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Gobierno Hondureño responsable de la desaparición, exilio y auto censura de periodistas y Medios de comunicación

“ES TU CULPA QUE TE HAYAN PUÑALEADO” SABES QUE TE QUIEREN MATAR Y AUN NO TE HAS IDO”

Esas fueron las palabras del oficial a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal en la estación de Amapala Valle al momento de interponer mi primer denuncia por intento de asesinato por un desconocido (Muricio Gomez) quien me ataco con un cuchillo por la espalda acompañados por dos miembros de la comunidad de Puerto Grande (Abelino Martinez y Fabricio Castillo), en ningún momento se hizo nada contra los agresores por lo que lo ataques siguieron hasta considerar mi salida del país como única alternativa de vida, ya llevo un año entre calles y detenciones y la situación en Honduras cada ves es mas cruda, las y los que siguen ejerciendo comunicación sin venderse están destinados al encierro, exilio o muerte como es el caso que atraviesan David Romero, Félix Molina, Cesario Padilla, Abel Perez y muchos y muchas que ya no están como Berta Caceres Fundadora de COPINH y de sus radios indígenas.

De los cinco años que trabaje como programador de Radio para La Voz de Zacate Grande recuerdo la primer ves que sentí miedo de volver a hablar por un radio transmisor, fue el 30 de Mayo del 2010 pocos días de a ver inaugurado la Voz de Zacate Grande el 14 de Abril., en horas de la tarde llego mi abuelo, un agotado anciano que por décadas trabajo para la empresa Dinat, dueña de lo que hoy se conoce como conservatorio de vida silvestre, lugar donde nacieron y crecieron mi padre y sus hermanos.- sus lágrimas rodaron, me abrazo, levanto su rostro y miro hacia el frente, su mirada se perdió en cuatro paredes bacías y un micrófono en el que no paraban de hablar, y me dijo ¨hijo´ vengo a decirte que me despidió Miguel Facusse, y me dijo su uno de sus guardaespaldas que estabas asiendo mucha bulla, que si no te callas en cualquier momento vas a amanecer con la lengua cortada´´ a la ves resalto con voz forzada ¨pero lo que te vengo a decir no es para que tengas miedo, si no para que sepas que aquí tienes un compañero mas que nunca te fallara´´.

Recuerdo que desde ese día mi abuelo no falto a ninguna de las asambleas ni reuniones de trabajo del grupo campesino del que yo era secretario de actas, siempre era el primero en llegar, con su porrita de agua y su machete jorolo (de vuelta), donde escuchaba que estábamos con los otrxs cipotes de la radio el siempre llegaba, no quería perderse ningún acontecimiento que fuera a ocurrir en nuestra contra sin estar el presente, el sabia quien era Facusse y de su ira maliciosa, todos lo sabíamos, pero la resistencia florecia con los mensajes de aquella pequeña radio, así como el valor para seguir ejerciendo la palabra, eramos jóvenes todos así que no había que darle tantas vueltas al asunto para hacer lo planificado, no mencionábamos nuestros nombre para evitar ser blancos de atentados contra nuestra organización ADEPZA, pero eso no fue suficiente, por mas que retomamos mecanismos de seguridad siempre llegaban a nosotros los arrestos por cubrir manifestaciones y desalojos, los golpes por quienes no estaban de acuerdo con que expresáramos nuestra opinión, las amenazas eran innumerables contra 18 comunicadores que trabajábamos de manera voluntaria para la pequeña estación de radio, pero cuando llegaba la policía para querernos decomisar el equipo bastaban cinco minutos después de anunciarlo para que las comunidades se desplazaran hasta ahí y poder impedir su entrada a las instalaciones de la radio.
Cual era el secreto de la resistencia? Acaso la radio anunciando la próxima movilización en Defensa de los bienes comunes y naturales? invitar para la reuniones de la junta de agua o el patronato? o la venta de tamales de doña mariana? Yo siempre decía que la radio era como un virus, que entraba hasta el interior de sus casas, sus mentes y contaminaba todo ese cerco mediático y la falsa historia que nos han contado, radical, sentimental, amorosa o alegre, no importaba que situación pasáramos, solo era cuestión de sintonizarla y ella cambiaba nuestra depresión con sonrisas, la indignación en rabia y la cólera en deseos de un cambio, el defenderla significaba defender la alegría, defender la esperanza, el sueño de un mundo diferente.

Tomamos como tema principal la defensa de los derechos Humanos y la defensa a quienes luchan por este Derecho,- por lo general consideremos la Violaciones a estos cuando enfrentamos daños físicos, atentados directos contra nuestra vida, o hasta que estamos muertos, pero la lucha por los derechos humanos de la que participábamos como radio es exigir públicamente una vida digna, una vivienda digna, un salario completo no un salario mínimo, trabajo, medicina, tierras, playas, educación etc,. Como radio eso es lo que asíamos y aun lo siguen asiendo mis compañerxs, al llevar ese mensaje hasta los mas afectados, presos y demás víctimas por parte de los grandes terratenientes,- al mencionar con nombre y apellido a cada uno de ellos, sus vínculos con el Gobierno y proyectos con que siguen manteniendo sus lujosas residencias y que son fruto de nuestro trabajo y lo que nosotros mismos consumimos, la radio después de 6 años de su lanzamiento sigue manteniendo la denuncia constante contra el Club de Coyolito por las compras, ventas y robos de playas de manera ilegal en la península de Zacate Grande, denunciando a los Hijos de Miguel Facusse Barjum y su Empresa Corporación Dinat por las 69 procesos jurídicos contra 36 Dirigentes campesinos y pescadores de la Península de Zacate Grande por los delitos de usurpación de tierras, daños al medio ambiente, daños a la propiedad privada, amenazas e intento de asesinato contra guardias de la empresa DINAT, todas las acusaciones a manos del fiscal Tomy Zambrano Diputado del Parido Nacional.

El precio por ejercer la libertad de expresión  

En uno de los diferentes arrestos que recibí sin orden de captura, recuerdo las palabra del inspector Duarte al tenerme detenido en la estación Policial de San Lorenzo el 31 de Mayo del 2014 ´´y ustedes que es lo que guardan en esa radio que no quieren que entremos, tienen armas, se preparan para la guerra, y tu por que cuestionas tanto al gobierno, sabes que la conspiración es un acto terrorista, y por que hablan tanto de nosotros y de como hacemos nuestro trabajo´´ yo decidí callar y esperar lo que tuviera que pasar, el me conocía muy bien, paresia que había escuchado cada uno de mis programas, lo mas ilógico es que el era el encargado de darme protección cuando yo me sintiera en peligro por ejercer mi trabajo de periodista o comunicador de radio,. Yo sabia que estaba molesto con migo, pensé que solo me quisieran dar una lección, pues un día antes no lo quise atender cuando llego a la radio, yo le dije que sin que las abogadas del COFADEH no estuvieras presente ahí el tenia prohibido entrar a las instalaciones de la radio, puesto que en el 2012 la Corte interamericana de Derechos Humanos-CIDH nos había decretado medidas de protección, en donde parte de las acuerdo es que la policía no debía de acercarse a menos de 30 metros de la radio para poder garantizar nuestra labor sin la presión o miedo de que nos fueran a decomisar el equipo como lo habían intentado hacer anteriormente, pero dos años después nada había cambiado, aunque la radio ya era legal desde el 2013 la policía no comprendía que nuestra palabra además de ser legitima ya era legal, y que constantemente estaríamos denunciando su actuación en contra de la población cuando son sobornados por los terratenientes, y prestarse para desalojar familias y encarcelarlas sin orden de captura, seis meses después de que el inspector Castro Duarte me encarcelo y que gracias al COFADEH Y ADEPZA pude salir de la detención, seis meses despues el inspector apareció muerto de un disparo en la cabeza, ahora soy objeto de investigación por su muerte, hace tres meses recibí la llamada de un investigador quien llego con dos sujetos mas a la casa de mis padres en Zacate Grande Honduras, fuertemente armados sin placas ni escolta policial, carro sin placa, dijeron que eran del Departamento de Investigación de la Carrera Policial, supuestamente investigando una denuncia que yo puse contra Castro Duarte en el 2014, por mi parte yo en ningún momento puse denuncia contra Duarte, mis declaraciones fueron publicas a través de la radio y redes sociales, el Ministerio publico hasta la fecha tampoco se reconocen a estas personas como investigadores de la carrera policial, no queda duda de que en honduras existe un plan de inteligencia (anti-terrorista) contra medios de comunicación que mantienen la denuncia y cuestionamientos en contra del actual gobierno, desde el 2009 lideres como Berta oliva, berta Caceres, Manuel Zelaya Rosales han denunciado la aplicación de escuadrones de la muerte o grupos de exterminio contra miembros de la resistencia, dirigentes indígenas, periodistas, campesinos y estudiantes. No me queda mas que decir que nos encontramos en el punto clave de la implantación de un modelo neoliberal que no nos permite la lucha, hasta exterminar y saquear los pocos recursos que nos quedan en la ya devastada honduras.

Presos de exilio, inmigrantes de nuestra propia tierra, perseguidos por nuestras ideas, ese es nuestro precio por denunciar todos los actos de corrupción que se siguen permitiendo desde las estructuras del gobierno.

Tengo cicatrices en mi rostro, mi cuerpo, una picadura en el cráneo y mil nudos en mi garganta por mi salida, asesinaron mi lucha, yo nací y crecí en ella, esa era mi vida y me la arrebataron, así como nos quitaron a Berta, así como nos han quitado a 50 periodistas y 120 dirigentes campesinos dese el golpe de estado, mi cuerpo sigue andando pero ya no esta donde debería, después de los últimos dos atentados que recibí hace poco ya mas de un año los agresores siguen intimidando a mi familia, la policía cuestiono mis denuncias aduciendo que yo tenia la culpa, nunca nadie me pregunto que me paso, jamas recibí una entrevista pero fui expulsado del proyecto que trabajábamos con ADEPZA por considerarme un peligro para la organización, mi lucha fue criminalizada, ahora mi familia me pide que por favor no regrese, que ya no tienen para donde irse si llega a pasar algo peor.

Desde el 2012 se me otorgaron medidas de protección cautelar por la corte interamericana de Derechos Humanos, recibí un carnet donde dice (El secretario de Estado del Despacho de seguridad certifica que el portador de esta credencial identificado al adverso, es beneficiario de Medidas de Protección decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, en tal sentido se le solicita a las autoridades Civiles, Militares y Policiales la colaboración con el portador de la misma´´ pero nada de esto ha sido cumplido, en los 5 años que trabaje para la voz de Zacate Grande tengo 5 arresto sin orden de captura, 3 denuncias que yo he puesto por amenazas a muerte y dos denuncias por atentados con arma blanca, en la denuncia del 14 de Diciembre del 2014 al momento de interponerla el agente de la DNIC, me dijo *es tu culpa que te hayan puñaleado, sabes que te quieren matar y no te vas de la comunidad*, en la del 26 de Enero del 2015, el mismo oficial de la Dirección Nacional de Investigación Criminal me dijo que no podía arrestar al que me dio los machetazos en la cabeza porque para eso tendría que presentar le un examen forense de mas de un mes de convalecencia internado en el hospital, luego cuestiono mi versión de los hechos y me dijo que los policías de la comunidad le habían informado que era un pleito territorial por venta de drogas así que ellos no se podían meter en eso, hasta la fecha el gobierno Hondureño sigue incumpliendo los acuerdo y tratados internacionales al no dar investigación sobre los hechos que se dieron contra mi persona así como tampoco lo hicieron con Berta Caceres quien también era beneficiaria de Medidas de Protección Cautelar y fue asesinada hace poco mas de tres meses.

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Estado de Honduras viola Medidas Cautelares de la CIDH a favor de la comunidad Garífuna de San Juan Tela

Origen: https://ofraneh.wordpress.com/2016/05/23/estado-de-honduras-viola-medidas-cautelares-de-la-cidh-favor-de-la-comunidad-garifuna-de-san-juan-tela/

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El Estado nos asigna los mismos policías y militares que brindaban “seguridad” a mi madre: Hija de Berta Cáceres – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El Estado de Honduras les ofrece los mismos policías y militares que cuidaban a su madre y eso es muy peligroso y no tenemos ninguna confianza en ellos”, informó Olivia Zúniga Cáceres, hija de la asesinada Berta Cáceres Flores. “Nosotros tenemos algunas medidas provisionales”, señaló  y acusó que nunca se […]

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Impiden viajar al extranjero a periodista acosado judicialmente

A pesar de estar protegido bajo una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el periodista Julio Ernesto Alvarado no puede salir de Honduras.

http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/impiden-viajar-al-extranjero-periodista-acosado-judicialmente

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Justicia hondureña niega salida a Gustavo Castro a sesión de la CIDH – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El régimen nacionalista rechazó el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), para que el sociólogo mexicano Gustavo Castro Soto, sobreviviente del atentado criminal que costó la vida a la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres, comparezca ante el organismo internacional para declarar conforme a este femicidio. La […]

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Acción Urgente: UMVIBA coloca en riesgo vida de defensora del Aguán

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional expresa su preocupación por los últimos acontecimientos en contra Martha Ligia Arnold, Presidenta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHBA), beneficiaria de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH No.MC65-15.

H E C H O S

El 16 de marzo del 2016, Martha Ligia Arnold, recibió una comunicación de parte del Coordinador Local de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), Javier Guzmán,  una Unidad especializada   del Ministerio Publico en la que le manifiestan la decisión de las autoridades centrales de esta Unidad de no brindar ningún tipo de información que la defensora en representación de Observatorio Permanente de Derechos Humanos solicite sobre avances investigativos de casos que se han presentado a la UMVIBA, por considerar que la defensora de derechos humanos tiene nexos con miembros de una banda de delincuentes que operan en el departamento.

Textualmente le manifiestan lo siguiente:  “Que según investigaciones realizadas por esta unidad existe demasiada fuga de información por parte de ese organismo que usted preside aunado a esto la estrecha relación que su persona tiene con varios miembros de una banda de delincuentes que opera en este departamento, y que también están involucrados en delitos que nosotros investigamos es por esa razón de que se tomó la decisión consensuada con las autoridades centrales de no seguir brindando ningún tipo de información de las investigaciones que llevamos a cabo para tratar de esclarecer dichos casos; se les brindará únicamente datos estadísticos que se manejan de manera concreta por escrito”.

Esta aseveración coloca en riesgo a la defensora, al vincularla a bandas del crimen organizado, especialmente porque la declaración procede de altos funcionarios del Estado obligados a respetar  y garantizar los derechos de los ciudadanos y en forma especial a los que defienden derechos. Así mismo genera estigmatización para los defensores organizados en el Observatorio.

En el pasado Martha ha enfrentado persecuciones, amenazas, amenazas a sus hijos,  campañas de desprestigio que le han obligado a mantenerse de bajo perfil a fin de proteger y salvaguardar su vida y la de sus hijos. Hechos que fueron sido denunciados el 26 de febrero del 2015 ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, solicitando se ordene una investigación inmediata de los hechos denunciados y se gestione protección para la defensora y sus hijos.

Estos acontecimientos se dan  en momentos cuando otros defensores y líderes locales enfrentan sistemáticas amenazas a muerte y persecución como los hechos del domingo 20 de marzo del 2016, cuando Vitalino Alvarez, Vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, Región del Aguán, ha tenido que salir del país por la persecución, amenazas constante en contra de su vida y la de sus hijos.   Igual situación enfrenta Jaime Cabrera, Coordinador  de la Plataforma Agraria Región del Aguán, quien el 12 de marzo del 2016, a eso de la 1:30 de la tarde al salir de una reunión, fue objeto de persecución por un vehículo color rojo, doble cabina, vidrios polarizados, sin placas, cuando él se trasladaba en una motocicleta hacia su residencia ubicada en la Aldea Panamá, Trujillo, Colón. Días anteriores denunció la presencia de dos motociclistas que merodeaban su vivienda en actitud de vigilancia.  Ambos defensores son beneficiarios de la Medida Cautelar No.MC50-14, otorgada por la CIDH.

En el último mes  fue asesinada Bertha Isabel Cáceres y Nelson García defensores del territorio y de los pueblos indígenas. La Organización indígena Milpha a reportado la muerte de 20 miembros de su organización, los últimos cinco en el mes de diciembre de 2015.

Todos estos hechos no pueden valorarse en forma aislada  demuestran que el ataque a Martha Arnold, obedece  a un ataque sistemático en contra de defensores  de derechos humanos  que es tolerado e impulsado por agentes del Estado. Preocupa aun más porque el ente investigador, lejos de desmantelar las estructuras que generan la inseguridad contra de Martha Arnold, la convierte en blanco de ataque directo, Y a la denunciante en investigada.

PETICION:

El COFADEH solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias  para garantizar el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocido, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores  de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

•    Recordarle al Estado de Honduras su obligación de proteger a los ciudadanos de su país agotar todos los medios a su alcance para investigar las amenazas en contra de los defensores y en forma especial la situación de Martha Arnold.
•    Exigir al Estado  implementar en forma efectiva las medidas cautelares otorgadas por  la CIDH a favor de Martha Arnold y sus hijos.
•    Implementar la Ley de Protección de Defensores Periodistas y Operadores de Justicia.
•    Garantizar que Martha Arnold y los  defensores que integran el OPDHBA  puedan realizar su labor de defensoría en un ambiente de seguridad.
•    Exigirle el desmantelamiento de las estructuras de inseguridad en contra de Martha Arnold y  los defensores del derecho a la tierra y el territorio.
Hacer llamamientos a las siguientes autoridades.

Abog. Rolando Argueta  
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000  2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Abogda. Karla Cueva
Sub Secretaria de Estado en los Despachos de
Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización
Tel(fax) (506) 2232-7800

 Oscar Fernando Chinchilla     
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670  2221-3099

Abog. Soraya Morales
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Ministerio Público

Abog. Javier Guzman
Coordinador Local UMVIBA
Tocoa, Colón,
Tel(fax) (506)2444-3992

Tegucigalpa, MDC., 28 de marzo de 2016.

C  O  F  A  D  E  H

Defensores en linea

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Estado menosprecia compromisos Internacionales : País por cárcel tiene ahora el periodista Julio Ernesto Alvarado

Origen: Estado menosprecia compromisos Internacionales : País por cárcel tiene ahora el periodista Julio Ernesto Alvarado

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Medidas cautelares no impidieron el asesinato de 14 activistas sociales en Honduras

“Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas”, señala la Comisión Interamerican

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CIDH otorga medidas cautelares a favor del COPINH y familiares de Berta Cáceres

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El 5 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la vida e integridad personal de los miembros de COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro en Honduras.

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/pueblos-indigenas/cidh-otorga-medidas-cautelares-favor-del-copinh-y

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Pasos de Animal Grande – Juzgado de Ejecución por fin cumple medida cautelar de la CIDH a favor de periodista Julio Ernesto Alvarado

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Secretario Ejecutivo de la CIDH : No se puede restringir o sacar periodistas del aire

Un mes y 11 días se cumplieron este 10 de diciembre, desde que se suspendió al periodista Julio Ernesto Alvarado dedl ejercicio de su profesión, el Estado de Honduras se hace de la vista gorda para aplicar la Medida Cautelar MC 196/14, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), al afectado, lo que ha generado diferentes reacciónes entre ellas las del Secretario de esa instancia, Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

En su visita a Honduras efectuada el pasado martes 08 de diciembre para aportar opiniones sobre el actual proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, Álvarez Icaza se mostró en contra de las medidas que adopten los Estados para cerrar espacios en medios de comunicación a periodistas.

“No puede haber una condición de restricción o sacar a periodistas del aire”, afirmó en referencia a la suspensión de la que es objeto el periodista Alvarado, quien desde el pasado 29 de octubre está oficialmente privado de presentar el Noticiero “Mi Nación” –del cual es también su director-, a través del Canal Globo TV.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH, aseguró que su visita es también para recoger insumos para la próxima publicación de un informe sobre Honduras en el que se hace énfasis sobre  que la necesidad que las autoridades cumplan con la adopción de medidas cautelares, entre ellas la de Julio Ernesto.

El organismo regional, por medio de la Relatoría para la Libertad de Expresión monitorean constantemente la situación de los periodistas en el país, en este punto, Icaza que también sociólogo, manifestó que–– junto con México, Honduras es uno de los países con más riesgo de ejercer este derecho.

“Nos parece que el Estado hondureño debe disponer de todas las medidas necesarias, en particular su sistema de justicia, para investigar a los y las responsables de cualquier tipo de amenaza hacia un periodista”, recalcó.

Desde el mes de diciembre de 2013 Julio Ernesto Alvarado fue condenado por difamación a raíz de una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), porque el periodista permitió en su espacio televisivo,  a miembros de la Asociación de Docentes de la UNAH, (ADUNAH),que denunciaran el involucramiento en la falsificación de títulos universitarios, en el año 2006.

En noviembre de 2014, la CIDH emitió las medidas cautelares a favor del Periodista julio Ernesto Alvarado, donde este organismo solicita al Estado de Honduras suspenda la sentencia en su contra hasta que la CIDH decida la admisibilidad o no de una denuncia sobre el caso presentada desde el año pasadpo, sin embargo hasta hoy el comunicador social, continúa a la espera de su cumplimiento.

Durante su estadía el pasado martes, el sociólogo de origen mexicano mostró la preocupación de la Comisión por el hecho de que el estado hondureño no asistiera al periodo de audiencias realizadas el pasado mes de septiembre. “Es un hecho que nos preocupó, es una señal contraria al principio de cooperación”, sostuvo.

Igualmente comentó que en base al principio de cooperación y respeto a los derechos humanos, espera que las autoridades hondureñas sigan en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Aumentan amenazas a muerte por defensa de bienes naturales

La defensa de los bienes naturales en Honduras está relacionada directamente con las amenazas, hostigamientos e incluso la muerte para quienes se oponen a la instalación de mega proyectos en su comunidad.

En medio de las montañas de Quimistán, Santa Bárbara, después de recorrer 2 horas en carro atravesando la neblina, y de pasar más de cinco nacimientos de agua cristalina, se llega a la comunidad de El Listón. Lugar amenazado por la instalación de una represa hidroeléctrica a la altura de la aldea Paso Viejo.

La represa que se quiere construir en Paso Viejo, se alimentará de los ríos: Río Negro que nace en la aldea de Brisas del Río Negro. También del Río Listón, el más grande y que baña la aldea Listón, y el Río Cuyamel que abastece de agua a comunidades como Paso Viejo. Las comunidades identifican a Jhony Canahuati como propietario del proyecto.

Kevin Ramírez, un joven de 26 años es el presidente de la junta de agua de El Listón, comenta que desde el año 2012 viene recibiendo amenazas a muerte por oponerse  a la instalación de la represa hidroeléctrica, que según él afectaría irreparablemente a las comunidades que abastece de agua el río.

Kevin, ha tenido que salir en varias ocasiones de su comunidad, dejándolo todo, debido a que en los últimos meses, las amenazas de muerte hacia su persona han incrementad. Su compañera de hogar Dilcia Rodríguez sufrió un atentado por parte de un hombre llamado Isaías Méndez quien entró a su casa, supuestamente a matar a Kevin y al no encontrarlo le puso el machete en el cuello a ella.

Según el ambientalista, todas las agresiones y amenazas que él y su familia han recibido, vienen directamente del alcalde de Quimistán, Juan José Guevara, quien lleva 4 periodos consecutivos gobernando el pueblo por el partido nacional. Y de los activistas del programa “Una vida mejor” que coordina el presidente de la república, Juan Orlando Hernández.

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El alcalde del pueblo, Juan José Guevara, viene de una familia arraigada en el poder, perteneciente al partido de gobierno. Su madre “Conchita” Figueroa de Guevara, lleva 30 años ininterrumpidos siendo diputada en el Congreso Nacional. Sin embargo, para la población de Quimistán, en nada ha beneficiado a las comunidades este caudillismo autoritario, ya que los proyectos siempre se quedan en manos de los políticos, manifiesta Doña Dominga Vásquez, quien lamenta que todavía su comunidad no tenga un centro de salud y una escuela adecuada para que estudien los niños y niñas.

Otorgan medidas cautelares a Kevin Ramírez

Kevin es egresado de las escuelas de formación política que impulsa el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC). Debido a ese acompañamiento y a raíz de las amenazas a muerte, se logró que el 30 de septiembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara a Kevin medidas cautelares. El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Esto significa que se le ha pedido al Estado Hondureño que adopte medidas urgentes para proteger la vida del joven ambientalista.

Para a la abogada Brenda Mejía del ERIC, la vida de todas las personas que se oponen a estos proyectos peligra. Más cuando el Estado es incapaz de investigar las denuncias por amenazas que interponen las personas. “Nos sorprendió que las CIDH otorgara a Kevin las medidas cautelares de inmediato, pero esto es el reflejo de la falta de institucionalidad que tenemos los hondureños y las hondureñas”. Además la abogada que las medidas cautelares vendrán a beneficiar a toda la comunidad.

La organización frente al peligro 

En Santa Bárbara no sólo el caso de Kevin se conoce. En otras comunidades hay otros hombres y mujeres que diariamente ponen su vida en riesgo por oponerse a la explotación minera y la instalación de Hidroeléctricas. El presidente Juan Orlando Hernández, con el apoyo del Banco Mundial, declaró este 2015 como el año de la minería, poniendo en bandeja de plata el territorio nacional a inversionistas extranjeros.

Los estudios realizados por la plataforma de movimientos sociales contra la minería, reflejan que en el país existen 837 concesiones mineras, de éstas, 411 se han otorgado y 426 se encuentran en solicitud, cifras que podrían duplicarse después del evento denominado “Honduras lista para la minería”  realizado en agosto de este año.

Eunice Ramírez de las organizaciones populares en Santa Bárbara, su departamento es el más concesionado para estos mega proyectos en el país, y que frente a este peligro, lo único que puede salvar a las comunidades en la organización en movimiento.

En la comunidad de El Listón, Santa Bárbara, al igual que en otras comunidades del país, los río, las montañas, playas y todas sus riquezas naturales, parecieran gritar pidiendo auxilio ante la amenaza de ser explotadas y privatizadas. Pero también todos los días, Kevin y otros pobladores están conscientes que Honduras es nuestra Casa Común y hay que defenderla.

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La táctica de la fragmentación estatal es la estrategia para dilatar implementación de medida cautelar de la CIDH // El caso de Julio Ernesto Alvarado

https://youtu.be/lPaGmhAmcWs Pasos de Animal Grande  
Miércoles, 04 Noviembre 2015 14:19
Written by 
pasosdeanimalgrande.com/

El Estado de Honduras se presenta fragmentado a propósito para no cumplir con la implementación de la medida cautelar a favor del periodista Julio Ernesto Alvarado, así lo dio a entender el Procurador General de la , Abraham Alvarenga, este 31 de octubre ,  en una entrevista donde señaló que envió la comunicación al Juzgado de Ejecución para que mantenga en suspensión la sentencia contra el periodista, pero aduce que será una decisión del juez en su independencia judicial.
Aunque el Estado de Honduras debe cumplir con la implementación de la medida cautelar dese el 05 de noviembre de 2014 donde la CIDH le señala que suspenda la sentencia de un año y cuatro meses de prisión y suspensión del ejercicio periodístico, dictada el 09 de diciembre de 2013 contra el comunicador social por haber permitido que catedráticos de la universidad nacional denunciaran a la catedrática Belinda Flores, de la Facultad de Economía de estar involucrada en tráfico de títulos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el año 2006, desde ese período Alvarado viene sufriendo acoso judicial, concretado con la sentencia en su contra.

El pasado 29 de octubre a la salida del noticiero Mi Nación donde Alvarado es director, una funcionaria del Juzgado de Sentencia le notificó de la suspensión y como no quiso firmarla porque habían irregularidades en la notificación, entonces procedió a pegarla en las puertas de GloboTV. Desde el 30 de octubre de este año, el periodista Alvarado ya no está en su programa, ejecutándose con ello la sentencia y violentando un convenio internacional de derechos humanos. Un mal precedente que solo se observa en estados dictatoriales.
El Procurador General de la República se comprometió a enviar una nota al Juzgado de Ejecución para que mantenga en suspenso la sentencia, sin embargo el procurador detalla una serie de excusas y se lava las manos para expresar que será la independencia judicial la que prevalezca, obviando con ello los compromisos internacionales del Estado de Honduras, el cual es un todo y no pedazos de Estado donde cualquier autoridad que se resista a cumplir con dichos compromisos no tiene consecuencias.
El Procurador señala en la entrevista que le ha informado al Juzgado de Ejecución que la CIDH ha emitido una medida cautelar y que dentro del marco de la independencia judicial y la competencia que tiene el Juez de Ejecución pueda decidir la suspensión de  la pena por el ejercicio de la profesión, lo demás quedaría firme esperando el trámite que se le dé y la denuncia que está en la Comisión Interamericana.
Lo anterior denota por una lado una falta de coordinación del Estado de Honduras entre sus instituciones a pesar que ya tienen un espacio para hacerlo donde están las diferentes entidades; y por el otro lado deja en entredicho el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos que Honduras ha suscrito y que al hacerse se supedita a ellos y ya está señalado en la Constitución de la República.
La Jueza de Ejecución tiene conocimiento de la medida cautelar desde el siguiente día en que fue emitida, pues la abogada Kenia Oliva, apoderada legal de Julio Ernesto Alvarado, le informó sobre la misma.
Cuando hay un conflicto prevalece el tratado internacional
Estos son los artículos de la Constitución de la República de Honduras donde se señala que cuando existe un conflicto entre un tratado y la ley interna, prevalece el tratado:

Artículo 15.-  “ Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales.
Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional”.
ARTICULO 16.- Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo.
Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno.
ARTICULO 17.- Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 18.- En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero.
Estado se hace de la vista gorda y enreda la implementación de la medida cautelar
Pero en  las declaraciones del Procurador General de la República, el 31 de octubre de 2015, destaca la independencia judicial y que queda a criterio de la Jueza de Ejecución la suspensión o no de la medida cautelar emitida por la CIDH, el pasado 05 de noviembre, por horas, ya casi es un año de esa resolución y no se ha acatado.
Estas son las declaraciones del Procurador General de la República en entrevista a Noticiero Mi Nación de GloboTV, de donde ha sido suspendido el periodista:
Periodista: En cuanto al caso de periodista Julio Ernesto Alvarado y las medidas cautelares cuál es la posición de la Procuraduría?
Procurador General de la República: “El día de ayer presenté un personamiento y una solicitud    haciendo saber al Juzgado de Ejecución que la Comisión Interamericana ha emitido una medida cautelar y que dentro de la independencia y de la competencia que tiene el juez de ejecución pueda decidir la suspensión de le ejecución únicamente en lo que se refiere a la ejecución de la pena por el ejercicio de la profesión, lo demás quedaría firme y a esperar los resultados en el trámite que se le dé a la medida cautelar y a la denuncia que está en la Comisión Interamericana de Derechos humanos”.
Periodista: Por qué se  le suspende el derecho a la información al periodista Julio Ernesto Alvarado?
Procurador General de la República: Es por la sentencia que ya todos sabemos que ya está firme y está en proceso de ejecución y a raíz de las reuniones que se hicieron en la Comisión Interamericana yo hice ese planteamiento de acuerdo a la petición que ellos hicieron y estoy cumpliendo, obviamente el juez en el marco de sus atribuciones tomará en consideración si la suspende o sigue adelante con la ejecución.
En el camino puede irse subsanando. El puede seguir ejerciendo mientras el Juez no le notifique la suspensión, en este tema de derechos humanos hay que mantener un equilibrio para que no se pueda generar más conflicto del que ya existe.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/monitoreo-de-compromisos-internacionales/item/1070-la-tactica-de-la-fragmentacion-estatal-es-la-estrategia-para-dilatar-implementacion-de-medida-cautelar-de-la-cidh

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 Martes, 03 Noviembre 2015 14:38 Written by 

El caso de Julio Ernesto Alvarado

Editorial Diario El Heraldo.-El acoso de que es víctima el periodista Julio Ernesto Alvarado, la actuación del Poder Judicial en su contra y el irrespeto a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y al propio compromiso asumido por el Estado hondureño, hace de esta clara violación a la libertad de expresión otra causa más visible de desprestigio de la imagen del país ante el mundo. El “gran delito” de Alvarado fue haber permitido a catedráticos universitarios que denunciaran supuestas irregularidades cometidas por la funcionaria de la UNAH, Belinda Flores, en su programa “Mi Nación”, que ahora se transmite en la televisora Globo TV. Por eso el periodista fue sentenciado en diciembre de 2013 a 16 meses de prisión, inhabilitación del ejercicio periodístico y otros derechos.
Ante un hecho inusitado de violación de la libertad de expresión –en un país en el que desde el 28 de junio de 2009 han sido asesinados varias decenas de periodistas y muchos más amenazados–, finalmente la CIDH otorgó la medida cautelar en noviembre de 2014 a favor del periodista.
Ni siquiera una reunión entre el procurador general de la República, la CIDH y la defensa de la víctima, en la que el Estado hondureño asumió un nuevo compromiso para que no se insista en violar la libertad de expresión y el derecho al trabajo del periodista Alvarado, ha dado el resultado que se esperaba. Así la semana pasada, “a la salida de su programa de televisión Noticiero Mi Nación, a eso de las siete de la noche, una arrogante funcionaria del Juzgado de Ejecución llegó a hacerle la notificación de suspensión de la profesión. Esto se produjo apenas a ocho días de asumir la responsabilidad ante ese organismo internacional”, según lo denuncia la activista por los derechos humanos Dina Meza.
Este es uno de esos casos absurdos que, además de dañar más la deteriorada imagen del países, exponen a Honduras a demandas millonarias que desgraciadamente pagaremos todos los hondureños y no aquellos funcionarios que desde sus actuales puestos se empecinan en imponerse ya sea por conveniencia, por resentimientos o para satisfacer sus propios egos.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/opinion/editorial/896923-469/el-caso-de-julio-ernesto-alvarado

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/1067-el-caso-de-julio-ernesto-alvarado

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/11/honduras-la-tactica-de-la-fragmentacion.html

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Pasos de Animal Grande – Hasta con policías llegan a GloboTV a dejar más disposiciones para suspensión del periodista Julio Ernesto Alvarado

Un hombre desconocido junto a un policía llegó este  30 de octubre a Radio Globo y GloboTV , su misión era colocar más disposiciones para que Julio Ernesto Alvarado, director del Noticiero Mi Nación, transmitido por ese medio,  esté suspendido de su profesión. Como no se identificó con nadie, al final se supo que se trataba de un empleado del Juzgado de Ejecución,  que  colocó dos documentos en la puerta de la administración de esa empresa de comunicación, como una forma de amedrentamiento judicial para el comunicador social para que no siga transmitiendo en ese noticiero.

Alvarado enfrenta una juicio penal desde el año 2006 interpuesto por la decana de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, quien logró darle vuelta a una decisión del Tribunal de Sentencia que absolvió al periodista por desestimar que había cometido difamación y calumnias contra la funcionaria estatal al haber permitido que por su medio catedráticos universitarios denunciaran actos de corrupción en la emisión de títulos en ese centro de enseñanza  donde la señalaban como responsable.

Origen: Pasos de Animal Grande – Hasta con policías llegan a GloboTV a dejar más disposiciones para suspensión del periodista Julio Ernesto Alvarado

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Caso Julio Ernesto Alvarado: un serio revés para la libertad de información y la CIDH

Publicado el Miércoles 9 de septiembre de 2015.

RSF y PEN International condenan que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no haya respetado las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que protegen el derecho de Julio Ernesto Alvarado de seguir ejerciendo el periodismo. El viernes 4 de septiembre la justicia hondureña rechazó el último recurso legal del periodista de Radio Globo y Globo TV, lo que crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras rechazó el recurso de amparo presentado por Julio Ernesto Alvarado en octubre de 2014 –última injusticia en un largo proceso por difamación contra el periodista de Radio Globo y TV–. Esto, pese a que en noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares para el periodista, así como suspender la ejecución de la sentencia condenatoria dictada por la justicia hondureña mientras que la CIDH estudiaba su caso. Es la primera vez que la CIDH solicita suspender una sentencia que prohíbe ejercer su profesión a un periodista, lo que constituye un fuerte mensaje para los gobiernos de la región.

Estas medidas cautelares no fueron respetadas por la justicia hondureña, pues semanas más tarde confirmó la condena que prohíbe a Alvarado desempeñar cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses. No obstante, estas medidas permitían al periodista continuar desempeñando su labor profesional el tiempo que la CIDH examinaba su dossier. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya decidido confirmar la sentencia este 4 de septiembre constituye una nueva burla a la organización del pacto de San José. Ya no existe ningún recurso en el país para luchar contra la prohibición de que ejerza su oficio y ahora concierne a la CIDH actuar para que el gobierno hondureño respete las medidas cautelares.

Reporteros sin Fronteras (RSF) protesta contra esta decisión de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Pedimos que se retiren todos los cargos presentados contra Julio Ernesto Alvarado. Esta decisión judicial crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país y va en contra de las solicitudes de la CIDH, que las autoridades hondureñas deberían respetar. Este largo proceso es una farsa y una herramienta de represión contra el periodista, que pertenece a uno de los medios de comunicación críticos con más audiencia en el país”, añadió.

Desde 2013 Alvarado es juzgado por difamación debido a una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ésta le reclama haber difundido en 2006 en su programa “Mi Nación”, de Globo TV, información sobre los cargos presentados por la Corte Suprema de Justicia contra ella (por la falsificación de títulos universitarios). Este proceso legal se suma a numerosos actos de intimidación contra el periodista. Víctima de preocupantes medidas de vigilancia desde 2012, Alvarado decidió en 2013 suspender su programa “Medianoche” debido a las constantes amenazas que había padecido durante más de un año.

Seamos claros. Honduras se comprometió legalmente a tratar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como su última corte de apelaciones. Así que debe respetar su compromiso jurídico. Por ello, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el caso de Julio Ernesto Alvarado no es válida“, aseveró John Ralston Saul, Presidente Internacional de PEN International.

El encarnizamiento judicial contra Julio Alvarado refleja las presiones que padecen todos los periodistas críticos y los medios de comunicación de oposición en el país. Radio Globo y TV se encuentra en el punto de mira de las autoridades desde el golpe de Estado de 2009. Desde 2011 han sido asesinados cinco colaboradores de la radio sin que las autoridades lleven a cabo ninguna investigación a fondo.

Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF publicada en febrero de 2015.

Fuente: http://es.rsf.org/honduras-caso-julio-ernesto-alvarado-un-09-09-2015,48325.html

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“Libertad de expresión se ve amenazada”: Alvarado

8 de Septiembre de 2015

03:01PM  –  Julissa Mercado  

CIDH otorgó en 2014 medidas cautelares al periodista.

Tegucigalpa, Honduras

El fallo de la Sala de lo Constitucional en contra del periodista Julio Ernesto Alvarado pone en peligro la libertad de expresión.

Y es que pese a que el director del noticiero Mi Nación, que se transmite por TV Globo, gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Suprema de Justicia declaró no ha lugar el amparo interpuesto por su defensora Dina Meza.

Con ese fallo se obliga al presentador de noticias a no ejercer la profesión como pena accesoria impuesta por una querella presentada en diciembre de 2003 por la decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Belinda Flores.

En este recurso se solicitaba suspender la pena accesoria que lo inhabilita por un año cuatro meses a ejercer el periodismo, ya que la pena principal, reclusión por un año cuatro meses, fue conmutada en abril de 2014.

“Esto es lo peor que le puede pasar a los periodistas, es un momento bien difícil el que está viviendo el periodismo”, expresó Alvarado en entrevista con EL HERALDO al tiempo que indicó que su caso es el segundo más emblemático en América Latina. “La libertad de expresión en su totalidad se está viendo amenazada, no digamos la libertad de prensa, que es la que prácticamente esta sufriendo esta persecución”, agregó.

Según Meza, el 5 de noviembre de 2014 la CIDH determinó otorgar las medidas cautelares a Alvarado al indicar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y riesgo de daño irreparable”.

En ese sentido dice que la comisión “solicita al Estado de Honduras suspender la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 9 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia y abstenerse de realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado en el ejercicio de su profesión hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual”.

Meza explicó que en diciembre de 2003 Alvarado fue acusado en compañía de dos docentes más, quienes en diferentes ocasiones señalaron supuestas irregularidades cometidas por Flores.

En este caso, la CIDH dice que Alvarado “se limitó a dar a conocer lo que decía un informe de una comisión investigadora sobre irregularidades en el otorgamiento de compensaciones de materiales a estudiantes de la universidad”.

En ese juicio Alvarado fue declarado inocente. Sin embargo, la defensa de Flores presentó una apelación y la Corte de Apelaciones revirtió el fallo en enero de 2014 y lo condenó a purgar una pena de reclusión de un año cuatro meses.

En abril de ese año, Alvadaro conmutó (pagó) la pena para que la sentencia de cárcel y la suspensión de su trabajo se dejaran sin efecto.

Sin embargo, Flores apeló y el 22 de agosto de ese año la Corte de Apelaciones decidió que la inhabilitación periodística debía ser restablecida.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/877460-214/libertad-de-expresi%C3%B3n-se-ve-amenazada-alvarado

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al CONADEH fortalecer medidas cautelares

Piden al gobierno a través del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), fortalecer las medidas cautelares otorgadas a personas o grupos vulnerables o en riesgo de muerte

La solicitud fue presentada por recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH.)
El documento se origina debido a que varios grupos de Sociedad Civil han manifestado que el Estado no hace cumplir esa disposición de la Corte IDH.

En ese sentido el comisionado, Roberto Herrera Cáceres, informó que se esta creando en la actualidad un mecanismo, “tratar de respaldar las Medidas Cautelares y darle seguimiento a las mismas, siendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Para concluir Cáceres explicó que la solicitud ya ha sido presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que haga llegar al Conadeh el listado de todas las personas en Honduras que cuentan con Medidas Cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/la-comisi%C3%B3n-interamericana-de-derechos-humanos-pide-al-conadeh-fortalecer-medidas

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Condenamos represión contra Dunia

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La Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMCH, repudia el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar este martes contra manifestantes en distintos puntos del territorio nacional y contra periodistas que cubrían los hechos.

Entre las víctimas de la desproporción y la brutalidad está nuestra compañera Dunia Montoya, quien sufre luxación de su hombro derecho, golpes contusos en el rostro y tórax (“patadas”) causados por agentes de la Policía Militar, que además destruyeron su cámara de video mientras filmaba la represión.

Dunia Montoya, reconocida profesional del periodismo, destacada comunicadora popular y directiva de esta Asociación, es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas por la CIDH a la Secretaría de Seguridad hace seis años; ahora tendrá que guardar al menos dos meses de reposo por la golpiza policial.

Dunia cubría una protesta ciudadana en Quebrada Seca, sobre la carretera del Litoral Atlántico, motivada por la corrupción del gobierno nacional que se niega a solicitar a la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, para juzgar a los titulares de los tres poderes del Estado y a los operadores de justicia implicados en el saqueo de fondos públicos en el país.

La AMCH también condena que la misma célula militar –PMOP — injertada dentro de la secretaría de seguridad, haya agredido este martes con bombas de gas, leños del bosque y balas importadas a los periodistas Eddie Andino, Gerardo Chévez, Román Paz y César Obando, de los departamentos de Cortés, Yoro y Colón.

En consecuencia, demandamos la sanción penal de los policías que causaron este acto de barbarie contra todas las víctimas, particularmente contra una mujer, una periodista, una ciudadana, que ejercía libremente sus derechos a la información, libre expresión y comunicación.

Coordinación de AMCH

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3716:condenamos-represion-contra-dunia&catid=54:den&Itemid=171

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Policía desaloja manifestantes en el norte de Honduras usando balas, toletes y gas lacrimógeno

Los militares y policías la emprendieron contra los periodistas que daban cobertura a los desalojos y a la periodista,  Dunia Montoya,  le patearon la cara en tres ocasiones y le fracturaron un brazo.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

La periodista Dunia Montoya, permanece hospitalizada tras la golpiza por los elementos de Fusina.

Varias personas heridas y detenidas fue el saldo que dejó el desalojo efectuado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA),  en las manifestaciones realizadas este martes en las ciudades de Tocoa, en el departamento de Colón y en El Progreso departamento de Yoro, ambos al norte de Honduras.

En el brutal desalojo resultaron heridos los periodistas Gerardo Chévez,  corresponsal de Radio Progreso,  Dunia Montoya de la Revista Vida Laboral quien  fue hospitalizada con fracturas en uno de sus brazos y Edy Andino del canal 6 de San Pedro Sula.

Heridos2

Patean rostro de periodista

La periodista  Dunia Montoya, fue hospitalizada este martes 1 de septiembre, con fracturas en su brazo, después de recibir una golpiza por parte de elementos de la Policía Nacional que llegaron al extremo de darle patadas en el rostro y quebrarle su equipo de trabajo.

Al corresponsal de Radio Progreso, Gerardo Chévez, miembros de la Policía Nacional le decomisaron su carné de periodista. Chévez, es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Chévez relató que estaban en la cobertura con su colega Dunia, ella con su cámara y él con su teléfono para la radio y los demás periodistas haciendo su cobertura.

“Dunia estaba grabando,  cuando de repente los policías y militares comenzaron a golpear la gente y querían a quitarle la cámara, Dunia se negó diciéndoles que esa es su herramienta de trabajo y en respuesta los policías y militares comenzaron a golpearla con el tolete en las manos y en las piernas”.

Observe la oreja de este manifestante.

Luego la  tiraron al piso y “un policía le pateó la cara en tres veces, pero dándole duro con las botas, ella está en el hospital”. Según Chévez,

La policía y miembros del ejército llegaron desde muy temprano en tono amenazante y dando solamente media hora para que los hondureños indignados protestaran a pesar que lo hacían pacíficamente.

Tras pasar la media hora dada por los uniformados, estos la emprendieron contra los manifestantes usando toletes, gases lacrimógenos.

Heridos3

Otro relato

Por su parte, Cesar Obando Flores, corresponsal de radio progreso,  relató que la Policía Nacional y la Policía Militar se instalaron antes que los manifestantes cuando llegaron manifestantes ya estaban ellos ahí, la policía no dejaba pasar los vehículos, después los policías le dijeron a los manifestantes, ‘quítense de la calle y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas’. “Yo describía que lanzaban bombas, los Policías Militares hicieron disparos contra las personas, relató Obando a la Organización C-Libre.

Yo estaba largo”, el periodista (Edy Andino de canal 6), estaba apartado de la zona de conflicto narrando cómo ocurría el desalojo y uno de los agentes sacó una bomba lacrimógena y se la lanzó.

La bomba le cayó en los pies y el comunicador empezó a correr. “Un policía encapuchado, por detrás, y un Policía Militar me pegaron un empujón y me lanzaron al pavimento, me raspé todo (golpée) el estómago, los codos, se me quebró mi teléfono, quedé en medio del humo, otros compañeros me dieron auxilio, me logré levantar y seguí corriendo.

Una patrulla comenzó a darme persecución, un policía me dijo que eso me pasaba por andar transmitiendo en vivo. El policía andaba encapuchado. Corrí unas 16 cuadras, me perseguían tres policías, entré a una casa para escapar, por otra puerta, tomé un taxi, llegué a refugiarme al Comisionado y la patrulla pasaba por ahí.

Me persiguieron por unos 20 minutos policías a pie, me decían que me parara, corrían encapuchados”, relató Obando ante el comisionado de los Derechos Humanos.

Fuente: http://criterio.hn/policia-desaloja-manifestantes-en-el-norte-de-honduras-usando-balas-toletes-y-gas-lacrimogeno/

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Reestructuración policial deja sin protección a periodista

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El Estado de Honduras a través de una carta remitida por el comisionado de policía Rigoberto Rodríguez le notificó al periodista Esdras Amado López, que se le suspende la seguridad que tenía asignada como parte de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El periodista es director de Canal 36 Cholusat Sur, y tenía asignado unos policías que debían brindarle seguridad, ya que su vida corre peligro, y ahora también está expuesta su familia, denunció el afectado.

El también diputado del partido Libertad y Refundación, LIBRE, denunció que el comisionado Rigoberto Rodríguez le remitió una carta donde le hizo saber que por la reestructuración que está sufriendo la Secretaria de Seguridad y la Policía Nacional, se le suspendía la seguridad que le brindaban los policías asignados.

Esdras declaró que, esta orden viene de parte del presidente de la República Juan Orlando Hernández, con la intención de dejarlo vulnerable, por lo que si algo le sucede a él o a su familia, el mandatario es el responsable.

La seguridad del periodista no es porque el Estado se la quiera brindar, sino por una petición de la CIDH, de modo que la acción que hoy le notifican es la violación de un mandato de una Corte Internacional, denunció.

Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, esta acción de suspensión de la seguridad del periodista debería ser notificada a la CIHD, que es quien ordenó las medidas Cautelares.

Seguimos viviendo en dos Honduras, la que cree que debemos decir “si” a todo, que debe decir que aquí las cosas no están bien y que debemos mejorar, por lo que se denota una intolerancia impresionante como la que está viviendo el país, y no quisiera ni pensar que le vaya a pasar algo a Esdras Amados López o a su equipo de periodistas, esto vendría a desmotivar a la ciudadanía que denuncia y desinformaría a la población, manifestó Oliva.

Esta es una decisión para meter temor y dejar en desamparo si es que realmente la CIDH no ha pedido la suspensión de medidas, habría que conocer en el fondo quien es el que las implementaba o qué tipo de información estaban girando sobre la situación de inseguridad del periodista y si se consideraba que era tiempo de suspender las medidas cautelares porque su nivel se inseguridad había bajado, pero no es el caso de López.

Si esto no es así, entonces hay que notificar a las instancias internacionales y que se  vuelva a solicitar las Medidas Cautelares que protejan la integridad del director de canal 36, manifestó la defensora de ddhh.

Según un periodista de Cholusat sur- el 25 de junio la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, envió una carta al director de canal 36, que si no le bajaba al tono de sus denuncias contra el gobierno procederían al cierre de su canal, este hecho debió ser preciso para redoblar las medidas de seguridad para el periodista.

Ante eso, Oliva considera que “tenemos una consolidación de una dictadura y solo se plantea lo que el dictador quiere, por lo que se estarían cerrando por una orden todos los medios de comunicación y dejar sólo la voz oficial”.

La censura de los medios y de un periodista solo puede ser cuando hay alguien a quien le molesta y tiene poder de decidir si permanece en el aire ese medio o la persona, por lo que es necesario hacer esta denuncia ante el riesgo de muerte que tiene el periodista.

Hace unas semanas, Esdras Amado López, hizo pública una entrevista con el juez José Dimas Agüero Echenique, quien reveló que JOH quería ver preso al también al periodista David Romero, director de radio Globo y Globo TV, opositores al gobierno.

En la denuncia realizada en Cholusat Sur, el Juez José Dimas Agüero Echenique, reveló que Teodoro Bonilla del Consejo de la Judicatura, quería que por instrucciones de “El Hombre”,-defiriéndose a Juan Orlando- él metiera preso a David Romero y que con eso se le enviara un mensaje a Esdras Amado López.

En el país existen más de 350 Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH, pero algunas integran a grupos como campesinos o indígenas, siendo en total más de 600 personas beneficiarias, sin embargo el Estado maneja que son apenas más de 50 medidas. Antes del golpe de Estado del 2009 solo eran 48.

En el 2010, la cúpula policial de la Secretaría de Seguridad se comprometió a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, para más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, cuyas vidas han sido amenazadas y están en peligro de muerte.
La CIDH ha dado mucho seguimiento a las amenazas a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, un tema de especial preocupación, por lo que el país tiene el mayor número de medidas cautelares, sin embargo el gobierno manifiesta no poderlas cumplir por falta de presupuesto.
Hay casos en que los beneficiarios de estas medidas de seguridad que debe cumplir el Estado, han sido asesinados, como sucedió en junio pasado con el catedrático y sindicalista Héctor Orlando Martínez Motiño, que gozaba de medidas cautelares, a su favor y de su familia, fueron notificadas al gobierno de hondureño el 18 de mayo de 2015, mediante el oficio MC 253-14, con resolución 20/15.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3671:reestructuracion-policial-deja-sin-proteccion-a-periodista-&catid=54:den&Itemid=171

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El Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para indígenas tolupanes

Thursday, 06 August 2015 03:08 Written by  Marvin Palacios Published in Contexto Read 8 times
El Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para indígenas tolupanes Foto Movimiento M4

Mediante una declaración pública divulgada el pasado 30 de julio, Amnistía Internacional denunció que el Estado hondureño continúa sin implementar medidas de protección efectivas para preservar la vida e integridad de 18 indígenas tolupanes  beneficiarios de  medidas cautelares.

“Además, las autoridades hondureñas no han realizado una investigación seria con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia sufridos por los y las indígenas”, señala la declaración del organismo internacional de protección a los derechos humanos.

El 25 de agosto de 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, líderes indígenas tolupanes de Locomapa, departamento del Yoro e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), fueron asesinados mientras participaban en una manifestación pacífica por la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

De acuerdo al MADJ, los autores del crimen fueron plenamente identificados y las respectivas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades hondureñas competentes.

En los meses siguientes, integrantes del MADJ denunciaron públicamente ser sujetos de amenazas y hostigamientos como represalia a su trabajo por la defensa de los recursos naturales y por sus demandas del ejercicio de su derecho a una consulta previa, libre e informada frente a proyectos que incluyen el aprovechamiento de los recursos naturales en las tierras y territorios de las comunidades Indígenas de San Francisco de Locomapa.

En ese contexto de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de violencia, el MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron, en noviembre de 2013, medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias (en su mayoría indígenas tolupanes).

La CIDH consideró que ¨la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo¨.

Como consecuencia, la CIDH solicitó al Estado hondureño que adoptara medidas para preservar la vida e integridad de las 18 personas y sus familias, concertara las medidas con los beneficiarios y sus representantes e informara  las acciones adoptadas para la investigación de los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares para evitar su repetición.

Pese a lo anterior, el Estado de Honduras ha desconocido el mandato de la CIDH y se ha negado tanto a aplicar las medidas cautelares de protección para las y los indígenas tolupanes, así como a realizar una investigación seria que permita capturar y juzgar a los responsables de los asesinatos.

Amnistía Internacional considera alarmante que las acciones pacíficas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales realizadas por indígenas tolupanes los hagan sujetos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia. La organización hace un llamado al Estado hondureño a brindar medidas eficaces de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares, y de todos y todas las líderes indígenas que promueven y defienden los derechos humanos.

Las agresiones a las que han sido sometidos estos líderes deben ser investigadas y los sospechosos de ser responsables deben ser presentados ante la justicia. Exhortamos al Estado Hondureño a que genere un entorno seguro y libre de riesgos en el que los defensores y defensoras puedan ejercer su labor por los derechos humanos.

Producto de la histórica invisibilización a la que han estado sometidas las comunidades indígenas tolupanas, 6 hombres y una mujer procedentes de San Francisco de Locomapa respaldaron la huelga de hambre que durante varias semanas se mantuvo a escasos metros de Casa de Gobierno para exigir, entre otras demandas,  la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) ante el escándalo de corrupción perpetrado contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y que representó pérdidas para la institución por el orden de 7 mil millones de lempiras (unos 350 millones de dólares) y la muerte de casi 3 mil afiliados y afiliadas.

Al respecto el MADJ en un comunicado divulgado el 7 de julio de 2015  expresó: “Las demandas de los huelguistas son tan urgentes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde diciembre de 2013, dispuso que el Estado de Honduras protegiera a varios líderes y lideresas tolupanas cuyas vidas están en riesgo por oponerse a la corrupción y despojo de sus bienes naturales. A pesar de esa disposición de la CIDH, varias familias tolupanas han sido expulsadas violentamente de sus territorios y otros líderes más fueron asesinados. Toda esta barbarie se mantiene en total impunidad a pesar que se conoce la identidad de quienes ejecutan estos crímenes”.

 Contexto que refleja el constante riesgo en que viven las comunidades

Entre agosto de 2013 y hasta la fecha, 7 personas de la comunidad fueron asesinadas, entre ellas 5 líderes y lideresas en lucha para la protección de los recursos de la tierra, el bosque y en abierta oposición a la explotación ilegal de mineral antimonio  en las tierras comunales. El último asesinato en la zona ocurrió el 18 de junio de 2015, en la comunidad Brisas de Locomapa; se trata del defensor de la tierra Erasio Vieda Ponce.

Testigos aseguran que los 5 asesinatos mencionados fueron cometidos por hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región. Dos de ellos tienen orden de captura, desde el triple asesinato del 25 de agosto de 2013.

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual.

Los supuestos responsables de los asesinatos y otros miembros de este grupo entran y salen de la zona libremente, hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

Todos los luchadores y luchadoras de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte y trece van siendo asesinados en las últimas décadas.

Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad. Recientemente Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y del MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos, capturar a los supuestos asesinos  y brindar protección a la población, citan constantemente dificultades materiales que obstaculizan su trabajo.

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“Existe una campaña de exterminio contra el pueblo Tolupán”

Jul 24, 2015

El terror y la muerte se ha apoderado de más de 20 tribus indígenas Tolupanes  localizadas en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, donde cohabitan desde hace varios siglos  aproximadamente 70 mil personas.  Gente de paz, acostumbrada a vivir en armonía con la naturaleza ve amenazados sus recursos y su vida por la ambición de terratenientes  con poder político y económico que no se detienen ante nada.

La última víctima fue Santos González, ex presidente de la Federación de Tribus Xicaques (Fetrixy) de Honduras, “asesinado a tiros” la noche del lunes  luego de ser emboscado cuando regresaba a su casa en la tribu el Siriano, después de realizar labores agrícolas.

“El Estado de Honduras es el responsable de la muerte de González, porque ésta no es la primera muerte, recordemos que en los últimos años han sido asesinados más de un centenar de indígenas tolupanes  por defender  el derecho al territorio, al bosque, al río, la autonomía y la cultura propia de este pueblo”.

Lo anterior lo  indicó Juan Antonio Mejía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ,  quién además aseguró que esos crímenes se mantienen “en total impunidad” y constituyen “un  estímulo para que continúen matando al pueblo tolupán”, subrayó.

“Con gran indignación constatamos una vez más que en Yoro un tolupán vale lo que cuesta una bala. El pueblo tolupán demanda la solidaridad activa de toda la población hondureña para exigir que se detenga el asesinato selectivo de sus líderes”, añadió.

Más víctimas

El 18 de junio supuestamente a manos de empresarios y terratenientes que se sentían afectados por su lucha a favor de la protección de los bosques, fue asesinado Erasio Vieda Ponce en la comunidad Brisas de Locomapa en las montañas de Yoro y era un militante activo en la lucha contra la depredación del bosque a manos de empresarios y terratenientes de la zona.

Mientras tanto el 5 de abril fue asesinado  Luis de Reyes Marcía, de 49 años, “fue muerto de varias puñaladas en el tórax y el cuello” y su cadáver se encontró   en la comunidad indígena de San Francisco Campo.

La víctima era esposo de Vilma Consuelo Soto, una dirigente comunal quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a “amenazas y el ambiente de inseguridad que hay en la zona ocasionadas por la instalación de proyectos extractivos que de forma abusiva se han apoderado de los bienes naturales de las comunidades indígenas”.

En agosto del 2013 en San Francisco Campo fueron asesinados tres indígenas tolupanes mientras bloqueaban el paso en una carretera también en defensa de su territorio, en un incidente que nunca fue investigado por las autoridades. Las víctimas correspondían a los nombres:  María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando.

Amenazas 

Hostigamientos que van desde llamadas de telefónicas hasta amenazas a muerte denunció recientemente  Sergio Ávila, uno de los siete indígenas tolupanes de la Tribu San Francisco de Locomapa, en huelga de hambre   en reclamo por la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Denunció que desconocidos armados le gritaron a su hijo  Luis Ávila Romero (25) quien tiene medidas cautelares desde 2013, “bajate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente el muchacho se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso le mataron el caballo, según el relato de Ávila.

“Mis hijos Sergio Ávila, Oger Neptalí, Delvin Omar y yo tenemos medidas cautelares, pero no se hace nada con eso, porque el Estado no las ha cumplido. Desde el inicio de la huelga  diferentes personas han estado rondando nuestras casas o envían mensajeros para decirnos que nos callemos. Son los mismos grupos de sicarios que han estado hostigándonos en la zona, o indígenas allegados a los sicarios”, dijo Sergio Ávila en entrevista a Radio Progreso.

Según la denuncia el hecho se registró a eso de las 10:00 de la mañana del miércoles 8 de julio, cuando Ávila Romero, se desplazaba a bordo de su caballo y fue interceptado por los dos hombres. “Mi hijo llegó a la casa, pero me informaron de eso hasta las cuatro de la tarde porque el médico me estaba atendiendo. Me dijeron que no les había pasado nada y que todo estaba bien gracias a Dios”, agregó su padre.

Entre los tolupanes que  están en  la capital en huelga de hambre están: José María Pineda, Ramón Santiago Matute, Sergio Ávila, Santos Antonio Córdova, Darlin Córdova, Juan Samael Matute y Alejandra Cabrera.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2258-%E2%80%9Cexiste-una-campa%C3%B1a-de-exterminio-contra-el-pueblo-tolup%C3%A1n%E2%80%9D

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Funcionaria cuestionada por irregularidades pretende revertir medidas de la CIDH a favor de periodista

Alerta 128-15 | Honduras, 23 de julio de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Según la secretaria del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Belinda Flores, realiza trámites en “instancias más altas” que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir las medidas cautelares que han permitido que el periodista, Julio Ernesto Alvarado, siga ejerciendo el periodismo.

El periodista pagó para evitar ir a la cárcel por 18 meses al ser condenado por difamación, indicó la funcionaria –que según un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en poder de C-Libre– cometió irregularidades en su gestión como decana de la Facultad de Ciencias Económicas.

Flores anunció que está en contacto con instituciones que están por arriba de la CIDH y cuando vino el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, la funcionaria se reunió con él, según dijo. No respondió sobre el nombre de los “organismos que están por arriba de la CIDH” porque justificó que iba a una reunión.

Advertencia a defensores de derechos humanos

“Estamos en comunicación con la Comisión y estamos con otros organismos también que están por arriba de la Comisión porque vamos a ponerlo, aunque este es un caso pequeño, vamos a sacar al descubierto cómo funcionan ciertos organismos que se llaman de derechos humanos, pero que sólo son para preservar los derechos humanos de sus miembros, pero no de la comunidad en general”, dijo Flores.

“Una de las penas accesorias a este delito penal es la inhabilitación por el tiempo que dure la condena y él acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la Comisión (le aclara el periodista), a la Comisión perdone, y se le dio medidas cautelares para que el Estado no ejerza esa medida accesoria, pero la medida principal está, penalmente, él está condenado”, sostuvo la funcionaria.

“Lo que sí vamos a hacer es que nosotros vamos a acudir, como en efecto ya lo pedimos, también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque frente al delito de injuria y de difamación por el cual él está condenado, está también mi derecho al honor y a mi propia imagen”.

“Uno se pregunta aquí si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realmente ¿de quién es el derecho aquí? Si es el derecho para un difamador, que ha sido condenado, o es mi derecho al honor. ¿Qué derecho pesa más?”.

Los derechos acá, algunas personas piensan que sólo son para ellos y no piensan en el derecho de los demás, sentenció.

A su juicio, con la querella contra Alvarado, la libertad de expresión no se ha conculcado porque la misma Constitución establece que hay límites y “a él se le probó que se excedió en estos límites”.

Alvarado dio espacio en su programa para que maestros de la UNAH denunciaran irregularidades contra Flores.En el Tribunal de Sentencia, Alvarado fue declarado inocente, pero la Sala Penal en un procedimiento inusual, en la justicia y en la norma procesal hondureña, revocó el fallo a favor del periodista y confirmó la libertad de las fuentes informativas de Alvarado.

Transparencia y acceso a la información: necesarias en la UNAH

Flores ha sido representada en este proceso por el abogado Félix Ávila, el mismo abogado que llegó la mañana del domingo junto a la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, tras un desalojo, ejecutado por una tropa de casi 300 policías en contra de unos 100 universitarios que protestaban, demandando mayor participación en las decisiones académicas.

Hasta ahora, las autoridades no han dado un informe público o acceso a la información pública para examinar de dónde salen los fondos que financian los honorarios del abogado Ávila que intenta inhabilitar a un periodista para ejercer este oficio.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/funcionaria-cuestionada-por-irregularidades-pretende-revertir-medidas-de-la-cidh-favor-de

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Cejil: Estado hondureño debe proteger a indígenas tolupanes

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San José y San Pedro Sula.- A año y medio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara las medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares –en su mayoría indígenas tolupanes–, Honduras continúa incumpliendo el mandato de este órgano internacional. No sólo no ha brindado protección física a las personas beneficiarias sino que ha omitido su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de  los graves hechos que afectan a dichos indígenas.
Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Esta defensa activa del medio ambiente ha provocado que los indígenas tolupanes, residentes en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, sean víctimas de constantes actos de hostigamiento, amenazas y agresiones.
Previo al otorgamiento de las medidas de protección, en agosto del 2013, los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Asimismo, durante la vigencia de las medidas asesinaron a los indígenas Erasio Vieda Ponce y Luis de Reyes Marcía, este último esposo de Consuelo Soto, una de las beneficiarias de las medidas quien también sufrió atentados contra su vida. Todos estos hechos permanecen impunes pese a que existen testigos que identifican a los autores materiales de los mismos.
Ante el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado hondureño, siete indígenas tolupanes se encuentran acampando a las afueras de Casa Presidencial, donde llevan catorce días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno el cumplimiento inmediato de su obligación de protegerlos. Este esfuerzo se suma a las manifestaciones de indignados e indignadas que también permanecen allí en huelga de hambre, desde el pasado 22 de junio.
“La indiferencia de las autoridades ante estos hechos es preocupante, el Estado debe garantizar el derecho de los indígenas tolupanes a defender sus recursos naturales sin ser objeto de agresiones ni cualquier tipo de violencia”, manifestó Víctor Fernández Guzmán, Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización hondureña que lucha contra la corrupción y por la defensa de los recursos naturales.
La solicitud de medidas cautelares fue realizada el 19 de noviembre del 2013 por el MADJ y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Dichas medidas fueron otorgadas por la Comisión un mes después, determinando la obligación del Estado de proteger a 18 indígenas tolupanes y sus familiares, que en total suman 38 personas.
 “La protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos contribuye a fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, por ello CEJIL hace un llamado urgente a Honduras para que implementen las acciones necesarias que protejan la vida e integridad de las y los beneficiarios de las medidas cautelares, en particular, debe investigarse diligentemente a las personas responsables de los asesinatos y atentados contra los tolupanes y proceder a juzgarles y sancionarles en el menor plazo posible” afirmó Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México. /Fotografías: Esteban Meléndez

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Funcionaria “sorprendida” por ameFuncionaria “sorprendida” por amenazas e incumplimiento de acuerdos de indígenas tolupanesnazas e incumplimiento de acuerdos de indígenas tolupanes

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La jefa del departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Sagrario Prudot, dijo sentirse “sorprendida” tras la denuncia realizada por Sergio Ávila, sobre las amenazas a muerte a sus familiares y el constante hostigamiento del que han sido objeto tras iniciar la huelga de hambre a inmediaciones de Casa Presidencial, así como la falta de cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A continuación reproducimos una carta publicada este jueves:
Estimado don Sergio antes que nada un saludo respetuoso y sincero para usted y los demas miembros de la comunidad indigena de San Francisco de Locomapa que se encuentran en esta huelga de hambre  hace mas de 11 dias.
Precisamente por ser ustedes beneficiarios de  medidas cautelares ordenadas por la Comision Interamericana de Derechos Humanos es que me he hecho presente en estos 11 dias o mas que tienen de estar el huelga de hambre aproximadamente 5 o 6 veces. Inclusive hasta altas horas de la noche he bajado sola de la zona donde vivo que dista mucho de la zona donde esta la huelga de hambre regresando a mi casa minutos antes de las 12 de la noche.
Mi unico proposito ha sido en primer lugar 1. asegurarme que se les respete su derecho constutucional a manifestarce libre y pacificamente tal y como ustedes lo han estado  lo han estado haciendo.
2. Escuchar cuales eran sus planteamientos y de estos en cuales podia incidir yo de manera positiva.
3. Una vez escuchados los primeros puntos que uds expusieron de manera espontanea sin darmelos por escrito siendo estos 3 puntos los que a continuacion detallo:
1.Que les quitara la patrulla que estaba muy cerca de su carpa y que se alejara la policia accion que de inmediato pedi al oficial encargado y lo hizo.
2. Que la patrulla se estacionara por el poste de luz de Banhcafe y asi se hizo
 3. Que exigian la captura de los sres Selin funez y Carlos varela. Y mi respuesta fue esas ordenes de captura estan activadas y les dije precisamente hace 4 dias estuve en comunicacion a las 11:23pm con uno de los representantes del MADJ el señor Mario iraheta  quien me comunico el 28 de junio que los señores antes mencionados estaban bebiendo en un lugar especifico de la zona. Razon por la que de inmediato me comunique con el jefe policial de yoro Cmdo Julio Romero quien giro instruccion de desplazamiento al lugar indicado. Siendo q era ya media noche cuando los elementos policiales llegaron estas personas ya se habian retirado y el lugar ya se encontraba cerrado.
Mi primera visita se las hice el jueves 2 de julio haciendome acompañar unicamente de mi asistente la secretaria Claudia Mairena. El dia viernes 3 de julio por la mañana fui sola y por la noche me hice acompañar nuevamente de mi asistente y de la abogada Waleska Navarro en representacion de la Procuraraduria General de la Republica.
Siempre continuando con el tema de las ordenes de captura de los señores antes mencionados me comprometi con ustedes que al dia siguiente sabado 4 de julio tendrian alli a los mas altos oficiales encargados de ordenar el dispositivo necesario para lograr el exito de la operacion. Es mas yo llegue con suficiente anticipacion al lugar me sente a dialogar con uds y les di mi palabra que no me movería hasta que los altos oficiales llegaran. Y despues de un tiempo de espera llegaron ellos y procedimos a darlo inicio a la reunion. Hice un recuento  de los dos dias anteriores y posteriormente uno de los compañeros de locomapa prpvedio a leer un COMUNICADO PUBLICO QUE CONTENIA 4 PUNTOS:
De los cuales solo uno correspondia a la Secretaria de seguridad siendo este la captura de los señores arriba mencionados. Una vez que los Comisionados de policia les escucharon les explicaron que ya tenian un fuerte dispositivo y les dio los 2 numeros de telefono y el nombre del oficial a cargo presentandoselos a todos ustedes en ese mismo momento. Hubo un compromiso con uds ahora solo deben esperar los resultados de las capturas que hara la policia.
Ese mismo dia sabado a las 9 de la noche recibi una llamada de el joven Arnold donde requeria mi presencia fue asi como me desplace de mi casa hacia la zona donde se encuentran los manifestantes llegando a las 9:20pm y retirandome a las 10:40pm
 El dia domingo cosidere oportuno NO llamarles para saber como se encontraban. Estoy un tanto sorprendida con esta DECLARACION  en la que usted menciona que NO HEMOS CUMPLIDO CON LOS ACUERDOS SUSCRITOS EN EL ACTA DE CONSENSUACION DE MEDIDAS TRATAREMOS DE BUSCAR OTROS MECANISMOS MAS ADECUADOS PARA CUMPLIR Y DAR RESPUESTAS MAS CONCRETAS.
Finalmente quiero dejar bien claro que mis propuestas NO HAN SIDO falsas por eso inicie escribiendo cada una de las respuestas que fui dando a cada una de sus preguntas.
Finalmente, en cuanto me informaron lo sucedido a si muchacho, de inmediato al solo cortar la llamada con Hermes puse de conocimiento por escrito este incidente.
Continuo para servirlos a todos los compañeros de La Tribu Locomapa.

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