Entradas etiquetadas como Campesinos

Campesinos acusados de usurpación conocerán sentencia el 30 de septiembre

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Campesinos acusados de usurpación enfrentan juicio Oral y Público en El Paraíso

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Campesino atacado por militares empieza a caminar tras operación

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Campesinos centroamericanos exigen liberación para compañeros presos, investigación de asesinatos y cese a la represión y criminalización en Honduras

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Dirigente de la CNTC: Nos matan, vigilan y persiguen en el campo y cuando llegamos a la capital

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Campesinos exigen cese de la criminalizacion de sus luchas en Honduras

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Grupo de campesinos protestan en la capital hondureña

Tegucigalpa – Un grupo de campesinos se movilizan la mañana de este miércoles en la capital hondureña para demandar un alto a la violencia y cese a la impunidad.

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En marco de foro internacional balacean campesino en Tegucigalpa

Por Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En el marco del Foro Internacional contra la criminalización de los campesinos la noche de este martes ha sido atacado a balazos el dirigente campesino del departamento de La Paz, Carlos Geovany López. La información fue brindada por el diputado de Libre y coordinador de la Vía Campesina en Honduras, Pedro […]

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Bajo fuego comunican las arbitrariedades de los cuerpos represivos en sus comunidades

Con el fin de tratar de romper el cerco mediático de los medios de comunicación tradicionales, las y los jóvenes campesinos conformaron una “Red de comunicadores y comunicadoras campesinas”, con el apoyo de la Vía Campesina Honduras.

Su manera de divulgar la información es enviarla al equipo de comunicación de la Vía Campesina, los que se encargan de distribuirla en varios medios y las redes sociales, porque consideran que tienen el deber de dar a conocer lo que sucede en las comunidades campesinas y que en algunos espacios televisivos, radiales o prensa escrita se les violenta su libertad de expresión.

comunicadores en defensa

Red de comunicadores y comunicadoras, apoyados por Vía Campesina.

Comunicadores y comunicadoras denunciaron el hostigamiento, amenazas y maltrato físico dirigido a mujeres, hombres, jóvenes, niños y adultos mayores provocado por los cuerpos de seguridad del Estado a este sector de la sociedad.

La Red comenzó sus primeros pasos en el 2013 pero fue hasta el 2014 que se consolidaron, actualmente cuentan con 30 comunicadores y comunicadoras jóvenes de diferentes partes del país, cuya militancia está comprobada en las organizaciones que son parte de la Vía Campesina, están en cinco zonas del país; la zona norte, Sur, Occidente, Oriente y parte de la zona Central.

Tratos crueles e  inhumanos

En Planes, Santa María La Paz en el año 2015, Samuel Antonio Vásquez se encontraba haciendo una cobertura , estaba  tomando videos, fotografías y entrevistas, le quitaron todo el equipo, a pesar de que andaba con un chaleco e identificación de comunicador, pero que no tuvo tiempo de hablarles a los uniformados,  expresó que “allí pude experimentar la violación a los derechos, me ultrajaron y me golpearon con los toletes”.

Según él, hubo desalojo ilegal, nunca mostraron una orden, les dispararon bala viva, gases lacrimógenos y propinaron cualquier cantidad de golpes a las y los campesinos.

A Vásquez lo transportaron a la Jefatura de Marcala, departamento de la Paz,  y luego al Centro Penal siempre de Marcala, al llegar informó que era comunicador social y andaban recogiendo información, pero no le interesó a la policía, ya que lo confundieron con los coordinadores o líderes de las bases.

Dentro de la prisión recibió un trato inhumano, dormían en el suelo y a la intemperie, les cayeron tres tormentas, le afectó el humo de la cocina porque pernoctaban casi en la puerta, hasta la fecha padece de dolores de cabeza. Cerca del lugar que supuestamente era habitación pasaban las aguas negras y allí  lo mantuvieron preso 67 días.

Varias veces encarcelado

Gerson Fajardo pertenece a la Red desde sus inicios, comentó que la experiencia le sirve a campesinos y campesinas que viven al interior del país y así poder enviar datos de las represiones, encarcelamientos, secuestros y asesinatos, por mera responsabilidad de militares, policías y guardias de seguridad privada de los terratenientes.

Reiteró que los “medios de la burguesía”, las grandes corporaciones afines al gobierno y terratenientes no transmiten esta clase de información ni reflejan lo que pasa en el campo, por ser los campesinos uno de los sectores más marginados de la sociedad, no obstante los medios  alternativos les brindan la oportunidad para denunciar.

Para Gerson lo más difícil que le ocurrió como comunicador y campesino es el encarcelamiento, “he visto morir a mis compañeros, como caen heridos a mis pies en los desalojos”, recordó que en el 2012 presenció cómo se extinguió de vida de tres de sus compañeros campesinos en la comunidad de Coule , San Manuel Cortes “ eso fue lamentable”, dijo.

Detalló que en una ocasión los uniformados lo dejaron totalmente golpeado y no tuvieron la responsabilidad de llevarlo a un centro de salud sino que lo tiraron a una bartolina; le vino a la mente que el cuarto era pequeño, oscuro, con olor fétido porque le quitaron el derecho para hacer sus necesidades en un servicio; se acurrucó y esperó, en medio del maltrato psicológico y los insultos de los policías que vertían como “para qué andas robando”, “porque no compras”.

Medios mienten

Por la región de Cortés está  Mirian Sánchez,  miembra del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, (CODIMCA), decidió pertenecer a la red porque consideró que el pueblo está siendo engañado, recibiendo mala información, los medios del otro lado lo hacen para que ignoren lo que sucede en las comunidades campesinas y creen que a través de la Red pueden dar a conocer “la verdad y la situación real del país”.

La policía los ataca descaradamente en el momento que andan haciendo las coberturas, tratan de evitar que tomen fotografías, hacen uso de gases lacrimógenos, golpes, aunque anden identificada, a veces, Sánchez camina moretones en su cuerpo.

Califican a los comunicadores como “bochincheros”, lo más triste que han visto sus ojos es como la policía se ensaña con la gente que participa en las manifestaciones reclamando sus derechos, las personas llorando por las bombas y bañados en sangre, pues les lanzan los cilindros lacrimógenos directamente al cuerpo. La represión es igual para hombres y mujeres, cuando les toca pegar lo hacen, dijo la comunicadora.

Medidas cautelares

De las nuevas generaciones de “La Voz de Zacate Grande” está Wilson Cabrera, de 20 años, beneficiario de medidas cautelares desde el 2012; narró la difícil situación que han vivido las y los comunicadores de la península.

A la temprana edad de 11 años empezó a participar en la radio, un momento muy conflictivo, la prueba de fuego, lo que lo impulsó a ser comunicador, fueron los hechos ocurridos a partir del golpe de Estado del 2009 y decidió entrar  en un proceso de formación.

El joven comenzó a recibir constantes amenazas a muerte de los trabajadores del empresario Miguel Facussé, le decían “o te retiras de la radio o te matamos hijo de p…”, de ahí que les colocaron el sobrenombre de “los garroteros”, Las autoridades no los reconocen como comunicadores y por eso la arremeten contra ellos.

El deber de la policía es darle protección, pero aseguró que el papel que juegan es “pésimo”, varios compañeros sufrieron agresiones, decomiso de equipo, cárcel y hasta exilio como es el caso de Miguel Ángel Vásquez quien pidió asilo político para salvaguardar su vida, ya que en varias ocasiones intentaron matarlo.

Impulso de pertenecer

Su mirada se pierde al tratar de recordar lo que vivieron en la comunidad de Rigores durante los desalojos, es nuevo en el proceso, pero lo impulsa su deseo de contarle a la gente las injusticias que sufren los y las campesinas, “perdimos todo, nos deshicieron las casas y los cultivos, tuvimos  que volver a empezar porque les quemaron las viviendas”, describió Darwin Hernández.

Lo más cruel que vio en el desalojo del 2011 fue como los militares golpearon gravemente a 23 de sus compañeros, uno de ellos quedó con problemas psicológicos irreversibles mientras la esposa de éste murió hace seis meses a raíz de las torturas de las que no pudo recuperarse nunca. El joven comunicador responsabilizó a la policía, militares y terratenientes de estas muertes, especialmente al extinto Miguel Facussé.

Exteriorizó que en esos momentos al distinguir todo lo que les hicieron se sintió “humillado”, añadió que el gobierno debería ayudar un poco, porque hay lugares en donde no existe ni una escuela, de esa manera les niegan el derecho a la educación.

Por su parte, Denis Gutiérrez de El Paraíso junto a ocho jóvenes más,  impulsan un proceso de organización en la comunidad campesina donde vive, por el motivo que están en extrema pobreza y tienen la idea que de ese modo pueden cambiar las cosas, es por ese  motivo que ingresó a la Red.

Muchos muchachos del Valle del Aguán están interesados en el proceso de recuperación de tierras, pero a Erick López le gusta la comunicación cree que es un aporte importante formarse en esta área.

Sin embargo, la discriminación y la muerte lo impulsa a querer cambiar la conciencia de aquellas personas “que no piensan que un pobre también tiene derechos” agregó que no es agradable presenciar los desalojos, el maltrato hacia las mujeres, a los hombres han llegado al grado de quitarles la vida y “uno siente incapacidad porque no puede hacer nada contra ellos, más que todo la policía o los grupos de los terratenientes, no somos nada a la par de ellos, pero no tengo miedo”.

En tanto que para Jennifer Yánez de El Progreso explicó que estar en la Red es una oportunidad para aprender, informar y apoyar a los campesinos. En el proceso de recuperación de tierras los desalojaron tres veces, tenían cultivos de maíz, frijoles, frutas, y los guardias de la empresa Azucarera del Norte S.A , AZUNOSA, les botaron todo.

Otro de los nuevos integrantes es Darío López de Tutule, Agua Frías, La Paz, trabaja en la radio comunitaria “Suyuguare” desde hace dos años, en ese lugar las y los campesinos están en un proceso de recuperación de tierras, han tenido amenazas de desalojos por parte del Estado a través de la alcaldía ya que se encuentran en terrenos ejidales. Por el momento han llegado a un acuerdo con la Alcaldesa Gilma Ondina Castillo que no van a tomar más tierras. En la actualidad hay 40 familias en los predios.

Niño militante

Él siempre ha querido ser comunicador, ya que desde la edad de siete años participó en tomas, paros y manifestaciones junto a sus padres, indicó Sergio Godínez, además, denunció que son víctimas de persecuciones por ser comunicadores de El Progreso, Yoro, por eso es necesario aprender a informar. Fue desde los 12 años que decidió militar en un grupo de jóvenes campesinos con el apoyo de su padre.

Siendo menor de edad lo apresaron en julio del 2012, se encontraba en una recuperación de tierras y como a las cuatro de la madrugada les cayó un desalojo, los trasladaron a una posta, tenía 15 años, desde esa edad es beneficiario de medidas cautelares, está sometido a un proceso penal.

Godínez creció en medio de la violencia viendo como los policías y militares golpeaban a las y los campesinos incluidos sus progenitores, aseguró que los medios de comunicación toman las fotos, pero jamás salen en las noticias, en cambio “uno que está aprendiendo cómo pasar información, tomamos la foto y quién nos va a comprar si nosotros somos del campesinado, nadie nos manipula”, aseguró orgulloso.

Periodistas se prestan

A sus tres años de militancia Rubén Cedillo, del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino de Aguán, (MARCA), declaró que concientizaron a los jóvenes para hacerles sentir la realidad del país.

Tuvieron la iniciativa en la región de montar el “Observatorio Agrario Campesino y la Red de Comunicadores”, para realizar la tarea de recolección de información a nivel nacional de diferentes departamentos, con la idea de que las noticias sean directas desde el lugar de los hechos, como una nota sistematizada “no cómo lo hacen los periodistas de algunos canales que la dicen de otra forma torciendo la realidad”, denunció.

Señaló Cedillo que existen periodistas que se prestan para darle vuelta a las noticias a favor de quienes reciben dinero a cambio, mientras tanto, varios comunicadores y comunicadoras han sido reprimidas quebrándoles sus teléfonos y cámaras.

En su caso,  es perseguido en el Bajo Aguán, “hasta han ofrecido dinero para que den mi paradero”. Las grandes corporaciones como Dinant, Oleopalma y Aceidosa, son las que se dedican a la violación a los derechos humanos, pagan al ejército y guardias privados para que hagan el trabajo sucio de hostigamiento contra campesinos, comunicadores y las organizaciones que los apoyan, detalló.

Alegó que cuando las grandes corporaciones necesitan de la Ley, actúan de inmediato, pero como el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA,  le ganaron un juicio a las tres empresas, tenían sentencia firme en el 2010 tomaron posesión después de 17 años de lucha, más el 29 de julio del 2012 los desalojaron, el abogado Antonio Trejo, quien fue asesinado el 2012 en la capital,  ganó en seis meses el juicio a Oleopalma y Miguel Facussé “la misma empresa privada ordenó su muerte de la que no ha habido ninguna investigación”, denunció.

Origen: Bajo fuego comunican las arbitrariedades de los cuerpos represivos en sus comunidades

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Obama’s development legacy rings hollow on farmers’ rights

The death of Lesbia Yaneth Urquía in Honduras shows that to attain global food security, the US needs to focus on defending rights as much as agriculture

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La tierra no se abona con sangre

Dos campesinos fueron ejecutados por hombres armados en la comunidad de San José de la Sierra, Quimistán, Santa Bárbara, el pasado 29 de junio, cuando estaban en proceso de recuperación de tierras.

Las víctimas eran miembros de la Empresa Asociativa Campesina “MANÁ”, dedicados a cultivar la tierra, Leonardo Bustillo de 67 años y Gabriel Castro Cruz, de 70 años, quien además era pastor de una iglesia evangélica local.

Los cuerpos de los campesinos aparecieron desnudos, con impactos de bala y con señales de golpes y torturas, en las aguas del Río Chamelecón, el 30 de junio.

“Yo aún no puedo quitarme esas imágenes de la cabeza, como nos atacaban y los disparos derribaban a mis compañeros”, manifestó con la voz entrecortada uno de los campesinos que a sus 63 años logró escapar.

En algunos medios de comunicación dicen que nuestros compañeros eran guardias de seguridad privada, pero ellos eran campesinos de la tercera edad, por lo que en el ataque armado no pudieron escapar de las balas de hombres desconocidos, denunció un grupo de campesinos de Quimistán.

Los y las campesinas, denuncian una constante persecución de parte del supuesto dueño de la tierra Roberto Paz Aguiluz, quien imponiendo terror se quiere apropiar de 634 manzanas de tierra, aptas para la agricultura.

Los predios –describen-  que están dentro del título privado “Palos blncos” identificado como Lote “A”, del plano de compra hecho al Estado de Honduras, por parte de Vasco de Reina, un cobrador de impuestos de la Corona Española (1630) y este a su vez fue comprado por Pedro Borjas (1700), y de ahí en posesión de herencia le pertenece a Óscar Leonel Paz Moreno, con quien 62 familias campesinas unidas en tres grupos hicieron un trato de coinversión, apenas nueve días antes de la masacre.

Ahora estamos dispersos, no sabemos sobre nuestras familias, las masacres que ocurren tierra adentro quedan en el anonimato, la vida de nuestros compañeros queda en la impunidad, y su sangre no es para abonar la tierra, manifiestas las víctimas que lograron escapar.

Las familias de San José de la Sierra, temen correr el mismo fin de Bustillo y Cruz, pero también peligra la situación alimenticia y de vivienda, ya que como se ha evidenciado es un grupo de personas mayores de 60 años, menores de 10 años y mujeres.

“Estamos haciendo patria con sangre y ésta sangre no le sirve de abono a la tierra, lo que sirve de abono para la tierra es el agua del cielo y la mecanización nuestra rudimentaria”, expresó uno de los campesinos.

En Honduras, 300 mil familias campesinas carecen de tierras para sobrevivir, por lo que deciden iniciar procesos de recuperación de tierras, pero son criminalizados, desalojados violentamente, estigmatizados y asesinados.

La violación de los derechos humanos se extiende a miles de campesinos y campesinas, pueblos indígenas y negros, teniendo datos de más de 5,000 personas con procesos en los Tribunales de la República, por problemas agrarios, entre ellos más de 1,700 mujeres, alrededor de 200 campesinas y campesinos asesinados y muchos sometidos a una persecución sistemática.

Los y las campesinas víctimas de ataques en Quimistán, expresan que no basta con tener muchas leyes para que se les respete sus derechos, por lo que exigen al Congreso Nacional que apruebe el proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, propuesta de Ley de Despenalización de la Lucha Campesina e Indígena, Ley de consulta previa, libre e informada para proteger los territorios y los recursos de los pueblos originarios, ya que la tierra debe estar en manos de quien la trabaja, no quien a fuerza de armas y derramamiento de sangre los expropie.

Así mismo solicitan a las autoridades encargadas de hacer justicia, que investiguen los hechos del 29 de junio en San José de la Sierra, para que la muerte de sus compañeros no quede en la impunidad, y los demás puedan regresar a reconstruir lo que quedó reducido a cenizas en ese ataque.

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A falta de fluido eléctrico posponen audiencia donde se ventila juicio contra 6 campesinos de Yuscarán

Defensores en linea

El Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso suspendió la audiencia estipulada para esta fecha en la que emitiría una resolución en el juicio que se ventila contra 6 campesinos de la Empresa Asociativa acusados del delito de usurpación.
A falta del servicio de  energía eléctrica en el zona,  la audiencia no se pudo realizar, y el tribunal la reprogramó para el 5  de septiembre del año en curso.

Varios miembros de la Red de Defensores y Defensoras de derechos humanos de El Paraíso, acompañaron con un plantón en las afueras de los tribunales, para demandar justicia para los campesinos procesados.

Desde el año 2012 se conformó la Red de Defensores y Defensoras de Derechos de El Paraíso como parte de un proceso de formación y acompañamiento brindado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

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No más sangre campesina derramada

La Red de Comunicadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos del departamento El Paraíso,  RedeOriente,  por medio de la presente hace de conocimiento público que:

Ante la ola de amenazas, criminalización y asesinato hacia las campesinas y campesinos defensores de la tierra y del territorio, como el el vil y cobarde crimen que acabó con la vida  de los jóvenes  Allan Reyneri Martínez  Pérez  (19) y Manuel Milla (25),  miembros de grupo campesino  “Gregorio Chávez” de la comunidad Panamá,  en Tocoa, Colón, en un campo de fútbol, el pasado domingo 19 de junio,  nos pronunciamos ante el Estado de Honduras  para que cese la criminalidad y la persecución a las y los defensores de DDHH.

Ante la comunidad internacional pedimos estar vigilantes ante todos estos atropellos a nuestros derechos.

Exigimos que no haya más derramamiento de sangre en el Bajo Aguán,  donde desde el 2010,  al memos 130 personas han perdido la vida por el conflicto agrario. Mas de cinco mil campesinos han sido procesados judicialmente en el país,  y al menos 300 mil familias en el área rural no tienen acceso a una parcela de tierra para producir sus alimentos.

Martínez y Milla eran líderes campesinos en su comunidad y participaban en procesos de recuperaciones de tierra para cultivos y vivienda.

RedeOriente
Cofadeh
Departamento de El Paraíso, 20 de junio de 2016

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Sangre sigue corriendo en el bajo Aguán: Asesinan dos campesinos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La sangre se sigue derramando en el Bajo Aguán, sin que el gobierno haga algo por frenar la situación de violencia imperante en la zona. Esta vez han sido asesinados dos miembros del movimiento campesino “Gregorio Chávez” del Bajo Aguán fueron asesinados la tarde de este domingo en la comunidad […]

Origen: Sangre sigue corriendo en el bajo Aguán: Asesinan dos campesinos – CRITERIO

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Corre nuevamente la sangre en el Aguán

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Dos campesinos miembros de la Empresa Campesina “Gregorio Chávez”, de la Comunidad Panamá, Trujillo, Colón, fueron asesinados la tarde de este domingo mientras niños,  niñas y jóvenes observaban una cuandrangular en la cancha de fútbol en la misma comunidad, denunció este lunes la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
El hecho ocurrió a las 4:00 de la tarde en el campo de fútbol, cuando Denis Mejía quien vista la comunidad dos o tres veces por semana, se acercó a los jóvenes Alan Reyneri Martínez Pérez (19) y Manuel Milla (25) y sin mediar palabras comenzó a disiparles en diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo a testigos, luego de cometer del hecho huyó a internarse en la Finca Paso Aguán, propiedad de  Corporación Dinant. Los jóvenes fueron trasladados al hospital de Tocoa, falleciendo uno rumbo al centro asistencial y otro al ingresar al mismo.
Según testimonio de Jaime Cabrera miembro de la Empresa Gregorio  Chávez y coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Aguán “ Denis Mejía junto a otras personas encapuchadas salía y entraba a la comunidad, muchas veces vigilando las casa del compañero Santos Torres, Glenda Chávez,  mi persona y otros líderes de la comunidad “.
La Empresa  Campesina “Gregorio Chávez” surge en el 2012,  tras el asesinato del defensor del derecho a la tierra y líder comunitario del mismo nombre, quien fue ejecutado en la finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad privada de Miguel Facussé.
Hace 15 días los jóvenes iniciaron la recuperación de una parcela de tierra inculta aledaña a la comunidad, la misma está siendo ocupada por  123 familias que no posee solar para su casa, la misma  pertenece a la cooperativa Panamá, pero fue arrebatada de la empresa COFRUCO la cuanta con fincas de Naranja en la región. Alan Martínez era Hermano de Cristian Martínez secuestrado en enero 2015 por guardias de Corporación Dinant (de la familia Facussé) junto a  miembros de la operación Xatruch  que resguardan la Finca Paso Aguán desde hace varios años. Cabe mencionar que el mes anterior guardias de la empresa COFRUCO hirieron de bala un joven también miembro de la Empresa  Gregorio Chávez.
Manuel Milla era el coordinador del grupo en recuperación que bautizaron como colonia 26 de Mayo en la misma comunidad del municipio de  Trujillo, el 19 de Junio del 2016.  Solo en el Valle del Aguán desde el 2009 hasta la fecha se contabilizan más 129 campesinos/as asesinadas por el derecho a la tierra y a la justicia de quienes luchan en el país.
Los cuerpos estan siendo velados en sus casas de habitacion de la comunidad de Panama, para luego ser enterrados en horas de la tarde en el cementerio de la misma comunidad.
Finalmente las organizaciones de la Plataforma Agraria del Aguán exigen al Ministerio Publico el castigo para los responsable del vil asesinato de los dos jóvenes campesinos que su único que lucharon hasta el último momento por reivindicar sus derechos por el acceso a la tierra.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/corre-nuevamente-la-sangre-en-el-aguán

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Justicia tardía: Sobreseimiento definitivo para campesinos detenidos en la represión de agosto de 2012

La Sala tres del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, dictó sobreimiento definitivo a favor de 24 campesinos y campesinas del Aguan acusados de daños contra el Estado de Honduras en su calidad de meros espectadores, según proceso incoado desde el 21 de agosto de 2012 por el Ministerio Público.

Esa fecha como respuesta a su petición de una reunión con el presidente de la CSJ, recibieron una brutal represión que dejó golpeados , heridos y la detención de dos docenas de personas.

Uno de los detenidos fue Jony Rivas, dirigente del Movimiento Campesino del Aguán,(MUCA), quien dijo que su presencia en el lugar era como miembro de la comisión que entraría a hablar con Jorge Rivera Avilés , en ese entonces presidente del Poder Judicial, para ponerle en conocimiento de las irregularidades que se estaban dando en los Juzgados de La Ceiba en relación a la Sentencia firme que había obtenido el abogado Antonio Trejo (detenido con los campesinos y asesinado un mes después).

Adicionó Rivas que el fallo era a favor de las  fincas San Isidro, Despertar y La Trinidad, pero que al llegar a la Corte observó que los portones estaban con candado como una manera de evitarles el ingreso, lo que incomodó a los campesinos porque consideraron que el presidente de la Casa de la Justicia les estaba violentando el acuerdo de la cita al cambiar la agenda, por lo que quisieron de manera pacífica llamar la atención de la prensa, así que  procedieron a tomarse el Boulevard de las Fuerzas Armadas, como medida de presión para que los escucharan.

“A eso de la una treinta de la tarde fuimos reprimidos salvajemente por policías y cobras, con gases lacrimógenos, escudos, toletes, hubo compañeros heridos con golpes fuertes, al final resultamos detenidos 25 personas incluyendo al abogado defensor del MARCA Antonio Trejo, quien exactamente un mes después fue asesinado” remembró el campesino. Cabe mencionar que al profesional del derecho el 05 de octubre del mismo año el tribunal de dio sobreseimiento definitivo en su caso, pero ya esta muerto.

A juicio de Rivas el objetivo del proceso judicial no era solamente criminalizarlos sino el descarado despojo de las tierras de las y los miembros del MARCA, ya que hicieron caso omiso al fallo, porque 12 meses después del asesinato de su apoderado legal, desalojaron a la primera cooperativa, La San Isidro y 20 meses después a las otras dos.

Justicia al fin

yoni y cia

Yoni Rivas, de MUCA  y Walter Ernesto Cárcamo, de MARCA

Rivas manifestó que una de las razones por las que el Juzgado los dejó libres era la clara evidencia que el Fiscal no contaba con ninguna prueba concreta para demostrar los delitos por los que estaban requeridos, por lo tanto no tuvo más remedio que pedir la absolución.

Se ha puesto de manifiesto la manipulación que hicieron de los derechos de las familias campesinas por parte de los entes encargados de impartir justicia, una lucha de casi cuatro años por la libertad de sus compañeros siendo criminalizados y penalizados por un derecho que otra instancia de justicia había emitido el 29 de abril del 2012.

Mediante esta sentencia firme se dejaba claro que las tres cooperativas tienen legítimos dueños de las tierras, por las escrituras y el fallo que logró Trejo,  indicó Walter Ernesto Cárcamo, dirigente del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA.

“Lo que sucede es que en este país a los pobres se nos violentan los derechos, se nos niega tener acceso a la tierra” , reafirmo.

Cárcamo añadió que para ellos la noticia del asesinato del abogado Trejo fue sumamente dolorosa porque su muerte fue consecuencia del desafío al poder, al ganar el derecho a 350 familias por sus legítimas tierras,” él sabía que los usurpadores de tierras eran los terratenientes”.

 karla zelaya plataforma

Karla Zelaya, Plataforma Agraria

En tanto para la facilitadora de la Plataforma Agraria, la periodista Karla Zelaya, fue duro traer a la mente los recuerdos de ese 21 de agosto, los gases lacrimógenos que hacían correr a las campesinas y niños para no ahogarse, la sangre que brotaba de los cuerpos de los desafortunados a los que desgraciadamente al darles persecución los uniformados lograban alcanzar, cuando las dos mujeres que se acercaron a darle agua a sus compañeros enchanchados doblegados en el suelo, fueron inmediatamente subidas a una patrulla.

“Es algo que volvemos a revivir”,  afortunadamente el juicio finalizó con la buena noticia de que los líderes y lideresas son libres”,  expresó.

Zelaya agregó que una de las cosas que pudo ver  fue la falta de veracidad de los testigos que presentó la fiscalía, “evidentemente no estaban seguros de lo que estaban testificando, que en ningún momento estuvieron presentes en el lugar de los hechos o no recordaban nada de lo sucedido, esto abonó para que hubiese una sentencia absolutoria, concluyó.

Las 24 personas enjuiciadas en su mayoría pasaron casi cuatro años firmando los libros del juzgado, eso implicó desplazamiento, pago de transporte y comida, gastos que el Estado n o ha resarcido pues esperó todo este tiempo para señalar que renunciaba a la persecución penal. También quedaron los heridos y golpeados que debieron gastar en médicos y medicinas. También quedó el estigma.

Ahora toca al Estado iniciar de oficio a través del Ministerio Público la persecución penal contra los policías y COBRAS que golpearon salvajemente a los campesinos.

De quién emanó la orden?, quién llamó a los cuerpos represivos?, pues es obvio que fue una orden desde arriba de la CSJ, por lo que de existir Estado de Derecho tendría que desfilar el presidente del Poder Judicial, sus subalternos, los altos mandos de la policía y COBRAS junto con sus subordinados, cuándo se iniciará ese proceso?, queda la pregunta para la Fiscalía.

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Estado y poderosos conspiran para despojar de sus tierras a campesinos de Valle y Choluteca

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La lucha por la tierra y por los medios de subsistencia mantiene en el presidio de Nacaome, departamento de Valle, a dos miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), publicó el Cofadeh en su pagina de facebook. La publicación relata que, un […]

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COFADEH: Sistema penal de Honduras es utilizado para criminalizar la protesta social

Tegucigalpa.-El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Plataforma Agraria, denunciaron este miércoles que el sistema penal hondureño está siendo utilizado para criminalizar la protesta social. Los organismos hicieron la denuncia enmarcados en el caso de 24 campesinos del Bajo Aguán (22 hombres y 2 mujeres),  que sin fundamento fueron acusados […]

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Sistema Judicial no pudo comprobar delitos contra campesinos en protesta social

Tegucigalpa.

Acusados de manifestación ilícita en su condición de meros espectadores, un grupo de 25 campesinos y campesinas pasaron los últimos cuatro años con medidas sustitutivas a la prisión, para que el día de hoy, un tribunal de la Corte Suprema de Justicia, y el mismo Ministerio Público (MP) afirmara que no existen pruebas suficientes de su culpabilidad.

“La prueba no fue suficiente” para declararlos culpables, dictaminó el Tribunal de la Sala III de Juicios Orales y Públicos compuesto por Telma Cantarero, Janeth Padgeth y Edgar Lanza, quienes deliberaron los durante dos días en esta audiencia.

“Se absuelve a todas las personas por los delitos imputados, y se revocan las medidas sustitutivas impuestas de ir a firmar cada semana a los juzgados asignados según su domicilio y la prohibición de salir del país”.

Seguidamente se les dio una carta de libertad absolutoria, la cual es provisional hasta que se les notifique la sentencia firme el 14 de junio próximo.

El MP pidió la absolución definitiva contra los 18 criminalizados que se presentaron al juicio, quieren 17 fueron representados por  el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y uno por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

Ellos viven en diferentes parte del valle del Aguán, costa norte de Honduras, y el 20 de agosto del 2012 se movilizaron a Tegucigalpa para lograr exponer su problemática de tierras, porque habían ganado un fallo que los reconocía como propietarios de los predios de las empresa  campesinas San Isidro, Trinidad y Despertar.

Ese día los recibió la sala de lo Civil, quienes propendieron que al día siguiente serían escuchados por Jorge Avilés, presidente del poder Judicial, pero lo que encontraron fue los portones cerrados y muchos policías custodiando el edificio.

Los y las campesinas, al venir a Tegucigalpa a buscar ser escuchados, lo que encontramos es represión, manifestó Yony Rivas, dirigente campesino que está criminalizado en este caso.

El costo para cada uno de nosotros es aproximadamente de noventa mil lempiras (us $ 4,500.00), ya que pasamos 194 semanas yendo a los juzgados a firmar, eso implica pagar transporte, alimentación y de paso no trabajar ese día, además de la estigmatización de no poder ni siquiera de buscar trabajo porque se nos ensucia nuestra hoja de antecedentes penales, expresó Rivas.

Hay una especie de alegría por el triunfo alcanzado, pero la justicia no es completa, sino se investiga el por qué se originó esta criminalización, ya ese día hubo golpes, maltratos, exposición mediática, y después de eso, perdimos a uno de los que nos representaba en la lucha, el abogado Antonio Trejo Cabrera, y ya no lo recuperaremos, asegura el grupo.

Carlos Padilla recuerda los golpes, insultos y demás agresiones de aquel brutal desalojo ejecutado por policías preventivos y cobras el 21 de agosto del 2012, muchos policías se le tiraron encima y lo dejaron de golpear cuando se acercaron algunos medios de comunicación.

José Enrique Flores, iba caminando por la calle del boulevar Suyapa, donde había una toma pacifica de campesinos, y en eso los policías sin mediar palabras lo capturaron junto a los y las campesinas.

Entre el grupo había una mujer embarazada, María Josefa López, quien fue escoltada por unos 25 uniformados hasta donde estaban los demás, quienes fueron tratados sin ninguna diferencia y a todos incluso a su abogado los señalaron como agresores, revictimizándolos ya que ellos solo venían a buscar justicia.

A la campesina, le golpearon el ovario izquierdo, por lo que después del parto, quedó sangrado, y con la necesidad de usar pañal desechable, “tenía mi ovario podrido, y en agosto del 2015, me lo quitaron, esos daños nadie los ve desde el Sistema Judicial, porque yo que soy la víctima, más bien me criminalizan”, manifestó López.

Cabe señalar, que después del fallo firme en la tenencia de sus tierras, fueron desalojados nuevamente, por lo que la justicia no es completa, sino al servicio del poder económico, manipulando la sentencia de la CSJ con respecto al caso que les llevaba Trejo cabrera.

Finalmente se demostró que no había delito alguno, por lo que los testigos y pruebas no eran contundentes, por lo tanto la Fiscalía y el Tribunal, aplicaron la justicia, aunque nos se puede obviar la criminalización de la protesta social como derecho humano, manifestó Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH.

Por parte de la Fiscalía, se presentaron unos policías a testificar, quienes narraron que fueron llamados como apoyo porque había una toma de carretera, y los implementos que llevaban eran toletes, escudos y bombas lacrimógenas, pero, aclararon que son los policías Cobras los que atacan. También declararon que ellos no detuvieron a nadie, por lo que tampoco identificaron a los y las procesadas.

La orden era desalojar, además en una manifestación se agarra a quien esté allí, dijo sin más fundamentos uno de los testigos. La intención es criminalizar la protesta social, sembrar miedo de parte de la población cuando se encuentran con policías, queda una secuela de temor, pero la lucha es de todos y todas, y adonde vaya un compañero vamos todos, comenta el grupo de campesinos sobreseídos de los casos de manifestación ilícita en su condición de meros espectadores y daños en perjuicio del Estado de Honduras, en agosto del 2012.

El mundo está pendiente de los y las defensoras de DDHH en Honduras

La criminalización de la protesta social es un hecho que marca fuertemente en Honduras, y se comenta a nivel internacional, ya que uno se pregunta ¿Qué sucede en el sistema judicial hondureño? Expresó Liliana Ávila, enviada como observadora de parte de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la cual son miembros el COFADEH y el CIPRODEH.

Además de la criminalización de la protesta social está un hecho de estigmatización por la apariencia de las personas, pues en el grupo había vendedores ambulantes que por calzar botas, les dijeron que eran campesinos que están con el grupo del Movimiento Autentico Reinvindicador del Aguán (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

En estas criminalizaciones hay un patrón que se repite en varios hechos contra defensores y defensoras de derechos humanos, por ejemplo la captura y posterior asesinato del abogado Tejo Cabrera, y vemos patrones de denuncias y asesinato de la compañera defensora de derechos indígenas Berta Cáceres.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  expresa que la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades.

Y en un reciente informe sobre CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de DDHH.

La Comisión ha observado que los procesos de criminalización por lo general inician mediante la interposición de denuncias infundadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o que no cumplen con los estándares interamericanos, por lo tanto es importante que los Estados reconozcan el papel que cumplen los y las defensoras de DDHH.

Además recomienda que se debe instruir a las autoridades gubernamentales desde el más alto nivel se generen espacios de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos para recibir su retroalimentación con respecto a las políticas existentes y la afectación de dichas políticas en su trabajo, así como sobre vacíos legislativos.

Y que los Estados Americanos deben velar por que los tipos penales en su legislación estén formulados de manera conforme con el principio de legalidad.

Descriminalizar la difamación y promover la modificación de la leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre todos los asuntos de interés público.

Hay que considerar que, ante una denuncia, si el acusado tiene la calidad de defensor o defensora de ddhh, así como el contexto de los hechos, lo cual permitiría identificar si la denuncia fue empleada como un mecanismo para obstaculizar la labor de los y las defensoras, entre otros.

El grupo de los criminalizados son Josefa López, María Luísa Lara,  Bueso, Elvin Pérez, Miguel Reyes, Fredy Elvir, Nelson Pérez, Lázaro Bejarano, Carlos Ulloa, Elvin García, Vitalino Álvarez, Orlin Coello, Yony Rivas, Narciso Pérez, Jari Aguilar, Santos Munguía, Orlando Bueso, Manuel Díaz, Carlos Ramón Navarro, Daniel Santos y Marvin Leonel Acosta, presentando por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y José Flores, cuyo caso lo lleva el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), pero siete de ellos no se presentaron.

Un Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán otorgó este martes sobreseimiento definitivo a favor de 17 campesinos y campesinas del Aguán que fueron judicializados el 21 de agosto de 2012, tras ser detenido durante un violento desalojos en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, cuando participaban en una manifestación pacífica en ese poder del estado, exigiendo se respetara el fallo que había emitido un tribunal del país a favor de las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro, donde les otorgaba las tierras que poseían en ese momento.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4159:sistema-judicial-no-pudo-comprobar-delitos-contra-campesinos-en-protesta-social&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Honduras: Tribunal otorga sobreseimiento provisional a campesinos del Bajo Aguán // En Juicio Oral y Público, testigos recuerdan el brutal ataque de policías contra campesinos en el 2012

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/06/honduras-tribunal-otorga-sobreseimiento.html

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Con Observación Internacional se desarrollará juicio contra campesinos del Aguán

Tegucigalpa.

La criminalización de los y las defensoras de la tierra, se expone hoy en Juicio Oral y Público, en la sala III de la Corte Suprema de Justicia hondureña.

Son 23 hombres y 2 mujeres, que el 21 y 22 de agosto del 2012 fueron reprimidos y apresados frente a la CSJ cuando acudían a una audiencia con el magistrado presidente Jorge Rivera Avilés, para tratar la problemática que tenían con la actuación de los Tribunales de Sentencia de Trujillo y La Ceiba, con respecto a la adjudicación de tierras en favor del Movimiento Auténtico Reinvindicador Campesino del Aguan, MARCA.

Ahí fueron brutalmente reprimidos por policías y militares, y acusados de manifestación ilícita, y daños y perjuicios contra el Estado.

Está presente la abogada experta en Derechos Humanos enviada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Liliana Ávila, quien observará el proceso.

El Juicio se desarrollará esta semana, al momento se espera la llegada de cinco campesinos criminalizados, que vienen en camino, de lo contrario quedarían fuera del proceso, y se les haría revisión de medidas, librando orden de captura.

Al inicio eran 26 imputados, pero se dictó sobreseimiento definitivo al abogado que los representaba Antonio Trejo Cabrera, después de su asesinato, en septiembre de ese mismo año.

Las medidas sustitutivas dictadas son no salir del país, no asistir a determinadas reuniones o lugares, e ir a firmar a juzgados según su domicilio.

El 21 de agosto de 2012 representantes de Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) habían sido citados en la Corte Suprema de Justicia para sostener una reunión con el presidente de ese poder del estado y con el presidente de la Sala de lo Constitucional en torno al fallo dictado por un juez en el que daba en posesión de las tierras a las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro.

El 29 de junio de 2012 el abogado Antonio Trejo dio en posesión la tierra que un juez había determinado que pertenecía a la cooperativa La Trinidad, La Despertar y San Isidro. El fallo firme tenía más de seis meses de vigencia.

Pero 24 horas después de haber sido puesto en posesión de la tierra los campesinos, los terratenientes metieron un escrito a la Corte Suprema de Justicia, donde  se conoció la intención de manipular el fallo firme.

Exigiendo el respeto a ese fallo firme era que los campesinos se encontraban en la Corte Suprema de Justicia junto al abogado del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino de Aguán (MARCA), Antonio Trejo, y el resultado fue la represión y el encarcelamiento de 25 campesinos y campesinas.

En septiembre de 2012 fue asesinado el abogado Antonio Trejo y 12 meses después de su asesinato, fue despojado de sus tierras la cooperativa San Isidro y 20 meses después de ese asesinato fue despojada de sus tierras la cooperativa La Trinidad y Despertar.

El 22 de mayo los campesinos de La Trinidad y La Despertar cumplieron dos años de haber sido despojados y a dos años con unos días se realiza el juicio donde se espera que se desarrolle con la sana intención de no seguir criminalizando a los campesinos del Bajo Aguán.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4152:con-observacion-internacional-se-desarrollara-juicio-contra-campesinos-del-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Según informe de FIAN: Operadores de Justicia se parcializan en el Bajo Aguán

La situación en el bajo Aguán no ha cambiado, si bien es cierto que las ejecuciones extrajudiciales han bajado, el conflicto por el derecho a la tierra continua, al grado que es un caso emblemático a nivel internacional, donde sus habitantes viven expuestos a cualquier violación de derechos humanos, manifestó Marlon Ochoa, director ejecutivo de FIAN Honduras.

Lo expresado fue en la publicación del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, donde la criminalización persiste la justicia se ve parcializada en favor de los terratenientes y en contra del campesinado.

Un caso muy conocido es José Isabel Morales, conocido como “Chabelo” quien estuvo casi siete años en prisión, acusado tres veces por un mismo delito, y al final se le dio sobreseimiento definitivo al no podérsele comprobar los hechos de asesinato contra Carlos Manrique Osorto, robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la familia Osorto Canales, en Silin, Colon, en el 2008.

Mientras Chabelo estuvo preso, se le murió el papá, una hija, sufrió un derrame cerebral, y accidentes que dañaron su rostro, en el 2015 salió en libertad, y el Estado no pudo aportar ninguna prueba en su contra, declaró el representante de FIAN-Honduras.

Además hay casos de criminalización contra defensores de derechos humanos, hostigamiento, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas, en lo que las autoridades judiciales pese a recibir las denuncias en tiempo y forma, no dan respuestas.

En el Bajo Aguán es una constante violación de DDHH de parte de policías, militares, el Poder Judicial y autoridades políticas locales, sus actuaciones están plasmadas en el informe que hemos trabajado a raíz del acompañamiento que hemos hecho a las empresas y grupos campesinos de la región, afirmó Ochoa.

Vemos un trato desigual de parte de las autoridades estatales con los que brinda a las organizaciones campesinas, quienes son criminalizados y no tienen ninguna garantía para resguardar su vida.

Por su parte, Irma Lemus, coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán,  OPDHA, expuso que las violaciones varían, pero no cesan, ya que en el marco del conflicto agrario se registra 330 campesinos procesados judicialmente en 25 casos que ellos han regsityardo, pero hay casos en otras organizaciones que no han proporcionado datos.

De estos procesados, 256 son hombres, 38 mujeres y 36 son menores de edad, muchos de ellos, por diferentes motivos han dejado de ir a firmar como parte de las medidas sustitutivas a la prisión que se les han impuesto, por lo que se han librado órdenes de captura contra ellos y deben andar huyendo acusados de delitos que no han cometido.

Hay violaciones de ddhh en hostigamientos, persecuciones, atentados contra la vida, difamaciones, exilios, asesinatos y desapariciones y acosos sexuales de parte de los operadores de justicia quienes le dicen a las defensoras cuando van a solicitar información que si fueran sus novias o esposas si les darían lo que solicitan.

Pese a las denuncias de estos hechos, al no tener respuesta en Tocoa, Colón, van a las instancias en las ciudades de La Ceiba, departamento de Atlántida o en Tegucigalpa, la capital hondureña que dista a unos 500 kilómetros u 10 horas de viaje, pero la respuesta es la misma, silencio, complicidad e impunidad, expuso Lemus.

El tema de las violaciones de DDHH del Bajo Aguán, es constante en la palestra pública a nivel nacional e internacional, en las audiencias anteriores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se expuso con la participación de defensoras de Derechos Humanos de la región acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y Cejil.

A inicios de mayo, una misión internacional de observadores de derechos humanos de al menos 12 países de América y Europa, viajaron al Bajo Aguán, acompañados por el COFADEH, para escuchar y documentar testimonios de las víctimas de violaciones a DDHH y hacer acciones de incidencia a nivel internacional, entre ellos había representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, periodistas de Francia, Italia, Costa Rica, y la Oficina de DDHH de la Arquidiócesis de Guatemala.

En febrero un grupo de defensores de la tierra del Bajo Aguán, realizaron un intercambio de experiencias por las recuperaciones de tierras, desalojos violentos y lucha contra poderosos,  con defensores indígenas Queq’chi´, organizado por el COFADEH y el Comité Unidad Campesina, CUC.

Estas actividades se han dado en el marco del proyecto “poyo y protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza”, que ejecuta COFADEH, FIAN Internacional y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.

Entre las conclusiones del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, se expone que:
Los organismos privados de derechos humanos hayan develado el colapso del sistema de protección oficial de derechos humanos.

Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han jugado un papel significativo en la visibilización del conflicto en el Bajo Aguán, contribuyendo a la clarificación de las complejas causas que los han provocado.

Las políticas públicas e institucionales por parte del Estado han sido orientadas de forma abierta a privilegiar los procesos de concentración de la tierra en manos de las élites empresariales agrarias y han profundizado el latifundio.

La reforma agraria en el país es una tema pendiente en cuanto a las perspectivas de su enfoque que debería abordar transversalmente la seguridad y soberanía alimentaria del país, la afectividad generalizada, el cambio de estructura agraria, y privilegiar políticas de equidad y de desarrollo económico y social.

Los órganos administradores de justicia han orientado sus actuaciones oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en otras instancias administrativas.

La Corte Suprema de Justicia ha callado de forma sospechosa la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector  Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República, Esto sin duda explica las limitaciones que implica que un poder del Estado (Poder Judicial, que administra justicia) sea nombrado por otro poder del Estado (Poder Legislativo, que hace las leyes).

El Ministerio Público se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales que siendo legítimas se penalizan.
La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella, la reproducen en sus ejecuciones oficiales.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:segun-informe-de-fian-operadores-de-justicia-se-parcializan-en-el-bajo-aguan-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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PERSECUCIÓN Y JUDICIALIZACIÓN SIGUEN VIVIENDO CAMPESINOS EN ZACATE GRANDE

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2914-persecución-y-judicialización-siguen-viviendo-campesinos-en-zacate-grande

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Honduras: Guardias de seguridad de la Finca COFRUCO hieren a bala a campesino en el Bajo Aguán.

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/05/honduras-guardias-de-seguridad-de-la.html

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HONDURAS: ATACAN A MIEMBRO DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA DEL AGUÁN

El campesino afectado responde al nombre Jinson Aldin Alfaro Almendares (en la camilla), quien recibió un disparo en la espalda por guardias de seguridad de la empresa productora de frutas Cofruco, ubicada en la periferia de la caribeña ciudad de Trujillo, 565 kilómetros al noreste de la capital de Honduras (…)

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1411-honduras-atacan-a-miembro-de-organizacion-campesina-del-aguan

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