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Auxiliar de paz atacó a dirigente indígena lenca

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Campesino atacado por militares empieza a caminar tras operación

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Hackers atacan web de periódico digital

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Defensor de DDHH cree que policías purgados están detrás de ataques criminales

TEGUCIGALPA, HONDURAS Los ataques ocurridos la semana anterior en varias partes de Honduras estarían dirigidos por policías que fueron purgados de la secretaría de Seguridad, reveló Hugo Maldonado,…

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Ciberterrorismo: piratas virtuales atacan al periódico ConfidencialHN

TEGUCIGALPA, HONDURAS Piratas informáticos atacaron la mañana del viernes el sitio web del periódico digital ConfidencialHN luego de haber publicado una imagen de un niño llorando a su padre asesin…

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En marco de foro internacional balacean campesino en Tegucigalpa

Por Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En el marco del Foro Internacional contra la criminalización de los campesinos la noche de este martes ha sido atacado a balazos el dirigente campesino del departamento de La Paz, Carlos Geovany López. La información fue brindada por el diputado de Libre y coordinador de la Vía Campesina en Honduras, Pedro […]

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HCH iniciara proceso legal contra policia que agredió a corresponsal

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Policía agrede a periodista durante cobertura de escena del crimen

Alerta 142-16 | Honduras, domingo 7 de agosto de 2016
Comité  por la Libre Expresión (C-Libre). Un grupo policial de la patrulla PN035 de Choloma en el departamento de Cortés, asignados a esta unidad la noche del sábado, agredieron al periodista Rogelio Trejo Paz.
“Me vale verga”, dijo el policía que lo atacó físicamente cuando el periodista manifestó que lo denunciaría. El otro agente, en vez de intervenir para que respetaran la labor periodística, permaneció impasible.
En su muro de Facebook, el periodista denunció el domingo que la noche del sábado fue atacado por un oficial de apellido Martínez Sierra de la Policía Preventiva, asignado a la UMEP No. 10, de Choloma, en la Costa Norte de Honduras.
«De manera agresiva y usando la fuerza desproporcionada en contra de mi persona. Estamos de acuerdo el policía tienes sus funciones como tal. Igual el caso de nosotros, hacemos nuestro trabajo. Por favor, no podemos permitir este tipo de atropellos. Compartamos esto para que no sigamos sometidos. Por algunos uniformados que lo que hacen es desprestigiar la institución. Compartamos esta publicación», pidió el periodista.
Trejo Paz, por vía telefónica, contó en el canal  Hable Como Hable, donde trabaja, que es la segunda vez que sufre una agresión como esta.
«En esta oportunidad nos encontranmos con el oficial Martínez Sierra de manera muy imprudente y agresiva a la vez, llegó de esa manera a no permitirnos el paso, estabamos en  propiedad privada, si bien es cierto somos respetuosos de la escena del crimen, es la segunda vez que pasa esto. Hace seis u ocho meses, este oficial intentó agredir a Kelin Trejo, estaba asignado en la López Arellano, estabamos como a 50 metros de la escena y lo que no quería era que grabarámos».
Relató que la noche del sábado, el agente llegó de manera abrupta y agresiva, que estaba en un bordo por donde hay un alambre y el policía lo sacó por donde estaba la cinta para hacer creer que el periodista la había atravesado, según dijo.
El periodista expresó que el policía no quiso dialogar y destacó que no tiene nada en contra de la institución policial. Este ataque ocurrió es una zona oscura, las autoridades habían dado a conocer que había una persona fallecida atrás de Mall Las Américas en Choloma.
El director del Canal Hable Como Habla (HCH), Eduardo Maldonado, una de las radiodifusoras con mayor audiencia en Honduras, denunció ayer que el corresponsal de la Costa Norte, Rogelio Trejo, sufrió el ataque mientras daba cobertura a una escena del crimen.
Maldonado dijo este domingo, «condenamos esta acción de este miembro de la policia y desde luego, vamos a actuar como corresponde legalmente por su manera de actuar contra nuestro periodista Rogelio Trejo».
«Todos lo que  conocemos sabemos que es un periodista serio, responsable, de pocas palabras y serio en la cobertura noticiosa, rechazamos esta acción de este mienbro de la institución pólicial no actuó de manera correcta, no hizo lo que debe hacer un policía, no hizo lo que debió hacer».
Lo lamentable es que los demás miembros de la policía en vez de actuar para evitar esta situación permitieron que actuara salvajemente en contra de Rogelio Trejo, así fuera bueno que actuaran en contra de los criminales, pero con la población que delinque no actuan así, opinó Maldonado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que  «instruir adecuadamente a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación».
 «Por este motivo, la Relatoría Especial ha recomendado que los Estados adopten mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad y si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión. Esto reviste particular importancia para las fuerzas que desempeñan tareas de seguridad pública en las cuales habitualmente están en contacto con medios de prensa que informan sobre sus actividades, sobre todo cuando la fuerza en cuestión no fue capacitada originalmente para estas tareas de seguridad pública».

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Página web promueve odio contra prensa nacional e internacional

Alerta 118-16 | Honduras, lunes 4 de julio de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La página Nos queda claro.com atacó la labor de periodistas nacionales e internacionales.

No aparece claramente la identidad de los administradores del sitio web y únicamente describen, “somos una revista social integrada por un grupo de estudiantes y profesionales, críticos que analizamos y revisamos los discursos y los mensajes de los partidos políticos y sus representantes, además de sus actuaciones incoherentes. Queremos señalar y dar a conocer los intereses ocultos detrás de sus palabras y que el pueblo hondureño no se lo crea. Brindándole la oportunidad a usted de que se forme su propia opinión”.

Aunque hablan de crítica política, los ataques se han orientado en contra del director del periódico El Libertador, Jhonny Lagos; el excorresponsal de AP en Honduras y periodista de The New York Times, Alberto Arce. La publicación coloca en riesgo también a la periodista, Nina Lakhani, del diario británico The Guardian.

Esta publicación ataca el trabajo de los periodistas. La denuncia fue realizada por el director de El Libertador, el 30 de junio pasado.

Consultado por C-Libre señaló que también su periódico es víctima de ataques cibernéticos.

Solo este año el sistema de Yahoo le ha enviado al menos 15 alertas de intentos de ingresos sospechosos a su correo. Los  múltiples ataques digitales han ocasionado que hayan tenido que crear tres páginas web diferentes porque las anteriores fueron destruidas por hacker en los últimos siete años. El Ministerio Publico tiene una denuncia por hackeo a El Libertado Digital, pero hasta ahora no hay respuesta, indicó.
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Policía Nacional golpea a diputado en protesta contra peaje

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Policía Nacional agredió físicamente al diputador del opositor partido Libertad y Refundación, Bartolo Fuentes, cuando participaba en una protesta pública. El hecho fue denunciado por Fuentes en la Fiscalía Regional de El Progreso, informó al Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Además, dijo que fue evaluado por la Dirección de Medicina Forense, en la ciudad de San Pedro Sula. La protesta se realizó en la colonia Guadalupe en San Manuel Cortés para manifestarse contra la instalación de peaje que consideran privatización de las carreteras.
“Todo comenzó con el lanzamiento de huevos contra las casetas de peaje que se han instalado a la afueras de El Progreso, Yoro, a la altura de la colonia Guadalupe rumbo a San Pedro Sula.
Manifestantes al son de la música bailaron, detenían momentáneamente el tráfico para conversar con los dueños de los vehículos y explicar las razones de la protesta, muchos aparcaron sus carros como muestra de su apoyo”, relató en su muro de Facebook, la periodista Dunia Montoya.
“Por espacio de más de tres horas todo transcurrió de forma pacífica hasta que cerca de las 8 de la noche cuando la mayoría se había marchado del lugar, la policía arremetió contra un pequeño grupo, lanzaron bombas lacrimógenas y la emprendieron físicamente contra el Diputado Bartolo Fuentes del Partido Libertad y Refundación Libre, quien intentaba interceder para que se bajaran los ánimos y la agresividad de la policía. A su paso para ubicar al jefe del operativo, a sabiendas de su condición de Diputado al menos unos cinco elementos le propinaron unos nueve toletazos en los brazos y espalda”, relató Montoya, esposa de Fuentes.
“Los demás manifestantes eran perseguidos por policías que corrían y otros en tres motocicletas continuaban su cacería lanzando bombas lacrimógenas”.
Fuentes contó que tienen antecedentes de agresión de parte de la Policía Nacional, pues fue golpeado en un acto de protesta el 15 de septiembre de 2009 mientras había una sesión de corporación. Este caso fue archivado por la Fiscalía.
También fue golpeado cuando elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ingresaron al Congreso Nacional el 13 de mayo de 2014 y golpearon a diputados de Libre mientras se manifestaban dentro del hemiciclo.
Fuentes contó que en el caso denunciado por Montoya, la Fiscalía realizó una inspección del expediente médico. La periodista ha entregado a la Fiscalía constancias de tratamiento médico, terapias y certificaciones sanitarias que ha estado recibiendo. Todavía está afectada por la luxación en el hombro derecho, una fractura en el codo y al momento de la golpiza, los policías también le golpearon el rostro con sus pies. “Ella identificó a los agresores en fotos e indicó quién le quebró su cámara”, señaló Fuentes.

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Identificados agentes sospechosos de tratos crueles contra 14 periodistas

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Temblaba del miedo. Acababa de botar el cartel negro que cargaba, no recuerdo dónde, ni qué llevaba escrito. Había corrido con él, en las manos,  hasta la parte frontal de Casa Presidencial cuando huía del gas lacrimógeno. Estaba rodeada de policías y militares agitados.
Todavía vuelvo a sentir la vergüenza de estar sufriendo un ataque como este, la mañana soleada, el sonido de las botas, los estallidos de las bombas, los gritos de los militares, el llanto de las periodistas incrédulas ante lo que pasaba, la sofocación de algunas por la falta de oxígeno y cada vez que  trataban de inhalar aire, les volvía entrar humo a los pulmones…
Unos minutos antes, algunas llevaban en sus hombros, un ataúd negro, hecho de cartón, como símbolo de la manifestación para pedir justicia por el asesinato de la primera mujer periodista, liquidada en Honduras, Luz Marina Paz Villalobos.  La periodista estaba dentro de un vehículo de un coronel del ejército al momento de su asesinato.
Era tanta la incredulidad ante la reacción militar porque una semana antes, igual que este día, algunas habíamos estado ahí mismo, en otra manifestación pacífica junto a comunicadores afiliados al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para exigir castigo contra los asesinos. Entonces, la Policía más bien cooperó con los manifestantes.
Las Fuerzas Armadas no están autorizadas para usar gas lacrimógeno contra civiles, pero sí lo utilizaron esa mañana del 13 de diciembre de 2011 contra de 14 mujeres periodistas.
Ninguna de las periodistas, que estaban ahí, hubiera creído que esta manifestación femenina sería respondida con bombas lacrimógenas y con golpes, por parte de los militares y de la policía. En ese instante fue imposible conocer quién dirigía el contingente policial y militar.
Cuatro años después, luego de varios meses de investigación periodística, se identificó a los integrantes del contingente policial y militar que atacó al grupo de mujeres periodistas.
No sólo eso, también se descubrió que los cuerpos de seguridad del Estado han perpetuado la impunidad, mediante el argumento de la secretividad por seguridad nacional y así, impedido que el Ministerio Público acuse a los responsables de los tratos crueles e inhumanos denunciados.
Investigación

“Los agresores de las periodistas”

 

Un informe denominado Reporte de incidente de “Represión contra Marcha de Mujeres periodistas hacia Casa Presidencial“, elaborado por el analista de conflictos de la Secretaría de Derechos Humanos Leonel Casco, revela los nombres del teniente coronel, Víctor Manuel Domínguez Rodríguez, ascendido a coronel por el Congreso Nacional casi cuatro años después de la agresión contra la prensa, en noviembre de 2015.
La versión del Teniente Coronel Domínguez, ofrecida a Casco, fue un relato contradictorio con el planteado por las víctimas. El teniente coronel le contó a Casco que “en este espacio se produjo un incidente cuando mujeres periodistas le quitaron el tolete a un soldado y lo empezaron a agredir, toleteándolo, hubo forcejeos y en eso se cree que por el nerviosismo se le disparó una bomba lacrimógena”, dice el reporte de Casco.
Por el contrario, todos los testimonios de las víctimas, contenidas en el expediente administrativo del Ministerio Público, bajo el registro Denuncia No. 2739-11, las fotografías y vídeos demuestran que el forcejeo inició cuando las periodistas intentaron atravesar las vallas militares, las golpearon a algunas en su rostro, les lanzaron más de cinco bombas lacrimógenas, algunas al cuerpo de las periodistas, ocasionándoles desmayos, mientras otra periodista resultó con lesiones en la mejilla.
La confrontación con un militar ocurrió cuando las periodistas intentaron defenderse de los golpes y le quitaron el tolete, relataron las periodistas.
En el mismo reporte de Casco se identifica, al policía de tránsito, Daniel Mendoza Vallecillo.  En el expediente del Ministerio Público, también se menciona al soldado Olman Amílcar Herrera Rodríguez.
Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, consta en el expediente, este operativo estaba al mando del capitán de navío, Mauricio Alemán Quiróz, subjefe del Estado Mayor Presidencial, y del subcomisario de Policía, José Elías Bustillo.
En 2009, el capitán Alemán Quiróz fue Jefe del Departamento de Inteligencia Naval de Honduras y es señalado en el recurso de  exhibición personal No. 876-p545-580-624=09, relacionado con la desaparición temporal de los miembros de la tripulación de la embarcación con bandera hondureña, “Capitán Lem”, detenidos en aguas internacionales por la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, el 20 de junio de 2009.
Sobre el subcomisario Bustillo, la prensa informó que en agosto de 2012, pasó como oficial de planta de la jefatura departamental número seis en Choluteca; en octubre de 2012, se mencionó que pasaba a disponibilidad como parte del proceso de depuración y en agosto de 2013, se confirmó que fue nombrado en el Distrito 1 del barrio El Edén en sustitución del subcomisario, Daniel Molina.
Por otra parte, “el día de la agresión el Oficial de Servicio consignó en el Libro de Novedades policiales del 13 de diciembre de 2011 que a las 10:50 horas, el subcomisario Marco Aurelio Arias, reportó que frente a Casa Presidencial se encontraba una manifestación de 30 a 50 personas, entre ellos periodistas y grupo de mujeres “quienes protestaban por la muerte de mujeres y periodistas Visitación Padilla (sic) finalizando a las 11:40 a.m.”, cita el reporte.
En este libro aparece el nombre de 20 policías que estaban en servicio ese día y que la Fiscalía puede llamar a declarar, los policías se trasladaban en las RPM (número de vehículo policial) 41, 42, 73, 77, 43, 71 y 74. La lista de los nombres de los policías está en poder de Conexihon.
El subcomisario Arias fue asesinado en enero de 2015, un año después de estar en disponibilidad. El oficial recibió auto de prisión el 7 de abril de 2014, siendo jefe del distrito policial de La Granja, en la capital, gozaba de medidas sustitutivas por el supuesto delito de encubrimiento de homicidio en contra de Jesús Matamoros.
Reconco, hermano de la jueza Elvia Matamoros, según el expediente judicial número 314-14.
Además, en el expediente administrativo del Ministerio Público, bajo el número de Denuncia No. 2739-11, se identifica en la cadena de mando, al entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, al General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
El avance de la investigación ha sido nulo, en cuatro años, el expediente investigativo ha pasado por varios fiscales. El grupo de denunciantes presentó como indicios: vídeos, recortes de periódicos, publicaciones que se hicieron en medios internacionales y nacionales, las comunicadoras llevaron sus testimonios escritos, otras rindieron su declaración.
Este caso se movió por el interés que mostraba la periodista Sandra Marybel Sánchez, nombrada como enlace ante la Fiscalía de Derechos Humanos, pero debido a la falta de respuesta desistió de seguir acudiendo al Ministerio Público para preguntar.
En la Fiscalía carecían de vehículo y computadoras para tomar  la declaración administrativa, dijo.
La mayoría de periodistas que participaron en la manifestación y que fueron lastimadas ya habían sufrido golpizas, amenazas, persecución, despidos por hacer un periodismo crítico, algunas lloraron al recordar este momento.
Testimonios

Las voces de las víctimas: cuatro años después

No eran cuatro, no eran seis, ya creo que para esa época, ya eran como 15, 20 periodistas asesinados, entonces ya era un exterminio de comunicadores; comunicadores y periodistas, era como una línea de censura. En donde tenían que darle una lección a algunos que ¡por Dios!, incluso, unos (de los fallecidos) hasta tenían medidas cautelares dictadas por la CIDH como es el caso de Nahúm Palacios”, dijo Tommy Morales.
“Sentís desesperación porque te hace falta el aire, sentís  una opresión en el pecho y sí, como miedo. Al final el gas es como que te descontrola. Te enfocás en recuperarte del gas y te sentís como indefensa”, así vivió ese momento Eleana Borjas.
“Me marcó en algo, que me da temor ir a manifestaciones. No puede creer que tuve que ser golpeada para posicionar una temática. La situación de la libertad de expresión ha empeorado”, recordó Claudia Mendoza.,
“Creo que en este caso mediaron mucho las presiones porque los denunciados eran personas con cargos importantes en el país”, declaró Sánchez.
“(…) Recuerdo (a) Eleana Borjas, estábamos cerca y cuando empezaron a reprimir, recuerdo bien que me levanté, pero la perdí en la carrera y me preocupó mucho porque he pasado por diferentes tipo de represión y me preocupa cuando ya no veo cerca o ya no veo a las compañeras porque digo si se las llevan o las desaparecen, me invadió la preocupación”, contó Gladys Lanza.
“Las periodistas fueron agredidas con gas lacrimógeno y con golpes, al intentar atravesar las vallas y defender su derecho de petición, de protesta, de circulación y pedir justicia por el crimen contra Paz Villalobos”, afirmó Mendoza.
“Empezaron con sus toletes a golpear a las mujeres hasta que toda la prensa hizo tomas, denunció el incidente internacionalmente…cualquier ciudadano consciente, sabe que ese pasaje es público. Es lo que debería hacer el pueblo en este momento y en cualquier momento, pasar las vallas para tomar un derecho”, consideró la escritora y periodista Iris Mencía.
Borjas relató que sufrió vómitos, mientras miraba a sus colegas llorar y algunas resultaron con lesiones en su rostro, otras fueron expuestas a lesiones crónicas porque padecen de enfermedades de las vías respiratorias como el caso de la periodista, Signy Fiallos, evocó.
En señal de protesta, por el trato indigno para la prensa, se acostaron en el suelo frente a un estacionamiento de Casa Presidencial hasta donde lograron llegar al evadir los retenes militares con el fin de realizar la ceremonia programada.
La coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Gladys Lanza, actualmente víctima de hostigamiento judicial por vía penal; en aquella época, acompañó la protesta.
En más de tres décadas como defensora de derechos humanos, “nunca había visto una represión de este tipo contra la prensa”, sostuvo.
“La marcha al final terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y personal policial”, dice un informe que está en el expediente de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que contiene esta denuncia, redactado por el fiscal de turno, Félix Antonio Coca Gonzáles, y que sirvió de base para iniciar las investigaciones.
Algunos de los oficios de la Fiscalía tienen fecha de enero de 2011 aunque el ataque ocurrió en diciembre de ese año. Como parte de las diligencias de investigación se realizaron decomisos de vídeos en el canal Hable como Habla y Globo TV. La investigación se ha mantenido casi paralizada desde que las fuerzas de seguridad pública respondieron que los nombres de los implicados son secretos por seguridad nacional.
Mientras este delito es considerado un secreto de Estado, a nivel internacional ha tenido tal atención que en 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección y promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, se reunió con las víctimas para solicitar información sobre el tema.
Como consecuencia de la represión, el 21 de diciembre de 2011, 14 mujeres comunicadoras y un periodista acudieron a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a denunciar al presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); al General René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; al General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial, como autores intelectuales, y los demás que de las investigaciones resulten autores materiales.
La denuncia fue interpuesta por delitos cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución de la República, abuso de autoridad y tratos crueles inhumanos y degradantes.
En la actualidad, más de cuatro años después, esta investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva militar y policial es manipulada como un secreto de Estado:
(…) La Fiscalía Especial de Derechos Humanos, conoce de Denuncia No. 2739-11, instruida en contra de René Osorio Canales y otros, por suponerlos responsables de la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, en cuya sustanciación se han realizado diligencias de investigación, la cual está siendo objeto de análisis y estudio por el fiscal del caso, encontrándose a la fecha expediente pendiente de adoptar una decisión sobre lo investigado, dice el Memorando DGF-281-2016, de la Dirección General de Fiscalía, de marzo de 2016.

Militares sin autorización para usar gas lacrimógeno

La responsabilidad de los militares no sólo fue penal sino que violentaron las disposiciones internas de las Fuerzas Armadas. La Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas respondió ante una solicitud de información pública que “aun y cuando actúa en apoyo a la Policía Nacional, quien dicho sea de paso tiene según el artículo 293 de la Constitución de la República atribuida la facultad de preservar el orden público y disolver protestas, en ningún momento hace uso de gas lacrimógeno, gas pimienta o cualquier otro material químico de esta índole”. No consta en los “registros de esta Institución norma jurídica al respecto lo que conlleva a que esta entidad armada no tiene vinculación alguna con el uso de este químico y por tanto de existir algún incidente en este orden, no es atribuible a este órgano público”, cita el Informe AJMFFAA-23-016.
En el transcurso de la investigación criminal de este hecho, las instituciones armadas del Poder Ejecutivo han mostrado opacidad, discrecionalidad y secretividad en los asuntos de interés público, relacionada con la violación de la libertad de expresión y de protesta, sobretodo, la Policía Nacional.
Desde el inicio esta denuncia fue tratada con un lenguaje estigmatizante por parte del Ministerio Público. El ataque es retratado en la denuncia como el incidente, mientras las periodistas la califican como una agresión.
Las víctimas califican la actividad como una manifestación, los fiscales –por su parte- hablan en el expediente de una marcha. Existe imprecisión en las expresiones pues mientras las periodistas testificaron que protestaban por el asesinato de comunicadores/as, la denuncia atribuye la protesta “a los altos índices de inseguridad en el país”.
La prensa internacional hizo eco inmediato de la represión que vivieron ese día las periodistas. El mundo informó sobre una agresión por protestar contra el asesinato como máxima censura de la libertad de expresión; sin embargo, en la prensa local las manifestantes fueron etiquetadas como violentas, los periódicos minimizaron el hecho, las tildaron de revoltosas y redujeron el ataque a las notas rojas como si se tratará de un tema policial.
Los únicos medios nacionales que destacaron lo sucedido fueron diario Tiempo, TV Globo y Canal 36.
La prensa local se limitó a transmitir el discurso oficial Lobo Sosa, que justificó que las periodistas llegaron violentas, consideró la periodista Gilda Silvestrucci.

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El mes de mayo estuvo plagado de hostilidades, amenazas y ataques contra la prensa independiente

Defensores en linea

Origen: El mes de mayo estuvo plagado de hostilidades, amenazas y ataques contra la prensa independiente

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HONDURAS: ATACAN A MIEMBRO DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA DEL AGUÁN

El campesino afectado responde al nombre Jinson Aldin Alfaro Almendares (en la camilla), quien recibió un disparo en la espalda por guardias de seguridad de la empresa productora de frutas Cofruco, ubicada en la periferia de la caribeña ciudad de Trujillo, 565 kilómetros al noreste de la capital de Honduras (…)

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1411-honduras-atacan-a-miembro-de-organizacion-campesina-del-aguan

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COMUNICADOR HONDUREÑO ACUSA A ALCALDE DE QUERER ASESINARLO

Primer auditor Social de Honduras.

El comunicador Carlos Girón (foto) fue sujeto de un ataque armado mientras descansaba en su vivienda en Santa Rosa de Copán, 380 kilómetros al occidente de la capital de Honduras y responsabilizó al jefe de gobierno municipal Aníbal Erazo de querer matarlo.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El alcalde de la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán estaría involucrado en el atentado contra el periodista Carlos Girón Rivera, quien fue tiroteado la semana anterior por desconocidos.

Este extremo fue confirmado por el propio comunicador, quien aseguró que Aníbal Erazo Alvarado, jefe de gobierno de la cabecera departamental de Copán lo mandó a agredir; en su momento amenazó a Girón con denunciarlo penalmente.

El comunicador reveló que fue sujeto de un ataque armado mientras descansaba en su vivienda en un punto no identificado de Santa Rosa de Copán, 380 kilómetros al occidente de la capital de Honduras.

Girón expresó que “un incidente familiar en el que se envuelto un hermano de un alcalde y en vista que en la Policía ni en la Fiscalía le dieron la atención correspondiente, yo lo publiqué en Facebook… el alcalde se molestó y me amenazó con procesarme”.

Tras el atentado, procedió criminalmente contra Erazo Alvarado ya que “es la única persona que tengo problemas. Temo por mi vida, la de los míos y por mis bienes”.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1369-comunicador-hondureno-acusa-a-alcalde-de-querer-ultimarlo

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Case History: Jlo Córdoba

Attempted killing of LGBTI rights defenders Juan José Zambrano and Jlo Córdoba amidst escalating violence against LGBTI rights defenders in Honduras

On 29 March 2016 human rights defender and transgender woman Ms Jlo Córdoba was shot and wounded in Tegucigalpa, which followed the attempted killing of LGBTI rights defender Mr Juan José Zambrano in Ceiba, on 24 March 2016.

Jlo Córdoba is a member of Asociación LGTB Arcoíris (LGBT Rainbow Association), an organisation which works on equality and justice for the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) community in Honduras. Juan José Zambrano is the nephew of prominent human rights defender Ms Sandra Zambrano, director of the Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/SIDA en Honduras – APUVIMEH (Association for a Better Life for People Infected with and Affected by HIV/AIDS in Honduras), of which Juan José Zambrano is also a member. APUVIMEH works with the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex community and those affected by HIV/AIDS in Honduras. It operates a shelter for people with HIV/AIDS and those of the LGBTI community called Casa Renacer and runs several projects including a program for prevention of HIV/AIDS and sexual infections, and a gay youth project.

On 29 March 2016, at approximately 8pm, Jlo Córdoba suffered an assassination attempt in the Central District in Tegucigalpa. An unidentified man approached her and fired at her twice. The human rights defender was was shot in the hand and in the chest. She was hospitalised because of her wounds and is now recovering.

On 24 March 2016 Juan José Zambrano was fired upon several times by a group of unidentified men in the city of Ceiba, Honduras. One of the bullets hit him in the rear, going straight through him and leaving him wounded in the genital area also. The human rights defender lost a lot of blood and was left for dead. This attempted assassination occurred some days after the human rights defender was kidnapped by a group of unidentified men in Tegucigalpa, on 20 March 2016. He was later released on the same day. While in captivity, the human rights defender was threatened and warned to cease with his human rights work. Juan José Zambrano’s family made the decision to send him to Ceiba on 24 March 2016, where they thought he would be safer, it was at this point that the human rights defender suffered the attempted assassination.

After the incident Juan José Zambrano was taken to Hospital Atlantida, Ceiba, and on 27 March 2016 he was transferred to the hospital Instituto Hondureño de Seguridad Social, Tegucigalpa, where he is currently receiving medical attention.

LGTBI rights defenders in Honduras have continued to conduct their human rights activities in spite of increasingly extreme levels of violence faced by them. Since 23 June 2015 six LGTBI rights defenders working in country have been killed; Juan Carlos Cruz Andara, Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (also known as Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo and Paola Barraza, with several more subjected to physical assault, intimidation and threats.

The killings and violence against members of APUVIMEH have occurred in spite of precautionary measures granted to them by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in 2013. Many members of Asociación LGTB Arcoíris, including its director, Mr Donny Reyes, are also beneficiaries of precautionary measures taken by the IACHR.

Front Line Defenders strongly condemns the assassination attempts against Juan José Zambrano and Jlo Córdoba, and expresses its deep concern at the climate of extreme violence facing defenders of LGTBI rights in Honduras.

Front Line Defenders urges the authorities in Honduras to:

1.Carry out an immediate, thorough and impartial investigation into the attempted killings of Juan José Zambrano and Jlo Córdoba, with a view to publishing the results and bringing those responsible to justice in accordance with international standards;

2.Take all necessary measures, in consultation with the human rights defenders or their representatives, to guarantee the physical and psychological integrity and security of Juan José Zambrano, Jlo Córdoba and all members of APUVIMEH and Asociación LGTB Arcoíris;

: Case History: Jlo Córdoba

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Líder Indígena de MILPAH es atacado por activista político – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Por oponerse a proyectos de desarrollo sin previa consulta, Juan Vásquez, miembro del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, departamento de La Paz, fue agredido en su propia casa por Segundo Castillo, quien en estado de ebriedad entró a la vivienda cuando solo estaba […]

Origen: Líder Indígena de MILPAH es atacado por activista político – CRITERIO

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¡!!COMUNICADO URGENTE!!!

Hoy celebramos el anuncio de retiro de Honduras del Banco de Holanda para el Desarrollo (FMO) y el Fin Fund de Finlandia, que financiaban operaciones de empresas  represadoras  dentro de territorios sagrados del martirizado pueblo indígena lenca. Aplaudimos esa tardía decisión.

Sin embargo, lamentamos profundamente que ambos Estados, Holanda y Finlandia — otrora defensores de derechos humanos –, no hayan evitado el asesinato de Bertha Cáceres, quien sostuvo reuniones pacíficas antes de su crimen con representantes de ambas instituciones financieras, quienes transfirieron inapropiadamente la información de esos diálogos a los inversionistas locales.

Estos bancos confiaron en inversionistas privados avalados por el Estado de Honduras, sin tomar las mínimas previsiones respecto a las subcontrataciones de empresas privadas de sicarios e intermediarios financieros ligados a mafias del crimen organizado, que han criminalizado las resistencias ancestrales de los pueblos originarios llamándoles enemigos del desarrollo por oponerse a la destrucción capitalista.

Excitamos a otras instituciones financieras avaladas o subsidiadas por Estados Europeos y a la propia Unión Europea que antes de acompañar proyectos de generación de energías, extracción de minerales e hidrocarburos en Honduras – el país ya devastado por los efectos del Cambio Climático – realicen en forma independiente todas las consultas previas e informadas, que cuenten con los consentimientos de los 10 pueblos originarios de Honduras.

También hoy saludamos la presencia en Tegucigalpa de las comunidades afectadas por la minería y las represas, que junto a delegaciones de los pueblos indígenas y garífunas, han venido a exigir justicia al gobierno por el crimen de Bertha Cáceres y de todos los defensores y defensoras criminalizados y asesinados por defender sus territorios.

Antes del esclarecimiento del crimen contra la lideresa indígena lenca, defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres, por el gobierno vemos este 16 de marzo nuevos hechos de alto impacto que REPUDIAMOS.

Coinciden con los hechos perpetrados en Tocoa, Peña Blanca y Tegucigalpa, los testimonios recibidos en las últimas 72 horas en sedes regionales del Cofadeh.

En base a información recibida se puede alertar a la población sobre operaciones de una banda de sicarios uniformados de día y camuflados de noche, que hacen uso de armas depositadas como evidencias bajo custodia de la Policía Nacional, para cometer crímenes atroces en distintas parte del territorio nacional.

Los expedientes clasificados de casos emblemáticos de alto impacto en la zona del Bajo Aguán, San Pedro Sula y Tegucigalpa, revelan complicidad absoluta de autoridades policiales, militares y civiles en la comisión de los mismos usando disfraces de asesinos operando oficialmente desde el Estado.

Además, los testimonios de integrantes de una Escuela de Formación Delincuencial dirigida por instructores extranjeros – con el conocimiento, respaldo institucional y financiamiento del gobierno de Honduras –, revelan que más de mil jóvenes hondureños son entrenados para convertirlos en infiltrados, agentes de penetración social y asesinos con habilidades para cometer crímenes políticos disfrazados de hechos comunes.

Esta situación ha sido documentada por el COFADEH ante un sector de la comunidad internacional con capacidad de parar las locuras terroristas que implicarían al Estado.

Por ejemplo, el allanamiento policial militar sin orden judicial de la casa del presidente del MUCA, José Angel Flores, y la detención arbitraria de su familia bajo presunción de posesión de armas, no obstante gozar de medidas cautelares dictadas por la CIDH, es un hecho condenable absolutamente y está inscrito además en la lógica de implantes confesada por desertores de la Escuela Terrorista.

El ataque con arma de fuego esta mañana contra el contador de la Vía Campesina, Cristian Alegría – sobrino del diputado Rafael Alegría –, que resistió una aparente acción de robo, igualmente responde a la lógica de la Escuela de Terroristas denunciada a este Comité.

Así mismo, el violento desalojo de una comunidad campesina de origen indígena lenca en Río Chiquito, Peña Blanca, Cortés, en cuyas inmediaciones resultó asesinado el líder local del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Nelson García, es una respuesta oficial en momentos cuando el pueblo demanda el esclarecimiento y la justicia en el crimen de la coordinadora general de esa organización, Bertha Cáceres.

Y en este marco de exigencia, abusando de la justicia penal, se impuso sentencia al periodista David Romero Ellner, por seis delitos de difamación, enmedio de un contexto de lucha contra la corrupción, particularmente la denuncia por el saqueo de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Hacemos un llamado urgente a la opinión pública internacional, a la comunidad inter estatal acreditada con diplomáticos en Tegucigalpa, a escuchar en forma preventiva estos hechos denunciados y ayudarnos contener la sed de violencia oficial.

Defensores en linea

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Alerta: terrorismo en Santa Elena, La Paz

l Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denuncia que la tarde del viernes 29 de enero desconocidos prendieron fuego a la casa del dirigente indígena Rosalío Vásquez en Santa Elena, departamento de La Paz, fronterizo con El Salvador.

Rosalío enfrenta orden de captura emitida por un juzgado de Marcala, La Paz, por suponerlo responsable de un delito que no cometió, según la defensa de su organización: Movimiento Indígena Lenca de La Paz, MILPA.

En noviembre pasado su esposa Ana Romero, quien igual que Rosalío goza de medidas cautelares de la CIDH, sufrió una golpiza por policías militares y civiles enviados por la empresa Los Encinos, que preside la vice presidenta del Congreso Nacional, la diputada Gladys Aurora, del Partido Nacional.

El COFADEH planteó al Movimiento MILPA y a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, la urgencia de adoptar planes de seguridad, que serán definidos en los próximos días.

De acuerdo al recuento de ambas organizaciones indígena y campesina en 2015 fueron muertos en forma violenta 20 dirigentes indígenas que luchan contra el represamiento del río Chinacla, ubicado en territorios indígenas de El Potrero, escenario hoy de este hecho terrorista imputable a los violadores de derechos humanos del pueblo indígena lenca.

Este Comité hace un llamado a la comunidad internacional a proteger la vida de Rosalío Vásquez, su familia y compañeros de organización, pues enfrentan una serie de hostilidades judiciales y de terrorismo directo que podrían causar hechos de peores consecuencias en la zona.

En este enlace publicado por el periodista Félix Antonio Molina en sus redes sociales se amplían elementos de la denuncia divulgada por Martín Gómez, sub coordinador del Movimiento MILPA.

DENUNCIA MARTIN GOMEZ

Defensores en linea

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Insólito: Apresan a hondureño acusado de revelar irregularidades en la banca –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En una clara violación a la libertad de expresión, la Policía Nacional de Honduras capturó este jueves al ciudadano Elvin Francisco Molina (33), a quien acusa de divulgar a través de las redes sociales supuestas irregularidades cometidas por algunas instituciones financieras. Al detenido, que ha  sido acusado de atentar contra el sistema […]

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Hondureño detenido por divulgar información en redes sociales

Alerta 09-16 |Honduras, jueves 21 de enero, 2016 El director de Radio y Tv Globo, David Romero Ellner, reveló este jueves que le informaron que “los torturadores de oficio” pretenden involucrar al joven, Elvin Francisco Molina, como la persona que le ha pasado información de supuestas irregularidades en bancos hondureños.

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“Me voy a levantar de esta silla y seguiré haciendo mi trabajo”: Irma Lemus, defensora del Bajo Aguán

Dinámica y muy alegre, donde está su presencia es notoria debido a su participación activa y comentarios acertados con respecto a la problemática local que afecta  a quienes defienden el derecho a la tierra en el Bajo Aguán, ella es Irma Lemus Amaya de 32 años de edad, y que por un atentado contra su vida permanece desde hace cincuenta días en una silla de ruedas o apoyada en un par de muletas para poder caminar.

“No es nada fácil lo que está pasando, sin embargo dicha situación me vuelve más fuerte” declaró la defensora de derecho humanos, quien ha empezado a hacer algunos movimientos con las muletas y eso “es una señal de que pronto me voy a levantar de esta silla de ruedas y seguiré haciendo mi trabajo de defensa de derechos humanos que es un derecho que me corresponde como ciudadana y lo haré con más compromiso porque así como yo, hay muchos que nos quieren acallar, porque no callamos las injusticias en este país”.

Irma Lemus es una lideresa campesina, subcoordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), quien en 2014 enfrentó un proceso de criminalización, donde fue absuelta el 10 de diciembre de ese año, debido a que el Ministerio Público no pudo encontrar pruebas en su contra, lo que se denunció como una persecución de parte del Estado hondureño debido a su labor de defensa del territorio.

Cuando se ataca a un defensor o defensora de ddhh, también afecta a su familia, en este caso “a mis hijos les ha afectado emocionalmente ya que no ha sido fácil asimilar esta situación, cuando tenía que salir, antes del último atentado, siempre me abrazaban, me daban un beso para despedirse de mí y me decían mamá cuídate, tenga mucho cuidado que no nos queremos quedar sin mamá, me sentaba hablar con ellos, en casa también decían mamá no queremos que te vayan a matar, tu eres todo lo que tenemos, pues no contamos con un papá responsable, y eso me conmovía porque, de alguna forma, tenían razón”.

Ahora que me quedé –temporalmente- en una silla de ruedas, los he visto llorar junto a mi cama, a mi silla y siguen diciendo mamá te recuperas y huyamos de este país, te van a matar, no queremos quedar solos, y cuando ellos me dicen eso se me parte el corazón porque me siento entre la espada y la pared, compartió Lemus, mientas lee algunos artículos de la Constitución de la República de Honduras.

Ve al horizonte y dice “pienso en mis hijos en mi familia y también en toda una belleza natural que tenemos en nuestro país, en las injusticias que se dan con los de pies descalzos (población más pobre), por lo que cada vez me siento más comprometida con la lucha social y les planteo a mis niños que tenemos que luchar juntos y nada nos pasará, afirmó la defensora.

También les digo que se mentalicen que Dios tiene un día para la muerte asignado para cada uno y que nadie va a morir antes ni después de ese día que ya Dios nos tiene, y así logró que se tranquilicen.

Preguntan mucho mamá cuando te vas a levantar de esa silla? Y lo dicen con tristeza

Irma Lemus fue víctima de un atentado, en una situación aún no esclarecida, cuando viajaba a bordo de una motocicleta con su compañero de hogar y también defensor de derechos humanos del Bajo Aguán, Rigoberto Dura, el 29 de noviembre del 2015, al ser envestidos por personas desconocidas a bordo de un vehículo blanco, en la calle que conduce del municipio de Sabá a la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón, al norte de Honduras.

Irma Lemus y Rigoberto Durán, son parte del OPDHA, así mismo de la red de defensores y defensoras de DDHH que acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en el marco del proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” que ejecuta con el apoyo de OXFAM-UE, desde hace más de dos años.

Ambos defensores recuerdan que cuando el vehículo se les cruzó, era con la clara intención de impactarlos, sacándolos de la carretera y los hechores se dieron a la fuga. Irma se llevó la peor parte, mientras que Rigo, aun con un yeso en su brazo izquierdo, es un soporte indispensable para que ella pueda realizar algunos movimientos.

Una semana antes, el 22 de noviembre, Durán también fue víctima de un atentado fallido, cuando por una carretera cercana a Tocoa, mientras regresaba de acompañar a una comunidad en defensa del bosque, escuchó disparos, y no supo de donde procedían.

Ambos hechos fueron denunciados ante las autoridades respectivas, pero no hay avances en las investigaciones, por lo que los defensores lamentan la forma en que opera el sistema de justicia en Honduras, ya que no solo ellos son afectados, sino otras personas que luchan por los bienes comunes y denuncian la impunidad en la región, como es el caso Agustín Cálix, un hombre de 77 años de edad y miembro del OPDHA, que el pasado viernes lo quisieron raptar bajo engaños, un hombre a bordo de un vehículo negro, en Tocoa, Colón, de igual manera, el caso no fue de la debida importancia para las entidades locales, según denunciaron miembros de la Red defensores y defensoras de DDHH.

Irma afirma que tiene una razón más para luchar y ser feliz, y es que sus tres hijos, todos menores de edad, son aventajados alumnos, que con su excelencia académica la llenan de orgullo.

Asimismo siente indignación al ver que hay muchos jóvenes preparados para sembrar terror y dolor al pueblo –refiriéndose los que son formados en las academias policiales y dela Fuerzas Armadas-  y esa indignación acrecenta cuando suceden hechos como en los que policías de la Fuerza Naval, asesinaron a dos jóvenes garífunas el pasado 26 de diciembre en el municipio de Iriona, Colón, supuestamente confundiéndolos con narco traficantes, cuando lo que hacían era ayudar a otro  compañero a remolcar su carro atascado en el fango.

Lemus, como defensora campesina, aconseja que “hay que cuidar que el cultivo de yuca, no la contagien con transgénico que tanto daño hacen al organismo provocando cáncer, osteoporosis y diabetes. Ya pongamos un alto a los transgénicos”.

Irma resume su trayectoria en la defensoría de derechos humanos diciendo que “Mi lucha social inicia el 2012 como comunicadora social, luego me invitaron del OPDHA a participar en talleres de formación como comunicadora social en ddhh; y es en 2013 que entro de lleno al tema y me hago defensora en la  práctica junto a la formación que recibo de diferentes organizaciones que inciden en el Bajo Aguán, y en diferentes lugares nacionales e internacionales.

Recuerda que un año después de trabajar en la defensa de los DDHH, sufrió el primer atentado, fue el 31 de julio del 2014 en Tocoa, también junto a Rigoberto, pero salieron ilesos.

El 21 de agosto del 2014 al 10ez de diciembre de ese año, estuvo enfrentando un proceso judicial, que marcó su vida y a su familia, pues también sufría su mamá, papá, hijos y hermanos. Y en los  últimos dos años ha sido objeto de constante vigilancia por personas a bordo de vehículos sin placas.

El 30 de octubre pasado, nuevamente  sufrió un atentado junto a otros defensores en la comunidad de Limón, en un acompañamiento a las comunidades de ese municipio, donde se manifestaban a la altura de la calle que conduce de Bonito Oriental a Valle de Sico, Colón, donde fueron reprimidos por militares, quienes pusieron gas pimienta en el vehículos que se transportaban los acompañantes.

Con muchas cosas por hacer, personas que acompañar, violaciones a ddhh que denunciar y muchos derechos por reclamar, me voy a levantar de esta silla y seguiré haciendo mi trabajo, Dios es justo y donde hay injusticias Dios no puede estar, así que seguiré denunciando las violaciones a los derechos humanos, puntualizó Irma Lemus, sub coordinadora del OPDHA, miembro de la Red de defensores y defensoras de ddhh del Bajo Aguán, y de otras agrupaciones e iniciativas por la defensa del derecho a la tierra, derechos de la mujer, entre otras.

Defensores en linea

Origen: “Me voy a levantar de esta silla y seguiré haciendo mi trabajo”: Irma Lemus, defensora del Bajo Aguán

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Honduras: Secuestran al Coordinador del MADJ en Atlántida

El Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) para el departamento de Atlántida, Wilmer Alexander Ramos Rivera (24),  fue interceptado por 3 hombres que cubrían su rostro con pasamontañas, lo encañonaron con armas de fuego, lo obligaron a detener la marcha de la motocicleta en la que se conducía y bajo amenaza de matarle lo redujeron a la impotencia y lo privaron de su libertad.
El hecho  se produjo el  22 de diciembre de 2015, alrededor de las 10 de la mañana en la comunidad de El Astillero, municipio de Arizona, departamento de Atlántida. Ramos Rivera se dirigía a San Juan Pueblo a operar uno de los programas de Radio Dignidad, radio comunitaria del MADJ desde la cual se promueve la participación de las comunidades del sector en la lucha contra la corrupción pública, la defensa de los derechos humanos y especialmente la defensa de ríos, bosque y minerales que empresas mercantiles  en contubernio con funcionarios de gobierno pretenden explotar ilegal e ilegítimamente.
Ramos Rivera quien también es miembro de la Conducción Nacional del MADJ, estuvo privado de su libertad por 5 horas, tiempo en el cual sus captores lo interrogaban sobre las actividades a las que se dedica, su destino, sus compañeros y compañeras de organización y finalmente le llevaron parte del  equipo con el que realiza su trabajo para el MADJ, como cámaras fotográficas, celulares, agenda, entre otras. A eso de las 5 de la tarde, sorpresivamente fue dejado en libertad.

Este hecho se produce luego que el MADJ ha sido parte de fuertes procesos de resistencia en el atlántico hondureño, provocando que los ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Francisco y Arizona se declararan libres de explotación minera y proyectos hidroeléctricos. En el municipio de Arizona, lugar donde ocurrió el hecho, esta decisión fue tomada en un cabildo abierto celebrado el 20 de noviembre recién pasado en medio de denuncias de corrupción contra el alcalde Adolfo Paguada Saybe, quien tendría compromisos con empresarios de la hidroenergía.

Por el ambiente de amenazas en que los líderes del MADJ desarrollan el trabajo en el departamento de Atlántida, el 24 de diciembre del 2103,  mediante resolución 195-2013, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de varios líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos del departamento de Atlántida, específicamente de la comunidad de Nueva Esperanza y del Patronato Pro Mejoramiento Regional del Sector Florida (PRSF) en el caso identificado como “Adonis Romero y Otros”. Estas medidas han sido abiertamente incumplidas por el Estado de Honduras, lo que constituye un estímulo para quienes violentan el trabajo del MADJ y de otros defensores y defensoras de derechos humanos en la zona.

El MADJ condena esta cobarde agresión y exige al Estado de Honduras que identifique y sancione a los autores intelectuales y materiales de este crimen. Además continua solicitando a los funcionarios del Estado que cumplan con su deber de respetar y garantizar los derechos humanos de quienes integran el MADJ, especialmente a quienes la CIDH ha dispuesto su protección.
Comunicaciones MADJ

http://www.hondurastierralibre.com/2015/12/honduras-secuestran-al-coordinador-del.html

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La ONU condena ataques y violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

En el marco del Día Mundial Contra la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una resolución en la que condena todos los ataques y violencia contra periodistas y trabajadores de los medios y reclama a los países miembro que hagan «todo lo posible» para evitar los casos de violencia contra ellos, garantizar que hay rendición de cuentas, que se lleva a los responsables ante la justicia y que las víctimas tienen acceso a los remedios apropiados.

«El foco en la impunidad en esta resolución deriva de la preocupante situación de que en la última década más de 700 periodistas han sido asesinados por dar noticias e información al público», ha indicado la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

«Estas cifras no incluyen los muchos periodistas que cada día sufren ataques no mortales, incluidas torturas, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, intimidaciones y acoso, tanto en situaciones de conflicto como de no conflicto», ha agregado.

Asimismo, ha señalado que, «de forma preocupante, sólo uno de cada diez casos (de violencia) contra trabajadores de los medios de comunicación durante la última década han llevado a una condena». «La impunidad crea impunidad y alimenta un círculo vicioso», ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que «cuando los ataques contra periodistas quedan sin castigo se envía un mensaje negativo, y es que informar sobre las ‘verdades embarazosas’ o las ‘opiniones no deseadas’ meterán en problemas a la gente».

«La sociedad en su conjunto sufre a causa de la impunidad. El tipo de noticias que son ‘silenciadas’ son exactamente el tipo de noticias que la opinión pública tiene que conocer», ha remachado.

Sobre el tema el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) emitió un comunicado.

Escrito por en nov 2 2015

Origen: La ONU condena ataques y violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación – Noticias Cholusat Sur

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Agentes de la Policía Militar, abusan de su poder y agreden a periodista.

Agentes de la Policía Militar, abusan de su poder y agreden a periodista.

Denuncia contra Policía Militar

Autor: Evelyn Molina//Categorias: Lo más Reciente, Noticias

4.1

La periodista y defensora de derechos humanos Wendy Fúnes, solicitó la presencia y acompañamiento del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH, en el proceso de inspección a su persona y vehículo que realizaban de forma arbitraria agentes de la Policía Militar y de Orden Público,  el pasado veinte y ocho de octubre en la carretera que conduce a Santa Lucia,  a pocos minutos de Tegucigalpa.

Durante el suceso ninguno de los agentes policiales se identificó con la periodista, ni explicó el porqué del registro a su vehículo  a su cartera y a su persona.

En el proceso la periodista Fúnes se comunicó a la oficina de CIPRODEH, con el objetivo de pedir ayuda, sucesivamente a la zona se trasladó el defensor de derechos humanos Wilfredo Méndez; entre tanto según el relato de la comunicadora, los policías militares hacían mofa de su apariencia física y hacían señalamientos sobre su posible afiliación política; “tenía miedo, estaban armados y eran varios yo estaba sola y sin posibilidad de defenderme, me tomaban fotografías y también le tomaban fotografías a mi documentación” agregó Fúnes.

La periodista expresó que su mayor temor en el momento,  la relacionaba con el hecho de sentirse intimidada y las recientes publicaciones hechas por su persona sobre información crítica en relación al funcionamiento de las Fuerzas Armadas en Honduras.

En el momento que Fúnes comunico a los agentes militares que era periodista y que había solicitado apoyo a CIPRODEH , estos bajaron su tono de voz y decidieron marcharse del lugar; “ yo esperare a que llegue el abogado Méndez porque tenemos que levantar un acta de lo sucedido” a esta manifestación según Fúnes , los agentes militares respondieron que ya se marchaban del lugar y que no tenían motivos para quedarse, suspendiendo de inmediatamente las acciones de registro en la zona.

Minutos después llego Wilfredo Méndez y levanto el acta correspondiente de lo sucedido, por ello anexamos la denuncia realizada por la periodista Wendy Fúnes de lo antes mencionado, al tiempo que destacamos la preocupación sobre su integridad física y moral y nuestro compromiso en la vigilancia de su caso.

http://www.ciprodeh.org.hn/Noticias/ArtMID/3057/ArticleID/5354/Agentes-de-la-Polic237a-Militar-abusan-de-su-poder-y-agreden-a-periodista

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ACI PARTICIPA sufre ciberataque

Alerta 162-15 | Honduras, 24 de septiembre

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), organización que combate la violación sistemática de Derechos Humanos y los altos índices de impunidad y corrupción en el país, denunció el hackeo de su cuenta institucional.

La organización de sociedad civil denunció que “el 22 de Septiembre del año 2015, utilizando entre otras, la técnica el Fishing, para hacerse de la información contenida en dicha cuenta.

En su ciber delito, el o los delincuentes, lograron obtener y posteriormente borrar todos los contactos de la organización como todos sus archivos, carpetas y correos enviados y recibidos, perjudicando grandemente, la comunicación tanto de organismos e institucionales nacionales e internacionales como de nuestros beneficiarios del trabajo de defensoría que realizamos”.

Según ACI PARTICIPA, con la aprobación y puesta en práctica de la Ley de Escuchas, el Estado de Honduras logra legalizar la intervención de correos electrónicos, teléfonos móviles y fijos.

“La práctica de escuchas telefónicas que órganos de inteligencia policial y militar han realizado desde hace muchos años para interceptar comunicaciones de organizaciones sociales y opositores políticos quedó legalizada por el Congreso Nacional en diciembre de 2011 y Publicada en La Gaceta. 29 de Enero de 2012. Aunque ya, el Código Procesal Penal, en el artículo 223 establecía procedimientos para que se puedan hacer algunas investigaciones de esa manera, a personas con suficientes indicios racionales de culpabilidad. Por esa razón, consideramos ésta y todas las leyes que atenten contra la privacidad a la intimidad y a la libertad de expresión son violatoria a nuestros derechos”, dice la denuncia.

Asimismo, ACI PARTICIPA, hace un formal llamado a las autoridades de la Fiscalía de Derechos Humanos y a Dirección de Protección a defensoras/es, para que realice una investigación exhaustiva sobre el ciberataque, dé a conocer públicamente los resultados obtenidos y castigue al o los culpables mostrando con hechos su intención de contribuir a la democracia, la paz y a la libertad que todos los hondureños esperamos.

ACI PARTICIPA ha estado trabajando en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos cuya vida está amenazada por denunciar corrupción en la administración estatal.

http://www.clibrehonduras.com/alerta/aci-participa-sufre-ciberataque

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