Militares y policías restringieron expresiones populares durante desfiles patrios

Alerta 169-16 | Honduras, jueves 15 de septiembre de 2016 Los policías y los militares se encargaron de impedir la libre circulación de ideas y de personas con expresiones críticas durante los desfiles que conmemoraban la Fiesta de Independencia de Honduras.

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“Hoy te vas a morir perro”: policías y militares a defensor de DD. HH.

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Roban carro a periodista de Casa Presidencial

Alerta 166-16 | Honduras, lunes 12 de septiembre de 2016 La periodista Leonila Madrid, del equipo de comunicación de la Presidencia de la República, fue víctima de un asalto.

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Camarógrafo sufre detención arbitraria al grabar maltrato en hospital

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Fuerzas Armadas niegan información sobre terreno en litigio amparados en la Ley de Secretos

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Comunicador de Radio Comunitaria del COPINH sufre detención arbitraria

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Intimidación sufre líder juvenil de oposición

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Periodista recibe amenazas cuando grababa accidente

Alerta 159-16 | Honduras, miércoles 7 de septiembre de 2016 El periodista Miguel Castillo Paz denunció que grababa con su cámara de vídeo un accidente automovilístico, ocurrido en Puerto Cortés, cuando uno de los participantes lo amenazó y dijo que no quería que publicaran nada los periodistas corruptos, sinvergüenzas.

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Reportero gráfico sufre obstáculos para tomar fotografías de la capital de Honduras

Alerta 160-18 | Honduras, miércoles 7 de septiembre de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El periódico La Tribuna denunció que los guardias de seguridad del parque Naciones Unidas, en el Cerro El Picacho, impidieron el paso a un reportero gráfico de diario La Tribuna.

La agresión ocurrió el 5 de septiembre de 2016. El reportero gráfico «se dirigía a hacer unas fotografías panorámicas de donde se podrían captar las zonas de riesgo de Tegucigalpa y Comayagüela», reportó el periódico.

«El celador a cargo, indicó que la orden es no dejar pasar a nadie, sino paga la entrada ya establecida en ese predilecto espacio recreativo de los capitalinos, bien sea por recreación o hacer cualquier tipo de trabajo».

La obra La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita que «ya se dijo que las afectaciones a la libertad de expresión no se manifiestan exclusivamente a través de acciones directas del Estado –o de sus agentes– que tienden a ese fin; es posible que se empleen medidas de otro carácter, menos evidentes, que también obedecen al propósito de reducir o evitar la expresión del pensamiento y en todo caso producen este resultado. Se trata de acciones u omisiones que traen consigo la inhibición del sujeto,  como  consecuencia  de  la  intimidación,  la  obstrucción  de canales de expresión o la “siembra” de obstáculos que impiden o limitan severamente el ejercicio de aquella libertad».

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Inicia juicio oral y público por publicaciones en Facebook

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Instituto de Previsión del Periodista multado por violentar derecho de acceso a la información

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Hackers atacan web de periódico digital

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Cardenal hondureño querella a periodista que dio noticia sobre supuesta corrupción en la iglesia

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Asesinado: días después de criticar por Facebook al presidente, a diputado y al alcalde de La Ceiba

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Fiscal acusa a organizaciones de derechos humanos de incitar a la delincuencia

Alerta 151-2016 | Honduras, lunes 29 de agosto de 2016 La fiscal del departamento de Valle, Kenia Lagos Maldonado, supuestamente estigmatizó a los defensores de derechos humanos al acusarlos de incitar a la delincuencia.

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Policía agrede a periodista durante cobertura de escena del crimen

Alerta 142-16 | Honduras, domingo 7 de agosto de 2016

Comité  por la Libre Expresión (C-Libre). Un grupo policial de la patrulla PN035 de Choloma en el departamento de Cortés, asignados a esta unidad la noche del sábado, agredieron al periodista Rogelio Trejo Paz.

“Me vale verga”, dijo el policía que lo atacó físicamente cuando el periodista manifestó que lo denunciaría. El otro agente, en vez de intervenir para que respetaran la labor periodística, permaneció impasible.

En su muro de Facebook, el periodista denunció el domingo que la noche del sábado fue atacado por un oficial de apellido Martínez Sierra de la Policía Preventiva, asignado a la UMEP No. 10, de Choloma, en la Costa Norte de Honduras.

«De manera agresiva y usando la fuerza desproporcionada en contra de mi persona. Estamos de acuerdo el policía tienes sus funciones como tal. Igual el caso de nosotros, hacemos nuestro trabajo. Por favor, no podemos permitir este tipo de atropellos. Compartamos esto para que no sigamos sometidos. Por algunos uniformados que lo que hacen es desprestigiar la institución. Compartamos esta publicación», pidió el periodista.

Trejo Paz, por vía telefónica, contó en el canal  Hable Como Hable, donde trabaja, que es la segunda vez que sufre una agresión como esta.

«En esta oportunidad nos encontranmos con el oficial Martínez Sierra de manera muy imprudente y agresiva a la vez, llegó de esa manera a no permitirnos el paso, estabamos en  propiedad privada, si bien es cierto somos respetuosos de la escena del crimen, es la segunda vez que pasa esto. Hace seis u ocho meses, este oficial intentó agredir a Kelin Trejo, estaba asignado en la López Arellano, estabamos como a 50 metros de la escena y lo que no quería era que grabarámos».

Relató que la noche del sábado, el agente llegó de manera abrupta y agresiva, que estaba en un bordo por donde hay un alambre y el policía lo sacó por donde estaba la cinta para hacer creer que el periodista la había atravesado, según dijo.

El periodista expresó que el policía no quiso dialogar y destacó que no tiene nada en contra de la institución policial. Este ataque ocurrió es una zona oscura, las autoridades habían dado a conocer que había una persona fallecida atrás de Mall Las Américas en Choloma.

El director del Canal Hable Como Habla (HCH), Eduardo Maldonado, una de las radiodifusoras con mayor audiencia en Honduras, denunció ayer que el corresponsal de la Costa Norte, Rogelio Trejo, sufrió el ataque mientras daba cobertura a una escena del crimen.

Maldonado dijo este domingo, «condenamos esta acción de este miembro de la policia y desde luego, vamos a actuar como corresponde legalmente por su manera de actuar contra nuestro periodista Rogelio Trejo».

«Todos lo que  conocemos sabemos que es un periodista serio, responsable, de pocas palabras y serio en la cobertura noticiosa, rechazamos esta acción de este mienbro de la institución pólicial no actuó de manera correcta, no hizo lo que debe hacer un policía, no hizo lo que debió hacer».

Lo lamentable es que los demás miembros de la policía en vez de actuar para evitar esta situación permitieron que actuara salvajemente en contra de Rogelio Trejo, así fuera bueno que actuaran en contra de los criminales, pero con la población que delinque no actuan así, opinó Maldonado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que  «instruir adecuadamente a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación».

 «Por este motivo, la Relatoría Especial ha recomendado que los Estados adopten mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad y si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión. Esto reviste particular importancia para las fuerzas que desempeñan tareas de seguridad pública en las cuales habitualmente están en contacto con medios de prensa que informan sobre sus actividades, sobre todo cuando la fuerza en cuestión no fue capacitada originalmente para estas tareas de seguridad pública».

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Fiscalía pedía censura en Facebook como requisito de conciliación en causa penal contra manifestante

Alerta 138-16 | Honduras, domingo 7 de agosto de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Si no fuera porque una jueza de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa desestimó la petición de la Fiscalía para censurar publicaciones que trascendieron por redes sociales, el pasado 2 de agosto se hubiera fijado un precedente judicial de censura en publicaciones de Facebook.

En el expediente 1332-15 consta que durante la audiencia de conciliación, celebrada el 2 de agosto, por el proceso penal instruido en contra de Miguel Briceño, uno de los líderes del Movimiento de Los Indignados, detenido durante una protesta; la Fiscalía, apegada a la solicitud del policía, solicitó que se quitarán publicaciones de Facebook relacionadas con el agente de Seguridad estatal.

La defensa se opuso a la petición alegando que no hubo, durante el proceso, ninguna prueba que acredite que Briceño haya hecho referencia al policía a través de redes sociales.

El juicio fue promovido por la Fiscalía por el supuesto delito de daños y este 2 de agosto se firmó una conciliación. Briceño pagó 4,000 mil lempiras por el celular, según constató C-Libre en la cobertura de la audiencia.

En este caso, el ente acusador del Estado imputó a Briceño como responsable de haber quebrado el celular del policía durante la Jornada Nacional de Protesta 4/11, convocada por Movimientos de Resistencia e Indignación Popular, el 4 de noviembre de 2015, con el fin de exigir una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

La manifestación demandaba, entre otras, “el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, el derecho a la libre emisión del pensamiento de las y los periodistas y medios que han sacado a la luz pública todos los escándalos de corrupción que vinculan al gobierno no solo con actos de corrupción sino con el lavado de activos y la narco-política. Contrario a lo que hacen los medios tarifados, cuya labor es esconder los crímenes de sus amos y caudillos de la comunicación”, dice parte del comunicado.

El policía dijo a C-Libre que solamente pasaba por ahí, en las redes sociales se le señaló como un agente de contrainteligencia asignado a la Dirección Nacional de Tránsito que hacía levantamiento de perfiles durante la manifestación.

La Fiscalía uso el derecho penal en contra de Briceño sin mencionar el cargo que ocupa el policía en la administración pública. Se tomó una foto del agente policial y pidió a C-Libre que se borrara el material y que no se publicara su imagen.

En Honduras, las protesta y las redes sociales se han convertido en mecanismos de expresión popular para sortear el monopolio mediático con propiedad cruzada, existente en los medios de comunicación y la regulación de los contenidos de la prensa, por medio de la pauta publicitaria, subvencionada por el Estado.

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Denuncian robo de información en juicio por estafa

Alerta 139-16 | Honduras, domingo 7 de agosto de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Diario La Tribuna informó que «el fiscal encargado de presentar las evidencias en el caso de estafa por el proyecto habitacional de Ciudad del Ángel denunció el robo de su computadora personal que contenía información que se presentaría en el juicio».

«El abogado que lleva la causa, Marcos Zelaya explicó que ingresaron a la vivienda del fiscal  y solo le llevaron la computadora.  La suspicacia aumentó cuando el perito de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que hizo el dictamen sobre el proyecto habitacional, también denunció el robo de su computadora», informó La Tribuna.

«“Nos llena de sospecha que es lo que está sucediendo con estas personas que están llevando estos juicios de impacto social como lo es Ciudad del Ángel”, comentó Zelaya», según la publicación.

Este año, C-Libre ha registrado varios casos de robo de información mediante hurtos en automóviles o en asaltos en contra de periodistas o a la sede de periódicos.

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Periodista pide protección para su hijo de seis años y denuncia extorsión en su contra

Alerta 141-16 | Honduras, domingo 7 de agosto de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La estatal Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investiga la denuncia por supuesta extorsión en contra del corresponsal de un canal de televisión hondureño, el periodista Santiago López.

«Hace mes y medio me dijeron que una persona de la granja penal habían mencionado antes de salir que iban a  tomar acciones contra mí porque a veces cubrimos casos de personas que son detenidas por delitos», dijo López a C-Libre.

El reportero es corresponsal del canal HCH, hace dos años, en el departamento de Copán al occidente de Honduras.

«La DPI ha estado  investigando para ver de qué se trata, yo digo que es extorsión  porque me han estado llamando que deposite dos mil lempiras para no mal informarme en el trabajo en HCH», relató.

López indicó que  la DPI ya está tras la pista de las personas que desean afectarlo, la policía investiga si es una represalia por el puesto que ocupa como corresponsal hace dos años o por el contenido de su trabajo periodístico, según indicó.

«Me gustaría protección para mi familia y para mi casa, me preocupa que me estén mencionando a mi hijo de sies años, me dicen que ya saben en que escuela está hace un mes más o menos».

«La DPI ha estado investigando  los cuatro números de teléfono que reporté».

El corresponsal indicó que hace varios días le han venido amenazando y no le daba importancia porque pensó que no era nada serio. Le pedían dos mil lempiras a cambio de no “malinformarlo”, sin embargo, según López empezaron a pedirle noticias que supuestamente habían pasado en la zona como accidentes y muertos y que aparentemente él no iba a cubrir por falta de diligencia.

Al ver eso, López denunció,  «hago formal  y de conocimiento de ustedes mi denuncia de extorsión, me están llamando  casi  a diario para que les de de mil a dos mil lempiras  semanales y la amenaza es no ponerme  en mal ni inventar cosas de mi en HCH con Eduardo  Maldonado y de no atacan a mi hijo  se 6 años se edad. La DPI  ya tiene  conocimiento de esto. Los números de los que me llaman  para solicitar el dinero son 4:

+504 9994-1079,

+504 3299-0606

+504 9663-4105,

+504 9880-1400».

Esta denuncia fue reportada a C-Libre por la presidenta de la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos) en Copán, Gladis López.

En los últimos tres años, C-Libre ha emitido 13 alertas por agresiones de diferente índole, sufridas por los periodistas de HCH.

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Periódico sufre robo de equipo e impunidad en investigación, juzgamiento y sanción de agresores

Alerta 137-16 | Honduras, miércoles 3 de agosto de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El periódico EL Libertador fue víctima de robo de material y equipo informativo sin que hasta la fecha, el Estado cumpla su obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente una escalada de agresiones, sufridas durante más de una década.

Los periodistas tampoco han tenido derecho a la participación de los procesos de investigación porque revelaron que sus denuncias nunca han prosperado en el Ministerio Público. El más reciente ataque de violencia ocurrió el 27 de julio.

El 28 de julio, el periódico informó que cuenta con mecanismos de autoprotección para el resguardo de la información, no obstante, describió una escena del delito que deja muestras de supuesta intimidación como una gran cantidad de documentos tirados en el piso con violencia.

También sufrieron pérdidas materiales, pues, los asaltantes entraron a la instalación, se robaron cámaras profesionales, dos computadoras portátiles, una de mesa modelo plano, tres celulares de uso institucional, dos discos duros externos,  cuatro dispositivos de almacenamiento (USB), dos lentes fotográficos grandes, un 400 y un 800; de la cocina se robaron un microondas.

Además, de manera inusual en el comportamiento del ratero, sustrajeron el Registro Tributario Nacional de periódico EL LIBERTADOR y dos cheques para el pago de proveedores, informó el periódico.

«Este miércoles, 27 de julio de 2016, otra vez el personal de este medio escrito hondureño “EL LIBERTADOR” constató que durante la noche la oficina fue visitada por delincuentes, que dejaron muchos bienes valiosos para llevarse equipo de menor cuantía, pero, que contiene información del periódico y su relación con los públicos de Honduras y del mundo», inició su denuncia el periódico, divulgada por medio de su sitio electrónico en la red.

«Un experto en seguridad contratado por este rotativo para que hiciera una evaluación del robo y la escena, concluyó que quienes ingresaron al inmueble no son delincuentes comunes y, puntualmente, llegaron a llevarse información almacenada y escrita de interés para quienes los enviaron, y concluyó que ellos sabían a qué iban desde que entraron, por eso no se dedicaron a valorar que valía más o menos de los bienes que vieron dentro de las instalaciones y para despistar y por el uso tomaron el microondas y las valiosas lentes de cámaras fotográficas».

«Al marcharse, aparentemente de manera apresurada, los mal vivientes dejaron algunas computadoras encendidas y, extrañamente, dejaron conectado y encendido el sistema de proyección (Datashow) al lado de la refrigeradora, que también se halló con la puerta abierta, quizá porque aprovecharon la luz y de esa manera evitaron utilizar las luces convencionales de la cocina para no llamar la atención desde afuera».

«Este daño a la integridad sicológica, física y económica de EL LIBERTADOR no ocurre por primera vez; durante 13 años de existencia y posicionamiento, hemos sufrido distintos atentados contra nuestros compañeros, contra nuestras compañeras y nuestros bienes, incluso, desde acciones de amenaza a la vida hasta judiciales ofreciendo cárcel al Director Fundador; hemos puesto denuncias en el Ministerio Público por hackeo a EL LIBERTADOR, pero jamás prosperaron».

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Periodista denuncia que es víctima de persecución

Alerta 135-16 | Lunes 1 de agosto de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El integrante de la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos), Leonel García Guevara, recibió la madrugada del jueves un atentado en su contra y la policía se burló de él cuando pidió ayuda, según denunció.

García relató que en “horas de  la madrugada  regresaba del municipio de Coray, en el departamento de Valle. Pedí ayuda a la patrulla de ese lugar, se me negó porque en esa zona, la calle es de riesgo,  la patrulla se adelantó y luego dio la vuelta yo venía en marcha”, luego aparecieron dos motociclistas detrás de su carro, contó.

El comunicador percibió que se trataba de una persecución y pidió ayuda policial. “Mis llamadas están registradas a esa hora, a la subcomisionada de policía”, explicó a C-Libre por medio de un mensaje electrónico; el 8 de febrero de 2015, el periodista denunció que desconocidos, en una camioneta negra, lo siguieron, vigilaron a su familia y provocaron que sufriera un accidente de tránsito en la Carretera Panamericana, a la altura del desvío hacia Coray, departamento de Valle.

“Este suceso ocurrió el jueves 6 de febrero en el municipio de Nacaome, Valle, al sur del territorio. Una camioneta negra, con parrilla en la parte de arriba, me seguía de cerca, al salir del puente Guacirope, un pickup rojo se me atravesó e impacté con él», reportó en aquel momento.

García cree que se trató de un asalto común o de una persecución dirigida en su contra. El periodista conduce el programa Dígalo Cómo Quiera Frente al Pueblo, transmitido por radio Discovery. F.M. 99.1 y en televisión, en Canal 87 en Arcovision y Canal 18 en el sistema de cable de Nacaome, una ciudad situada al sur de Honduras.

C-Libre ha emitido siete alertas, basadas en incidentes reportados por García Guevara y atribuidos por él a su labor periodística. Además, es un comunicador muy crítico a través de las redes sociales.

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Periodista sufre acoso judicial por informar sobre gestión de exrector de la UNAH

Alerta 136-2016 | Honduras, Lunes 1 de agosto de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El diputado del gobernante Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, interpuso el 27 de julio una querella contra el director del Foro Canal 10, Armando Villanueva.

Esa información fue divulgada por los diarios de prensa escrita, El Heraldo y La Tribuna. El uso del derecho penal en este caso pretende atacar el discurso sobre asuntos de interés público, relacionados con el quehacer del legislador cuando fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El apoderado legal del querellante es el abogado Nicolás García Sorto, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exapoderado legal del expresidente, Rafael Leonardo Callejas.

La Tribuna informó que García Sorto manifestó que la querella está relacionada con expresiones del periodista sobre la supuesta participación de Ramos Soto en la falsificación de documentos, «entre otros comentarios enlazados durante el programa de entrevistas, citando como antecedentes cuando el diputado fungió como rector de la Alma Mater (sic)», informó el periódico.

En Honduras, las querellas son presentadas ante los Tribunales de Sentencia, el expediente es turnado al azar, por un sistema de numeración correlativa, a un juez que sirve como conciliador en las primeras etapas. Si la conciliación fracasa, el caso pasa a juicio oral y público.

Villanueva indicó a C-Libre que su intención como periodista fue describir la época que se vivió en la UNAH en los ochenta, tal como lo indican varios libros, documentos, informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

El periodista sufrió hostigamiento por uso del derecho penal hace unos años por una querella promovida que terminó en conciliación y amenazas de demanda por otro político del Partido Nacional.

«Creo que un periodista no tiene que extralimitarse, pero al mismo tiempo creo que debe haber restricciones a funcionarios, diputados, inclusive al presidente que no permiten críticas», dijo Villanueva.

El papel de los periodistas es fiscalizar la conducta de los funcionarios cuando están en un cargo, opinó.

Canal 10 es propiedad del periodista, Rodrigo Wong Arévalo. Él fue uno de los primeros comunicadores, víctima de acoso judicial al ser condenado por el sistema de justicia hondureño, a petición del expresidente Callejas. Unos años después de la condena contra el periodista, el exmandatario Callejas fue extraditado hacia Estados Unidos por corrupción pública.

El estándar obligatorio para los Estados 
El 3 de mayo de 2015, en un comunicado de prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas.

«La Relatoría Especial continúa recibiendo serias denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones críticas y la protesta frente alguna clase de poder político, económico o militar. En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido que cuando se juzga a «quien reprodujo parcialmente información publicada» por otros medios, si este «se limitó básicamente a la reproducción de estas informaciones» su condena «entraña una limitación excesiva a la libertad de expresión, de manera inconsecuente con lo previsto en el artículo 13.2 de la Convención», con independencia de la veracidad de la información publicada”».

«Respecto al honor de los funcionarios públicos y personas que se involucran en asuntos públicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que «la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla»», advirtió la Relatoría.
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Querellas penales ahora se extienden a vocero del Ministerio Público

Alerta 130-16 | Lunes 25 de de julio de 2016 La práctica de querellas penales contra periodistas, que tuvo un repunte desde 2014 a la fecha, ahora se extiende a los portavoces estatales, en vista de que la exfuncionaria municipal Ada Esperanza Muñoz, acusada criminalmente, por presuntos actos de corrupción, querelló por calumnias al portavoz del Ministerio Público (MP), Elvis Guzmán.

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Gobierno muestra intransigencia al cumplirse dos meses del cierre de Globo TV

Alerta 128-16 | Honduras, jueves 21 de julio de 2016 El director de TV y Radio Globo, David Romero Ellner, denunció que hace dos meses solicitaron el permiso provisional para que el canal reanude su transmisión.

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Hermano del presidente hondureño propone criminalizar uso de internet

Alerta 129-16 | Honduras, jueves 21 de julio de 2016

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Luego que las redes sociales lo involucraran con narcotraficantes de la zona occidental de Honduras y de ser parte de la lista de extraditables a estados Unidos, Juan Antonio “Tony” Hernández, pidió la regulación del contenido en el internet, informó el periódico Criterio.hn.

«Tony Hernández ha sido vinculado con el cartel de los hermanos Valle Valle y de defender a través de su bufete jurídico a otros narcotraficantes, entre los que se menciona a los colombianos Rubén Dario Pinilla y Hernán Roldan Jiménez, según esta publicación.

CRITERIO tuvo acceso a la denuncia número 021-214 interpuesta el 12 de febrero de 2104 ante la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Ministerio Público…este medio de comunicación digital comprobó que efectivamente el hermano del Presidente fue acusado ante el Ministerio Público por haber defendido a los narcotraficantes colombianos», dice el periódico.

A partir de 2014, el discurso de los funcionarios del gobierno ha sido orientado a estigmatizar el uso de las redes sociales pues la población las usa como alternativa ante el control que el gobierno ejerce en los medios de comunicación, por medio de la publicidad oficial.

A la par de la estigmatización, alcaldes, diputados, funcionarias estatales han promovido querellas  penales en contra de periodistas y ciudadanos que han hecho denuncias o comentarios a través del Facebook y de Twitter.
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