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Pobladores de Santa Cruz, Lempira queman patrulla policial por herir a dos vecinos –

Exclusiva de Criterio.hn    Exclusiva de Criterio.hn     Exclusiva de Criterio.hn Por: Redacción CRITERIO        redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. Pobladores del municipio de Santa Cruz, en el departamento de Lempira, en el Occidente de Honduras, se han tomado la justicia por su cuenta, al quemar la patrulla y posta de la Policía Nacional, porque los uniformados hirieron de […]

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Amenazas a muerte obligan a comisionado de policía Leandro Osorio a abandonar el país –

El comisionado Osorio apuntó que hay gente en la policía que han estado en puestos en la Ceiba y Olancho que recibían dinero del narcotráfico y que hoy ocupan altos cargos en la policía y que van para adelante hasta pretender controlar la institución. Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.-El comisionado de la Policía, Leandro Osorio, […]

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Comisionado de la Policía, Leandro Osorio, renuncia por amenazas de muerte – NotiBomba

El comisionado de la Policía, Leandro Osorio, anunció en la mañana de este jueves que se va del país

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Confirman “sacudida” en altos mandos de la Policía

Tegucigalpa – Los altos mandos y los intermedios de la Policía Nacional sufrieron una “sacudida”, informaron fuentes oficiales el mediodía de este jueves.

 

– El comisionado Leandro Osorio acusó al exjefe de las Fuerzas Armadas, Fredy Santiago Díaz, de ponerlo en mal con el presidente Hernández.

– El Subcomisionado Lázaro Fredy Lagos Sánchez asume como titular de la DPI.

El director de la Policía, Félix Villanueva, sigue el mando de la institución en tanto el comisionado Quintín Juárez pasa como segundo al mando.

El vocero policial, Leonel Sauceda, dijo que los cambios oficializados este día obedecen a la necesidad de implementar el nuevo modelo de servicio comunitario y reconocer el profesionalismo de todos los oficiales.

Varios oficiales fueron enviados al servicio exterior como agregados policiales: Elder Madrid Guerra que era el subdirector de la Policía; Javier Leopoldo Flores Milla que se desempeñaba como director de Recursos Humanos; y José Leandro Osorio Santos que era el jefe noroccidental policial.

Para el caso Quintín Juárez, que era el director de Logística, asume como subdirector de la Policía, en tanto el director de Policía Comunitaria, Carlos Arnoldo Mejía López, pasa a ocupar el cargo de director de Recursos Humanos.

Además se nombró a José David Aguilar Morán como director de Investigación e Inteligencia del cuerpo policial.

Fueron ratificados en sus cargos: Héctor Iván Mejía como director de operaciones, organización y adiestramiento; Elvis Javier Cantarero Ventura en Inspectoría General; Raúl René Aguilar Mazzoni como director de la Policía Preventiva; José Amílcar Mejía Rosales, como director de Educación Policial; Osman Díaz Santos en la dirección de Policía de Tránsito; y Orlin Javier Cerrato Cruz como jefe del Sistema de Inteligencia Policial.

Osorio culpa a ex jefe de las FFAA

leandro123El ahora propuesto para agregado policial Leandro Osorio, acusó, – en una declaración brindada al telenoticiero Hable como Habla, –  al exjefe castrense Fredy Santiago Díaz de mentirle al presidente Juan Orlando Hernández para provocar su salida.

“Yo admiro realmente el trabajo que está haciendo el abogado Juan Orlando Hernández, nunca nadie había hecho lo que él está haciendo, mi respeto para él, pero lo están engañando”, expresó.

Al ser consultado si el mandatario está siendo engañado por la cúpula policial, dijo que “no, no, es por otra gente con otro tipo de uniforme”.

Ejemplificó que “si se va a recorrer los barrios y colonias, después de las 9:00 de la noche, en la madrugada a ver a quien encuentra, solo encuentra a la Policía Nacional, no se encuentra a nadie más y no conviene robustecer la inteligencia ni la investigación”.

“Tenemos que ser trasparentes, si vamos a ser transparentes es en todo y a mí me obligaban que llevar gente de la Policía Militar a las fotos en la DNIC, solo para que salieran ellos y tiene que haber trasparencia en todo”, remarcó Osorio.

Igualmente acotó que “desgraciadamente al presidente le mienten y a quien debe apostarle no le apuesta, a quien debe fortalecer, robusteciendo la investigación criminal y la inteligencia es la Policía Nacional, pero no le estamos apostando a eso”.

Además reveló que “(el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, general (Freddy) Díaz Zelaya, le fue a decir al presidente de que yo estaba intencionado en hacer quedar mal el proyecto de la Policía Militar, porque se le metieron presos a dos oficiales que supuestamente mataron a dos cambistas en El Pedregal y La Honduras y la fiscal que llevó el caso fue relevada también”.

Los cambios en detalle

General director de la Policía, Félix Villanueva Mejía.

Asumen en servicio exterior

Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla y José Leandro Osorio Santos.

Comisionado Quintín Juárez, subdirector general de la Policía.

Comisionado Héctor Iván Mejía, director de operaciones, organización y adiestramiento.

Comisionado Elvis Javier Cantarero Ventura, Inspector general.

Comisionado Carlos Arnoldo Mejía López, director de Recursos Humanos.

Comisionado Wilmer Marthel Valle, director de Materiales de la Policía.

Comisionado José David Aguilar Morán, director de Investigación e Inteligencia.

Comisionado Alcides Vides Castillo, jefe noroccidental policial.

Comisionado Raúl René Aguilar Mazzoni, director de la Policía Preventiva.

Comisionado José Amílcar Mejía Rosales, Director de Educación Policial.

Comisionado Osman Díaz Santos, director de Policía de Tránsito.

Comisionado Mario Roberto Sevilla López, director de Unidades Especiales.

Comisionado Gustavo Adolfo Fajardo, secretario ejecutivo de la Dirección Policial.

Subcomisionado Otoniel Castillo Lemus, director de Policía Comunitaria.

Subcomisionado Lázaro Fredy Lagos Sánchez, director de DPI.

Subcomisionado Orlin Javier Cerrato Cruz, jefe del Sistema de Inteligencia Policial.

Subcomisionado Wilmer Torres Saavedra, director del Instituto Tecnológico Policial.


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Congreso pretende otorgar plenos poderes a JOH para que maneje la Policía y las Fuerzas Armadas a su antojo –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El diputado del Partido Anti Corrupción (PAC), Luis Redondo, denunció que hay un proyecto de decreto que los nacionalistas pretenden introducir en cualquier momento al seno del Congreso Nacional para otorgar plenos poderes al presidente de Honduras, Juan Hernández para que maneje a su libre albedrio la Policía Nacional y

y las Fuerzas Armadas.

luis redondo

De acuerdo a Redondo,  esta reforma rompería el orden institucional porque otorgaría al Presidente de la República plenos poderes para que cambie a su antojo los jefes de ambas instituciones sin respetar la sucesión generacional, que es propia de ambos cuerpos armados.

Asimismo tendría la facultad de fijar el número de policías, siendo esto una política ineficaz e inaplicable,  porque el número de los miembros policiácos depende de varios factores que incluyen la formación y el conocimiento de muchas ramas del saber,  relativos a la criminalística y la criminología entre otras, sustentó.

La policía crece de acuerdo al crecimiento y movimiento social por eso es improcedente establecer un número fijo de miembros, agregó el parlamentario por el departamento de Cortés.

Redondo dice que,  tras leer el proyecto de decreto ha llegado a la conclusión que las pretendidas  reformas son antidemocráticas y resquebrajan la institucionalidad, porque violentan la autonomía, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.

El diputado Redondo analiza que,  esta norma es de similar o mayor amenaza que el proyecto a rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que introdujo al seno del Poder Legislativo el Partido Nacional el 25 de enero de 2015 y que los partidos de oposición rechazaron al momento de su votación.

Esto es un asalto a la democracia, ya que se quiere conferir poderes omnímodos y autoritarios al presidente del Ejecutivo y eso solo sucede en los gobiernos dictatoriales, apuntó el parlamentario del PAC.

Aquí lo que se pretende,  dijo Redondo,  es brindar al presidente Hernández  y conferirle el control policiáco-militar en vistas a una reelección  y darle el control armado para no correr riesgo que las Fuerzas Armadas cumplan con su mandato constitucional de garantizar la alternabilidad en el poder, cuando la reelección está a la vuelta de la esquina,  ya que en Honduras no se respetan las leyes, es más las falsifican, cuestionó.

Finalmente hizo un llamado a la reserva moral de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para estar atentos a este gran error que se cometería en el Congreso Nacional al darle más poder al actual mandatario e hizo un llamado a los demás diputados para no aprobar esto.

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Policía Nacional de Honduras estrena uniforme sin ser depurada –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En medio de críticas y cuestionamientos por su oscuro proceder, la Policía Nacional de  Honduras optó por estrenar un nuevo uniforme y no por cumplir su promesa de depurar la institución. El gobierno admitió que el proceso de depuración esa es una tarea pendiente para este año, ya que el año […]

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Por abuso de autoridad y violaciones denuncian a director de la Policía Nacional –

Tegucigalpa.- Por abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y violaciones de los derechos humanos, fue denunciado el director de la Policía Nacional, Felix Villanueva.

La denuncia fue interpuesta ante el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) por 10 subinspectores de la Policía Nacional, quienes acudieron en compañía de su apoderada legal, Gladis Montoya.

En la narración de hechos, la apoderada legal sostuvo que sus clientes fueron ascendidos el 16 de diciembre del 2015, pero que el 04 de enero del 2016 fueron puestos en disponibilidad y que después de seis meses de disponibilidad serán dados de baja.

Montoya consideró que existen varias violaciones por parte de Villanueva porque los subinspectores no han tenido ninguna asignación dentro de la Policía Nacional y porque desde el 2013 debieron ser ascendidos.

A través de la denuncia los uniformados responsabilizaron a Villanueva por cualquier daño a su integridad física o la de su familia.

La denuncia de los policías fue tomada por el procurador de derechos humanos del CODEH,  Jorge Jiménez Reyes.

 

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Instalarán 1,100 cámaras de seguridad en la capital y 2,300 en el Valle de Sula

Tegucigalpa, Honduras
El gobierno de Honduras instalará más de 3,000 cámaras de seguridad en la capital y Valle de Sula, informó el ministro de seguridad, Julián Pacheco.

El replanteamiento de la estrategia de combate al crimen en 2016 se basará en un aumento de la capacidad tecnológica de los aparatos de investigación y en un incremento del capital humano, según el ministro.

Con los nuevos recursos se atacarán, además de los delitos de crimen organizado, las fechorías comunes que agobian a la ciudadanía, indicó el funcionario en una entrevista exclusiva para EL HERALDO sobre los retos de la Secretaría de Seguridad en 2016.

A continuación la entrevista con el funcionario:

La DIECP cuestiona que la Secretaría de Seguridad no ejecuta las resoluciones de despido de los policías reprobados en las pruebas de confianza.

Mire, el tema de la depuración es un tema muy complejo, es una maraña legal la que existe, en la cual los malos policías se apoyan o se valen para continuar vigentes dentro de la organización. En este tema de la depuración creo que debe haber quizá no un acuerdo, pero sí un entendimiento entre la Corte Suprema, el Ministerio Público y la misma Policía, porque a veces los mismos fundamentos, las pruebas que la DIECP remite a la secretaría no son contundentes, hay que hacer otro tipo de investigación.

La mejor prueba de confianza es la opinión del compañero, la opinión del superior.

¿Qué debilidades tienen los resultados de las pruebas de confianza de la DIECP?

Falta de contundencia en las evidencias, yo pudo salir mal en una prueba poligráfica en el tema del narcotráfico, pero ahora hay que investigar por qué, entonces hay que hacer una investigación.

La DIECP dice que las resoluciones son vinculantes, que no corresponde a la Secretaría verificar los resultados si no aplicar la resolución.

Volvemos a lo mismo, cuando van… ya se ha despachado a más de 300 policías con esas sugerencias de la DIECP y todos están de regreso, porque cuando la Secretaría emite la resolución ellos van a poner una demanda a lo Contencioso Administrativo y allá, seis meses, un año, dos años después les dan la razón, ganan el caso porque no podemos acreditar fehacientemente, porque no es suficiente que diga que falló la prueba del polígrafo porque estoy vinculado al crimen organizado, ¿con qué banda?, eso no se acredita.

Lo que el polígrafo nos da es un indicio de que alguien ha delinquido, entonces con ese indicio hacemos una investigación.

¿Eso justifica que el proceso de depuración regrese a la Policía Nacional?

Exactamente, porque lo que estamos haciendo es tratando de organizarlo a nivel superior, con una junta de evaluación de los casos que son cuestionables, con una simple resolución de esa junta, más lo que manda la DIECP.

¿Todavía hay oficiales de la Policía involucrados en el narcotráfico?

A esta fecha sería irresponsable decir que sí, pero sí hay gente con sospechas de que participó y eso es lo que se trata de investigar, porque también ha habido un cambio en la institución en los últimos dos años, con toda la campaña que ha habido, más la gente que ha salido, la gente es más cuidadosa para meterse, ya no es tan descarada como lo fue en años anteriores en el tema del narcotráfico.

No digo que no haya, pero como secretario de Estado le puedo decir que no tengo evidencias contundentes para decir que un oficial o un agente de Policía está involucrado en tema de narcotráfico.

¿Era necesario rehacer la Policía Nacional, reorganizarla de cero?

Es rehacer la Policía, rescatarla de nuevo porque tiene elementos buenos. El policía tiene que ser visto por la población como un salvador, como su ángel, como el funcionario que vela por la vida y los bienes.

¿Usted manifestó dudas sobre la confianza de la Policía?

Sí.

¿La sigue teniendo?

Claro, sí, y estamos trabajando en eso para generar confianza, la Policía Nacional tiene que ser un generador de confianza de la población.

¿La tasa de homicidios se cerró en 56 por cada 100 mil habitantes, pero no se calculó con base en la población estimada del INE, que eso habría elevado la tasa al menos dos puntos?

El tema de las cifras es una situación relativa, como ministro de Seguridad yo le puedo decir que me siento satisfecho, contento porque mantenemos una tendencia a la baja… si son dos puntos, tres o 20, el dato más importante es que vamos reduciendo, en algún momento vamos a llegar que los homicidios va a ser de un dígito, esa es la tarea que tenemos, ese es el gran objetivo.

¿En qué plazo se logrará?

En dos años.

¿Estamos hablando de que la tasa será menor a 10 por cada 100 mil habitantes en 2017?

Sí, para 2017 tenemos la tarea de llegar los homicidios a un dígito.

¿Qué garantiza que esa meta se va a cumplir?

El trabajo que estamos haciendo, estamos contratando nuevos policías, estamos fortaleciendo la investigación criminal, estamos potenciando inteligencia policial, estamos dándole duro, con gran esfuerzo al tema de tecnología. Solo en el valle de Sula vamos a tener 2,300 cámaras de vigilancia y aquí en Tegucigalpa vamos a tener alrededor de 1,100 cámaras solo para la capital, con software actualizado al 2016.

Yo no puedo decir que como funcionario de seguridad ya con eso voy a resolver los homicidios, no, pero nos va a ayudar grandemente para orientar a nuestra policía para poder desplegarla.

La policía estará en la calle, la posta será la oficina para hacer el informe una vez que termine su turno; hace su informe y otro lo releva en la calle.

¿Qué garantía hay de que la cifra de homicidios que ha ido a la baja no es manipulada por la Policía?

No hacemos nada con manipularla porque hay tanta gente encima de estos datos, está la universidad, está el Ministerio Público, está el Ministerio de Salud, está Educación, está el INE, están las municipalidades, está el Registro Nacional de las Personas, está la misma Policía de Orden Público, qué ganaría la Policía con mentir, qué ganaría la Secretaría de Seguridad con inventarse cifras, el Presidente aquí no me ha mandado aquí a mentir, a inventar cifras; me ha mandado a trabajar para fortalecer la Policía primero y, segundo, a reducir los homicidios.

Un 80 por ciento de los casos quedaban en impunidad por falta de investigación y el 20 por ciento era la único que se investigaba hace dos años. ¿Cuál es la cifra actualmente?

Estamos invertidos.

¿En homicidios también se logra investigar el 80 por ciento?

En homicidios también.

¿Cómo se logró invertir la matriz tan rápido?

Por las capacidades que logró adquirir la Policía, con decirle que la DPI (Dirección Policial Investigaciones) arrancó con 1,000 agentes, pero ahora va a tener 500 más, hemos adquirido mayor capacidad tecnológica para hacer estos trabajos.

En todo lo que son muertes múltiples tenemos identificados quiénes son los autores materiales e intelectuales, en algunos hay capturados ya, en otros los estamos buscando, pero los tenemos identificados y los vamos a encontrar hoy, mañana o pasado, no van a quedarse impunes esas muertes.

¿Cuál será la inversión en infraestructura?

En materia de investigación se finalizó este año un edificio que nos costó alrededor de 85 millones de lempiras con fondos de tasa de seguridad, este año en febrero arrancamos con la construcción de un laboratorio criminalístico con una inversión de cinco millones de dólares y también a partir de mayo iniciamos en San Pedro Sula la construcción de un laboratorio criminalístico por otra suma igual, porque será una réplica del edificio en Tegucigalpa.

¿Con qué tecnología va a contar?

Estamos recibiendo una asesoría de la Policía de Investigación de Colombia que nos asesora en el modelo de ellos en infraestructura y también en el entrenamiento del talento humano.

En el plantel de la DIP de la Kennedy se van a construir por todo cinco edificios.

¿Cuál será el nivel de la investigación con estas inversiones?

Estaríamos llegando al nivel de Costa Rica en temas de investigación criminal.

Honduras tiene un plan para resolver de una vez por todas el tema de la impunidad y la impunidad solo la vamos a resolver cuando tengamos una investigación criminal científica, profesional y técnica.

¿Puntualmente en cuáles áreas se harán ajustes en la estrategia de seguridad?

Los ajustes vienen en el tema que más están afectando a la población, uno es el tema de extorsión, se va a potenciar el tema.

¿De qué manera se va a potenciar la lucha contra la extorsión?

 

Inyectándole más capacidades, más personal, más recursos, más logística y más actividad de inteligencia para ser contundente con las operaciones que ellos realizan. Vamos a potenciar el servicio de inteligencia policial, vamos a potenciar el servicio de investigación criminal que hemos empezado con mucha fuerza este año para apoyar a esta unidad antiextorsión, pero llegó un momento en el que vamos a decir que colapsó porque tuvo tantos éxitos y el trabajo que tuvo encima la abrumó

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APJ demanda que nuevos policías deben estar bajo la dirección de oficiales honestos

Tegucigalpa – La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), exigió que los agentes de escala básica recién graduados en el Instituto Tecnológico Policial (ITP), sean colocados bajo la dirección de oficiales capaces y honestos, a fin de evitar que los nuevos miembros de la Policía Nacional sean contaminados por las “manzanas podridas”.

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Gobierno tiene “políticas imbéciles en seguridad”, según Adolfo Facussé –

En ese sentido considera que “la Policía Nacional debe de salir de las postas policiales, los policías tienen que estar en las calles, ya que esa política imbécil de esconder a la policía, no sirve, pues no se puede dejar a los criminales, el dominio de los mercados, el transporte y el dominio de la calles”.
Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé , calificó de “imbéciles las políticas de seguridad impuestas por el actual gobierno” del presidente Juan Hernández, ya que la policía nacional debe salir de sus postas policiales para darle protección a la población, que está siendo sometida por los delincuentes, quienes tienen el poder en las calles.

Facussé no se guardó nada, fue tajante y directo, al cuestionar las acciones que se están tomando en el tema de la seguridad ciudadana, ya que la población esta aterrorizada ante tanto crimen que se comente en las calles mientras los policías continúan sentados en las postas policiales.

“La lucha contra la violencia sigue en pie, lamentablemente no hemos avanzado, porque cuando creíamos que ya estaban bajando los índices de criminalidad, nuevamente vuelven los asesinatos y ahora en masas”, dijo inicialmente Facussé a Radio Globo.

“Quiero señalar, que la Policía Nacional tiene que depurarse, ya que los problemas de criminalidad, se debe a la complicidad de los policías”, añadió Facussé.

En ese sentido considera que “la Policía Nacional debe de salir de las postas policiales, los policías tienen que estar en las calles, ya que esa política imbécil de esconder a la policía, no sirve, pues no se puede dejar a los criminales, el dominio de los mercados, el transporte y el dominio de la calles”.

Según Facussé “este gobierno la riata, es honradamente lo peor que se ha visto en manejar este problema de la criminalidad, además nunca se va a resolver el crimen, mientras el gobierno deja a los criminales matar a su gusto en las calles y guarda a los policías quienes esta empacaditos, muy bonitos, con sus chonguitos en las postas”.

Finalmente dijo que “a los funcionarios públicos desde el más alto nivel, -como ellos si andan con guardias, con patrullas y carros blindados, entonces no les preocupa la población-, quisiera verlos salir de sus casas, caminar por las calles y llegar sus ministerios para que tengan una experiencia real”.Hondudiario.

http://www.hondudiario.com/?q=node/20607#sthash.w29aEzQU.dpuf

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Al menos 700 fusiles AK-47 decomisados en los últimos años desaparecieron inexplicablemente.

Las armas habían sido entregadas por los pobladores en una campaña de desarme voluntario durante el gobierno del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, y depositadas en bodegas de la Policía y del Ejército. No se descarta que dichos artefactos hayan terminado en manos de grupos irregulares y del crimen organizado. La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), remitió en 2014 un expediente sobre el caso al Ministerio Público, a efecto de que se emprendieras las acciones legales pertinentes.

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Trasciende suspensión de jefe policial de Tela por permitir manifestaciones en evento del presidente Hernández –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn A las 5:00 pm de este sabado fue suspendido y mañana hay conferencia de prensa por parte de las fuerzas vivas de Tela, para denunciar el abuso. Tegucigalpa.- Este sábado ha trascendido que el sub comisionado de policía, Byron Sauceda, que se desempeña como jefe policial del municipio de Tela, Atlántida,  […]

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Secretaría de Seguridad sigue pagando salarios a 38 policías que fueron suspendidos desde el 2011 –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Secretaría de Seguridad de Honduras sigue pagando salarios a 38 policías que fueron separados de su cargo desde el 2011 por suponerlos  responsables de actos de corrupción y otras irregularidades en el ámbito penal. Lo anterior se constata en un informe de Transparencia Internacional  (TI) y la Asociación por una […]

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Propuesta de la policía con plenos poderes es para proteger criminales dentro de la institución: Edmundo Orellana

Los diputados que estén de acuerdo con esa propuesta del Poder Ejecutivo de darle plenos poderes al jefe policial, evidentemente no saben la realidad de la policía nacional y si lo saben hay maldad de por medio, Edmundo Orellana Mercado.

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

El pretendido otorgamiento de plenos poderes al jefe de la policía hondureña para que este haga la depuración de la institución que pretende aprobar el actual gobierno,  tiene más opiniones en contra que gente que apoye la idea.

Edmundo Orellana Mercado, exfiscal de la república manifiesta que el jefe policial puede tener los años de servicio, los requisitos legales y el grado, pero la pregunta es: ¿Pasó él las pruebas de confianza? ¿Se le ha hecho una evaluación de su desempeño? ¿No ha violado nunca derechos humanos? ¿Que nos puede garantizar que un director general de policía está en la capacidad moral de tomar esa decisión?

“Eso es como favorecer a aquellos que todavía no han sido investigados para que los malos se queden y los buenos se vayan. La Historia de la policía hondureña ha sido esa, se persigue a quien trata de hacer bien las cosas y se premia a quien se dedica al crimen”, precisó Orellana.

El también exministro de Gobernación apuntó que, la prueba está con la comisionada María Luisa Borjas quien pretendió hacer una limpieza a lo interno de la institución policial y el premio que el dio el ministro de seguridad de aquel entonces fue sacarla violentamente de la institución y si eso es lo que quiere el Congreso Nacional, pues que lo apruebe.

Orellana recordó que, el Poder Legislativo tiene una propuesta que le hizo la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública con un proyecto de ley orgánica de la policía donde se prevé la potestad del Ministro de Seguridad de destituir a policías pero hasta que pase un proceso en el cual se acredite la comisión de la falta o el delito a través de tribunales policiales integrados por personas idóneas para tomar esa decisión y que esta no sea conocida en los tribunales de lo contencioso administrativo sino que la única potestad que tenga sea el amparo.

Orellana,  se cuestionó por qué no toman ese modelo? Y sentenció que el modelo propuesto por la policía es para proteger a los sinvergüenzas y criminales que todavía están dentro de la institución policial, porque el mismo titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Oscar Vásquez está reconociendo que no se hizo absolutamente nada durante el pasado.

Oscar Vásquez titular de la DIECP.

Oscar Vásquez titular de la DIECP.

El exfiscal propone que,  comencemos hacerlo pero no con facultades discrecionales y agregó que la policía ha estudiado esa propuesta y no la acepta porque no les conviene porque ahí si se proponen mecanismos para evitar que los criminales manejen la policía, es que lo están escondiendo.

A juicio de Orellana,  esa es la propuesta que debe discutirse y aprobarse en el Congreso Nacional,  pero el problema de los diputados es que analizan y leen muy poco las propuestas, algunos son acuciosos y tienen criterio sobre el tema y otros son acuciosos y no tienen criterio, creen que lo que propone la policía es lo idóneo en lugar de dedicarse a estudiar y hacer consultas sobre si eso trae consecuencias o no.

“Los diputados que estén de acuerdo con esa propuesta del Poder Ejecutivo de darle plenos poderes al jefe policial, evidentemente no saben la realidad de la policía nacional y si lo saben hay maldad de por medio”, puntualizó Orellana.

Ahondó que hay algunos diputados que les conviene que la policía siga igual porque les conviene ya que ellos podrían ser sujetos de captura si otra policía existiese y pidió a los diputados que estudien a fondo el proyecto y que elijan un proyecto que venga a cumplir con una verdadera depuración policial.

http://criterio.hn/propuesta-de-la-policia-con-plenos-poderes-es-para-proteger-criminales-dentro-de-la-institucion-edmundo-orellana/

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Sociedad Civil pide rapidez para reformar Ley de la Policía Nacional

Al respecto, Zambrano apuntó que varias organizaciones de la sociedad civil conocen el contenido de ambas propuestas y han sugerido, en el caso del nombramiento del director general de la Policía, que sea con mecanismos de participación o concurso.

La comisión ordinaria de seguridad y prevención del Congreso Nacional (CN), que preside el diputado José Tomás Zambrano, conoció los aportes de representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre la propuesta de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policía.

Al respecto, Zambrano apuntó que varias organizaciones de la sociedad civil conocen el contenido de ambas propuestas y han sugerido, en el caso del nombramiento del director general de la Policía, que sea con mecanismos de participación o concurso.

Aclaró que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) no se elimina en la iniciativa de ley enviada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

Al contrario habrá un proceso de transición a lo que será la Superintendencia y Aplicación de Pruebas de Confianza.

“Debe quedar claro que la DIECP dejará de funcionar cuando entre en funciones la superintendencia”, recalcó Zambrano.

Otro aspecto que pide la sociedad civil es establecer en forma clara los procesos para los reglamentos en un periodo de seis meses, con la obligación que la Secretaría de Seguridad tenga planificado el proceso, rol y cronograma de trabajo para la elaboración y aprobación de los reglamentos y evitar errores del pasado.

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Gobierno hondureño entrega 80 radiopatrullas para fortalecer la Policía Nacional

Tegucigalpa – El presidente Juan Orlando Hernández entregó este viernes 80 radiopatrullas a la Policía Nacional para fortalecer las tareas de seguridad en igual cantidad de municipios, con las cuales suman 260 las distribuidas en todo el país.

– A los extorsionadores se persigue hasta por debajo de las piedras, dijo el gobernante.

– Los que no están de acuerdo con las acciones del gobierno, es porque son parte del crimen o por razones de tipo ideológicas, aseveró Hernández.

Con la entrega de las 80 radiopatrullas a la Secretaría de Seguridad, el Gobierno del presidente Hernández avanza en su objetivo de llegar a 500 unidades a nivel nacional.

“Con la entrega de patrullas se vendrá a incrementar y mejorar las tareas de seguridad de la Policía Nacional”, afirmó el mandatario.

Señaló que la inseguridad se disparó entre los años 2006, 2009 y 2011, pero la situación se ha recuperado en menos de dos años, según lo que registra el Indice de Paz Global, que ya no reporta a Honduras como el país más violento del mundo.

“Algunos no han entendido que la seguridad se construye día con día, a pesar de que se logre mejorar, es una tarea que se tiene que revisar y hacer lo que corresponde”, indicó.

Hernández sentenció que no se puede volver a tiempo atrás, cuando se enlistaban a policías en tres meses, y subrayó que en la actualidad se ha cambiado al acompañar el Estado al policía en su capacitación, formación y tecnificación, con las herramientas necesarias para desempeñar su labor.

“Cada municipio de Honduras, por pequeño que sea, va a tener su patrulla”, remarcó.

“No vamos a permitir en retroceder en lo que hemos avanzado en los altos niveles de seguridad”, añadió.

Nueva modalidad operatividad de patrullas

El mandatario explicó que el Gobierno ha implementado una nueva modalidad para, en vez de adquirir las patrullas, alquilarlas a fin de evitar gastos en la operatividad.

“Hay de todo en la viña del Señor, y siempre van a haber críticos, como es parte de la humanidad. Siempre habrán personas que no van a estar de acuerdo con lo que hagamos; unos porque son parte del crimen, otros por razones ideológicas y otros que ven en lo blanco, siempre lo negro; así que, policías, por eso no se preocupen, eso siempre va a ser así”, arguyó.

PATRULLAS-10Agregó que esos sectores criticaron el por qué se decidió alquilar las patrullas y no comprarlas.

Al respecto, argumentó que “es normal que a una unidad que tiene una cantidad enorme de horas de trabajo se le vaya a dañar cualquier parte o por un choque, pero con esa modalidad en término de días se reponen las piezas y si un automotor se destruye, se repone, y la Secretaría de Seguridad no incurre en gastos”.

“Antes las alcaldías tenían que ver cómo resolvían el problema de un carro, llantas o combustibles; eso hoy ya está resuelto, eso le da transparencia y dignidad al policía”, puntualizó.

Remarcó que la adopción de esa modalidad se traduce en un enorme ahorro para el Estado, al tiempo que agregó que el apoyo a la Policía será incondicional para su profesionalismo.

“El 2015 será el año de la Policía Nacional y de aquí en delante tendrá que ser la respuesta de una Policía comprometida con su pueblo”, acotó Hernández.

Destacó que un ejemplo de la efectiva labor policial es que se registran todos los días desde una hasta 10 capturas de delincuentes y criminales.

“Los extorsionadores andan corriendo de un lado a otro, ahora los están sacando hasta debajo de las piedras y vamos aminorando el crimen y la delincuencia”, afirmó.

“Quiero agradecer el enorme esfuerzo de los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes les he dado mi respaldo”, aseveró el gobernante.

En otra actividad, las autoridades de Seguridad entregaron también 250 motocicletas a la Policía Nacional.

Asignación de patrullas

La asignación de las 80 nuevas radiopatrullas se hará en base a la concentración de habitantes en municipios de Francisco Morazán, así como en San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Choluteca y Santa Rosa de Copán.

Entre otros municipios, se beneficiará a San Ignacio y Cedros, en Francisco Morazán; Taulabé, Meámbar, Las Lajas, San José del Potrero y Villa de San Antonio, en Comayagua; Gualcince, Erandique y Candelaria, en Lempira, y Yorito en Yoro.

A la fecha un 62 por ciento de las municipalidades cuentan con una radiopatrulla totalmente equipada.

PATRULLAS-99Esfuerzo de todos

El director ejecutivo de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, dijo que es un privilegio entregar 80 patrullas para alcaldías en todo el país y que espera aportar más recursos de ese programa para fortalecer los cuerpos de protección del Estado.

Asimismo, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, señaló que las 260 unidades entregadas hasta ahora son parte de la meta de contabilizar 500 en lo que resta del período presidencial.

http://www.proceso.hn/component/k2/item/111899-gobierno-hondure%C3%B1o-entrega-80-radiopatrullas-para-fortalecer-la-polic%C3%ADa-nacional.html

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Por torturar y asesinar a jóvenes denuncian a policías de la Rivera Hernández

“Cuando llegué ya estaba una patrulla haciendo el reconocimiento del cadáver. Pregunté qué persona era y me dice un policía que era un hombre entre 20 y 25 años, por algún momento respiré porque mi hijo solo tenía 15 años, el próximo 06 de noviembre cumplía los 16 años. Pero esa tranquilidad duró minutos, porque al llegar Medicina Forense a realizar el levantamiento del cadáver, vi la misma calzoneta que había visto en el pick up. Luego miré las piernas de mi hijo, desde largo supe que era él; era mi hijo. Me acerqué para verlo, se ensañaron con su cuerpo, lo agarraron como tiro al blanco, antes de eso lo golpearon, lo torturaron desde sus rodillas así arriba, sus testículos estaban hinchados, su cuerpo y estómago acribillados, con sus manos amarradas hacía atrás, tal cobardía, se ensañaron con mi hijo”, ese fue el relato que hizo el padre de Mario Enrique Santos Lazo, un joven que se encontró muerto en el sector del Ocotillo.

El dolor ha sido más fuerte que el miedo. Junto al padre de Mario, otros familiares de jóvenes del sector Rivera Hernández, han denunciado abusos, exceso de violencia hasta asesinatos de miembros policiales asignados al sector.

Realidad de violencia

En San Pedro Sula abundan las denominadas “zonas calientes”. Barrios, colonias y sectores enteros controlados por grupos criminales, inundan estos sectores donde el empobrecimiento de su población tiene relación directa con la violencia que va exterminando especialmente a los jóvenes. San Pedro Sula es una ciudad violenta, pero en el análisis casi no se contempla la especificidad de los sectores, así nos explicó el analista en temas de seguridad, Javier Canales.

El sector Rivera Hernández es bastante complejo. Aquí se ven los grupos tradicionales como las maras y pandillas pero a estos se les suman bandas criminales como los Olanchanos, los Tercereños, que son independientes. Luego vemos que en medio de esta guerra territorial, el abuso policial es frecuente y quienes salen más perjudicados son el resto de civiles que quedan en medio. Este es el análisis de Canales quien además asegura que las autoridades de investigación están muy por debajo de la capacidad que requiere un entorno como este.

Le recomendamos: UN ATRAPASUEÑOS EN MEDIO DE UNA REALIDAD VIOLENTA

El padre de Mario cuenta que desde las cuatro de la madrugada, miembros de la Policía Preventiva y la policía de investigación, recién creada por el gobierno de Juan Orlando Hernández, realizaron allanamientos en varias viviendas de la tercera avenida de la Rivera Hernández.

“Esto fue a las 4 de la mañana, escuché golpes en el zinc. Me asusté y vi que se estaban llevando detenido a mi hijo. Los policías lo agarrón y subieron a una patrulla; rápidamente salgo y veo que lo estaban golpeando. Junto a mi hijo detuvieron 3 jóvenes más. Rápidamente me movilizo a la posta de la Rivera para ver si lo dejaron allí, me dicen que no, luego me movilizo hacia la primera estación, pero nada, yo sé que mi hijo estaba con vida a eso de las 9 de la mañana, porque la patrulla se andaba movilizando en otras casas, y él iba en la paila de la patrulla”, recuerda este padre, quien asegura que el miedo desaparece cuando el dolor es tan fuerte que los temores desaparecen.

Las palabras de este padre se entre cortan, se le hace un nudo en la garganta, hace una pausa para hablar, sus ojos se llenan de lágrimas, no entiende porqué la policía asesinó a su hijo, él era tan solo un niño de 15 años, un estudiante del segundo curso del instituto Emanuel ¿Por qué me lo mataron? se pregunta.

Al preguntar: ¿Por qué su hijo? El padre responde: “buena pregunta, por qué mi hijo, porque la policía no andaba capturando andaba vengándose, por que la intención no es justicia es venganza, ojo por ojo, no hay otra explicación. Aquí paga el más débil y a mi hijo le tocó. Nos damos cuenta que ellos (policías) son más despiadados que cualquier otro grupo u organización de delincuentes, ellos terminan siendo peores porque se ensañaron con un joven de 16 años, lo dejaron con sus manos atadas, se ensañan con un joven de 16 años indefenso  y con las manos amarradas hacia atrás, la pregunta es ¿quién es peor, si mi hijo que está muerto o los que lo hicieron?

El padre de Mario dice que nada puede llevar a los “responsables” de brindar seguridad a la ciudadanía a detener y horas después torturar y matar a un joven adolescente. Pero estas historias son comunes en este sector, aquí se cuenta que policías y militares detienen arbitrariamente a jóvenes, los golpean, y  a otros que pertenecen a pandillas los venden a bandas rivales y otros así como el hijo de Mario son torturados y asesinados.

¿Depuración?

Desde hace más de tres años el gobierno anunció el inicio de un proceso de depuración a lo interno de la Policía. Una policía acusada de una serie de crímenes y corroída por la actividad del crimen organizado y el narcotráfico. Luego de estos años y pese a la inversión de 159 millones de lempiras recibidos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial- DIECP- para el periodo 2013-2015, la depuración ha sido un proceso fallido, así lo reveló un informe de la cooperación internacional.

Ese mismo documento revelado recientemente por Los Reporteros de TN5, dice que la DIECP tiene una posición de inoperancia política. En términos de ayuda la cooperación internacional ha entregado a la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial cerca de 25 millones de lempiras, distribuidos en asistencia técnica, apoyo logístico y apoyo financiero.

Se revela que el ente depurador carece de planificación, no tiene plazos para ejecutar la limpieza de la institución. Y la situación se agrava cuando el Ministerio Público revela que de cada 100 casos donde se investiga la actuación de policías, solamente el 4% cuentan con requerimiento fiscal, el 60% se encuentra en etapa de estudio, investigación o cierre, 6% en remisión a otras fiscalías por ser casos civiles.

Le recomendamos: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA DE UN PADRE CUYO HIJO FUE ASESINADO PRESUNTAMENTE POR POLICÍAS

No es caso aislado

Junto a la denuncia del padre de Mario, llegó la madre del joven Marvin Trochez. Él, con apenas 24 años de edad, también fue detenido ese mismo viernes 09 de octubre en los allanamientos realizados por la policía en la tercera avenida de la Rivera Hernández.

Los vecinos y vecinas vieron como la policía entró a las 4 de la madrugada en la casa de Marvin, él estaba durmiendo con su pequeña hija de 2 años de edad. Él estaba en ropa interior, fue sorprendido por los policías que entraron violentamente, le quitaron a su hija, lo subieron en bóxer a una paila policial, y desde ese momento nadie sabe de su paradero.

“Yo me vengo a dar cuenta hasta las 6 de la mañana, cuando me dicen que habían agarrado a mi hijo, salgo corriendo para la posta policial de la Rivera, dicen que no han llevado a ningún joven detenido. Luego preocupada por mi nieta de dos años, salgo a la casa de mi hijo, allá me dicen que la policía entregó la niña a una señora desconocida y que a mi hijo lo subieron a la patrulla. La señora me entrega a la nieta y desde ese momento comenzamos a buscar a Marvin. Hemos visitado postas policiales, hospitales y la morgue judicial. Nadie nos dice nada, parece que la tierra se lo tragó”, dice entre lágrimas Doña María, una señora de 70 años, quien no entiende como la policía lo captura y ahora nadie se responsabiliza ni da información.

Doña María llegó con la foto de Marvin en mano y con la denuncia que hizo ante las autoridades por su desaparecimiento. “Las autoridades solo me tomaron la declaración y punto, no dicen nada”. Al preguntarle qué cree que pasó con su hijo, Doña María dice: “Yo creo que entregaron para que lo maltraten o quién sabe dónde estará, pero que ellos son los culpables – ¿quiénes, ellos?- Sí, los  policías que anduvieron haciendo todo ese cateo, tanta gente inocente que culpan,  gente que no tiene nada que ver, pero ellos van con su grandeza para que digan que el gobierno está haciendo algo, pero están acabando con gente inocente”.

¿Cree que él está bien?: “No sé, mi corazón dice que debo tener esperanzas, que mi hijo está vivo, pero les pido piedad y que me lo entreguen, porque él es un hijo yo lo crie buenísimo, él nunca fue malcriado es un buen padre amoroso con su niñita de dos años y es injusto lo que hacen porque por muy criminal que sea la gente ya cuando está en manos de la ley tienen que respetarlos porque son seres humanos no son animales, porque ellos tratan como animales a la gente”, dicen llorando Doña María.

Antecedes

La realidad de abusos policiales siempre ha estado presente en el sector Rivera Hernández. Por varios años el sector ha sido militarizado argumentando que debido a la inseguridad es necesaria la presencia de militares.

Los allanamientos que se han hecho en casas del sector, según autoridades, responde al asesinato ocurrido recientemente al sub inspector de policía Bryan Salomón Moreira, quien se desempeñaba como agente encubierto en la Unidad de Respuesta Inmediata Departamental (URID) en la ciudad industrial del país.

Dicho crimen ha generado una serie de acciones de parte de la policía, en las cuales la población denuncia violaciones a sus derechos y el asesinato del joven Mario  Enrique Santos Lazo y el desaparecimiento de Marvin Trochez.

Buscando respuestas de las autoridades, Radio Progreso consultó con el comisario Jorge Rodríguez, vocero policial de la zona norte, quien aseguró que no tienen datos del operativo donde se detuvo a estos jóvenes, que debe buscar información con el encargado de la posta policial en el sector de la Rivera Hernández.

Ante las acusaciones en contra de los uniformados el ex fiscal del Ministerio Público, Omar Menjívar afirma que este organismo debe trabajar de oficio e iniciar un proceso de investigación para dar con la verdad.

En este momento hay varios jóvenes desaparecidos y según vecinos y familiares de la Colonia Rivera Hernández también fueron detenidos por los organismos policiales. “Es obligación ineludible del Ministerio Público instruir la investigación a profundidad  de estos hechos, la ley le impone para descubrir a los responsables, si es que efectivamente es cierta la información como lo afirman familiares y gente que conoció del hecho de que estas personas fueron capturadas por la policías y que no fueron reportadas su detención”, dijo abogado.

Menjívar agregó que se convierte en un reto para la nueva policía que se ha creado dependiente del  Ministerio Público, la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) para demostrar que de verdad están comprometido con el Estado de derecho y con la defensa de los derechos fundamentales, ya que la policía hoy por hoy son órganos de seguridad del Estado cuyo comportamiento está alejado de una práctica coherente con la defensa de la vida y los derechos humanos.

Los familiares siguen llorando y buscando a sus seres queridos, mientras sueñan con un órgano policial que responda a garantizar la vida de la ciudadanía.

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Solo el 6% de casos contra policías corruptos han sido judicializados

Solo el 6% de las acusaciones presentadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) contra policías,  han sido judicializadas,  informaron autoridades del Ministerio Público.

APJ y Fiscales

Lo anterior,  se dio a conocer a miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia tras una reunión con el Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla y el coordinador de fiscales, Rolando Argueta, para dar seguimiento a los casos de corrupción en los que están involucrados miembros de la Policía Nacional.

Los dirigentes de ese grupo de sociedad civil,  se presentaron en el MP con la intención de investigar cual es el estado de los expedientes que la DIECP ha enviado, encontrándose con que solo el 6% de los casos de policías acusados de actos reñidos con la ley han sido judicializados. O sea tan solo 24 policías de los 400 presentados.

Los fiscales informaron que,  entre marzo de 2014 y septiembre de 2015, la unidad de enjuiciamiento de funcionarios policiales, militares y judiciales, ha recibido cerca de 400 expedientes desde la DIECP, de los cuales únicamente el 6% de ellos han sido judicializados.

Chinchilla informó que, la gran mayoría de los casos no se ha podido presentar requerimiento debido a que los casos remitidos por la DIECP al MP, no están lo suficientemente sustentados o no implican la comisión de un delito penal y se circunscriben a faltas de carácter administrativo.

Omar Rivera, coordinador de la APJ, manifestó que resulta inaceptable que la DIECP, este mandando “bagatelas” o casos de tipo administrativo al MP, cuando debería concentrarse en asuntos de alto impacto en los cuales estén involucrados altos oficiales de la Policía Nacional en casos de corrupción.

“Da la impresión que solamente se concentran en agentes policiales de la escala básica y dejan por fuera de las investigaciones a los miembros de la cúpula” dijo Rivera.

Entre tanto, Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó que no se justifica gastar más de 140 millones de lempiras en el funcionamiento de la DIECP, para que estén enviando casos insignificantes al MP.

“Urge darle un abordaje diferente a este proceso de depuración policial, ya que al paso que vamos, se gastará una enorme cantidad de dinero en un proceso fallido”,  manifestó el representante de Transparencia Internacional (TI), en Honduras.

Luego de la reunión, Chinchilla,  anunció que en dos semanas hará público un informe minucioso respecto a lo que está sucediendo con los casos que la DIECP, está remitiendo al MP, y propondrá cambios significativos, entre los que se encuentra el inicio del funcionamiento de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza, y la reactivación de casos de enriquecimiento ilícito de altos oficiales de la Policía Nacional, que en la actualidad, están en poder del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

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Honduras extradita hacia EE UU al expolicía Wilmer Alonso Carranza

El expolicía Wilmer Alonso Carranza se convirtió este jueves en el octavo extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Honduras.

Fuertes dispositivos de seguridad se instalaron desde tempranas horas en las afueras del Primer Batallón de Infantería en Tegucigalpa previo a la extradición del uniformado.

Se trata de un agente clase III, perteneciente a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), asignado a la Unidad Especial de Investigación de Delitos Contra el Lavado de Activos y Privación de Bienes.

Elementos de la Policía Militar se apostaron desde muy temprano en los alrededores del Primer Batallón donde se encuentra recluido Carranza desde su captura en junio del 2015.Bajo fuertes medidas de seguridad, Carranza fue trasladado a la base Hernán Acosta Mejía del Aeropuerto Internacional Toncontín donde lo esperaba un aeronave que lo llevó al país norteamericano.

Unos cincuenta elementos militares y policías participaron en el traslado del exagente, quien fue llevado a un separo dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea para ser sometido a un chequeo médico antes de ser enviado a Estados Unidos.

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=12503

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Pobladores queman posta y dos patrullas policiales en occidente de Honduras

 Tegucigalpa.-La muerte trágica de un joven a consecuencia de un choque entre la motocicleta en la que éste se conducía con una patrulla de la policía, trajo consigo la quema de dos unidades de esta   institución y de la posta policial en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

La posta policial frente al parque de San Marcos fue incendiada por los pobladores.

El incidente se suscitó este sábado a eso de las 9:10 de la noche, cuando el joven Maynor Geovany Reyes Ramírez (18), circulaba por una de las calles del municipio a bordo de una motocicleta y los uniformados le atravesaron la patrulla ocasionando el brutal accidente.

A raíz de la escena, un grupo de pobladores, entre familiares y amigos, reaccionaron indignados y procedieron a quemar la patrulla que ocasionó el accidente, mientras otros atendían a la víctima quien murió minutos después.

Asi quedó una de las patrullas incendiadas, la otra fue consumida por las llamas.

Posteriormente la totalidad del grupo procedió a quemar la otra patrulla y luego se dirigió a la posta policial, localizada al frente del parque del municipio, donde también ardieron las llamas, según confirmó el subteniente del Cuerpo de Bomberos, Adalberto Romero.

Minutos más tarde, un contingente policial llegó a la comunidad y logró aplacar los ánimos de la enardecida población.

http://criterio.hn/10302/

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Orden de captura contra policía implicada en asesinato de jóvenes

La policía Blendy Georgina Orellana, acusada junto a dos policías más de asesinar a tres jóvenes en la aldea Agua Blanca, sector sur de El Progreso, Yoro; no se presentó al juicio que fue programado para el jueves 1 de octubre después de dos años de espera en el Poder Judicial. El Tribunal de Sentencia compuesto por tres jueces, resolvió declararla en rebeldía para que se gire la orden de captura correspondiente en medio de un proceso que ha estado plagado de deficiencias.

El juicio que se programó para el 1 y 2 de octubre fue suspendido la tarde del 1 de octubre para reanudarse el 26 por la ausencia de testigos que la Fiscalía no pudo localizar para que rindieran su declaración en la evacuación de pruebas contra los dos policías que se presentaron al proceso judicial por el que el padre de una de las víctimas, Merlyn Bonilla, ha luchado los últimos 4 años.

Sin embargo hoy la Fiscalía descubrió que el expediente del testigo que identifican como 0028-11 uno que el Tribunal de Sentencia no dejó testificar ayer, fue retenido y por eso no se encontraba dentro de los sobres que los jueces revisaron antes de no admitirlo. Esto refleja una seria deficiencia en el manejo que el Tribunal de Sentencia tiene de la información de los casos que conoce.

Los agentes policiales Mario Corea Hernández y Santos Fidencio Pérez Corea se sentaron en el banquillo de los acusados ante un Tribunal de tres jueces, presidido por una jueza joven y nueva en el sistema de justicia. A su lado, el abogado defensor, Marlon Rodríguez y frente a ellos la fiscalía representada por el fiscal Reinaldo Canales y el acusador privado Víctor Fernández quienes llevaron las pruebas recolectadas que implican a los policías en el triple crimen donde murieron los jóvenes: Narcy Bonilla, Neptaly Galeano y Guillermo Anariba.

La decisión de declarar en rebeldía a la policía Blendy Orellana, a criterio de Merlyn Bonilla, padre de una de las víctimas tuvo que tomarse con mucha anticipación. “Hay una desviación jurídica porque el juicio se está terminando con los dos policías presentes no así con la policía mujer que yo ya había manifestado que ella había dejado de venir a firmar el libro de las medidas sustitutivas, al dejar de firmar cayó en rebeldía pero hasta ahora lo declaró el Tribunal. Lo que procede es librar las órdenes de captura pertinentes”, declaró Bonilla quien además es abogado, recientemente graduado de la universidad a la que ingresó a estudiar tras la tragedia que vivió su familia perdiendo a su hijo mayor Narcy Bonilla.

LEA ADEMÁS: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA DE UN PADRE CUYO HIJO FUE ASESINADO PRESUNTAMENTE POR POLICÍAS

Irregularidades del sistema

“El proceso evidenció deficiencias propias del sistema que tienen varias causas, una es que el transcurso del tiempo es pérdida de la inmediatez y de pruebas. Hay una dificultad manifiesta para ubicar testigos, la dificultad de traslado de información que ha venido del Juzgado de Letras al Tribunal de Sentencia, sin embargo, el caso se va sosteniendo en la línea que lo ha hecho con un conjunto de pruebas que juntas evidencian la acusación, pero aún no hay un arma que haya disparado una munición que este en el cuerpo de las víctimas”, explicó el abogado Víctor Fernández, acusador privado.

El asesinato se dio el 1 de febrero de 2011. Merlyn Bonilla padre de Narcy una de las víctimas acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos en San Pedro Sula porque a quienes él ha acusado son autoridades policiales de El Progreso, Yoro. Tuvo temor, dijo ante el tribunal, de denunciar inmediatamente y ante las autoridades locales.

“Hasta que se obtuvieron elementos de prueba, se presentó el requerimiento fiscal, giró la orden de captura. Primero les dieron el sobreseimiento provisional, apelamos y duró en la Corte de Apelaciones 2 años para que dieran su resolución y hasta entonces revocaran el sobreseimiento provisional y se siguiera el juicio y les ratificaran las medidas sustitutivas. Aportamos con un acusador privado porque el juicio iba demasiado lento y así logramos que se elevara a juicio oral y público”, dijo Bonilla. El tribunal de Sentencia resolvió que el juicio oral y público se diera en 2015, un año después de la resolución. La Fiscalía pide para los tres policías una pena de 15 a 20 años por homicidio simple basada en pruebas testificales y científicas sobre la balística.

“Estamos terminando este juicio en relación a dos acusados pero cuando la capturen a ella hay que volver a repetir este juicio en relación a ella con los mismos testigos y eso conlleva desgaste sustancial al proceso. Pero se tomó la medida que corresponde, procesalmente no hay opción”, explicó Fernández.

Caso emblemático

El doctor en derecho internacional, Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), asegura que este es un caso emblemático de lucha contra la impunidad.

“La impunidad es como un cáncer en una sociedad y esta impunidad está hermanada con la corrupción, ambas se necesitan la una a la otra para poder sobrevivir, la impunidad lo que hace es garantizar que una parte de la ciudadanía no sea tocada por la ley”, explica el experto haciendo alusión al caso de los tres jóvenes de Agua Blanca, por haber sido víctimas de representantes del Estado que deben garantizar seguridad y que cobijados por la corrupción e impunidad cometen delitos como este.

Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, entre 2011 y 2012 fueron asesinadas por policías 149 personas. Ese mismo 2011 el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos junto a un amigo fue asesinado por policías de la Posta de La Granja en Tegucigalpa. Ambos policías acusados fueron encontrados culpables.

“Nos referimos a casos que tienen gran impacto en la sociedad y cuya resolución podría tener impacto en relación a la impunidad que impera en el país. Hay una grave situación en Honduras y no tenemos la capacidad de asumir todos los casos. Esa pequeña muestra de casos emblemáticos esperamos que promuevan cambios estructurales para que se haga justicia en otros casos y no se vuelvan a repetir los hechos”, explicó Mejía.

“El sistema nos victimiza, aparte que buscamos a las autoridades para que hagan las investigaciones, nos hemos dado cuenta que no existe la investigación y que todo el esfuerzo lo hacen los interesados en que se resuelva”, critica Merlyn Bonilla al sistema de justicia.

Algo que las élites de poder en Honduras siempre pretenden controlar son las instituciones del sector justicia, porque la impunidad cobija todos los actos de corrupción y logra el fortalecimiento de estas mafias. Por eso es manipulado el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado de Derechos Humanos o los fiscales general y adjunto.

“Hemos visto recientemente que el gobierno de la república y el sector que representa se han encargado de cooptar las instituciones de este sector, como se eligió el CONADEH y su silencio atroz. Hemos visto como se eligieron a los fiscales general y adjunto que están vinculados a actos de corrupción. Hemos visto como se eligió al Consejo de la Judicatura y como se está manejando el tema de la CSJ porque es fundamental, porque esta Corte conocerá tres gobiernos (2 años del actual gobierno, 4 del siguiente, y uno del siguiente) para los corruptos es importante controlar la elección de la Corte porque así tendrán 7 años más de impunidad.

Miedo 

Una de las palabras más repetidas en el juicio fue: miedo. Algo normal en un país violento como Honduras y en un juicio donde los acusados son miembros de la institución que debe brindar seguridad al pueblo.

Aunque el juicio era oral y público, la presidenta del Tribunal ordenó a las personas presentes apagar sus celulares y por ningún motivo tomar fotografías. La justificación fue que la situación del país los ha obligado a tomar estas medidas de seguridad. En 2013, la jueza Mireya Mendoza fue asesinada en El Progreso, Yoro, saliendo de un juicio que presidía.

“Más allá del proceso, este caso es emblemático en la zona, la vinculación de la Policía en el mismo, la dinámica del hecho tiende a afirmar más allá de lo normal del miedo, tiene características para generar miedo. En este caso hay que resaltar que aun habiendo declarado anteriormente, aun con el riesgo, hubo personas que aceptaron venir a declarar dispuestas a afrontar el riesgo para lograr justicia en este caso”, explicó el abogado Víctor Fernández.

Miedo había en uno de los policías acusados, quien con los labios pálidos y manipulándose los dedos escuchaba atentamente a la testigo identificada como A2 quien claramente y sin tapujos dijo “esos dos que estaban allí sentados fue a quienes vi en la posa Dos Encuentros”.

Miedo también hubo en personas del público quienes sentían que el abogado defensor pretendía desnudar la identidad de la testigo protegida preguntando el lugar donde vivía e insistiendo en detalles sobre la locación de su vivienda con respecto a la posta policial comunitaria.

Pero a pesar del miedo, organizaciones comunitarias como la Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (Aidevish) acompañaron a Merlyn Bonilla en este proceso y eso fue muy importante para él y su familia. Bonilla ha sido un líder comunitario y aunque el asesinato de su hijo marcó fuertemente su vida, él no ha dejado de luchar por la justicia. El 26 de octubre se reanudará el juicio que ahora es solo contra los dos policías hombres acusados. Ese día se deberán presentar los testigos periciales (peritos del MP, Medicina Forense y policías que estuvieron en la escena del crimen) así como la presentación de pruebas documentales. Al ser capturada la policía Blendy Orellana, comenzará un nuevo proceso de juicio que repetirá la evacuación de pruebas por parte de la Fiscalía.

Los testigos presenciales llegaron a testificar, y Merlyn Bonilla, aun con el dolor se vio siempre muy determinado y seguro de que pronto le llegará la justicia.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2426-orden-de-captura-contra-polic%C3%ADa-implicada-en-asesinato-de-j%C3%B3venes

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Por desalojo violento en Choluteca, jefe policial depone su cargo

El jefe departamental policial del departamento de Choluteca, subcomisionado Baudilio Martínez, puso a disposición  su cargo ante las autoridades superiores, para ser investigado por el alto mando del Ministerio de Seguridad por el uso excesivo de la fuerza en un desalojo contra pobladores de esa zona.

Esta mujer llora desesperada al ver golpeado a su hija, Luego es víctimas de los ataques de la policía el pasado miercoles 30 de septiembre.

Se informó además,  que Baudilio Martínez, será sustituido por otro oficial de igual rango en las próximas horas.

La decisión,  la tomó Martínez,  por mientras duren las investigaciones sobre el incidente de intento de desalojo en una colonia de la ciudad de Choluteca donde su personal hizo uso de la fuerza y que resultaron varias personas lesionadas.

El oficial policial dijo que, los policías son instruidos para cambiar la imagen de la Policía que tenía anteriormente y que esto se hace con las actuaciones, sin embargo lo sucedido el pasado miércoles 30 de septiembre fue una acción negativa, pero son más las cosas buenas que se hacen en la institución.

Al ser interpelado sobre el papel de la  Policía Nacional que está para servir y proteger a la ciudadanía, dijo que lo sucedido en el desalojo, fue una confrontación donde los agentes policiales no pudieron controlar la serenidad y actuar en defensa de la integridad ante los machetes y palos de los pobladores.

El oficial Martínez, quien el día del incidente estaba en la ciudad capital en diligencias de trabajo, dijo que asume la responsabilidad de los hechos como jefe policial de Choluteca.

Agregó que la policía sí está preparada para el manejo de crisis como la ocurrida el miércoles allá en Choluteca y por ello ha solicitado una investigación de lo que pasó en el lugar.

http://criterio.hn/por-desalojo-violento-en-choluteca-jefe-policial-depone-su-cargo/

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Por “uso excesivo de la fuerza” suspenden a jefes policiales de Choluteca

Tras el cruel desalojo que realizaron elementos de la Policía Nacional de Honduras en el departamento de Choluteca, al sur del país y cuyas imágenes grotescas recorren el mundo a través de las redes sociales, las autoridades de la Secretaría de Seguridad procedieron a suspender a los jefes municipales de esa zona.

Los actos  se escenificaron en un predio del barrio San Francisco del Palomar, en el municipio de Choluteca y que dejó a mujeres, niños y adultos mayores, golpeados y heridos tras la brutal paliza brindada por los uniformados.

El portavoz del Ministerio de Seguridad, Leonel Sauceda, informó  que el director de la Policía, Félix Villanueva, “ordenó de inmediato la suspensión tanto del jefe como del subjefe de la unidad departamental de Choluteca”, de los cuales no proporcionó los nombres.

Sauceda agregó que, la suspensión de los jefes policiales permanecerá “mientras dura la investigación ordenada por el alto mando institucional”.

El oficial de policial explicó que,  con las investigaciones que realizan sobre el caso, buscan “establecer dignamente e individualizar el grado de responsabilidad que puedan tener los funcionarios de la carrera policial en los hechos del pasado miércoles”.

Por su parte la Fiscalía del Ministerio Público deducirá responsabilidades penales a los agentes involucrados en los maltratos a estas personas.

El anuncio lo realizó el  director de fiscales, Rolando Argueta, quien manifestó que,  este caso de Choluteca no es ajeno a ellos y que han sido informados de la participación de los fiscales, tanto de Choluteca como de Derechos Humanos de Tegucigalpa, para verificar alguna conducta delictiva que pudieron haber cometido personas particulares o funcionarios estatales.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad,  determinaron suspender a los jefes policiales de la zona, señaló que la suspensión de sus miembros, por parte de la Secretaría de Seguridad, es solo  la acción administrativa y el Ministerio Público está obligado a la deducción de responsabilidades penales contra estos policías y militares que se excedieron en el uso de la fuerza.

http://criterio.hn/por-uso-excesivo-de-la-fuerza-suspenden-a-jefes-policiales-de-choluteca/

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Honduras: URGENTE…..ALERTA… Capturan 4 menores de edad y la madre de uno de ellos en fuerte desalojo a la base campesina 9 de Julio en la Paz

miércoles, 23 de septiembre de 2015

La Vía Campesina 23 de septiembre del 2015.
Fuerte desalojo se esta ejecutando en estos momentos a la Empresa Asociativa Campesina de Producción 9 de Julio; ubicada en el sector de las Huertas en Tutule, La Paz.

Un contingente policial y militar se encuentra destruyendo las casas de más de 50 socios de esta empresa campesina
Asimismo como la destrucción de alrededor de 15 manzanas de cultivos de café y 4 manzanas de maíz.
Denunciamos la captura de 4 menores de edad y la madre de uno de los menores.

Los menores de edad que tienen entre 15; 12 y 10 años son: Karen Salinas; Vivian Salinas y Gabriel Salinas; con ellos también se encuentra una madre con su hijo de dos años de edad en sus brazos. (Pendiente nombres).
Cabe destacar que el pasado lunes 21 en Marcala, La Paz; fueron liberados 15 campesinas y campesinos que estuvieron presos alrededor de 2 meses en el presidio de Marcala; por lo que el Secretario General de la Central General de Trabajadores del Campo (CNTC)regional La Paz; considera este desalojo como una represalia.

Condenamos este nuevo hecho de criminalización contra la lucha de las y los campesinos por obtener un pedazo de tierra donde poder vivir y cultivar para mantener con ello a sus familias.
Noticia en desarrollo……

Fotos de la Empresa Campesina 9 de Julio antes del desalojo

                                                       

 
                                                                        


Lenis Fajardo
Comunicadora La Vía Campesina Honduras

Cel: 00504-9997-0429
Skype: viacampesina.honduras
 

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Más de 16 mil pruebas de confianza serían decretadas bajo reserva

22 de Septiembre de 2015

03:01PM  –  Redacción  

Acuerdo de secretividad que decidirá el IAIP le pondría un cerrojo final a la ya protegida información del cuestionado proceso de depuración de la Policía Nacional.

Depuración policial.
Depuración policial.

Tegucigalpa, Honduras

Más de 16,000 pruebas de confianza practicadas a unos 9,000 policías quedarían en la sombra, sin que la sociedad conozca sus resultados, si el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) avala un acuerdo de secretividad sobre esos datos.

La petición de reserva fue hecha el 20 de mayo de 2014 al IAIP y este ente se apresta a tomar una resolución en los próximos días.

La confidencialidad se solicitó para los expedientes de evaluación de confianza, incluyendo listados de las personas que serán sometidas a evaluación y remisión de resultados a las autoridades competentes, dice el documento de petición firmado por el entonces director de la DIECP, Eduardo Villanueva.

Las pruebas de idoneidad consisten en toxicológicas, psocimétricas, socieconómicas y psicofisiológicas (poligráficas) y otras que la DIECP considere pertinentes para medir el nivel de confianza de los miembros de la carrera policial.

La DIECP ha practicado 16,275 pruebas de confianza a 9,118 policías de diferentes escalas, incluyendo a aspirantes, entre enero de 2012 y marzo de 2015.

Conceder la reserva implicaría, entonces, que esta cantidad de exámenes y los futuros que se practiquen estarían bajo reserva durante 10 años y si la DIECP argumenta que existen condiciones para ampliar el plazo, el IAIP lo podría prorrogar.

Según la Ley de Transparencia antes de aprobarse un acuerdo de secretividad sobre determinada información, la institución poseedora de los datos debe de solicitar la aprobación del IAIP.

La DIECP expuso en la solicitud de reserva que los resultados de las pruebas de confianza son necesarias mantenerlas bajo secreto porque su divulgación atenta contra la seguridad del Estado y la vida y seguridad de cualquier persona, según el artículo 17.

La sociedad hondureña ha reclamado que el proceso de depuración de la Policía Nacional no ha dado los resultados esperados.

Los dictámenes que envía la DIECP a la Secretaría de Seguridad para que se proceda al despido de policías reprobados en las pruebas de confianza son vinculantes, es decir que la separación de un elemento aplazado debe de ejecutarse.

Pero ni la Secretaría de Seguridad ni la DIECP han revelado cuántos efectivos han resultado aplazados y a cuántos se les emitió dictamen para despido.

EL HERALDO publicó la noticia de la petición de secretividad de esta información y que la misma implicaría que ni siquiera se conozca los rangos de los oficiales que aprobaron y reprobaron las evaluaciones.

Pero el director de la DIECP, Oscar Vásquez, replicó en una entrevista radial que la información de este rotativo es “medianamente cierta” porque “sí hay información que se puede proporcionar” sobre los rangos de las elementos evaluados.

EL HERALDO le consultó a Vásquez vía mensaje de WhatsApp si se podría proporcionar los resultados de las pruebas de confianza de los policías especificando solo sus respectivos rangos, pero no contestó.

No obstante, enfatizó que la intención de que se decrete la información es para proteger la secretividad de las investigaciones penales, tal como lo establece la Constitución.

De igual manera, no se conveniente divulgar resultados de las evaluaciones para no afectar la imagen de la persona examinada ni de su familia, consideró.

A este tipo de datos solo pueden acceder la persona evaluada, la Secretaría de Seguridad o el Presidente, si a caso este último la solicitara, indicó. La solicitud de reserva también es para las personas que aplican las pruebas de confianza.

La DIECP cuenta con un acuerdo de secretividad aprobado para proteger el contenido de los expedientes de investigaciones penales.

Mal mensaje

El coordinador de las Asociación por la Paz y la Justicia (ASJ) Omar Rivera, consideró como perjudicial la petición de reserva para los resultados de las evaluaciones porque limita a la sociedad poder supervisar la depuración policial.

“Solicitar reservas de información da un mal mensaje a la sociedad que clama por transparencia y rendición de cuentas en este proceso de profilaxis a lo interno de la Policía Nacional”, expresó Rivera.

“Yo pensé que estos nuevos titulares de la DIECP iban a cambiar la mística de trabajo negligente, oscuro e improductivo que venía ejecutándose en la DIECP, pero me equivoqué”. acotó.

Una investigación de APJ estableció que la DIECP ha gastado en los últimos tres años más de 140 millones de lempiras.

“Tremenda cantidad de dinero en una depuración a medias, en una depuración que para muchos es fallida. Valoramos que los últimos dos gobiernos hayan respondido al clamor popular de iniciar un proceso de depuración, sin embargo, las intenciones y esfuerzos no bastan, ya que se requieren resultados”, reclamó. El proceso de depuración es “lento e ineficaz”, comentó.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/882590-209/m%C3%A1s-de-16-mil-pruebas-de-confianza-ser%C3%ADan-decretadas-bajo-reserva

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