Entradas etiquetadas como gobierno de Honduras

El Estado debe impulsar cambios estructurales para reducir la migración

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Gobierno de Honduras tiene una estrategia imbécil en seguridad: Adolfo Facussé 

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Para el empresario hondureño el gobierno de Juan Hernández ha fracasado en el tema de seguridad porque tiene una “estrategia imbécil”, pese a ser la bandera de su campaña y de tener a su disposición miles y miles de millones de lempiras a través de la Tasa de Seguridad. “En lo […]

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Honduras: Gobierno es cómplice de empresa que extrae oro de manera ilegal en Santa Bárbara

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/09/honduras-gobierno-es-complice-de.html

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Sistema de las Naciones Unidas firma nuevo Marco de Cooperación

El Gobierno de Honduras y el Sistema de las Naciones Unidas en el país, suscribieron este lunes el nuevo Marco

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URGENTE: AHORA VAN A LA CALLE 350 MÉDICOS EN HONDURAS

Aun cuando la población hondureña está lejos de contar con eficiente atención y presencia de médicos en todo el territorio, el gobierno, para cumplirle al FMI, planifica mandar a la calle unos 350 galenos, enmarcado en una política que ha cesado masivamente a empleados públicos, entre los de mayor impacto destaca unos 2,000 de Ingresos y 700 de Transporte.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. En exclusiva, una fuente vinculada al sector salud confió a EL LIBERTADOR que el gobierno de Juan Hernández prepara la separación de al menos 350 médicos hondureños. “Hace dos semanas se dio la orden de buscar los fondos para despedir a médicos de hospitales o centros de salud”, sostuvo la fuente.

A estos, se unen los médicos cubanos que el gobierno determinó no renovar el convenio aun cuando atendían, sobre todo, pacientes residentes lejos de zonas urbanas adonde todavía  no llega la asistencia de médicos nacionales.

Una autoridad del Colegio Médico de Honduras (CMH) que pidió omitir su nombre, agregó que el gobierno también planifica unificar los cobros por consultas y procedimientos, así como dar al traste a la Asociación Nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y al Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys). “Los institutos de previsión también serán afectados, quieren que Ficohsa maneje esos fondos a través de otras aseguradoras”, sostuvo el entrevistado.

En junio de 2015, la Financiera Comercial Honduras SA (Ficohsa), propiedad del banquero Camilo Atala, muy próximo al presidente Hernández, fue querellada en Panamá por haber recibido fondos de un programa social del gobierno de ese país, por esa razón, los representantes legales enfrentan los delitos de blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.

Con relación al supuesto despido de los profesionales de la Salud, este rotativo confirmó que mediante el decreto No. 49-2016, publicado el 31 de mayo en el diario oficial La Gaceta, el gobierno aprobó la modificación presupuestaria para la Secretaría de Salud a fin de regular “sueldos, colaterales y aportaciones patronales de personal bajo la modalidad de contrato temporal”, entre otros.

Esta problemática vendría a acrecentar la crisis en el sector, luego que se denunciara que Juan Hernández se negó a ratificar el Convenio de Cooperación en materia de Salud entre Honduras y Cuba. De no renovarse bajo ninguna modalidad este convenio, los 1,500 profesionales galenos cubanos estarían abandonando el país, dejando desprotegidas a las zonas más vulnerables y remotas que hasta hoy han recibido esos beneficios.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1645-urgente-ahora-van-a-la-calle-350-medicos-en-honduras

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GOBIERNO AVANZA EN PLAN DE REGLAMENTAR REELECCIÓN PRESIDENCIAL

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3123-gobierno-avanza-en-plan-de-reglamentar-reelección-presidencial

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La Central de Sindicatos Internacionales (CSI), no confía en el gobierno de JOH

“Escuché de los trabajadores en este país, sobre la brutalidad con la cual son tratados y sometidos. Las mujeres son levantadas a las 3 de la mañana para ir a su trabajo y en sus trabajos son sometidas a acoso, brutalidad y violencia”, Shanan Burrow.   Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-  La Central Internacional de […]

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Estado hondureño es cómplice: Empleadas de maquilas trabajan en condiciones infrahumanas

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Sindicatos de Honduras están siendo acorralados por el actual gobierno: Secretario de la CUTH (VIDEO)

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  Tegucigalpa.- Los sindicatos de Honduras están siendo acorralados por el actual gobierno de Juan Hernández,  buscando su desaparición, pero estos están  dispuestos a dar la lucha y a luchar por los derechos de los trabajdores, ha dicho este viernes el representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Joel […]

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Honduras Officials Investigated by Anti-Corruption Body

An internationally supported anti-corruption body in Honduras is reportedly assisting authorities there with investigations of high-level officials linked to one of the country’s most prominent corruption cases — a massive embezzlement scandal involving the social security system.

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ONU critica negligencia del gobierno hondureño por no esclarecer crimen de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Comité Contra la Tortura de la ONU cuestionó hoy a la delegación de Honduras porque no entregó el informe sobre los avances respecto al asesinato de la dirigente indígena y ambientalista Berta Cáceres.

Un cable de la agencia EFE relata que el organismo especializado de Naciones Unidas quedó esperando el informe que debió proporcionar el gobierno hondureño en el que sindica a un militar por la ejecución de la ambientalista ocurrido en marzo anterior.

“El Comité esperaba informaciones adicionales sobre las investigaciones para sancionar a los autores de ese crimen -que conmocionó a la comunidad internacional de derechos humanos- durante la presentación en Ginebra del informe periódico de Honduras sobre la aplicación en este país de la Convención Contra la Tortura”, reseña la agencia española.

Otro aspecto sobre el cual el grupo de expertos se pronunció en sus conclusiones finales, prosigue el cable, tuvo que ver con las continuas “amenazas, agresiones y otros actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, así como la aparente impunidad de la que gozan los responsables”.

Cáceres fue ejecutada por militares la noche del 3 de marzo en un punto de la occidental ciudad de La Esperanza; la ahora occisa se había opuesto de manera rotunda a la construcción de la represa Agua Zarca, propiedad de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).

Por este crimen, cinco personas guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara y están a la espera que sean enjuiciados.

Origen: http://confidencialhn.com/2016/08/12/onu-critica-negligencia-del-gobierno-hondureno-por-no-esclarecer-el-crimen-de-berta-caceres/

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GOBIERNO ES EL MAYOR AGRESOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN HONDURAS, CONSTATA INFORME

-Informe de C-Libre

-Entrevista a relator por la libertad de expresión de la CIDH

En 2015, de acuerdo al informe anual del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), se emitieron 219 alertas por violaciones a la libertad de expresión. El 75 por ciento de las alertas son ataques contra periodistas y comunicadores sociales.

Según el informe, el gobierno de Juan Orlando Hernández es el mayor violador de la libertad de expresión, a través de las instituciones de seguridad y la utilización de normas administrativas.

“En primer lugar el poder ejecutivo visto desde el área de protesta social a través de los militares y policías, y a través de organizaciones como CONATEL – Comisión Nacional de Telecomunicaciones- y diferentes acciones que se han cometido desde el área de salud y educación”, describió Amada Ponce, subdirectora de C-LIBRE.

El año anterior, se registraron 10 asesinatos, siendo las víctimas un director de programa de noticias, tres presentadores de programas de entretenimiento, uno de programación religiosa, cuatro camarógrafos, un operador de controles y un propietario de medio de comunicación.

Ana Ortega, presidenta de la junta directiva de C-LIBRE, comenta que la censura a la libertad de expresión no solo se expresa en las agresiones y asesinatos, sino que también a través del chantaje gubernamental: “y otro tipo, digamos, de hostigamiento que se hace desde el poder, que no necesariamente se tipifica como delito, es el chantaje a través de propaganda pública, amenazas y otro tipo de presiones típicas del poder que limitan la libertad de expresión y acceso a la información”.

Gobierno intolerante

Durante 2015, las agresiones se triplicaron debido al aumento de la protesta social por parte de diversos sectores, resalta el informe.

“Las manifestaciones en las calles se convirtieron en un medio de expresión desde la sociedad hasta las y los estudiantes de nivel medio y superior, incrementando con eso los niveles de ataques contra la libertad de expresión, en su mayoría por parte de los cuerpos represivos del Estado”, remarca C-LIBRE.

Aunque aumentó la protesta social, la frecuencia de agresiones indica que el grupo con mayor número de ataques siguieron siendo las personas que ejercen el periodismo, con un registro de 110 alertas.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó que los funcionarios públicos deben expresarse con prudencia para evitar seguir cometiendo agresiones o ataques contra el ejercicio de la libertad de expresión.

“Hablan de funcionarios públicos, de funcionarios judiciales, de policías, por lo tanto, creo que ahí es un desafío y una preocupación importante porque los funcionarios son los que tienen que proteger, resaltar el trabajo que hace la prensa y atenderla, obviamente, tienen derecho a la libertad de expresión los funcionarios públicos pero también tienen el deber de expresarse con cautela”, apuntó Lanza.

Debido a la concentración del poder político institucionalizado, el departamento de Francisco Morazán fue la zona geográfica con la mayor cifra de agresiones registradas, es decir, 150 ataques contra la libertad de expresión.

Un Código Penal para criminalizar

El informe sobre el estado de libertad de expresión, además, numera que aumentaron los procesos judiciales a nivel nacional y “el panorama es desfavorable en materia legislativa” pues se han creado varias normas que restringen la libertad de expresión.

“Está por aprobarse un nuevo Código Penal sin la debida discusión con los diferentes actores sociales, tampoco sin hacer el respectivo estudio de impacto de DDHH, que establece varias nuevas formas de criminalización de la protesta social, también la persecución de supuestos delitos contra el honor que sirve al gobierno de turno para atacar voces críticas”, analiza C-LIBRE.

Uno los casos, más graves según C-LIBRE, es la sentencia condenatoria contra el periodista David Romero Ellner, condenado a diez años de reclusión, en su proceso que se desarrolló durante 2015 y finalizó en febrero de 2016.

Por otra parte, documentaron varios casos de utilización de normas administrativas con la emisión de resoluciones sancionatorias contra empleados y empleadas públicas que opinaron o dieron información de interés público a través de entrevistas brindadas a medios de comunicación.

Edison Lanza comenta que desde el mecanismo universal de protección y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH coinciden que los casos de interés o de funcionarios públicos “no deberían ser objeto de sanción o respuesta penal sino que deberían ser tratos en el ámbito del derecho civil”.

“Porque el uso del derecho penal tiene un efecto inhibitorio desproporcionado y es una forma de castigo más dura que tiene el Estado, por lo tanto, desde el estándar de la Comisión y la Relatoría es que se despenalice –injuria y calumnias-“, sugirió Lanza.

Escuche entrevista a Edison Lanza AQUÍ

El Comité por la Libre Expresión puntualiza que “frente a la presión nacional e internacional ante la escalada de agresiones, en abril de 2015, el Estado aprobó la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, unos días antes del Examen Periódico Universal (EPU 2015)”.

Sin embargo, a un año de su implementación no ha logrado “la confianza de las y los posibles beneficiarios”. Amada Ponce detalla que hasta la fecha la Ley solo se ha implementado en 38 casos, nueve de ellos periodistas.

“Algunos de ellos –periodistas- ya tenían protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir que hay una doble protección y deberían estar más garantizadas sus vidas y su trabajo”, explicó.

Agrega que el mecanismo de protección se “pone en entredicho” porque  quien lleva el control es la Secretaría de Seguridad, “por lo tanto, y como lo vemos reflejado en el informe contrasta con quienes son los agresores”.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3091-gobierno-es-el-mayor-agresor-de-la-libertad-de-expresión-en-honduras-constata-informe

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ESTADO HONDUREÑO VIOLA DERECHO DE CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDÍGENAS

A partir del golpe de Estado en Honduras del 2009, se aceleró el proceso de entrega de ríos y el territorio boscoso para la instalación de proyectos extractivitas. Sin embargo el Estado ha tomado decisiones desconociendo  los derechos colectivos de pueblos indígenas, tales como el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el país existe un total de 837 concesiones  mineras aprobadas, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño. En la actualidad la industria se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios, de acuerdo a un recién estudio realizado  por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús,  de la ciudad de El Progreso.

“Uno de los sectores más golpeados con estas concesiones somos los pueblos indígenas. El gobierno ha otorgado los permisos para proyectos mineros e hidroeléctricos a espaldas de las comunidades”, aseguró  Margarita Pineda del Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH).

El derecho a la Consulta Previa, libre e informada  está siendo conocida en las comunidades del interior del país. Desde las comunidades organizadas en defensa de los bienes comunes están  luchando para que  antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero se instale,  den a conocer la información necesaria para que desde su autodeterminación, sea el pueblo quien tome la decisión de aceptarlo o rechazarlo.

“Lo que pesa aquí en el país es que nos quieren consultar hasta que ya están otorgadas las concesiones y  cuando las empresas se están desarrollando la exploración para iniciar la explotación, y eso así no es válido porque están distorsionando el tema de la consulta previa”, manifestó la dirigente indígena.

“El asesinato de nuestra  líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas”, aseguró Cesar de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

 

Recordó que con todo esto el estado está violando  el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Propuesta y contra propuesta 

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el Estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte en una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso.

“Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas”, denunció Mirian Miranda de la Ofraneh.

Indicó que “fue a partir del Golpe de Estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, un destrozo para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios”.

¿Qué es una consulta previa, libre e informada?

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional. Los principios que deben fundamentar una consulta a pueblos y comunidades indígenas son:

Previa a la toma de decisiones que los pueden afectar. Libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo. Informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad, realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo.

De acuerdo a los convenios internacionales son los gobiernos nacionales quienes deben consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su calidad de vida.

 

“Nosotros  insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Además del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas”, concluyó Mirian Miranda.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3093-estado-hondureño-viola-derecho-de-consulta-previa-a-pueblos-ind%C3%ADgenas

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SEIS RAZONES PARA NO APOYAR LA REELECCIÓN

Cuando la imaginación y la ilusión superan el raciocinio de una persona promedio nadie duda en llamarla loca; pero cuando lo mismo padece una que ostenta mucho poder entonces abundan los que sostienen que es una eminencia viviente que percibe la naturaleza de las cosas con una perspectiva fuera de lo común. La realidad es que ambas adolecen del mismo mal: demencia.

En Honduras hay personas que exhiben cierto poder gracias a la gloria barata que los medios de comunicación les ha obsequiado, pero no por ello están exentas de presentar problemas de desequilibrio mental.  Estas personas en su atolondrada imaginación describen a Honduras como un país próspero, lleno de esperanza y aseguran que la población ha depositado toda su confianza en un gobierno azul del que ellas forman parte y, lo que es peor,  consideran que como premio a la buena administración que se ha hecho se les permitirá seguir gobernando durante muchos años más. ¿Podrá ser interpretada tan colosal mentira como un simple producto de la imaginación de unos cuantos enfermos de poder o por el contrario como una cínica propuesta, un insulto al pueblo cansado de tanta miseria que ya no desea saber nada de la tiranía azul actual?

El hoy presidente de Honduras y sus secuaces forman parte de ese grupúsculo de personas que anhela permanecer en la administración del país. Y aunque algunos ciudadanos piensen que la reelección no estaba en la mente del señor Juan Hernández al asumir el poder se equivocan. Desde su primer día de gobierno, el líder de la tiranía azul presentaba síntomas narcisistas y en su discurso de toma de posesión el ciudadano pensante ya avizoraba lo que se venía para el país: militarismo, falsa publicidad, minimización del clamor popular y desinterés por el respeto a las leyes. Así, desde un primer momento el presidente electo –a saber por quién– comenzó a delirar grandezas para el país en materia de seguridad, transparencia, combate al narcotráfico, pobreza, salud, educación y empleo. A más de dos años de su gestión Honduras no sólo permanece estancada en los temas torales para su desarrollo sino que ha retrocedido. Basta con revisar los índices de corrupción, violencia, inequidad social, etcétera. Es evidente que la continuidad de Juan Hernández en el poder no significa nada bueno para los hondureños. Y, ¿en serio, usted estaría dispuesto a permitir que los pitufos nacionalistas continúen con la administración del país?

A continuación explicaré seis razones por las cuales considero que usted como hondureño inteligente no debe apoyar el nuevo fraude reelectoral que los cachurecos y los oportunistas de Libre quieren legitimar, a espaldas del pueblo y de la Constitución de la República.

La reelección debilita el sistema institucional hondureño. Las leyes nacionales no permiten la reelección, y en caso de querer modificar el procedimiento legal ya establecido la petición debe surgir del pueblo, sin presión ni manipulación de los sectores interesados en promover la reelección. Y la Corte Suprema de Justicia es la menos indicada para decidir el tema.

Con la reelección el pleno desarrollo del país no se logrará en cuatro años más. Los problemas de Honduras son sistémicos no electorales. Los proyectos de desarrollo que requiere la nación son, en su mayoría, a largo plazo. Cuatro años más para Hernández o Zelaya no significará mucho en materia de progreso  humano, social y económico. Hace falta mucho tiempo para consolidar el país. El saqueo de siglos y el empobrecimiento de los hondureños no es asunto que será solucionado en cuatro años, ni ocho. Desgraciadamente ni siquiera se ha iniciado la ruta hacia la verdadera prosperidad del país. Los que han gobernado no han hecho otra cosa más que beneficiarse del cargo desestimando las urgentes necesidades de la población.  En este sentido, aunque la reelección se aprobara por la vía legal ninguno de los expresidentes, ni el actual, están en condiciones morales aceptables para repetir un período de gobierno.

La reelección refuerza el caudillismo y empequeñece el esfuerzo colectivo. La imagen personal de la persona reelecta crece y el pueblo puede creer erróneamente que pequeños o grandes logros durante el período de gobierno son obra del reelecto y no de un esfuerzo colectivo. Y en esta línea hasta el mismo caudillo puede llegar a confundirse  puesto que al estar rodeado de mentirosos que por obtener beneficios y privilegios lo elogien desmesuradamente  jamás le señalarán sus desaciertos. Esto creará en él la falsa idea de que todo lo que hace está bien.

La práctica reeleccionista es, además, un principio narcisista. El presidente que ignora el mandato popular y la línea constitucional al pretender aumentar sus años en el poder está claramente anteponiendo fines personales, caudillescos, su deseo de figurar, etcétera, sacrificando el deseo y voluntad colectiva. Los dos personajes que ya se matricularon con la reelección no merecen ser reelectos. Es más, ninguno de los presidentes anteriores a ellos.

La reelección de Juan Hernández y Manuel Zelaya limita el paso a nuevos actores a la palestra política. Por bueno que parezca un gobernante, habrá otros más con capacidades quizá mejor desarrolladas para continuar la obra del desarrollo nacional. La juventud pensante, líderes importantes, ideas frescas, etcétera, todo esto se pierde pues al dejar a los mismos en el poder no hay un relevo generacional.

El deseo de reelección de Juan Hernández ha canalizado gran parte de su trabajo como presidente hacia la falsa propaganda mediática. El actual mandatario ha “trabajado”, poco en beneficio de la ciudadanía. Ha dedicado sí importantes recursos económicos a una campaña mediática  orientada a aplastar a sus opositores políticos y a elevar su perfil. Dinero que debió ser invertido en obras sociales  acabó en la bolsa de los dueños de las corporaciones de medios de comunicación.

La reelección fomenta la ya alarmante corrupción de los cachurecos. Si una persona tiene toda la institucionalidad del país en sus manos, como en el caso de Juan Hernández, continuar en el poder le permite disponer antojadizamente de los recursos económicos sin temor a que un partido político opositor le compruebe falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas.

En conclusión, Honduras atraviesa por una crisis institucional sin precedentes. La cachurecada con un gobierno altamente corrupto e ineficiente se prepara con  todo para la reelección y otro partido democráticamente desnutrido como Libre se ha prestado para seguirles el juego.

Amigo lector: ¿Le conviene a usted la reelección?

J Donadin Álvarez

Escritor hondureño

jdonadinalvarez@gmail.com

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/coberturaespecial/mision-regional-de-investigacion-y-denunciaaa/item/3085-seis-razones-para-no-apoyar-la-reelección

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“El Estado hondureño es el promotor de todos los proyectos mortíferos para las comunidades indígenas”

El pasado 3 de marzo, el asesinato de la defensora medioambiental Berta Cáceres tuvo una repercusión internacional, sacando a la luz la amplitud de las violaciones de derechos humanos en Honduras. Desde entonces, su hija Bertha Zúñiga y el nuevo coordinador del COPINH Tomás Gómez Membreño siguen luchando para que se haga justicia.

Origen: “El Estado hondureño es el promotor de todos los proyectos mortíferos para las comunidades indígenas”

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Honduras Still Ignores ILO 169 Requirements

The Government of Honduras made some misleading and false statements in its recent submission to the International Labor Organization (ILO).  In May-June of this year, the ILO held an international conference on Labor, during which the Government of Honduras submitted a report on its compliance with ILO 169, a treaty it signed in 1995.  By Honduras’s own claims, it only began to implement the treating in 2011, and the Honduran courts claim that even that statement is false.

You can view the ILO report submitted by the Government of Honduras here on the ILO website.  The Honduras specific section begins on page 152 of the report.

First up is Article 15 reporting, where Honduras reports on its consultations with interested indigenous groups before starting or authorizing any mineral prospecting or exploitation in their territory.  This is what the government of Honduras wrote and submitted (page 153):

“Natural Resources:  In the maritime zone of the Mosquitia, as part of the process of realizing a project to explore for oil and gas, a process a consultation during the period September to November 2013 was adopted; there were 10 consultative meetings with the territorial councils of the Mosquitia.  This practice of previous free and informed [consent] has been implemented since 2011.  Initially it was applied to hydroelectric projects in the Lenca indigenous zone (Intibuca and La Paz)…. “


If you didn’t know the actual timetable or anything about recent Honduran court decisions, you might be tempted to take those statement at face value.  The government of Honduras did undertake a consultation, staging 10 meetings in the area of the Mosquitia where it planned to carry out oil and gas prospecting, during the months of September to November, 2013 as stated.

However, ILO 169 Article 15 requires that consultation to take place before any such exploration project is authorized or started.  The Honduran Cabinet voted to approve a contract withBG group, a British oil and gas exploration company now a part ofRoyal Dutch Shell,  to carry out oil and gas exploration on the 9th of April of 2013, a full six months before any consultation took place.  The Honduran Congress approved the contract in May 2013, five full months before the first consultation.  Thus the entire authorization process took place before any consultation took place, violating the intent and the letter of ILO 169 Article 15, which, to reiterate, calls for prior, free, consultation with interested groups prior to the start, or authorization of any such exploration or exploitation of a mineral resource.  During the post-approval consultation, the Garifuna and Miskito communities involved soundly rejected the project.

Did Honduras carry out consultation? Yes.  Was it as Article 15 requires, prior to the start or authorization of any such mineral exploration or exploitation? No.  Honduras did not lie in its submission.  It did however, stretch the truth to make it sound like it complied with the consultation requirements when it did not.

The government of Honduras goes on to state in the next sentence:

This practice of previous free and informed [consent] has been implemented since 2011.  Initially it was applied to hydroelectric projects in the Lenca indigenous zone (Intibuca and La Paz)….


This time we have the word of a Honduran court and the Public Prosecutor’s office that this is not true.

This year, the Fiscalia de Etnias, a part of the Public Prosecutor’s office that is supposed to defend the rights of the indigenous peoples of Honduras, took the former vice head of SERNA, Marco Johnathan Lainez Ordoñez, and the Mayor of Intibuca, Martiniano Dominguez Meza to court over the approval process for the Agua Zarca dam.

A Honduran court ruled there was no prior consultation in the case of the Agua Zarca dam on the border between the municipalities of Intibuca and San Francisco de Ojuera.  The court said that SERNA did carry out consultation with the residents of San Francisco de Ojuera on December 8 and 9, 2010, but they live downstream from the project.  The residents of Rio Blanco, in Intibuca, where the dam was to be constructed, were never consulted, nor were they invited to the consultation session in San Francisco de Ojuera. On March 24, 2011, SERNA issued a 50 year Environmental License for the Agua Zarca dam without consulting the resident of the town most impacted by the dam.

This may have been because DESA, the company petitioning for the rights to build the project, listed its location as San Francisco de Ojuera, but the maps submitted with the project clearly show it being built on the border between the two municipalities, with most of the disruption falling to the upstream commmunity, Rio Blanco.  Only the actual power generation facility was located in San Francisco de Ojuera.  The dam, and a diversion canal that took water out of the river for power generation, were in Rio Blanco.

Ordoñez was convicted in June of this year of illegally giving the Agua Zarca project its environmental license in violation of the ILO 169 rights of the residents of Rio Blanco.  A second charge of abuse of authority has been filed by the same Fiscalia de Etnias against Lainez Ordoñez in a second Lenca dam dispute, this one on behalf of the Lenca community of Gualjiquiro in La Paz.
The mayor was charged with abuse of authority for having given the municipal permission to construct the dam without consulting with the people in Rio Blanco.  His case is still pending.

So the Honduran Courts demonstrate that the second statement, about beginning consultations in 2011 with the hydroelectric projects in the Lenca region is false.  As the UN Relator on the Rights of Indigenous People noted in the ILO report (page 155):

even in the cases where the indigenous people have title to their lands, they are menaced by claims from third parties who make claims over indigenous land and protect park lands for development of mineral and energy projects, model cities, and tourism.


The ILO commission which took this testimony issued a set of conclusions that noted that in the 20 years since Honduras signed the treaty, there has been no progress to formalizing rules for prior, free, and informed consultation of the indigenous peoples of Honduras when development or exploitation projects will impact their communities (page 182).  It urged the government of Honduras to develop policies, rules, and procedures to guarantee the prior, free, and informed consultation of indigenous groups in all cases where it applies.

Origen: https://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2016/08/honduras-still-ignores-ilo-169.html

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Gobierno muestra intransigencia al cumplirse dos meses del cierre de Globo TV

Alerta 128-16 | Honduras, jueves 21 de julio de 2016 El director de TV y Radio Globo, David Romero Ellner, denunció que hace dos meses solicitaron el permiso provisional para que el canal reanude su transmisión.

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Defensores de Derechos Humanos recibirán 10 millones

El gobierno otorgará 10 millones de lempiras al Comité de Protección a Defensores de Derechos Humanos para financiar sus actividades.

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Defensores de Derechos Humanos recibirán 10 millones

El gobierno otorgará 10 millones de lempiras al Comité de Protección a Defensores de Derechos Humanos para financiar sus actividades.

Origen: Defensores de Derechos Humanos recibirán 10 millones

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Juramentan a seis nuevos funcionarios de gobierno

Origen: Juramentan a seis nuevos funcionarios de gobierno – Diario La Tribuna Honduras

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APDH : Gobierno de JOH y autoridades universitarias son antidemocráticos

Origen: APDH : Gobierno de JOH y autoridades universitarias son antidemocráticos

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GOBIERNO HONDUREÑO NO HA QUERIDO ELIMINAR LA POBREZA

Primer auditor Social de Honduras.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1571-gobierno-hondureno-no-han-querido-eliminar-la-pobreza

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GOBIERNO DE HONDURAS RECONOCE RESPONSABILIDAD EN CRIMEN DE BERTA

El secretario de Seguridad, Julián Pacheco, declaró a Canal 36 que hubo fallos para preservar la vida de la asesinada dirigente Berta Cáceres, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado tenía la obligación de impedir cualquier atentado contra la activista social.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El secretario de Seguridad, Julián Pacheco, admitió hoy que el gobierno de Honduras es responsable del crimen de la dirigente ambientalista e indígena Berta Cáceres.

El funcionario declaró a Canal 36 que fallaron en la protección de Cáceres, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado tenía la obligación de salvaguardar su integridad física.

Al respecto declaró a Cholusat Sur que “teníamos la obligación de protegerla. Fallamos en la protección”.

Consideró el titular de Seguridad que se cometieron “varios errores”, entre ellos, la continuidad de los mecanismos de protección y que ese trabajo “lo debimos haber tenido las 24 horas y no lo hicimos”.

“Se falló en la coordinación”, reconoció Pacheco y admitió que hubo comunicación con la asesinada dirigente, sin embargo, no se reforzaron las medidas de seguridad para Cáceres.

Es la primera declaración de un alto funcionario del gobierno de Juan Hernández, quien reconoce que se descuidaron las medidas de seguridad para mantener con vida a la fallecida coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien fue ultimada el pasado 3 de marzo en su vivienda en la occidental ciudad de La Esperanza.

Por este crimen fueron capturados cinco responsables materiales e intelectuales del crimen, entre ellos, un ejecutivo de la cuestionada empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), propiedad de la familia Atala, y varios agentes de las Fuerzas Armadas.

Un militar retirado declaró al diario británico The Guardian que un comando de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) fue quien ejecutó a la activista social.

Esta revelación causó una airada respuesta del secretario de Defensa, Samuel Reyes, quien amenazó con proceder contra el rotativo que se edita en Londres si no rectificaba su versión.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1554-gobierno-de-honduras-reconoce-responsabilidad-en-crimen-de-berta

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Gobierno liquidará la Dirección Nacional de Transporte

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El gobierno de Juan Hernández ha nombrado una comisión para  liquidar la Dirección Nacional de Transporte de acuerdo con la nueva ley de transporte y transformarla en el nuevo Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.

comision-liquidadora-transporte

La comisión nombrada por el mandatario está integrada  por: Felipe Morales, Roberto Pineda y Emilio Hernández Hércules.

A continuación el comunicado emitido por la Casa de Gobierno

El gobierno de la república, en relación a la liquidación de la Dirección Nacional de Transporte, en acato a lo establecido en la nueva Ley de Transporte, comunica lo siguiente:

1. Se procede al nombramiento de una Comisión Liquidadora para que un periodo de dos meses proceda a la cancelación de todo el personal laborante bajo las diferentes modalidades en la Dirección Nacional de Transporte. La comisión es integrada por los honorables ciudadanos Felipe Morales, Roberto Pineda y Emilio Hernández Hércules.

  1. El sector transporte constituye una prioridad para el Estado en virtud de que sirve a millares de personas de escasos recursos económicos, siendo misión del gobierno de la República garantizar un servicio transparente, eficiente y seguro. Siendo este un tema de Estado, los particulares podrán obtener licencias de operación de forma segura, ordenada y eficiente para garantizar un sistema de transporte digno para el usuario, anhelo histórico de la población.
  2. Se garantiza el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores, por lo que muchos tendrán la opción de someterse a futuros procesos de selección para formar parte del nuevo Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.

4. El nuevo Instituto Hondureño de Transporte Terrestre será un ente eminentemente profesional, técnico y capacitado para regular el transporte terrestre en todas sus modalidades: buses, taxis, mototaxis y futuras formas de transporte como transmetro, metros y teleféricos, entre otros.

5.-Los informes elaborados por la Comisión Interventora nombrada en el pasado para desarticular las mafias que se habían entronizado en el interior de la Dirección Nacional de Transporte serán usado como base para construir la nueva institución, con rigurosos parámetros de calidad, transparencia y eficiencia. En el caso de los casos vinculados con la comisión de delitos serán trasladados directamente a los órganos competentes del Ministerio Público, a fin de ejercer la acción legal correspondiente.

6. La nueva institución es parte de todo un proceso para construir la Nueva Honduras, por lo que la ciudadanía debe acompañar este esfuerzo para dotar al país de un sistema de transporte público moderno y eficiente.
7.-A los operadores del transporte público se les notifica que todos los permisos de operación se extienden en su vigencia por un periodo de tres meses, a fin de que estos asuntos administrativos no distraigan la atención de los miembros de la Comisión Liquidadora.

El reglamento de la Ley de Transporte ya está en poder de Empresa Nacional de Artes Gráficas para su correspondiente publicación en el diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de junio de 2016.

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Honduras espera duplicar trabajadores marítimos en el extranjero tras ratificar convenio en la OIT

Origen: http://www.proceso.hn/mas-noticias/item/125686-honduras-espera-duplicar-trabajadores-maritimos-en-el-extranjero-tras-ratificar-convenio-en-la-oit.html

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