de los proyectos, incluso a nivel celular, porque en el momento que se liberan los metales pesados atrapados en las presión de la corteza terrestre, son inhalados y van directo a los tejidos, incluso de los órganos reproductivos, y ahí las malformaciones en fetos.

Habla sobre dos casos en específico: Carrizalillo en México y Valle de Siria en Honduras los daños a la salud de los habitante del lugar, son irreversibles, pues hay personas con úlceras en la córnea e iris irritados en los ojos; procesos de envejecimiento prematuro en la piel, también hiperpigmentación y la hiperqueratosis; alopecia, la sindactalia, que son dedos unidos.

Refiere el término coloquial de la “rasquiña” como otros de los daños colaterales de la explotación minera: un deseo irrefrenable de rascarse durante todo el día y en la noche también, los que adquirieron, no duermen.

 

Cooperativismo disfrazado

En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera corporativista en los pueblos, pero 20 años después, con los precios de los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera nacional, y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son empresas canadienses, japonesas, suizas y belgas.

El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del gremio minero que sigue sin pagar impuestos pero aumentó su producción por la demanda de metales existente en el mundo y son 200 mil personas trabajando.

Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en buena parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.

En Bolivia la fuerza política más importante es la de los mineros, porque controlan más del 60 por ciento de las concesiones. “Están exentos de todo pago, de toda norma ambiental. Y desplazan a otro tipo de economías agropecuarias”.

Fuente: SDPnoticias

Fuente: http://www.movimientom4.org/2014/03/los-demonios-de-la-mineria-en-america-latina/

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Pueblo misquito pide firma tripartita para exploración petrolera

Feb 28, 2014

Las comunidades indígenas del sector de la Mosquitia en el departamento de Gracias a Dios, al oriente de Honduras, piden al gobierno que en lo referente a las decisiones sobre la exploración petrolera en la zona, exista un acuerdo tripartito: entre el Estado, la comunidad y la transnacional BG Group.

Los habitantes de la Mosquita exigen que se incluya una tercera firma de la organización Mosquitia Asla Takanka-Unidad de la Mosquitia (MASTA). De lo contrario denunciarán al Estado hondureño internacionalmente por violentar los acuerdos a los que llegaron el año pasado en el mes de octubre, basados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que está suscrito Honduras.

Después de que los indígenas valoraran si convenía o no la exploración petrolera en la zona ( en ese lugar donde habitan al menos 4 grupos indígenas) se llegó a un acuerdo que contiene 18 puntos, entre ellos, un estudio de impacto ambiental.

A mediados de enero de este año, entre estrechones de manos, el ministro de la Serna, Roberto Cardona, entregó la licencia ambiental a la transnacional británica BG Group, con la promesa de “iniciar cuanto antes el proceso de exploración”. Pero el Estado hondureño aún no asegura el cumplimento de estos 18 puntos que acordaron los indígenas misquitos.

“Hasta este momento los compromisos con la compañía y el gobierno, no se han cumplido, sin embargo ya quieren comenzar el tema de exploración” expresó Donaldo Allen del Consejo Territorial de los pueblos Misquitos.

Pero los indígenas se defenderán con todas sus fuerzas, según lo expresó Allen,  quien manifiesta que llegarán “hasta las últimas consecuencias si no se cumple con este compromiso establecido”

Al ser consultado sobre el papel que ha jugado el Estado en el proceso de exploración petrolera en el sector de la Mosquitia, Allen manifestó que los gobiernos hondureños ya han realizado 27 perforaciones sin el consentimiento de las comunidades.

Pedro Landa del Centro de Promoción y Desarrollo Comunitario de Honduras (Ceprodeh) explicó quiénes son las potencias interesadas en recursos estratégicos en la zona de la mosquitia hondureña.  “Estamos hablando de recursos estratégicos, no solamente para el país sino también para las grandes economías mundiales, el enorme interés en las últimas décadas de explotar los recursos estratégicos que hay en la plataforma marítima del Caribe de nuestro país” dijo Landa.

Añadió que los Estados Unidos, la Unión Europea y la gran potencia China están fuertemente interesados en los recursos de nuestro país. “Esto se debe a la gran crisis energética que se ha generado y ya hay directrices que se han elaborado en la Unión Europea y se están elaborando también en Canadá, en Estados Unidos… para el abastecimiento de este tipo de recursos que se están considerando como estratégicos porque de eso depende toda la economía de un país” dijo el director de Ceprodeh.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/767-pueblo-misquito-pide-firma-tripartita-para-explotaci%C3%B3n-petrolera

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Concesión de explotación petrolera en la Mosquitia es ilegal

Ene 24, 2014

El gobierno de Honduras concedió la semana anterior a BG Group  un permiso de exploración petrolera en las costas de la Mosquitia hondureña, La exploración que se efectuaría en un área marítima de 35,000 kilómetros cuadrados empezó a partir de esta misma semana,  según confirmaron los ejecutivos de esta compañía británica.

Pedro Landa, del Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) afirma que la concesión de este permiso en primera instancia comenzó de manera ilegal, ya que en el manejo de un bien tan escaso, conflictivo e importante como es el petróleo correspondía una licitación pública internacional, sin embargo, se hizo una  adjudicación directa a BG Group.

“Todo este proceso se hizo al margen de los derechos de los pueblos y el derecho al conocimiento libre previo e informado. Debió explicarse que la plataforma donde están explorando el yacimiento petrolero, ya que son las mismas zonas de producción económica de la población Misquita, está protegida tanto por el convenio 169 de la OIT como por la declaración americana de los pueblos indígenas y afro descendientes,” expresó el abogado Landa.

El gobierno hondureño al hacer la concesión directa sin la consulta previa violentó convenios internacionales, y al hacer la contratación directa, también violentó la Ley de Contratación del Estado.

“Todo esto lo único que señala es que este gobierno, tanto el entrante como el que recién termina, está solamente interesado en obtener recursos a como dé lugar sin importar si se vende la soberanía nacional y el territorio, y así debilitar toda la institucionalidad del Estado,” expresó el ambientalista.

Para dar este permiso de exploración se violó el convenio 169 que protege a las comunidades indígenas y  al que está suscrito Honduras.

Se avizora un ambiente tenso

Pedro Landa, del (CEPRODEC), cree que se “nos avizora tanto en recursos petroleros, como en recursos mineros o hidroeléctricos: un proceso de conflictividad y convulsión social, porque las poblaciones están opuestas o en pie de lucha contra estos proyectos.
Landa afirma que la recién nombrada vicepresidenta en el Congreso Nacional, Gladis Aurora López está vinculada a una represa que es rechazada por los pobladores de Santa Elena, en el departamento de La Paz.

“Ellos están luchando en contra de una represa que es propiedad de la familia de Gladis Aurora López que es una de las mujeres más fuertes dentro del Partido Nacional,” dijo Landa.

Eliminación de la Procuraduría del Ambiente

“La eliminación de la Procuraduría del Ambiente es una de las situaciones gravísimas” dijo el abogado Pedro Landa quien hizo memoria que la Procuraduría es el “abogado del Estado”, y quien debería de velar por el cumplimiento de los estándares a manera ambiental y prevenir sancionar toda una serie de delitos que vayan orientados a la degradación del medio ambiente.

Esto no hace más que pronosticar, que en este periodo vamos a asistir nuevamente a un proceso más acelerado para la entrega de los proyectos mineros, proyectos de represas y la expansión del agro combustible y “en ese sentido no conviene que exista un abogado que pueda defender los intereses del Estado,” apuntó con énfasis el abogado.

“Vale señalar  que la Procuraduría no ha venido cumpliendo con el papel que le toca, sin embargo, eso no implica que no sea necesaria, el problema real que ha existido ahí es que éstos han sido nombramientos políticos,  que no llevan el interés de defender el bienestar del Estado,” expresó el ambientalista.

Algunos analistas señalan que la decisión de suprimir esta dependencia del Estado genera mayor debilidad institucional y menores posibilidades y opciones para poder rendir cuentas o llevar a la justicia a todos aquellos que cometen crímenes contra el ambiente.

A manera de conclusión y como con palabras bañadas en fuego, el abogado Pedro Landa expresó que “hay que recordar que esto es una continuidad de los procesos que se hicieron durante el periodo de Lobo-Hernández. Primero la entrega de la plataforma marítima para la explotación petrolera, que es un proceso que se inició desde el año 2011 y se hizo totalmente al margen de la legalidad, y segundo, la forma de hacer política donde hay una repartición de acciones previo a que Juan Orlando Hernández asuma la presidencia para concentrar acciones que garanticen la impunidad”.

“Yo creo que eso es una burla más para el pueblo,” puntualizó Landa al final de la entrevista.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/654-concesi%C3%B3n-de-explotaci%C3%B3n-petrolera-en-la-mosquitia-es-ilegal

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