julio | 2015 | Honduprensa

En esta semana, la militarización de la que siempre se denuncia en las ciudades de interior del país, “como si estuviéramos en guerra” también ha sido parte del panorama en instituciones nacionales, creadas para impartir educación y justicia, sin embargo han sido violentadas en su independencia y autonomía, pasando sobre el derecho a las personas que allí asisten.

La preocupación por el obsesivo abuso de poder reflejado en la injerencia policial y militar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los últimos días, no es de extrañarse, pues en el país se han dado otros golpes de Estado.

Para el caso, cabe mencionar el 12 de diciembre del 2012, se dio la separación de cuatro de los miembros de la Sala de lo Constitucional por parte del Poder Legislativo, presidido por Juan Orlando Hernández, y el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, guardó silencio, siendo esta acción un despido ilegal y violario contra los funcionarios José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Antonio Gutiérrez Navas.

Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, esa fue una clara intromisión entre poderes, que se suponen son independientes uno del otro.

Los medios de comunicación informaban que “El Congreso Nacional de Honduras aprobó esta madrugada la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una acción que fue calificada de ilegal y atentatoria contra el estado de derecho”.

Hoy, nuevamente se violenta la CSJ, cuando permaneció rodeada de centenares de militares y policías rodearon completamente las instalaciones dela CSJ, habían elementos de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) policías cobras, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y antimotines, desde tempranas horas, antes que se iniciará el juicio Oral y Público contra el periodista David Romero Ellner, director de Radio Globo y Globo tv.

Hoy se fue el primer día del Juicio Oral y Público contra Romero Ellner, acusado por 15 delitos constitutivos de difamación, en contra de Sonia Gálvez, que es la esposa del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Esta audiencia, fue reprogramada para hoy, luego de que el pasado 23 de julio, el periodista fue sacado de la sala de juicio, por un grupo de simpatizantes, temiendo que lo llevaran preso, después que la parte acusadora propusiera un aumento de 15 a 41 delitos, lo cual este día fue desestimado.

Además, hoy se cerraron calles aledañas a la CSJ, así como la restricción del ingreso de personas al edificio, a menos que tibiera audiencia. Ni siquiera a donde se desarrollaba el juicio que es Oral y Público, la prensa que logró entrar a los predios, no se les permitió el ingreso a la Sala, como sucede generalmente.

Esto se refleja que se ha violentado el derecho a la Libertad de Expresión, la Libertad a la Información y la Libre Circulación a la ciudadanía, explica la coordinadora del COFADEH, pues la zona ha estado tan militarizada, y es inusual.

Algunas personas se sorprendían al ver tantos policías y militares, pues consideran que no sucede ni cuándo se va enjuiciar a grandes criminales, se preguntan por qué tantos anillos de seguridad, si solo es una persona la que está acusada.

Tampoco extraña, continua Oliva, cuándo el autoritarismo demostrado por la rectora magnifica de la UNAH, Julieta Castellanos, se manifiesta en contra de los jóvenes estudiantes que a reclamación de un derecho a juicio de ellos violentando, les da como respuesta la presencia militar-policial y el enjuiciamiento.

Ayer, la máxima Casa de Estudios en Tegucigalpa, fue custodiada por cientos de policías antimotines, apostados por dentro y fuera de los portones de acceso a la calle, dejando a unos 300 jóvenes que se manifestaban por la equidad estudiantil, y a quienes se les dejó como rehenes y con el peligro de ser capturados. Por lo que fue necesaria la intervención de defensores y defensoras de derechos humanos, para que salieran sin ser agredidos.

Por lo que hay una militarización que se da ejerciendo requerimientos fiscales contra de la oposición estudiantil, agregó la defensora de DDHH.

De manera igual es militarización que está viviendo la CSJ donde no sabemos si hoy se imparte justicia o no, pues son órdenes las que se reciben, declaró.

Y es que ni los empleados de la CSJ, sabían porque había una excesiva presencia de militares y policías en la entrada del edificio, dándose claramente la intromisión de poderes del Estado, tomando en cuenta que judicialmente el juicio que se desarrolla es una acusación privada contra el periodista.

Romero Ellner, reveló actos de corrupción suscitados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), considerado el saqueo más grande de la historia de Honduras, con un monto que asciende a 7 mil 300 millones de lempiras, donde se vincula al Partido Nacional, del cual es el mandatario Juan Orlando Hernández.

Y en su noticiero, Romero mostró una entrevista hecha por el periodista y diputado Esdras Amado López, al juez, José Dimas Agüero Echenique, que revela que “el hombre quiere que el periodista sea condenado” y explica que «el hombre es el presidente de la República Juan Orlando Hernández», según el juez, eso se lo manifestó Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, para que se condenará y llevara a prisión al periodista Romero Ellner.

Este panorama, refleja la pérdida de poderes afirmó Oliva, pues lo que se ha visto estos días es una profundización de control, es inédito, el país militarizada donde sobre vuelan helicópteros en el lugar que se lleva a cabo un juicio.

Hechos inéditos

Bertha Oliva, considera que, aquí vemos dos hechos inéditos, la CSJ controlada por poderes militares y policiales, como si se tratara del peor criminal al que están juzgando, esto es injerencia.

Y que, ni en tiempos de Oswaldo Ramos Soto, rector de la UNAH (04 de julio 1982 – 1988) la ciudad universitaria había sido violentada en su Autonomía por presencia militar para convertirse en un estadio de cacería de los jóvenes. Incluso en esa época que se registra la desaparición forzada de universitarios que luchaban por mejores condiciones estudiantiles.

El COFADEH manifiesta que “Basta ya” porque es tiempo que cese las intromisiones, el autoritarismo y la manipulación del manejo mediático.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3652:basta-ya-de-intromisiones-autoritarismo-y-la-manipulacion-mediatica&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacificas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos. Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia.

El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes. En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa.

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias –en su mayoría indígenas tolupanes. La CIDH consideró que ¨la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo¨1. Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes; e informara las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

Pese a lo anterior, hasta el momento el Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para preservar la vida e integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares. Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas. ¨Se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar las medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado¨, expresó Víctor Fernández, abogado e integrante del MADJ.

A raíz de la falta de implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, 7 indígenas tolupanes de la comunidad de San Francisco de Locomapa, se encuentran en huelga de hambre en los alrededores de Casa Presidencial desde el 30 de junio de 2015. Entre sus demandas, se encuentra la exigencia de protección estatal, así como, la investigación, captura y sanción de los responsables de las agresiones sufridas.

Durante el primer trimestre del año, Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su ¨ honda preocupación por el clima inhóspito y poco favorable en el que operan las y los defensores en Honduras¨ y por el alto nivel de impunidad respecto a las agresiones y violaciones de los derechos de los defensoras y defensores (A/HRC/28/63/Ad).

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3651:honduras-el-estado-hondureno-deber-garantizar-la-vida-e-integridad-personal-de-lideres-indigenas-tolupanes&catid=71:def&Itemid=166