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Jueces restituidos por la CIDH insisten en su restauración, pero el Estado está mudo –

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn El pasado 10 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ordenó la restitución de los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, Ramón Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza que fueron destituidos por oponerse al “golpe de Estado” contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales,  en el […]

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CIDH recomienda revisar perfil de los magistrados que destituyeron jueces –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Teguciagalpa.-El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, recomendó este martes a la Junta Nominadora que haga una revisión minuciosa de la hoja de vida de los magistrados que aspiran a ser reelectos y que participaron en acciones ilegales por las que el Estado de […]

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Sentencia de la CIDH debe cumplirse porque es vinculante: jueces despedidos

Los jueces despedidos por el Poder Judicial señalan que la sentencia emitida este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es vinculante y debe ser acatada por el Estado de Honduras.

Además es importante porque establece que en Honduras se dio un golpe de Estado en junio de 2009 y ellos defendieron la Constitución de la República, acotaron.

Guillermo López Lone

Guillermo López Lone

Guillermo López Lone, habló en exclusiva con CRITERIO y manifestó recibir la noticia con alegría después de estar luchando y calificó de muy satisfactorio el haber encontrado justicia en una corte internacional después de haber agotado todas las instancias nacionales  y darse cuenta que es posible encontrar lo que es tan difícil de lograr en Honduras.

López Lone apuntó que,  la sentencia está firme, es vinculante para el Estado y tiene que cumplirla y no cabe ningún recurso.

Consultado sobre el tiempo que tiene el Estado para acatar lo dispuesto por la CIDH, respondió que,  esa es la parte un poco más difícil y ahora deben comenzar las pláticas con los personeros del gobierno y exigir la ejecución de la sentencia.

“Creo que ellos están en la obligación de carácter institucional de cumplirla, de lo contrario, acudiríamos nuevamente a los organismos internacionales a denunciarlos nuevamente por incumplimiento de la sentencia”, aunque señaló que esperan que sean responsables en cumplirla, expreso el juez.

López,  dijo que el gobierno está obligado a acatar la sentencia, pero pueden “darle un poco de largas al asunto” pero tampoco creo que muchas porque es una sentencia de la CIDH, que es vinculante y de obligatorio cumplimiento y lo que queda es entrar en el plano de la ejecución.

Reiteró que no hay alternativa para el Estado en cuanto a negarse a cumplirla, porque la Corte es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Honduras está buscando el apoyo de esta organización por lo tanto no cree que se niegue a cumplir lo dispuesto.

Consultado si hay algún caso registrado donde un país se haya negado a cumplir una sentencia de la CIDH, López dijo que no se conoce ningún caso donde un Estado haya dejado de hacerlo. Eso sería colocarse de plano en una lista negra que traería como consecuencia algunas sanciones de parte de otros organismos respecto al Estado de Honduras.

Finalmente relató que a partir de mañana se reunirá con sus compañeros Ramón Enrique Barrios, Tirza Flores Lanza y Luis Chévez para diseñar el camino a seguir y también reunirse con la gente del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que han sido nuestros apoderados legales y  también junto a la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) para trazar una estrategia a seguir para que la sentencia se pueda  ejecutar en el corto plazo.

Ramón Enrique Barrios

Ramón Enrique Barrios

Por su parte Ramón Enrique Barrios, quien también habló en exclusiva con CRITERIO dijo recibir la noticia con mucha alegría y mucha expectativa, “digamos porque hay varios temas; primero se establece que una corte reconoce que en Honduras hubo un golpe de Estado y es un poco reivindicar lo que pasó en el año 2009,  afianzar que nosotros en ese momento, como jueces y magistradas,  defendimos la Constitución de la República, eso es lo primero”.

“Luego con mucha alegría, pero con mucha reserva porque el texto final de la sentencia dice que el reintegro será posible si es posible” y esperamos que sea posible,  porque si no la sentencia no tendría sentido”, sentenció Barrios.

Advirtió que el  Consejo de la Judicatura, que a su juicio deja mucho que desear,  podría salir diciendo que no hay plazas y que no es posible su reintegro y el de sus compañeros, aunque adelantó que él no desea regresar al Poder Judicial.

http://criterio.hn/sentencia-de-la-cidh-debe-cumplirse-porque-es-vinculante-jueces-despedidos/

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Presidente de la CSJ debería pagar indemnización de los jueces: Jari Dixón

El exfiscal y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera,  considera que la indemnización que el Estado de Honduras deberá pagar a los tres jueces y a una magistrada, debe ser costeada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, porque fue quien de manera arbitraria procedió a destituirlos.

Herrera reaccionó luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

Jari Dixon Herrera

Jari Dixon Herrera

En su sentencia la CIDH establece que su sentencia constituye per se, una forma de reparación,  por lo que ordenó al Estado hondureño a reincorporar a los jueces a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento.

En caso que no fuera posible la reincorporación, deberá  pagarles la cantidad establecida en la sentencia, al igual que los montos por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el  reintegro de costas y gastos.

Al respecto, el exfiscal Herrera señaló que la responsabilidad de haber destituido de manera injustificada a los jueces es del presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, a quien debería deducírsele las costas que implica la sentencia, porque fue quien firmó los despidos injustificados de los  jueces.

“Él debería pagar todo este dinero porque no es justo que los contribuyentes, que el hombre y la mujer que trabaja arduamente, vengan y con sus impuestos vengan y tengan que pagar un error o un abuso de autoridad de los que dirigen el sistema de administración de justicia”, acotó.

El parlamentario recordó que la sentencia se pudo evitar si las instituciones del Estado hubieran hecho algo para enmendar el error. Recordó que un grupo de abogados, incluyéndolo a él, apeló al entonces presidente del Poder Legislativo, Juan Hernández, “pero el Congreso Nacional no hizo absolutamente nada”, sino mantenerse con el despido injustificado de los jueces.

Por su parte, el diputado por el Partido Anticorrupción, Walter Banegas, dijo que no sería justo que el pueblo hondureño  tenga que pagar una acción ilegal de quienes destituyeron a los jueces.

Walter Banegas

Walter Banegas

Banegas, quien también es abogado,  señaló que  se corre el riesgo que el pago de la indemnización se disfrace de nuevos impuestos y sea el pueblo hondureño que termine pagando los desaciertos.

En tanto, la también abogada y diputada del PINU, Doris Gutiérrez, apuntó que el fallo de la CIDH se esperaba que fuera en los términos que ha trascendido este martes, porque el acto que se cometió contra los jueces fue ilegal.

Gutiérrez vaticinó que el Estado hondureño podría correr la misma suerte con los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Parlamento, también de manera ilegal, el 12 de diciembre del 2012.

Doris Gutiérrez

Doris Gutiérrez

La congresista lamentó que las millonarias sumas que deberá pagarse saldrán del erario público, que implica el pago de los impuestos de los ciudadanos.

Los jueces y la magistrada fueron destituidos el 5 de mayo de 2010, por participar en actividades de protesta contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se defenestró del poder y se envió al exilio al Presidente Manuel Zelaya.

http://criterio.hn/presidente-de-la-csj-deberia-pagar-indemnizacion-de-los-jueces-jari-dixon/

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Sentencia de la CIDH afecta directamente a JOH porque él es parte del golpe de Estado

La sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afecta directamente al presidente Juan Hernández porque es parte del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, dijo este martes el expresidente Manuel Zelaya.

“Este fallo perjudica directamente a Juan Orlando porque él participó en el golpe de Estado”, expresó el exmandatario en una entrevista concedida a CRITERIO para exponer sus puntos de vista,  luego que la  CIDH sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

Zelaya también consideró que la sentencia pone nuevamente en el banquillo de los acusados a los  actores materiales e intelectuales del golpe de Estado y se inicia el desafuero de los que están todavía impunes porque nadie los ha tocado, pues  las cortes internacionales están comenzando a actuar y eso es lo que se esperaba.

Añadió que con su fallo la CIDH envía un mensaje al Estado hondureño y le advierte que “los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009, son un hecho ilícito internacional o sea que estos golpistas pueden ser sentenciados  y juzgados  a nivel internacional. Tarde o temprano el brazo de la justicia va a caer sobre ellos”, auguró.

A su juicio el golpe de Estado es el mayor acto de corrupción del Estado hondureño durante el siglo 21 y los implicados están gobernando, pero deberán “poner sus barbas en remojo para lo que viene en los años venideros”, advirtió.

Por otra parte, consideró que con la sentencia que obliga el reintegro de los jueces a sus puestos de trabajo, hay una rectificación honrosa. “Creo que la justicia internacional, está apretando al golpismo en Honduras”, apuntó.

En ese mismo orden, aclaró que la Corte Penal Internacional no ha desestimado las violaciones a los derechos humanos que se registraron en Honduras durante el golpe de Estado de 2009, ya que lo que advirtió recientemente ese tribunal de justicia, es que esos casos no son de su  competencia.

Zelaya ilustró que a raíz del golpe de Estado de 2009 hay muchas denuncias contra el Estado de Honduras y la primera que surtió efectuó fue la expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 5 de julio de 2009, lo que se revirtió posteriormente, el 22 de mayo de 2011 con la firma del acuerdo de Cartagena.

Finalmente dijo que como un acto personal ha perdonado a quienes gestaron el golpe de Estado en su contra, “pero las violaciones a los derechos humanos y a los crímenes cometidos con el golpe de Estado, son imprescriptibles ante la justicia; una cosa es nuestro concepto de reconciliación y otra cosa es la aplicación de la justicia por los asesinatos”, concluyó.

http://criterio.hn/sentencia-de-la-cidh-afecta-directamente-a-joh-porque-el-es-parte-del-golpe-de-estado/

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La elección de magistrados en Honduras es como un juego de ajedrez: Baltasar Garzón

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Estamos como un juego de ajedrez donde cada quien mueve sus piezas de acuerdo a sus intereses. Así se está manejando la elección de magistrados en Honduras, reflexionó este martes el reconocido juez internacional, Baltasar Garzón, al inaugurar el foro internacional: “La garantía de Independencia Judicial y procesos de  elección  de  Magistrados(as)  de  Cortes  Supremas”.

el juez Baltasar Garzón; la abogada hondureña, Reyna Rivera Joya y el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Luis Ernesto Vargas.

“Estamos moviendo las piezas para ver quién gana la partida, y eso es lo peor, convertir la justicia en un tablero de ajedrez”, lamentó el exmagistrado de la Audiencia Nacional de España y asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Apunto que al único jugador que echa de menos en ese juego, es a la sociedad, “que es quien debería ser la titular del juego; el pueblo es el titular de todos los poderes, pero normalmente es de quien se olvidan, no cuenta más para que le coloquen en un poder, pero cuando molesta se le silencia o se le desconoce, y eso es grave”, reprochó.

Garzón dijo que hacía el apunte porque ha escuchado la desconfianza que hay en el  Congreso Nacional y sobre la injerencia de la clase político sobre el Poder Judicial y sobre las falencias que hay en el sistema de elección.

“Desde antes la gente cree que habrá trampa”, en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por parte de la Junta Nominadora y los diputados al Congreso Nacional.

En ese mismo contexto apuntó que no solo los políticos que eligen son los malos, “porque son más malos los que se dejan corromper, los elegidos, porque el que elige tiene la patente de que ya va con una intención, pero el elegido si consiente esa dinámica, tiene doble responsabilidad”, insistió.

El foro ha despertado el interés de los hondureños.

FORO

El foro, en el que participa Garzón, es patrocinado por Hivos y organizado por la Asociación de Jueces por la Democracia y la Coalición Contra la Impunidad.

Además participan, el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia, Luis Ernesto Vargas Silva.

Asimismo la directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la abogada y máster en derecho internacional y resolución en conflictos, Ana Marcia Aguiluz.

El grupo también está integrado por la exmagistrada de Corte de Apelaciones de Guatemala, la doctora Claudia Escobar; el magistrado y portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia de España, Joaquim Bosch Grau y Alejandro Rodríguez Barillas, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala.

Como parte de la plenaria participará el abogado hondureño y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado.

Fuente. http://criterio.hn/la-eleccion-de-magistrados-en-honduras-es-como-un-juego-de-ajedrez-baltasar-garzon/

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Fuerzas políticas no deben viciar el proceso de elección de la CSJ repartiéndose cuotas

Tuesday, 22 September 2015 01:38 Written by  Published in Contexto Read 47 times

En la foto de izquierda a derecha: Gilda Rivera, CDM, Susana Rochna, HIVOS, Mario Díaz, AJD, Baltazar Garzón, Jurista Internacional y Wilfredo Méndez, CIPRODEH En la foto de izquierda a derecha: Gilda Rivera, CDM, Susana Rochna, HIVOS, Mario Díaz, AJD, Baltazar Garzón, Jurista Internacional y Wilfredo Méndez, CIPRODEH

La no intervención de los partidos políticos, el desacuerdo en que el Poder Legislativo ejecute la selección final y que la ciudadanía conozca en tiempo y forma el listado final de nominados y nominadas a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), fueron algunos de los puntos abordados por la Coalición contra la impunidad, bajo el auspicio del programa de Seguridad y Justicia para Centroamérica de HIVOS, que realizaron una conferencia de prensa este lunes 21 de septiembre de 2015 en Tegucigalpa.

La participación de estos sectores coincide con el desarrollo del Foro Internacional “La garantía de independencia judicial y procesos de elección de magistrados y magistradas de Cortes Supremas” la cual contará con los reconocidos juristas Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL), el ex Juez Baltazar Garzón, la ex magistrada de la Corte Suprema en Guatemala Claudia Escobar y el ex Fiscal del Ministerio Público Edmundo Orellana, la cual se desarrollará de este día y culminará el próximo miércoles 23 de septiembre.

Hasta este momento se lleva a cabo la segunda fase del proceso de elección de la siguiente CSJ, con la conformación de la Junta Nominadora, la cual está integrada por 14 representantes (siete titulares e igual número de suplentes),  cuya elección fue bastante cuestionada por diferentes sectores de la sociedad hondureña.

Mario Diaz AJD

Mario Díaz, presidente AJD

Por medio de un comunicado de prensa, leído por el Presidente de la AJD, Mario Díaz, las organizaciones dejaron claro en al menos cinco puntos la necesidad de contar con un poder judicial independiente de las influencias políticas y de grupos de poder económico en el país.

En el punto cuatro mostraron su necesidad en que “se cumpla con los principios de transparencia, publicidad, amplia participación de la ciudadanía, integración plural y paridad de género”.

En base a lo anterior, Díaz agregó que  el proceso debe gozar de la credibilidad de la ciudadanía, la cual tiene que mostrarse crítica;  y por ello el proceso es exigible que esté  dotado de trasparencia para garantizar que sea confiable para la escogencia de los nuevos magistrados y magistradas ante el Poder Judicial.

“O se coloca la primera piedra de un proceso diferente en el país en el cual la justicia llegue a quien debe llegar, a las personas que más la necesitan, libre de cualquier interés político partidario o se continúa con el status quo. Si tenemos una ciudadanía activa, vigilante que siga el proceso desde el inicio hasta el fin creemos que podemos tener buenos resultados”, afirmó Díaz.

Otro de los puntos abordados en la conferencia fue el hecho de que extraoficialmente se conoce que varios profesionales del derecho se han rehusado a participar en el proceso por considerarlo con vicios de nulidad.

En ese sentido, Wilfredo Méndez , director del Centro de Promoción e investigación de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), mencionó que en los dos procesos anteriores de elección se presentó el mismo caso. “Parece ser que en este proceso, que está más cuestionado que los dos anteriores, hay abogados que definitivamente no se atreven a presentarse”, dijo.

Agregó que esta renuencia se deriva de dos puntos, el hecho de participar y sacrificar la credibilidad en un sistema que está declarado con un alto nivel de desconfianza por parte de la ciudadanía o siempre participar y esperar que la Junta nominadora se fije en sus capacidades y pueda ser tomado en cuenta.

Un poder del Estado no puede ni debe elegir a otro

Fue mundialmente conocido por iniciar en el año dos mil un proceso penal contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que cometió delitos de lesa humanidad . se trata del jurista español Batalzar Garzón quien realiza su  cuarta visita al país y participará como conferencista en torno a la independencia judicial.

Entre los múltiples temas por los que fue abordado por miembros de la prensa durante su participación en la conferencia, Garzón opinó sobre el hecho de que el Poder Legislativo elijaen su fase final a los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No es buen sistema el de la elección por parte del Congreso de la república de los magistrados, para que así fuera, tendrían que haber unos contrapesos y una trasparencia absolutamente trascendental en la que el desarrollo de la elección no deje lugar a dudas de que son los y las mejores quienes ocupen un lugar dentro de la Corte”, manifestó.

El jurista agregó que este poder del Estado debe someter con la mayor rigidez los perfiles de cada postulante y que el debate entre las diferentes fuerzas políticas debe ser permanente y sin vicios de colocar “pequeñas cuotas” en el proceso de conformación de la CSJ.

En referencia al perfil que se debe manejar para ser magistrado y magistrada, Garzón hizo hincapié en que la actual Junta nominadora debe colocar en un sitio web o a la vista de la ciudadanía los diferentes requisitos para tal cargo. “Tiene que haber una transparencia de curriculums, como tiene que haber la posibilidad de impugnación de los candidatos… si queremos establecer un proceso participativo, tiene que ser lo suficientemente creíble para que genere confianza”.

Actualmente no se ha agotado este punto por parte de la junta, por lo que han recibido un llamado de atención por parte de las máximas autoridades del instituto de Acceso a la Información Publico (IAIP).

En cuanto al período de presentación de los candidatos y candidatas a ocupar un cargo en el Poder Judicial, Garzón es del criterio que debe de existir un amplio espacio de tiempo para que la ciudadanía conozca y evalué sus hojas de vid,  previo a su elección como magistrados y magistradas.

Lo anterior suma a la propuesta manifestada días atrás por la Coalición contra la impunidad, e hizo un  llamado a la Junta Nominadora para que a más tardar el próximo 01 de diciembre de este año se presente el listado de 45 candidatos y candidatas para que se sometan al juicio de la ciudadanía.

Por otra parte se le consultó sobre las declaraciones ofrecidas a medios de comunicación  por el Presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y miembro propietario ante la Junta Nominadora, José Luis Valladares, en las cuales anunció que se presentarán acciones penales contra quienes critiquen  a los y las aspirantes a magistrados y magistradas a la CSJ.

“Creo que no se puede subvertir la participación ciudadana ni mucho menos la libertad de expresión. Los ciudadanos que tengan elementos para cuestionar a los candidatos no solo tienen la posibilidad sino que tienen la obligación de hacerlo… Todos sabemos en el mundo del derecho que una cosa es discrepar o criticar y otra es imputar hechos delictivos o conductas impropias”, acotó el ex juez.

Por último, Baltazar Garzón habló sobre el papel del Consejo de la Judicatura, el cual ha sido ampliamente cuestionado por sectores de la  sociedad en la toma de decisiones como ente encargado de llevar a cabo “un verdadero proceso” por la  independencia del Poder Judicial. “Debe haber un cambio en el desarrollo de las acciones realizadas por este consejo las cuales garanticen la independencia de otros poderes del Estado”.

Los nuevos 15 magistrados y magistradas de la CSJ deben ser electos por parte de un Congreso Nacional con pluralidad multipartidaria, producto de un listado de 45 candidatos y candidatas propuestos por la Junta Nominadora, en el mes de enero del próximo año esperando que con ello se rompa el ciclo en el cual se imponía la vieja repartición de 8 a 7, herencia del bipartidismo hondureño.

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Baltazar Garzón participará en foro sobre independencia judicial en Honduras

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Baltazar Garzón participará en foro sobre independencia judicial en Honduras
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  El reconocido jurista español, Baltasar Garzón, participará este lunes Foro: “Independencia Judicial y procesos de elección de Magistrados(as) de Cortes Supremas”, que se realizará en Tegucigalpa los días 22 y 23 de septiembre.
El evento que tendrá lugar en el Hotel Plaza Juan Carlos de la ciudad de Tegucigalpa, es convocado por el Programa Seguridad y Justicia en Centroamérica de Hivos, la Coalición contra la Impunidad y la Asociación de Jueces por la Democracia.
El propósito de este foro es incentivar del debate sobre la independencia judicial que pueda generar aportes y propuestas para el fortalecimiento de esta garantía en la región centroamericana.
Asimismo, se pretende incidir en el actual proceso de selección y elección de Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en Honduras a efecto de lograr mayor transparencia y participación ciudadana en el mismo
Este foro se desarrollará bajo la modalidad de paneles de discusión en el que participarán los siguientes juristas nacionales e internacionales:
  • Baltasar Garzón.– Ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España
  • Luis Ernesto Vargas.- Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia
  • Edmundo Orellana Mercado.- Ex Fiscal General de la República de Honduras
  • Marcia Aguiluz.- Directora para Mesoamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Claudia Escobar.– Ex Magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala
  • Joaquim Bosch Grau.- Portavoz de Jueces para la Democracia de España
  • Alejandro Rodríguez.- Ex Director de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala

Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/baltazar-garz%C3%B3n-participar%C3%A1-en-foro-sobre-independencia-judicial

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Reconocidos juristas internacionales brindarán seminario en Honduras sobre independencia judicial y elección de magistrados

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Baltasar Garzón

Tegucigalpa.-El famoso juez español Baltasar Garzón y otros prominentes juristas internacionales brindarán el 22 y 23 de septiembre próximo en Honduras, el  seminario internacional: “La garantía de Independencia Judicial y los Procesos de elección de magistrados(as) a las Cortes Supremas”.

Claudia Escobar

En la actividad, que es patrocina por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la Coalición Contra la Impunidad e Hivos, intervendrán como expositores: el doctor Baltasar Garzón, ex magistrado de la Audiencia Nacional de España; doctor Luis Ernesto Vargas, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; la doctora Claudia Escobar, ex magistrada de Corte de Apelaciones de Guatemala; Marcia Aguiluz, directora de CEJIL Mesoamérica y el magistrado Joaquim Bosch Grau, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia de España.

Luis Ernesto Vargas

Como parte de la plenaria participará además, el abogado hondureño y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado.

Joaquín Bosh Grau

La convocatoria para asistir al seminario  es pública y está siento anunciada en las redes sociales, por lo que cualquier hondureño interesado en inscribirse solo tiene que confirmar su asistencia al teléfono: 2550-1292 y al móvil: 97408974.

Marcia Aguiluz

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Transparencia le pide sociedad civil a Junta Nominadora de magistrados y magistradas a la CSJ

Sep 04, 2015

La Junta Nominadora que presidirá el proceso de selección de 45 aspirantes a nuevas y nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- ha sido juramentada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. “Compromiso, capacidad, responsabilidad y sobre todo amor a Honduras para cumplir su labor, ante la gran responsabilidad de elegir a las personas que han de administrar la justicia en el país”, expresó Oliva al momento realizar la ceremonia de juramentación.

Tras ser juramentados, el presidente de la Junta Nominadora, Ricardo Rodríguez, informó que decidieron elegir como secretarios al representante de las Centrales Obreras, Alfredo Ponce y a José Luis Valladares, del Colegio de Abogados de Honduras.

La primera reunión de trabajo será el próximo martes, 8 de septiembre, en las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -Conadeh-, aseguró Rodríguez.

Proceso de selección de  candidatos a magistrados de la CSJ se presta para manipulación de diputados

La Junta Nominadora ya está nombrada y juramentada; sin embargo, cabe señalar que el proceso ha sido fuertemente cuestionado, pues existieron acciones como las de varios grupos de Sociedad Civil que eligieron a sus representantes sin el consenso de las organizaciones defensoras de los derechos humanos; también fue marcado por los señalamientos de la falta de transparencia en la elección que desarrolló el Colegio de Abogados.

Lo anterior es calificado por el director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruelas, como un proceso accidentado y viciado, encaminado a “servirle en bandeja de plata” al Congreso Nacional la elección de los nuevos magistrados y magistradas de la CSJ y “que hagan lo que quiera con ella”.

“Es realmente doloroso como se está alineando para que la próxima Corte sea la Corte que va a garantizar impunidad, según lo que estamos viendo. Creo que es importante que como sociedad civil y organizaciones reflexionemos y hagamos un alto, un alto que también nos permita poner un alto a este sistema que solo genera pobreza, falta de oportunidades e injusticia”, apunta Ruelas.

AJD y CEJIL: la elección debe ser transparente e independiente

“Con la justicia no se juega”, le dicen a los integrantes de la Junta Nominadora y diputados del Congreso Nacional  la Asociación de Jueces por la Democracia –ADJ- y  el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-, a través de una campaña para exigir transparencia en la elección de los nuevos magistrados y magistradas a la CSJ.

Guillermo López Lone, integrante de la ADJ, explica que con la campaña, que se estará difundiendo  a través de los medios de comunicación y las redes sociales, se trata de incidir en la ciudadanía “para que se empodere y reclame a la Junta Nominadora un procedimiento que sea el adecuado; y por otro lado incidir en la Junta Nominadora para que sea un proceso independiente, transparente y público”.

Marcia Aguiluz, representante de CEJIL, declara que esperan que los integrantes de la Junta Nominadora comprendan su obligación de dar a conocer los criterios en que basarán su elección, la trayectoria personal y profesional de los candidatos y candidatas.

Sin embargo, dice que además “no solo hay que preocuparse por los candidatos y candidatas sino por quiénes los eligen y en ese sentido no hemos observado que haya un criterio sobre quiénes son estos representantes, hay que preguntarse si son personas independientes, si son personas que conocen de la materia”.

Aguiluz manifestó que ven con suma preocupación la forma en cómo eligió el Colegio de Abogados los candidatos a magistrados y magistradas a la nueva CSJ: “lo hicieron en una votación directa, pero no primó en esa votación si estas personas reunían las capacidades para ser integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y es que estamos hablando de una elección en la que los máximos representantes impartirán justicia”.

Proceso de desarrollará con el principio de publicidad

Por su parte, Tomas Zambrano, diputado nacionalista y secretario del Congreso Nacional, asegura que el proceso se desarrollará con el concepto del  principio de publicidad: “cada una de las audiencias públicas que realice esta Junta Nominadora va a estar transmitida en medios de comunicación y va a tener el acompañamiento de cualquier organización que quiera ser veedor en este tema y no se les va a cerrar el espacio”.

Por su parte, Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación –ERIC-, señala que en los últimos procesos de selección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia ha quedado en claro que “no sirve de nada la participación de la sociedad civil”.

“Estos sectores prácticamente se han convertido en los brazos de los partidos políticos dentro del Congreso Nacional, por tanto a la hora de elegir a los 45 nominados y nominadas pertenecen o tienen vínculos con los partidos políticos y se quedan por fuera un montón de gente que realmente tiene toda la currícula para poder estar nominado a magistrado y magistrada”, comenta Mejía.

Así se integró la Junta Nominadora

Ricardo Rodríguez y su suplente Octavio Sánchez,  presiden la Junta; los representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -Conadeh- Roberto Herrera Cáceres –propietario- y Linda Rivera –suplente-; por el Colegio de Abogados de Honduras –CAH-, José Luis Valladares –propietario- y Rafael Canales –suplente- ; Santiago Ruiz –  propietario- y Emín Barjum  -suplente- por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada –Cohep-.

Asimismo, por los claustros de profesores de las facultades de las universidades públicas y privadas el abogado Jorge Herrera –propietario- y Carlos Izaguirre –suplente-; por las Centrales Obreras Alfredo Ponce –propietario- y Benjamín Vásquez –suplente- y por la sociedad civil Jorge Leonel Machado –propietario- y Adolfo Pineda –suplente-.

Esta nota se cierra con una pregunta: ¿Podrá desarrollarse la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia con transparencia e independencia, tomando la actual estructura política?

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2367-transparencia-le-pide-sociedad-civil-a-junta-nominadora-de-magistrados-y-magistradas-a-la-csj

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CEJIL exige transparencia en la elección de magistrados de la Corte

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Tegucigalpa.

La Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, lanzaron la campaña “Con la justicia no se juega”, en un intento de exigir transparencia en la elección de magistrados para el próximo periodo.

Hasta ahora los electos a la junta nominadora son Roberto Herrera, Alfredo Ponce, Jorge Machado, Jorge Herrera, Luis Valladares, Santiago Ruiz, Linda Rivera, Benjamín Vásquez, Adolfo Pineda, Carlos Izaguirre, Rafael Canales, Emin Barjum.

La iniciativa de la campaña busca que la ciudadanía se involucre en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, exigiendo un proceso independiente y público e incidir en los miembros de la junta nominadora, para que elijan candidatas y candidatos íntegros, honestos y capaces.

“Con la justicia no se juega” circulara en mensajes y productos audiovisuales por un periodo de cinco meses, se transmitirá por radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, esto hasta enero del 2016, es el tiempo en que el Congreso Nacional elegirá a las magistradas y magistrados del poder judicial.

Según Marcia Aguiluz coordinadora de CEJIL para América Latina, el objetivo es que la ciudadanía entienda la importancia del proceso que es fundamental para la democracia en Honduras y así pueda haber una división de poderes.

“Vemos con preocupación por los criterios que han privado a la hora de elegir a los que integran la junta nominadora, ya que no solo es importante saber quiénes forman la corte sino también quienes forman la junta nominadora”, manifestó Aguiluz.

La jurista expreso que “observamos con mucha pena que la junta no haya quedado integrada por mujeres, la única es la suplente del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, mas allá de eso toda la junta son hombres y eso no puede ser en un país donde la mitad son mujeres”.

Sostuvo que a la luz de los estándares internacionales todo órgano tiene que estar al menos por la mitad de mujeres.

Las organizaciones aseguran que unirán esfuerzos con el fin de que la ciudadanía se encuentre permanentemente informada y de esta forma se empodere para que obligue a sus representantes a tomar las mejores decisiones por el bien del país.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3714:cejil-exige-transparencia-en-la-eleccion-de-magistrados-de-la-corte&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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AJD y CEJIL lanzan campaña para exigir transparencia en elección de nueva Corte Suprema de Justicia

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

 

Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México

Tomando en cuenta la próxima elección de Magistrados y Magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), lanzan la campaña “Con la Justicia No se Juega”.

La campaña,  pretende generar conciencia sobre la importancia de la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

“Nosotros hemos considerado que esta es una elección fundamental ya que es el máximo órgano que administra justicia y en toda democracia debe existir una adecuada independencia de poderes y por eso a quienes se nombren ahora para la CSJ,  van a servir de pesos y contrapesos de los abusos de poder de otros miembros del Estado”, dijo Aguiluz.

Entonces esta campaña lo que pretende es sensibilizar al ciudadano,  porque debe interesarle este tema,  que no debe ser una decisión solo de los que están en Tegucigalpa o solo de una determinada elite, debe ser una decisión en la que la gente se involucre, reiteró.

¿Cómo se pueden involucrar?. Primero exigiendo los principios de transparencia y de publicidad. Exigiendo que las personas que sean nombradas sean las mejores personas, que haya un perfil previo que deje claramente establecido que vínculos tiene, que formación tiene cual ha sido su experiencia y su conducta, entre otras cualidades y formación.

La campaña llegará a la población a través de los medios de comunicación, tales como: Radio, Televisión, redes sociales, periódicos digitales y durará hasta el mes de enero que es cuando se deberá elegir la nueva Corte Suprema de Justicia.

Le consultamos como hacer que los diputados que son quienes tienen la elección final, elijan los mejores hombres y mujeres y apunto que si el pueblo se involucra, se entera y se informa, podrán influir en sus respectivos representantes (diputados de su departamento),  para exigirles que voten por los candidatos más idóneos para el puesto.

Aguiluz señaló que una falencia hasta ahora es la no equidad de género,  ya que de los 14 nominados a la junta, tan solo una es mujer y va de suplente y lo señaló como uno de los elementos terribles de esta junta nominadora que no ha respetado que la mitad de las hondureñas son mujeres y es preocupante pensar cómo van a elegir y solamente son hombres.

AJD y CEJIL como organizaciones expertas en el tema de independencia judicial, además, de la campaña, estarán siguiendo de cerca la elección de los nuevos magistrados y magistradas, con el fin de darle a conocer a la población y a organismos internacionales, el desarrollo del proceso, y en su caso, las posibles irregularidades que surjan de la labor de la Junta Nominadora y del Congreso mismo.

Las organizaciones aseguran que unirán esfuerzos con el fin de que la ciudadanía se encuentre permanentemente informada y de esta forma se empodere para que obligue a sus representantes a tomar las mejores decisiones por el bien del país, tomando en cuenta que lo que está en juego es la garantía de derechos y la posibilidad de todos y todas de acceder a jueces y juezas independientes que actúen conforme al derecho y no con base en presiones de grupos de poder.

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD): fundada en el 2006, la AJD es una asociación de juezas y jueces comprometidos con la independencia judicial, las reivindicaciones gremiales y los procesos democráticos. La AJD tiene domicilio en San Pedro Sula y  representación en toda localidad de la República que sea sede de más de un juzgado o Tribunal jurisdiccional.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL): fundado en el año 1991, tiene como misión contribuir al goce de los derechos humanos en el continente americano mediante el uso eficaz del Sistema Interamericano (SIDH) y de otros mecanismos de protección internacional de derechos humanos. CEJIL tiene alcance continental con oficinas en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica.

Fuente: http://criterio.hn/ajd-y-cejil-lanzan-campana-para-exigir-transparencia-en-eleccion-de-nueva-corte-suprema-de-justicia/

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¿Por qué en Honduras no hay magistradas garífunas, o defensores de DD.HH. integrando la Corte?

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¿Por qué en Honduras no hay magistradas garífunas, o defensores de DD.HH. integrando la Corte?
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Los jueces y magistrados hondureños deberán tener al menos los siguientes requisitos básicos para integrar la Corte Suprema de Justicia: independencia e imparcialidad, conocimiento legal, honorabilidad y una historia de conducta intachable, habilidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita, compromiso con la protección de los derechos humanos, conocimiento de las condiciones sociales y jurídicas de las decisiones tomadas y compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial.
Así lo manifestaron los miembros de una misión internacional de juristas en el foro “Perfil Idóneo de los Magistrados(as) de la CSJ y procedimiento transparente e imparcial para su elección”, coordinado por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) para evaluar el proceso de nominación y elección de los futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Los especialistas coincidieron en que es importante transparentar el proceso de selección para que los sectores como las mujeres o indígenas, o juristas defensores de derechos humanos e inclusive abogados no ligados a los grupos de poder integren la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras.
La comitiva está integrada, por el Juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina, Omar Palermo (Argentina), el Magister en Derecho y Economía, Alejandro Cacace (Argentina), ex colaborador del Relator  de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Roberto Garretón (Chile)  ex miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y actual Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y la experta hondureña Ivania Galeano Magister en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y actualmente Asesora jurídica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Opiniones

Omar Palermo
Juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina
“La salida es una reconstrucción a la legitimidad del Poder Judicial, se manifiesta con que el Poder Judicial se muestre firme, autónomo frente al poder político, esto es, a veces es permeable a los grupos de poder”.
Adujo que “si el poder político en una madrugada destituye a cuatro magistrados de la Corte Suprema y no pasa nada, es muy difícil pensar que vamos a tener un Poder Judicial autónomo del poder político y termina nominando a los seleccionados”.
El jurista aseguró que “es importante que el Poder Judicial sea autónomo del poder real, la manera de cómo se redefine las relaciones del poder judicial con los grupos vulnerables, por ejemplo; para el proceso penal, los trabajadores de la tierra son criminalizado”.
A su criterio, es importante señalar que no hay en la Corte Suprema, magistrados que sean defensores de Derechos Humanos y añadió que “lo que no cambia la política, lo cambia la gente”.
Roberto Garreton, 
Abogado por la Universidad de Chile, reconocido defensor de derechos humanos en la dictadura militar.
Garretón lamentó que no hay una percepción de confianza de la ciudadanía en la Junta nominadora, por lo que la sociedad civil debe impulsar formas de transparencia del proceso.
“El sentimiento que hay en el pueblo hondureño es que esos 15 miembros de la CSJ ya están elegidos, o lo van a hacer sin ninguna dificultad, y si el procedimiento que se utilice va a llevar a ese resultado es muy malo. La primera cosa es que no hay procedimientos perfectos, entonces hay que buscar un sistema que transmita a la población que el proceso no está ensuciado por arreglos previos entre partidos políticos, entre religiosos, entre grupos preferentes etcétera…”.
“El sistema de la Junta Nominadora tiene cosas positivas, pero tiene espacios que presentan varios desafíos. Por ejemplo, porqué estas siete organizaciones y no otras, o porqué nomás 20, o bien porque no ha sido elegido miembro de la CSJ algún abogado que haya sido defensor de los derechos humanos, porque nunca ha llegado un abogado garífuna o del pueblo indígena, porqué nunca ha llegado un pobre, o porqué tan pocas veces han llegado mujeres…todo esto son cosas que tienen que asumirse por un proceso transparente, igualitario y que todas las personas que se vayan a postular sepan que tienen las mismas posibilidades de ganar que los demás”, subrayó.
Ivania Galeano,
Magister en derechos humanos, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
“Algunos casos que se han puesto en la palestra por organizaciones de derechos humanos y sociedad civil son la criminalización de las y los defensores de derechos humanos y comunicadores, criminalización de defensores de territorio, de pueblos indígenas y garífunas, la agudización de medidas de prisión preventiva que inicialmente se otorgaban en el proceso acusatorio en excepcionalidad, ahora es de manera automática”.
“En Honduras tenemos bien claro lo que sucede cuando un poder del Estado esta cooptado y al servicio de otro poder del Estado, también está clara la situación de los derechos humanos, no solo en la población de vulnerabilidad sino del goce de los derechos de todas y todos los hondureños”.
En el país “otorgan la impartición de justicia a jueces y juezas que no están exentos de este tipo de coacción en la impartición de justicia en el control territorial, mecanismos de seguridad, de control ciudadano al servicio de un poder económico empresarial, el poder judicial no ha estado al servicio de la generalidad y menos a la tutela de los derechos fundamentales”, aseveró Galeano.
En este contexto nos encontramos en la elección de magistrados, en este momento de formación de la junta nominadora, “hemos fracasado con la junta nominadora”, dijo la defensora, como resultado de la recopilación de información de la misión internacional.

Alejandro Cacace, 
Abogado constitucionalista y Magister en derecho y economía,
colaborador del Ex Relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados
“Creo que debemos limitar la discrecionalidad del poder político en la remoción y asignación de los jueces a efecto de preservar la independencia”, aseguró Cacace.
En este ámbito, se pone en riesgo el poder de preservar la independencia, ejemplifico que “si yo como presidente de un país puedo nominar a quien quiero, que pase de una manera disimulada, secreta, encubierta, entonces no puedo tener ningún cuidado a quien nomino”.
Cacace describió que el caso de la reforma constitucional de Honduras en el 2001, la incorporación de la junta nominadora, son sistemas híbridos, porque originariamente eran de designación puramente política y ahora mixtos con la incorporación de organismos de carácter técnico, con una composición plural.
En la representación “hay que procurar que no haya dominación política dentro de sus órganos, la fuerte integración de los jueces, establecer ciertas salvaguardas, para evitar que caigan presas de la captura del poder político y establecer criterios objetivos para la selección”, finalizó el jurista.

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Conadeh investiga injerencia de Teodoro Bonilla

6 de Agosto de 2015

08:24PM  –  Redacción  

Según el togado el expediente abierto por el Conadeh responde a la denuncia realizada la semana anterior por el exjuez de sentencia José Dimas Agüero Echenique.

El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, fue uno de los entrevistados por personeros del Conadeh.
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, fue uno de los entrevistados por personeros del Conadeh.

Tegucigalpa, Honduras

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) abrió un expediente de investigación por la supuesta injerencia del Consejo de la Judicatura en el actuar de los jueces del Poder Judicial.

Este jueves, ante los tribunales de sentencia se presentaron dos personeros del Conadeh para tomar la declaración del presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz.

Según el togado el expediente abierto por el Conadeh responde a la denuncia realizada la semana anterior por el exjuez de sentencia José Dimas Agüero Echenique.

“El Comisionado Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente en el caso de David Romero (acusado de difamación e injurias), ya el compañero José Dimas Agüero Echenique habría ofrecido su declaración al comisionado y yo lo hice el día de hoy”, informó.

“He ofrecido mi declaración ratificando la acusación en contra del señor vicepresidente del Consejo de la Judicatura”, agregó.

Y es que el ahora subdirector de la Defensa Pública denunció que el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, lo visitó personalmente para indicarle que la orden “del hombre” era que Romero fuera enviado a prisión.

En su denuncia Agüero Echenique dijo que Bonilla se refería al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sin embargo, hace dos días aclaró que el consejero no le dio nombres, pero él asumió que era el presidente.

Pero la investigación sobre la supuesta injerencia del Consejo de la Judicatura también la realiza de oficio la Fiscalía de Investigación de Funcionarios del Sector Judicial.

Fiscales de esa unidad también conocieron los testimonios de Agüero Echenique y del abogado Díaz.

Este último dijo ayer que los fiscales le consultaron sobre qué conocía del caso en el que se denunciaba directamente a Bonilla, además denunció dos hechos en los que observó cuando se presentó el inspector de tribunales ante la oficina de Agüero Echenique para preguntar por qué se había suspendido el juicio el pasado 11 de junio.

“El Consejo de la Judicatura no puede ni siquiera intervenir en asuntos jurisdiccionales, menos decirle a los jueces cómo deben de resolver los casos”, expresó.

Sobre este caso tanto el Conadeh como el Ministerio Público tomarán la declaración de Teodoro Bonilla para continuar con la investigación del caso.

Ayer, nuevamente EL HERALDO intentó obtener una entrevista con Bonilla, sin embargo, los mensajes de texto enviados a su teléfono celular ni las llamadas fueron contestadas.

EL HERALDO también dejó en su buzón de voz varios mensajes con la idea de que las llamadas fueran regresadas pero esto no sucedió.

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Jueces de Centroamérica exhortan a transparentar selección de la CSJ

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Jueces de Centroamérica exhortan a transparentar selección de la CSJ
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Cerca de una veintena de jueces centroamericanos, miembros de las Asociaciones de Juezas y Jueces Democráticos (FCAID) instaron al Congreso Nacional por transparentar el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras.
El llamado fue realizado en el marco de la tercera Asamblea de la Federación Centroamericana de Asociaciones de Juezas y Jueces Democráticos (FCAJD), realizada en Tegucigalpa entre el 31 de julio y 1 de agosto.
En la reunión los juristas debatieron sobre condiciones y desafíos de nuestros poderes judiciales en región y anunciaron la presencia, en enero próximo, de una misión de acompañamiento que observará la elección de los magistrados por el Poder Legislativo.
“Como parte de las deliberaciones hemos conocido que nuestra asociada hermana la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), ha iniciado actividades para incidir en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, evento que tendrá lugar a finales de enero del 2016”, indicaron en un comunicado público.
Junta Nominadora
El proceso de selección de los futuros magistrados inicio en julio de este año con el llamado a integrar la Junta Nominadora, ente que será el encargado de elaborar un listado de 45 candidatos, del cual finalmente se elegirán los 15 magistrados titulares de la CSJ.
Para la FCAJD, “los momentos para la elección de magistrados de las cortes supremas, deben realizarse estableciendo con total independencia, un índice de criterios objetivos y bajo un procedimiento publicitado, transparentado, fundamentando los motivos de inclusión”.
Poderes fácticos
El mismo,-sostuvieron- debe permitir “la rendición de cuentas y participación de la ciudadanía en el proceso de selección y elección. Y bajo ninguna circunstancia, estos procesos deben ser aprovechados por los partidos políticos y poderes fácticos para llevar a esos cargos a  profesionales comprometidos con sus mandatos.
En el caso de Honduras, “estimamos que tanto en el proceso de selección, lo que debe prevalecer es un perfil idóneo en el que sobresalgan la experiencia, los méritos profesionales y las capacidades demostradas en el ejercicio de la función jurisdiccional o en el desempeño profesional. De preferencia los futuros magistrados deberían ser profesionales reconocidos por su trayectoria independiente y de compromiso con la institucionalidad democrática”, puntualizaron.

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Escoja profesión: ¿juez o sicario?

31/07/2015
Opinión

Nueve de cada diez hondureños y hondureñas no tienen ninguna confianza en el sistema de administración de justicia de Honduras. Desde que un embajador norteamericano parodió que “en este país la justicia era una serpiente que solo mordía a los descalzos”, la situación, en vez de mejorar, ha venido empeorando de manera acelerada. Las estadísticas no son mejores incluso al interior de la misma Corte Suprema de Justicia, donde nueve de quince magistrados, en carta pública, denunciaron la intervención vergonzosa del Consejo de la Judicatura en los asuntos jurisdiccionales propios de los jueces.

 

¿Qué pasa con la justicia en Honduras? Simple: Lejos de ser un poder del Estado independiente, el Poder Judicial está sometido al poder político. En un hecho sin precedentes de ilegalidad y desvergüenza, se destituyó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se adelantó el nombramiento del Fiscal General del Estado y del Consejo de la Judicatura, se ha prometido reelección a algunos magistrados o, lo que es peor, se habla de dejar la misma Corte Suprema de Justicia, el resultado: Un Poder Judicial totalmente politizado y sin ninguna credibilidad.

 

Durante 20 años nuestra sociedad, en un consenso necesario, se dedicó a tratar de mejorar la justicia en Honduras, se reformó la Constitución, se dictó un nuevo Código Procesal Penal, se estableció un nuevo procedimiento para elegir magistrados y magistradas, se capacitó a jueces, fiscales, litigantes y docentes, se dictó la Ley del Consejo de la Judicatura, recibimos apoyo de expertos internacionales y países amigos, se aumentaron presupuestos ¡CUÁNTO ESFUERZO! Todo terminó cuando desde el poder político, se decidió que se necesitaba tener el control del Sistema de Administración de Justicia.

 

Los jueces honestos y docentes, ruegan al cielo y bajan todos los santos, pidiendo que no les llegue un “juicio de alto impacto”, pues saben que la orden superior les exigirá que actúen conforme los intereses políticos, se les ordenará que cometan SICARIATO JUDICIAL. No importa cuántos años de carrera judicial tengan, ni su hoja limpia de servicio, ni las capacitaciones y profesionalización alcanzadas, ni el respeto y estima de los demás colegas y litigantes, ni el aprecio que la sociedad haga de ellos, frente a la orden superior tienen que decidir entre ser JUECES o convertirse en SICARIOS. El Consejo de la Judicatura, se encarga de reclutar y premiar a los SICARIOS y de “depurar”, suspender, trasladar o despedir a los jueces honestos.

 

Con asombro e indignación hemos presenciado que muchos jueces, han sido suspendidos sin justa causa, solo por no acatar la orden superior. Primero fue suspendida la jueza Nelly Martínez, después la jueza María Dolores López y el juez Melvin Bonilla, denunció estos hechos y ofreció su renuncia, antes de ser suspendido, voces a las que se unen las denuncias del juez Gustavo Escoto de Nacaome y la del presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, el juez Mario Díaz. No importa que la ley señale con claridad que el juzgamiento de los delitos corresponde a jueces independientes e imparciales sometidos únicamente a la Constitución y a la ley. Mientras tanto, el Ministerio Público encargado de investigar y corregir estos abusos, continúa guardando un silencio cómplice. No es casualidad que el gobierno de Honduras esté demandando y será condenado por violación a la independencia judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Lo ocurrido recientemente con el periodista David Romero Ellner, solo nos recuerda lo que sentenció el poeta y abogado guatemalteco en plena guerra, en la década perdida de los ochentas: “Cuando se pierde la fe en las leyes y en quienes las aplican, solo quedan las medidas de hecho”. No debemos permitir que continúen destruyendo la institucionalidad democrática del Estado.

 

Nos unimos al clamor de la sociedad hondureña porque se instale la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIH y llamamos a todos los hombres y mujeres de buenas voluntad, para que no dejemos de luchar, que al igual que estos magistrados y jueces valientes, sigamos denunciando la ilegalidad y la injusticia; confiemos que algún día Honduras será diferente, y por fin tendremos un país con una justicia que lo ampare.

 

Boletín de noticias de Comunicación Comunitaria.

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Honduras: Jueces advierten “continuismo” en la Corte Suprema de Justicia y presentan propuesta para elección

sábado, 25 de julio de 2015

Por: Redacción CRITERIO  redacción@criterio.hn  

Los nueva CSJ fungirá por el período 2016-2023

Tegucigalpa./Honduras. La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), presentó una nueva propuesta para la elección de una nueva “Corte Suprema de Justicia Independiente”, proceso que ha iniciado con la convocatoria de las siete organizaciones que por Ley les corresponde integrar dicho mecanismo.
 Mediante un comunicado hecho público en las últimas horas, señalan que el  proceso de selección y elección debe tomar en cuenta a profesionales que respondan a “un perfil profesional y de idoneidad ética que les legitime para los retos o desafíos de recuperar la dignidad y la independencia del Poder Judicial”.

Quince nuevos jueces del más alto tribunal del país, deberán ser  electos de una nómina de candidatos propuesta por la Junta Nominadora.

 La AJD, advierte, del peligro que el actual proceso de elección de lugar al continuismo o una forma de “reelección” ilegal de los actuales magistrados de la CSJ, por la vía de invocar la aplicación del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, señalan que “semejante proceder seria a todas luces repudiable y desde ya denunciamos su inconstitucionalidad”, comprometiéndose  a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional.
 Según el artículo 80, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, aprobada dos días antes de finalizar el congreso anterior, establece que “Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.
 La propuesta  de los juristas plantea la aprobación de un “mecanismo confiable, participativo e imparcial”, que permita transparentar este proceso y que desactive la politización partidaria, mediante la emisión de un Reglamento de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora.
 Según los togados dicho mecanismo debe “respaldarse en un procedimiento que permita una amplia participación de la ciudadanía en este proceso, para tal efecto se debe instalar una veeduría que demande a la Junta Nominadora y a los representantes de los entes nominadores a rendir cuentas sobre el procedimiento y decisiones que asuman en la selección de los candidatos”.
 De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución de la República, la junta deberá estar integrada, por un representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el voto favorable de las dos terceras partes de los Magistrados, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, electo en Asamblea, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un Representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), electo en Asamblea, un Representante de los Claustros de Profesores de las Escuelas Ciencias Jurídicas, cuya propuesta se efectuara a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante electo por las organizaciones de la Sociedad Civil y un representante de las Confederaciones de Trabajadores.
 Los jueces y magistrados advierten que no basta con que para este proceso se realicen audiencias públicas si no hay trasparencia y rendición de cuentas respecto a la selección de los 45 candidatos o candidatas.
 Los abogados hacen un llamado al Congreso Nacional a que la elección final de los nuevos 15 magistrados y magistradas “debería realizarse en el marco de un debate que posibilite a la ciudadanía conocer las cualidades que ponderan a cada uno de los candidatos y candidatas, por lo que es necesario que el listado de los 45 candidatos y candidatas sea presentado al Congreso Nacional por lo menos un mes antes de la elección”.
 http://criterio.hn/jueces-advierten-continuismo-en-la-csj-y-presentan-propuesta-para-eleccion/

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Sociedad civil urge una Corte Suprema de Justicia independiente

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Sociedad civil urge una Corte Suprema de Justicia independiente
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Con la convocatoria de los representantes de las siete organizaciones que conforman la Junta Nominadora, el Congreso Nacional, oficializó este miércoles el inicio del proceso para la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso para el que la sociedad hondureña demanda el cierre de espacios para componendas políticas o intereses personales.
De conformidad con la Ley que regula el proceso que culminará con la elección de los nuevos magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, entre el 01 y el 31 de julio el Congreso Nacional convocará a la conformación de la Junta Nominadora y a dar inicio al proceso de selección de los precandidatos(as) a magistrados(as) de este Alto Tribunal.
Para la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD),  “este proceso de selección y elección de la Corte Suprema de Justicia, necesariamente debe convertirse en un escenario que posibilite que los nuevos Magistrados(as) a seleccionar y elegir, respondan a un perfil profesional y de idoneidad ética que les legitime para los retos o desafíos de recuperar la dignidad y la independencia del Poder Judicial”.
En un comunicado público divulgado este miércoles calificaron como un “momento histórico por el que atraviesa nuestro país”, debido al debilitamiento generalizado de las instituciones del sistema de justicia, de cuestionamientos y exigencias desde la ciudadanía indignada de luchar de manera firme contra la corrupción y la impunidad que corroe al aparato estatal.
Igualmente, señalaron que existe una demanda para que los nuevos magistrados y magistradas sean personas independientes, con méritos y capacidades demostradas en el ejercicio de la función jurisdiccional o en el desempeño profesional.
“Esta elección de la Corte Suprema es crucial para empezar a recomponer la marcada crisis del sistema de justicia, para ello es importante que se empiece por restaurar la confianza en el Poder Judicial, y en esto el punto de partida es que la próxima Corte Suprema sea verdaderamente independiente. Correspondiéndole a la ciudadanía un rol estelar y a las bancadas de los partidos políticos la responsabilidad de responder para que esto sea posible”, subrayaron.
Este proceso de elección de los magistrados(as), es considerado además como “un peligro” considerando que podría dar lugar al continuismo o una forma de “reelección” ilegal de los actuales magistrados de la CSJ. En ese caso, la “reelección” –indicaron-se podría realizar por la vía de invocar la aplicación del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

 

Del mismo modo, la AJD planteó como propuesta para reconducir este proceso lo siguiente: 
a. La aprobación de un mecanismo confiable, participativo e imparcial para la elección de los Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, que permita transparentar este proceso y que desactive la politización marcadamente partidaria de este proceso. Este nuevo mecanismo puede materializarse mediante la emisión de un Reglamento de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora. 
b. Este mecanismo debe respaldarse en un procedimiento que permita una amplia participación de la ciudadanía en este proceso, para tal efecto se debe instalar una veeduría que demande a la Junta Nominadora y a los representantes de los entes nominadores a rendir cuentas sobre el procedimiento y decisiones que asuman en la selección de los candidatos(as). Sumado a ello, debe instalarse un procedimiento para conocer las hojas de vida de los candidatos y la posibilidad de interponer de manera fundada tachas o impugnaciones. 
c. En este nuevo mecanismo o procedimiento se debe contemplar que el listado final de los 45 candidatos(as) que seleccione la Junta Nominadora, debe respaldarse en una explicación clara y motivada de los méritos y capacidades de las y los que resulten seleccionados. Y desde ya advertimos que no basta que para este proceso se realicen audiencias públicas si no hay trasparencia y rendición de cuentas respecto a la selección de los 45 candidatos(as). 

d. La elección final de los 15 magistrados(as) en el Congreso Nacional debería realizarse en el marco de un debate que posibilite a la ciudadanía conocer las cualidades que se ponderan en cada uno de los candidatos(as). Por lo que es necesario que el listado de los 45 candidatos(as) se presente al Congreso Nacional por lo menos un mes antes de la elección. 


Mauricio Oliva: “En este proceso no debe haber espacio para arreglos políticos”

Luego de reunirse con los representantes de las siete organizaciones en el Salón de Retratos del Congreso Nacional, en conferencia de prensa, el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, anunció que de acuerdo a lo que señala la Constitución de la República y según el cronograma para elegir la próxima CSJ, durante el mes de julio, ese poder del Estado está en la obligación de notificar a las instituciones que señala la carta magna para nombrar a sus representantes propietarios y suplentes que conformarán la junta nominadora.
En la reunión de esta mañana participaron la magistrada Silvia Santos en representación de la CSJ y quien presidirá la junta proponente; la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores; el delegado de las centrales obreras, Hilario Espinoza; el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José Luis Valladares; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres; el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, quien se encargará de coordinar la elección de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, encargada de convocar a los claustros de profesores de las cinco facultades de ciencias jurídicas para que elijan también a sus delegados.
Oliva ilustró que la Constitución señala que los representantes propietarios y suplentes de esas organizaciones que integran la Junta Nominadora, deben estar nombrados y en posesión de sus cargos a más tardar el próximo 1 de septiembre para que inicien el proceso de nominación y selección de 45 candidatos a magistrados de la CSJ que serán presentados al pleno del Congreso Nacional para que de esa nómina, sean seleccionados los 15 abogados que conformarán el máximo tribunal de justicia del país.
Subrayó que solamente en dos momentos de ese proceso aparece el Congreso Nacional; hoy cuando se hace la notificación señalándole a las organizaciones la obligación de nombrar a sus representantes y el segundo es cuando recibe la nómina de los 45 aspirantes propuestos.
“En este diálogo, creo que no habrá espacio para componendas políticas, intereses personales y también para procesos de descalificación que vienen del exterior. Yo creo en la firmeza de carácter, creo en la tolerancia de quienes integrarán la comisión y sobre todo en la objetividad en el enorme compromiso que tienen con Honduras, en momentos cuando el sector justicia y los operadores de la misma, tienen exigencias de varios sectores del país”, comentó Oliva.
Confió que en enero próximo, la Cámara Legislativa, tendrá como producto una CSJ que lleve al país por la senda de la superación en la impartición de la justicia de la mejor manera.

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Restringen derecho a participación de jueces en el Segundo EPU

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) denunció que el Poder Judicial les restringió su derecho de participación en el segundo Examen Periódico Universal (EPU), en Ginebra, Suiza.

Por medio de un comunicado, emitido el 6 de mayo, la AJD, expresó que “siendo actores de este proceso del EPU que se realizará al Estado de Honduras el 8 de mayo en Ginebra, Suiza, lamentamos la restricción de derechos de que ha sido objeto el juez Mario Rolando Díaz, presidente de la Junta Directiva de AJD, a quien las autoridades judiciales se rehusaron a autorizarle un permiso para ausentarse de sus funciones y participar en este evento internacional en representación de nuestra asociación y de la plataforma de organizaciones de la sociedad civil”.

“Deploramos esta limitación al derecho legítimo de la AJD y del colega Mario Rolando Díaz en el mecanismo del EPU, el cual prevé la participación de todos los actores interesados en este proceso. Esto contraria el espíritu de la Organización de las Naciones Unidas respecto a la obligación de los Estados de colaborar con las organizaciones de sociedad civil para que puedan participar en eventos de esta naturaleza”.

“Hechos como el que hoy denunciamos hacen patente la restricción de derechos que se manifiesta actualmente en el Poder Judicial de Honduras en contra de las voces críticas, especialmente aquellas que se oponen a la práctica de la prueba de polígrafo a los jueces (zas) y magistrados (as).

Se envió un correo electrónico, al portavoz judicial Melvin Duarte para obtener la versión institucional por ese medio, a través del teléfono móvil o por medio de una entrevista personal. Al cierre de la edición, respondió que podría atender la consulta “una vez que el Señor Presidente de la CSJ a quien le fue dirigida la petición, regrese al país. En este momento no cuento con la información oficial sobre lo señalado”.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/restringen-derecho-participaci%C3%B3n-de-jueces-en-el-segundo-epu

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Piden que reajuste presupuestario a la CSJ se utilice en contratar más jueces


  • Sábado, 09 Mayo 2015 13:37

Piden que reajuste presupuestario a la CSJ se utilice en contratar más jueces

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, pidió que el reajuste presupuestario para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por 90 millones de lempiras, se destine a la contratación de más impartidores de justicia.

A inicios de mayo, el diputado nacionalista por Olancho, Francisco Rivera, presentó una iniciativa para otorgarle un ajuste presupuestario de 90 millones de lempiras a la CSJ.

Explicó que los fondos servirán para completar el tres por ciento que la Constitución de la República le otorga para el funcionamiento del Poder Judicial.

“La Constitución establece que de los ingresos tributarios debe dársele ese porcentaje como mínimo a la Corte Suprema y es lo que hacemos para cumplir el precepto constitucional”, explicó Rivera.

Aseguró que el proyecto de ley no se había presentado antes porque había que estimar números, cifras y otros ajustes para ver de dónde se sacaba el dinero.

En ese sentido, Díaz arguyó que se necesitan togados tanto en los juzgados de letras como en los tribunales de sentencia, donde existe una gran sobrecarga, mientras que en necesario instalar al menos una sala más con jurisdicción nacional.

Añadió que esos gastos más el incremento salarial que están exigiendo los jueces, es que se deben invertir esos 90 millones de lempiras de reajuste presupuestario.

Detalló que los salarios de los jueces varían dependiendo del ingreso y los años de servicio, pero anda en un promedio de 21 mil lempiras para un juez que recién ingresa y quien tiene unos 10 años de servicio, devenga entre 30 mil y 32 mil lempiras.

Subrayó que no existe ninguna garantía que esos 90 millones de lempiras se vayan a invertir en la contratación de más jueces y en el incremento salarial, únicamente se cuenta con la promesa de los miembros del Consejo de la Judicatura quienes están interesados en otorgarles un buen estímulo económico pues conocen sus necesidades.

“Nosotros esperamos que esa palabra se cumpla y que efectivamente los jueces y demás empleados del Poder Judicial tengamos un aumento acorde a las necesidades básicas que hay y al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras”, puntualizó.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/102134-piden-que-reajuste-presupuestario-a-la-csj-se-utilice-en-contratar-m%C3%A1s-jueces.html

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Asociación de jueces por La Democracia interponen recurso en contra de pruebas de confianza

El entrevistado dijo que están en contra de las mismas principalmente porque son miembros de Las Fuerza Armadas, quienes las están aplicando y consideran que no es el ente apropiado para hacer las pruebas.

Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, interpuso recurso de inconstitucionalidad con suspensión del acto reclamado en contra de las pruebas de confianza en el poder Judicial.

El entrevistado dijo que están en contra de las mismas principalmente porque son miembros de Las Fuerza Armadas, quienes las están aplicando y consideran que no es el ente apropiado para hacer las pruebas, aclaro que no están en contra de la evaluación pero que se haga de forma objetiva imparcial y con métodos técnicos.

Evaluaciones psicológicas, sicométricas y polígrafo son las pruebas que iniciaron hoy en el poder judicial para todos empleados de ese poder del estado. Autoridades dieron a conocer que las pruebas de polígrafo son aplicadas en diferentes salones.

En toral son veinte jueces del Poder Judicial los sometidos a las pruebas de confianza en la sede de la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado (DIIE)

A la evaluación habían sido convocados 21 jueces, pero una jueza no se hizo presente, dijo Celino Aguilera, miembro del Consejo de la Judicatura.

El propósito de estas pruebas es darle confiabilidad a la población hondureña con la certificación de los administradores de justicia, dijo el consejero.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/asociaci%C3%B3n-de-jueces-por-la-democracia-interponen-recurso-en-contra-de-pruebas-de-confianza

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Derechos humanos Honduras: Recuerdan que gobierno no ha cumplido a Consejo de la ONU

lunes, 16 de febrero de 2015

Miembros de la comunidad LGTB asistieron a escuchar la conferencia de los representantes de la Plataforma EPU Honduras.
Tiempo.hn/  Domingo, 15 Febrero 2015 – 22:15 SAN PEDRO SULA-
Más de cincuenta organizaciones, agrupadas en la Plataforma EPU Honduras, denunciaron que las violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la violencia “se han agravado” y el gobierno, en lugar de fortalecerlas, ha degradado a las instituciones defensoras.
La denuncia la formularon a ocho días de haber terminado el plazo que el gobierno de Honduras tenía para enviar a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la situación en el país.
“Terminó el plazo  para que gobierno hiciera consultas y presentara el informe. Hasta la fecha, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, no conocemos el informe”, dijo Tirza Flores, miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) quien participó en una conferencia de prensa, la semana anterior.

Flores, Juan Mejía, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Mario Chichilla, miembro de Caritas, y Javier Tejada, presidente de la comunidad LGTB y personas con VIH, y Carolina Sierra, coordinadora del Foro Mujeres por la Vida, denunciaron “la gravedad” en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Sula.

Las organizaciones hacen las críticas y las advertencias porque el Estado de Honduras, representado por funcionarios del gobierno, deberá comparecer el próximo 8 de mayo al segundo Examen Periódico Universal  (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

Flores aclaró que las organizaciones reconocen que el actual gobierno ha creado instituciones y ha reformado leyes, no obstante, estas acciones no han surtido el efecto esperado para cumplir las 129 recomendaciones que el 4 de noviembre de 2010 le formularon para disminuir las violaciones a los derechos humanos.

En mayo, según los miembros de esas organizaciones, al comparecer en Ginebra, los representantes del gobierno de Honduras llevarán como temas la aprobación del femicidio, la creación del Consejo de la Judicatura, la reducción de la tasa homicidios por cada 100 mil habitantes, y acusarán a los activistas de derechos humanos de denigrar la imagen del país.

“El Estado ha comenzado a enfilar las baterías en contra de nuestras organizaciones, dice que estamos manchando la integridad del país. La lucha de los derechos humanos es a favor de la vida y contra la muerte”, dijo Juan Mejía en la conferencia.

Según los miembros de esa plataforma, la administración actual, para el caso, degradó el estatus de la Secretaría de Derechos Humanos al convertirla en subsecretaría. Igualmente sucedió al eliminar el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y abrir la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

AMENAZA A LA SALUD
Javier Tejada, presidente de la comunidad LGTB y personas con VIH, dijo en la conferencia que el nuevo sistema de salud que promueve el gobierno amenaza los derechos humanos porque limita el acceso a la medicina a pacientes de ciertos tipos de enfermedades.

“Nos da temor la estructura de salud que viene. Afectará a los pacientes con VIH, diabetes, a los enfermos renales y con cáncer porque habrá un encarecimiento de los medicamentos”, dijo.
El 14 y 15 de enero, según Tejada, al visitar Honduras, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, “vio los destrozos que hay en el país y las violaciones a los derechos humanos que se están dando”.

http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/19463-derechos-humanos-recuerdan-que-gobierno-no-ha-cumplido-a-consejo-de-la-onu

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Corte IDH podría condenar a Honduras y sentar un verdadero precedente de independencia judicial

Feb 06, 2015

La Corte Suprema en Honduras, CSJ abusó de su poder, trasgredió obligaciones internacionales y de su propia legislación, para dejar un precedente: si desafían al poder, si actúan de forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados porque en el poder judicial no hay cabida para la crítica.

Así describió el accionar del Poder Judicial en Honduras, Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), en el caso de los tres jueces y una magistrada destituidos luego de denunciar las violaciones y arbitrariedades ocurridas en el marco del golpe de Estado de 2009.

Los días 2 y 3 de febrero, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llamaron al Estado de Honduras, a través de la audiencia del caso López Lone y otros vs. Honduras,  a adoptar medidas prontas que garanticen jueces y juezas independientes y así lograr que todas las personas en el país tengan acceso a la justicia.

El juicio se abrió escuchando a las víctimas y peritos, quienes dieron sus opiniones en estos despidos que tienen una vinculación  directa con la aplicación de justicia en Honduras. En la comparecencia el abogado Guillermo López Lone, una de las víctimas del caso, se refirió a los despidos arbitrarios que sufrieron él y los jueces Luis Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, así como también la magistrada Tirza Flores.

Ese primer día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió la opinión experta de tres peritos. El señor Antonio Maldonado, abogado y ex asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, habló sobre el contexto de restricción de derechos humanos que caracterizó el golpe de Estado y sobre el rol que jugaron las máximas autoridades de diversas instituciones responsables de garantizar derechos humanos en dicho escenario.

Otra de las opiniones que recibieron los siete jueces que conforman  la Corte IDH, fue la de Leandro Despouy, ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, quien explicó que los despidos de los jueces y la magistradas están ligados a la violación al derecho de la libertad de expresión, ya que se les sancionó por la denuncia y las opiniones vertidas, lo que se convierte en caso de censura indirecta.

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El Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, declaró ante la Corte sobre las garantías que deben cumplir los procesos contra jueces y juezas y sobre los derechos y libertades que poseen. En particular, el perito Ibáñez realizó un exhaustivo análisis de la legislación vigente en Honduras y recomendó reformas para fortalecer la independencia en este país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representada, entre otros, por el Comisionado Jesús Orozco y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, apoyaron la tesis de las víctimas y solicitaron a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por los hechos.

“La decisión que esta Corte adopte en este caso  sentará un precedente en el resguardo de la democracia en la región y la salvaguarda del derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación y  derecho de participación, manifestó el relator para la libertad de expresión, quien además solicitó un pronunciamiento de la Corte IDH en este tema por su relevancia en términos de orden público interamericano.

El Estado ocupó su tiempo principalmente en alegar una falta de agotamiento de los recursos internos además afirmó que sí existían garantías internas de protección para las víctimas, postura que fue refutada por la Asociación de Jueces por la Democracia, CEJIL y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En representación del Estado hondureño, acudió el Sub Procurador General de la República, el abogado Jorge Abilio Serrano, quien dijo en su defensa que las motivaciones del Estado para terminar la relación laboral con los jueces y la magistradas están contenidas en la legislación nacional y que no afecta la Convención Interamericana de Derechos Humanos y leyes internacionales.

Marcia Aguiluz, directora del programa de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó durante la audiencia que  “la Corte Suprema hondureña abusó de su poder, transgredió las obligaciones internacionales del Estado y su propia legislación. Para sentar un precedente, la Corte escogió a estas cuatro personas, todas integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, y envió un mensaje claro: si desafían al poder, si actúan en forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados. No hay cabida para la crítica. Ahora está en manos de los jueces de la Corte Interamericana cambiar este desafortunado precedente y establecerlo en favor de la independencia judicial”.

Proceso 

Este es el primer caso que conoce la Corte IDH sobre hechos relacionados con el golpe de Estado y también es el primer caso sobre independencia judicial de un país centroamericano.

Luego de finalizar el juicio, la magistrada Tirza Flores Lanza manifestó, “después de tocar tantas puertas solo estar en la Corte Interamericana de DDHH ya es reparador. A nivel personal la presencia de mis hijos es importante. También lo es que se acredite en el juicio el contexto de un golpe de Estado. Y que muchas víctimas sientan que vamos abriendo camino.”

En su comparecencia el abogado Alfredo Ortega, defensor de los jueces y la magistrada, dijo que las víctimas actuaron como auténticos defensores de derechos humanos ya que realizaron una serie de acciones para reclamar la restauración del orden constitucional.

“En abogado Guillermo López Lone participó en una marcha donde 200 mil de personas pedían la restauración del orden constitucional. Él actuó no solo con el derecho de ser ciudadano sino como su deber. La magistrada Flores Lanza acudió al sistema de justicia hondureño a denunciar a los presuntos responsables del golpe de Estado y amparar al presidente que había sido violentamente expulsado. En el caso del juez  Luis Chévez de la Rocha fue hasta detenido por defender a un grupo de habitantes que protestaban y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad nacional. Y finalmente el abogado Barrios dictó una conferencia en su condición de catedrático universitario, donde manifestó que lo ocurrido en Honduras no era una sucesión constitucional, posteriormente se publicó un resumen de su comparecencia. Por estas acciones los jueces y la magistrada fueron destituidos arbitrariamente en un proceso en que entre otras violaciones, no garantizó el acceso a recursos  adecuados y efectivo”, dijo Ortega.

Aguiluz agregó que la reparación es integral. “La restitución no únicamente es importante para la vida de los jueces y la magistrada, sino por el mensaje que se enviaría al poder judicial y la judicatura hondureña, en cuanto a que si ejercen su libertad de expresión, si son críticos y son arbitrariamente despedidos esas actualizaciones eventualmente tendrán un acto de justicia y eventualmente van hacer reparados. Es importante que la Corte IDH deje claro que el reintegro no admite una justificación alguna. El reintegro no es sinónimo de perder la indemnización que les corresponde y que deben quedar en condiciones iguales a las que ellos tenían al momento del despido”, dijo la abogada defensora de los jueces y la magistrada.

El procedimiento aplicado a las víctimas carecía de normativas claras, eran ambiguas, no se contaba con la garantía del juez natural, no garantizaba el debido proceso. Esto estaba establecido en la ley de la carrera judicial y su reglamento, aunque a ellos se les aplicó 8 distintos instrumentos jurídicos.

¿Por qué es importante este caso?

Lo ocurrido a los jueces y la magistrada no es un caso aislado. En Honduras persiste un grave problema en cuanto al uso de procesos disciplinarios para sancionar, estos han servido como instrumento de control político e ideológico.

Desde Cejil han señalado que la Asociación de Jueces ya había ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear sus preocupaciones mucho antes de que hubiese ocurrido este caso. Luego en el 2012 el Congreso Nacional destituyó a 4 magistrados de la Sala Constitucional  sin ningún tipo de proceso porque se atrevieron, en ese momento, a desafiar al poder Ejecutivo.

Marcia Aguiluz recordó que “recientemente cuando se instaló el Consejo de la Judicatura y la Carrera judicial, entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, se anunció una depuración basada en la ley del Consejo que no tenía ninguna regulación disciplinaria y creando una directriz temporal y producto de ese régimen ad hoc, podríamos señalar que se han suspendido aproximadamente 28 jueces y se han destituido 29, vale llamar la atención que en esta nueva camada de arbitrariedades fue despedido el abogado Barrios”.

La Corte no debería permitir que los Estados de alguna manera realicen reformas que son meramente formales y que persisten en la incompatibilidad con las obligaciones internacionales como una forma de evadir el examen de esta honorable Corte, dijo la represente de Cejil.

Para el perito Andrés Ibañez es un tema de la ejecutividad de las resoluciones de la Corte y enviar de alguna manera ese mensaje de que tiene sentido venir a la Corte IDH para efecto de obtener justicia, y más aún en un caso como aquí corresponde.

“El presente juicio representa un hito histórico para los jueces y juezas de Honduras, así como para la sociedad hondureña que clama justicia y respeto a los derechos humanos. Estamos  convencidos que la resolución que tome la Corte Interamericana responderá a nuestras peticiones y servirá para reorientar tanto el régimen disciplinario en el poder judicial de Honduras, así como los derechos a la libertad de expresión, de organización y de asociación que tenemos los jueces de Honduras. Así como el derecho que tenemos de opinar en los diferentes temas que conciernen a la sociedad hondureña”, Mario Díaz, presidente de la AJD.

En sus comparecencias tanto los jueces como los peritos expresaron que la decisión de la Corte es trascendental pues permitirá establecer con mayor claridad las garantías al debido proceso y limitar así el uso arbitrario de los procesos disciplinarios para sancionar jueces que actúen en forma independiente.

Lea también: RESARCIR EL GOLPE AL CORAZÓN DEL ESTADO DE DERECH

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1586-corte-idh-podr%C3%ADa-condenar-a-honduras-y-sentar-un-verdadero-precedente-de-independencia-judicial

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In 2nd day of trial , Honduran judges say they acted in defense of human rights

Honduras

George Rodríguez

3 days ago

Lawyers for the four judges dismissed in Honduras for objecting to the country’s 2009 coup clashed with adversaries from the government on Tuesday at the closing of a hearing at the Costa Rica-based Inter-American Court of Human Rights.

The jurists sought the court’s help in restoring the constitutional order that had been broken in Honduras, said attorney Alfredo Ortega, with the Washington-based Center for Justice and International Law (Cejil), which is representing the former judges in the legal proceedings.

But an attorney for the Honduran government, Jorge Serrano, said the group’s lawsuit is inadmissible because the judges’ dismissal is based on national legislation.

In 2009, “the victims, acting as authentic defenders of democracy and human rights, carried out a series of actions to demand constitutional order be restored,” Ortega told the court in Cejil’s closing arguments for the two-day hearing.

The plaintiffs, Guillermo López, Luis Alonso Chévez, Ramón Enrique Barrios and Tirza Flores, are all members of the Asociación de Jueces por la Democracia (Judges’ Association for Democracy, or AJD).

The AJD voiced opposition to the bloody coup, which toppled Honduran President Manuel “Mel” Zelaya, who was sent into exile.

López “took part in a march in which more than 200,000 people demanded the return to the rule of law,” something that “for him was not only his right as a citizen, but also his duty,” Ortega said.

Chévez “was arbitrarily arrested for defending a group of demonstrators against the excessive use of force. At the same time, he questioned the Supreme Court’s response” to the coup, he added.

The Honduran Supreme Court backed the coup, calling it a “constitutional succession,” rather than a coup.

As a university professor, Barrios held a conference during which he stated that what had happened had not been a constitutional succession, Ortega said, adding that, “a summary of the conference was later published by local newspapers.”

Flores “resorted to the justice system to denounce those allegedly responsible for the coup d’etat, and to protect the president who had been violently expelled,” he added.

“For these actions, the judges and the magistrate were arbitrarily dismissed in a process that, among other violations, did not guarantee access to adequate and effective [legal] resources,” Ortega said.

“Their acts, which generated disciplinary processes and their ultimate dismissals, were protected by the right to freedom of expression,” he added.

“The exercise of freedom of expression also can be a duty for judges, due to their role as guarantors of the rule of law,” he said.

Marcia Aguiluz, also a lawyer with Cejil, told the court that the Supreme Court “abused its power, violated the state’s international obligations and its own legislation.”

She said, “In order to set a precedent, the Supreme Court chose these four people – all members of the Asociación de Jueces por la Democracia – to send … a clear message: If you challenge power, if you act independently, if you think differently, you’ll be expelled.”

She asked the seven human rights court justices to set a precedent by favoring judicial independence.

Serrano, representing the government, cited legislation that justified the judges’ dismissal.

“We believe it doesn’t violate … precedents set by the Inter-American System,” he said.

He added that Honduran legislation provides for a legal process for the protection of the rights that allegedly had been violated.

Serrano asserted that, “the lawsuit should be considered inadmissible.”

Colombian Justice Humberto Antonio Sierra, president of the Inter-American Court, said the parties have until March to file closing statements in writing.

Fuente: http://www.ticotimes.net/2015/02/04/in-2nd-day-of-trial-honduran-judges-say-they-acted-in-defense-of-human-rights?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Daily%20RSS%20Newsletter&utm_medium=email

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The Long Judicial Arm of the Honduran Coup

Posted: 02/04/2015 4:10 pm EST Updated: 02/04/2015 4:59 pm EST

Seven weeks after the 2009 military coup that deposed democratically-elected president of Honduras Manuel Zelaya, a judge named Mario Chévez de La Rocha was parking his car near a mall in San Pedro Sula, the country’s biggest city. As demonstrators protesting the coup marched by, police and military showed up and without warning started physically attacking them. When he saw officers beating up old people, Chévez walked up and identified himself as a judge–and was promptly arrested and detained for four hours. He was never notified of why he’d been detained, his arrest was never officially recorded, and he was only released when a writ of habeas corpus was filed. Afterward, in a conversation with work colleagues, he allegedly bemoaned that because of the Honduran Supreme Court’s support for the coup, he “felt ashamed” to be part of the judiciary. The post-coup regime filed disciplinary charges against him, and he was dismissed.

Mario Chévez is one of four Honduran judges and magistrates who were fired for opposing the coup, three of whom have never been reinstated–despite serious international pressure. Since then they have received death threats, been intimidated by the police, and experienced regular harassment. On February 2 and 3, their case was heard in Costa Rica before the Inter-American Court of Human Rights. The Honduran government’s refusal to reinstate the judges underscores the long arm of the 2009 coup and the continuing absence of the rule of law in its aftermath. Most clearly, it illustrates current President Juan Orlando Hernández’s clear lack of political will in addressing the country’s crisis of human rights, criminal justice, and corruption. Yet the Obama administration continues to shore up, even celebrate Hernandez.

The June 2009 military coup, itself a criminal act, blew apart the rule of law in Honduras–never solid before the coup. The police are now “rotten to the core,” in the 2011 words of Alfredo Landaverde, a prominent former congressmember and police inspector gunned down soon after. Members of the military are also allegedly linked to drug traffickers and organized crime. Both continue to commit terrifying human rights abuses with impunity. Meanwhile, many public prosecutors and members of the judiciary are known to have ties with criminals as well, as do significant chunks of congress and top government officials. “The institutions responsible for providing public security continue to prove largely ineffective and remain marred by corruption and abuse,” Human Rights Watch writes in its 2015 country report on Honduras, “while efforts to reform them have made little progress.”

The four deposed judges who sought to uphold the rule of law, by contrast, are still being punished for doing so. Tirza del Carmen Flores Lanza, for example, was one of seven judges, prosecutors, and human rights defenders who presented an amparo, or official appeal for constitutional remedy, before the Honduran Supreme Court two days after the coup. She also joined 14 others in filing a criminal complaint against members of the country’s high military command and congress, for their role the coup. She was dismissed by a kangaroo court abounding in irregular procedures. Judge Adán Guilllermo López Lone joined a demonstration of 200,000 against the coup on his day off, as a private individual, and was dismissed almost immediately through similarly bogus procedures. The fourth was fired for expressing his opinion regarding the need to defend democracy and the rule of law, although he was eventually reinstated. “The firing of these judicial professionals was without a doubt one of the most accurate blows to the rule of law,” writes Fr. Ismael Moreno, the Jesuit intellectual and director of Radio Progreso and the Jesuit research center ERIC, “because the decision [to fire them] struck at the heart of justice, giving proof of the country’s high level of impunity.”

In March 2014, the Inter-American Commission on Human Rights ruled in favor of the four judges, passing their case upward to the Inter-American Court, the highest-level judicial body under the rubric of the Organization of American States. It’s the first time a coup-related case has made it to this high level.

The judges’ case speaks to basic issues in post-coup Honduras, where impunity reigns for crimes of all sorts and the rule of law barely exists. You can now kill anyone you want, and most likely nothing will happen to you. It speaks to the government’s ongoing repression of civil liberties, including freedom of speech and freedom of association. Most specifically, it speaks to the country’s lack of judicial independence. While the current government has finally begun investigating and charging some judges with corruption, the Association of Honduran Judges for Democracy notes with alarm that it is doing so without following clear, legal procedures–in turn deliberately striking fear into the remaining clean judges, who now fear arbitrary dismissal as well a threats from criminals.

Current President Juan Orlando has a long and continuing record of subverting the rule of law himself. He was the head of a congressional committee that approved the 2009 coup. In December 2012, as President of Congress, he lead the famous “technical coup” in which he deposed four members of the Supreme Court and named new ones, loyal to him, the next day–completely illegally. In the summer of 2013 he was key to the illegal naming of a new Attorney General to a five-year term. His presidential campaign and subsequent administration this past year have been built around a new, 5,000-strong military police force, in violation of the Honduran constitution, which prohibits military involvement in policing except in emergencies.

Yet the Obama administration is pouring money into backing up the regime, and looking the other way at its human rights abuses and subversion of the rule of law. On January 29, the White House announced that it is requesting a whopping one billion dollars in special funding for Honduras, Guatemala, and El Salvador. The U.S. Congress, by contrast, has been vocal in challenging the administration’s support for the post-coup government. In May, 2014, 108 Members of Congress signed a letter to Secretary of State John Kerry sponsored by Representative Janice Schakowsky (D-Illinois) questioning U.S. funding for the Honduran police and military, given their ongoing record of human rights abuses with impunity.

Rather than reward the dangerous Hernández regime for subverting the rule of law and punishing those who uphold it, the United States should publicly and forcefully demand the immediate reinstatement of the four judges–along with restoration of full back pay and all privileges–as a baby step toward restoring judicial independence in Honduras. More deeply, it should cut all police and military aid to the country, and stop celebrating its leaders as viable partners. Let’s end the chilling fiction that President Hernández is somehow part of the solution to the dire crisis in Honduras–and acknowledge, instead, that he remains central to the problem itself.

Fuente: http://www.huffingtonpost.com/dana-frank/the-long-judicial-arm-of-_b_6606416.html

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