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Consulta indígena expone más violaciones a los derechos del pueblo Lenca

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Ana Mirian Romero: rostro y voz de lucha

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ESTADO HONDUREÑO VIOLA DERECHO DE CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDÍGENAS

A partir del golpe de Estado en Honduras del 2009, se aceleró el proceso de entrega de ríos y el territorio boscoso para la instalación de proyectos extractivitas. Sin embargo el Estado ha tomado decisiones desconociendo  los derechos colectivos de pueblos indígenas, tales como el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el país existe un total de 837 concesiones  mineras aprobadas, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño. En la actualidad la industria se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios, de acuerdo a un recién estudio realizado  por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús,  de la ciudad de El Progreso.

“Uno de los sectores más golpeados con estas concesiones somos los pueblos indígenas. El gobierno ha otorgado los permisos para proyectos mineros e hidroeléctricos a espaldas de las comunidades”, aseguró  Margarita Pineda del Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH).

El derecho a la Consulta Previa, libre e informada  está siendo conocida en las comunidades del interior del país. Desde las comunidades organizadas en defensa de los bienes comunes están  luchando para que  antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero se instale,  den a conocer la información necesaria para que desde su autodeterminación, sea el pueblo quien tome la decisión de aceptarlo o rechazarlo.

“Lo que pesa aquí en el país es que nos quieren consultar hasta que ya están otorgadas las concesiones y  cuando las empresas se están desarrollando la exploración para iniciar la explotación, y eso así no es válido porque están distorsionando el tema de la consulta previa”, manifestó la dirigente indígena.

“El asesinato de nuestra  líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas”, aseguró Cesar de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

 

Recordó que con todo esto el estado está violando  el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Propuesta y contra propuesta 

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el Estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte en una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso.

“Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas”, denunció Mirian Miranda de la Ofraneh.

Indicó que “fue a partir del Golpe de Estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, un destrozo para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios”.

¿Qué es una consulta previa, libre e informada?

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional. Los principios que deben fundamentar una consulta a pueblos y comunidades indígenas son:

Previa a la toma de decisiones que los pueden afectar. Libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo. Informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad, realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo.

De acuerdo a los convenios internacionales son los gobiernos nacionales quienes deben consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su calidad de vida.

 

“Nosotros  insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Además del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas”, concluyó Mirian Miranda.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3093-estado-hondureño-viola-derecho-de-consulta-previa-a-pueblos-ind%C3%ADgenas

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Defensor de la tierra y derechos humanos de La Paz, es víctima de ataques y amenazas a muerte – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Continúan las agresiones contra los defensores de los recursos naturales y el medio ambiente en el departamento de La Paz a unos 90 kilómetros de la capital de Honduras, Tegucigalpa.  Ayer jueves en horas de la tarde el dirigente del Movimiento Independiente Lenca de La Paz (milpah), Martín Gómez Vásquez, […]

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Honduras: MILPAH denuncia que autoridades de Santa Elena boicotean consulta al pueblo

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/07/milpah-denuncia-que-autoridades-de.html

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Presidente de “Vida Mejor” de La Paz amenaza a muerte a Indígenas

Indígenas de la comunidad de Simpinula, Santa María, departamento de La Paz, interpusieron una denuncia por las amenazas a muerte recibidas de Jorge Adalberto Aguilar presidente del programa “Vida Mejor” de ese lugar.

Vida Mejor es un programa asistencialista del gobierno de Juan Orlando Hernández que tiene como objetivo mantener una imagen ficticia de la realidad que viven las  familias pobres en Hondura, con fines político-electorales.

El coordinador del Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Víctor Vásquez , se presentó a la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público, porque afirmó que es la segunda vez que el activista nacionalista amenaza su vida y la de cinco más de sus compañeros.

Narró que un día que se encontraron con Aguilar, los indígenas le pidieron que les hicieran la carretera; ya que a otros cafetaleros se la habían hecho y que ellos la necesitaban para trabajar, porque Vásquez es cafetalero y pertenece a la Asociación de la que Aguilar es el presidente.

Debido a los conflictos que han existido entre el gobierno local y los indígenas, una de las personas que no está de acuerdo con la existencia del “Consejo Indígena” es Aguilar, “van dos veces que me amenaza, la primera nos llamaron de los juzgados para conciliar y lo perdone porque andaba borracho, pero ya no se puede, sino puede llegar a matarme, la vez que nos encontramos se me vino encima con un machete, rozo a mi hermano y a mi hermana le quebró los dientes, porque ellos se metieron a defenderme”, expuso Vásquez.

Los indígenas del lugar a través del Consejo Cívico tienen un cogobierno dirigido por su cosmovisión; tienen el control de los territorios ancestrales y se oponen a las concesiones de los ríos, montañas y minería a cielo abierto, para que las empresas extractoras o hidroeléctricas no se aprovechen de sus recursos naturales, sin la debida consulta a las comunidades; “Jorge va a sacar arena y piedra del rio Caña, para ir a venderla” alegó el dirigente.

Vásquez continúo con su relato diciendo que después del atentado en contra de su persona, Aguilar interpuso una denuncia contra él y cinco personas más, de las que tres ni siquiera se encontraban en el lugar que sucedió el hecho; pero que por ser del movimiento MILPAH, los “metió en el mismo saco”.

La denuncia de Aguilar interpuso en los Juzgados de Paz, es que supuestamente quisieron quemarle un tractor, contra Víctor Vásquez, José Santos Nicolás (ha denunciado las irregularidades de la alcaldía), Esteban Castillo Lorenzo (no estaba), Pastor López Cabrera (no estaba), Marcos Efren López (no estaba) y José Martin Gonzales (subcoordinador del movimiento). La citación en los juzgados de Paz fue para el 17 de junio del presente año.

“Jorge tiene medidas sustitutivas porque formó un grupo para usurpar nuestras tierras y agarrarse el título, otro que se aprovecha es Henry Padilla que con fotocopias de títulos despoja a los indígenas y vende las tierras” denunció el lenca.

Vásquez mencionó que otro de los personajes que los sigue para “desarmar” al Consejo es Julián Cálix Lorenzo, es reservista activo en los años 80s.

Discriminación y Vida Mejor

El coordinador Vásquez describió que existe discriminación en contra de las y los indígenas especialmente si pertenecen a MILPAH, porque Jorge Adalberto Aguilar los desestima del “Programa Vida Mejor”, les niegan los beneficios que otorga esta actividad.

¿Qué es Vida Mejor?, En una entrevista a un medio de comunicación la periodista Roxana Guevara dijo que Vida Mejor “Es el sentido y el espíritu de la campaña del Partido Nacional”, Prensa digital del 18 Septiembre 2013.

¿Carnada?, Mientras que criterio.hn otro periódico digital público que “la encuesta se realizó el pasado fin de semana y mientras se desarrollaba, los líderes de base del partido en el poder, repartían la “Bolsa Solidaria”, como una medida para atraer a sus adeptos, especialmente a aquellos de bajo estrato social, que en agradecimiento cedieron en responder las interrogantes”.

La metodología usada por los nacionalistas va abiertamente dirigida para incidir en la reelección de Hernández, ya que las preguntas lo hacen ver como el mejor gobernante que Honduras ha tenido en la historia y por lo tanto se crea la necesidad que debe ser reelecto de inmediato.
“Nos hemos dado cuenta que están llegando a las comunidades para ofrecerles el bono diez mil, ponen a los indígenas a firmar listas, les piden la identidad, y esto es para completar las un millón de firmas para la reelección de Juan Orlando Hernández”, denunció Vásquez.

Convenio 169

Uno de los conflictos en las comunidades de La Paz es que quieren que catastro ingrese al territorio. La Dirección General de Catastro y Geografía, como tal, tiene su origen con la emisión de la Ley de Propiedad, Decreto 82-2004, que forma el Instituto de la Propiedad, del cual depende esta Dirección. Sin embargo la estructura técnica de la DGCG; ya estaba formada, ya que en su origen esta surge de la fusión del Instituto Geográfico Nacional y la Dirección Ejecutiva del Catastro.

A lo cual los indígenas invocan el Convenio 169 de la OIT que contiene un capítulo dedicado a la cuestión de la tierra, término que contiene al concepto de territorio, que implica la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera.

En ese capítulo, se indica los derechos de los pueblos indígenas a: La propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, y en casos particulares, de tierras en las que realizan sus actividades tradicionales y de subsistencia como los pueblos nómadas y agricultores itinerantes. Los gobiernos tienen la obligación de proteger esos derechos, y delimitar esas tierras (Art. 14).

A utilizar, administrar y conservar los recursos naturales existentes en sus tierras; y en caso de que los minerales o recursos del subsuelo sean propiedad del Estado, a ser consultados y otorgar, o no consentimiento a los gobiernos antes de que emprendan cualquier proyecto de explotación, a participar de los beneficios y a ser indemnizados por los daños que puedan generar (Art. 15).

A no ser trasladados de las tierras que ocupan. Y en los casos que hayan sido trasladados por causas mayores y con su propio consentimiento, tienen derecho a: recibir tierras de calidad igual o mejor a las anteriores, que garanticen su desarrollo y con títulos de propiedad; o a ser indemnizados; y a regresar a sus tierras tradicionales cuando cesan esas causas.(Art. 16).

Obligación Estatal

El Convenio 169 contiene un capítulo dedicado a la cuestión de la tierra, término que contiene al concepto de territorio, que implica la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera. En ese capítulo, se indica los derechos de los pueblos indígenas a: Respetar la relación de los pueblos indígenas con sus territorios, y los aspectos colectivos de esa relación (Art 13); Proteger los derechos de propiedad de las tierras por parte de los pueblos indígenas, y delimitar esas tierras (Art. 14).

Sancionar las intrusiones no autorizadas a tierras indígenas, y todo uso no autorizado de sus tierras por personas ajenas a ellos (Art. 18); y Garantizar mediante los programas agrarios nacionales condiciones equivalentes a las de otros sectores de población, asignando tierras adicionales a los indígenas en caso de que éstas sean insuficientes para su existencia o para hacer frente a su crecimiento, y otorgar los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que ya poseen (Art. 19).

Respuesta Fiscalía

La profesional del derecho de la Fiscalía de las Etnias procedió a elaborar un escrito en donde le piden a la Jueza Nesly A. Hernández García del Juzgado de Paz de Santa María, La Paz, que envié: “la copia certificada del expediente que se lleva en el juzgado por denuncias de supuestas faltas contra las personas interpuesta por Jorge Adalberto Aguilar interpuesta en contra de Víctor Vásquez”.

Origen: Presidente de “Vida Mejor” de La Paz amenaza a muerte a Indígenas

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Activista de derechos indígenas de Honduras gana el Premio Front Line Defenders

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Durante casi una década de defensa de la tierra y los ríos de su comunidad ante la destrucción causada por las empresas, la hondureña Sra. Ana Mirian Romero ha sido objeto de ataques armados, agresiones físicas, amenazas de muerte y campañas de difamación.

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/activista-de-derechos-ind%C3%ADgenas-de-honduras-gana-el-premio

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Defensora de DDHH amenazada en Honduras recibe premio en Dublin

La activista hondureña Ana Mirian Romero recibió este viernes el Premio Front Line Defenders por defender los derechos humanos.

DUBLIN. La activista hondureña Ana Mirian Romero (29), recibió este viernes el Premio Anual 2016 de Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo, un galardón que rinde homenaje a la labor de quienes a través del trabajo no violento, hacen una contribución sobresaliente a la promoción y protección de los derechos humanos de sus comunidades, a menudo enfrentando gran riesgo personal.

La joven  lidera la lucha de su comunidad indígena contra un proyecto hidroeléctrico que pone en peligro la supervivencia de su pueblo. A eso dedica su vida. “¿De profesión? Yo soy defensora”, dice orgullosa.

Premio y las amenazas

Ana Mirian, quien viajo hasta Dublín para recoger el premio, aseguró que es la primera vez que sale de su país “lo que más me ha llamado la atención es el aire limpio y el ambiente saludable, en Honduras hace tiempo que no se puede respirar”.

Ana Mirian Romero carga a su hija de seis meses en la premiación.
Ana Mirian Romero, defensora amenazada en Honduras,  carga a su hija de seis meses al recibir premio.

Romero fue elegida entre otros cinco candidatos que optaban a este galardón, que concede cada año la organización “Front Line Defenders” a defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren peligro.

Directora de Front Line Defenders habla sobre Ana

De acuerdo a la directora ejecutiva de la organización, durante una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Dublín, Mary Lawlor destacó que “cada uno de los finalistas a nuestro premio anual lucha por la justicia y los derechos humanos en su comunidad, y lo hace enfrentándose a serios riesgos”.

Nota Relacionada: Indigenas llegan a la Capital a protestar por asesinatos de activistas

“Intentan poner fin a su poderosa labor” han sometido a Ana Mirian Romero y a sus hijos a “ataques armados, amenazas y actos de hostigamiento” en su municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz, al suroeste del país, recordó  Lawlor.

Según ha denunciado “Front Line Defenders”, sus hijos debieron abandonar la escuela por los “constantes actos de hostigamiento”, como el ocurrido a principios de este año, en el que los agresores incendiaron su hogar cuando Romero regresaba a la casa después de dar a luz a su hija más pequeña.

El acoso a la activista se acentuó después de que presentara en 2010 un recurso ante la Justicia hondureña para que se reconozcan los derechos de sus tierras ancestrales.

La joven hondureña, colabora estrechamente con el Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) en su oposición a la instalación de la represa hidroeléctrica “Los Encinos” en territorios indígenas del pueblo lenca cercano al río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz.

Origen: Defensora de DDHH amenazada en Honduras recibe premio en Dublin

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Activista hondureña recibe premio “Front Line Defenders”

Ana Mirian Romero, considerada heredera de Bertha Cáceres, fue reconocida en Dublín por su defensa al derecho a la tierra.

Dublín.

La activista hondureña Ana Mirian Romero, considerada por medios internacionales como la heredera de Bertha Cáceres, recibió hoy en Dublín el premio “Front Line Defenders” por su lucha en defensa del derecho a la tierra en su comunidad, donde se opone a la expansión de la hidroeléctrica “Los Encinos”.

Romero fue elegida entre otros cinco candidatos que optaban a este galardón, que concede cada año la organización “Front Line Defenders” a defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren peligro.

“Cada uno de los finalistas a nuestro premio anual lucha por la justicia y los derechos humanos en su comunidad, y lo hace enfrentándose a serios riesgos”, destacó hoy Mary Lawlor, directora ejecutiva de la organización, durante una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Dublín.

Lawlor recordó que aquellos que “intentan poner fin a su poderosa labor” han sometido a Ana Mirian Romero y a sus hijos a “ataques armados, amenazas y actos de hostigamiento” en su municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz, al suroeste del país.

Según ha denunciado “Front Line Defenders”, sus hijos debieron abandonar la escuela por los “constantes actos de hostigamiento”, como el ocurrido a principios de este año, en el que los agresores incendiaron su hogar cuando Romero regresaba a la casa después de dar a luz a su hija más pequeña.

El acoso a la activista se acentuó después de que presentara en 2010 un recurso ante la Justicia hondureña para que se reconozcan los derechos de sus tierras ancestrales.

“Ahora, tanto ella como su familia son blanco de reiterados ataques de parte de la policía, el ejército y grupos civiles armados relacionados con la compañía hidroeléctrica”, explicó “Front Line Defenders” en un comunicado.

Romero colabora estrechamente con el Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) en su oposición a la instalación de la represa hidroeléctrica “Los Encinos” en territorios indígenas del pueblo lenca cercanos al río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz.

El MILPAH ha denunciado los asesinatos de seis de sus dirigentes cometidos en 2015 en esta zona, acciones por las que nadie ha sido aún condenado, según la organización.

En este sentido, “Front Line Defenders” trabaja para promover la visibilidad y protección de activistas como los seis finalistas homenajeados hoy en Dublín, “fundamentales todos ellos para el movimiento por los derechos humanos en sus países y sus comunidades”.

“Los defensores y defensoras de derechos humanos nos comentan lo crucial que es el apoyo internacional para su labor. Este premio demuestra, tanto a ellos como a sus opresores, que Irlanda respalda a estas personas extraordinarias”, subrayó hoy Lawlor. EFE

 

Dublín. La organización Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la intimidación y amenazas de muerte contra Ana Mirian Romero y su familia, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley en consonancia con los estándares internacionales.

Solicitan que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Ana Mirian Romero y su familia, incluyendo la implementación inmediata de las medidas cautelares otorgadas en su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

Demandan al Gobierno a fin de que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias..

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Ana María Romero es activista del Movimiento Independiente Lenca de La Paz.
 

Origen: http://www.laprensa.hn/mundo/968708-410/activista-hondureña-recibe-premio-front-line-defenders

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Aumenta la criminalización en comunidades indígenas Lencas de La Paz

En los últimos días se ha incrementado la criminalización de parte del Estado y autoridades locales a raíz de que la población se está empoderando de sus derechos y reclaman la liberación del territorio de las empresas transnacionales mineras, hidroeléctricas y eólicas, ya que al no consultar al pueblo lo consideramos como una intervención, represión o criminalización, y salimos a las calles a decirles que se retiren, que ahí no tienen nada que hacer, y vienen los conflictos, denunció Martín Gómez Vásquez, sub coordinador del Movimiento Indígena Lenca de La Paz- Honduras, MILPAH.

“Por ejemplo en Chinacla –municipio de La Paz- la presidenta del Partido Nacional y diputada  Gladys Aurora López  y su esposo Arnold Castro, pretenden la construcción de una represa hidroeléctrica, por ese proyecto hay personas a favor y en contra del Consejo indígena”, denunció Vásquez.

Entre las inseguridades es que, hace dos semanas, personas encapuchadas dispararon en cuatro ocasiones con arma de fuego, durante la noche en la casa de la lideresa Ana Iris Romero y su esposo Rosalío Vásquez. Cabe mencionar que días después Ana Mirian, viajó a Irlanda a recibir el reconocimiento “Defensores en Riesgo” que otorga Front Line Defenders, por su constante lucha en la defensa de los derechos del pueblo indígena Lenca en Honduras.

Esta familia ha sufrido varios intentos de asesinato, incluso a inicios de este año, les quemaron su vivienda, y por temor los niños debieron dejar la escuela;  pero eso no es suficiente ya que hay personas extrañas viviendo en su misma comunidad, y se les toma como infiltrados de parte de quienes apoyan los proyectos sin consulta previa, que afecta nuestro territorio, manifestó Martín.

Nos han dicho que hay demandas contra grupos indígenas, esto se origina por un enfrentamiento de parte de las autoridades del municipio de Aguanterique, quien demandó al Consejo Indígena que lucha por sus derechos y la defensa a los derechos humano, a nosotros nos protegen convenios y Tratados Internacionales.

Otro caso donde el alcalde ha atacado arbitrariamente a comunidades indígenas es en San Pedro de Tutule, a quienes los acusan de “roba tierras” pero nosotros vivimos ahí desde siempre, ellos, los que llegan son los roba tierras.

Cuando hay empresarios y gobiernos que no respetan ni a su familia, son hechos de unos sistema capitalista que racista, etnocida y ecocida, incapaz de respetar los derechos humanos.

“Nosotros tenemos que fomentar la defensa de los bienes comunes y tener en cuenta que los ricos sólo buscan que los pobres desaparezcan, hay que levantar una misma voz, que nos unamos, porque los ricos nunca van hacer un proyecto que nos favorezca, solo les interesa el montón de dólares que vienen del extranjero”, afirmó el defensor indígena Lenca.

El pueblo lenca que ha sido invisibilizado ahora tienen compañeros criminalizados, presos, asesinados y desaparecidos, para el caso en el municipio de Santa Elena, La Paz, a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Los Encinos hubo cinco muertos solo en el mes de diciembre ya aproximadamente 20 en el departamento el año 2015 por la defensa de su territorio.

La realidad Lenca está llena de pobreza, constante violación de derechos humanos, indignación, una vida que no se le desea a nadie,  “si bien es cierto que somos Lencas, pobres y humildes, que ellos no crean que solo somos para ser parte de una exposición, sino que tenemos derechos ya establecidos, no les pedimos ningún regalo,  sino algo ya establecido2 reiteró el representante de MILPAH, quien ha documentado estos hechos en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Aunque el pueblo Lenca de La Paz, al centro-occidente de Honduras, aspira a la vida que los “ladinos o allegados” les han arrebatado por siglos, en paz y armonía, con sus ideales y creencias, hasta los líderes religiosos católicos y evangélicos, los atacan siguiendo órdenes de los políticos o interés privados, ya que el sacerdote Ángel Galeano de la parroquia de Santa Elena y otro de nombre Ronal, no parecen pastores sino técnicos municipales o un técnico en investigación criminal; hasta puede ser que hasta las confesiones de la feligresía lo transfieren a otro lado, porque lo que hacen es un trabajo de investigación.

Ellos los han sentenciado con excomulgarlos si siguen en afiliados a grupos de defensa de los bienes comunes, y en ese municipio el trabajo de MILPAH es plenamente visibilizado, explicó Martín.

Por lo tanto, nos sentimos desprotegidos, aunque haya personas que tienen medidas  cautelares no se ven efectivas, el caso claro es el de Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de habitación hace tres meses y no se le brindó protección, igual que Ana Mirian y Rosalío Vásquez que tienen medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y son atacados en su propia vivienda.

En La Paz, hay 12 municipios afiliados en MILPAH, en cada uno hay aproximadamente 1000 personas, lo que podríamos llegar a ser 12 mil integrantes, ya que la organización llega a comunidades de forma directa, siendo así fácilmente identificar a las personas ajenas a nuestra lucha.

Si el gobierno quiere hacer algo, que respete nuestros derechos ancestrales

MILPAH ha buscado acercamiento para exponer sus problemas a través del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, con personas de toma de decisión desde el poder político, y es que esas entidades son las encargadas de brindar asistencia técnica, educativa y financiera a las comunidades indígenas lecas, declaró Martín.
Las comunidades están reprimidas, excluidas, criminalizadas, abandonadas y sin ninguna ayuda, por lo tanto queremos exponer nuestras preocupaciones, por ejemplo hay una comunidad que no tiene energía eléctrica, si quieren solucionar el problema pues que empiecen a poner la energía.

Si hay medidas en los pueblos indígenas, son represivas e imponiendo sin previa consulta a las comunidades, como lo establece el marco jurídico internacional y ya están claros los derechos individuales y colectivos,  patrimoniales, indígenas y los de los bienes comunes, en esa parte solo nosotros podemos tomar decisiones, pero se nos está imponiendo un catastro municipal en cuanto a los territorios.

Las comunidades indígenas no necesitan títulos ni personería jurídica para hacer que se respete su territorio, es un derecho ancestral porque nosotros no hemos venido de ningún lado, hemos, vivido aquí, nacimos aquí, nuestros ancestros nacieron, crecieron y murieron aquí, por lo tanto los únicos dueños de nuestros bienes comunes somos nosotros.

Hay un servicio de energía eléctrica a cambio de que los compañeros den permiso a la medición catastral y el pago de impuestos, por lo que ese proyecto viene a dividir la comunidad, territorio, la organización, unidad comunitaria, cosmovisión y su organización, por eso no aceptamos ese proyecto, además que no lo consultaron con nosotros y no aceptamos esa ley.

Los causantes de las divisiones son los alcaldes municipales, así mismo hay una represa hidroeléctrica generando energía que se construyó sin nuestra aprobación, por lo que hemos demandado y esperamos que en cinco o diez años pase a poder de nosotros y decidiremos si sigue o no, porque cada uno de esos proyectos están violentando nuestros derechos ancestrales, así como las 11 empresas mineras en el departamento de La Paz: Cane, La Paz, Yarumela y la zona de San Antonio del Norte que son las que tienen más agua, puntualizó el defensor.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4140:aumenta-la-criminalizacion-en-comunidades-indigenas-lencas-de-la-paz&catid=71:def&Itemid=166

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!Insólito¡ Sacerdotes quieren excomulgar indígenas por pelear por sus derechos

Origen: http://criterio.hn/sacerdotes-quieren-excomulgar-indigenas-pelear-derechos/

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Discriminación contra indígenas: En Santa Elena, La Paz, solo existe el “dios” de las hidroeléctricas

La iglesia católica de Santa Elena, La Paz, a cargo del “padre Ángel”, no permite que los indígenas lencas aglutinados en el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz, (MILPAH), reciban la hostia, su identificación con el rechazo a que sus ríos sean desaparecidos les deja fuera del “cielo”, en un lugar donde impera el “dios de las hidroeléctricas”.

La hostia conforma el ritual católico  y es una de las partes de la misa. En ella el sacerdote enuncia la institución de la eucaristía por Jesús en la Última Cena.

En la mayoría de las comunidades indígenas prevalece esta religión. En Honduras se utilizó en el tiempo de la conquista española para torturar a los indígenas. En el Occidente de Honduras los chortís cuentan que eran golpeados en la iglesia si usaban su lengua y el despojo se estableció.

El Dios de la diputada Gladys Aurora López

“En Santa Elena el Padre Ángel ya dijo  que quién sea de MILPAH no tiene derecho a recibir la hostia, pero no se queda allí sino que los cabildos que deben servir para consultar a la población son realizados en la iglesia, él cierra el portón a los de MILPAH porque ya nos tiene bien identificados y solo deja entrar a gente que pueden manipular para que diga sí a la hidroeléctrica con la cual estamos en contra porque nos despojan de nuestros ríos”, señaló uno de los pobladores del sector que pidió no mencionar sus nombre por temor a represalias.

El padre Ángel llegó a Santa Elena hace unos dos o tres años, durante su período ha hecho una fuerte alianza con la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López y su esposo Arnold Sánchez, este último aparece como dueño de la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V, una compañía hidroeléctrica que está dejando sin agua al departamento de La Paz y tiene la concesión por más de 30 años, que fue aprobado durante la estadía de la diputada en el parlamento, o sea ha utilizado su influencia para beneficiarse con esta y otra concesión.

El padre Ángel también ha excluido de las actividades de la iglesia a quienes se oponen a esta hidroeléctrica y les conmina a no pertenecer a MILPAH para que tengan los favores del “cielo”.

El año pasado Bertha Cáceres, Coordinadora del COPIN, asesinada el 03 de marzo de este año, denunció que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez había prohibido a los indígenas organizarse en el COPINH o escuchar las radios comunitarias de esta organización.

El artículo 321 del Código Penal establece que: “Será sancionado con reclusión de tres a cinco años y multa de 30 mil a 50 mil  quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena”.

Hasta ahora no hay ninguna persona que haya sido sancionada por ejercer actos de discriminación, a pesar de existir un proceso judicial como es el caso del pastor Evelio Reyes cuyo caso fue sobreseído. Él fue denunciado por discriminar a la comunidad LGTBI.

“Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales” señaló Victoria Tauli-Corpuz, en conferencia de prensa, el 10 de noviembre de 2015, después de una visita a las comunidades indígenas y negras de Honduras.

A pesar de que este informe ha sido público y que le Relatora Tauli-Corpuz expresó tener la esperanza de que se resolvieran estos problemas, el Estado de Honduras dejó en la línea muerta su investigación y seis meses después no ha tomado ninguna medida, eos ha propiciado impunidad y más crímenes contra indígenas por la defensa de sus territorios.

Cardenal ordenó a los feligreses a no organizarse en el COPINH ni escuchar las radios comunitarias:

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COMUNICADO: Violencia institucional genera alto riesgo para los defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas de La Paz

El Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPA) comparece nuevamente en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) ante los medios de comunicación para expresar su condena frente a los constantes hostigamientos y amenazas por activistas políticos del partido Nacional contra  líderes y lideresas de su movimiento, que está provocando división entre familias de la comunidad de Simpinula, Santa María, departamento de La Paz.

El más reciente incidente ocurrió el 17 de marzo de este año, cuando el activista del partido Nacional, Segundo Castillo en evidente estado de ebriedad, ingresó a la casa de Juan Vásquez, (mientras éste no se encontraba), y agredió verbalmente a su esposa, a su suegra e hijos.

La dirigencia de MILPA, que en los últimos meses ha sufrido asesinatos, hostigamientos y amenazas a muerte,  considera que la acción ejecutada por Segundo Castillo forma parte de una escalada provocadora contra defensores y defensoras de los bienes comunes de las comunidades lencas, opuestas a los proyectos hidroeléctricos privados, otorgados por el poder político actual.

En este caso la familia Vásquez al igual que centenares de indígenas lencas se oponen al concesionamiento de una represa hidroeléctrica en El Aguacatal, otorgado por el Congreso Nacional y avalado por el alcalde de Santa María, La Paz, Gabino Argueta. Estas acciones del partido Nacional contravienen convenios internacionales y violan el derecho a la consulta previa, libre e informada a que tienen derecho las comunidades lencas.

A juicio de MILPA, no solo el proyecto  hidroeléctrico  representa una amenaza para las comunidades,  sino también la remedición de los terrenos ordenada por la municipalidad de Santa María, los impuestos inconsultos que deberán pagar al Catastro  y las concesiones para la explotación de los bosques que causan severos daños a los territorios que habitan y de los cuales cuentan con títulos ancestrales.

La resistencia de los pueblos lencas frente a los proyectos hídricos, eólicos, forestales y mineros, impulsados por grupos económicos movidos por la avaricia de ganancias millonarias, con la complacencia del poder político sigue generando muerte, dolor, persecución, hostigamientos, amenazas y desplazamientos de familias.

Denunciaron que solo en el año 2015 fueron asesinados 20 dirigentes lencas de Santa Elena, departamento de La Paz. Sus muertes obedecen a un patrón de terror impuesto en el lugar que a punta de testaferros, sicarios, alcaldes y terratenientes y la reconocida directiva nacionalista,  se está apoderando de los ríos para hidroeléctricas, usurpando los territorios ancestrales de La Paz.

Entre las victimas están Domingo Martínez, Juan Francisco Martínez Márquez hijo, (estuvieron en huelga dos meses en Azacualpa oponiéndose a la hidroeléctrica sobre el rio Chinacla), Selvin Darío Orellana, Javier Vásquez (18) y Silvestre Manueles Gómez (apareció muerto flotando en las aguas del rio Chinacla, fue torturado y le cortaron sus órganos genitales).

Después del golpe de Estado del 2009 el Congreso Nacional concesionó a una de las directivas actuales, Gladys Aurora López, más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa y 10 concesiones mineras en La Paz.  Debido a esto cinco comunidades han perdido sus fuentes de agua en San José y Chinacla.

Desde hace varios años MILPA ha planteado que “la problemática es muy fuerte de persecución, criminalización, acusaciones, encarcelamientos, represión, torturas, de todo se da en nuestros pueblos”.

Y añade que los alcaldes de los municipios de Santa Elena (Santos Víctor Ventura Vásquez del partido Liberal), San José La Paz (José Abel García Argueta del partido Nacional), San Marcos de la Sierra en el departamento de Intibucá (Miguel Ángel Bautista Gutiérrez del partido Nacional)  junto a la vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López son señalados de promover acciones que violentan los derechos humanos de las  comunidades indígenas lencas.

Tegucigalpa MDC 30 de marzo de 2016

Defensores en linea

Origen: COMUNICADO: Violencia institucional genera alto riesgo para los defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas de La Paz

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MILPA rechaza proyectos hídricos y disposiciones municipales que amenazan territorios ancestrales

Defensores en linea

Origen: MILPA rechaza proyectos hídricos y disposiciones municipales que amenazan territorios ancestrales

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Líder Indígena de MILPAH es atacado por activista político – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Por oponerse a proyectos de desarrollo sin previa consulta, Juan Vásquez, miembro del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, departamento de La Paz, fue agredido en su propia casa por Segundo Castillo, quien en estado de ebriedad entró a la vivienda cuando solo estaba […]

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EL LLAMADO DE LA PLAZA

Defensores en linea

Origen: EL LLAMADO DE LA PLAZA

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Sistemáticas violaciones a los derechos humanos del Movimiento Indígena Lenca en Marcala, La Paz, por su oposición a hidroeléctricas

Denuncias

Origen: Sistemáticas violaciones a los derechos humanos del Movimiento Indígena Lenca en Marcala, La Paz, por su oposición a hidroeléctricas

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Alerta: terrorismo en Santa Elena, La Paz

l Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denuncia que la tarde del viernes 29 de enero desconocidos prendieron fuego a la casa del dirigente indígena Rosalío Vásquez en Santa Elena, departamento de La Paz, fronterizo con El Salvador.

Rosalío enfrenta orden de captura emitida por un juzgado de Marcala, La Paz, por suponerlo responsable de un delito que no cometió, según la defensa de su organización: Movimiento Indígena Lenca de La Paz, MILPA.

En noviembre pasado su esposa Ana Romero, quien igual que Rosalío goza de medidas cautelares de la CIDH, sufrió una golpiza por policías militares y civiles enviados por la empresa Los Encinos, que preside la vice presidenta del Congreso Nacional, la diputada Gladys Aurora, del Partido Nacional.

El COFADEH planteó al Movimiento MILPA y a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, la urgencia de adoptar planes de seguridad, que serán definidos en los próximos días.

De acuerdo al recuento de ambas organizaciones indígena y campesina en 2015 fueron muertos en forma violenta 20 dirigentes indígenas que luchan contra el represamiento del río Chinacla, ubicado en territorios indígenas de El Potrero, escenario hoy de este hecho terrorista imputable a los violadores de derechos humanos del pueblo indígena lenca.

Este Comité hace un llamado a la comunidad internacional a proteger la vida de Rosalío Vásquez, su familia y compañeros de organización, pues enfrentan una serie de hostilidades judiciales y de terrorismo directo que podrían causar hechos de peores consecuencias en la zona.

En este enlace publicado por el periodista Félix Antonio Molina en sus redes sociales se amplían elementos de la denuncia divulgada por Martín Gómez, sub coordinador del Movimiento MILPA.

DENUNCIA MARTIN GOMEZ

Defensores en linea

Origen: Alerta: terrorismo en Santa Elena, La Paz

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Organizaciones lencas denuncian campaña de terror impulsada por políticos y grupos económicos en el occidente de Honduras

Tegucigalpa.

El dirigente de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga dijo a http://www.defensoresenlinea.com que las comunidades indígenas lencas están viviendo una situación preocupante por cuanto se quiere sembrar el terror con los asesinatos de indígenas lencas que luchan por su derecho a los territorios ancestrales.

“Estamos viviendo una situación tremenda, se quiere sembrar el terror, el asesinato de Justo Sorto y varios compañeros de la zona como Santos Alberto Rodríguez y otros, que  son parte de una campaña para atemorizar a la población indígena lenca y luego despojarlos de los bienes comunes naturales como  la tierra, el agua, los bosques”, sostuvo Zúniga.

El 21 de enero de 2014, el dirigente indígena lenca y defensor de derechos humanos,  Justo Sorto, fue encontrado sin vida en una finca de la comunidad Yance en el municipio de Jesús de Otoro en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.  Justo Sorto fue miembro activo por 20 años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Varios disparos de arma de grueso calibre fueron la causa de la muerte del defensor de derechos humanos. Su cuerpo presentó tres heridas de bala; uno en la cabeza, otro en el pecho y uno en el dedo pulgar derecho.

Solo en el mes de diciembre de 2015, cinco asesinatos fueron perpetrados contra indígenas lencas en Gualinga y El Potrero, pertenecientes al municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

Los testimonios señalan como responsables a activistas políticos del Partido Nacional, funcionarios de la municipalidad de Santa Elena, empleados de la vice presidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora y su esposo Arnold López.

Esto viene a confirmar que los proyectos de concesiones hidroeléctricas impulsadas por el gobierno son “proyectos de muerte” sostuvo a http://www.defensoresenlinea.com,  el sub-coordinador del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPA), Martín Gómez Vásquez.

“Solo en el 2015 ha habido 5 asesinatos ,más que todo en el sector de Santa Elena, en el departamento de La Paz, porque ahí Gladys Aurora López (vice presidenta del Congreso Nacional)  y su esposo, quieren construir una hidroeléctrica que va a generar 14 mega-watios de energía”, dijo Gómez Vásquez.

En total en el occidente del país se registraron durante el año 2015, al menos  20 asesinatos de miembros y líderes de las comunidades  indígenas lencas que manifestaron su oposición a los proyectos hidroeléctricos y concesiones mineras impulsadas en la zona occidental del país por funcionarios de gobierno y grupos económicos.

Salvador Zúniga de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH),  señaló como responsables de la escalada de terror a grupos económicos, el poder político y a grupos criminales que pretenden imponer el terror en la zona.

Particularmente por el hecho de que existen proyectos hidroeléctricos que llevan al despojo de las tierras y también a la pretensión de explotar de manera inmisericorde a los bosques, explicó Zúniga.

Están construyendo represas en los ríos Gualcarque, Río Blanco, se pretende construir en el municipio de Santa Elena en el departamento de La Paz, también en San Rafael municipio de Jesús de Otoro, Intibucá; se ha concluido la represa en San José de Gladys Aurora López (vice presidenta del Congreso Nacional) y están concesionados todos los ríos, desde los más pequeños hasta los más grandes apuntó Salvador Zúniga.

Por otra parte hay concesiones mineras en Camasca, San Francisco de Lempira, Piraera, así como  en La Esperanza, entre otras regiones informó el dirigente indígena lenca.

“Con esta situación ha habido gente que está abandonando las zonas porque se han convertido en lugares peligrosos y este es el proyecto de las famosas ciudades modelo (Zonas Especiales de Desarrollo Económico ZEDES), que es un proyecto de entrega del territorio, pero también son proyectos vinculados al crimen organizado que pretenden construir sus santuarios para el lavado (de activos) y las operaciones criminales”, comentó.

“Ahí están involucrados Gladys Aurora López presidenta del Partido Nacional y vice presidenta del Congreso Nacional, también está vinculado otro miembro del Congreso del lado del departamento de Santa Bárbara en donde asesinaron a un compañero, y hay una campaña de asesinatos promovida por gente poderosa en el país, se habla también de Mario Pérez, secretario del poder legislativo que estaría vinculado al asesinato a un compañero de Santa Bárbara”, aseguró el dirigente de la CINPH.

Zúniga agregó que a parte de los departamentos de La Paz, Santa Bárbara, también están Intibucá, Lempira y Comayagua, en donde hay persecución tremenda contra la población indígena y también se ha dado el despojo del mercado central lenca que está en títulos ancestrales y que se encuentra en el municipio de Intibucá. Ahí hay una campaña de amenazas, hay criminalización en los tribunales y hay más de 500 personas con formal proceso en los tribunales.

Los juzgados de Intibucá dictaron formal procesamiento a 38 micro empresarios y microempresarias indígenas lencas, a las cuales se les dictó medidas sustitutivas a la prisión y deben estar presentándose a los juzgados a firmar el libro de registro.

Estos indígenas lencas han sido acusados de usurpación y desobediencia a la autoridad municipal, pese a que se desarrolló un cabildo abierto con anterioridad, en el que se determinó que se iba a escoger un lugar para la construcción de un mercado.

“Aquí hay una situación de discriminación y de favorecimiento a transnacionales como la Sabmiller que van a poner el carnaval cervecero los días jueves, viernes y sábado y otros locales que van a ser asignados para la distribución de los productos de la Cervecería Hondureña”, informó  Zúniga.

La CINPH ha estado presentado loas denuncias respectivas, colocando las alertas respectivas y en los próximos días se inicia toda una campaña de movilizaciones  en el contexto local, nacional e internacional, que van a tener impacto ya que es necesario que la conciencia nacional sea movida, para que se haga una administración adecuada de la justicia, anunció el dirigente.

“Nosotros hemos creado una alianza estratégica con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el COFADEH nos ha estado brindando asesoría, capacitación en materia de derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos en general, pero también ha estado haciendo un acompañamiento jurídico legal en los municipios de Santa Elena (La Paz), Siguatepeque (Comayagua) y en los departamentos de Lempira, La Paz, Comayagua y en la parte de Yoro”, puntualizó Zúniga.

De hecho un equipo de procuradoras de derechos humanos del COFADEH viajó recientemente a los departamentos de Santa Bárbara y La Paz para continuar con la documentación de varios casos de asesinatos perpetrados en la zona y registrando otras violaciones de derechos humanos que se han denunciado.

Origen: Organizaciones lencas denuncian campaña de terror impulsada por políticos y grupos económicos en el occidente de Honduras

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Fiscal de Santa Bárbara irrespeta a defensores de derechos humanos del COFADEH

El fiscal del Ministerio Público Vicente Reyes haciendo alarde de su autoridad, con prepotencia y sarcasmo irrespetó  el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que se avocaron a su oficina para indagar sobre el  asesinato de un líder indígena lenca ocurrido en aquel sector del país.

Reyes les dijo que los defensores de derechos humanos sólo llegan a interrumpir su labor y a obstaculizar los trabajos de investigación que él realiza.

En mayo de 2015  el fiscal Vicente Reyes estuvo encargado de realizar el levantamiento y reconocimiento del cuerpo sin vida del campesino Moisés Duron Sánchez (61), hecho ocurrido el 20 de mayo en la aldea San Juan, municipio de Ceguaca departamento de Santa Bárbara, cuando un grupo campesino realizaba la recuperación de unas tierras.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció y condenó el brutal asesinato de Moisés Durón Sánchez de la comunidad de Somolagua, San Juan, municipio de Ceguaca, departamento de Santa Bárbara, perpetrado por sicarios supuestamente vinculados a los hermanos Ríos (familia a la que se señala como invasora de tierras comunitarias) , en un hecho acontecido el 20 de mayo de 2015.

“El asesinato del compañero Moisés Durón, líder del COPINH en la comunidad de Somolagua, ocurre en el marco del proceso de recuperación de tierras, robadas a 25 familias de la comunidad por los hermanos Ríos (Florencio, Miguel, Saúl, Arsenio) en complicidad con el diputado en el Congreso Nacional Mario Pérez. El compañero Moisés Durón fue un importante dirigente campesino e indígena, miembro activo del COPINH en el departamento de Santa Bárbara y líder de la toma por la recuperación del territorio en Somolagua, iniciada el pasado 28 de abril”, señaló el comunicado emitido en aquella oportunidad por la organización indígena lenca.

Para conocer sobre los avances sobre las investigaciones de este hecho criminal, un equipo de defensoras y defensores del Cofadeh acudió el martes 27 de enero de al Ministerios Público de Santa Bárbara y al ser recibido por el fiscal Reyes, éste se sonrió sarcásticamente cuando el personal del Cofadeh se identificó como defensores de derechos humanos.

Cuando se le preguntó sobre el  por qué del sarcasmo de su sonrisa, el fiscal señaló que solo llegábamos a interrumpirlo y a obstaculizar su trabajo, sin haber conocido previamente el objetivo de la visita de los defensores de derechos humanos.

El COFADEH cuenta con varias denuncias interpuestas ante el comité de parte de defensoras y defensores de derechos humanos que reportan el irrespeto y los malos tratos que les profieren autoridades policiales y militares, y en algunos casos, como el que se señala, hasta de fiscales y jueces.

La acción del fiscal Vicente Reyes es inaudita, puesto que refleja un total desconocimiento de las leyes y de la doctrina de derechos humanos y evidencia la ignorancia dentro de algunos operadores de justicia, que desconocen la labor de defensoría, pese a que el país cuenta con una Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.

Pese a la actitud mostrada, el personal del Cofadeh le explicó al fiscal el objetivo de la visita, pero el funcionario en  todo momento estuvo mal encarado y contestando de mala gana y con sarcasmos, las interrogantes que le hacían los defensores de derechos humanos del COFADEH.

En principio dijo desconocer el caso y luego, siempre con actitud prepotente y con malcriadeza, reconoció que él había participado en el levantamiento y reconocimiento del crimen del campesino indígena lenca.

Con voz exaltada expresó que “ese levantamiento lo fui hacer porque la fiscal que estaba de turno no lo quiso ir a hacer y me presté yo para irlo a hacer y el caso lo tiene el abogado Nery Betancour, no lo tengo yo”.

Seguidamente, siempre con su tono de malcriadeza, señaló que “no sé porque me señalan a mi”.

Se le explicó que en la documentación está que fue él el que hizo el levantamiento y que por aso se acudía a él y que además los familiares de la víctima han solicitado información del caso y que se les ha negado.

Con voz más alterada indicó que en el levantamiento fue amenazado por miembros del Copinh y que se lo dijeron de frente, nada llamadas por teléfono ni mensaje.
“Si no es un muchacho barbón que se mete, que no sé cómo se llama, que no tiene nombre de Juan, Pedro, Carlos, que no es común, me hubieran pelado”, denunció muy molesto el fiscal Reyes.

Seguidamente expresó “ustedes cada vez que vienen no tienen ningún respeto, más bien, al contrario,  vienen a obstaculizar mis investigaciones y cada vez que unos los requiere solo son evasivas”.

El fiscal dijo en tono molesto que siempre han solicitado el apoyo de los defensores de derechos humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Santa Bárbara y que éstos solo son evasivas cuando se les requiere.

Se le explicó que el Conadeh es una institución Estado y que COFADEH es una organización de derechos humanos de la sociedad civil, que tiene muchos años de realizar la defensoría de los derechos humanos, mucho antes que surgiera el Conadeh.

También se le hizo del conocimiento que Cofadeh ha realizado varios trabajos con la Fiscalía de los Derechos Humanos con sede en Tegucigalpa y que se han obtenido buenos resultados y que nunca han irrespetado al personal de la organización, tal como lo ha hecho él, que COFASDEH siempre han sido respetuoso en el intercambio de información.

Ya un poco calmado, debido a que sus compañeros lo interrumpían para preguntarle sobre otros casos, señaló que hace unos días se reunió con miembros del Copinh y que tenía entendido que ya se había presentado requerimiento fiscal en esa causa.

Indicó que los testigos que se señalaron no quisieron declarar y que además le estaban preguntando de un caso que no es de él, que es llevado por el fiscal Nery Betancourt.

El personal del COFADEH le expresó al fiscal Reyes que lamentaba su actitud prepotente y de malcriadeza, y que el objetivo es realizar un trabajo de defensoría de los derechos humanos y que si las autoridades lo hicieran bien, no tendríamos razón de existir.

Debido a esa actitud prepotente y de malcriadeza el fiscal brindó  datos incorrectos al personal del COFADEH, al señalar que el hecho criminal había ocurrido en agosto de 2015, cuando en el acta de defunción está que el hecho fue el 20 de mayo de ese año.

Finalmente, siempre molesto y para no seguir atendiendo al personal del COFADEH les expresó que esperaran al abogado Nery Betancour para solicitarle información porque al fin y al cabo es el que llevaba el caso y que en esos momentos no estaba porque andaba en una audiencia y que no sabía a qué hora regresaría y que si no, se interpusiera un escrito solicitando la información requerida.

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Origen: Fiscal de Santa Bárbara irrespeta a defensores de derechos humanos del COFADEH

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Front Line Defenders condena el asesinato del hijo de un destacado defensor de DDHH en La Paz

En un comunicado emitido el 24 de diciembre de 2015, la organización internacional Front Line Defenders condenó enérgicamente el asesinato del indígena lenca  Javier Vásquez Benítez y expresó su profunda preocupación por la falta de protección para los defensores de derechos humanos y la falta de una investigación efectiva sobre los asesinatos previos de líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la comunidad.

Front Line Defenders sostuvo que defensores de derechos humanos del departamento de La Paz han reportado un aumento en el número de ataques e intimidaciones a los que han sido sometidos como consecuencia de su oposición al proyecto de la hidroeléctrica de Los Encinos.

El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo de Javier Vásquez Benítez fue encontrado en un barranco en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz. Javier Vásquez es el hijo del defensor de derechos humanos y prominente líder indígena, Gilberto Vásquez.

El comunicado señala que debido a la situación de alto riesgo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de 14 líderes indígenas que han estado luchando por el reconocimiento de sus tierras ancestrales y contra el mega proyecto y que Gilberto Vásquez no figura entre los beneficiarios de dichas medidas.

Gilberto Vásquez es el presidente del Consejo Indígena de la Comunidad de Gualinga. El Consejo trabaja para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el departamento de La Paz y en la defensa y promoción de los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales.

El defensor de derechos humanos se ha opuesto activamente a la construcción de la Hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la empresa Los Encinos S. de RL, mediante la participación en diversas marchas y manifestaciones, varias veces acompañado por su hijo. La Hidroeléctrica Los Encinos fue construida y opera en la región a pesar de que no se celebraron consultas con las comunidades indígenas locales.

Este homicidio ocurrió tras el asesinato de dos defensores de derechos humanos y líderes indígenas de la comunidad Gualinga y la persecución de varios defensores más. Se cree que el asesinato de Javier Vásquez está vinculado al trabajo de su padre como defensor de derechos humanos, como una forma de intimidarle e impedirle de seguir oponiéndose a la Hidroeléctrica Los Encinos.

En mayo de 2015, el cuerpo del Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera entre los departamentos de Intibucá y La Paz. El asesinato se produjo en un contexto de conflicto entre la empresa Los Encinos S. de RL y los pueblos indígenas de la región.

El defensor de derechos humanos desempeñaba un papel destacado en la oposición al proyecto de la Hidroeléctrica Los Encinos y había denunciado en varias ocasiones la falta de consulta previa a las comunidades locales sobre el mega proyecto, en violación al derecho de la comunidad a la consulta previa previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En enero de 2015 fue asesinado el Juan Francisco Martínez, quien era un miembro activo del Movimiento Indígena Lenca Independiente  de la Paz, Honduras (MILPAH). El defensor de derechos humanos trabajaba en cuestiones relacionadas con el derecho al agua, a la tierra y al territorio en la comunidad Gualinga. Ambos asesinatos siguen impunes.

Front Line Defenders es la Fundación Internacional para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Front Line Defenders fue fundada en Dublín en el año 2001, con la meta específica de proteger a los defensores y a las defensoras de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Front Line atiende las necesidades de protección identificadas por los mismos defensores y defensoras.

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Origen: Front Line Defenders condena el asesinato del hijo de un destacado defensor de DDHH en La Paz

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Pasos de Animal Grande – Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de indígena Javier Vásquez Benítez

24 de diciembre de 2015.-Honduras : Asesinato de miembro de la familia del defensor de derechos humanos y líder indígena Gilberto Vásquez

El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo del Sr Javier Vásquez Benítez fue encontrado en un barranco en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz. Javier Vásquez es el hijo del defensor de derechos humanos y prominente líder indígena, Sr GILBERTO VÁSQUEZ.

Gilberto Vásquez es el presidente del CONSEJO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE GUALINGA. El Consejo trabaja para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el departamento de La Paz y en la defensa y promoción de los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales. El defensor de derechos humanos se ha opuesto activamente a la construcción de la Hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la empresa Los Encinos S. de RL, mediante la participación en diversas marchas y manifestaciones, varias veces acompañado por su hijo. La Hidroeléctrica Los Encinos fue
construida y opera en la región a pesar de que no se celebraron consultas
con las comunidades indígenas locales.

Este homicidio ocurrió tras el asesinato de dos defensores de derechos humanos y líderes indígenas de la comunidad Gualinga y la persecución de varios defensores más. Se cree que el asesinato de Javier Vásquez está vinculado al trabajo de su padre como defensor de derechos humanos, como una forma de intimidarle e impedirle de seguir oponiéndose a la
Hidroeléctrica Los Encinos.

En mayo de 2015, el cuerpo del Sr SILVESTRE MANUELES GÓMEZ fue encontrado
desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera entre los departamentos de Intibucá y La Paz. El asesinato se produjo en un contexto de conflicto entre la empresa Los Encinos S. de RL y los pueblos indígenas de la región. El defensor de derechos humanos desempeñaba un papel destacado en la oposición al proyecto de la Hidroeléctrica Los Encinos y había denunciado en varias ocasiones la falta de consulta previa a las comunidades locales sobre el mega proyecto, en violación al derecho de la comunidad a la consulta previa previsto en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En enero de 2015 fue asesinado el Sr JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ, quien era un miembro activo del MOVIMIENTO INDÍGENA LENCA DE LA PAZ, HONDURAS (MILPAH).

El defensor de derechos humanos trabajaba en cuestiones relacionadas con el derecho al agua, a la tierra y al territorio en la comunidad Gualinga.

Ambos asesinatos siguen impunes

 

Defensores de derechos humanos del departamento de La Paz han reportado un aumento en el número de ataques e intimidaciones a los que han sido sometidos como consecuencia de su oposición al proyecto de la hidroelétrica de Los Encinos. Debido a la situación de alto riesgo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en
favor de 14 líderes indígenas que han estado luchando por el reconocimiento de sus tierras ancestrales y contra el mega proyecto. El Sr. Gilberto Vásquez no figura entre los beneficiarios.

Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de Javier Vásquez Benítez y expresa su profunda preocupación por la falta de protección para los defensores de derechos humanos y la falta de una investigación efectiva sobre los asesinatos previos de líderes indígenas y defensores de derechos humanos en la comunidad.

24 de diciembre de 2015

HONDURAS : ASESINATO DE MIEMBRO DE LA FAMILIA DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDER INDÍGENA GILBERTO VÁSQUEZ

El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo del Sr Javier Vásquez Benítez fue
encontrado en un barranco en el municipio de Santa Elena, departamento de
La Paz. Javier Vásquez es el hijo del defensor de derechos humanos y
prominente líder indígena, Sr GILBERTO VÁSQUEZ.

Gilberto Vásquez es el presidente del CONSEJO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE
GUALINGA. El Consejo trabaja para la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas en el departamento de La Paz y en la defensa y promoción de los
derechos de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales. El
defensor de derechos humanos se ha opuesto activamente a la construcción
de la Hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la empresa Los Encinos S.
de RL, mediante la participación en diversas marchas y manifestaciones,
varias veces acompañado por su hijo. La Hidroeléctrica Los Encinos fue
construida y opera en la región a pesar de que no se celebraron consultas
con las comunidades indígenas locales.

Este homicidio ocurrió tras el asesinato de dos defensores de derechos
humanos y líderes indígenas de la comunidad Gualinga y la persecución de
varios defensores más. Se cree que el asesinato de Javier Vásquez está
vinculado al trabajo de su padre como defensor de derechos humanos, como
una forma de intimidarle e impedirle de seguir oponiéndose a la
Hidroeléctrica Los Encinos.

En mayo de 2015, el cuerpo del Sr SILVESTRE MANUELES GÓMEZ fue encontrado
desmembrado en la orilla del Río Chinacla, en la frontera entre los
departamentos de Intibucá y La Paz. El asesinato se produjo en un contexto
de conflicto entre la empresa Los Encinos S. de RL y los pueblos indígenas
de la región. El defensor de derechos humanos desempeñaba un papel
destacado en la oposición al proyecto de la Hidroeléctrica Los Encinos y
había denunciado en varias ocasiones la falta de consulta previa a las
comunidades locales sobre el mega proyecto, en violación al derecho de la
comunidad a la consulta previa previsto en el Convenio Nº 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En enero de 2015 fue asesinado el Sr JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ, quien era un
miembro activo del MOVIMIENTO INDÍGENA LENCA DE LA PAZ, HONDURAS (MILPAH).
El defensor de derechos humanos trabajaba en cuestiones relacionadas con el
derecho al agua, a la tierra y al territorio en la comunidad Gualinga.
Ambos asesinatos siguen impunes.

Defensores de derechos humanos del departamento de La Paz han reportado un
aumento en el número de ataques e intimidaciones a los que han sido
sometidos como consecuencia de su oposición al proyecto de la
hidroelétrica de Los Encinos. Debido a la situación de alto riesgo la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en
favor de 14 líderes indígenas que han estado luchando por el
reconocimiento de sus tierras ancestrales y contra el mega proyecto. El Sr.
Gilberto Vásquez no figura entre los beneficiarios.

Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de Javier Vásquez
Benítez y expresa su profunda preocupación por la falta de protección
para los defensores de derechos humanos y la falta de una investigación
efectiva sobre los asesinatos previos de líderes indígenas y defensores
de derechos humanos en la comunidad.

Origen: Pasos de Animal Grande – Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato de indígena Javier Vásquez Benítez

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Asesinan a líder indígena de MILPAH en Santa Elena, La Paz

Javier Vásquez Benítez, quien integra el Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) fue asesinado el lunes 21 de diciembre, en la comunidad de Santa Elena, departamento de la Paz, su cuerpo fue encontrado sin vida con varios golpes, en horas de la noche del día domingo 20 de diciembre, a orillas de una calle , de acuerdo a la información que publicó el Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec) en su página oficial de facebook.

 Mientras la sociedad hondureña se prepara para celebrar la fiestas de Nochebuena, el panorama es trágico para el pueblo indígena lenca, en el preámbulo de estas navidades en la comunidad de Rio Blanco, Intibucá,  un integrante de origen español, del Observatorio de Derechos Humanos de la Comunidad, ha recibido amenazas de muerte por parte del jefe de la seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

Suman y siguen los crímenes

Según la información que brindó MILPAH, el joven era hijo de Gilberto Vásquez, presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga, en el municipio de Santa Elena y a su vez era sobrino de Felipe Benítez, actual presidente de esa institución.

El asesinato de Javier Vásquez Benítez, se suma a dos más ocurridos en los primeros cinco meses de este año. En Enero fue asesinado Juan Francisco Martínez, reconocido dirigente de MILPAH. Según Cehprodec los autores del crimen gozan de libertad a pesar que hay órdenes de captura giradas en su contra.

En el mes de mayo le quitaron la vida a otro dirigente de nombre Silvestre Manueles Gómez, cuyo cuerpo fue desmembrado en la a la orilla del Rio Chinacla en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz.

De acuerdo con un estudio realizado en conjunto por Cehprodec y Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), en el municipio de Santa Elena, en tierras de naturaleza jurídica nacional, ocupadas desde hace más de cinco años por pueblos indígenas lencas, se instaló el  proyecto hidroeléctrico Los Encinos S.A, debido a esa ilegalidad en sus territorios las comunidades  a través de los distintos consejos indígenas realizaron una acción de recuperación de tierras según lo establecido en la Ley de Reforma Agraria.

Además de violar el derecho a la consulta previa que consta en el convenio 169 de la OIT, los pobladores y pobladoras expresan en particular serias afectaciones al derecho a la alimentación, al acceso al agua, también el incremento del hostigamiento  y criminalización  de la que son objeto  miembros  de las comunidades.

Defensor extranjero con fuertes amenazas a muerte en comunidad de Rio Blanco

Mientras que en el Departamento de Intibucá, específicamente en la comunidad de Rio Blanco en donde el monstro voraz de concesionarias de recursos naturales pretenden imponer la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, un integrante, de origen español, del Observatorio de Derechos Humanos de esta comunidad ha recibido amenazas de muerte por parte de miembros de la compañía de seguridad de la empresa Desarrollo energéticos S.A (DESA).

Lo anterior fue denunciado por el sub coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,(COPINH), Tomás Gómez Membreño quien aseguró que “lo han amenazado en varias ocasiones el jefe de la seguridad de esta empresa, y la situación en Río Blanco es bien compleja, pero como pueblo indígena lenca hemos hecho una fuerte resistencia para que no se siga construyendo el proyecto hidroeléctrico de Agua zarca”.

De acuerdo con la información que brindó Gómez Membreño a pasosdeanimalgrande.com, el defensor ya estableció comunicación con el personal de la Embajada de España en nuestro país, y su titular se mostró “muy preocupada” ante la situación que enfrenta por lo que no se descarta que solicite un informe a las autoridades hondureñas.

Por cuestiones de seguridad producto de la situación de indefensión en la que se encuentra, la dirigencia del COPINH determinó reservar su nombre  tanto en declaraciones a los medios de comunicación como  en las alertas que emiten en su página web.

“En este contexto que vivimos parece que estamos condenados a que continúen las amenazas y de forma más fuerte. Y de esta manera seguir justificando la construcción de la hidroeléctrica”. Agregó Gómez Membreño.

Obstaculización y amenazas rondan el trabajo de Fiscalía de Etnias

De igual forma el COPINH reprochó la coerción que existe sobre el personal de la Fiscalía de Etnias del Ministerio Público, la cual fue creada para proteger los derechos de los pueblos originarios y afro descendientes.

Gómez Membreño explicó el “importante papel” jugado por esta dependencia ya que en el caso del juicio contra el asesino de Tomas García se pudo ganar de forma parcial. “Yo creo que si hubiese sido con la Fiscalía de delitos Comunes no hubiésemos logrado que se culpabilizara a este tipo”.

Es por eso que el COPINH exige al gobierno de la República le brinde todo el apoyo necesario a esta Fiscalía porque se ha visto que la mantienen al margen del resto de las demás lo que limita su accionar que puede ser eficaz  y vital en medio de la actual coyuntura que enfrentan los pueblos originarios.

Esta Fiscalía ha levantado un proceso producto de una denuncia presentada por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), quienes denunciaron un intento de asesinato en contra del defensor de derechos humanos Vidal Leiva, ya que en los juzgados de Trujillo se abordó el caso y concluyeron de forma inaudita que Leiva había cometido él mismo esta acción atentatoria a su persona.

Origen: Pasos de Animal Grande – Asesinan a líder indígena de MILPAH en Santa Elena, La Paz

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Defensores por el derecho a la tierra comparten experiencias para crear alianzas

Saturday, 31 October 2015 19:18 Sandra Rodríguez 

Defensores y defensoras por el derecho a la tierra en el Bajo Aguán, se movilizaron hasta el departamento de La Paz, para conocer experiencias de campesinos que atraviesan similares problemas por la misma lucha.

Hace unos días, en el marco del proyecto Apoyo y protección a los defensores de DDHH trabajando en conflictos por tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras, se dieron cita más de 30 hombres y mujeres criminalizados por las autoridades de justicia y terratenientes que ven a los campesinos y defensores como sus enemigos.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, coordinó el encuentro con la ayuda de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, quien habilitó un centro de capacitación en San José, departamento de La Paz, y fueron acompañados además por integrantes de del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH).

Unas de las personas que compartió su experiencia fue Magdalena Morales, presidenta de la CNTC- regional El Progreso, Yoro, criminalizada por unirse a la defensa de la tierra de otras personas que no tienen donde vivir y cultivar sus alimentos, al igual que 300 mil familias en Honduras.

Desde su  experiencia instó a los y las asistentes a ser solidarios, que no piensen solo en ellos, sino en aquellos mas desposeídos. Así mismo sucede cuando un compañero es criminalizado, no se puede dejar solo “yo misma enfrenté junto a 1600 familias, a ese monstruo – refiriéndose a la Transnacional Azucarera del Norte (AZUNOSA) de la compañía SABMiller, que la acusó por usurpación de tierras, daños y perjuicios continuados.

También le dijo a los defensores del Bajo Aguán y La Paz, que deben visitar a las bases que están desanimadas, que insistan en que se capaciten, pues en la vida siempre van a encontrar oportunidades, y sobre todo que aspiren a ser comunidades autos sostenibles.

“Entre todos vamos a lograr lo que nos proponemos, pero solos no” enfatizó Morales.

Ser defensora de derechos humanos no es fácil, como mujer muchas veces toca alejarnos de nuestros hijos, porque si una corre peligro, también lo pasa la familia, pero este compromiso es con muchas personas y por eso hay fuerzas para continuar.

Magdalena insistió en que, hay que tener paciencia y ser solidarios con sus compañeros, en la CNTC actuamos como un equipo de futbol, si uno falla perdemos todos, si uno se esfuerza es a nombre de todos. Muchas veces hay que fingir la sonrisa, pero solo nosotros sabemos cómo andamos.

También considera importante la formación académica, pues ella misma perdió oportunidades por no tener un grado de escolaridad requerida, sola algunos años de educación primaria, y si se educan hay más oportunidades, pero debe ser pota fortalecer la defensa de la tierra, de la alimentación y de la vida.

“Una persona no capacitada es una persona perdida, hay gente que no acepta consejo, esa persona no va a llegar a nada. El líder que impone su opinión con gritos no sirve, no manda nada” finalizó la lideresa campesina.

Una lucha de lo local a lao nacional

Por su parte Luis Cálix, dirigente de la CNTC- regional La Paz, afirmó que “, los políticos utilizan la lucha de los pueblos y  comunidades la  para llegar al poder, por lo que debemos llevar un compromiso de defensa de la tierra, compromiso de conciencia, para dejar un legado a nuestros hijos”.

Luchamos por una sola tierra, un solo país, los mismos derechos. No estamos solos, luchamos por ocho millones de personas pobres, pero aunque nos sintamos desprotegidos, tenemos que conocer de nuestras leyes y derechos, de las alianzas que tenemos y las organizaciones que nos rodean.

Nuestra lucha es de décadas, nos enfrentamos a poderosos, y ellos nos ven como enemigos, por eso debemos tener presente nuestras convicciones y la solidaridad y apoyo mutuo, no dejarnos solos, no ver distinciones, sino que juntos debemos luchar sin olvidar nuestra historia, nuestra memoria.

Cuántas personas han sido sacrificadas, asesinadas, desparecidas, por tener nuestra convicción, y por ellas es que debemos seguir la lucha, que donde estén sepan que aquí seguimos nosotros, y que si nosotros no vemos frutos de nuestra luchas, lo verán las futuras generaciones, nuestros hijos y nietos, por eso hay que formarlos en la lucha social, así como hemos sido formados nosotros, respetando los derechos humanos y el amor por nuestra tierra, apuntó Cáliz, sobreviviente de la década de los ochentas.

La experiencia del Bajo Aguán es nueva

Viendo la historia de los campesinos de La Paz, los defensores y defensoras del Bajo Aguán analizan que su lucha es reciente, por lo que es importante este tipo de intercambios para conocer experiencias y tomar como ejemplo acciones que les ayude a defender la tierra.

El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, compartió que están en la defensa de los territorios: minería, hidroeléctrica y Zonas Económicas de Desarrollo, que ocasionaran más violaciones a los derechos humanos.

Martha Arnold, coordinadora del OPDHA, dijo que parte de su labor es que “exigimos ver a los detenidos, y porque son procesados”. En este proceso hemos aprendido a interponer Habeas Corpus y habeas data, no necesitamos de abogados presentes, y los aconsejamos.

Tenemos que tomar las buenas recomendaciones, porque así nos defendemos mejor, ya que quienes nos atacan pasan horas, días, noches… planificando como afectarnos, pero nosotros pasamos tan ocupados que el tiempo se nos hace muy corto, por lo que debemos estar preparados, puntualizó la defensora, quien posee medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las que abarca a sus cinco hijos, todos menores de edad, por correr riesgo debido a la labor que realiza su mamá.

Otro problema que enfrentan los campesinos y campesinas criminalizadas, según Irma Lemus, sub coordinadora del OPDHA,  es que en Colón, hay ocasiones que las autoridades libran orden de captura contra las personas que firman arraigos, por lo que también se vuelve problema querer ayudar a los compañeros criminalizados.

Otra situación es que se celebran audiencias contra campesinos y no se les da tiempo para que se presenten. También nos encontramos con casos que creemos que son seguimientos a procesos abiertos, por lo que los y las defensoras por el derecho a la tierra no tenemos nada a nuestro favor. Tenemos un caso en que la víctima es un campesino y ahora se le acusa de apedrear al militar que lo atacó.

El sistema de justicia en La Paz, también actúa de forma extraña, pues asistentes al encuentro comentaron de un campesino de religión evangélica, y en una audiencia donde se presentaron los arraigos, la jueza le pidió un documento que extiende la iglesia católica, cuando a ella no le debería importar de qué religión son las personas.

El 16 de julio 2015 fue capturado un grupo de campesinos en La Paz, “una compañera embarazada abortó por la ingesta de gases lacrimógenos. Ellos no se fijan en la edad o sexo de las personas que agreden, pues atacan a niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, etc.  En el presidio de Marcala, dan un trato inhumano, no hay respeto a la dignidad personal, se ven cosas que solo parece un zoológico. Aquí a las autoridades les vale”, dio un joven que fue encarcelado por estar en un proceso de recuperación de tierras.

Por su parte Vitalino Álvarez, quien participó en representación del Movimiento Unificado del Aguán, MUCA,  recalcó que se debe actuar con cautela, pues quienes asesoran al gobierno de Honduras, son los mismos que dirigen a Colombia, y lo que vemos es una “colombianización” en las acciones de ataque y persecución contra las personas que se oponen al sistema.

Fiscales de las Etnias desconocen a los indígenas

Por MILPAH, Martin Gómez Vásquez, expuso la situación de ataque e indefensión que viven a diario, específicamente en el municipio de Santa Elena, La Paz.

“Debemos fortalecernos más a través de estos eventos, por lo que agradecemos a COFADEH, después de escuchar estos testimonios nos damos cuenta que no estamos solos. Hemos logrado la liberación del municipio de Santa Elena y que los concejos indígenas se integren a la lucha por la defensa de la tierra”.

Nos enfrentamos a grandes poderes como el esposo de la diputada Gladys Aurora López que también es presidenta del partido Nacional, él es el administrador de una empresa hidroeléctrica que pretenden construir en territorios indígenas.

Inculpan a compañeros indígenas por la muerte de otras personas, porque las autoridades se confabulan con ellos. Cuando vamos a un juicio, le decimos al fiscal o defensor, que nosotros como indígenas debemos tener un trato especial según el convenio 169 de la OIT, nuestros propios jueces, clínicas, universidades, diferentes a los ladinos, afirmó Martín.

Todo eso es violación a nuestros derechos humanos, aunque tenemos una fiscalía especial de las Etnias, solo tiene 4 fiscales. La misma justicia hondureña es totalmente ignorante porque ni siquiera –dicen- que nos conocen, teniéndonos en frente.

Estamos totalmente excluidos. Yo siempre digo que no le pido nada al alcalde, que no me de nada, pero que tampoco me esté jodiendo. Muchas organizaciones civiles y religiosas que tenemos en el país, se prestan y confabulan al juego del Estado. Es increíble que tenemos comunidades indígenas en toda la frontera hondureña desde Choluteca hasta Ocotepeque y que debamos ir a El Salvador a buscar medicinas, educación, incluso que allá nacen nuestros hijos.

El agua, el bosque, el aire, es nuestro, no debemos permitir que vengan extranjeros a quitárnoslo. Deberían pedirnos permiso incluso los aviones para sobrevolar nuestro suelo. Las piedras donde nos sentamos, el suelo donde vivimos es nuestro, así lo establece el convenio 169 de la OIT.

Al finalizar el encuentro de dos días, se hizo un pronunciamiento en el que condenan la criminalización contra los y las defensoras de derecho a la tierra y campesinos. Así mismo exigen al Estado que respete sus derechos, y a la comunidad nacional e internacional que permanezcan atentos a la situación que se vive en Honduras.

Los defensores fortalecerán estas alianzas y estar pendientes unos de los otros, pues solo entre ellos mismos y con el respaldo de organizaciones como COFADEH, CNTC, MILPAH entre otras, podrán enfrentarse al sistema opresor de justicia y político de Honduras.

Origen: Defensores por el derecho a la tierra comparten experiencias para crear alianzas

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Honduras:Pueblo Indígena de Santa Elena sacaron en desbandada a empresa que pretende realizar represa hidroeléctrica.

miércoles, 25 de febrero de 2015

La Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras CInPH, emite el siguiente comunicado Urgente:

    
 El día Lunes 23 de febrero se introdujeron máquinas y otros equipos, conducidos por personal contratado por la empresa propiedad de los señores Arnol Castro y Gladis Aurora López, con el objeto de comenzar trabajos para la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el rio Chinacla, en clara violación al convenio 169 de la O.I.T. La Constitución de la república y otros marcos jurídicos favorables a los pueblos indígenas.   
2.      Ante la invasión a los territorios de la población indígena lenca de Santa Elena departamento de La Paz; La población activó los mecanismos de alerta y movilización pacífica frente a los invasores, lo que permitió que miles de habitantes lencas afiliados y afiliadas a la CInPH, y MILPA, se desplazaran y se apostaran, rodeando a los extractivitas privatizadores del rio Chinacla, logrando que este día martes 24 de febrero se largaran del territorio indígena, prometiendo no volver a intentar el despojo.
3.      

      Es importante destacar esta importante victoria de un pueblo que lucha de manera pacífica pero contundente, que hasta el momento, no ha permitido que se instalen los invasores.  
4.      Manifestamos que nos mantenemos en pie de lucha y no permitiremos que se nos despoje de nuestros bienes comunes naturales.
                                                      Cruz Alfaro Laínez.
                                                   Coordinadora General
                          Lempira no es solo un nombre, Lempira es todo un pueblo.
                                   Vivimos para luchar, luchamos para vencer.
                                  Santa Elena, La Paz 24 de febrero del 2,015  

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