Entradas etiquetadas como crimen organizado

CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO SE APODERAN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3163-corrupción-y-crimen-organizado-se-apoderan-de-administración-pública-hondureña

, , ,

Deja un comentario

Honduras Mayor Arrested for Murder, Ties to Organized Crime

The arrest of a mayor in Honduras for homicide and connections to criminal groups makes him the latest in a string of city hall bosses to be accused of corruption in the Central American nation, a pattern that is mirrored throughout Latin America.

Origen: Honduras Mayor Arrested for Murder, Ties to Organized Crime

, , , ,

Deja un comentario

Honduras: Alcaldes que han sido salpicados por el delito

En menos de dos años las autoridades han capturado a seis ediles por presuntos nexos con bandas criminales, por almacenamiento de armas de guerra, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros delitos

Origen: Honduras: Alcaldes que han sido salpicados por el delito

,

Deja un comentario

Organized Crime Fuels Rising Northern Triangle Displacement: UN

A new United Nations report highlights skyrocketing rates of forced displacement in Central America’s Northern Triangle region, attributing the trend in large part to rampant organized crime related violence.

Origen: Organized Crime Fuels Rising Northern Triangle Displacement: UN

, ,

Deja un comentario

FUNCIONARIO HONDUREÑO ACUSA A TRANSPORTISTAS DE JEFEAR MAFIAS

El asesor del gobierno, Ebal Díaz, acusó a la Dirección General de Transporte, dirigida por Yovanny Dubón, de ser el “patio de corrupción de muchos vinculados al crimen organizado”. “No estoy diciendo que todos (están vinculados al crimen), porque hay gente trabajadora que ha invertido en el transporte”, dijo.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El secretario del gabinete de gobierno y asesor presidencial, Ebal Díaz, responsabilizó a empresarios del transporte hondureño por los asesinatos cometidos contra motoristas y ayudantes de unidades.

“El sector transporte ha estado en manos del crimen organizado”, dijo el funcionario, horas después que pandillas quemaran un autobús del transportista interurbano “Cristina” en un punto de la caribeña ciudad de La Ceiba.

El funcionario contó que fueron algunos dirigentes del rubro que le confiaron que mafias enquistadas en el negocio son los “responsables” de mandar a matar motoristas y tienen nexos con el crimen organizado.

“Dentro de ese sector hay mafias vinculadas al crimen organizado que lo que hacen es pelearse las rutas y en la guerra de pelearse las rutas para sacar de competencia a las empresas, mandan a quemar los buses o a matar a los choferes. Eso sucede en el transporte”, explicó.

Acusó a la Dirección General de Transporte, dirigida por Yovanny Dubón, de ser el “patio de corrupción de muchos vinculados al crimen organizado”. “No estoy diciendo que todos (están vinculados al crimen), porque hay gente trabajadora que ha invertido en el transporte”, dijo.

Empresarios del transporte y ciudadanos han exigido al gobierno hondureño que tome medidas por la delincuencia que azota al rubro; en las últimas 24 horas se han reportado asaltos en unidades del servicio interurbano.

En el caso de la empresa Cristina, sus propietarios cerraron operaciones hace más de un mes, luego que fuera asesinado por dos mujeres el motorista Manuel Gómez.

La empresa reinició actividades hace algunos días, luego que la secretaría de Seguridad se comprometiera a proporcionar seguridad a las unidades para evitar cualquier incidente.

 

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1450-funcionario-hondureno-acusa-a-transportistas-de-jefear-mafias

, ,

Deja un comentario

Honduras: Unos 50 subcomisionados serán separados de la Policía

La comisión depuradora dará a conocer esta semana el resultado de investigación de 108 subcomisionados. Trascienden diferencias entre comisionados por la no destitución de oficiales ligados al crimen organizado (…)

Origen: http://www.elheraldo.hn/pais/960209-466/unos-50-subcomisionados-serán-separados-de-la-polic%C3%ADa

, ,

Deja un comentario

Élites y crimen organizado en Honduras: Los Cachiros

Como suele suceder en Honduras, las noticias comenzaron como un rumor entre los ricos: Javier Rivera Maradiaga, el mayor de los tres hermanos Rivera Maradiaga que siguen vivos y cabecilla del temido y poderoso grupo narcotraficante hondureño conocido como Los Cachiros, se había entregado a las aut

Origen: Élites y crimen organizado en Honduras: Los Cachiros

, ,

Deja un comentario

“El hermano del hombre” vinculado con el narcotráfico y crimen organizado – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.-Un narco capturado por el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, acusó al “hermano del hombre” de tener vínculos con los hermanos Valle Valle, extraditados a Estados Unidos el año pasado acusados de traficar con estupefacientes. En declaraciones proporcionadas al programa En Exclusiva, que conduce la periodista Lidieth Díaz, Sabillón […]

Origen: “El hermano del hombre” vinculado con el narcotráfico y crimen organizado – CRITERIO

, , ,

Deja un comentario

Además de alcaldes, investigan a operadores de justicia presuntamente ligados al crimen

Tegucigalpa – Autoridades de lucha contra el crimen en Honduras, especialmente unidades especializadas del Ministerio Público, investigan a policías, jueces y fiscales que presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado. Otros funcionarios, entre ellos alcaldes y altos cargos también son escrutados. En las últimas horas otro jefe edilicio fue capturado por sus potenciales ligues con el sicariato entre otros delitos.

Origen: Además de alcaldes, investigan a operadores de justicia presuntamente ligados al crimen

, , ,

Deja un comentario

Arrestan alcalde hondureño por presuntos nexos con crimen organizado

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1105-arrestan-alcalde-hondureno-por-presuntos-nexos-con-crimen-organizado

Deja un comentario

Estados Unidos estaría detrás de acciones contra grupos criminales en Honduras

Esta semana, la realidad de inseguridad que en Honduras impera, fue trastocada por varias capturas y redadas que el gobierno denominó “Operación Avalancha” y que ha dejado capturas como la del alcalde de Talanga y un exoficial de Policía, así como más de un centenar de bienes asegurados y una cantidad superior a los 12 millones de lempiras incautados. Sin embargo, esa inseguridad generalizada, también provocó la desconfianza de la población hacia la institucionalidad, y es por eso que la gente se pregunta ¿qué hay detrás de todo esto?

El analista y ex candidato a dirigir la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Omar Menjivar, asegura que eso es característica de un país donde no impera el Estado de derecho, sino la poca fiabilidad de la población en sus instituciones, especialmente las encargadas de velar por la seguridad y justicia. Además que no se fía que la voluntad del actual gobierno sea dar estos duros golpes al crimen organizado, sino que es una intervención directa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Estos operativos no son definidos por que la determinación nazca de la Policía Nacional, no es así, es un operativo planificado y dirigido por la embajada de EEUU y ellos tienen intereses en este asunto, uno de ellos es el tema de que el dominio territorial de las maras ha provocado una oleada de migrantes hacia EEUU. Otra verdad cuestionable es que como Estado no tenemos Policía, como institución, las pocas unidades que funcionan son algunas élites que se dirigen desde los EEUU. Esa es la verdad que nosotros vivimos”, expresó el abogado.

Por su parte, el secretario de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, dijo a medios de comunicación que la operación Avalancha es para todo el año y que a él no le ha temblado la mano para dar golpes al crimen.

Estos operativos que reprimen supuestos grupos criminales, agudizan las guerras que barrios adentro de las ciudades sufren cada día. En una zona conflictiva por el control territorial de maras y pandillas en una de las ciudades más violentas de Honduras, este operativo ha generado violaciones a derechos humanos de jóvenes no implicados en el crimen, por la falta de conocimiento de los entes de seguridad de las dinámicas de estos grupos. La falta de investigación previa hace que las capturas sean muchas, pero no efectivas, según nos contó un residente de este barrio de quien omitimos nombre por seguridad.

“Debemos ver a quienes se está capturando”, dice Menjivar, ya que a su criterio, el último actor en la pirámide del crimen es el que cae, y muchas veces es el que también es víctima de grupos criminales. “A veces se captura al que cobra la extorsión cuando a esa personas, muchas veces se le obliga a hacerlo sin pertenecer a la estructura del crimen organizado”, agregó.

Sin depuración no hay seguridad

Una imagen de seis supuestos pandilleros vestidos con uniformes de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la nueva Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene en alerta a la población hondureña luego de que el vocero de la Policía, el comisionado Héctor Iván Mejía, publicara en su cuenta de Facebook lo siguiente:

Los últimos hechos están conectados. Según Omar Menjivar, es un secreto a voces que la Policía Nacional tiene una alianza con la Mara Salvartucha y otras estructuras del crimen organizado y esto pone en duda las acciones de capturas y la propagación de esta imagen que alarma a la población, ya que los supuestos pandilleros, pertenecerían a la pandilla contraria Barrio 18 (según las señas de sus manos).

“Me resulta sorprendente que algunas acciones de captura estén dirigidas contra la MS ya que desde hace tiempo se dice que ha habido una alianza entre la Policía Nacional y la MS. Solo tiene que fijarse uno en los hechos policiales, las capturas de personas asociados a la extorsión o cualquier hecho violento siempre son miembros de la 18 (pandilla contraria)”, cuestiona Menjivar quien fue candidato a dirigir un ente que generó esperanza en su momento porque realizaría una depuración policial desde una estrategia de sociedad civil, no desde el interior de la policía.

“Hace unos años se creó la DIECP pero ha resultado un fiasco y era un clamor popular lo de la depuración policial que hasta ahora ha resultado ineficiente, justamente por eso el crimen logra mantener su arraigo en estas estructuras, no existen esos controles para garantizar la seguridad a la población, desde las autoridades del Estado”, agregó.

Aurora Pineda, madre de Carlos David Pineda, el joven que junto al hijo de la rectora de la universidad fueron asesinados por agentes policiales en 2011 y que impulsó el proceso de depuración policial, cree que este puede tener fuerza y ejecutarse en Honduras si la MACCIH (Misión de Apoyo contra la corrupción  y la Impunidad) comienza a investigar el accionar de policías y militares, dejando un claro mensaje de lucha contra la impunidad.

“Aunque sea tres casos que acompañen para que se presione, los casos más emblemáticos pueden resultar. Por la depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas debe trabajar la MACCIH. Mientras no haya depuración nunca se va avanzar en temas de seguridad, más bien vemos cómo el delito se transforma y eso lo vemos en el aumento de masacres. Esto el Estado debe tomarlo en cuenta, las estrategias implementadas actualmente no son las mejores”, dijo a Radio Progreso.

Además agregó que es preocupante que están reintegrando agentes que habías salido de la Policía dándoles cargos de mucha importancia. “Tienen doble discurso”, expresó.

InSight Crime, una fundación dirigida por  los  periodistas estadounidenses, Jeremy McDermott y Steven Dudley, con el financiamiento de Open Society Foundations, en su análisis de contexto más reciente con el tema de seguridad en Honduras, asegura que: “La disminución en los homicidios en Honduras (30% en los últimos cuatro años) serán aprovechadas por la administración del presidente Juan Orlando Hernández para alardear de los logros de su política de seguridad. Esta administración ha estado a favor de un enfoque de “Mano Dura”, que es utilizado frecuentemente en Centroamérica, a pesar de que dicha táctica ha sido criticada porque lo que hace realmente es contribuir a que las pandillas callejeras se conviertan en grupos más sofisticados”.

Lo que en Honduras sucede es seguido de cerca por entidades o medios cercanos a la política de seguridad estadounidense para poner en marcha el componente de lucha contra el crimen que claro deja el plan de la Alianza para la prosperidad en el Triángulo Norte.

Mientras todo eso sucede la población queda atrapada en medio de una guerra que sigue provocando derramamiento de sangre y dejando una estela de luto y dolor.

 

Origen: Estados Unidos estaría detrás de acciones contra grupos criminales en Honduras

, , , , ,

Deja un comentario

Maras y crimen organizado están obligando a migrar a los hondureños: Informe de la CIDH –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn El impacto de la violencia generada por maras, pandillas y crimen organizado está llevando a las personas a huir de Honduras, destaca un  informe divulgado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) hace el señalamiento mediante el informe, “La  Situación […]

Origen: Maras y crimen organizado están obligando a migrar a los hondureños: Informe de la CIDH –

, ,

Deja un comentario

Aseguran bienes en zona atlántica hondureña por vínculos con el crimen organizado

Por: Redacción CRITERIO         redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Cincuenta y tres bienes inmuebles ubicados en municipios de los departamentos de Colón, Yoro y Atlántida están siendo asegurados este lunes por sospechas de tener vínculos con el crimen organizado. El proceso se realiza mediante la operación Arrecife II, que ejecutan elementos de la  Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), […]

Origen: Aseguran bienes en zona atlántica hondureña por vínculos con el crimen organizado –

,

Deja un comentario

InSight Crime Game Changers 2015 – The Year of Corruption and Organized Crime

Welcome to InSight Crime’s Game Changers 2015, where we highlight the year’s most important trends in organized crime in Latin America and the Caribbean. This year saw some potentially game changing developments related to government corruption, organized crime, and rising pressure to alter alliances between members of the state and criminal groups. It also saw important shifts in the criminal world, in particular related to street gangs and the realignment of large criminal enterprises.

From Mexico to Brazil and numerous places in between, officials came under fire for establishing mafia-like schemes that defrauded their citizens and ensured impunity for government officials connected to criminal groups. The long-term results of the widespread outcry from multilateral bodies, non-governmental organizations, private sector, political organizations, and religious and civic groups designed to disrupt these criminal networks are not yet clear, but the short-term impact has been profound.

In August, Guatemala‘s President Otto Perez Molina resigned. This came just three months after Guatemala‘s Vice President Roxana Baldetti resigned. The two were accused of running a massive customs fraud scheme, which has been a mainstay of a criminal network run by current and ex-military officials for decades.

Perez and Baldetti’s departures came after the United Nations-backed International Commission Against Impunity in Guatemala (Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG), working with the Attorney General’s Office, began revealing a spate of corruption cases. These investigations touched the highest levels of congress, as well as government purveyors such as the social security institute and mayors’ offices. All of these had set up criminal networks to embezzle money from the government coffers. The public outcry that followed hastened the officials’ departures.

(Download full report – pdf)

15-12-31-cover-page-game-changers

In Mexico, the power and popularity of President Enrique Peña Nieto’s government has eroded in large part due to its handling of several major security crises, some of which spilled over from 2014. These events include the disappearance and likely murder of 43 students at the hands of a criminal group with deep ties to the local government and police; the apparent massacre of at least 22 suspected criminals by the Mexican army; and the dramatic escape of Joaquin “Chapo” Guzman from a high security prison in June.

Outside investigators from the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) pilloried Mexico’s Attorney General’s Office for the numerous gaps, inconsistencies, and improbable explanations about what happened to the student teachers. In October, the government’s own Human Rights Commission confirmed that the army extra-judicially executed at least 15 of the 22 suspected criminals in the so-called Tlatlaya massacre. And in September, the government arrested 13 officials — including the former head of the prison system — for allegedly assisting Guzman’s flight to freedom via a one-kilometer tunnel that ran from underneath the shower in his jail cell to a small farmhouse.

Mexico did report a drop in homicides in some parts of the country. Other countries also saw some progress in this area, most notably Honduras. Once the most violent country in the world not at war, Honduras saw homicides go down for the second year in a row, although the number of reported massacres increased.

Taking Honduras‘ place was El Salvador, where violence between gangs, vigilante groups, and security forces have turned the country into a low-intensity war zone. In all parts of the region, there are questions about the reliability of the data being used to generate these statistics.

The fallout from a failed gang truce in El Salvador continued to spur discussion of the nature of Latin America’s street gangs and how they are evolving. Authorities blamed the gangs for several improvised explosive devices, but there is little evidence to suggest these groups are sophisticated enough to begin using such tactics on a regular basis, if at all. Some parts of the gangs do appear to be maturing into more transnational criminal organizations, but this process is slow and uneven.

Meanwhile, “mega-gangs” in Venezuela and new generation criminal groups in Mexico — particularly the Jalisco Cartel-New Generation (Cartel de Jalisco – Nueva Generacion – CJNG), which carried out several violent attacks against the state — demonstrated signs of developing into more sophisticated, aggressive criminal structures with an ability to compete with the traditional criminal structures such as the Sinaloa Cartel in those countries.

The evolution of criminal organizations across the region accompanied a shift in drug trafficking and political dynamics in certain areas. Criminal groups adjusted to local security forces and international efforts to slow their activities by changing drug trafficking routes and getting directly involved in the election process.

In the Andes, Colombia saw some major steps forward in peace negotiations with the guerrilla group, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC). These came despite a few significant setbacks. Colombia, for example, reclaimed its position as the world’s top producer of cocaine. Nevertheless, the government decided to halt coca fumigation as part of its anti-drug strategy.

Public interest in Colombia’s drug war was also reignited after the release of Netflix’s “Narcos.” Based on the life of Pablo Escobar, the series did more to reinforce the traditional, US-centric drug war narrative than educate people about this complex capo’s life and exploits. This was one of several popular and documentary-style examinations of the criminal dynamics in the region that caught our eye.

Ultimately though, 2015 will be remembered as a year of significant progress in the investigation of ties between elites and organized crime in the region, particularly in Central America where top level business and political figures such as Jaime Rosenthal Oliva were indicted for money laundering. Many of these investigations are still in their preliminary stages. These justice systems are still fragile and corruptible, so any analysis of these events remains partial and premature.

Even in Guatemala, where the CICIG has shown the way, it is the Guatemalan justice system that has to prosecute powerful figures such as the former president and vice president. The year 2016 will be a litmus test for these justice systems and the region’s ability to root out the organized crime-corruption networks that permeate so much of the region’s governments.

Origen: InSight Crime Game Changers 2015 – The Year of Corruption and Organized Crime

,

Deja un comentario

Organized Crime in the Americas: What to Expect in 2016

At the end of each year, InSight Crime gazes into the crystal ball and seeks to make predictions on where organized crime is going to find particularly fertile ground in the coming year or where criminal dynamics are set to change.

We often use the year past as a guide. In 2015, corruption and crime at the highest levels have led to unprecedented judicial action in various countries. But the underworld remains adept at undermining prosecutors. What’s more, the end of old conflicts — as well as the unraveling of a truce — will open new possibilities for transnational organized crime (TOC).  (See 2015 Game Changers below)

For 2016, we have listed seven nations where we expect changes to the criminal status quo, or where organized crime is likely to make gains.

Colombia

Colombia could enter a period of criminal flux in 2016. The country is likely to sign a peace agreement with its largest rebel group, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC), although not on the expected date in March; more likely in the second half of the year.

This is going to change the criminal dynamics of the entire region, not least because the FARC control up to 70 percent of the country’s coca, the raw material for cocaine. The FARC are also involved with numerous other criminal economies including contraband, extortion and illegal mining. In all, the rebels earn more than half a billion dollars every year.

However there is already evidence of other criminal actors positioning themselves to take any earnings that the FARC leave behind. Foremost among those groups is the National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional – ELN), the country’s second rebel group and the FARC’s ally. There are also the latest generation of Colombian drug trafficking organizations, referred to as BACRIM (drawn from the Spanish for criminal gangs, “bandas criminales”) as well as a dissident faction of the long demobilized rebel group, the People’s Liberation Army (Ejército Popular de Liberación – EPL), which appears to have plans to expand from its base in the region of Catatumbo along the Venezuelan border.

Should the FARC sign a peace deal, it is inevitable that some of their units will evolve into new criminal structures, while other criminal economies will be swallowed by allies and rivals alike. The critical question is whether the government can contain this problem.

Venezuela

While Colombia is seeing a de-escalation of conflict, the trend in Venezuela is in the other direction. Homicide rates in Venezuela long ago overtook those of Colombia, and transnational organized crime (TOC) now has deep roots in this Andean nation.

Traditionally, the drug trade was dominated by the Colombians operating in Venezuela, but the Venezuelans have come into their own, led by corrupt elements of the governing Chavista regime called the Cartel of the Suns. It is not a cartel, nor even a hierarchical organization, but rather a network of corrupt Chavista officials.

A series of arrests and US indictments illustrate that drug trafficking may reach to the very highest echelons of the Venezuelan government of President Nicolás Maduro. The regime’s former drug czar, General Néstor Reverol, has been charged with cocaine trafficking, and two nephews of the First Lady now face drug trafficking charges in the US after their capture in Haiti. Investigations are also circling ever closer to the Chavista strongman, Diosdado Cabello.

The regime is also facing political challenges at home, which could hasten its drift towards a criminal state. The government is nearly bankrupt and with the opposition’s crushing victory in December’s elections — which gave it control of the National Assembly — the Maduro administration is stumbling.

The likelihood is that the Chavista regime will dedicate all of its energy to a political war against the opposition via the other parts of government that it still controls (most of the judicial system, the military, and others), while protecting its senior figures already indicted or under investigation for corruption and drug trafficking. Specifically, the government will sidestep the National Assembly, while the opposition will use the Assembly to try to hamstring Maduro.

Desperate for cash and allies, the Maduro administration will face a Faustian bargain. The corrupt machinery of the Cartel of the Suns needs oiling and with no more money to rob from an almost bankrupt state, we believe that a deepening involvement of elements of the state in drug trafficking is inevitable to find funds to prop up the faltering regime.

(Download full report – pdf)

15-12-31-cover-page-game-changers

El Salvador

With the breakdown of a truce between the country’s two largest rival street gangs — the Mara Salvatrucha (MS13) and the Barrio 18 — murders climbed throughout 2015, reaching levels not seen since the civil war and likely making El Salvador the region’s murder capital.

Equally alarming is evidence that some gang leaders, especially in the MS13, are maturing and have greatly increased their sophistication, even if they remain bit players in TOC.

This provides a stark contrast to a stumbling government that has been unable to come up with a serious response to the increasing violence or formulate an innovative security policy. While the leftist administration of President Salvador Sánchez Céren has paid lip service to more social and economic assistance to poor areas and is even raising taxes on the wealthy, it has also emboldened hardline factions within the security forces, who may be moving to take this low intensity war into their own hands.

There is little to suggest that this dynamic will change in 2016. Indeed, El Salvador is bracing itself for another record-setting, violent year.

Brazil

When Brazil hosted the World Cup in 2014, the security forces, via their vaunted “pacification” program, flooded into Rio de Janeiro’s favelas. This was a mixed blessing for those areas: homicides went down; police violence increased. That pattern is likely to be repeated in 2016, when Rio hosts the Olympic Games.

What’s more, the political situation in Brazil is far more delicate than it was in 2014. A widening corruption scandal in the state oil company, Petrobras, has implicated key sectors of Brazil’s elite. President Dilma Rousseff only narrowly escaped impeachment at the end of 2015 and is fighting for her political life.

All of this means that attention is likely to be focused away from TOC, which counts several Brazilian groups amongst its largest and most sophisticated actors. These groups are shipping hundreds of tons of cocaine and its derivatives into Brazil, not only for the booming domestic market but for transit to Europe, Australia, and parts of Asia, where a kilo of the drug can be worth more than $100,000. With the cost of producing a kilo of high purity cocaine between $2,000 and $3,000, profits (and incentives) remain very high.

The upshot is that while Rousseff will likely survive, her weakened status and the pressure to pull off a high-profile event like the Olympics, will steer attention away from the burgeoning criminal economy and the actors that control it.

Mexico

Although they have taken some hits and have had to restructure themselves, Mexico‘s drug trafficking organizations are still the most powerful and potent criminal structures in the region. What’s more, President Enrique Peña Nieto is reeling in large part because of his administration’s security failures.

The escape of the world’s most notorious drug trafficker, Joaquin “El Chapo” Guzman, was a major embarrassment to the government and a shot in the arm for the mighty Sinaloa Cartel. The bungled investigation into the disappearance of 43 students in the conflict-ridden state of Guerrero, combined with systematic allegations of security force abuses, extra-judicial killings and corruption have devoured the president’s political capital and his ability to try anything new or present long-term social or economic solutions.

The Mexican government will continue to stumble through 2016. Meanwhile, organized crime will continue to refashion itself with the two top tier organizations — the Sinaloa Cartel and the Jalisco Cartel – New Generation (Cartel de Jalisco Nueva Generación – CJNG) — likely to stand out; and a series of smaller, but potent groups — the Zetas, the Gulf Cartel, the Beltran Leyva Organization, among many others — jockeying for control of other, relatively new local revenue from mining, the theft of petrol, and local drug peddling.

Guatemala

In 2015, Guatemala issued the strongest possible challenge to corruption and organized crime with mass protests and judicial investigations into the country’s top-tier criminal organizations. The result was the arrest of Vice President Roxana Baldetti and then President Otto Pérez, among many others.

This revolution, however, is on standby after the Guatemalan people elected a former comedian with potential ties to some of these criminal groups as their new president. Expect incoming President Jimmy Morales to face more public protests, especially if the cases against indicted former politicians and officials do not progress and end in convictions.

The key question going forward is whether the power and will of the international community — mostly channeled via the United Nations-backed International Commission Against Impunity in Guatemala (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG) — can continue its mission of prosecuting and dismantling these criminal networks. With a mandate that extends into 2017, InSight Crime believes the CICIG will continue to apply the pressure, which may squeeze the Morales into a corner. How he reacts will determine his own fate and how organized crime reacts.

Honduras

Guatemala has provided a template for Hondurans who are clamoring for their own CICIG-like body to help them attack corruption and crime at the highest levels. But it’s not clear the country even needs a new judicial body. In the last two years, some of Honduras‘ largest criminal structures have been dismantled by Honduran authorities, suppported by the US, and many of their members extradited northwards.

This has set the stage for what promises to be the trial of the century for Honduras: the US money laundering case against political and economic juggernaut Jaime Rosenthal, his son Yani, his nephew Yankel, and a lawyer for their powerful economic conglomerate, Grupo Continental. Yani and Yankel are already in the United States, presumably cooperating with US authorities and trying to get Jaime off the hook for alleged criminal dealings with the group known as the Cachiros, who are providing the bulk of the evidence against the Rosenthal clan.

What we do not know is if the US is planning more indictments of elites or whether this was just a warning to the rest of the corrupt and criminally-inclined business class. While more indictments seem unlikely at this time, other elites will undoubtedly face pressure from the US and other international actors to sever ties with criminal structures. This will alter the underworld significantly, as the criminal groups try to create more sophisticated and clandestine means of working with political and economic elites.

Origen: Organized Crime in the Americas: What to Expect in 2016

, , , , , ,

Deja un comentario

US Investigating Honduras Supreme Court Candidates: Report

Written by Michael Lohmuller Tuesday, 24 November 2015

The US has reportedly linked a number of candidates for Supreme Court nominations in Honduras to organized crime, another example of the degree of US involvement in aiding the country’s security and justice sectors.

According to anonymous sources cited by El Heraldo, 40 of Honduras‘ 197 Supreme Court candidates have been investigated by a US “independent organization” that works on judicial issues. The investigations have reportedly yielded information connecting these 40 candidates to illicit activities, particularly organized crime and drug trafficking; potentially impeding them from being nominated to one of 15 Supreme Court seats.

Honduras’ Supreme Court nominating committee will receive detailed reports from this unnamed US organization on each of the 40 candidates, reported El Heraldo.

The nominating committee has stated no candidate with links to organized crime or drug traffickers will be appointed to the Supreme Court. This committee will eventually select 45 candidates, who must each satisfy a set of 21 requirements.

Honduras’ State Directorate for Investigation and Intelligence (DNII) also investigates Supreme Court candidates. For instance, each candidate is subjected to a polygraph test, during which they are asked questions such as if they ever received money from organized crime.

Among the list of candidates is a lawyer who allegedly defended a Honduran citizen extradited in May 2015. Others were supposedly legal advisors to persons linked to organized crime and drug trafficking.

Candidates are required to submit a list of their legal clients during the past five years to the nominating committee.

InSight Crime Analysis

If, as El Heraldo’s sources indicate, a US agency is providing background information on Honduras‘ Supreme Court candidates, it further demonstrates how involved the United States has become in supporting anti-corruption efforts in the country’s institutions.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

In years past, US support has especially focused on Hondurassecurity sector, with US officials assisting in anti-crime and counter-drug efforts. Yet the United States has also taken on a role bolstering Honduras‘ judicial sector, and this year has seen a number of US indictments and extraditions of powerful Honduran figures suspected of involvement in organized crime.

Moving forward, it will be important for Honduras to maintain momentum and consolidate anti-corruption gains made this year. Selecting clean, independent judges to the Supreme Court will be a key step in this process.

Nonetheless, Honduran officials must be careful not to persecute otherwise qualified Supreme Court candidates for providing legal services to persons linked to organized crime. As one lawyer consulted by El Heraldo pointed out, “This is our job,” with Honduras‘ Constitution guaranteeing the right to a criminal defense.

Origen: US Investigating Honduras Supreme Court Candidates: Report

, ,

Deja un comentario

CentAm Elites Afraid of Prosecution? Don’t Bet on It

After the United States indicted one of Honduras‘ most powerful families for money laundering, conventional wisdom suggests that other corrupt elites might fear they could be next. However, sources consulted by InSight Crime say this logic does not always prevail amongst the Central American clans believed to have ties with organized crime.

In October, the US shocked Honduras — and the region — when it unveiled the accusation against Jaime Rosenthal, his son Yani Rosenthal, his nephew Yankel Rosenthal, and family company lawyer Andres Acosta Garcia.

Yankel Rosenthal is in custody in a US jail; Yani is presumably in custody as well. The US may issue an arrest warrant for the other two at any moment, and they could be extradited, if they are captured.

In an unprecedented move, the US Treasury also sanctioned the Rosenthal’s bank, Continental — among other family companies — which the Honduras government liquidated just days later.

The charges are the first of their kind against such high-level elites in Central America. With dozens of companies ranging from agro-business to insurance, the Rosenthal family is one of Central America’s wealthiest. They are also major power brokers for Honduras‘ chief political opposition, the Liberal Party.

The vagueness of the indictment (pdf) and the broad jurisdiction of the US courts leaves many other businesses open to similar charges. The accusation says the following:

The defendants…in an offense involving and affecting interstate and foreign commerce, knowing that the property involved in certain financial transactions represented the proceeds of some form of unlawful activity, would and did conduct and attempt to conduct such financial transactions which in fact involved the proceeds specified unlawful activity.

In other words, the family had prior knowledge that the money they were moving into their businesses came from activities related to “narcotics” and corruption.

SEE ALSO:  Honduras News and Profiles

The obvious defense for the Rosenthals is to say they had no prior knowledge of this. And that is exactly what Jaime Rosenthal and his daughter Patricia said in June 2015, when InSight Crime asked them about what was then speculation. The Rosenthals also argued that they lacked the resources needed to adequately scrutinize their clients and cut off those linked to suspicious activities.

Still, the indictment could also be interpreted as a threat to other elites linked to organized crime networks in the region.

“I think the Rosenthal family situation is very delicate and will impact the future of Honduras economy in various respects,” Eduardo Facusse, the former president of Honduras‘ most powerful business association (known by its Spanish acronym COHEP), told InSight Crime in an e-mail exchange.


Several analysts and elites consulted by InSight Crime view the Rosenthal probe as more of a one-time event, rather than representing the beginning of a string of investigations against Central American power brokers linked to organized crime.


Michael Shifter, the president of Washington-based policy center the Inter-American Dialogue — an organization that works closely with elites across the region — agrees.

“It is a precedent that total impunity may be coming to an end,” Shifter said.

However, Shifter and others say that not all of Central America’s elites will react the same way. Shifter noted that some may argue that the US is being hypocritical, given the US position on cases of corruption and money laundering within its own borders — such as major banks being given a relatively light slap on the wrist for laundering drug cartel money.

“Whatever the truth is, there will be elite sectors that will see this as a double standard and that will be the way they will interpret it,” said Shifter. “The US can’t solve its own problem — they will see it in this light.”

US frustration over lack of progress against crime and corruption in Central America has been building. To cite just one example, the US is a staunch backer of the United Nations-backed International Commission Against Impunity in Guatemala (Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG). Alongside Guatemala‘s Attorney General’s Office, the CICIG helped force the resignation of the president and the vice president in a corruption case.

 

“I don’t think there will be any more cases like this soon. But the message is clear.”

Still, several analysts and elites consulted by InSight Crime view the Rosenthal probe as more of a one-time event, rather than representing the beginning of a string of investigations against Central American power brokers linked to organized crime.

Hugo Noe Pino, the Honduras representative of ICEFI, a think tank focused on fiscal issues in the region, says that other businesses are feeling “more secure” because they believe the US will not continue to upset the precarious economic balance in the region. The actions against the Rosenthal clan could leave thousands unemployed and cut as much as three percent of Honduras‘ gross domestic product, Noe Pino said.

“This could have a multiplier effect, part of which the US did not anticipate,” Noe Pino explained. “So I don’t think there will be any more cases like this soon. But the message is clear.”

Still, where some see chaos, others see opportunity. Dionisio Gutierrez, the head of Multi Inversiones — most famous for its Pollo Campero fast food chain — who has faced public recriminations himself from political enemies, said the region could benefit from international pressure.

“I see the awakening in Guatemala with the help of CICIG and the awakening in Honduras and El Salvador as long awaited great opportunities,” he told InSight Crime in an e-mail. “This region needs rule of law and painful consequences for all of those who have committed crimes, broken the law or abused the democratic system. But this has to be done without an ideological agenda and without all the prejudices that have made Central America a very convoluted and tortuous region.”

However, there are few precedents that suggest Central America’s elites will seek equal treatment of the type that Gutierrez is suggesting. To be sure, Noe Pino sees a slightly different scenario in which other elites will take advantage of the US and Honduras action against the Rosenthals for their own gain.

“This is a strong blow against the Rosenthals, and at least part of the economic elite may try to fan the flames of that fire,” he said.

In the meantime, the US case against the Rosenthals continues to accrue victims. While their assets were frozen, crocodiles on a leather-making farm owned by the family reportedly went hungry.

, ,

Deja un comentario

La denegación del derecho a la Consulta Previa y la destrucción de los pueblos indígenas en Honduras

Sambo Creek, 4 de Noviembre del 2015.- A partir del golpe de estado en Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales y el control territorial a manos del crimen organizado, especialmente en la costa norte del país.

El desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una política de estado, a pesar de su campaña mediática de una supuestas protección de los derechos de los pueblos y nuestros territorios.

El derecho a la Consulta Consentimiento Previ, Libre e Informada, fue obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, pasando además a la entrega de 35,000 kilómetros cuadrado de la plataforma continental frente a la Moskitia al Grupo British Gas, incluyendo las concesiones de más de medio centenar de cuencas hidrográficas -muchas de ellas en territorios de los pueblos indígenas- a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones mineras en comunidades indígenas.

A pesar del desastre ambiental por el cual atraviesa Honduras, especialmente en relación a las consecuencias del cambio climático, las diferentes administraciones gubernamentales en las últimas décadas, han mostrado una enorme indiferencia ante las problemáticas, sin que existan respuestas concretas más allá de una narrativa de “desarrollo” que podemos considerar obsoleta.

Del narco estado a la masacre en Ahuas

El aumento de la presencia del crimen organizado en Honduras, a partir de julio de 2009, afianzó las estructuras económicas feudales existentes en el país, concentrando aún más la tenencia de la tierra, generando un sinnúmero de despojos y de “ventas de tierra” bajo presión, hasta el hackeo de la base de datos del Instituto de la propiedad, con el objetivo de alterar sus registros.

El incremento del narcotráfico a lo largo de la costa norte de Honduras, fue consolidado mediante el contubernio entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y operadores de justicia. La fiesta se agrió, cuando en mayo 11 de 2011, helicópteros portando elementos de la Policía Nacional y de la Drug Enforcement Adminitration (DEA), masacraron a cuatros indígenas Miskitos e hirieron a siete, en un operativo de interdicción que culminó en un baño de sangre de personas inocentes

Hasta esa fecha existió una política de laisse faire por parte de los Estados Unidos, que si bien conocía la problemática existente, nunca realizó mayores esfuerzos para frenar el flujo de drogas de Sudamérica hacia Centroamérica. Es a partir del 2012 cuando la intervención estadounidense supuestamente en contra del narcotráfico se comienza a sentir y el estado de Honduras es presionado para comenzar de forma tardía a desmantelar las bandas de narcotraficantes que prestaban sus servicios a los carteles de México y Colombia.

Las ciudades modelo y desplazamientos territoriales

Como parte del eje de la estrategia económica de la administración de Porfirio Lobo, se dio luz verde a una serie de reformas constitucionales con el objetivo de crear las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), conocidas como ciudades modelo, las que se convertirían supuestamente en ciudades-nación con su propio sistema judicial y fueras de seguridad

La inclusión de más de 24 comunidades Garífunas en la que pretendieron convertir como la primera RED en Honduras, fue totalmente inconsulta, siendo este el punto álgido por el cual nuestra organización denunció, la instalación de el experimento político económico. Las RED fueron declaradas inconstitucionales, situación que provocó un golpe del poder Legislativo al poder judicial, instigado por el actual presidente de Honduras, el Sr Juan Hernandez; el que procedió de inmediato a introducir nuevas reformas constitucionales y una versión maquillada de las RED, bajo el nombre de Zonas de empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada por el Congreso Nacional. Las ZEDE incluyen 20 comunidades Garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital internacional

Ya el pueblo Garífuna, para el período entre el golpe de estado y la conformación del nuevo gobierno “democrático”, sufrió la demolición de Río Negro, la que fuera la primera comunidad Garífuna fundada en Honduras. El inversionista canadiense Randy Jurgensen, conocido como el Rey del Porno, invocando la Ley de Expropiación Forzosa (1913) presionó a la población Garífuna para obtener las tierras donde construyó un puerto de cruceros denominado el Banana Coast. Esta intervención se realizó sin haber efectuado un proceso de Consulta Previa con la comunidad afectada.

La implementación inconsulta de la ZEDE que pretenden realizar en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovida por la actual administración gubernamental, conlleva el desplazamiento de más de los tres mil habitantes de Castilla, lo que nos hace temer un severo conflicto social que desembocará en múltiples violaciones a los derechos humanos.

La construcción de las Represas hidroeléctricas en el río Patuca

Desde la década de los años 90, se viene planificando una serie de represas a lo largo del río Patuca, iniciándose la construcción de la represa de Piedras Amarillas, conocida como Patuca III en el año 2010. Hasta la fecha el proceso de construcción se encuentra paralizado ante los numerosos casos de corrupción que han congelado la obra.

No obstante el fiasco del Patuca III, se pretende dar luz verde al Patuca I y II, situación que convertiría de pueblo fluvial a lacustre a los Tawahakas que han habitado en las riveras del rió desde hace cientos de años.

Entre las falsas soluciones al cambio climático, promovidas por los entes de Naciones Unidas y la cooperación internacional, se encuentras las hidroeléctricas, las que en Honduras con la anuencia del poder Legislativo han sido entregadas mas de 80 cuencas.

Uno de los casos paradigmáticos en los procesos de resistencia indígena, es el de la represa de Río Blanco, en el cual el pueblo Lenca ha demostrado una singular tenacidad al frenar la construcción de la represas, a pesar de la represión que ha causado varios muertos y la persecución incesante a los líderes que han defendido de forma valerosa el territorio ancestral de su pueblo.

Entrega de la Plataforma Continental al Grupo BG y la distorsión del derecho a la consulta.

La entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años mas, y de 20 veinte años de explotación, sin licitación alguna que implicara la presencia de otros postores mas allá del Grupo BG, no desató mayor preocupación en la bancada nacionalista, la cual gracias al golpe de estado del año 2009, posee una mayoría absoluta en el Congreso, situación que les ha permitido aprobar leyes desprotegiendo totalmente al pueblo hondureño a favor de presuntos inversionistas extranjeros.

Las regalías de la entrega de la plataforma al Grupo BG son irrisorias: Según el contrato (abril 2013) BG cancelará “50 mil dólares por la totalidad del área del contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por hectárea de la zona seleccionada para explotación”. Las ganancias se repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los 100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.

El contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna; los que nunca fuimos consultados de forma previa libre e informada, desconociendo el derecho sobre el territorio marítimo de nuestras comunidades.

El 5 de agosto de 2013, la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió a nuestra organización una nota, señalando el interés en efectuar una “socialización del Proyecto de Exploración Petrolera en el Mar Caribe Hondureño, en apoyo a la firma British Gas Group”. En un párrafo adicional de la misiva de SERNA, solicitan “una cita para dialogar en relación al proceso de consulta sobre el proyecto”.

Es claro que SERNA confunde la socialización con la consulta, además que desvirtúa totalmente la condición de previa, para convertirla en un simple acto de aprobación tras la firma del contrato por el poder ejecutivo el pasado 9 de abril de 2013 y la súbita aprobación, el 15 de agosto del mismo año, sin mayor debate por el Congreso Nacional.

El Estado de Honduras demostró con la negociación del petróleo, la sistemática violación al derecho a la Consulta Previa y de forma arbitraria pretendió que aceptáramos una socialización a posteriori como una consulta.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: La denegación del derecho a la Consulta Previa y la destrucción de los pueblos indígenas en Honduras

, , , , , ,

Deja un comentario

Corte Suprema ha conocido 29 extradiciones

De estas han sido ejecutadas nueve, restarían 20.

Reina Solórzano, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Reina Solórzano, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Redacción 27.10.2015

Tegucigalpa, Honduras

Unas 29 solicitudes de extradición ha conocido la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según la magistrada Reina Solórzano.

“Son 29 solicitudes de extradiciones que se han hecho, de las cuales nueve han sido extraditados y aún están pendiente de las órdenes de arresto y de cumplimiento de órdenes de captura de otros”, informó.

Detalló que del total de esas solicitudes cinco han sido de su conocimiento, mientras otras dos están pendientes, una de captura y otra de la llegada de información requerida a Estados Unidos.

Explicó que por cuestiones de seguridad no puede revelar los nombres de las personas, aunque dijo que en estos casos los magistrados deben recordar que hay que aplicar la ley.

Uno de los primeros extraditados fue Carlos Arnoldo “Negro” Lobo, quien el pasado 5 de septiembre de 2014 se declaró culpable del delito de narcotráfico ante una corte estadounidense.

Otro extraditado fue Juving Suazo Peralta, quien presuntamente habría sido quemado por Lobo.

En la lista siguen varios miembros del grupo criminal organizado de los Valle Valle: los hermanos Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Inocente Valle Valle, y la esposa de este último, Marlen Griselda Amaya.

Además, Héctor Emilio Fernández, más conocido como “Don H”, el policía clase II, Wilmer Carranza y el cuñado de Inocente Valle, José Raúl Amaya.

A la lista se le agrega Carlos Emilio Arita Lara, alias “Toro” o “Muco”, capturado este martes.

http://www.elheraldo.hn/pais/894914-214/la-csj-ha-conocido-29-extradiciones

, , ,

Deja un comentario

Honduras y Guatemala unifican esfuerzos para combatir el crimen organizado

 

Fuerzas-Armadas-Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras y Guatemala se reunieron para realizar un intercambio de experiencias y así fortalecer las tareas en conjunto en contra del crimen organizado.

El encuentro se realizó en Santa Rosa de Copan, cerca de la zona fronteriza entre ambas naciones.

La XV reunión de las Fuerzas Armadas tiene como finalidad fortalecer los lazos de amistad y mejorar los mecanismo de respuesta para erradicar la criminalidad de los dos países.

Además se invitó a participara las autoridades comunales para que sirvieran como observadores de las acciones que se desarrollaron durante el encuentro.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/honduras-y-guatemala-unifican-esfuerzos-para-combatir-el-crimen-organizado/

, ,

Deja un comentario

Arrests Add to Murky Picture of Crime-Politics Links in Honduras

Press surrounds members of the Sarmiento family detained in Nicaragua in July 2015

Authorities in Guatemala have captured two suspects linked to an alleged criminal network run by a powerful political family from Honduras, the most recent development in a case indicative of the convoluted relationship between organized crime and politics in Central America.

On August 18, Guatemalan authorities — using information from an undisclosed North American intelligence agency — arrested Honduran nationals Juan Antonio Salgado Sarmientos and Alcides Moreira Zambrano, reported El Heraldo. The two men are suspected of providing financial support to Ivan Padilla, an alleged Honduran drug trafficker with links to a potential criminal network run by Honduras‘ Sarmiento family — a well-known political and cattle ranching family.

In July, Honduran police intelligence claimed to have evidence linking members of the Sarmiento family to criminal activities, including contract killing, kidnapping, arms trafficking, and drug trafficking. On July 8, Honduran authorities issued an Interpol alert for the capture of the head of the family, Ulises Sarmiento, and his son Javier Fabricio Sarmiento on charges of illegal gun possession. Neither have been captured.

Five days previously, however, on July 3, Ulises Sarmiento had been detained by Nicaraguan authorities, only to be released the next day. Ulises was in Nicaragua with members of his family seeking political asylum, claiming persecution for involvement with Honduras‘ opposition political party Libertad y Refundacion (LIBRE) and support for ex-President Manuel Zelaya.

InSight Crime Analysis

The unfolding saga surrounding the Sarmineto family is indicative of the convoluted relationship between politics and organized crime in Honduras. Sarmiento is thought to finance LIBRE, which is currently in a power struggle with the ruling National Party.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

Indeed, the capture of suspected Sarmiento affiliates in Guatemala — and the issuance of Interpol warrants for Ulises and his son — could represent one of two things. One is that it is a move by political opponents of Ulises Sarmineto to upend a powerful opposition figure. However, it could also be a legitimate attempt by Honduran authorities to crack down on an alleged criminal network.

More likely than not, however, it is some combination of the two. Politics and crime have long mixed in Honduras, with the country’s economic and political elites frequently found to be engaging in criminal activities.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/arrests-add-murky-honduras-picture-crime-political-relationship

,

Deja un comentario

La prensa crítica de la zona central vive bajo la amenaza del poder político y del crimen organizado

Tuesday, 04 August 2015 02:32 Written by  Marvin Palacios Published in Amenazas a la Libertad de Expresión Read 58 times

Periodistas: Oscar Corea, Gilberto Gálvez, Sandra Pérez y René Torres Periodistas: Oscar Corea, Gilberto Gálvez, Sandra Pérez y René Torres

La Paz, La Paz .-Para un visitante la primera percepción al caminar por las calles de la ciudad de La Paz es la sensación de tranquilidad y sosiego, sin embargo esa tranquilidad es relativa para los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales que ejercen una labor crítica frente al accionar de las autoridades locales y nacionales.

El autoritarismo y la intolerancia reflejada hacia la prensa independiente por el propio presidente Juan Orlando Hernández el pasado 25 de mayo (Día del Periodista) que en un acto público insultó a la prensa independiente, también se ve reflejada a través de las autoridades locales en la zona central del país.

conversatorio lapaz

Esta percepción afloró en el conversatorio impulsado recientemente por la Iniciativa Periodismo y Democracia y su periódico digital pasosdeanimalgrande.com que reunió a periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales de La Paz y Comayagua en la zona central del país.

Las intimidaciones, las amenazas, las querellas y las descalificaciones desde estructuras de poder oficiales junto a la autocensura para evitar abordar ciertos temas, fueron denunciadas por los trabajadores y trabajadoras de la comunicación.

En cuanto a los espacios de expresión, resalta el hecho de que en La Paz, solo existen dos medios de comunicación. Radio Infinita en frecuencia modulada (FM) y el canal 33 de televisión denominado MultiTV.

El corresponsal de TEN canal 10 y de la emisora HRN, Gilberto Gálvez ve con preocupación el tema de la libertad de expresión en el departamento de La Paz, especialmente para los comunicadores y comunicadoras que ejercen su trabajo periodístico en forma independiente.

“Yo creo que en estos momentos vale la pena sacar a luz pública todo lo que carcome las arcas del pueblo, que nos pertenecen, así que ya es tiempo de que vayamos cambiando, y seguir en la lucha de continuar averiguando sobre los actos de corrupción que a diario se dan  en diferentes instituciones del estado” expresó inicialmente el periodista a pasaosdeanimalgrande.com

Gálvez enfrenta un juicio por querella promovido por la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, quien  de acuerdo a varios entrevistados, ejerce su función edilicia de forma autoritaria e intolerante frente a las opiniones y críticas vertidas por algunos comunicadores sociales de la zona.

El poder político amenaza la libertad de expresión

Las críticas, los cuestionamientos y señalamientos han incomodado a las autoridades edilicias al punto de promover querellas contra los comunicadores sociales, como es el caso del reconocido periodista hondureño Gilberto Gálvez.

Al referirse nuevamente a la alcaldesa, Gálvez señaló que “…ella me llamó para que me callara y que íbamos a seguir trabajando, pero que si yo seguía en lo mismo, entonces me iba a querellar, vos queres guerra, entonces guerra vamos a hacer, vamos a ver quién de los dos gana, y yo le dije voy a ganar porque yo hablo con la verdad”.

La querella se ventila en los tribunales de justicia del departamento de Comayagua, y Gilberto Gálvez cuenta con el acompañamiento legal de la abogada Kenia Oliva de la Iniciativa Periodismo y Democracia que dirige la reconocida periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza.

“No voy a seguir callando, yo sigo manifestándome, sigo denunciando cualquier cosa que mire, en La Paz yo agradezco a las fuentes de entero crédito que siguen enviándome videos y fotografías de actos de corrupción que me envían a diario, los voy documentando”, afirmó Gálvez.

Otro caso preocupante que comentó el comunicador social es que los espacios de participación son muy limitados en el departamento de la Paz, ya que sólo existen dos medios de comunicación, una radio y una televisora.

“Es bien difícil porque solo hay un medio de comunicación, tanto de televisión como de radio, yo compro un espacio que se llama ‘Sí se Puede’ en canal 33 Multitv, estoy los fines de semana porque trabajo para otros medios a nivel nacional”, sostuvo Gálvez.

“Creo que mi espacio de debate es único y creo que ha llamado la atención, porque el domingo tengo un debate y toco temas puntuales en la televisión, he llevado al sindicato de la municipalidad que ya se organizó, he llevado a políticos, le he dado cobertura a las marchas de las antorchas, que solo yo le doy cobertura y esto incomoda, aparte que a través de las redes sociales toco temas puntuales de corrupción”, comentó el periodista.

Para el director de noticias de Radio Impacto y coordinador de los noticieros de Televisión Honduras Primero (THP) de canal 17 en Comayagua, Oscar Corea,  la libertad de expresión se ve amenazada por la clase política “que siempre está viendo la forma de cómo coartar el trabajo, haciendo que manejemos las agendas de ellos, pretendiendo que digamos lo que ellos quieren que expresemos y el otro aspecto es el mensaje o la llamada amenazadora cuando abordamos temas importantes, especialmente cuando tocamos ‘a un grande de la política’, siempre hay alguien que reacciona y que tiene call centers disponibles para decirnos que mentimos, o que vamos a ser querellados y otras intimidaciones por mensajes o llamadas telefónicas”.

Corea denunció que otro obstáculo que enfrentan los comunicadores y comunicadoras sociales es el acceso a la información. Muchas instituciones se niegan a brindarla pese a existir una Ley de Acceso a la Información Pública.

“Usted quiere saber en qué se invirtieron los fondos recuperados del hospital o de otros presupuestos de proyectos, usted va a las oficinas en donde espera encontrar la información y le dicen que no, que si no trae algo firmado de fulano de tal, que puede ser un político que maneja la institución no tenemos el derecho ni el acceso a la información, entonces aún sigue siendo violentado el acceso a la información que ahora es ley”, afirmó Corea.

Cuando una persona es empleada pública tenemos el derecho a saber qué está haciendo, si está rindiendo o no en su trabajo, porque nosotros como periodistas somos auditores sociales, y si esta persona no está rindiendo, lo podemos decir de una manera natural, con altura y creo que es necesario que la libertad de expresión para los que hacemos el trabajo de la información, sea más abierta, más amplia y eso es lo que exigimos, porque a veces nos quieren callar con 200 o quinientos  lempiras y muchos compañeros callan porque les dan un anuncio de las municipalidades o el gobierno les da un chequecito para que no hagan bulla, entonces de una u otra forma nos quieren callar, dijo Corea.

“Este gobierno en algunos puntos ha sido intolerante y un poco autoritario, me parece que quiere hacer todo directamente a través de un poder centralizado, entonces hace falta que sean más amplios especialmente en lo que es la información”, sentenció el periodista.

René Torres es el director del programa “Construyendo Sociedad” de canal 33, único canal de la ciudad de la Paz del cual es propietario Joel Padilla, empresario de la comunicación.

Torres aseguró que jamás ha sido censurado por parte del dueño del canal por los contenidos noticiosos que divulga en su programa, pero que en su ejercicio profesional hacia afuera, sí se han presentado amenazas cuando cubre o aborda temas relacionados a denuncias contra el gobierno o contra grupos organizados, “pero sabemos nosotros que al contar con una oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en La Paz, se pasa más pendiente y eso tiene una mayor garantía, aunque no debería darse que se esté violentando la libertad de expresión que es un derecho humano”.

Consultado si ha sido víctima de amenazas por su ejercicio periodístico, Torres dijo que “se han dado en casos policiales y otro en el tema de brindar apertura a algunos sindicatos, en los cuales la parte oficial no ha estado muy de acuerdo que se den esos espacios, pero igual, nosotros estamos obligados a mantener el equilibrio y hacer un balance para que ambas partes se puedan escuchar en nuestros programas”.

Ahora se utiliza a las redes sociales para desacreditar a periodistas

El joven comunicador consideró que el derecho a la libertad de expresión es una lucha permanente que estamos obligados a defender en todos los ámbitos.

En cuanto al gobierno local de filiación nacionalista, el joven comunicador afirmó que si bien no ha recibido amenazas o intimidaciones de parte de las autoridades municipales, sí ha recibido amenazas de parte de activistas de dicho partido.

“Estos activistas a veces pierden la tolerancia ante algunos temas y comienzan a hacer algunos señalamientos directos sin a veces tener pruebas, recuerde usted que el derecho estipula que alguna calumnia que usted tenga, debe ser probada, de ahí que nadie le puede tachar algo si no se prueba en los tribunales”, sostuvo Torres.

Torres expuso que hace apenas tres semanas, activistas nacionalistas postearon en las redes sociales algunos señalamientos contra él por el espacio que brindó el comunicador social al sindicato de Corporación Municipal de La Paz, del cual se denunció el despido de 5 empleados y a otros a los cuales se les redujo ilegalmente sus salarios.

El comunicador social dijo que esta cobertura periodística en particular,  trajo consigo que activistas políticos nacionalistas recriminaran su trabajo e incluso que crearan perfiles falsos en la red social Facebook para atacarlo personalmente y a su familia, lo que se puede interpretar como intimidaciones y amenazas.

“Ellos buscan la manera de cómo poder sacarlo a uno de algunos temas de importancia o de otros que se han venido dando y que es necesario que salgan a luz pública, porque el derecho a la libre opinión, a la libertad de expresión e igual un empleado público sabe que desde el momento que llega a un cargo tiene que tener esa apertura con los medios para poder estar informando si está haciendo las cosas bien, y si no lo está haciendo bien, pues deberá ser criticado”, resaltó el comunicador social.

Torres señaló como el primer reto para los comunicadores y comunicadoras sociales es la promoción de espacios de discusión y abordaje de la temática de libertad de expresión, como el proporcionado por la Iniciativa Periodismo y Democracia desarrollado en la ciudad de La Paz el pasado 31 de julio de 2015, que contó con la participación de periodistas de dicha ciudad y del departamento de Comayagua.

“Ha sido muy importante la generación de estos espacios de participación para compartir las vivencias que hemos tenido y el otro reto es integrar a otros compañeros del departamento y de la región, y en función de eso comenzar a tener una organización, una estructura que nos permita ser más solidarios, porque en la medida en que estemos más unidos hay mayor fuerza y lo otro es que tenemos que tener algunos niveles de precaución para nuestra propia seguridad a través de ciertas medidas”, resaltó el comunicador.

Durante el conversatorio con los y las periodistas que asistieron a la ciudad de La Paz, sobresalieron temas delicados y peligrosos y que representan un riesgo para el abordaje periodístico, tales como las críticas hacia las autoridades locales y nacionales, el abordaje de proyectos hidroeléctricos desarrollados en la zona y que involucran a altas autoridades políticas como es el caso de la vice presidenta del Congreso Nacional, la diputada nacionalista Gladys Aurora López y otros tópicos como las operaciones ilícitas del crimen organizado.

Al respecto René Torres comentó que “esta es una realidad ya que de una u otra manera estos temas están ligados a personas que son parte del mismo gobierno, entonces cuando éstos salen a la luz, lógicamente generan ese impacto y a veces tocar ese nivel de intereses se convierte para los dueños de estos negocios, en formas que a veces ellos tratan de buscar la manera de opacarlos y a veces es necesario autocensurarse para protección personal y de la familia”.

Finalmente la periodista Sandra Pérez del canal 48 Catedral TV de Comayagua comentó que la libertad de expresión está condicionada porque debido a diferentes factores no se pueden tocar ciertos temas y “si lo hace uno tiene que buscar la manera de no hablar de temas peligrosos”.

Pérez dijo que ese temor para abordar ciertos temas puede venir desde funcionarios públicos o de entidades privadas, porque hay que recordar que hoy en día no solo se amenaza al condicionarnos espacios en los medios de comunicación sino que también recibimos amenazas contra nuestras vidas o contra nuestras familias.

La comunicadora social resaltó que hay funcionarios públicos a quienes les molesta la crítica y que en algunos casos estos personajes llaman a los periodistas para presionarlos a que desistan en torno a esas críticas. “Eso va a depender de quién estamos hablando, por ejemplo durante una campaña política en la que yo toqué el tema del aeropuerto de Palmerola me dijeron que no siguiera hablando del tema, me han pasado cosas como esas, dependiendo de quién uno vaya a expresar ciertas denuncias, así puede ser que haya amenazas”.

Un hecho importante para resaltar en este encuentro de periodistas de la zona central es que el anhelo de organización se materializó al conformarse la Asociación de Periodistas por la Libertad de Expresión de la Zona Central de Honduras.

El crimen organizado también amenaza a los comunicadores y comunicadoras sociales

“…Si volvés a hablar te morís….”

Otro aspecto que amenaza el trabajo de los periodistas es el crimen organizado y los comunicadores han cambiado la forma de abordar su nota policial-judicial por temor a represalias porque sus noticias son monitoreadas por las bandas criminales que envían emisarios que les advierten que  “Si volvés a hablar te morís”.

Este  tema genera auto censura en los y las periodistas de la zona como una forma de autoprotección ante la impunidad imperante que ha dejado a más de 50 comunicadores sociales asesinados sin que hasta ahora haya investigaciones que señalen a los autores materiales e intelectuales y además el vínculo de los crímenes por el ejercicio periodístico.

Antecedentes de amenazas e intimidaciones

El pasado 3 de mayo del año en curso en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, Washington, a través de una misiva llamó a los Estados a abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas.

El ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano enfrenta diversos desafíos, como la violencia contra periodistas y comunicadores, aunque también sigue estando amenazado en muchos países por el uso del derecho penal para sancionar la expresión de opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público o que involucran a funcionarios estatales, expresó la nota.

La Relatoría Especial continúa recibiendo serias denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones críticas y la protesta frente alguna clase de poder político, económico o militar. En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala.

En Honduras hubo recientemente dos procesos penales. Uno de ellos es contra el periodista Julio Ernesto Alvarado (director del Noticiero Mi nación que se transmite por Globo TV), condenado por el delito de “difamación por expresiones constitutivas de injurias” a 16 meses de prisión, interdicción civil y penas accesorias dentro de las cuales se encontraba la prohibición de ejercer el periodismo por el mismo tiempo de la pena de prisión.

En otro, la defensora de los derechos de las mujeres Gladys Lanza fue condenada a un año y medio de prisión por hacer declaraciones públicas sobre un caso de presunto acoso sexual en el espacio laboral.

En el mes de mayo de este año, José Modesto Acosta, comunicador social en Ocotepeque en la zona occidental del país,  denunció haber recibido amenazas en su celular donde le advierten que se calle en el tema de corrupción del seguro social. “Calladito te ves más bonito Modesto, pensalo”, dice el mensaje de texto, enviado el 26 de mayo de 2015.

Acosta es actualmente el director de Telenoticias del canal 10 y corresponsal de Radio Globo en la zona y su caso se suma a una larga lista de amenazas contra periodistas de este medio de comunicación en Honduras. Al menos 13 periodistas de ese medio fueron asesinados  en el 2013, el 50  por ciento aproximadamente de las muertes de periodistas y trabajadores de la comunicación en ese lapso.

El 5 de junio, Roberto Carlos Salinas, miembro de la Junta Interventora nombrada por el poder ejecutivo para investigar los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), señaló  a radio Globo,  Globo TV y Cholusat Sur (canal 36) de tratar de desnaturalizar la lucha contra la corrupción para convertirla en una lucha política, incitar al odio y pretender  dañar la imagen del partido Nacional.

A mediados de junio de este año se conoció el caso del director del periódico bilingüe “INFOINSULAR” y reportero de canal 27 de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, José Ramón Romero, quien ha estado siendo hostigado y desprestigiado por el alcalde de aquella ciudad por las investigaciones que ha realizado el periodista, relacionadas a proyectos en desarrollo que no han sido aprobados por la corporación municipal.

En una ocasión, y demostrando grados superlativos de intolerancia, el alcalde de Roatán, Dorn A. Ebanks se refirió a él y su camarógrafo Marlon Rodríguez como “aves de rapiña que comen carroña putrefacta”.  Ambos periodistas tienen prohibido el acceso a la alcaldía de Roatán.

, , ,

Deja un comentario

Allanamiento en Occidente de Honduras

ALLANAMIENTOSENOCCIDENTELas autoridades realizaron hoy varios allanamientos en las propiedades de Orlando Pinto por considerar que son de procedencia ilícita.

La operación comenzó a las 6:00 de la mañana en el sector conocido como El Paraíso, departamento de Copán.

Los operativos fueroncoordinados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Una fuente oficial detalló que los allanamientos se extienden a los bienes de Hugo Pinto, actual diputado por el Partido Nacional.

El pasado 2 de julio las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) destruyeron un helipuerto propiedad de Orlando Pinto en el departamento de Choluteca.

Héctor Hugo Pinto Aguilar, es actual diputado propietario en el Congreso por el Partido Nacional por el departamento de Copán; el hermano de éste José Daniel Pinto fue detenido hace unas semanas, pero en cuestión de horas dejado en libertad porque de acuerdo a las autoridades no existía orden de captura en su contra.

Según se informó, al menos diez bienes inmuebles han sido incautados y posteriormente asegurados en esa zona del país este lunes.

El portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), José Coello, dijo que las operaciones de este lunes están dirigidas a varias viviendas de los hermanos Pinto.

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11097

, , , , , ,

Deja un comentario

Aseguran más bienes a diputado nacionalista

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Entrada a una de las propiedades incautadas.

En un operativo denominado “Errabundo 2”,  realizado en el departamento de Copán, al occidente de Honduras, las autoridades aseguraron varias propiedades y bienes del diputado,  Héctor Hugo Pinto Aguilar y sus hermanos.

En la operación, participó miembros de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) soldados y oficiales de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y  técnicos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

En una de las viviendas allanadas por las autoridades fueron encontradas varias bolsas solidarias con víveres, de las que entrega el gobierno del partido nacional en varias comunidades  de Honduras.

En un comunicado el  Ministerio Público informó que la operación es parte del seguimiento al proceso investigativo que por privación de dominio de bienes de origen ilícito se inició sobre propiedades de los señores Orlando Pinto Espino y Daniel Pinto Aguilar, en los Departamentos de Choluteca, Olanchito y Colón.

Diputado Nacionalista Hector Hugo Pinto.

Señala además,  que se realizaron las acciones contra diez inmuebles ubicados en el departamento de Copán, en su mayoría en el municipio de El Paraíso, inmuebles que son propiedad de los hermanos Hector Hugo Pinto Aguilar, Daniel Pinto Aguilar y Orlando Pinto Espino, así como de miembros de su núcleo familiar.

El comunicado establece,  que los inmuebles están siendo asegurados con el fin de preservar su disponibilidad durante el transcurso del proceso investigativo por suponer su procedencia ilícita.

Investigaciones de los entes encargados relatan que los hermanos Pinto estarían “vinculados con organizaciones ligadas al narcotráfico, similar a la de los hermanos Valle Valle y Héctor Emilio Fernández Rosa y según consta en los expedientes instruidos en la Fiscalía Contra El Crimen Organizado y otras agencias internacionales de lucha contra el crimen organizado.

En una de las viviendas allanadas por las autoridades fueron encontradas varias bolsas solidarias con víveres, de las que entrega el gobierno del partido nacional en varias comunidades  de Honduras.

Hugo Pinto es diputado por el Partido Nacional y su hermano José Daniel Pinto Aguilar fue señalado por las autoridades como uno de los supuestos socios de los hermanos Valle Valle.

Fuente: http://criterio.hn/aseguran-mas-bienes-a-diputado-nacionalista/

, , , , ,

Deja un comentario

Organized Crime Turmoil in Honduras Extends to Politics

Luis Alonso Valle Valle

After years of relative stability, the agreements that once governed Honduras‘ criminal underworld are reportedly falling apart, a development that would have no small effect on the political elites linked to organized crime.

The fragmentation came after years of apparent stability, thanks to a pax-mafioso brokered by the country’s largest drug trafficking groups, according to a two-part investigation by Honduran newspaper El Heraldo. (See part 1 and part 2).

El Heraldo claims the underworld allies — identified by government intelligence documents as “14e,” divided up the country into small drug trafficking fiefdoms about a decade ago.

These allies included the “AA Brothers Cartel,” the Valle Valle brothers, the Cachiros, the Valle de Sula Cartel, and the Olancho Cartel.

During one meeting of the 14e, the group decided to create a new drug trafficking group, which they baptized the “South Cartel,” a reporter with El Heraldo told InSight Crime in an e-mail correspondence. This criminal group reportedly controlled drug trafficking routes in the southern and western provinces of Honduras along the border with Nicaragua.

The organizations that made up the 14e operated for almost a decade with “absolute impunity,” thanks to their control of Honduras‘ police and military, as well as the country’s political class and justice system, the report states.

 

AmapHonduras

Honduras’ major drug trafficking organizations

 

However, within the span of the past year, the top leaders of the Valle Valle organization and the Cachiros are now all in US custodyAt least one other alleged member of the 14e —  Hector Emilio Fernandez Rosa, alias “Don H” — has also been arrested. Even the South Cartel is under pressure — El Heraldo told InSight Crime that Honduran authorities have seized assets belonging to the leaders of this criminal group.

What’s more, the unity of the 14e is now reportedly breaking apart. Internal conflict within the 14e is driving Honduras‘ remaining active criminal groups to estrangement, the El Heraldo reporter told InSight Crime.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

InSight Crime Analysis

The flux in Honduras‘ underworld is unsettling the political elites in this country. This is because these traffickers have direct ties to Honduran politicians. In one example, Don H is the brother of Rene Fernandez Rosa, who became a national congressman following the murder of politician Jose Eduardo Gauggel Medina in April 2015.

 

15-06-17-Honduras-whoswhospartii

From left to right: 14e member “Don H” (extradited in February 2015);  slain politician Jose Gauggel (in the red shirt), and his replacement, Don H’s brother Rene Rosa (in the cowboy hat); Jose Miguel “Chepe” Handal (arrested March 2015). 

 

Another notable political elite with ties to organized crime is Jose Miguel “Chepe” Handal. The son of a prominent member of Honduras‘ Liberal Party, Handal was arrested earlier this year and charged with drug trafficking in Honduras. Both he and his father had previously been named on the US Treasury Department’s drug “kingpin” list.

In other cases, the connections are less public but can be just as damaging to the politicians in question. Former President Manuel Zelaya, for example, had to fight off accusations of ties with drug traffickers.

SEE ALSO: Coverage of Elites and Organized Crime

The captures and extraditions of several traffickers have opened the door to the possible prosecution of these politicians. A number of the prominent drug traffickers captured in the past year — including the Valle Valle brothers — have been extradited to the United States, a country known to offer suspects legal benefits in exchange for information on their accomplices.

Results of this information exchange may already be evident. In May, the Drug Enforcement Administration (DEA) arrested Fabio Lobo Lobo, the son of former Honduran President Porfirio Lobo.

The prospects of extradited drug traffickers turning into US informants and further revelations of government corruption has sent shockwaves through Honduras‘ political class. If these fears are realized, Honduras‘ underworld could look orderly in comparison to the eruption of chaos in the country’s political world.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-analysis/organized-crime-turmoil-in-honduras-may-extend-to-politics

, , ,

Deja un comentario