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Robo selectivo en la oficina del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Denuncias

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Mediante asalto roban información del caso Berta Cáceres y de criminalización de estudiantes de la UNAH

Alerta 125-16 | Honduras, Jueves 14 de julio de 2016 El coordinador del área legal del MADJ, Víctor Fernández, informó que entre la información que se robaron está documentación del caso de Berta Cáceres, de la criminalización de estudiantes de la UNAH en Valle de Sula y en La Ceiba; denuncias contra el presidente, Juan Orlando Hernández, su hermana, Hilda Hernández, el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ramón Espinoza; casos del Copinh, casos de los indígenas de Locomapa, Yoro; causas contra empresas por la oposición a proyectos mineros, demandas contra el Estado y todo el trabajo de ocho años que tiene la organización.

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Roban equipo de computo al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  Tegucigalpa.- Lasoficinas donde funciona el equipo operativo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en la ciudad de San Pedro Sula, fue objeto de un robo selectivo, este día, miércoles 13 de julio de 2016. Un solo delincuente ingresó e hizo una apropiación selectiva de objetos dentro de […]

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Honduras: Militares intimidan a líderes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia,MADJ

Las amenazas contra los liderazgos sociales en Honduras no paran. En esta ocasión, el MADJ ha tenido que interponer una denuncia ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por las permanentes acciones de intimidación y amenazas contra su coordinador general, Martín Fernández —beneficiario de medidas cautelares dispuestas por la CIDH—, y otros miembros de nuestra organización.

La denuncia revela que efectivos del ejército hondureño, supuestamente pertenecientes al Cuarto Batallón de Infantería de La Ceiba, Atlántida, han ingresado ilegalmente en diferentes ocasiones, entre 2015 y 2016, a una finca propiedad de Fernández en la comunidad de Agua Caliente, municipio de La Masica, con claras intenciones de intimidar y amenazar.

Fernández denunció que estas acciones han aumentado en los últimos meses, y que consisten en operativos que involucran al menos 50 efectivos quienes, sin autorización, han realizado videos de la propiedad y han pretendido inspeccionar el inmueble, además de interrogar al personal administrativo de la finca, a miembros del MADJ y de otras organizaciones del movimiento social. En estas incursiones ilegales solo se ha podido registrar el apellido de uno de los efectivos militares, identificado como Pérez, puesto que los demás cubren sus identificaciones.
A estos cateos ilegales se suman las amenazas recibidas por el Coordinador General del MADJ a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto durante la transmisión del programa radial “La tertulia de la tarde”, que él conduce en Radio Dignidad. Uno de los mensajes intimidatorios decía: “Lee los mensajes, no seas cagado, solo lees lo que te conviene ¿verdad, pendejo? La radio no los va salvar majes por hablar tanta mierda”.
El MADJ sostiene que, en el contexto actual de persecución, criminalización y asesinato de liderazgos sociales críticos al actual sistema político y económico, las acciones de los militares y desconocidos que llaman a Radio Dignidad para intimidarnos no son aisladas y podrían ser parte de un plan que, además de las acciones ya consumadas, podrían incluir atentados contra la vida de nuestro Coordinador General y otros militantes del MADJ.
Por todo ello responsabilizamos al gobierno y a la cúpula militar de cualquier atentado contra Martín Fernández y otros miembros del MADJ, y exigimos que se lleve a cabo una investigación para determinar si las acciones denunciadas configuran los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, amenazas y otros delitos.
Además, demandamos que se ejerzan las acciones judiciales pertinentes contra los responsables de tales delitos y que el Estado adopte las medidas correspondientes para garantizar el respeto a la vida del Coordinador General del MADJ y otros miembros de nuestra organización, cuya integridad física se encuentra amenazada y sus derechos violentados.

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/06/honduras-militares-intimidan-lideres.html

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Comunicadores comunitarios reciben amenazas durante programa radial

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).– Dos comunicadores sociales de la Radio comunitaria Dignidad, emisora comunitaria del norte del país, fueron amenazados a muerte, según una denuncia del medio de comunicación.
La denuncia de Radio Dignidad, en la red social Facebook cita, “alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre nuevas amenazas sufridas por nuestros compañeros comunicadores sociales de Radio Dignidad, Luis Ramos Mejía y Martín Fernández”.
En comunicación con C-Libre, Ramos Mejía, relató que mientras “estábamos tocando los temas de interés nacional, hablando sobre las políticas de gobierno, recibimos una llamada queriéndonos intimidar”.  “Nos dijeron que dejáramos de hablar tanta mierda que la radio no nos iba salvar”.
Las amenazas se han venido repitiendo desde hace aproximadamente tres meses, mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto.
Una alerta de C-Libre reseña que el 14 de abril, durante la transmisión del programa “La Tertulia de la Tarde”, el comunicador y coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Martín Fernández,  recibió, en su teléfono personal, varios mensajes de texto con amenazas.
Los mensajes decían: “Lee los mensajes, no seas cagado, solo lees lo que te conviene ¿verdad pendejo? La radio no los va salvar majes por hablar tanta mierda”.
Estas llamadas fueron recibidas cuando los periodistas empezaron a informar y opinar sobre la gestión del alcalde local del Municipio de la Másica, Departamento de Atlántida, del gobernante del Partido Nacional. Los afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público, pero aún no tienen resultado.
La política editorial del medio es la defensa de los pueblos, los bienes comunes y hacerle saber cuáles son los derechos de cada ciudadano.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresión/comunicadores-comunitarios-reciben-amenazas-durante-programa-radial

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Honduras: Hostigamiento repetido y amenazas contra Martín Fernández, Coordinador General del MADJ

HND 005 / 0516 / OBS 038 Hostigamiento militar / Amenazas Honduras 6 de mayo de 2016 El Observatorio para la Protección de los Defensores de (…)

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Fuerzas Armadas de Honduras atacan radio comunitaria del MADJ

Los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunciaron que efectivos del ejército hondureño, en reiteradas ocasiones, durante el 2015 y 2016, atacaron a personal de la Radio Comunitaria Dignidad y al coordinador de esta asociación civil, Martín Fernández Guzmán, beneficiario de medidas cautelares, dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/fuerzas-armadas-de-honduras-atacan-radio-comunitaria-del-madj

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Comunidades en Atlántida arrecian lucha ante instalación de mineras e hidroeléctricas

Ejerciendo el derecho a decidir sobre el uso de sus bienes naturales comunes, a través de un cabildo abierto  la ciudadanía del municipio de La Másica, Atlántida, declaró al río Zapote, exclusivo para consumo humano.  Esta acción se enmarca en el trabajo de organización e incidencia que realiza el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en esta zona.

En el departamento de Atlántida, la población San Francisco, Arizona y ahora La Másica, se han autoproclamado  defensoras de la madre tierra al decir NO a la intenciones que tienen las empresas mineras e hidroeléctricas de instalarse en sus comunidades sin el desarrollo de la consulta previa, libre e informada.

Actualmente más del 35% del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos, se podría decir que cerca del 50% del territorio se encuentra en manos de la industria extractiva para la explotación de los bienes naturales comunes.

La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH), ha denunciado que existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.

Según el ambientalista Juan Mejía, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro  son los departamentos  donde existe el mayor número de concesiones mineras, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón y el resto los departamentos del occidente.

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INFORME FINAL DE MASACRE EN LOCOMAPA, YORO MARZO 2016 – Blog MADJ

INFORME FINAL DE MASACRE EN LOCOMAPA, YORO MARZO 2016

PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD PIDE EL PUEBLO TOLUPÁN

El domingo 21 del pasado mes de febrero se perpetró una masacre más en la tribu San Francisco de Locomapa, en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos, dejando al descubierto un nuevo frente de lucha territorial que se multiplica en prácticamente las 31 tribus tolupanes; motivado por el avance de múltiples frentes de colonización agrícola constituidas por masas cada vez mayores de familias campesinas pobres que desde varias regiones de Honduras están siendo expulsadas y huyen hacia las serranías más inhóspitas en busca de un pedazo de tierra para sobrevivir.

En el pueblo Tolupán han sido asesinados aproximadamente un centenar de indígenas sin que hasta ahora el Estado de Honduras haya hecho justicia en siquiera algunos de dichos crímenes. En la web de la secretaría de Etnias podía leerse que éste es el pueblo originario más martirizado de Honduras. Sin embargo, con el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al reducir este ministerio a sub secretaría se eliminó de la web tan flagrante afirmación martirial.

En este maremágnum de crímenes contra el pueblo Tolupán sobresale el caso especial de la tribu San Francisco de Locomapa, que con esta última masacre el número de personas asesinadas asciende a 17, de los cuales 11 han tenido lugar en el último lustro. Y, como en el resto de las tribus tolupanes, no hay un solo asesino que haya sido castigado o se encuentre guardando prisión por ello.

El domingo 21 de febrero aproximadamente a las 08:45 AM, fue acribillada una familia de campesinos pobres que hacía unos meses se había instalado en predios de la tribu San Francisco de Locomapa. Los campesinos e indígena asesinados son:

+ José Pantaleón Alvarenga Galdámez (padre),

+ Elvin Joel Palencia Fuentes (hijo),

+ Carlos Roberto Palencia Fuentes (hijo),

+ Nahún Alberto Morazán Sagastume (Yerno) y

+ Santos Filander Matute (indígena Tolupán).

Se trata, pues, de 5 personas asesinadas por una de las bandas de criminales que permanecen en la zona al servicio de terratenientes, madereros y mineros, a quienes se les contrata para hacer “limpiezas” de personas que resultan insoportables e indeseables para los intereses de los poderosos de Locomapa.

La familia martirizada provenía de la región occidental de Honduras y habían llegado a la zona de Locomapa el pasado 4 de enero para instalarse en una propiedad de 4 manzanas de tierra, con la intención de ampliarse un poco más.

Esta masacre deja al descubierto las continuas incursiones de masas campesinas extremadamente pobres que están siendo expulsadas hacia las fronteras agrícolas de los pueblos originarios para instalarse en sus territorios. Como ya lo señalamos, esta situación particular de Locomapa es común en el resto de los pueblos originarios de Honduras. Al igual que los tolupanes, los misquitos, Tawahkas y Pech han denunciado constantemente el avance de frentes de colonización agrícola constituidos por masas campesinas provenientes de diferentes regiones del país, particularmente de las zonas sur, occidente y el oriental departamento de Olancho; mientras que los Garífunas, Chortí y Lencas están siendo o ya han sido expulsados de gran parte de sus territorios por grandes terratenientes, empresarios forestales o inversionistas del sector turismo.

Una situación bastante incómoda para la tribu San Francisco de Locomapa

La enorme cantidad de conflictos sociales que están en curso en este momento en la tribu San Francisco de Locomapa hacen que esta situación se vuelva más crítica de lo que pudiera ser.

En primer lugar, San Francisco de Locomapa se encuentra en décadas de lucha en contra del saqueo de los bienes forestales de la tribu. La sangre ha sido derramada una y otra vez siempre que algún líder indígena Tolupán de Locomapa ha alzado su voz contra los saqueadores. Luis Soto Madrid, cacique de la tribu en la década de los ochentas, fue asesinado a machetazos el 1 de mayo 2002 por denunciar a empresarios deforestadores de los bosques de la tribu y sus cómplices al interior de la misma. Faustino Córdova, cacique de la tribu al momento de su asesinato, acaecido el 7 de septiembre del 2008. Se le arrebata la vida por defender el patrimonio forestal de la tribu. Antonio matute, residente en el caserío Pedregales, asesinado a machetazos el 22 de diciembre del 2011. Osman Matute Soto, residente en el caserío Pedregales, asesinado en junio del 2012 con arma de fuego. Carlos Roberto Romero, indígena del caserío Mezcales, asesinado el 22 de diciembre del 2012 con arma de fuego. Y desde el 2010 el empresario maderero Kenton Landa Uclés ha interpuesto denuncias criminales contra los tolupanes que se oponen al saqueo de sus bosques, contando para ello con el apoyo del ministerio público y la policía nacional[1].

El silencio se impone a los tolupanes cuando se trata de defender sus bienes forestales y aun así el pueblo Tolupán de Locomapa no claudica. En este momento al menos XX demandas de orden criminal han sido interpuestas por el MADJ y los tolupanes en los juzgados de Yoro y en Tegucigalpa.

En segundo lugar, San Francisco de Locomapa mantiene un conflicto abierto con los empresarios mineros que clandestinamente explotan los yacimientos de Antimonio, contando con un permiso local viciado de nulidad extendido por la Unidad Municipal Ambiental del municipio de Yoro[2] y la “vista gorda” de los guardias de seguridad de las postas policiales de Ocotal y La Habana. En algunos períodos pasan diariamente hasta 20 pick ups cargados de broza, custodiados por matones que “fusil al hombro” se desplazan continuamente en motocicletas dando seguridad a los vehículos que transportan el material. Mientras tanto, dejan las laderas de las montañas convertidas en descombros y las fuentes naturales de agua quedan severamente alteradas. Oponerse a este despojo le costó a la tribu San Francisco de Locomapa el asesinato de 3 indígenas: Ricardo Soto Fúnez, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Matute. Líderes indígenas de la tribu, pertenecientes al MADJ, asesinados el domingo 25 de agosto del 2013[3]. Y de esa fecha al 2015 ha habido otros  asesinatos vinculados a la misma problemática, entre los que sobresalen el asesinato de Luis Reyes Marcía, ocurrido el 5 de abril de 2015 y el asesinato del joven Erasio Vieda Ponce, que tuvo lugar el 18 de julio de 2015 . Por estos crímenes, el MADJ ha emprendido una acción en procura de justicia en contra del Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La Comisión Interamericana de derechos Humanos ha dictado medidas de protección solicitadas al Gobierno de Honduras en un intento por detener el derramamiento de sangre indígena; intento frustrado hasta ahora por la falta de voluntad de las secretarías de Seguridad y Policía Militar quienes, estando tan apertrechados como nunca, les ha faltado voluntad real para dar captura a los asesinos que se pasean tranquilamente por los poblados de Locomapa.

En tercer lugar, la tribu San Francisco de Locomapa se encuentra en lucha por la defensa de las tierras tribales de vocación agrosilvopastoril usurpadas por grandes terratenientes de la zona que se han instalado en las mismas. Roy Varela es un terrateniente que ocupa tierras tribales en el sector de Buenos Aires, Suyatal y la quebrada San Jacinto. Sin embargo, el caso más emblemático ocurre con el General en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, Oscar Filander Armijo Uclés, que desde la pasada década de los ochentas del siglo XX subía a la tribu con camiones militares cargados de soldados con quienes procedió a cercar grandes extensiones de tierra, despojando de la misma a toda familia tolupán que encontraba a su paso[4]. La familia Uclés retiene bajo su control al menos 3 vastas extensiones de tierra: una hacienda entre el caserío El Zompopero, cerro Padre Vélez y borda El Esquinero; otra propiedad entre el volcán San Francisco y las comunidades indígenas de La Fortuna y El Terrero; y una finca extensa entre los cerros Jicarito, El Paragua y La Misión. No fue sino hasta el pasado mes de octubre de 2015 que, luego de destruir la choza de una familia Tolupán, despedazar sus sembradíos y amedrentarles como lo había hecho hasta entonces con muchas otras familias indígenas, el MADJ y los tolupanes pudieron sentar en el banquillo de los acusados a tan prepotente señor en los juzgados de Yoro.  En este momento el caso está en espera del veredicto final del juzgo y, mientras tanto, el General no puede acercarse a las comunidades de la tribu.

En cuarto lugar, la tribu San Francisco de Locomapa se encuentra resistiendo las incursiones agrícolas de innumerables familias campesinas provenientes de diferentes regiones del país. El área de mayor avance de la frontera agrícola en los territorios de la tribu se encuentra en el sector de El Sinaí, donde numerosas familias campesinas expulsadas de otras regiones del país llegan en busca de un pedazo de tierra para sembrar café y granos como el maíz y frijoles. Aunque las familias tolupanes suelen ser hospitalarias y atentas con los visitantes, no deja de preocuparles los flujos masivos y crecientes de ladinos desconocidos que al final, al desbrozar grandes extensiones de tierras, amenazan la existencia permanente de las fuentes de agua, de los bosques y de las limitadas fajas de tierras fértiles propias para plantíos agrícolas. Desde hace varios años y en repetidas ocasiones se han nombrado comisiones de la tribu que visitan las oficinas del Instituto Nacional Agrario, INA, el Instituto de Conservación Forestal, ICF, y el Ministerio Público, MP, para que ayuden a regular técnicamente este fenómeno social sin que hasta ahora alguna de tales instancias se haya preocupado por lo que está ocurriendo. Los 4 campesinos junto al Tolupán masacrados el pasado 21 de febrero pertenecen a una de tantas otras familias que han emigrado a la zona con la intención de hacerse de un pedazo de tierra para cultivarla y vivir de ella. La familia fue asesinada por una escuadra de matones que pululan en la región y se encuentran al servicio de los intereses de las familias poderosas que pretenden concentrar el mayor número posible de tierras, bosques y fuentes de agua del sector de Locomapa.

Un Estado que no responde

1.  El Estado incumple desde su institucionalidad. La situación expuesta indica que en este momento la tribu San Francisco de Locomapa es un escenario en el cual convergen tantos intereses; mezquinos unos (terratenientes, mineros y empresarios), de sobrevivencia otros (familias campesinas pobres) y de raigambre de pobladores y pobladoras nativos (tribu Tolupán); y, frente a esta realidad, el Estado de Honduras a través de sus instituciones se muestra parcializada e incapaz de hacer prevalecer la justicia y el Estado de derecho en la zona[5], de donde se advierte la emergencia de una situación caótica y perversa desigual que reporta jugosos dividendos a mineros, madereros y terratenientes mientras que a los tolupanes y las familias ladinas marginales solo les corresponde poner las víctimas.

2.  El Estado incumple ante la OEA. El Estado de Honduras ha sido emplazado desde hace dos años por la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA para que capture las bandas de sicarios que operan en la zona, enjuicie a los actores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra tolupanes y proteja, por lo pronto con la implementación de medidas precautorias, a la población Tolupán. Hasta ahora el Estado ha sido incompetente.

3.  El Estado incumple ante la OIT. Desde otra perspectiva, el Estado de Honduras ha sido incapaz de cumplir con los compromisos contraídos en el marco de la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. En este momento el MADJ y el pueblo Tolupán han demandado al Estado de Honduras ante la OIT por el incumplimiento de dicho convenio en lo que respecta al pueblo Tolupán, enfatizando en los derechos sobre sus territorios y bienes naturales y el derecho que asiste al pueblo Tolupán a decidir sobre sus medios de vida en la forma de consulta libre, previa e informada[6].

 justicia, paz y dignidad para Locomapa y Honduras

Los tolupanes y tolupanas miembros del MADJ y constituidos como Consejo Preventivo de la tribu San Francisco de Locomapa y el MADJ en general, haciendo causa común, frente a esta masacre nos posicionamos de la siguiente manera:

1.  Condenamos la masacre perpetrada contra la familia ladina campesina y un indígena Tolupán en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos.

2.  Presentamos nuestro pésame y solidaridad a las familias enlutadas, a la vez que les animamos a continuar luchando por la defensa justa de la tierra y los bienes naturales que nos regalan la vida.

3.  Llamamos a todas las tribus tolupanes a unirse aún más y crear una sola y efectiva estrategia común de defensa de sus territorios y bienes naturales.

4.  Exigimos al Estado que de una vez por todas asuma el restablecimiento de la paz con justicia y dignidad en el sector de Locomapa. Y ello no se logrará si el Estado se hace representar en el departamento de Yoro a través de funcionarios coludidos con la injusticia, parcializados a favor de los intereses de los poderosos y ciegos ante los vejámenes que tienen que vivir los indígenas y los pobres en general.

5.  Agradecemos el acompañamiento y la solidaridad mostrada al pueblo Tolupán de Locomapa y al MADJ por organismos de derechos humanos, agencias de cooperación, instituciones y movimientos populares nacionales e internacionales ante la situación de dolor, caos e incertidumbre generados por la masacre de gente inocente. Gracias, una vez más, por hacernos sentir su hermandad.

San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.

7 de marzo de 2016

Juan Antonio Mejía Guerra

Coordinador Nacional de Educación

MADJ


[1] Causa penal 30-2010. Se acusó a los indígenas tolupanes por el delito de “Obstaculización de ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobado por el Instituto de Conservación Forestal”. Dicho plan fue aprobado por el Estado violentando el derecho del pueblo Tolupán a la consulta libre, previa e informada. Otro ejemplo es la Causa Penal 02-2012 incoada por el empresario maderero Kenton Gerardo Landa Uclés en contra de los indígenas tolupanes, contando con el apoyo de la Policía Nacional de Yoro para capturar a los dirigentes indígenas.

[2] Los permisos otorgados en claro acto de abuso de autoridad fueron firmados unos por el alcalde municipal y otros por el coordinador de la Unidad Municipal del Ambiente, Ing. Medardo Varela Bustillo.

[3] Expediente 90-13 del Juzgado de Letras Seccional de Yoro.

[4] El 5 de septiembre de 2014 el MADJ y la última familia Tolupán en proceso de despojo de sus tierras y demás bienes naturales procedieron a interponer denuncia ante el Juzgado, la cual fue registrada bajo el expediente 82-14. Sin embargo no fue sino hasta el 20 de octubre de 2015 que el ex general de las FFAA compareció ante el juzgado y se le tomó la declaración de imputado.

[5] Por ejemplo, el Estado desde el Instituto de Conservación Forestal otorgó el Plan de Manejo Forestal BP-YI-004-19994-11 y el Plan Operativo ICF-Y-309-2009 a empresarios forestales para que explotaran los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa sin el consentimiento de la asamblea de la tribu.

[6] Mejía Guerra, J. A. y Fernández Guzmán, V. et alt (2015). Violación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras: El caso del pueblo Tolupán. MADJ, FUNDAMBIENTE, CUTH. La denuncia fue presentada el 2 de noviembre de 2015 ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, CEACR, de la OIT. Y fue formalmente recibido el 9 de diciembre de 2015.

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CIDH condena asesinato de integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de cinco integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras y de la comunidad de San Francisco de Locomapa. Uno de los indígenas asesinados fue Santos Matute, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La CIDH urge al Estado hondureño a conducir de manera inmediata y dentro de un plazo razonable una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estas muertes y a sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según información recibida por la CIDH, el 21 de febrero de 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán. Mientras que cuatro de ellos perdieron la vida al instante, Santos Matute fue trasladado con heridas de arma de fuego al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 22 de febrero. Santos Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 19 de diciembre de 2013 en razón de las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra integrantes del MADJ debido a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa, departamento del Yoro.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH analizó con preocupación la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. El informe indica que 17 integrantes del pueblo Tolupán han sido asesinados en los últimos años sin que se haya investigado de forma debida estos crímenes. La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales. Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma.

La Comisión Interamericana insta al Estado hondureño a investigar sin dilación y con debida diligencia estos asesinatos, y a juzgar y sancionar a las personas responsables de forma pronta. La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

En este sentido, la Comisión urge a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que estos asesinatos hayan estado motivados por las actividades de estos líderes indígenas como defensores de derechos humanos. La CIDH a su vez insta al Estado hondureño a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad. También urge al Estado de Honduras a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, sus líderes y defensores, respetando su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos, con miras a evitar la repetición de estos hechos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 028/16

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/028.asp

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Sube a cinco los muertos en masacre de comunidad Tolupán –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn       Tegucigalpa.-A cinco muertes se ha elevado en las últimas horas la masacre registrada el  domingo en la tribu Tolupán del municipio de San Francisco de Locomapa en el norteño departamento de Yoro. El hecho violento se registró en la aldea Cabeza de Vaca #2 y las víctimas fueron identificadas como: Nahúm Alberto […]

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CARTA ABIERTA DEL MADJ A LA MACCIH

Libertad Digital HN, Informando Educando y Conectando Honduras.

Señores (as)

Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)

Señores y Señoras,

Somos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización del movimiento social hondureño que nació en 2008 luego de la “Huelga de los Fiscales” que denunció la corrupcióny la impunidad del Sistema Judicial hondureño, especialmente en el Ministerio Público, y que viene demandando desde ese momento que sea la ley y la justicia el fundamento de la institucionalidad pública.

En este momento, siendo la MACCIH una iniciativa que genera opiniones contrastadas de lo que puede ser la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, consideramos nuestro derecho y nuestro deberhacer de público conocimiento nuestro análisis con respecto a su

presencia en nuestro país:

Nuestras dudas y certezas:

1.  Quienes concibieron y pusieron en marcha la MACCIH,a propósito y con sutiles maniobras, desoyeron el masivo reclamo popular por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad rectorada por la ONU, la cual debía tener autonomía plena para perseguir y enjuiciar a los corruptos y corruptas de Honduras. El mensaje de los ideólogos de la MACCIH es que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto. Este mensaje, además de entenderlo, lo condenamos, porque nosotros sí creemos en la soberanía popular y además estamos hartos de imposiciones generadoras de impunidad.

2.  Los términos en que fue escrito el convenio firmado por la OEA y el Gobierno de Honduras, para dar vida a la MACCIH,es una muestra fehaciente del afán por desvirtuar la posibilidad de instalar en Honduras una CICIH con un mandato similar al de la CICIG en Guatemala. Según el convenio, la MACCIHno tiene el mandato para ejercer o intervenir en la acción penal pública, siendo reducida a una instancia orientadora/colaboradora sin ningún carácter coercitivo o vinculante en sus disposiciones.El lenguaje indeterminado del conveniode la MACCIHse parece a muchos textos normativos vigentes en el país, que al momento de ser aplicados a la realidad se convierten en herramientas generadoras de impunidad.

3.  La falta de sanción a la escandalosa corrupción que sufrimos en Honduras, no está fundada únicamente en la incapacidad o falta de formación de investigadores, fiscales o jueces; tampoco se debe a la supuesta “carencia”de recursos económicos o logísticos. La impunidad de los corruptos y corruptas en Honduras se debe específicamente a que ellos mismos se convirtieron en gobierno o han desarrollado la perversa habilidad de someter y corromper a quienes formalmente constituyen el gobierno nacional. Así, el sistema de justicia funciona con investigadores, fiscales y jueces bien formados, pero cómodamente sumisosy no pocas veces activos defensores de la impunidad de sus jefes, quienes a su vez son garantes de la impunidad de los grandes capos de la corrupción pública.

4.  Dudamos de la MACCIH porque es una dependencia de la OEA, instancia que fue incapaz de revertir el golpe de Estado de 2009, hecho que consideramos como el más notorio crimen que profundizó la corrupción y consolidó el sometimiento total de toda la institucionalidad hondureña a los objetivos de una clase política-económica altamente corrupta. Igual, nos genera duda el hecho que la OEA ha sido una simple espectadora de la impunidad que siguen gozando los perpetradores del golpe de Estado y todos los demás crímenes que este hecho trajo para nuestra institucionalidad y a la familia hondureña.

5.  También desconfiamosde la MACCIH porqueel acto público para la firma del convenio que le dio vida, fue suspendido en varias ocasiones y se denunció que tal interrupciónse debió a que el gobierno de Honduras maniobró para que el texto de dicho convenio impida la autonomía, independencia y mandato suficientemente claro y determinante para enfrentar la corrupción y la impunidad en nuestro país.

6.  Expresamos nuestras dudas sobre quienes integran la MACCIH porque seguramente saben mucho de investigación criminal, de derecho procesal penal, derecho penal y todas las demás áreas del derecho y otras disciplinas fundamentales para combatir la corrupción, pero tememos que pese más su obediencia a quienes idearon la MACCIH como instancia que simule luchar contra la corrupción para garantizar mayor impunidada los grandes capos de la corrupción pública en Honduras

7.  Tememos que ustedes sean unos burócratas más, como muchos funcionarios de organismos internacionales con presencia en el país, profesionales a los que no les hace falta conocimientos, ni capacidades para combatir la corrupción y los corruptos,pero que no tengan voluntad de asumir los riesgos que esta labor implica y bajo el trillado argumento de no interferir en asuntos internos del país, terminen siendo calificados como aliados del gobierno, sin importar que los funcionarios de más alto nivel, sean partícipes del latrocinio del erario y la corrupción.

A pesar de nuestras certezas, dudas y sospechas sobre el papel de la MACCIH tenemos el derecho para recordar, reclamar y exigir lo siguiente:

a.  Cada misión internacional que se instala en nuestro país tiene enormes costos en materia económica, soberanía nacional y otras áreas estratégicas del país. En ese sentido, para nosotros su presencia en Honduras no es una dádiva de la OEA o del gobierno hondureño, sino una instancia a la que vigilaremos y a la que le demandaremos resultados contundentes que compensen los costos que asumimos como Estado y como sociedad.

b.  Recordamos que la sociedad civil hondureña no se reduce a un pequeño grupo de organizaciones y personas que, en muchos casos, son sostenidas con fondos del gobierno hondureño y por otros gobiernos, con el propósito de ser sutiles tapaderas de la escandalosa corrupción y sobre todo, de sus principales actores. Las organizaciones del movimiento social y político de Honduras también somos sociedad civil y rechazamos cualquier forma de exclusión.

c.  Es nuestro derecho pedir a la MACCIH que las denuncias presentadas por nuestra organización ante el Ministerio Público contra el Comité Central del Partido Nacional, el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el actual presidente Juan Orlando Hernández por el caso del IHSS, consignada bajo el expediente número 1432825089-15; la presentada contra el presidente Juan Orlando Hernández y su hermana la ministra Hilda Hernández consignada bajo el expediente número 1435871808-15; la denuncia presentada el 11 de agosto de 2015 contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla, el Consejo de la Judicatura y Juan Orlando Hernández consignada bajo el número,y sobre las cuales no se nos ha notificado de avance alguno, sean parte de la cartera de casos que asumirá la MACCIH.

Señores y Señoras de la MACCIH, los desafiados son Ustedes, específicamente:

1.  Frente a la corrupción e impunidad en Honduras. Deseamos que nos demuestren que nuestras certezas y dudas respecto a su presencia, los objetivos, voluntades políticas y nuestros reclamos son interpretaciones equivocadas.

2.  Nosotros seguiremos denunciando y sintiéndonos parte activa en el la lucha contra los corruptos y las corruptas. Para el MADJ y para muchas otras organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, la presencia de una instancia como la MACCIH solo se justificará si logra castigar los actos de corrupción de los grandes capos de la economía, la política y el crimen organizado. Sólo las acciones concretas dirigidas contra las más altas estructuras criminales disfrazadas de gobierno, de empresarios y de caciques de pueblo, revertirán el despojo de territorios, el saqueo de los fondos públicos y el acelerado desmoronamiento de la ya debilitada institucionalidad del país.

Por la Dignidad contra la Impunidad…

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

 

Origen: Libertad Digital Honduras

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NUEVA CORTE, VIEJOS VICIOS Posicionamiemto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ ) sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras

Los partidos políticos corruptos, la embajada de los Estados Unidos y los grupos económicos del poder siempre han decidido quiénes deben integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para imponer y defender sus mezquinos intereses. La intervención decisiva de estos tres actores ha desacreditado el proceso de elección de los magistrados a la CSJ, además de profundizar la desconfianza ciudadana en la justicia hondureña.
En 2001, mediante el decreto 38-2001, se reformó la Constitución de la República intentando superar ese descrédito y esa desconfianza en la institucionalidad de la justicia. Entre otras reformas, se creó la Junta Nominadora de candidatos a magistrados, integrada por representantes de varios sectores e instituciones políticas y sociales. 

En lugar de elegir a 9 magistrados propietarios y 7 suplentes, como se hacía en el pasado, se pasó a elegir a 15 magistrados que, a partir de entonces, ocuparían sus cargos por 7 años, en lugar de los 4 que ejercían anteriormente.

En enero de 2016 se elegirá la tercera Corte bajo esta nueva modalidad. Quince años después de aquella publicitada reforma, el desprestigio y la desconfianza que corroen al sistema judicial siguen siendo iguales o peores. Y la manipulación político partidaria, la influencia de los grupos económicos y la intervención de la embajada de Estados Unidos en el proceso de elección, nunca fueron tan evidentes como hoy.
La participación del pleno de la actual Corte Suprema de Justicia en el golpe de Estado de 2009 y la consecuente impunidad de este crimen contra la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, constituye una prueba irrefutable del fracaso institucional que hoy vivimos. El funcionamiento actual del sistema de administración de justicia y las arbitrariedades que se cometen en la selección y elección de los magistrados a la nueva Corte, son muestra palpable de ese fracaso.
 
El proceso para elegir a los magistrados y magistradas es, normativamente, elitista y excluyente. La reforma del artículo constitucional 309, establecida en 2012 y ratificada en 2013, impuso como requisito adicional —para ser candidato a magistrado— el título de notario, negándole así la posibilidad de participar en el proceso a aproximadamente 18,000 profesionales del derecho que no disponen de dicho título, y que representan el 80% de los potenciales candidatos y candidatas a una magistratura.
De igual manera, las instituciones que integran la Junta Nominadora —que propone a los 45 candidatos a magistrados, de los que el Congreso Nacional elegirá a 15 para conformar el pleno de la Corte—, son espacios cooptados por la política tradicional. En el caso específico de los representantes de la sociedad civil ante la Junta Nominadora, el proceso de selección siguió el mismo expediente de imposición, respondiendo a los intereses del Gobierno, como en su momento lo denunciaron algunas organizaciones.
La falta de criterios objetivos para seleccionar a los futuros magistrados permitió que los 97 precandidatos escogidos de una lista más amplia, fueran seleccionados por una votación hecha entre los integrantes de la Junta Nominadora y no por la suma de los puntajes y calificaciones obtenidas por los seleccionados en las distintas pruebas a las que supuestamente fueron sometidos.
 
Las denuncias contra los retorcidos procedimientos empleados para seleccionar a los candidatos a la nueva Corte abundan; entre estas, que la Junta Nominadora no es transparente en sus actuaciones, lo que dio lugar a la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que ordenó que la Junta informe y publique todo lo relacionado con sus actos. Y una afrenta a la democracia y la ciudadanía ha sido que, entre los 97 precandidatos seleccionados inicialmente, tres de ellos participaron en el golpe de Estado de 2009. Además, de esa lista, más de 20 precandidatos son actualmente investigados y se encuentran bajo la sospecha del gobierno de los Estados Unidos, por suponerlos partícipes en actos de corrupción y delitos aún más graves, que los descalifican como aspirantes a una magistratura en la CSJ. En consecuencia, el gobierno estadounidense pidió a la Junta Nominadora que excluyera a tales candidatos. No obstante, algunos de ellos –tanto de los golpistas, como de los señalados por Estado Unidos- fueron incluidos en la lista de nominados presentada al Congreso Nacional, lo que ahora representa un potencial peligro adicional para todo intento de adecentar la justicia en Honduras.  
En el Congreso Nacional, pese a que en su seno están representados seis partidos políticos, el procedimiento para elegir a los magistrados sigue siendo el mismo: la imposición de la voluntad del gobernante Partido Nacional y de los aliados que ha podido cooptar o comprar en los demás partidos políticos. Y no podía ser de otra manera. A un proceso retorcido de selección y postulación de candidatos, le corresponde un proceso autoritario y doloso de elección de la nueva Corte. El mismo hecho de que sea el Poder Legislativo el que elija a la CSJ implica una distorsión del principio republicano de separación de poderes y se constituye en un instrumento para que los más fuertes, o los que disponen de un acceso irrestricto a los recursos del Estado y los medios de coacción, se impongan sobre la voluntad popular que exige probidad y transparencia en la elección de la nueva Corte.
 
Aunque según la legislación vigente la elección de la CSJ exige una mayoría calificada de diputados en el Congreso Nacional, el peso de las costumbres más perversas de la política tradicional arrastra a todas las fuerzas políticas y, con ello, aumenta la atmósfera de desconfianza y descrédito que emerge cada vez que se presenta el reto de tomar una decisión trascendental para el destino institucional de Honduras.
Mientras la corrupción y los procedimientos dolosos y retorcidos sigan prevaleciendo, ninguna Corte Suprema de Justicia será independiente e imparcial. Por el contrario, seguirá comprometida con los grupos económicos y políticos que detentan el poder, cuyo principal sustento no es la democracia ni el Estado de derecho, sino la corrupción, la impunidad y la imposición.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, lo único que cabe esperar de la clase política corrupta, al momento de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, es el reparto de cargos y privilegios para asegurar, por siete años más, el régimen de corrupción, impunidad, militarismo, entrega del país al capital extranjero, violación permanente a los derechos humanos y, además, un contexto favorable a la imposición de una dictadura personal o partidaria que consolide el neoliberalismo depredador.
 
Frente a esta desoladora realidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama a los ciudadanos y ciudadanas a condenar todo acto de corrupción y de imposición en el proceso por el que se elegirá la nueva CSJ. A mantenernos vigilantes para exigir procedimientos honestos, más transparencia, más participación popular y más democracia. Recuperar el poder soberano del pueblo para vigilar y controlar a la clase política corrupta, es un paso imprescindible para recobrar nuestra soberanía, la dignidad y la justicia que hemos perdido; y un gran desafío que debemos enfrentar con más organización, más movilización y más propuesta política. 

 

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA 

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La semana pasada: Secuestraron por cinco horas a dirigente del MADJ en departamento de Atlántida

Wilmer Alexander Ramos , coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), en el departamento de Atlántida,  fue secuestrado el pasado 22 de diciembre, a ocho días para finalizar este año, en la comunidad de “El astillero”, municipio de Arizona,  por tres hombres fuertemente armados.

Según información difundida por el MADJ en su página de facebook, Ramos se dirigía cerca de las diez de la mañana a participar de un programa en Radio Dignidad, estación comunitaria de la organización, en donde los tres sujetos  lo obligaron a detener la marcha de la motocicleta en la que se conducía y bajo amenaza de matarle le privaron de su libertad.

Wilmer Ramos Rivera quien forma parte de la Conducción Nacional del MADJ, fue secuestrado por espacio de 5 horas y fue sometido a una serie de interrogatorios sobre las actividades que realizaba, su destino, sus compañeros y compañeras de organización. Asimismo fue despojado de parte del equipo con el que realiza su trabajo para la organización como cámaras fotográficas, celulares, agenda, entre otras.

María Dolores Cabrera, coordinadora de Radio dignidad y además integrante del Movimiento Amplio, expresó que este tipo de acciones son el resultado de trabajo hecho por ellos en defensa de los bienes naturales lo que “ha tenido consecuencias para nosotras y nosotros”.

Amplió que el hostigamiento contra quienes pertenecen al MADJ es permanente y esta última acción en contra de Ramos Rivera es la mejor evidencia. “Existen mensajes que envían por medio de terceras personas, amenazando a uno de los abogados como el caso de Martín Fernández, a quien se le hace responsable directo de la sublevación de la gente en el municipio de Arizona”.

Este hecho en contra del coordinador del MADJ en Atlántida se produce luego que ha sido parte de fuertes procesos de resistencia en el atlántico hondureño, provocando que los ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Francisco y Arizona, en ese departamento declararan sus comunidades libres de explotación minera y proyectos hidroeléctricos.

El peligro de comunicar para denunciar

Mientras María Dolores conversaba con pasosdeanimalgrande.com sobre este nuevo atentado a la vida de uno de los miembros del equipo tanto del MADJ como de la radio, mencionó que hasta este miércoles 30 de diciembre reabrían transmisiones tras varios meses de estar fuera del aire.

Ramos Rivera, quien colabora operando los controles también es objeto  de las amenazas constantes que hacen contra Radio Dignidad, radio comunitaria que con este tipo de actos ve afectado su derecho a comunicar.

“Acciones como esas se han sufrido desde el comienzo de todos estos procesos que sigue el MADJ a nivel nacional. No es nada extraño estas reacciones de quienes se sienten directamente afectados y amenazados por nuestro trabajo”, dijo.

La comunicadora pormenorizó que la denuncia permanente a través de la radio en la que se ven involucrados funcionarios del departamento y  a nivel nacional “nos expone sin ser razón suficiente para silenciar a “La Dignidad”, quien lleva un año transmitiendo”.

Recordó que parte de la escalada de violaciones a la libertad de expresión, un antecedente bien marcado que nos ha indicado que eso puede llegar a suceder. Desde el 2009 el MADJ transmitía “Usted Manda” en Estéreo San Juan, radio comercial en San Juan, Atlántida. “Paulatinamente se nos fue negando el espacio en este medio, aun y cuando era un espacio pagado. A inicios del 2013 lograron su cometido, nos sacaron del aire”. Valga mencionar que el dueño de dicho medio es un diputado suplente por el Partido Anticorrupción, (PAC), en el departamento de Atlántida.

Origen: Pasos de Animal Grande – La semana pasada:Secuestraron por cinco horas a dirigente del MADJ en departamento de Atlántida

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Honduras: Secuestran al Coordinador del MADJ en Atlántida

El Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para el departamento de Atlántida, Wilmer Alexander Ramos Rivera (24),  fue interceptado por 3 hombres que cubrían su rostro con pasamontañas, lo encañonaron con armas de fuego, lo obligaron a detener la marcha de la motocicleta en la que se conducía y bajo amenaza de matarle lo redujeron a la impotencia y lo privaron de su libertad.
El hecho  se produjo el  22 de diciembre de 2015, alrededor de las 10 de la mañana en la comunidad de El Astillero, municipio de Arizona, departamento de Atlántida. Ramos Rivera se dirigía a San Juan Pueblo a operar uno de los programas de Radio Dignidad, radio comunitaria del MADJ desde la cual se promueve la participación de las comunidades del sector en la lucha contra la corrupción pública, la defensa de los derechos humanos y especialmente la defensa de ríos, bosque y minerales que empresas mercantiles  en contubernio con funcionarios de gobierno pretenden explotar ilegal e ilegítimamente.
Ramos Rivera quien también es miembro de la Conducción Nacional del MADJ, estuvo privado de su libertad por 5 horas, tiempo en el cual sus captores lo interrogaban sobre las actividades a las que se dedica, su destino, sus compañeros y compañeras de organización y finalmente le llevaron parte del  equipo con el que realiza su trabajo para el MADJ, como cámaras fotográficas, celulares, agenda, entre otras. A eso de las 5 de la tarde, sorpresivamente fue dejado en libertad.

Este hecho se produce luego que el MADJ ha sido parte de fuertes procesos de resistencia en el atlántico hondureño, provocando que los ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Francisco y Arizona se declararan libres de explotación minera y proyectos hidroeléctricos. En el municipio de Arizona, lugar donde ocurrió el hecho, esta decisión fue tomada en un cabildo abierto celebrado el 20 de noviembre recién pasado en medio de denuncias de corrupción contra el alcalde Adolfo Paguada Saybe, quien tendría compromisos con empresarios de la hidroenergía.

Por el ambiente de amenazas en que los líderes del MADJ desarrollan el trabajo en el departamento de Atlántida, el 24 de diciembre del 2103,  mediante resolución 195-2013, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de varios líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos del departamento de Atlántida, específicamente de la comunidad de Nueva Esperanza y del Patronato Pro Mejoramiento Regional del Sector Florida (PRSF) en el caso identificado como “Adonis Romero y Otros”. Estas medidas han sido abiertamente incumplidas por el Estado de Honduras, lo que constituye un estímulo para quienes violentan el trabajo del MADJ y de otros defensores y defensoras de derechos humanos en la zona.

El MADJ condena esta cobarde agresión y exige al Estado de Honduras que identifique y sancione a los autores intelectuales y materiales de este crimen. Además continua solicitando a los funcionarios del Estado que cumplan con su deber de respetar y garantizar los derechos humanos de quienes integran el MADJ, especialmente a quienes la CIDH ha dispuesto su protección.
Comunicaciones MADJ

http://www.hondurastierralibre.com/2015/12/honduras-secuestran-al-coordinador-del.html

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Movimiento indignado busca consolidar articulación para fmadj

Sep 11, 2015

El movimiento social hondureño está a las puertas de un nuevo proceso de articulación que dé paso al fortalecimiento de la lucha del pueblo indignado contra la corrupción, impunidad, privatizaciones, minería, venta de territorio y la inequidad social.

Durante tres meses de lucha a través de las protestas de las antorchas, se abrieron nuevos espacios de organización, entre ellos: las Mesas de la Indignación Ciudadana, la Oposición indignada y la Plataforma de Jóvenes Indignados.

Por primera vez las representaciones convergieron para dar avances organizativos y en una reunión que se realizó en Siguatepeque, Comayagua, el pasado domingo 6 de septiembre, se discutió sobre la necesidad de democratizar el espacio de indignación e involucrar a todos los sectores en la toma de decisiones.

Como primer ensayo de unidad, la reunión de indignados e indignadas además tuvo la participación de organizaciones tradicionales como el Consejo de Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas Honduras (Copinh), la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, movimiento campesino, Frente Nacional de Resistencia Popular, Partido Socialista de los Trabajadores, Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), entre otros.

Luego de un amplio debate se acordó por consenso el desarrollo de un encuentro Nacional de Indignados e Indignadas para el próximo 20 de septiembre que tiene el objetivo de construir un programa nacional de lucha que involucre a los indignados, campesinos, obreros, indígenas, estudiantes y que en función de eso vote acciones nacionales de lucha.

Salvador Zúniga dirigente indígena, habló sobre la necesidad de organizar la lucha en el país y su propuesta giró en torno a la creación de una instancia articuladora y beligerante que enfrente las políticas privatizadoras, de extracción minera y de venta del territorio impulsada por el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Zúniga dijo que es necesario revivir experiencias organizativas que en el pasado dieron resultado y que fortalezcan la lucha de todos los que defienden sus derechos.

 

 

Wilfredo Méndez director de Ciprodeh, consideró urgente la participación de todos los actores indignados para que se puedan tomar decisiones bajo los parámetros democráticos que requiere el actual proceso social.

Por su parte Víctor Fernández del MADJ, enfatizó en legitimar la lucha y a su criterio eso solo se puede dar bajo reuniones amplias donde se pueda expresar la voluntad popular.

Para Fernández la lucha contra la corrupción y la impunidad debe fortalecerse y también exigir que la institucionalidad pueda tener representación de sectores independientes, porque en la actualidad todo gira alrededor de las direcciones políticas de Juan Orlando Hernández.

Berta Cáceres coordinadora del Copinh manifestó que el movimiento social debe de conjugar la lucha contra la corrupción y la impunidad agregando las demandas de los grupos más afectados de la sociedad y que en este momento sufren las políticas de desplazamiento y venta del territorio impulsadas por los organismos internacionales en contubernio con el gobierno.

“El encuentro del 20 de septiembre tiene el objetivo de lograr la construcción de un programa que nos unifique a todos, por eso es muy importante que la población indignada participe”, argumentó el dirigente social Luís Méndez.

Méndez calificó como positivos estos pasos de unidad que eran necesarios desde que comenzó la lucha y por lo tanto pueden producir resultados positivos en cuanto a la organización.

La lucha de miles de hondureños indignados se orienta a la organización, pero solo la democracia interna entre todos los grupos articuladores podrá dirigir al movimiento hacia una nueva etapa de resistencia.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2373-movimiento-indignado-busca-consolidar-articulaci%C3%B3n-para-fortalecer-la-lucha

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Pueblos originarios y abogados protestan contra minería en San Pedro Sula

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

 

Varios  centenares de pobladores afiliados al  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la democracia y la Justicia (MADJ), representantes del pueblo Tolupán y del movimiento indignado de Honduras se presentaron frente a un hotel de San Pedro Sula desde la noche de ayer y este jueves 13 de agosto se sumaron mas personas porque hoy dio inicio un congreso de minería.

Bertha Cáceres, coordinadora del COPINH manifiesta que, han llegado pobladores de diez departamentos de Honduras para protestar contra el conclave minero que significa violación de los derechos individuales y colectivos y un proyecto de dominación que va a acabar con la vida del pueblo.

Cáceres apuntó que,  minería significa saqueo del pueblo hondureño, significa destrucción a la vida humana y animal, los empresarios que han venido de otros países deben saber que el pueblo hondureño rechaza la explotación minera, hay una posición clara de los indígenas y demás organizaciones.

“Las instancias para defender a los pueblos en este país es un sueño, no ha habido proceso de consentimiento, esta es una de la practicas más depredadoras del planeta, la instancia sagrada somos los mismos pueblos”, reiteró Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Víctor Fernández, coordinador de la MADJ  dijo que,  las personas comenzaron a llegar desde el  miércoles y está representada una parte de la gente que se ha movilizado, pero que este jueves llegó más gente y estarán nuevamente en el hotel demostrándole al gobierno y a los inversionistas que las condiciones del país,  es la que plantean las comunidades,  condiciones de  completo rechazo  a la industria minera, no porque creen que es peligrosa, sino porque hay muestras claras que es peligrosa y porque hay una institucionalidad que es incapaz de controlar una industria que es dañina.

Agrego que la minería históricamente ha dejado despojos,  muerte y enfermedades al país y es muy importante que los inversionistas sepan que este es el ambiente que se van a encontrar, que hay un ambiente de inestabilidad e inseguridad jurídica en Honduras y que a partir de eso las comunidades están atentas a cualquier decisión que tome el gobierno.

Ya se tiene todo el recorrido que rechaza la industria minera porque ha dejado efectos desastrosos y por ello la rechazan y porque la minería implica una manifestación más de corrupción.

A San Pedro Sula a unos 248 kilómetros al norte de Tegucigalpa,  han llegado delegaciones de unos 28 países para participar en el cónclave minero, patrocinado por el gobierno hondureño.

Un contingente policial llegó hasta el hotel para impedir el acceso a los  manifestantes, quienes se pronuncian contra la minería en Honduras, pero hoy los han dejado manifestarse en paz.

Fuente: http://criterio.hn/pueblos-originarios-y-abogados-protestan-contra-mineria-en-san-pedro-sula/

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El Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para indígenas tolupanes

Thursday, 06 August 2015 03:08 Written by  Marvin Palacios Published in Contexto Read 8 times
El Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para indígenas tolupanes Foto Movimiento M4

Mediante una declaración pública divulgada el pasado 30 de julio, Amnistía Internacional denunció que el Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para preservar la vida e integridad de 18 indígenas tolupanes  beneficiarios de  medidas cautelares.

“Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas”, señala la declaración del organismo internacional de protección a los derechos humanos.

El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes.

En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa.

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias (en su mayoría indígenas tolupanes).

La CIDH consideró que ¨la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo¨.

Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes e informara  las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

Pese a lo anterior, el Estado de Honduras ha desconocido el mandato de la CIDH y se ha negado tanto a aplicar las medidas cautelares de protección para las y los indígenas tolupanes, así como a realizar una investigación seria que permita capturar y juzgar a los responsables de los asesinatos.

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacíficas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos.

Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia. Exhortamos al Estado Hondureño a que genere un entorno seguro y libre de riesgos en el que los defensores y defensoras puedan ejercer su labor por los derechos humanos.

Producto de la histórica invisibilización a la que han estado sometidas las comunidades indígenas tolupanas, 6 hombres y una mujer procedentes de San Francisco de Locomapa respaldaron la huelga de hambre que durante varias semanas se mantuvo a escasos metros de Casa de Gobierno para exigir, entre otras demandas,  la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) ante el escándalo de corrupción perpetrado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y que representó pérdidas para la institución por el orden de 7 mil millones de lempiras (unos 350 millones de dólares) y la muerte de casi 3 mil afiliados y afiliadas.

Al respecto el MADJ en un comunicado divulgado el 7 de julio de 2015  expresó: “Las demandas de los huelguistas son tan urgentes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde diciembre de 2013, dispuso que el Estado de Honduras protegiera a varios líderes y lideresas tolupanas cuyas vidas están en riesgo por oponerse a la corrupción y despojo de sus bienes naturales. A pesar de esa disposición de la CIDH, varias familias tolupanas han sido expulsadas violentamente de sus territorios y otros líderes más fueron asesinados. Toda esta barbarie se mantiene en total impunidad a pesar que se conoce la identidad de quienes ejecutan estos crímenes”.

 Contexto que refleja el constante riesgo en que viven las comunidades

Entre agosto de 2013 y hasta la fecha, 7 personas de la comunidad fueron asesinadas, entre ellas 5 líderes y lideresas en lucha para la protección de los recursos de la tierra, el bosque y en abierta oposición a la explotación ilegal de mineral antimonio  en las tierras comunales. El último asesinato en la zona ocurrió el 18 de junio de 2015, en la comunidad Brisas de Locomapa; se trata del defensor de la tierra Erasio Vieda Ponce.

Testigos aseguran que los 5 asesinatos mencionados fueron cometidos por hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región. Dos de ellos tienen orden de captura, desde el triple asesinato del 25 de agosto de 2013.

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual.

Los supuestos responsables de los asesinatos y otros miembros de este grupo entran y salen de la zona libremente, hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

Todos los luchadores y luchadoras de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte y trece van siendo asesinados en las últimas décadas.

Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad. Recientemente Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y del MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos, capturar a los supuestos asesinos  y brindar protección a la población, citan constantemente dificultades materiales que obstaculizan su trabajo.

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Honduras: El Estado hondureño deber garantizar la vida e integridad personal de líderes Indígenas Tolupanes

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Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacificas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos. Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia.

El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes. En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa.

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias –en su mayoría indígenas tolupanes. La CIDH consideró que ¨la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo¨1. Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes; e informara las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

Pese a lo anterior, hasta el momento el Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para preservar la vida e integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares. Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas. ¨Se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar las medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado¨, expresó Víctor Fernández, abogado e integrante del MADJ.

A raíz de la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, 7 indígenas tolupanes de la comunidad de San Francisco de Locomapa, se encuentran en huelga de hambre en los alrededores de Casa Presidencial desde el 30 de junio de 2015. Entre sus demandas, se encuentra la exigencia de protección estatal, así como, la investigación, captura y sanción de los responsables de las agresiones sufridas.

Durante el primer trimestre del año, Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su ¨ honda preocupación por el clima inhóspito y poco favorable en el que operan las y los defensores en Honduras¨ y por el alto nivel de impunidad respecto a las agresiones y violaciones de los derechos de los defensoras y defensores (A/HRC/28/63/Ad).

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacificas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos. Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia. Exhortamos al Estado Hondureño a que genere un entorno seguro y libre de riesgos en el que los defensores y defensoras puedan ejercer su labor por los derechos humanos.
/FIN

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3651:honduras-el-estado-hondureno-deber-garantizar-la-vida-e-integridad-personal-de-lideres-indigenas-tolupanes&catid=71:def&Itemid=166

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“Existe una campaña de exterminio contra el pueblo Tolupán”

Jul 24, 2015

El terror y la muerte se ha apoderado de más de 20 tribus indígenas Tolupanes  localizadas en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, donde cohabitan desde hace varios siglos  aproximadamente 70 mil personas.  Gente de paz, acostumbrada a vivir en armonía con la naturaleza ve amenazados sus recursos y su vida por la ambición de terratenientes  con poder político y económico que no se detienen ante nada.

La última víctima fue Santos González, ex presidente de la Federación de Tribus Xicaques (Fetrixy) de Honduras, “asesinado a tiros” la noche del lunes  luego de ser emboscado cuando regresaba a su casa en la tribu el Siriano, después de realizar labores agrícolas.

“El Estado de Honduras es el responsable de la muerte de González, porque ésta no es la primera muerte, recordemos que en los últimos años han sido asesinados más de un centenar de indígenas tolupanes  por defender  el derecho al territorio, al bosque, al río, la autonomía y la cultura propia de este pueblo”.

Lo anterior lo  indicó Juan Antonio Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ,  quién además aseguró que esos crímenes se mantienen “en total impunidad” y constituyen “un  estímulo para que continúen matando al pueblo tolupán”, subrayó.

“Con gran indignación constatamos una vez más que en Yoro un tolupán vale lo que cuesta una bala. El pueblo tolupán demanda la solidaridad activa de toda la población hondureña para exigir que se detenga el asesinato selectivo de sus líderes”, añadió.

Más víctimas

El 18 de junio supuestamente a manos de empresarios y terratenientes que se sentían afectados por su lucha a favor de la protección de los bosques, fue asesinado Erasio Vieda Ponce en la comunidad Brisas de Locomapa en las montañas de Yoro y era un militante activo en la lucha contra la depredación del bosque a manos de empresarios y terratenientes de la zona.

Mientras tanto el 5 de abril fue asesinado  Luis de Reyes Marcía, de 49 años, “fue muerto de varias puñaladas en el tórax y el cuello” y su cadáver se encontró   en la comunidad indígena de San Francisco Campo.

La víctima era esposo de Vilma Consuelo Soto, una dirigente comunal quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a “amenazas y el ambiente de inseguridad que hay en la zona ocasionadas por la instalación de proyectos extractivos que de forma abusiva se han apoderado de los bienes naturales de las comunidades indígenas”.

En agosto del 2013 en San Francisco Campo fueron asesinados tres indígenas tolupanes mientras bloqueaban el paso en una carretera también en defensa de su territorio, en un incidente que nunca fue investigado por las autoridades. Las víctimas correspondían a los nombres:  María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando.

Amenazas 

Hostigamientos que van desde llamadas de telefónicas hasta amenazas a muerte denunció recientemente  Sergio Ávila, uno de los siete indígenas tolupanes de la Tribu San Francisco de Locomapa, en huelga de hambre   en reclamo por la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Denunció que desconocidos armados le gritaron a su hijo  Luis Ávila Romero (25) quien tiene medidas cautelares desde 2013, “bajate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente el muchacho se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso le mataron el caballo, según el relato de Ávila.

“Mis hijos Sergio Ávila, Oger Neptalí, Delvin Omar y yo tenemos medidas cautelares, pero no se hace nada con eso, porque el Estado no las ha cumplido. Desde el inicio de la huelga  diferentes personas han estado rondando nuestras casas o envían mensajeros para decirnos que nos callemos. Son los mismos grupos de sicarios que han estado hostigándonos en la zona, o indígenas allegados a los sicarios”, dijo Sergio Ávila en entrevista a Radio Progreso.

Según la denuncia el hecho se registró a eso de las 10:00 de la mañana del miércoles 8 de julio, cuando Ávila Romero, se desplazaba a bordo de su caballo y fue interceptado por los dos hombres. “Mi hijo llegó a la casa, pero me informaron de eso hasta las cuatro de la tarde porque el médico me estaba atendiendo. Me dijeron que no les había pasado nada y que todo estaba bien gracias a Dios”, agregó su padre.

Entre los tolupanes que  están en  la capital en huelga de hambre están: José María Pineda, Ramón Santiago Matute, Sergio Ávila, Santos Antonio Córdova, Darlin Córdova, Juan Samael Matute y Alejandra Cabrera.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2258-%E2%80%9Cexiste-una-campa%C3%B1a-de-exterminio-contra-el-pueblo-tolup%C3%A1n%E2%80%9D

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Amenaza hidroeléctrica llega a cordillera El Merendón

Jul 24, 2015

Una nueva amenaza ambiental aparece en la Cordillera El Merendón y es que varias empresas impulsan un proyecto hidroeléctrico denominado: “La unión de río frío”.

La iniciativa la promueven las empresas: Compañía hidroeléctrica Cuyamel  S.A. de C.V. (COHCUY) y Empresa Hidroeléctrica Nacional S.A. (HENSA) y pretenden construirla en las comunidades de Nuevo Edén, Remolino 1, Remolino 2, Santa Teresa, Las Brisas, Guanales y la Unión de Río Frío en la zona del Merendón.

La polémica se desató cuando integrantes de patronatos de esas comunidades obtuvieron información de los avances del proyecto sin antes ser consultados como población del sector.

Las comunidades están organizadas en la Federación de Patronatos del Merendón en el que se aglutinan 45 patronatos de los 60 que existen.

La gente ve con rechazo el proyecto porque en la comunidad vecina de Guanales ya existe un proyecto hidroeléctrico que ha dejado malas experiencias porque las empresas impulsoras no han cumplido con los compromisos asumidos, por tal razón los patronatos no quieren experimentar una situación parecida.

Consulta previa

“Todo proyecto de grandes proporciones como lo son los hidroeléctricos deben someterse a un proceso de consulta previa a las comunidades”, dijo el ambientalista Juan Mejía e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

“En el marco de la consulta previa se debe presentar por parte de los impulsores una investigación de impacto ambiental y mostrarlo a las comunidades y que ellas puedan decidir. Pero el problema es que en este proyecto como en muchos más que se dan en el país, no se ha iniciado la consulta previa ni mucho menos se les ha entregado a las comunidades una investigación de impacto ambiental”,  amplió Mejía.

Hace dos semanas los patronatos realizaron una asamblea donde plantearon estrategias para enfrentar a lo que las comunidades han catalogado como una nueva amenaza al medio ambiente.

Una de ellas fue solicitar una reunión con las autoridades municipales y también las empresas impulsoras. La petición fue atendida por la municipalidad y en ella acordaron una reunión con las autoridades de la División Municipal Ambiental (DIMA) y las empresas.

Integrantes de las comunidades afirmaron que la segunda reunión se dio a medias, puesto que solo llegaron representantes de DIMA y no aparecieron las empresas, por lo tanto la evaluación de impacto ambiental tampoco se presentó.

“El problema es que no quieren entregar el documento de evaluación de impacto ambiental del proyecto y eso es grave porque indica que algo se oculta”, sentenció Juan Mejía.

Por su parte Higinio Euceda dirigente patronal manifestó: “somos afectados por la posible construcción de este proyecto, por la forma como se quieren apoderar de nuestros terrenos y no respetan los convenios con las comunidades. Hemos planteado reuniones a las autoridades municipales para que nos expliquen en qué consiste esto, porque tenemos derecho a conocer lo que quieren hacer en nuestras tierras”.

Mientras que José Márquez también dirigente afirmó que: “la gente de todas las comunidades no quiere el proyecto, porque todos sufriríamos el impacto ambiental y es nuestro deber cuidar nuestro territorio. Además desconocemos de que trata el proyecto hidroeléctrico porque no nos han mostrado el proyecto, ni la empresa ni la municipalidad, quieren pasar por encima de la población”.

Las comunidades seguirán exigiendo su derecho a ser consultadas y se organizan para resistir ante cualquier amenaza a la naturaleza.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2257-amenaza-hidroel%C3%A9ctrica-llega-a-cordillera-el-merend%C3%B3n

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Cejil: Estado hondureño debe proteger a indígenas tolupanes

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San José y San Pedro Sula.- A año y medio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara las medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares –en su mayoría indígenas tolupanes–, Honduras continúa incumpliendo el mandato de este órgano internacional. No sólo no ha brindado protección física a las personas beneficiarias sino que ha omitido su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de  los graves hechos que afectan a dichos indígenas.
Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Esta defensa activa del medio ambiente ha provocado que los indígenas tolupanes, residentes en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, sean víctimas de constantes actos de hostigamiento, amenazas y agresiones.
Previo al otorgamiento de las medidas de protección, en agosto del 2013, los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Asimismo, durante la vigencia de las medidas asesinaron a los indígenas Erasio Vieda Ponce y Luis de Reyes Marcía, este último esposo de Consuelo Soto, una de las beneficiarias de las medidas quien también sufrió atentados contra su vida. Todos estos hechos permanecen impunes pese a que existen testigos que identifican a los autores materiales de los mismos.
Ante el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado hondureño, siete indígenas tolupanes se encuentran acampando a las afueras de Casa Presidencial, donde llevan catorce días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno el cumplimiento inmediato de su obligación de protegerlos. Este esfuerzo se suma a las manifestaciones de indignados e indignadas que también permanecen allí en huelga de hambre, desde el pasado 22 de junio.
“La indiferencia de las autoridades ante estos hechos es preocupante, el Estado debe garantizar el derecho de los indígenas tolupanes a defender sus recursos naturales sin ser objeto de agresiones ni cualquier tipo de violencia”, manifestó Víctor Fernández Guzmán, Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización hondureña que lucha contra la corrupción y por la defensa de los recursos naturales.
La solicitud de medidas cautelares fue realizada el 19 de noviembre del 2013 por el MADJ y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Dichas medidas fueron otorgadas por la Comisión un mes después, determinando la obligación del Estado de proteger a 18 indígenas tolupanes y sus familiares, que en total suman 38 personas.
 “La protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos contribuye a fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, por ello CEJIL hace un llamado urgente a Honduras para que implementen las acciones necesarias que protejan la vida e integridad de las y los beneficiarios de las medidas cautelares, en particular, debe investigarse diligentemente a las personas responsables de los asesinatos y atentados contra los tolupanes y proceder a juzgarles y sancionarles en el menor plazo posible” afirmó Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México. /Fotografías: Esteban Meléndez

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Masivas movilizaciones en ciudades de Honduras siguen exigiendo CICI

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

La luz dde las antorchas en San Pedro Sula se encendió a las 5:00 de la tarde.

Las movilizaciones de las antorchas se replicaron este fin de semana en diferentes ciudades de Honduras, exigiendo la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) y la renuncia del presidente Juan Hernández.

Los hondureños protestan en las calles por los actos de corrupción cometidos por el actual gobierno, particularmente por el fraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) al que se vincula al Partido Nacional y a funcionarios allegados al presidente Hernández.

Una expresión espontánea sobre la justicia hondureña.

La séptima jornada de protesta se llevó a cabo en las  ciudades de San Pedro Sula, la segunda en importancia por su producción e industrialización. También hubo movilizaciones en la ciudad de El Progreso, en el departamento de Yoro, siempre en la zona norte y en Taulabé, en el departamento de  Comayagua, en la zona central.

Asimismo en en los municipios de Santa Bárbara, en el departamento del mismo nombre; Jesús de Otoro, Intibucá; Marcala, La Paz, y en la ciudad de La Paz.

Las protestas en todas estas ciudades y municipios fueron masivas y con la misma demanda que se hace a nivel nacional, que es la instalación de la Comisión Contra la Impunidad Honduras (CICIH) y la renuncia del titular del Poder Ejecutivo, por considerarlo directamente involucrado en los actos de corrupción.

También exigen juicio político para el fiscal general, Oscar Chinchilla y para el fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Así se vivió la movilización de las antorchas en la ciudad de El Progreso, Yoro.

La movilización en San Pedro inició en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras- Valle de Sula (UNAH-Valle de Sula) y culminó en las afueras del edificio del IHSS, donde los manifestantes expresaron su repudió por la muerte de 2,888, supuestamente por falta de atención médica y medicamentos, según un informe del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

En la ciudad de La Ceiba, en la zona atlántica, también hubo una actividad similar el viernes. Las movilizaciones de las antorchas son convocadas por el movimiento social, Oposición Indignada, liderado por jóvenes con y sin militancia política.

Fuente: http://criterio.hn/masivas-movilizaciones-en-ciudades-de-honduras-siguen-exigiendo-cici/

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Amenazas de muerte reciben familias de indígenas tolupanes en huelga de hambre

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Amenazas de muerte reciben familias de indígenas tolupanes en huelga de hambre
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Una serie de hostigamientos que van desde llamadas de telefónicas hasta amenazas a muerte denunció este jueves Sergio Ávila, uno de los siete indígenas tolupanes en huelga de hambre hace 11 días, en reclamo por la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Desconocidos armados le gritaron a mi hijo, Celeo “Chechito” Luis Ávila Romero (25) quien tiene medidas cautelares desde 2013, “bajate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente mi hijo se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso “mataron mi caballo”.
Mis hijos Sergio Ávila, Oger Neptalí, Delvin Omar y yo tenemos medidas cautelares, pero “no se hace nada con eso”, porque el Estado no las ha cumplido.
Desde el inicio de la huelga- lamentó- diferentes personas han estado rondando nuestras casas o envían mensajeros para decirnos que nos callemos. Son los mismos grupos de sicarios que han estado hostigándonos en la zona, o indígenas allegados a los sicarios.
“Creo que si- el atentado- es porque estamos aquí en esta huelga de hambre porque han amenazado y hecho eso, han matado a mi caballo, pero hemos dicho es mejor morir por estar en una huelga de hambre que morir como mataron a mi caballo a escopetazos. Si morimos en esta huelga de hambre el pueblo hondureño dirá esos tolupanes murieron por defendernos y defender sus derechos, por defender nuestro territorio”, expresó.
Según la denuncia el hecho se registró a eso de las 10:00 de la mañana del miércoles 8 de julio, cuando Ávila Romero, se desplazaba a bordo de su caballo y fue interceptado por los dos hombres. “Mi hijo llegó a la casa, pero me informaron de eso hasta las cuatro de la tarde porque el médico me estaba atendiendo. “Me dijeron que no les había pasado nada y que todo estaba bien gracias a Dios”, agregó.
Pido también al Fiscal General (Oscar Chinchilla)  y adjunto (Rigoberto Cuellar), a Tulio Mariano Gonzales –titular de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños -Dinafroh- y a la Secretaría de Seguridad que inmediatamente envíen una comisión a la zona de Locomapa, pues prometieron que irían el lunes, pero no han enviado nada, hoy día jueves no han llegado por lo tanto, ellos son los culpables de que esté sucediendo todo esto con nuestras familias, zanjó el líder indígena.
Con profunda consternación Ávila, expresó “ya han muerto tres compañeros Enriqueta Matute, Ricardo Soto Flores y Armando Fúnez Medina, porque no han investigado el conflicto y me acaban de quererme matar mi hijo por defender nuestros derechos”.
De acuerdo con Víctor Antonio Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) la Tribu de Locomapa han sido objeto de una serie de amenazas a la vida, a la integridad física y emocional, persecuciones y hostigamiento quienes dirigen este proceso en defensa territorial, cultural y de los bienes de la naturaleza.
Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) intentó de forma exhaustiva comunicarse la jefa del departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Sagrario Prudot, sin embargo no contestó su celular, igualmente el titular de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh), Tulio Mariano Gonzales, no brindó declaraciones al respecto.
Entre las personas que llegaron a la capital están José María Pineda, Ramón Santiago Matute, Sergio Ávila, Santos Antonio Córdova, Darlin Córdova, Juan Samael Matute y Alejandra Cabrera.

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RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO Y AL GOBIERNO DE HONDURAS POR LO QUE SUCEDA A LOS TOLUPANES Y LOS OTROS HUELGUISTA DE HAMBRE

COMUNICADO:
RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO Y AL GOBIERNO DE HONDURAS POR LO QUE SUCEDA
A LOS TOLUPANES Y LOS OTROS HUELGUISTA DE HAMBRE

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) a raíz de la
huelga de hambre que por muchos días mantienen varios jóvenes e
indígenas TOLUPANES que demandan el cese a la corrupción y mecanismos
efectivos para combatir la impunidad, al pueblo hondureño y a los
pueblos y gobiernos del mundo expresa lo siguiente:

Primero: Las peticiones de los TOLUPANES y demás huelguistas son del
conocimiento de las autoridades del Estado hondureño mucho antes de que
se declarara la huelga de hambre y representan un directo
cuestionamiento a las estructuras de gobierno a nivel nacional y
regional, mismas que en el caso del pueblo tolupán están vinculadas a la
corrupción, saqueo y muertes violentas.

Segundo: Las demandas de los huelguistas son tan urgentes que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde diciembre de
2013, dispuso que el Estado de Honduras protegiera a varios líderes y
lideresas tolupanas cuyas vidas están en riesgo por oponerse a la
corrupción y despojo de sus bienes naturales. A pesar de esa disposición
de la CIDH, varias familias tolupanas han sido expulsadas violentamente
de sus territorios y otros líderes más fueron asesinados. Toda esta
barbarie se mantiene en total impunidad a pesar que se conoce la
identidad de quienes ejecutan estos crímenes.

Tercero: Rechazamos el supuesto diálogo propuesto por el gobierno con
personas, sectores y grupos que se benefician directamente de su
corrupción y muchos otros beneficios ilegítimos que provienen del mismo
Estado. Dialogar en la perspectiva del gobierno es negociar para
generarse impunidad. La demanda de castigo a quienes han asesinado a
varios miembros del pueblo TOLUPAN y les despojan de su territorio, el
castigo a la cúpula gubernamental que financió la campaña electoral de
su partido con fondos del saqueo del IHSS, la instalación de la CICIH
para que juzgue a los criminales de las cúpulas políticas, económicas y
del crimen organizado no son objeto de negociación, son una demanda
ciudadana que amerita ejecución inmediata.

Cuarto: Tras varios días sin ingerir alimentos por parte de los
huelguistas y la huelguista TOLUPANA, responsabilizamos al gobierno de
Honduras por cualquier afectación a su salud, su seguridad y sus vidas.
Lamentamos que el gobierno y sus funcionarios apelen al cansancio de los
huelguistas y que recurran al vano intento de desprestigiar la lucha de
los indignados e indignadas, a discriminar a los indígenas en huelga
pretendiendo negar su condición de miembros del pueblo TOLUPAN, a los
hostigamientos en la huelga, al desalojo inicial de los huelguistas para
dar una falsa impresión de normalidad a la misión de la ONU que se
encuentra en el país.

Quinto: Llamamos a todas las organizaciones, a las vocerías visibles de
los y las indignadas, al pueblo hondureño en general, especialmente al
pueblo indignado y honesto a profundizar la lucha y no caer en las
trampas y divisionismos montados por el gobierno. La cúpula
gubernamental y todas sus estructuras corruptas están golpeadas y más
temprano que tarde las derrotaremos y deben pagar por su corrupción
escandalosa, por todos sus crímenes y también por lo que hoy pueda
suceder a nuestros hermanos y hermana en huelga de hambre.

TENEMOS SED Y HAMBRE DE JUSTICIA/ CONTRA LA CORRUPCIÓN SIEMPRE

7 de julio del 2015.

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