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ONU insta al aumento de protección para trabajadores migrantes hondureños

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Sistema de las Naciones Unidas firma nuevo Marco de Cooperación

El Gobierno de Honduras y el Sistema de las Naciones Unidas en el país, suscribieron este lunes el nuevo Marco

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Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT

En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derecho…

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SIN RESPUESTAS CONCRETAS DE LA OIT, QUERELLA DEL MAGISTERIO

La Organización Internacional del Trabajo de Las Naciones Unidas, resolvió este pasado mes de julio, una serie de demandas por parte del magisterio hondureño, ordenando al Estado de Honduras entregar más información concerniente a los derechos de los trabajadores de la educación. Las demandas del magisterio se enmarcan en un largo conflicto entre las organizaciones […]

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Estado de Honduras está aplazado después de 15 meses de comprometerse ante el EPU a respetar derechos humanos

En la opinión de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, el Estado de Honduras en vez de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, (EPU),  se ha dedicado a perseguir, amenazar, censurar y violentar  la libertad de expresión en el país, a 15 meses de haber aceptado las recomendaciones del Consejo de los Derechos Humanos, en Ginebra.

El 08 de mayo del 2015 el Estado hondureño acudió al EPU, 152 recomendaciones, 23 más que en el 2010 de su primer EPU, fueron hechas por diferentes países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU,  en las diferentes áreas de derechos humanos, de las cuales alrededor de  19 están directamente ligadas al respeto de la libertad de expresión, libertad de prensa y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Incapacidad para cumplir

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Guillermo López Lone, ADJ.

El Estado no tiene una política de monitoreo y verificación  para cumplir con las recomendaciones que desde el Consejo de Derechos Humanos le ha hecho desde el año 2010, solamente son una  formalidad para dar la  apariencia de desempeño, no ha creado una política eficaz para proteger a los periodistas y reducir el riesgo que corren por ejercer su función en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, a criterio de Guillermo López Lone,  miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD).

En la observancia de los grupos indígenas que son de los más vulnerados, el Estado no es capaz de salvaguardar sus vidas, ha aumentado el número de asesinados y otros con medidas cautelares como los del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) y de la Tribu Tolupán, así como el asesinato de Berta Cáceres, una de las más emblemáticas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.

El profesional del derecho cuestiona si realmente al Estado le interesa la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, o si se diluye en decisiones administrativas con las que logra satisfacer las presiones nacionales y las exigencias de los organismos internacionales.

La situación de Honduras en cuanto a las violaciones de los derechos fundamentales es de las más preocupantes del continente, no solo se ve a nivel interno sino que fuera de las fronteras  Honduras es vista como el país con más incidencia en violaciones de los derechos de la población.

López aseguró que el presupuesto que le han asignado al mecanismo de protección para periodistas, comunicadores sociales, defensoras y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, instancia contemplada en la Ley aprobada por el Congreso Nacional y puesta en vigencia desde mayo de 2015, no es tanto pero que bien administrado puede dar resultados siempre y cuando haya voluntad política, “es de estar cuidando que la burocracia no se lo coma y que esté destinado para ejecutar medidas efectivas para proteger a defensores y defensoras en situación de riesgo de perder la vida o sufrir atentados”.

Lone tiene sus reservas si el Estado podrá tener la habilidad de administrar los recursos económicos y humanos para cumplir con la tarea, en lo personal el integrante de AJD tiene sus reservas sobre ese extremo.

Señaló a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos  y otros entes de justicia,  que no muestran voluntad política, para proteger a los defensores y periodistas.

Sin embargo los periodistas que ejercen su función de manera crítica a los que denominan de la oposición, estos deben sortear  mayores dificultades y señalamientos por parte del gobierno, además de la discriminación en el ejercicio de su labor o de los medios de comunicación en donde trabajan.

Control de las comunitarias

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Mirian Miranda, OFRANEH

En la regulación del sector de las telecomunicaciones y la asistencia a los pueblos indígenas y afro hondureños, la lideresa Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), denunció que más que ayudarlos el mismo Estado les ha provocado más problemas.

Recordó que algunas personas de los pueblos indígenas se reunieron con Porfirio Lobo, presidente de Honduras entre 2010 y 2013,  a raíz del anuncio de que democratizarían el espectro radioeléctrico con la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones que les permitiría poseer una frecuencia, pero según Miranda esto hizo que hubiera un avance para privatizar más las comunicaciones.

Si bien es cierto en ese periodo se dieron varias licencias a costa de la gran persecución de la que son objeto las radios comunitarias en los últimos años, los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), visitaron las radios comunitarias de OFRANEH Faluma , de Trujillo y Sugua,  de Sambo Creek y les pedirron permisos de operación,  irrespetando el Convenio 169 que establece que los pueblos indígenas y negros tienen todo el derecho de establecer sus propios sistemas de comunicación y que no deben estar regulados por el Estado.

Alegó la lideresa que quieren colocar a las comunitarias al mismo nivel de las comerciales, sin tomar en cuenta que el funcionamiento y los fines son diferenciados, apelando a la democratización de la comunicación.

Miranda reiteró que realizaron denuncias por la persecución de la que son víctimas, pero que el gobierno no garantiza el respeto a sus comunicaciones y que el hecho de elaborar una ley para regularlas es interpretado por sus pueblos como un mecanismo de control.

Ese contexto es reiterativo y ejemplificó el caso de  las y los locutores que sufren persecución si tocan temas que se refieren a la defensa de los derechos territoriales,  como es el caso de la comunitaria Coco Dulce (Faluma Bimetu), ubicada en Triunfo de la Cruz, que fue quemada después del golpe.

Afirmó que no existe ninguna protección por parte del Estado desde el momento que quieren regularla, lo que es de conocimiento internacional por los reportes que OFRANEH que ha entregado a la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.

En los últimos años la problemática en las comunidades garífunas en el tema del territorio y los bienes comunes se agudizó gravemente, ha habido una persecución oficializada, por ejemplo, el caso de Barra Vieja en donde fueron judicializadas 69 personas a petición de la Empresa Nacional Portuaria y el Instituto de Turismo por parte del mismo Estado a través del Ministerio Público, (MP).

Por ejemplo en la comunidad garífuna de Nueva Armenia,  una Garífuna de nombre Carolina Castillo tiene 10  requerimientos fiscales, está acusada por el MP de invasora pero  ella está defendiendo las tierras de su comunidad.

En Trujillo un terrateniente que pone resistencia para presentarse a los tribunales de la zona porque ha sido requerido por las autoridades “y a él nadie lo persigue porque es un inversionista canadiense, anda por toda la bahía, no le libran orden de captura, ni lo detienen, pero si fuera un garífuna o campesino inmediatamente estaría preso”, argumentó Miranda.

Lo anterior a ella lo que la hace concluir es que las recomendaciones que le dieron al Estado que involucran a los pueblos indígenas y afro hondureños en el EPU 2010 y 2015, son ignoradas.

Mecanismo regulador

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Sue Helen Ocampo, Colectivo Josefa Lastiri

Por su parte la periodista Sue Helen Ocampo, del Colectivo Josefa Lastiri,  reseñó que en las recomendaciones del EPU se habla de un mecanismo de protección del que hasta la fecha no se ha visto ningún avance, ya que se requiere la reforma de la Ley aprobada en 1997 para que sean reconocidas las radios comunitarias a nivel constitucional y así les garanticen las condiciones accesibles al espectro que reflejen la realidad de las comunidades.

Destacó que cuando el ex presidente Lobo Sosa ejerció el cargo en la continuación del golpe de Estado,  hizo un llamado a los diferentes ministerios y movimientos sociales para plantearles una reforma a la Ley de telecomunicaciones, después se dieron varias propuestas.  una presentada por el Comité para la Libre Expresión, (C-libre), otra por ejecutivos y organizaciones,  pero al final la Ley pasó intacta como estaba desde 1997, con la única diferencia que se elaboró un reglamento donde aparece la figura de las radios comunitarias por primera vez, antes de eso solo se conocían medios públicos y comerciales.

En cierta forma fue un avance en la reglamentación, tendió a ser un protocolo para poder acceder a licencias, pero en la realidad fue un obstáculo para que las comunitarias ejercieran el derecho a la libertad de expresión.

También generó una persecución hacia algunas radios como es el caso de OFRANEH, que después de aprobada la ordenanza recibieron tres llamados por parte de CONATEL, supuestamente por incurrir en delitos establecidos en la reglamentación, lo que hace pensar que al final la intención del Estado era regular y sancionar a las comunitarias, aseguró la comunicadora.

Consideró al nuevo estatuto como un retroceso político porque no responde a las condiciones de las radios regionales, aún las que obtuvieron las licencias han sido llamadas o canceladas por el ente regulador,  por ejemplo “La Voz de Puca”,  en el departamento de Lempira  y la “Voz de Zacate Grande”, en  el Sur del país.

Lo que las comunidades demandan es una reforma a esa Ley de Telecomunicaciones que se apegue al contexto de los pueblos o una legislación específicamente para las radios comunitarias como existe en otros países, no solo para el reconocimiento de las mismas, sino que establezcan los instrumentos para ellas, indicó Ocampo.

No garantizadas la expresión y la vida

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Leo Valladares, ACI-Participa

En relación a la libertad de expresión en el EPU concerniente a las reformas de la Ley de Telecomunicación no se ha avanzado, sobre todo en el 2015,  año que tuvo lugar un gran esfuerzo para lograr el reconocimiento a las comunitarias que juegan un papel importante en la vida nacional, porque ellas tratan asuntos propios de los pueblos, opinó Leo Valladares, Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA.

Para él la libertad de expresión sufre limitaciones, como ejemplo señaló  la suspensión de GloboTV porque no pagó ciertas cuotas, pero si se ve desde el punto de vista de la libre emisión del pensamiento, el gobierno pudo resolverlo de otra manera. En estos casos ceden a los intereses mercantiles antes que a los sociales del derecho a la información.

Existen muchas amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, solamente que en ocasiones son generalizadas en el marco de la criminalización de la protesta social, lo que tiene una estrecha relación a la protección hacia los periodistas, como las muertes de éstos  que están sin esclarecimiento por parte de los entes de investigación.

Con todo, la nueva Ley de “Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”,  Valladares manifestó que “en la práctica no se ve que haya tenido ningún efecto”.

Añadió que más que leyes se necesitan acciones concretas de las autoridades no solo para defenderlos a ellos sino a la población en general.

Hasta la fecha no ha habido una investigación exhaustiva para determinar los últimos casos de muertes de los 65 periodistas y comunicadores sociales, no hay datos que se hayan enjuiciado a los responsables de los crímenes.

Existe una continuación de la intimidación para las y los periodistas con el elemento que el Estado no ha podido garantizar la integridad física de ellos, finalizó el defensor.

Protección a mujeres

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Neesa Medina, CDM

Los Movimientos Feministas acusaron que el Estado sigue limitando la protección de los derechos humanos de las mujeres como son la salud y los derechos reproductivos, al prohibir que se hable públicamente de la utilización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia más conocida como “PAE”,  pronunció Neesa Medina,  del Centro de Derechos de la Mujer. (CDM).

Al reconocer que existen métodos para prevenir los casos, por ejemplo de malformaciones genéticas, y Honduras sigue negando a través de un acuerdo ministerial la protección de los derechos de todas, alegó la feminista.

Intrínsecamente con la prohibición del consumo de las PAE se restringe su promoción, lo que es evidente que hay una clara violación a la libre emisión del pensamiento.

Una de las recomendaciones del EPU habla de la protección de las mujeres, pero al negarles la información acerca de algunos métodos de anticoncepción que debería ser de conocimiento público, no la están cumpliendo, develó Medina.

Autocensura por querellas

El Estado no está cumpliendo con tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión debido a la gran inseguridad en que vive la población en general, especialmente la gente que trabaja en los medios de comunicación, afirmó el periodista José Adán Castelar.

Castelar dijo que todavía sigue en la impunidad la gran mayoría de los crímenes cometidos contra los profesionales de la comunicación, ocurridos en los últimos años.

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Periodista José Adán Castelar, Prograna de TV Plan C

En cuanto a la libertad de expresión de los periodistas llamados de la oposición por sus planteamientos no gobiernistas, Castelar opinó que en cierta medida se está cumpliendo debido a la presión popular que ha definido dicha independencia hasta ciertos niveles.

Recordó que existen formas jurídicas que el Estado tiene para atentar contra la autonomía comunicativa, por ejemplo, el cierre de GloboTV como un mecanismo de establecer ciertos tipos de censura.

Castelar trajo a colación que en el país aún está penalizada la calumnia y la difamación, esto ya es un disuasivo para que cualquiera pueda verter opiniones libres, además que un proceso iniciado contra periodistas de alguna manera ejerce presión sobre el resto de comunicadores que viven en constante temor de emitir opiniones por el hecho que la justicia ha sido muy severa con los que ha logrado condenar.

Esas penalizaciones no son para proteger las libertades de expresión ni de prensa, es más un disuasivo para que la prensa de oposición o independiente se limite o sea más cuidadosa al decir algo, es un castigo para las y los periodistas y que los demás practiquen ciertos niveles de autocensura al momento de difundir sentires contra el gobierno.

Sin cumplimiento

El Estado no ha cumplido casi ninguna recomendación que le dio el EPU, porque es el autor principal de las violaciones, por ende, para ellos no es conveniente adoptar una postura a favor de la libertad de expresión, indicó Emy Padilla directora del periódico digital criterio.hn

De la misma manera en el tema de libertad de expresión.  Honduras no ha garantizado este derecho, específicamente a los periodistas “disidentes del sistema”, son estigmatizados, criminalizados y víctimas de campañas desde lo estatal, para crear falsos positivos o imágenes negativas contra este sector.

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Periodista Emy Padilla, periódico digital Criterio.hn

Padilla explicó que no debería existir un mecanismo de protección identificado con un grupo en particular porque considera que dentro de una sociedad todas y todos son iguales y  sujetos de resguardo por el Estado ya que al aceptar que hay debilidad,  es admitir que existen políticas erróneas de seguridad por parte del gobierno.

Identificó la existencia de la Ley de Protección  antes dicha como un componente de aprovechamiento del Estado, no cumple como dice la recomendación a totalidad porque es inexistente el acompañamiento, no hay recursos suficientes para que existan  resultados positivos, concluyó la comunicadora.

Plataforma EPU

Ante la falta de credibilidad de los informes que el Estado ha estado presentando en  el EPU y que no reflejan la verdadera situación de derechos humanos, especialmente después del golpe del 2009, muchas organizaciones de la Sociedad Civil decidieron integrar la Plataforma EPU Honduras para presentar un informe sombra en donde recogen información de la situación de todos los derechos  fundamentales en el país.

La plataforma EPU está conformada por más de 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos.

Como puede deducirse de las opiniones de los y las entrevistadas Honduras está moroso con el cumplimiento de los compromisos internacionales, entre ellos los asumidos en los dos EPU, del 2010 y 2015.

Protesta social también la más atacada 

 SIGUE LUCHA UNAH

La protesta pacífica en la UNAH ha sido fuertemente atacada. Foto latrinuna.hn

Aunque el Estado hondureño se comprometió ante el EPU a respetar la libre expresión, la protesta pacífia ha sido una de las más atacadas en esto 15 meses después del EPU. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron criminalizados por hacer uso de este derecho. En julio de 2016 unos 26 estudiantes a niviel nacional tuvieron que enfrentar requerimientos fiscales, 22 de ellos tuvieron sobreseimiento definitivo pero cuatro de ellos, en Tegucigalpa, continúan en el proceso penal encaminado a juicio oral y público, se trata de los estudiantes Moisé Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Armando Velásquez.

En junio de 2016 los estudiantes perdieron el miedo a la judicialización de que fueron víctimas y un gigantesco movimiento estudiantil  trastocó los cimientos del autoritarismo, las protestas fueron sistemáticas con tomas de edificios y manifestaciones multitudinarias, así fue también la respuesta de las autoridades universitarias que se valieron de su guardia privada, del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para vigilar estudiantes, armar espedientes falsos para levantar unos 75 procesos judiciales, los cuales dieron marcha atrás después de la presión estudiantil que obligaron a las autoridades a la firma de un acuerdo para que desautorizara al ente acusador a continuar con la acción Penal.

La libre locomoción y el peaje

La lucha contra el peaje ha sido otro de los temas fuertes y por ende la ciudadanía que lo ha impulsado tuvo que enfrentar la represión de la policía y el ejército en el Norte y el Atlántico del país.

protesta el progreso

A pesar de las gaseadas y otros tratos crueles, las comunidades siguen en su

lucha contra los peajes en Honduras porque limita su libertad de locomoción.

Miles de manifestantes se lanzaron a las calles para protestar por su derecho a la libre locomoción cercenado por el establecimiento de casestas de peaje  a través de la Concesionaria Vial Honduras, S.A de C.V, COVI, empresa  de ese rubro, que es respaldada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Desalojos violent0os, torturas, gaseadas, vigilancia y persecusión de decenas de personas, es la estrategia para sembrar el miedo y que desistan de las manifestaciones. Pero la población de la zona de Cortés ya logró que se quitaran algunas casetas. Otras comunidades tienen el mismo objetivo.

Lo a nterio denota que el irrespeto a derechos fundamentales es una de las principales acciones del Estado de Hon duras a través de sus distintas instituciones, lo que deja en puro papel mojado los compromisos adquiridos.

Si se revisan otros foros internacionales de protección a los derechos humanos en donde el país debe acudir a presentar sus informes o a responder ante denuncias o demandas, como al Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, el incumplimiento profundiza la impunidad y pone en precario el disfrute de los elementales derechos con los que debe contar una democracia.

Origen: Estado de Honduras está aplazado después de 15 meses de comprometerse ante el EPU a respetar derechos humanos

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ONU critica negligencia del gobierno hondureño por no esclarecer crimen de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Comité Contra la Tortura de la ONU cuestionó hoy a la delegación de Honduras porque no entregó el informe sobre los avances respecto al asesinato de la dirigente indígena y ambientalista Berta Cáceres.

Un cable de la agencia EFE relata que el organismo especializado de Naciones Unidas quedó esperando el informe que debió proporcionar el gobierno hondureño en el que sindica a un militar por la ejecución de la ambientalista ocurrido en marzo anterior.

“El Comité esperaba informaciones adicionales sobre las investigaciones para sancionar a los autores de ese crimen -que conmocionó a la comunidad internacional de derechos humanos- durante la presentación en Ginebra del informe periódico de Honduras sobre la aplicación en este país de la Convención Contra la Tortura”, reseña la agencia española.

Otro aspecto sobre el cual el grupo de expertos se pronunció en sus conclusiones finales, prosigue el cable, tuvo que ver con las continuas “amenazas, agresiones y otros actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, así como la aparente impunidad de la que gozan los responsables”.

Cáceres fue ejecutada por militares la noche del 3 de marzo en un punto de la occidental ciudad de La Esperanza; la ahora occisa se había opuesto de manera rotunda a la construcción de la represa Agua Zarca, propiedad de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).

Por este crimen, cinco personas guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara y están a la espera que sean enjuiciados.

Origen: http://confidencialhn.com/2016/08/12/onu-critica-negligencia-del-gobierno-hondureno-por-no-esclarecer-el-crimen-de-berta-caceres/

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ONU critica lenta investigación en muerte de Berta Cáceres

GINEBRA. El Comité de la ONU contra la Tortura criticó hoy no haber recibido de una delegación oficial de Honduras informaciones relevantes sobre la supuesta implicación de un oficial en activo del ejército en el asesinato de la defensora del medio ambiente, Berta Cáceres, ocurrido el pasado marzo.

También lamentó la falta de comentarios en relación con informaciones que señalan que el nombre de la activista figuraba en una lista negra en manos de una unidad de elite del ejército.

El Comité esperaba informaciones adicionales sobre las investigaciones para sancionar a los autores de ese crimen -que conmocionó a la comunidad internacional de derechos humanos- durante la presentación en Ginebra del informe periódico de Honduras sobre la aplicación en este país de la Convención Contra la Tortura.

Otro aspecto sobre el cual el grupo de expertos se pronunció en sus conclusiones finales, publicadas hoy, tuvo que ver con las continuas “amenazas, agresiones y otros actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, así como la aparente impunidad de la que gozan los responsables”.

Aunque consideró positiva la aprobación de una ley que busca defender a ese colectivo, así como a periodistas y operadores de justicia, el Comité señaló como “preocupante” que la delegación de Honduras no facilitara información sobre las medidas para responder a las 38 solicitudes de protección que se han recibido hasta el pasado junio.

Berta Cáceres.
Berta Cáceres.

De otra parte, el grupo de expertos de la ONU alentó al Gobierno hondureño a cumplir con su promesa de iniciar el repliegue de las fuerzas armadas en su apoyo a los cuerpos de seguridad en el último trimestre de este año.

Sobre esa situación, el Comité mencionó las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura, cometidas por miembros de las fuerzas armadas que cumplen funciones policiales desde finales de 2011.

Nota relacionada: Familiares de Berta Cáceres se reúnen con la MACCIH

Consideró negativo que se hayan establecido centros de detención preventiva para reos comunes en al menos tres instalaciones militares.

Frente a ello, recomendó que se vuelva a encargar la gestión de las cárceles al Instituto Nacional Penitenciario y que se ponga fin a la práctica de confinar a presos comunes en recintos militares.

Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con sede en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.

Según esta organización, Honduras es “el país más mortal del mundo” para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.

Es especialmente peligroso para los indígenas. De los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.

MUERTE DE BERTA

La dirigente indígena hondureña Berta Cáceres fue asesinada a tiros en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, donde residía, Hombres armados llegaron a la casa de Berta Cáceres y le dispararon. Cáceres fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde el que lideró manifestaciones en defensa del medio ambiente oponiéndose a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente de su país por considerar que atentaban contra los recursos naturales.

Por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras en 2015, Cáceres, miembro de la etnia lenca y madre de cuatro hijos, recibió el Premio Medioambiental Goldman. Berta Cáceres, que era coordinadora del COPINH también encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya.

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LAS NACIONES UNIDAS Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A propósito del 9 de agosto: las Naciones Unidas y el derecho a la educación de los pueblos indígenas (la hipócrita conspiración para desmovilizar a una sociedad que se quiere, sueña y reconstruye desde otra democracia).

No hace falta adentrarse mucho a las comunidades indígenas Tolupanes para darse cuenta lo abandonadas que se encuentran, la vulnerabilidad en la que viven y la permanente amenaza que reciben con la neo-colonización que los va expulsando sistemáticamente de sus territorios y recursos. Los Tolupanes, como los otros pueblos originarios de Honduras, enfrentan una estrategia de exterminio y  aniquilamiento que dista mucho de lo que las Naciones Unidas escribieron cuando, supuestamente pensando en ellos y ellas, redactaron el acuerdo que establece el 9 de agosto como el día internacional de los pueblos indígenas. Un día en el calendario que, me parece a mi, no es más que 24 horas de respiro que la oligarquía necesita para reconstruir la estrategia desmovilizadora que amenaza a sus socios locales.

En 2016 el organismo internacional decidió que sería el año de la educación para tales pueblos. Para ello estableció contactos con los Estados y los instó a que hicieran reales esfuerzos por la educación. La demanda se plantea como una educación de calidad que no solo se supone desde el acceso y la pertinencia de la educación para con estos pueblos sino, desde luego, en el reconocimiento de su existencia pública, gratuita y como derecho. Y, hace énfasis el organismo, el destino de los recursos necesarios para que esa educación, con esas condiciones, promocione la dignidad de las personas indígenas en sus entornos, con sus identidades y sus bienes naturales.

Pero la promesa de escuelas y educación de calidad sigue siendo un sueño que no llegó con los gobiernos anteriores y menos que lo haga con éste o con lo que sea después de que se termine de instalar esta dictadura presidida por Juan Orlando Hernández. En dictaduras – del tipo que se instalan en Honduras  – no importan los mandatos de los organismos internacionales y menos, desgraciadamente, el mandato del soberano, el pueblo que es quien realmente debería mandar por que la ley son las armas, el poder el dinero y los que administran son asesinos del Derecho Humano.

En cambio llega el despojo, la minería genocida canadiense, las armas gringo-americanas que matan nuestros líderes y el sabotaje local perpetrado por una mediocre, corrupta y desleal burguesía que se vende al narcotráfico y crimen organizado para poder mantener su cuota de poder. Es decir que en vez de escuelas y educación pertinente de Estados Unidos y Canadá nos vienen transnacionales mineras para explotar nuestro suelo y compañías militares con sus armamentos y tácticas para garantizar la seguridad de estas corporaciones y entrenar a los que después nos matan por oponernos a este maldito modelo neoliberal.

La ONU debería saber que lo que mi pueblo Tolupán necesita no son decretos, ni nombramientos de días para reconocer la identidad indígena que llevamos más de mil años de tenerla y transmitirla de generación en generación, tampoco objetivos para enfatizar el derecho a la educación. Lo que mi pueblo necesita es la posibilidad de hacerse libre, desde el reconocimiento de sus propias cosmovisiones, la valorización de sus identidad cultural, el respeto por sus territorios y bienes naturales y, desde luego, la dignificación de nuestras ancestros y ancestros.

Si tanto interés tiene las Naciones Unidas en cambiar la realidad de los pueblos indígenas de Honduras que empiece por cambiar su hipocresía funcional para con las tiranías que sangran mi patria. Que demanden justicia para Berta, Edixson, Margarita, Chungo Guerra, Tomás y todos y todas las demás compañeras cuya muerte, promovida por este modelo de gobierno y avalada por los estados que  financian – hipócritamente como los gringos – su existencia sean condenados y obligados a resarcir el daño que le hacen a nuestros pueblos. Después de eso, quizá yo vuelva a tener un poco de fe en su existencia.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/item/3105-las-naciones-unidas-y-el-derecho-a-la-educación-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas

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Relator especial de la ONU pide se respete la protesta pacífica en Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  Tegucigalpa.- El director ejecutivo del Comité para la Libre Expresión C-Libre, Edy Tábora,  hace un resumen de las actividades desarrolladas por el Relator especial Para la Libre Expresión de las Naciones Unidas, Edison Lanza durante su visita a Honduras. Tábora apuntó que,  Lanza ha pedido que se respete el pluralismo, el […]

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30 años después la lucha de “Eduardo López” sigue vigente: Justicia Social

Un día me dijo si alguna vez me hacen daño, si me matan, quiero que pongas en mi tumba “aquí yace Eduardo López un hombre que creyó que todo ser humano  merecía vivir con dignidad, salud, empleo, comida, techo y educación” él seguiría peleando por esos derechos.

Ni la Doctrina de Seguridad Nacional pudo borrar el nombre de un periodista que con sus escritos buscaba “justicia” para una sociedad marginada. Hoy en Canadá hay jóvenes latinoamericanos que pueden estudiar con la beca “José Eduardo López”, un hondureño detenido-desaparecido en la navidad de 1984, y en Europa hay un monumento por su memoria y demás compañeros que corrieron la misma suerte.

Su esposa e hijos, debieron huir de Honduras por miedo a ser víctimas de la represión estatal, ya que Eduardo desde 1981 era sufrió detención ilegal, torturas y persecución, incluso en 1984 permaneciendo en Estados Unidos, pidió asilo político al gobierno canadiense el cual se le negó, manifestándosele que no había fundamentado concretamente ser perseguido político.

31 años después, Nora Melara, esposa de José Eduardo López, detenido desaparecido en la noche de navidad en 1984 reitera que recordar esto “es muy doloroso, pero es un dolor necesario”, porque el nombre y la historia de “José Eduardo López” no deben olvidarse ya que –desafortunadamente- las desapariciones, torturas y asesinatos extrajudiciales continúan en Honduras y el mundo.

Para la familia de Eduardo, el proceso de búsqueda de “Verdad y Justicia” al principio fue confusa, no sabían cómo proceder, sin embargo siempre actuaron con mucha fe, pese a que jamás imaginaron que una práctica tan horrorosa como la desaparición forzada les sucedería a ellos; a medida pasaban los días, iban aceptando el hecho, pero sin rendirse.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  -La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

El 28 de diciembre de 1984, Nora recibió una llamada telefónica de un hombre que le comunicó que había visto a José Eduardo el 26 de diciembre en una de las celdas de la Dirección Nacional de Investigación (DNI). El testigo, un hombre que según la información disponible estaba detenido en aquella época por problemas de inmigración, contó que lo había visto en ropa interior con señales de haber sido torturado, y que parecía haber sufrido lesiones graves.

¿Cómo era posible que instituciones del gobierno habían arrancado al padre de tres hijos, a un esposo, un hermano un hijo, y no lo volveríamos a ver? Se pregunta Nora, quien desde hace 30 años vive en Canadá con su familia.

La práctica de desaparición forzada  para la familia López Melara, ha sido un proceso muy doloroso que se va atenuando con los años,  el problema con las familias de los desaparecidos es que no hay un cierre, siempre está la interrogante ¿cómo fueron esos días después del secuestro?, ¿qué le pasó?, ¿lo torturaron? ¿Cómo lo mataron? ¿Dónde está su cuerpo? Esas interrogantes nunca se van a ir hasta que las autoridades involucraras en el secuestro les permitan recibir esos restos y darle cristianan sepultura.

Muchas familias, después de la detención y desaparición forzada de un pariente, se vieron en la obligación de irse exilio, abandonando no sólo la lucha presencial de la búsqueda, sino su propia vida.

Nora comenta que “abandonar el país no fue una elección fácil, fue un acto de huir y preservar la vida y de mis hijos, recibí amenazas que le iban hacer algo a mi hija, una chiquilla de nueve años de edad, recibí llamadas y sabia de dónde venían porque nuestro teléfono estaba interceptado. Era un trabajo mal hecho (el que hacían los victimarios) porque se escuchaba gente con lenguaje militar a la distancia”.

Ella sabía que estaba peleando contra un monstro que la podía aplastar en cuestión de segundos “era muy difícil para mí guardar silencio en frente de esa realidad, y si hablaba (…) corría el riesgo de dejar más huérfanos a mis hijos, sin otra opción  me fui a Costa Rica”.

Estando en Costa Rica, Nora pidió estatus de refugiada en Canadá, y como a su esposo se le había negado, entonces presentó en la embajada evidencia de los periódicos y que ahora él era desaparecido en Honduras “por lo que yo tenía miedo correr el mismo riesgo, así conseguí irme a Canadá y llegué a este país el 19 de noviembre de 1985”.

Para ese tiempo, Nora era una joven madre de 30 años de edad, huyendo de Honduras con sus tres hijos: Osiris (10), Eduardito (5) y Olivier (2.5), a quienes la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, los dejó sin padre, sin hogar y sin país.

Así se miraba ella misma, “una madre con tres hijos en un país lejano, de costumbres diferentes y hasta el idioma extraño, estaba asustada, los niños traumatizados con lo sucedido, pasamos muchos años con atención sicológica para lidiar con el trauma y empezar acoplarnos, a aprender la lengua, adaptarnos a la cultura, al clima,  a la comida (…sonríe) no había ni mangos en ese tiempo”.

Nora y su hijo Oliver

La familia López Melara, contó con el apoyo de la organización  Amnistía Internacional (AI), y “gente  preciosa de la comunidad de Hamilton”, una ciudad portuaria de la provincia canadiense de Ontario, expresó Nora.

Mientras que, desde Honduras, no recibía ninguna información en cuanto a la desaparición de José Eduardo, solo se comunicaba con su familia, pero sus parientes tenían miedo porque ella había hecho denuncias públicas en aquí y en Costa Rica, mientras que al llegar a Canadá “con mi inglés medio quebrado” seguí denunciando lo que sucedía en Honduras en cuanto a ataques y asesinatos políticos.

La vida de “Eduardo” es conocida en el mundo

Yo era muy ingenua, no sabía nada de política, no entendía que era lo que sucedía, lo único que quería es que me devolvieran a Eduardo, pasaron muchos años en los que yo esperaba una sorpresa, cuando tocaban la puerta yo creía que era Eduardo, que se había escapado, expresó Nora, con un tono de voz resquebrajado.

La comunicación vía telefónica desde Canadá para esta entrevista, obvió la distancia, pues las emociones transmitidas estaban latentes, y se atenuaron los recuerdos dolorosos, cuando Nora, a sus 60 años de edad, manifestó la vigencia de su compromiso para que el nombre de su esposo no que quede en el olvido “para mí era tan importante que no se olvidara el nombre Eduardo, que el mundo supiera de esta gran injusticia, por eso era la labor de mantener su lucha y su memoria, saber de su existencia porque él no era un animal. Con AI lo denuncié en todo Canadá y algunos países de Europa”.

A mis hijos les hablé siempre de su padre ¿Por qué sucedían esas cosas? qué es lo que él hacía, y a medida pasaba el tiempo fui comprendiendo las razones porqué seres humanos en países donde hay tanta corrupción política e injusticia social, recurren a este tipo de acciones para poder mantener gobiernos injustos y corruptos, expresó Nora Melara.

Les hablé de como él los amaba, Osiris tiene una muy buena memoria y recuerda muy bien a su papa, ella ha sido portadora de denuncias.

En el 2009 en personas de la comunidad de Hamilton, Nora y sus tres hijos dieron inicio a una beca estudiantil en memoria de Eduardo, “hemos dado como 25 mil dólares en becas a estudiantes latinos que luchan en las universidades y colegios secundarios en Canadá” expresó con entusiasmo.

Con su nombre sigue educando a jóvenes latinoamericanos entre 17-24 años de edad, quienes deben estar matriculados, y presentar un ensayo, donde reflejen sus ideales en cuanto a justicia social y equidad en un mundo respetando los derechos humanos de cada individuo, las bases las pueden ver e http://www.jelms.org, la ideas es que se mantenga la memoria de José Eduardo López, detenido desaparecido en Honduras, por querer un país diferente, con educación de calidad y desarrollo.

Cabe mencionar que en Bélgica hay un monumento al desaparecido pensando en Eduardo para honrar la memoria de todos los desaparecidos.

En Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registró en el la década de los 80 e inicios de los 90, 184 víctimas de esta práctica de lesa humanidad, incluyendo al periodista López.

Entregó todo por los demás en un sistema que no ha cambiado

Por mucho tiempo estuve brava con él, porque me dejó solita. Sus ideales era el amor a su familia, no entendía su entrega de pelear por los que no tienen voz, por los olvidados en nuestra sociedad.

“Ahora lo entiendo”, afirma Nora melara, quien estudió Trabajo Social en Canadá, y los últimos 28 años se ha dedicado a atender a los refugiados que llegan a ese país pidiendo ayuda, “trabajo con los más vulnerables, comunidades muy marginadas en nuestra sociedad, esa inspiración la agarré de él”.

El luchó en medio de un sistema político, económico y social que era exponiendo cada día su vida, a diferencia mía, yo hago ese trabajo sin exponerme, con mucha seguridad y protección, tal vez no sea un trabajo popular pero no corro peligro.

Yo nunca me compararía con Eduardo, él pensaba que hay cosas por las que uno no puede comprometer sus valores y son la verdad y la justicia. Admiro a Eduardo y a la gente de Honduras porque defienden los ddhh en un ambiente muy peligroso, son personas muy valientes, manifestó la esposa del periodista, de quien el estado nunca dio respuesta de su paradero.

Ella vive informada de la realidad hondureña, pues con mucha tristeza lee las noticias, y le continúa impactando que después de 30 años, la situación debería haber cambiado y mostrar progreso, pero la situación va en retroceso, es como que da un paso adelante y tres hacia atrás.

Para una hondureña que vive en el extranjero (por situación forzada), es duro leer que la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte “es la capital del crimen del mundo”; saber que hay niños migrantes que huyen para Estado Unidos, que muchos llegaron a un lugar seguro pero no lograron estatus migratorio; informarse de asesinatos, pobreza, droga invadiendo el país, “es un contexto que da mucha tristeza”.

Continúa la deuda estatal con familiares de detenidos desaparecidos  

El año pasado, el Ministerio Público (MP) anunció que iba a retomar los casos de las desapariciones forzadas en la década de 1980, ante eso, Nora se mantiene escéptica, “hasta que no lo veo no lo creo”   han sido 30 años de espera, sé que en el 1993 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió el informe de “Los Hechos Hablan por sí mismos” donde se da un recuento de los 184 desaparecidos de los 80, yo tuve mucha esperanza porque de la embajada de Canadá en Ottawa me invitó para llenar un formulario, estaba tan crédula en que el sistema iba a cambiar y habría una resolución de esos casos y finalmente mis hijos iban a recibir una reparación y una disculpa de parte de parte del gobierno por haberles arrancado a su padre.

Nuevamente, al escuchar esto, lo tomé con mucho recelo, me encantaría, creo que la espera es demasiada para mí y todas las familias que perdieron a alguien en los ochentas y después. Merecemos poder cerrar este capítulo. No quisiera morirme  y no ver esto. Hay que tener una ventanita de esperanza.

Con esa esperanza que ha vivido estos 30 años, en Honduras nuevamente se reportan desapariciones forzada de líderes, y si no pueden lidiar en el presente parando ese tipo de acciones, como vamos a movernos hacia adelante lidiando con historia tan dolorosa que ha dejado un lapso para muchísima gente, no solo la familia inmediata está impactada, sino la extensión que alcanza a las amistades y sociedad en general.

Espero que esta vez sea un trabajo genuino, que no nos dejen solo con promesas, no es justo, hay otros países que continúan haciendo trabajos para reivindicar y reconocer el dolor que han  causados en las familias con esas prácticas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Si José Eduardo estuviera presente, su lucha sería la misma, porque la situación de Honduras no ha cambiado mucho, permanece la injusticia social, muchas violaciones de DDHH él quería ver un mundo donde la gente tuviera educación e igualdad, comentó Melara.

Ceguera social

En el 2009, la defensora de DDHH estuvo en Honduras, y constató una pobreza tremenda, y le da pesar cuando conversa con compatriotas que “están ciegos” porque le dicen que en Honduras hay mucha riqueza, que todo mundo está bien porque hay muchos centros comerciales y la gente está comprando todos los días, “yo siento que el hondureño está cegado, no tiene necesidad, no le importa la gente que vive en las periferia de las ciudades y el interior del país, quienes viven  en la pobreza. Yo no vivo allá pero siento esa miseria”.

Es una combinación de quien pone esta venda para cegar, primero el Sistema Educativa no está preparando las personas del futuro con conciencia social y una alta autoestima que aspire a una mejor calidad de vida, ese es creado por los que están en los lugares de poder, también hay una apatía en el pueblo a quien le dan promesas y no les cumplen, por lo que la pobreza obliga a la gente volverse apática, porque si lo único que necesita en el día es saber de dónde va obtener alimentos o como pagar la renta no se va involucrar …

Cuando yo vivía en Honduras tenia ceguera, porque mirar la realidad de Honduras es volvernos responsables y tenemos que hablar y decir que no es justo la gente no debe vivir en condiciones infrahumanas, pero si se tienen las condiciones seguras para vivir no se pueden meter en nada, porque si digo algo también me van a meter un tiro o me van a torturar pero desafortunadamente esos que llegan al poder  y hacen mismo que todos, beneficiarse ellos mismos, reflexionó Nora.

Nora, tiene una combinación sentimientos cuando está en suelo catracho, por un lado hay tristeza debido al contexto social, y por otro lado es la nostalgia porque es su país, una nación linda, preciosa, con muchos recursos y posibilidades, pero estancada a nivel de avance en comparación otros países latinoamericanos; sin embargo tiene el potencial que en su gente y recursos “pero tenemos que ser menos egoístas y más amor pro el prójimo”.

A Eduardo hay que recordarlo con la palabra “Justicia“, expresó su esposa, quien lo vio por última vez el 24 de diciembre de 1984, y ese recuerdo y memorias siempre van estar presentes, aunque el dolor se atenúa, al momento de la entrevista “hablar de eso me da tristeza y pero es un dolor necesario”.

En algún momento, un hermano de Eduardo le reclamó al papá de Nora porque supuestamente “el gobierno nos había dado una compensación por la desaparición de Eduardo, quiero decir que nosotros jamás hemos recibido correspondencia del gobierno de Honduras dándonos una disculpa por la desaparición de Eduardo muchos menos ninguna compensación o remuneración económica”.

Esa es parte de la desinformación que ha emitido en diferentes ocasiones el Estado hondureño, quien mantiene la deuda de un informe sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, en su mayoría líderes sociales, sindicales, estudiantes, maestros y oreros que se opusieron a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

El día de la desaparición

Yo trabajaba en el Grand Hotel Sula, nos despedimos temprano en la mañana, yo me fui al trabajo y él no iba a laborar solo iría a recoger su cheque de pago por lo que llegaría a las 10 de la mañana al hotel a esperarme porque yo salía a las 12 mediodía.

Según nuestros planes, iríamos bien cargados porque íbamos a pasar a la pastelería donde había encargado tres queques, que llevamos a nuestra familia, otro para mi madre y padre, y otro la casa de doña Emma –su madre- además compararíamos un apierna de cerdo y frutas, y necesitábamos bastante s manos.

Cuando él no llegó, pensé que se había atrasado porque era muy puntual, pero a las 12 no aparecía y supe que algo había sucedido. Con todas las cosas agarré un taxi para La Lima, busqué y llamé a las personas que creí que lo pudieron a haber visto. Fui a la casa de su familia y donde mis padres y me dijeron que no había llegado, desde ese día no paré de buscarlo y todavía sigo buscándolo… -dijo entre lágrimas.

Ninguna navidad volvió a ser igual

Los primero años, en el 85 llegaron a Canadá y las navidades son muy diferentes, mis niños fueron  muy afortunados porque el personal de AI les llevó muchos regalos, teníamos montón de cosas materiales pero papá no está acá. Ellos querían que papá volviera, y estábamos solitos porque aquí no revientan cohetes, no había algarabía y estábamos en un apartamento.

Para el siguiente año ya vivíamos en una casita, yo hacía trabajo voluntario y había gente que no tenía con quien pasar la navidad yo la traía a la casa, empezamos un trabajo de apoyar a otros que tenían tanta necesidad como nosotros y fue el inicio de una Red de amistad y apoyo que ha permanecido  hasta el día de hoy.
Hemos tenido momentos de gozo y Eduardo siempre ha estado con nosotros.

La navidad del 2015 la pasé con mis hijos que siempre vienen a mi casa, mis nietos y un par de amigos que siempre lo celebran. Cocino un pavo tradicional de Canadá y un ceviche hondureño. Comemos juntos y esperamos la medianoche.

Una familia muy solidaria, Osiris fue nominada para recibir un premio como una mujer fabulosa después de los 40años, hace una gran trabajo en la comunidad, es miembro de la fundación “José Eduardo López”.

Mientras que Eduardo, trabaja en una compañía privada,  y Olivier se tiene un tercer título universitario, el más reciente es de recursos humanos con enfoque en DDHH.

Nora tiene dos hijos de su segundo matrimonio, su cuarto hijo es profesor de geografía y la menor estudió en Ottawa Desarrollo Internacional, ha logrado conformar una familia solidaria, se aman mucho no hay diferencia entre los cinco.

Origen: 30 años después la lucha de “Eduardo López” sigue vigente: Justicia Social

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Argentina: Llamado de atención de Naciones Unidas por reformas a la Ley de Comunicación Audiovisual

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/07/argentina-llamado-de-atencion-de.html

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Alarmante fuga de capitales de Honduras, según CEPAL

El informe revelado ayer por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que desde Honduras salieron 91 millones de dólares el año anterior, incrementando en cuatro veces la fuga de capitales en comparación a 2014 cuando salió del país 22.7 millones de dólares. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Una fuerte fuga de capitales se registró en Honduras durante 2015, según un informe revelado ayer en Santiago de Chile por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De hecho, el informe revelado por el organismo especializado de la ONU señala que desde Honduras salieron unos 91 millones de dólares el año anterior, incrementando en cuatro veces la fuga de capitales en comparación a 2014 cuando salió del país unos 22.7 millones de dólares.

CEPAL indica que “Honduras, fue el país que más incrementó su inversión en el exterior en ese período la multiplicó casi por cuatro, hasta los 91 millones de dólares”.

La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, explicó que respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) que tuvo como destino Centroamérica y que ascendió a 11,800 millones de dólares, Honduras y Guatemala recibieron apenas un 10 por ciento cada uno (unos 1,180 millones) en comparación a otros países de la región como Panamá, que recibió 5,707 millones, o sea un 43 por ciento.

Por su parte, Costa Rica, fue el segundo destino de la IED con un total de 3,070 millones de dólares para un 26 por ciento.

Bárcena indicó que las inversiones hacia Centroamérica aumentaron en un 14 por ciento, hasta los 42 mil millones de dólares; en a las IED hacia Sudamérica se redujeron en un seis por ciento, hasta los 121 mil millones de dólares.

La jefa de la CEPAL expuso que la IED bajó de manera considerable en América Latina y registró un total de 179,100 millones de dólares y se debe a la caída de la inversión en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minería e hidrocarburos, y la desaceleración del crecimiento económico, sobre todo en Brasil.

La funcionaria advirtió a la región que la inversión extranjera puede decaer de manera acelerada, por lo que pidió a los países miembros que implementen mecanismos para atraer capitales que contribuyan con el crecimiento económico.

Esta revelación contrasta con los viajes por el mundo realizados por el presidente hondureño Juan Hernández en el afán de atraer inversión extranjera y, a la fecha, los resultados de las visitas hechas a Alemania, Israel, EE.UU. y otros países no han dado frutos.

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/gyuhkyu/1491-alarmante-fuga-de-capitales-de-honduras-segun-cepal

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/06/alarmante-fuga-de-capitales-de-honduras_23.html

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Organized Crime Fuels Rising Northern Triangle Displacement: UN

A new United Nations report highlights skyrocketing rates of forced displacement in Central America’s Northern Triangle region, attributing the trend in large part to rampant organized crime related violence.

Origen: Organized Crime Fuels Rising Northern Triangle Displacement: UN

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Global civil society alerts UN Committee to risks facing ESC defenders

(Geneva) – A cross-regional coalition of over 300 civil society organisations today called upon the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) to respond to the grave risks and hindering obstacles facing human rights defenders who work on these rights. Threats and obstacles for economic, social and cultural rights defenders, they argue, could amount to a violation of these rights themselves. The Committee’s 58th session begins today in Geneva.

In a letter – led by the International Service for Human Rights (ISHR), the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GIESCR) and Platform Against Impunity – NGOs, communities and social movements pointed to the reports of a range of international experts which show that ESC rights defenders are being killed, threatened, harassed, intimidated, disappeared, jailed, stigmatised and subject to restrictive laws, in attempts to silence them.

‘Whether indigenous leaders opposing land grabs, health workers demanding access to medicines or NGOs denouncing obstacles to clean water provision, defenders of ESC rights often face a backlash which may dissuade them from continuing their activism’, said ISHR’s Ben Leather.

‘In March, States expressed their concern for these defenders through a resolution at the UN Human Rights Council. Civil Society and Special Procedures have repeatedly called for concerted action. Now we hope the UN’s expert body on this issue can also take a stand’.

The organisations accompanied the letter with a briefing paper on the issue, highlighting the important work already done by CESCR to encourage defender protection in countries under review. As Platform against Impunity’s Andrea Bolaños underscored: ‘The Committee has shown awareness and proactivity in speaking out against threats in countries where defenders face heightened risks. However, given the disturbing global trend we are currently seeing, civil society hopes CESCR can take action on the widespread issue as well as on country-specific situations’.

The coalition’s letter expressed concern that the work of CESCR itself may well be undermined if States do not do more to protect local activists.

‘If ESC rights defenders face attacks and restrictions for promoting ESC rights in their country, then they and others may well opt to discontinue this work’, said GIESCR’s Lucy McKernan. ‘It then becomes less likely that they will submit information about the reality on the ground to the Committee, or support States in implementing the Committee’s recommendations. This will hinder the impact of the Committee’s valuable work’.

‘A State which fails to protect human rights defenders is not serious enough about protecting the rights those people defend’, said Mr Leather, ‘We hope the Committee can make that clear to all those who have signed the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’.

Origen: Global civil society alerts UN Committee to risks facing ESC defenders

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Committee on Economic, Social and Cultural Rights considers the Report of Honduras

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights today concluded its consideration of the second periodic report of Honduras on its implementation of the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Introducing the report, Licenciado Ricardo Leonel Cardona, State Secretary, Ministry for Development and Social Inclusion of Honduras, condemned the murder of Berta Cáceres, a leader in the defence of indigenous rights, and said that the crime would not go unpunished.  Over the past five years, Honduras had significantly improved its legal and policy framework, including on social issues and poverty reduction, social protection, education, equality and gender equality, and combatting racism and racial discrimination.  Focusing the social policies on the poorest households had reduced the levels of extreme poverty, from 46 per cent of the poor households in 2005 to 40 per cent in 2015.  The Better Life Programme supported 1.2 million families living in extreme poverty with various measures such as conditional cash transfers, adequate housing with water and sanitation, good nutrition and school meals, and family and community vegetable gardens.  Significant efforts to safeguard the foremost of human rights – the right to life – had seen a reduction in murder rates, from 86.5 homicides per 100,000 inhabitants in 2011 to 56.74 in 2015.  The draft law on prior, free and informed consent N°169, completed in March 2016, was now in the consultation process with indigenous peoples, and Honduras was implementing the second Equality and Gender Equality Plan via the Municipal Offices for Women in 34 municipalities with a high rate of violence.

During the interactive dialogue, Committee Experts took note of the many challenges Honduras was grappling with, such as extreme poverty, social exclusion, inequalities, and violence.  Expressing their concern about the high rates of violence against women and impunity for those crimes, they asked how the prohibition of femicide was being implemented in practice and about efforts to protect women and prevent violence.  Sixteen human rights defenders had been killed in Honduras over the past several years, including Berta Cáceres: what measures were in place to ensure that activists and human rights defenders could operate without fear of violence and to investigate and punish the perpetrators?  Corruption was an issue of concern and the delegation was asked whether any of those responsible for the embezzlement of 350 million dollars from the Ministry for Social Affairs had been tried and sentenced.  They recognized the efforts and the many programmes and structures addressing the employment of different population groups, but wondered about efficiency and costs, and whether Honduras would not be better served by one national employment policy with one solid structure with adequate implementation and monitoring capacity.  Honduras had one of the most prohibitive abortion laws in the world, which even prohibited the abortion of pregnancies resulting from rape and violence, and this put the lives and health of many women and girls at risk.

In concluding remarks, Mikel Mancisidor De La Fuente, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, stressed the importance of ensuring that best practice was included in the framework law on prior consultation which was under preparation.  The debate on the tax system, and the reform of the Penal Code were an excellent opportunity to include the Committee’s comments and recommendation, including on abortion.

In his closing remarks, Mr. Cardona recognized the significant inequalities in Honduras and that there were social groups that had been marginalized for 500 years.  The current Government would give its utmost to address those inequalities and to become one of the most equal countries in the world.

The delegation of Honduras consisted of representatives of the Ministry for Development and Social Inclusion, Ministry for Work and Social Protection, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Ministry for Human Rights and Justice, Ministry of Education, Ministry of Energy, Natural Resources, Environment and Mines, Directorate for Indigenous Peoples and Afro Hondurans, Directorate for Analysis and Evaluation of Public Policies, and the Permanent Mission of Honduras to the United Nations Office at Geneva.

The Committee will meet in public at 3 p.m. today, 9 June, to start its consideration of the initial report of Burkina Faso (E/C.12/BFA/1).

The country reviews can be watched via live webcast at http://www.treatybodywebcast.org.

Report

The second periodic report of Honduras can be read via the following link: E/C.12/HND/2

Presentation of the Report

LICENCIADO RICARDO LEONEL CARDONA, State Secretary, Ministry for Development and Social Inclusion of Honduras, introducing the report, condemned the murder of Berta Cáceres, human rights defender and the leader in the defense of indigenous rights, and said that the crime would not go unpunished.  The past 15 years had been a tricky journey in recognizing the human rights of all.  Honduras had adopted over the past five years a range of laws and policies, including the Law on the Vision of the Country and the Plan for the Nation, the Framework Law of Public Policy on Social Issues and Poverty Reduction, the Framework Law on Social Protection, the Fundamental Law on Education, as well as policies for integral development and early childhood, equality and gender equality, rights of persons with disabilities and social inclusion, and the policy to fight racism and racial discrimination.  Honduras was committed to transparency, accountability and the fight against corruption, including through the International Transparency Convention, the implementation of the Plan for Open Government, transparency in state purchases, and others.  The recommendations received from the two cycles of the Universal Periodic Review had been incorporated in the National Action Plan on Human Rights; of those, 430 recommendations had been implemented over the past three years.  Mr. Cardona recalled that Honduras was a multilingual and multicultural country, with seven indigenous peoples and people of African descent present throughout the country.

Focusing the social policies on the poorest households had resulted in the reduction of the levels of extreme poverty, from 46 per cent of the poor households in 2005 to 40 per cent in 2015.  The Government had deployed significant efforts in protecting the foremost of all human rights, the right of life, as evidenced by the reduction in murder rates, from 86.5 homicides per 100,000 inhabitants in 2011 to 56.74 homicides in 2015.  The draft law on prior, free and informed consent N°169, completed in March 2016, was now in the consultation process with indigenous people.  Honduras was implementing the second Equality and Gender Equality Plan via the Municipal Offices for Women in 34 municipalities with a high rate of violence; the scope would be extended to another 60 municipalities in 2016.  A holistic protection policy for persons with disabilities had been approved in 2013, and 13,272 persons with disabilities had been included in the Better Life Platform.  Awareness raising projects on the rights of persons with disabilities and their inclusion in the society were being implemented, such as HONDURAS INCLU 100%.  The Better Life Programme components were unconditional cash transfers, adequate housing with water and sanitation, good nutrition and school meals, and family and community vegetable gardens.  More than 1.2 million households living in poverty and extreme poverty had benefitted from various components of the programme over the past two years.  There were 21,408 public and 3,430 private schools around the country.  There had been considerable progress in achieving universal access to basic education and in the inclusion of the socially excluded.  The budget allocated to education in 2016 amounted to 5.23 per cent of the gross domestic product.  In closing, Mr. Cardona said that the review was an opportunity for Honduras to show the efforts the country had made over the last 15 years to improve conditions of life, reduce poverty as a manifestation of the inequalities, and generate development through concrete actions to implement the provisions of the Covenant.

Questions by the Committee Experts

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, noted that since the last dialogue with Honduras, a lot had happened and during this time, Honduras had grappled with many challenges, including extreme poverty, social exclusion, inequalities, and violence, including violence against women and against human rights defenders.  The Country Rapporteur recalled that the periodic reports by States parties must be drawn up hand in hand with civil society, and said that alternative reports that the Committee had received claimed that the process was not truly participative and that many civil society organizations had felt left out.  The Human Rights Commission had a B status and the delegation was asked what the barriers were and which challenges must be overcome to ensure its compliance with the Paris Principles.  What system was in place to ensure progressive taxation and so ensure that the country had the resources it needed?

Climate change was one of the greatest challenges to the elimination of poverty and socio-economic inequalities, as it was the small-scale farmers, los campesinos, who suffered the most from the disastrous impact of El Niño.  The delegation was asked how human rights were integrated into the drought preparedness strategy, to which extent various international instruments such as the Sendai Framework were taken into account, and about the access of los campesinos to various financial instruments such as loans and credits, which were crucial for building resilience.

Another Expert asked how civil society would be involved in the follow-up to the concluding observations of the Committee, the normative framework for anti-discrimination and the obstacles to achieving an environment free of discrimination.  The military and defence budget had increased by more than 100 per cent, while that for health and education had increased by only 11 per cent for the same period, which begged the question as to how Honduras implemented its obligation to ensure the maximum use of available resources for the improvement of living conditions and the elimination of poverty.

Sixteen human rights defenders had been killed in Honduras over the past several years, including Berta Cáceres, whose assassination in March this year had scared other human rights defenders, because if she was killed with impunity, no one was safe.  What measures were in place to ensure that activists and human rights defenders could operate without fear of violence, including establishing a special unit to investigate the violence?

What legal protection was accorded to the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons community, including protection from discrimination and violence?  Corruption was well known and it was also known that there had been 20 convictions for corruption: who were those convicted, how long the sentences were, and did they include anyone responsible for the embezzlement of 350 million dollars from the Ministry for Social Affairs.

Another Committee Expert expressed serious concern about the widespread violence against women, including murders, and asked how the prohibition of femicide in the Penal Code was implemented in practice, and what efforts Honduras employed to prevent the violence.

There were many different programmes and structures concerning employment and targeting different people, but the question was how they were coordinated, how they targeted the people and, above all, whether this multitude of programmes was really the best use of resources; maybe Honduras would be better served by one national employment policy with one solid structure with the capacity to monitor and implement the programme?  The prevalence of temporary and hourly contracts – a process that had been adopted as an emergency measure several years ago, increased job insecurity and excluded workers from the social security system.  Could the delegation explain the system of social security, what was the percentage of people covered by the system, which risks were covered, and if the informal sector workers were included in it?  Another Expert noted that 15 years ago, the Committee had expressed concern that only one third of the population had been covered by the social security system; what was the situation today?

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, noted that States parties to the Covenant had an obligation to ensure that the minimum wage was sufficient to provide living for workers and their families and asked what system was in place to ensure that it really did so.

WALEED SADI, Committee Chairperson, remarked that Honduras was very keen to meet its Covenant obligations and asked how relevant the Covenant was to decision and policy makers.

Replies by the Delegation

The delegation explained that the periodic report had been drafted by the previous administration, and that the current Government had tried to make up the time in presenting the report which was overdue, and had cooperated with civil society organizations.  With regard to the question of extending the network for free and prior consent, the delegation stressed that this was an issue of utmost importance in Honduras and that representatives of nine indigenous groupings were participating in the consultations on the draft law on free, prior and informed consent.  A strong Ombudsmen figure was crucial in moving the national human rights institution from status B to status A, and for that to happen, the allocation of adequate resources was crucial.  Those resources would enable the Ombudsman to be present at the grass-root level and network with all those who needed the services.  Honduras had established a new Ministry for Human Rights, and the work with local authorities on human rights was ongoing.  Honduras must use its budget as extensively as possible; the Government had put in place very clear fiscal and taxation policies to manage the deficits it had inherited from the previous government.  The increase in sales tax from 12 to 15 per cent had enabled the Government to finance all its social programmes without the need for external funds or loans.

Honduras was well aware of the disaster risks it was exposed to.  The National System for Risk Management (CINAHER) was very active in preparing the country and communities for disasters.  The network of weather centres was being extended to improve early warning of floods, and there was cooperation with other actors on mitigation and adaptation to climate change.  The “dry corridor” was the most vulnerable to drought, and there were initiatives to improve water harvesting in those areas.

Any environmental concession must be issued as per very specific criteria, first and foremost was the request for consultation with the people living in the area, in the absence of which the license was not granted.  This was also applicable to mining activities.  Any opposition from indigenous peoples and people of African descent would halt the issuing of the license.  A new law on indigenous people was being formulated in consultation with the indigenous people; it would also contain specific measures against racial discrimination.  It was hoped that the draft law could be presented for adoption to Parliament in October this year.

One of the most important measures to ensure that the legal framework for anti-discrimination was appropriate was the amendment of the Penal Code, relating to sentences for offenders and the list of grounds for discrimination.  In 2016, the social development budget was 19 per cent and that of the Ministry of Defence was 7 per cent.

The protection of human rights defenders was a priority for the Government, which had presented a draft bill for the protection of human rights defenders, media, social communicators, and judicial officials, which Congress had approved in spring 2015.  Honduras worked hand-in-hand with human rights non-governmental organizations and with the Office of the High Commissioner for Human Rights in this matter, and tried to follow the Colombian and Mexican models.  The investigation into the murder of Berta Cáceres was ongoing; it was important to put, in Berta’s honour, a mechanism for the protection of human rights defenders.

Honduras was the first country in the world to sign the International Transparency Convention and last week had approved the establishment of anti-corruption courts whose judges would be supervised by the Organization of American States.  The Social Security Institute had been racked by problems during the previous Government.  All members of the Management Board were now facing charges and its directors were being held in pre-trial detention on charges of corruption.  The new Framework Law on Social Protection proposed the extension of coverage to all Hondurans; the coverage now was one third of the population.

Municipal Women’s Offices had been created in 33 municipalities with the highest rate of violence against women, and another 62 were being opened this year.  Since 2014, there was a special investigation unit devoted to the investigation of femicide, which was the most frequent of all women’s rights violations; the Unit had been strengthening this year with additional investigators in order to address the low prosecution rates.  The Violence Prevention Unit in the Women’s National Institute was focusing on campaigns to prevent violence against women, which were focused on 10 municipalities with a high level of violence against women.  Significant progress had been made in preventing violence and crime; a centre had been set up for women victims of violence and a campaign against violence had been rolled out in municipalities most affected by violence.

There was indeed a wide range of employment programmes, which were mainly sectoral plans for the creation of decent workplaces.  Early Employment was an emergency programme which provided hourly contracts only in certain sectors of the economy, such as shops and restaurants.  The employers were given a time-frame for turning those contracts into permanent ones.  As far as minimum wage was concerned, it was the representatives of workers and companies which made an agreement in each sector, without the need for the State to intervene.  The new social insurance system was a major concern for the administration; a social protection framework law had been adopted which would ensure the adoption of the law on the National Social Institute and the law on the National Pension Institute.  A law on the employment of persons with disabilities established the quota of 10 per cent for persons with disabilities.  Currently, 20.5 per cent of the population had social security coverage.

Follow-up Questions by the Committee Experts

The agrarian conflict between smallholders and agro-companies was of great concern to the Committee, particularly in the Bajo Aguán region where some 120 campesinos had been killed over the past five years.  Was there a more structural approach to the problem of conflict over land and water, with policies focused on supporting campesinos as principal producers of food for local communities?  What were the results achieved under the Framework Law on the Right to Food?

The poverty rate was 63 per cent in rural areas and 64 per cent in urban areas.  The strategies to address poverty included social transfers, but their impact was questionable because Honduras was a country with very low social security coverage.  The taxation system in Honduras was very unfair and Experts wondered if it was actually applying a regressive rather than progressive tax policy: the poorest spent 50 per cent of their income on tax while the rich spent 25 or 30 per cent.  The increase in sales tax to finance social programmes had hurt the poor.

The delegation was asked about forced evictions of farmers and their families from farms, some of which were done with the use of force by the military and private security agents, and without any compensation; all those forced evictions ran contrary to the provisions of the Covenant and the guidance of the Committee in this regard.  Questions were also raised about policies and actions to combat the recruitment of children by mares (gangs); and plans to repeal the law on abortion, which was one of the most restrictive in the world, prohibiting abortion even in cases of rape.

Experts also inquired about the results of the National Action Plan on worst forms of child labour; support services for street children, particularly in the view of preventing their trafficking and recruitment by gangs; access to emergency contraceptives for women and girls victims of violence; and measures to ensure that indigenous people enjoyed good levels of health and nutrition.

A Committee Expert asked about the Guardians of the Nation programme and the illiteracy rate among indigenous peoples, and stressed the links between access to education and reduction in poverty.  Could the delegation say more about the 2016-2030 education plans?  Another Expert said that the real problem was inequality in access to education and welcomed the intention of Honduras to make pre-school education universal; what specific strategy was there to put this in place?

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, stressed that the delegation had insisted on a formal involvement of civil society by privileging what they called “socialization ” or simple consultation, perhaps at the expense of participation.  There were 20,000 children in the street, and this was one of the most  serious and most painful manifestations of the problems of the country.  The legislation and rules on abortion of Guatemala and El Salvador might show the way forward to Honduras in this regard; all the while respecting the culture of the country, abortion should be considered within the context of the right to health and the right to life.  What goals was Honduras setting for itself for the next several years in terms of improving the quality of education?

Replies by the Delegation

All agreed that the conflict in Bajo Aguán region was a human right priority for the Honduran Government.  It was important to shore up investigations and look into the alleged murder of 128 campesinos and also to look into solutions to the conflict there.  The association of campesinos and the Government had reached an agreement on the solution to the conflict in 2010, following which Congress had adopted the degree in 2011 to allocate resources for the region, and pay for the land there.  In April 2014, the Government started dialogue with human rights organizations in order to find a comprehensive solution to the conflict in the region and also to ensure the protection of human rights defenders.  The Prosecutor’s Office had opened a special unit to investigate the alleged murders of campesinos and the Interconstitutional Committee to tackle the conflict in Bajo Aguán had been established.  In an attempt to bolster peasant organizations to purchase land, administrative and technical assistance had been provided to associations of campesinos and activities were ongoing on building capacity of those groups, particularly in palm plantations.

The mechanism to bolster food security in the country had been put in place in 2014; for example, prior to this, Honduras had to import beans, one of the principal food items in the national diet, while today, Honduras was a beans exporter.  The food security mechanism was a part of the Financing for the Agricultural Sector (FIRSA), and other programmes concerned water harvesting and adequate access of the population to fresh meat, and Honduras was now looking into a major project of production of basic grains.  The 2020 employment regeneration plan did include the agricultural sector as one of the priority areas for job creation, particularly looking to the food security of the country.

The delegation provided disaggregated data on poverty, saying that the relative poverty rate in 2001 stood at 19.5 per cent, and it had grown to 23.8 per cent in 2015.  There had been a drop by 4 per cent in extreme poverty rates, from 44 per cent in 2001 to 40 per cent in 2015, which Honduras considered an achievement due to targeted social policies.  A comprehensive social policy system, called Better Life Platform, had been set up to address extreme poverty.  Conditional cash transfers for health and education were provided to poor families who had to ensure regular health checks for the children under the age of five and regular school attendance of older children.  Better Life Scheme ensured access to food security and nutrition through school meals which reached 1.4 million children in public schools nation-wide.  Recipients of aid received training and capacity building to facilitate integration in the world of work, and there was advice on parenting and health, as well as promotion programmes.

In June 2016, there were two recognized maras (gangs) in Honduras: Mara Salvatrucha had 2,500 members of which almost 40 per cent were in prison, and Barrio 18 had 900 members, of whom 504 were behind bars.

The poor did not pay tax and 281 basic items usually purchased by the poor were exempt from the sales tax.  The taxation policy was progressive and had been designed to narrow the income gap; the draft tax code was about to be submitted to Congress.

Violence against women was of utmost concern to the State.  Special investigative units had been set up in order to tackle impunity for crimes against women.  There were currently six shelters for women victims of domestic violence throughout the country; Honduras agreed with the concern expressed by the Committee related to the insufficient number of shelters.  Honduras was in the process of putting in place a protection programme, Women Friendly Cities Programmes, which aimed to ensure the safety of women aged 15 and above.  The aim was to increase the number of women in jobs and their access to health, reduce the incidence of sexual and other forms of violence, and also reduce the number of teenage pregnancies.

Honduras was very active in addressing the worst forms of child labour, as foreseen in the Road Map to Eliminate Child Labour, and had signed a decree which would set up a high-level commission on child labour.  Honduras was aware of the seriousness of this problem.  The Bright Future Programme aimed to reduce the number of children in work in coffee plantations and fisheries, and would seek to put in place measures to encourage children not to work in hazardous occupations.

Child mortality for indigenous people stood at 43.5 per 1,000 live births, for people of African descent it was 39 deaths per 1,000 live births, while the national rate was 35 per cent.  Throughout the country, on average 24 per cent of children suffered from chronic malnutrition, while the rate in some indigenous territories went up to 50 per cent.  Malnutrition affected indigenous children and adults alike.  The illiteracy rate in the country stood at 30 per cent and there were indications of higher rates among the indigenous populations, but hard data was not available.

Migration was a matter of priority, particularly from a human rights point.  In 2014, Honduras had set up the Secretariat for Migration and adopted the Law on the Protection of Honduran Migrants and Their Families.  It enabled a joined up approach in the provision of support to migrants en route, in the country of destination and upon return; it had established a solidarity fund for the support of migrants, which was nationally funded; and had set up the Office for Protection and Office for Assistance to Returning Migrants.  There were currently three returnee migrants centres of the highest quality in regional terms.  In order to address the root causes of migration in the region, The Central American Northern Triangle Programme had been put in place, for which the United States Congress had approved 750 million dollars in funding, and Honduras would allocate 20 million dollars from its national resources, to be used to fund activities for the next five years.  The aim was to improve the socio-economic situation in the three triangle countries, reduce violence, and improve security, transparency and governance.  Honduras today was not only a country of destination but also a transit country, with more than 25,000 undocumented migrants reaching the country in 2015.

An Inter-institutional Commission for the Protection of Persons Displaced by Violence had been put in place.  A report on the phenomena had been published in November 2015, which stated that the phenomenon affected 20 municipalities from which 21,000 households had been displaced by violence between 2004 and 2014.

Extraordinary efforts had been made to gradually improve the situation of indigenous people and people of African descent and put in place structural solutions to the problem.  A comprehensive and differentiated plan had been envisaged which would allow for the road map to be put in place in this respect.  The Ministry of Education had set up a unit for multi-lingual education, which ensured training of teachers in each village to ensure teaching in indigenous levels and thus reduce illiteracy.  Measures to improve the health and food security of those populations were also being implemented.  Together with the Energy Services, electricity had been provided in La Flor mountain where the Tolupan lived, and there was an important programme for commercial potato growing.  Montaña de la flor was a very important project which could be a model to follow.

In their follow-up questions, a Committee Expert inquired about the participation of civil society in the follow-up to this review, the impact of the Penal Code reform to expand the anti-discrimination framework, and data on the number of hourly contracts which were transformed into permanent ones.  The delegation was also asked about the results of the 2011 Decree N° 161 which addressed the agrarian conflict in Bajo Aguán and authorised financial resources to enablecampesinos to buy land at a very low interest rate, and about public policies which offered the protection to lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons and the reform of the abortion law.

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for Honduras, asked about the situation of street children and about access to primary education.

Responding to the question related to the participation of civil society in the follow-up, a delegate said that following the approval in April 2016 of the Protection Law for Human Rights Defenders, Journalists, Social Communicators and Justice Officials, the National Protection Council had been established, composed of representatives of human rights defenders organizations and all other organizations covered by the law.  The work was ongoing to set up a Permanent Forum for Dialogue on Human Rights, which would ensure the participation of civil society organizations in the human rights policies and activities.

The Constitution did not yet recognize civil unions or same sex marriage.  Congress was currently drafting the reform of the Penal Code; the Congress and the Reform Committee would discuss the reform of the abortion law.

It was very important to have an official register of children living in street situations and a delegate said that the figure of 20,000 children came from non-governmental organizations.  At the moment, 144 children living in the street had been cared for by the State.  Honduras was putting in place a census to collect data on street children in order to develop appropriate protection strategies, as well as to develop measures to target families in order to prevent the phenomenon.

Congress had issued a prohibition of sale and use of emergency contraception, while a decree by the Ministry of Health prohibited the sale of emergency pill in pharmacies.  The law applied to all on an equal footing and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons had a direct role in defining human rights policy in the country and the plan on furthering human rights, which also contained a section on the recognition of rights.

The problem in the health system was that it did not cover all the population; geography played an important role in this regard, as 80 per cent of the country was mountainous, making access difficult.  The Ministry of Health was seeking to decentralize its services, particularly in primary health care, and had put in place pilot programmes to provide greater grassroots healthcare in remote areas.

There were two types of tax breaks for the poorest, one on income and another on the basic basket of goods: lowest wages were tax exempt, and sales tax did not apply on the basic basket of goods.  Honduras was currently discussing the reform of the tax code, with the aim to address the most urgent problem of significant income inequalities.

Over the last two years, 25,000 public officials had been trained in human rights, and the training programmes were also trying to foster a culture of peace.  Honduras intended to include human rights education in schools through the new subject of civic education.

Concluding Remarks

MIKEL MANCISIDOR DE LA FUENTE, Member of the Committee and Rapporteur for the report of Honduras, thanked the delegation for engaging in the honest and sincere dialogue.  Many references were made to programmes and plans rather than data and the Country Rapporteur was looking forward to hearing more in the future.  Honduras was working on the framework law on prior consultation and it was important to ensure that the global best practice was included.  The debate on the tax system was an excellent opportunity to engage in dialogue and incorporate the Committee’s recommendations.  The reforms of the Penal Code would offer good opportunity to include the Committee’s comments, including on abortion.

LICENCIADO RICARDO LEONEL CARDONA, State Secretary, Ministry for Development and Social Inclusion of Honduras, recognized the significant inequalities in Honduras and that there were social groups that had been marginalized for 500 years.  The current Government would give its utmost to address those inequalities and to become one of the most equal countries in the world.

WALEED SADI, Committee Chairperson, said that this was a cordial and friendly dialogue during which the Committee had learned a lot.  The concluding observations on the report of Honduras would be made public on Monday, 27 June. – See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20079&LangID=E#sthash.OwKYldV8.dpuf

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“A deadly undertaking” – UN experts urge all Governments to protect environmental rights defenders

GENEVA (2 June 2016) – Speaking ahead of World Environment Day on Sunday 5 June, three United Nations human rights experts call on every Government to protect environmental and land rights defenders.

The UN Special Rapporteur on human rights and the environment, John Knox; the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Michel Forst, and the UN Special Rapporteur on the rights of indigenous people, Victoria Tauli Corpuz, stress that protecting environmental rights defenders is crucial to protect the environment and the human rights that depend on it.

“Being an environmentalist can be a dangerous, even deadly undertaking. Berta Cáceres, the Goldman Prize winner who was assassinated in Honduras in March 2016, was only one of dozens of environmentalists to be killed in recent months.

Every week, on average, two environmental and land rights activists are killed and the numbers are getting worse, according to civil society figures. The situation is particularly grave in Latin America and Southeast Asia, but it affects every region of the world. It is truly a global crisis.

On this World Environment Day, we want to underscore that environmental human rights defenders should be lauded as heroes for putting themselves at risk to protect the rights and well-being of others. Instead, they are often targeted as if they were enemies of the State.

The brave  women and men who work to protect the environment are routinely harassed, threatened, unlawfully detained, and even murdered, merely for opposing powerful business and governmental interests bent on exploiting and destroying the natural environment on which we all depend.

The enjoyment of a vast range of human rights, including rights to life, health, food, water, and housing, depend on a healthy and sustainable environment.  Those who work to protect the environment are not only environmentalists  – they are also human rights defenders.

In March 2016, the Human Rights Council adopted a landmark Resolution (res 31/ 32) which requires States to ensure the rights and safety of human rights defenders working towards the realization of economic, social and cultural rights.

That was a good initial step, but Governments must do far more. They have obligations under human rights law to protect environmentalists’ rights of expression and association by responding rapidly and effectively to threats, promptly investigating acts of harassment and violence from all parties including business and non-State actors, protecting the lives of those at risk, and bringing those responsible to justice.

States must also adopt and implement mechanisms that allow defenders to communicate their grievances, claim responsibilities, and obtain effective redress for violations, without fear of intimidation.

They must take additional steps to safeguard the rights of members of marginalized and vulnerable communities, especially indigenous peoples, whose cultures, identities and livelihoods often depend on the environment and whose lives are particularly susceptible to environmental harm, placing them on the frontlines of conflict.

Currently, States are failing to meet these obligations. Of the nearly 1000 reported murders over the last decade, fewer than 10 have resulted in convictions. The real culprits are rarely held accountable for their crimes.

In the last year, the international community has reached consensus on the new sustainable development goals as a roadmap to a more sustainable, prosperous and equitable future. But those goals cannot be met if those on the front line of protecting sustainable development are not protected.

It is ironic that environmental rights defenders are often branded as ‘anti-development’, when by working to make development truly sustainable, they are actually more pro-development than the corporations and governments that oppose them.

Supporting environmental human rights defenders is crucial to protect our environment and the human rights that depend on it, and Governments should never forget that.”

ENDS

The UN Human Rights Council appointed Mr. John H. Knox (USA) in 2012 to serve as Independent Expert, and reappointed him in 2015 as Special Rapporteur, on the issue of human rights obligations related to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. The Council requested him, a professor of international law at Wake Forest University in the United States, to clarify the application of human rights norms to environmental protection, and to identify best practices in the use of human rights obligations in environmental policy-making. Learn more, visit: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx

Mr. Michel Forst (France) was appointed by the Human Rights Council as the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders in 2014. Michel Forst has extensive experience on human rights issues and particularly on the situation of human rights defenders. In particular, he was the Director General of Amnesty International (France) and Secretary General of the first World Summit on Human Rights Defenders in 1998. For more information, log on to:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx

NOTE TO EDITORS: Mr. Forst will present a report on the situation of environmental and land rights defenders to the UN General Assembly in October 2016.

The Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Ms. Victoria Tauli-Corpuz (Philippines), is a human rights activist working on indigenous peoples’ rights. Her work for more than three decades has been focused on movement building among indigenous peoples and also among women, and she has worked as an educator-trainer on human rights, development and indigenous peoples in various contexts. She is a member of the Kankana-ey, Igorot indigenous peoples in the Cordillera Region in the Philippines. Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.

 

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ONU dice sentir consternación por hechos de violencia contra miembros LGBTI

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Honduras presenta ante ONU visión de largo plazo

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Relator de la ONU pide al gobierno de Honduras “traer de vuelta una cultura de la vida”

Defensores en linea

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Presidente de la Corte Suprema de Justicia se reúne con el relator de la ONU

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, se reúne esta mañana con el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, para buscar que en Honduras se respeten los derechos humanos.

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Comisión depuradora de la Policía Nacional sostuvo reunión con relator de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales

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Hija de Berta Cáceres preocupada por investigación del asesinato de su madre

Berta Isabel Zúñiga Cáceres, de 25 años, concedió una entrevista exclusiva a Radio ONU en el marco de su participación de la 60 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York.

Su madre fue asesinada el pasado 3 de marzo. Ella era coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras y había ganado el premio Goldman por su papel clave en contra de un controvertido proyecto de represa en el río Gualcarque.

Consideró que en su país no existen garantías para la vida de los defensores de derechos humanos.

Escucha la entrevista completa que fue transmitida en directo a través de nuestra cuenta en Twitter @ONUradio.

Duración: 14’29″
Producción: Rocío Franco

Comparte el audio en las redes sociales:

http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/03/hija-de-berta-caceres-senala-al-gobierno-de-honduras-como-responsable-de-asesinatos-a-defensores/#.VvBUXnooDtQ

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UN News – Honduras risks becoming ‘lawless killing zone’ for human rights defenders – UN expert

An independent United Nations expert on the situation of human rights defenders today urged the Government of Honduras “to take immediate and concrete actions, or risk turning the country into a lawless killing zone for human rights defenders.”

UN Special Rapporteur Michel Forst’s appeal came after the killing of yet another outspoken leader of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations Honduras (COPINH), Nelson García, reportedly occurred on 15 March.

Earlier this month, Berta Cáceres, COPINH founder, prominent indigenous leader and environmental and women human rights defender, was slain.

García was allegedly killed shortly after he had witnessed a forced eviction carried out by security forces in the Río Lindo area, South of San Pedro Sula. “This new tragedy points once again to major faults in the protection of rights defenders in the country,” Mr. Forst said in a press release.

“Amid unrelenting attacks against environmental and indigenous defenders, it is high time the Honduran authorities take concrete steps to ensure safety for all human rights defenders in the country, and their families,” he stressed, recalling States’ obligation to guarantee security and protection for all human rights defender or activists within its borders.

“I urge the Honduran Government to publicly condemn the assassination of Nelson García and ensure an immediate, independent and impartial investigation into his death,” he said. “This cycle of violence will only stop when impunity is addressed and perpetrators of such attacks are put to justice.”

According to numerous reports received by the special rapporteur, Honduras has become one of the most dangerous countries in the world for human rights defenders, particularly those promoting rights related to environment and land issues.

On 5 March, after the death of Berta Cáceres, the Inter-American Commission on Human Rights decided to call for precautionary measures for all members of COPINH as they were suffering an escalation of threats and harassment. “However, this has regrettably not prevented Mr. García’s murder,” Mr. Forst concluded.

Independent experts or special rapporteurs are appointed by the Geneva-based UN Human Rights Council to examine and report back on a country situation or a specific human rights theme. The positions are honorary and the experts are not UN staff, nor are they paid for their work.

Origen: UN News – Honduras risks becoming ‘lawless killing zone’ for human rights defenders – UN expert

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Intervención oral de Berta Zúñiga Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras / IMD ante la plenaria de la CSW60 Nueva York, Marzo del 2016

Sra. Presidenta, representantes de gobiernos del mundo. El pasado 2 de marzo mi madre, Berta Cáceres, fue asesinada. Ella y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH- habían venido denunciando las graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo Lenca, a causa de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA, dentro del territorio indígena Lenca de Río Blanco, Honduras.

Hoy, que Estados y organizaciones civiles de todo el mundo se reúnen aquí en la ONU para lograr acuerdos que hagan realidad la Agenda2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible debo decirles que el mundo se ha quedado sin una defensora de derechos humanos que dedicó toda su energía en hacer realidad estos compromisos internacionales, defendiendo los ríos, los bosques, los territorios ancestrales, la vida digna, desafiando el modelo predominante extractivista de explotación y muy especialmente, los derechos de las mujeres.

Su asesinato no fue un hecho aislado, por el contrario, se dio en un contexto de violencia que ya ha cobrado la vida de varias personas integrantes del COPINH y de decenas de defensores y defensoras de derechos humanos en todo Honduras y Mesoamérica.

Han sido días muy complicados y dolorosos. Pero lo más difícil ha sido el total secretismo que envuelve a la investigación sobre el asesinato y los intentos de criminalizar a integrantes del COPINH y defensor*s de derechos humanos, como el mexicano Gustavo Castro.

Señores y señoras, tal y como lo afirmó el Grupo de Expertas de la CSW60, la implementación de la Agenda 2030 nunca será posible si se sigue amenazando, asesinando y criminalizando a las defensoras de derechos humanos y si se siguen violando sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas como el consentimiento libre, previo e informado respecto a los proyectos de infraestructura y empresas extractivas.  Desafortunadamente esta es una realidad que enfrentamos los pueblos indígenas y otras comunidades en Honduras y América Latina.

A nombre de mi familia, del COPINH y de la Red Nacional de Defensoras de Honduras quiero demandar lo siguiente:

-Que el Estado Hondureño actúe de forma inmediata y transparente para el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas al COPINH y a mi familia,

-Que el Estado Hondureño considere seriamente la invitación a que la CIDH cree un equipo de investigadores expertos, independientes, y de confianza de la organización y la familia para que dirija, supervise y participe de la investigación para el esclarecimiento del vil asesinato de mi madre. Y que este hecho no quede en la impunidad que es tan común en nuestros países.

-Que se garantice la seguridad y protección de nuestra familia, de Gustavo Castro, los integrantes del COPINH y de las demás personas defensoras de derechos humanos y de la Red de Defensoras de Honduras.

-Que el Gobierno de Honduras intervenga de forma concreta en la situación de flagrante impunidad ante el creciente número de ejecuciones de defensor*s de derechos humanos, en particular de quienes defienden los derechos del medio ambiente y de la tierra en el país.

-La voluntad del l*s Lenca y otras comunidades indígenas, afro-descendientes y rurales debe ser respetada y Honduras debe cumplir con los acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, deteniendo de inmediato y de manera definitiva la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, en el Río Blanco; y haciendo una revisión exhaustiva de todos los otros proyectos de extractivos en el territorio lenca para determinar si el consentimiento previo, libre e informado ha sido respetado.

-Que gobiernos, empresas transnacionales, instituciones financieras e inversionistas respeten y honren el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado para la construcción de cualquier proyecto de desarrollo en nuestras tierras y territorios.

Sin el respeto a estos derechos y condiciones básicas, la Agenda2030 no será realidad y beneficiará tan sólo a unos pocos intereses, a expensas de las personas y el planeta.

 

Hoy quiero que honremos el legado de mi madre, que es un legado para todos los pueblos. Ella lucho por la vida, por buscar transformaciones verdaderas, profundas e integrales. Por eso volverá y será millones.

http://copinhonduras.blogspot.it/2016/03/intervencion-oral-de-berta-zuniga_18.html

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Honduras. Las 800 o como vencer la muerte con números

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En 2012 según datos del Ministerio de Seguridad de Honduras la tasa de muertes violentas en el país era de 89.65 por cada 100 mil habitantes, esto quería decir que diariamente eran asesinadas 20 personas. Naciones Unidas difería y decía que el numero era de más de 100 por cada 100 mil ubicándonos en el infame lugar del país más violento del mundo. Los datos de Naciones Unidas venían de investigaciones realizadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Si recordamos 2012 fue el año del descaro Nacionalista, ese año sin que nadie denunciará salían no carretas si no  camiones y ambulancias llenas de billetes robados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del Sistema de Salud Pública. Ese año se robaron los fondos de pensiones de los trabajadores públicos en el INJUPEM.
Por todo se robaron casi 10,000 millones de lempiras (500 millones de dólares) según datos de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, de la que los periódicos nacionales sólo destacaron los fondos de la Cuarta Urna que por decisión del Poder Ejecutivo fueron de 2 millones de dólares en 2009. Nada se dijo ni se dio seguimiento al multimillonario latrocinio del Gobierno de Lobo.
En aquel año la Corte Suprema de Justicia dejó de trabajar y los operadores de justicia dejaron de investigar. Los Policías mataban a jóvenes inocentes y eso dio pasó a la militarización. El 2012 fue el año de la corrupción desmedida y de la consolidación de la militarización.
Ese año 7,172 hondureños murieron violentamente.

2013
En 2013 empezó la campaña por la Presidencia de la República, el oficialismo tenía que ordenarse. El candidato Juan Orlando Hernández, que era el Presidente del Congreso Nacional, tenía dos propuestas. La primera era que los militares haciendo funciones de Policías iban a reducir la violencia, y la segunda que la entrega de la Soberanía Nacional iba a atraer la inversión con las ciudades modelo, polos de desarrollo que iban a reducir la miseria.
En 2013 terminó el período de Julieta Castellanos como Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Su periodo como Rectora de la Alma Mater fue caracterizado por la optimización de los recursos públicos, el rescate de la imagen de vanguardia de la Universidad Pública frente a la Privadas y el enfrentamiento interno con las fuerzas históricas de la máxima Casa de Estudios desde el Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH) que sufrió muchos reveses en sus conquistas laborales, hasta la completa desarticulación de la representación estudiantil controlada por el derechista Frente Unido Universitario Democrático (FUUD).
El período de Castellanos también fue caracterizado por su enfrentamiento contra la política de seguridad del Estado. Desde el asesinato de su hijo en octubre de 2011 por parte de agentes policiales la rectora se dedicó, utilizando el Observatorio de la violencia, a desmentir al gobierno, a mostrar las cifras reales de la violencia y los escuadrones de la muerte.
En 2013 bajo una negociación con el Presidente del Legislativo y entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández, Julieta Castellanos modificó la normativa universitaria y fue reelecta Rectora.
Al final de ese año y ya Juan Orlando Hernández electo Presidente, el Ministerio de Seguridad anunció una reducción de 751 muertes violentas en comparación con el 2012. En esta ocasión la UNAH no contradijo el reporte oficial si no que lo avaló.
Oficialmente el saldo del 2013 fue de 6,431 muertes violentas dejando un promedio de 18 muertes diarias para un índice de 80.38 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Los 800
En 2014 ya con el nombramiento del ex Vicepresidente del Congreso Nacional Arturo Corrales a la cabeza del Ministerio de Seguridad el Observatorio de la Violencia de la UNAH aceptó que la información con la que iba a hacer sus análisis vendría filtrada desde el Gobierno. Antes los investigadores universitarios tenían acceso directo a lo que reportaban las morgues locales, las postas policiales y los medios de comunicación. Esa información en bruto era procesada independientemente y permitía desnudar las maniobras y los maquillajes oficiales.
Corrales al tener control de la información cambio la forma de registrar la misma. La segmento, dividió el registro de muertes violentas entre los levantamientos hechos por los agentes en la escena del crimen, las fosas comunes, partes de cuerpos encontradas y otras distintas categorías que trastocan los números reales. El siguiente paso fue el control de la prensa.
Los periodistas de nota roja en Honduras no reportan nada que no lo haya autorizado la Policía o el Ejército, hacerlo sería ponerse en peligro. A diario son varios los reportes de asesinatos que llegan como denuncias pero que no salen impresos en las ediciones de los días siguientes.
El Observatorio de la Violencia avala con su informe lo que dice el Gobierno. Los números son casi los mismos porque la información primaria es la misma.
En 2014 las autoridades Policiales y Militares anunciaron una reducción de 824 asesinatos en comparación al 2013. Según las autoridades hondureñas en 2014 murieron 5,607 personas de manera violenta lo que significa un promedio diario de 15 personas para un índice de 70.08 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
En 2015 la historia es la misma. El Gobierno cabalga sólo en esta fábula de Seguridad. No hay crítica ni análisis independientes.
Este pasado lunes 28 de Diciembre, día de los Santos Inocentes según las tradiciones navideñas, las autoridades de Seguridad y Defensa anunciaron una reducción de 800 muertes en comparación con el 2014. La coincidencia es grande, el mismo número en promedio que los últimos dos años.
Debido a que la población hondureña es de 8 millones de habitantes el promedio de muertes violentas por cada 100 mil habitantes se calcula dividiendo el total de muertes entre 80. En este sentido y para los fanáticos o expertos de estadística el número 800 podría significar algo.
Pero podría ser incluso algo mucho menos elaborado, la simple repetición de un mismo manual, de una simple estrategia de prensa para gradualmente bajar los índices de violencia.
Según los datos oficiales en 2015 en Honduras 4,807 personas fueron violentamente asesinadas significando 13 asesinatos diarios para un promedio de 60.08 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. El Observatorio de la Violencia salió a corregir que a ellos con la misma información el índice les dio 61 por cada 100 mil. Siempre para la academia la exactitud es importante.

Violencia Regional
A pesar de los 800 anuales y los más de 5 mil millones de dólares recaudados en impuestos que pasan a los órganos de Seguridad y Defensa desde el 2012 sin ninguna auditoría ni rendición de cuentas, Honduras sigue siendo el país más violento de la región a pesar que es el que más dinero destina a la Policía Nacional y al Ejercito.
Honduras encabeza con 60 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, seguido por El Salvador con 41.2 por cada 100 mil y Guatemala con 39.9 por cada 100 mil. El triángulo norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo con más de 13,400 asesinatos en 2015.
En el resto de Centroamérica la situación cambia drásticamente. Este cierre de año significó un año de alerta para Costa Rica que llegó a los 10.9 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 10 por cada 100 mil significa una epidemia y los países deben modificar profundamente sus políticas de Seguridad. Nicaragua tiene un promedio 8.7 y Panamá de 6 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Diciembre de 2015.
* Gerardo Torres Zelaya, Corresponsal de TeleSUR edición en inglés para Centro América.

Origen: Honduras. Las 800 o como vencer la muerte con números

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