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Escándalos y casos de corrupción le cuestan 20,000 millones de lempiras anuales a los hondureños… |
Mientras está previsto que una lluvia de acciones legales comiencen a caer esta semana sobre los funcionarios de diversas categorías, a quienes se les presume involucrados en responsabilidades civiles, administrativas y penales en los casos del Ministerio Público y del sector salud.
La Comisión Interventora de la institución que ejercita la acción penal iniciará la presentación de requerimientos por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos contra el fiscal general, Luis Rubí, y el fiscal adjunto, Roy Urtecho, tras la revelación de una serie de excesos en la gestión administrativa y en el manejo de los recursos humanos de la institución.
Y en el sector salud, sacudido por una endémica podredumbre, el Tribunal Superior de Cuentas ha confirmado actos de corrupción, por cuya causa fueron notificados 66 pliegos de responsabilidad que ascienden a más de 257 millones de lempiras.
Las investigaciones efectuadas por el ente contralor tomaron como referencia gestiones anteriores y el actual Gobierno y un monto examinado de 6,600 millones de lempiras en ocho auditorías entre 2002 y 2009.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas tiene en su poder los expedientes remitidos por la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, que incriminan a ocho oficiales en el supuesto delito de enriquecimiento ilícito por un valor superior a los 75 millones de lempiras.
La corrupción en el país es un mal epidémico que se ha enraizado con tanta profundidad que se estima que el país pierde un promedio de 20,000 millones de lempiras anuales a causa de tales prácticas amorales.
Numerosos estudios sociológicos ponen de relieve que un combate o control efectivo sobre la corrupción, permitiría incrementar en 400 por ciento el ingreso per cápita de Honduras. Es el segundo país más pobre de la región y ocupa los primeros renglones de la corrupción en América Latina.
Inversionistas especializados en la medición del impacto de la los actos carentes de transparencia, aseveran que los grados de pobreza en el país están íntimamente ligados con la corrupción.
Un concepto dominante es que la corrupción se consolidó en nuestro país como un “monstruo de diez mil cabezas, de suerte que hay que identificar las principales y cortarlas de raíz”.
La Organización de Estados Americanos ha hecho hincapié en la aplicación de mecanismos que ayuden a detectar, sancionar, reducir y erradicar la corrupción.
El organismo continental visualiza un esquema en el cual la Procuraduría no debería inhibirse de realizar acciones contra quienes “pecan en arca abierta”, la Corte Suprema debería constituir tribunales especializados en el tema y el Tribunal de Cuentas tendría que mantener una persecución de los delitos imputados a servidores públicos.
Los escándalos han estado por inercia en el primer plano de la realidad nacional y en las diferentes administraciones y regímenes. Hace unos años, se denunció que en las instituciones contraloras se quemaron en algún momento 380 mil expedientes que contenían información de personas con ingresos reportados entre 5 mil y 5 millones de lempiras.
En su tiempo provocó estupor el caso de la condonación de 2,000 millones de lempiras en el campo del desarrollo agrícola, en tanto la defraudación fiscal era calculada arriba de los 11,000 millones de lempiras.
En los archivos están, igualmente, los expedientes de Ciudad Mateo, la quiebra de varias instituciones bancarias, Comunitas, Brazos de Honduras, el Petrolazo, Sextos Juegos Centroamericanos, los escándalos que han estallado en diversos institutos de previsión.
Una mancha en la moralidad pública representaron, asimismo, los casos del soborno HONDUTEL-Latin Node y el retiro de varios millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central, un episodio conocido como “el carretillazo”.
Y más recientemente, generaron tremendo alboroto la detención de la esposa e hijo del ex ministro de Finanzas, Héctor Guillén, en posesión de un millón de lempiras, la separación del ex secretario de Industria por la remodelación de su despacho con fondos privados, la introducción irregular de unas cuatro mil toneladas de arroz, la intervención de la ENEE en San Pedro Sula por la venta como “chatarra” de una maquinaria en buen estado e irregularidades diversas en el Seguro Social.
Se agregan los casos de corrupción en la Empresa Nacional Portuaria, en el INPREMA, en el IHNFA y en Obras Públicas, la contratación oscura de cien megavatios de energía, la podredumbre en educación, la descomposición del sector salud y la reproducción de las “manzanas podridas” dentro de la Policía, entre otros ejemplos de aguda polémica de la vida nacional.
Al amparo de la impunidad, florece la corrupción, las faltas a la transparencia y se acentúa la pobreza, mientras se destruye la moralidad pública.
La respuesta del rezago al que ha estado encadenada Honduras está, pues, en la debilidad institucional y en la dispersión de acciones para deducir responsabilidades, en aras de que el peso de la ley caiga sobre quienes han tomado ventaja de su influencia económica o política para beneficio propio, en perjuicio de las mayorías.
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Honduprensa 