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Estado hondureño indemnizará con $900 mil a jueces y magistrados destituidos en 2009

Tegucigalpa – El procurador general de la República, Abraham Alvarenga, informó que tras la sentencia definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteID), deben indemnizar con unos 900 mil dólares a los magistrados que fueron destituidos en 2009.

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Condenan a Honduras por violar derechos a comunidad garífuna

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Honduras por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.

El caso se relaciona con las distintas problemáticas en torno al territorio de esa comunidad ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

La demanda indica que los pobladores de ese lugar no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado.

Además se refiere a la denegación del derecho de ese pueblo a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen, así como de sus derechos a las garantías y protección judicial.

La CorteIDH explicó el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, así como la duración “más allá de un plazo razonable”, de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales

También declaró que Honduras es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva por haber incumplido sus obligaciones de delimitar y demarcar unas cientos de hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la comunidad.

El Estado tampoco cumplió con garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados ni efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta y participación de la comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación en el caso de proyectos turísticos.

Los jueces también consideraron al Estado responsable por la violación a su deber de adecuar el derecho interno, al no haber dispuesto normas o prácticas que permitieran garantizar el derecho a la consulta al momento de los hechos, lo cual se tradujo en las violaciones hacia la comunidad.

Como medida de reparación, la Corte ordenó al Estado hondureño proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la zona en dominio pleno de la comunidad, así como concederles una garantía de ocupación y un título de propiedad colectiva.

Además, iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, por causas relacionadas con la defensa de la tierra, así como crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

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Corte IDH condena al estado de Honduras por la violación de los derechos colectivos del pueblo Garífuna

Sambo Creek, 21 de diciembre de 2015.- Después de doce años de haber introducido una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones a los derechos de propiedad colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió dos sentencias en relación a las violaciones de los derechos colectivos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

La Corte IDH entre otras resalto “que el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros” y en el caso de Punta Piedra sobre la tenencia de la tierra indicó “la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de los acuerdos de 2001 y 2006”.

Ademas agrega la Corte IDH, “Respecto del derecho a la consulta e identidad cultural, la Corte consideró que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier proyecto de exploración que pueda afectar el territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales”.

La Corte señala además como se ha dado la inexistencia de la protección judicial, situación que afecta tanto al pueblo Garifun como los restantes pueblos indígenas del país, los que venimos padeciendo de un proceso sistemático de despojo bajo la visión de un “desarrollo” de corte neoliberal.

En el transcurso de la docena de años que tardaron los procesos, el estado de derecho en Honduras se ha visto cercenado por la politización y corrupción imperantes en el país, el cual a partir del golpe de estado del año 2009 ha entrado en una espiral imparable de violencia. Mientras las comunidades garífunas apoyadas por nuestra organización entablaron un sinnúmero de denuncias en relación a la violación a los derechos colectivos, el crimen organizado pasó a controlar el corredor de la costa norte del país.

El desconocimiento por parte de los operadores de justicia de los de los derechos de los pueblos indígenas y de los convenios internacionales que nos protegen, ha servido para que los juzgados emitan sentencias en contra de los derechos colectivos. En muchas ocasiones los fallos son emitidos con pleno conocimiento de sus falencias bordeando con el prefabricato.

A pesar de la existencia de convenios y tratados que protegen a los pueblos indígenas, además de las diversas sentencias emitidas por la Corte IDH, existe una tendencia en América Latina al saqueo y sometimiento de los pueblos indígenas, los que pagamos una enorme factura por los proyectos de “desarrollo”.

La sentencias obliga al estado de Honduras a la creación de fondos de desarrollo, para supuestamente incrementar el nivel económico de los habitantes de las comunidades. Sin embargo, teniendo en cuenta las características maquiavélicas de la administración gubernamental de turno, esos fondos pueden ser utilizados para suscitar la división y diluir los logros obtenido por las comunidades.

El cumplimiento de las sentencias está ligado a la reinstalación del estado de derecho que ha sido demolido en Honduras. El golpe a la Corte Suprema de Justicia (12-12-12) ha colocado a Honduras a borde del abismo, cimentando la dictadura civil y fomentando un caos jurídico.

A pesar del logro que representa las sentencias de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, las comunidades Garífunas se encuentran bajo la amenaza de la las ciudades modelo (Ley ZEDE) y de la disolución de los títulos comunitarios a través de la Ley de Propiedad impuesta por el Banco Mundial.

El pueblo Garífuna tiene en la actualidad tres casos más ante la CIDH y varias peticiones, en las que las violaciones a los derechos colectivos y humanos perpetradas por el Estado de Honduras, demuestran la existencia de una deliberada expulsión del país de nuestro pueblo.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.

Origen: Corte IDH condena al estado de Honduras por la violación de los derechos colectivos del pueblo Garífuna

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CorteIDH condena al Estado de Honduras por violar derechos territoriales de garífunas del Triunfo de la Cruz

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

San José, Costa Rica.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy la sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el caso comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de febrero de 2013.

El texto íntegro de la sentencia y su resumen oficial pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

Los hechos del caso se relacionan con la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz ubicada en el departamento de Atlántida, municipio de Tela. El Tribunal pudo constatar que se suscitaron distintas problemáticas en torno al territorio de la comunidad, las cuales se refieren a: i) la ampliación del radio urbano del municipio de Tela que abarcaba parte del territorio reclamado como tradicional por la Comunidad; ii) la venta de tierras que habían sido reconocidas como territorio tradicional por parte del Estado; iii) el traspaso por parte de la Corporación Municipal de Tela al Sindicato de Empleados y Trabajadores de esa municipalidad de tierras ubicadas en el territorio reivindicado por la Comunidad; iv) la creación del área protegida “Parque Nacional Punta Izopo” en parte del territorio tradicional de la Comunidad, y v) proyectos turísticos que se desarrollaron en el área reconocida como territorio tradicional de la Comunidad.

Los hechos del caso también se refieren a acciones relacionadas con solicitudes de titulación sobre distintos territorios, a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, así como a investigaciones relacionadas con las presuntas amenazas y muertes contra cuatro miembros de la Comunidad.

La Corte declaró que el Estado de Honduras es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.

Esta violación se generó por haber incumplido sus obligaciones de: i) delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993; ii) demarcar, delimitar y titular un lote de tierra de aproximadamente 408 hectáreas que fue reconocido como territorio tradicional de la Comunidad por el Instituto Nacional Agrario (INA); iii) garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados a la Comunidad en garantía de ocupación en el año 1979 y que fueron reconocidos como tierras tradicionales por el INA, y iv) efectuar un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación, en las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos “Marbella” y “Playa Escondida”, para la adopción del Decreto que estableció el área protegida Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo, y en lo relativo a la parte que se sobrepone con las tierras de la Comunidad sobre las cuales el Estado había otorgado un título de propiedad en el año 1993.

Asimismo, el Tribunal consideró que el Estado es responsable por la violación a su deber de adecuar el derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, por no haber dispuesto a nivel interno, con anterioridad a la adopción de la Ley de Propiedad de 2004, normas o prácticas que permitieran garantizar el derecho a la consulta al momento de los hechos, lo cual se tradujo en las violaciones constatadas en el caso concreto.

Del mismo modo, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, por: i) la resolución de una solicitud de dominio pleno que no contó con una respuesta que tomara en cuenta la naturaleza tradicional de uno de los lotes de su territorio; ii) la duración más allá de un plazo razonable de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, y iii) la falta al deber de investigar varios hechos denunciados por la Comunidad y sus miembros y la falta de inicio de oficio de las investigaciones relativas a las muertes de cuatro integrantes de la Comunidad.

Con respecto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación: i) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; ii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; iii) otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado; iv) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; v) garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vi) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y vii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

La Corte advierte que supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Juez Roberto F. Caldas, VicePresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; presentes, además Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta.

Origen: CorteIDH condena al Estado de Honduras por violar derechos territoriales de garífunas del Triunfo de la Cruz –

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CorteIDH sentencia a Estado de Honduras por violación a derechos de pueblo garífuna

Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un comunicado informando su resolución sobre Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, en la cual encuentran al Estado de Honduras “internacionalmente responsable” por violación a varios derechos de la comunidad garífuna.

La violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993 es el primero en resaltar. Este caso además pone en discusión la forma en que los proyectos turísticos o habitacionales se instalan en las comunidades sin consultar a las mismas violando el derecho internacional a la Consulta Previa, libre e informada.

“No se efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación, en las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos “Marbella” y “Playa Escondida”, para la adopción del Decreto que estableció el área protegida Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo, y en lo relativo a la parte que se sobrepone con las tierras de la Comunidad sobre las cuales el Estado había otorgado un título de propiedad en el año 1993”; reza el comunicado.

Esta comunidad, al igual que todas las que se encuentran en Bahía de Tela han sufrido por años el despojo de su territorio, arrinconados por proyectos turísticos y reservas ambientales privadas en las que también se encuentran miembros del crimen organizado, según denuncias que miembros de la comunidad dieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal compuesto por Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; visitó en agosto de 2015 la comunidad en la que caminaron por todo el territorio para constatar que las denuncias eran reales.

El caso del Triunfo de la Cruz fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la élite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad. El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Las dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

Con respecto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación: i) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; ii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; iii) otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado; iv) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; v) garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vi) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y vii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Implicaciones

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Una de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

“Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos envía un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos”, escribió en un editorial el doctor en derecho Internacional Joaquín Mejía.

Origen: CorteIDH sentencia a Estado de Honduras por violación a derechos de pueblo garífuna

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Corte IDH sentencia al Estado hondureño por violar derecho a propiedad colectiva de garífunas

La Corte interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), notificó este viernes 18 de diciembre de 2015 la sentencia al  Estado hondureño por el caso de las comunidades Garífunas de  Triunfo de la Cruz y Punta Piedra , en el cual lo hace responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

 Por medio de un comunicado de prensa emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se informó de la notificación de la sentencia a las partes involucradas, tras una serie de de acciones en detrimento de esta comunidad, entre las que destacan la venta de tierras consideradas como territorio tradicional, el traspaso de las mismas a un sindicato del municipio, la creación de un parque nacional y de proyectos turísticos en dicha área reclamada.

Los hechos del caso también se refieren a acciones relacionadas con solicitudes de titulación sobre distintos territorios, a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, así como a investigaciones relacionadas con las presuntas amenazas y muertes contra cuatro miembros de la Comunidad.

En exclusiva para pasosdeanimalgrande.com, Alfredo López,  vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), reaccionó contento con las sentencias de la Corte y  dijo que seguirán de cerca el cumplimiento que ordena este órgano de justicia al Estado hondureño.

“Nosotros estamos contentos y hasta cierto punto confiados en el cumplimiento de las sentencias, que normalmente son 10 años los que tiene el Estado para el cumplimiento total por lo que revisaremos el fondo de la sentencia”, dijo López.

Además manifestó que plantearán una estrategia de presión para lograr que se cumpla y que no existan excusas ya que “tenemos un Estado irresponsable que hace todo lo posible para no cumplir con sus obligaciones de carácter internacional”.

Calificó como un reto para OFRANEH este nuevo proceso después de la notificación de la Corte IDH y se harán las valoraciones respectivas en reuniones tanto a nivel organizacional  así también  comunal con los pobladores y  pobladoras, y de esta forma realizar un trabajo en conjunto para que haya efectividad en lo sentenciado.

Ambas resoluciones fueron tomadas por la Corte interamericana en su 111 periodo ordinario de sesiones realizado en el mes de octubre de este año, con esta es la segunda sentencia de este órgano contra el Estado de Honduras, ya que anteriormente se notificó sobre caso del despido de tres jueces y una magistrada donde ordenó su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido..

La comunidad de Triunfo de la Cruz se ubica en el municipio de Tela, departamento de Atlántida igual que Punta Piedra, con la diferencia que esta última se encuentra al este, aproximadamente a 400 kilómetros de Tegucigalpa.

Entrega del territorio a espalda de la comunidad fue la tarea del Estado en dos décadas

En la sentencia la Corte responsabilizó al Estado como responsable de violar el derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al incumplir una serie de obligaciones como delimitar aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad, en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993,  y de 480 hectáreas reconocidas como territorio tradicional.

Seguidamente no garantizó al pueblo garífuna de Triunfo de la Cruz, ante el reconocimiento hecho por el Instituto Nacional Agrario (INA) el uso y goce de los territorios que fueron otorgados, así como efectuar un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación.

Las reparaciones a cumplir por el Estado hacia el pueblo garífuna

Dentro de la sentencia, la Corte ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación como una forma de revertir el daño que por más de una década el Estado en conjunto con terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, provocó en contra de la comunidad garífuna:

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación.

Otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado;

–    Iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales.

–  Garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo.

–  Crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad.

–  Crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Corte IDH ordena saneamiento al Estado en territorios de Punta Piedra

Este mismo día el organismo judicial con sede en Costa Rica, notificó al Estado sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra en donde el haber logrado un saneamiento en la ocupación de las tierras por parte de otras personas y que corresponden a la comunidad en mención, ocasionó  un conflicto entre pobladores.

Se entiende como saneamiento el proceso que deriva en la obligación del Estado de remover cualquier tipo de interferencia, en este caso del territorio en cuestión.

Para el año de 1993, el Estado otorgó un título de propiedad a la Comunidad de Punta Piedra, el cual fue posteriormente ampliado en 1999, pero llegado el momento de la titulación una parte del territorio se encontraba ocupado por los pobladores de la Aldea de Río Miel. Esta situación generó diversas acciones de violencia dentro de las cuales se produjo la muerte del señor Félix Ordóñez Suazo, quien fuera un miembro de la Comunidad de Punta Piedra.

En cuanto al reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, la Corte concluyó que la falta de garantía del uso y goce del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, debido a la ausencia de saneamiento del mismo por parte del Estado, así como la no ejecución de los acuerdos conciliatorios, impidió a la Comunidad el goce de la posesión y protección efectiva de su territorio frente a terceros.

En esta comunidad se evidenció la falta de consulta cuando fue otorgada una concesión minera sin  tomar en cuenta la opinión de las personas que habitan allí, con esto también el Tribunal internacional cuestionó la normativa interna porque carece de precisión en relación con las etapas previas de la consulta, supeditando su realización a la fase anterior a la explotación, pero no a la exploración.

Dentro de las medidas para la reparación emitidas por la  Corte y que el Estado de Honduras debe cumplir, están garantizar el uso y goce a través del saneamiento de las tierras tradicionales que fueron tituladas a favor de la Comunidad de Punta Piedra, igualmente llevar un proceso de consulta sobre cualquier proyecto de explotación de recurso y que se  adopten medidas a fin de que las disposiciones reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta.

También se ordenó la creación de un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad de Punta Piedra, continuar y concluir en un plazo razonable, la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables.

Origen: Pasos de Animal Grande – Corte IDH sentencia al Estado hondureño por violar derecho a propiedad colectiva de garífunas

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Alertan que ley colonialista pretende regreso al dominio de la conquista hacia pueblos originarios

El proyecto de una ley indígena, promovida en los últimos días por el Congreso Nacional y auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), traerá efectos nocivos que van en detrimento de los derechos alcanzados por los pueblos originarios en nuestro país, denuncio este martes 15 de diciembre de 2015 la Organización Fraternal Negra de honduras (OFRANEH).

A través de su Vicepresidente Alfredo López, la organización rechazó todo intento desde el Estado hondureño que deslegitime los derechos ancestrales.

“Esto nos genera preocupación, dado que se continuará violentando el derecho ancestral de los pueblos, en especial del convenio 169 de la OIT, que claramente expresa este tipo de garantías para desarrollarnos con nuestra propia cultura y en igualdad de derechos”, manifestó López.

El dirigente social consideró como un retroceso este tipo de medidas, porque contradicen ciertos avances en materia de reconocimiento de convenios internacionales en derechos humanos que ha alcanzado nuestro país, tipificado claramente en el artículo 18 de la actual constitución.

Sostuvo que el resultado de estas disposiciones por parte del  Estado es continuar violentando la garantía de desarrollo de los pueblos “y esta es la preocupación de OFRANEH expresada en los últimos espacios en relación a este tema”.

Próxima notificación de sentencia de la Corte IDH podría frenar estas iniciativas

López apuntó que una de las formas en que puede ser neutralizada este tipo de acciones que violentan el desarrollo de los pueblos originarios, en especial del pueblo garífuna, es la pronta notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos, (Corte IDH), en el caso de las comunidades de Puerto de la Cruz y Punta Sal contra el Estado de Honduras.

Comentó que esta sentencia sería un freno hacia el Poder Legislativo y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), recomendó que en este poder del Estado se abogara por el respeto de los derechos ancestrales y dijo que “hasta el momento vemos una reacción contraria y es por ello que presionamos y lo seguiremos haciendo para que puedan reconocernos como tales”.

Es de recordar que la CIDH remitió el caso de ambas comunidades a la Corte Interamericana en abril del año 2013 bajo el número 12 548, después de más de una década de haber sido introducida ante esa instancia, por medio de una petición hecha por varias comunidades Garífunas y la OFRANEH ante los despojos sistemáticos y violaciones a sus derechos humanos, misma que fue desarrollada en el 103 período de sesiones de la máxima instancia de justicia a nivel regional y cuya sentencia será notificada próximamente al Estado.

“Esto en gran medida servirá para que se revisen una serie de artículos y propuestas que están allí y son lesivos para nuestras comunidades y podemos mencionar nombres como las recién creadas Ciudades Modelo, las cuales aún siendo inconstitucionales han sido aprobadas y el resultado es el daño que pretenden hacernos al acaparar nuestros recursos naturales, nuestras playas y nuestra riqueza cultural que están en nuestros territorios”, manifestó.

En ese sentido recordó que el 80 por ciento de los recursos naturales se encuentran en el cuatro por ciento de la población indígenay negra en el país y es por esta razón es que son un blanco contínuo de las pretensiones de acaparamiento por parte de las transnacionales extractivas con el aval de quienes administra el Estado hondureño.

Observatorio garífuna posiciona su rechazo a ese proyecto trabajado en silencio en el legislativo

Ante esta nueva intentona de violación a los derechos humanos hacia los pueblos garífunas, el Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo garífuna (ODHPINH) denunció la implementación de esta nueva ley que pretende con ello sepultar su desarrollo como sectores dentro de la sociedad hondureña.

En un encuentro realizado la semana anterior en la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de la capital hondureña, diferentes pueblos  indígenasentre ellos los  Pech, Maya-Chortí, Lencas, Garífunas, Miskitos y Tolupanes,  participaron para debatir en torno a esta nueva amenaza institucionalizada desde el Estado.

Expusieron que la norma no fue consultada, por lo que condenaron el contenido colonialista de la misma.

Hicieron un llamado de atención al actual gobierno para que destaque la labor de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, , misma que  ratificó esa violación de derechos humanos.

Origen: Pasos de Animal Grande – Alertan que ley colonialista pretende regreso al dominio de la conquista hacia pueblos originarios

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Gobierno hace caso omiso a sentencia de la Corte

Tegucigalpa. El gobierno de Honduras ha mantenido el silencio para cumplir la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en el caso de los tres jueces despedidos por pronunciarse en contra del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

El proceso fue presentado en julio del 2010 por los despidos ilegales y arbitrarios contra Adán Guillermo López (juez de sentencia), Luis Alonso Chévez (juez contra la violencia domestica), y la magistrada Tirza Flores Lanza (magistrada corte de apelaciones), acción efectuada por la Corte Suprema de Justicia lo que evidencio que no existe independencia jurídica en Honduras.

Tom Pantign de la Asociación de Jueces por la Democracia AJD dijo que “Se deben tomar en consideración por las sentencias en materia de Derechos Humanos en el caso de los tres jueces despedidos versus Honduras, donde se condena al Estado y se establece claramente la independencia judicial en el país y cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para una justicia independiente.

Por su parte Emilio Álvarez representante de la CIDH manifestó que la sentencia fue emitida el cinco de octubre en donde por primera vez la Corte señala con claridad el golpe de Estado y que los jueces y la magistrada cumplieron con su obligación de defender la democracia, remarca la responsabilidad de Honduras en el incumplimiento de obligaciones internacionales.

“Ahora la Junta Nominadora y el Congreso tienen una oportunidad de explicarle a la CIDH, sería bueno saber que han utilizado esa sentencia como un criterio orientador, que la consideración de esta sentencia sea como un ejemplo de cumplimiento de obligaciones internacionales” indico el jurista.

Tirza Flores magistrada informo que el 10 de noviembre el Estado de Honduras fue notificado del resultado de la sentencia que en la parte resolutiva contempla el reintegró de ellos y ella, es de cumplimiento obligatorio y se debe cumplir a la brevedad posible.

“Todavía no hemos hecho gestiones, el Estado no se ha pronunciado ni ha hecho ningún acercamiento con nosotros, debemos ser reintegrados en los mismos cargos que teníamos cuando fuimos despedidos en el 2010”, adujo la profesional del derecho.

Para Guillermo López Long no ha habido ningún avance en relación con el Estado solo  tuvieron un acercamiento con el procurador de la republica “nos demuestra que el Estado actuara de manera desinteresada en el cumplimiento de la sentencia”.

López adujo que es una sentencia de carácter vinculante en el cumplimiento de la responsabilidad internacional, las actuaciones del Estado en este caso es como el de todas las victimas que han obtenido sentencias condenatorias contra Honduras, “es una nueva re victimización en cuanto al modo que pudiera traer como consecuencia en el cumplimiento inmediato de la sentencia”.

El plazo para que Honduras responda a la sentencia de la corte es de un año, contado desde el día de la notificación de la CIDH, pero no existe un mecanismo para contactar a las víctimas para iniciar con ellas un mecanismo de cumplimiento sino que son las víctimas las que ven la manera de iniciar el proceso de cumplimiento, “como en nuestro caso nos apersonamos a la procuraduría y nos hemos encontrado con evasivas con respuestas a medias”.

“El poder judicial está involucrado en nuestra sentencia y no nos han invitado, ni el presidente del consejo de la judicatura ni de los otros integrantes del consejo, eso denota por parte del Estado una situación de re victimización”, finalizo López.

La sentencia contempla el reintegro de los tres jueces, una indemnización monetaria y la publicación de la sentencia en medios de comunicación (las disculpas estarían demás viendo el texto de la sentencia, porque deja claro que todo lo que hicieron fue en defensa de la democracia).

Origen: Gobierno hace caso omiso a sentencia de la Corte

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Gobierno hace caso omiso a sentencia de la Corte IDH

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El gobierno de Honduras ha mantenido el silencio para cumplir la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de los tres jueces despedidos por pronunciarse en contra del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

El caso fue presentado en julio del 2010 por los despidos ilegales y arbitrarios contra Adán Guillermo López (juez de sentencia), Luis Alonso Chévez (juez contra la violencia domestica), y la magistrada Tirza Flores Lanza (magistrada corte de apelaciones), acción efectuada por la Corte Suprema de Justicia lo que evidenció que no existe independencia jurídica en Honduras.

Tom Pantign de la Asociación de Jueces por la Democracia AJD dijo que “Se deben tomar en consideración por las sentencias en materia de Derechos Humanos en el caso de los tres jueces despedidos versus Honduras, donde se condena al Estado y se establece claramente la independencia judicial en el país y cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para una justicia independiente.

Por su parte, Emilio Álvarez representante de la CIDH manifestó que la sentencia fue emitida el cinco de octubre en donde por primera vez la Corte señala con claridad el golpe de Estado y que los jueces y la magistrada cumplieron con su obligación de defender la democracia, remarca la responsabilidad de Honduras en el incumplimiento de obligaciones internacionales.

“Ahora la Junta Nominadora y el Congreso tienen una oportunidad de explicarle a la Corte IDH, sería bueno saber que han utilizado esa sentencia como un criterio orientador, que la consideración de esta sentencia sea como un ejemplo de cumplimiento de obligaciones internacionales” indicó el jurista.

Tirza Flores magistrada informo que el 10 de noviembre el Estado de Honduras fue notificado del resultado de la sentencia que en la parte resolutiva contempla el reintegró de ellos y ella, es de cumplimiento obligatorio y se debe cumplir a la brevedad posible.

“Todavía no hemos hecho gestiones, el Estado no se ha pronunciado ni ha hecho ningún acercamiento con nosotros, debemos ser reintegrados en los mismos cargos que teníamos cuando fuimos despedidos en el 2010”, adujo la profesional del derecho.

Para Guillermo López Lone no ha habido ningún avance en relación con el Estado solo  tuvieron un acercamiento con el procurador de la republica “nos demuestra que el Estado actuara de manera desinteresada en el cumplimiento de la sentencia”.

López Lone explicó que la sentencia de carácter vinculante en el cumplimiento de la responsabilidad internacional, las actuaciones del Estado en este caso es como el de todas las victimas que han obtenido sentencias condenatorias contra Honduras, “es una nueva re victimización en cuanto al modo que pudiera traer como consecuencia en el cumplimiento inmediato de la sentencia”.

El plazo para que Honduras responda a la sentencia de la corte es de un año, contado desde el día de la notificación de la CIDH, pero no existe un mecanismo para contactar a las víctimas para iniciar con ellas un mecanismo de cumplimiento sino que son las víctimas las que ven la manera de iniciar el proceso de cumplimiento, “como en nuestro caso nos apersonamos a la procuraduría y nos hemos encontrado con evasivas con respuestas a medias”.

“El Poder Judicial está involucrado en nuestra sentencia y no nos han invitado, ni el presidente del consejo de la judicatura ni de los otros integrantes del consejo, eso denota por parte del Estado una situación de re victimización”, finalizó López.

La sentencia contempla el reintegro de los tres jueces, una indemnización monetaria y la publicación de la sentencia en medios de comunicación (las disculpas estarían demás viendo el texto de la sentencia, porque deja claro que todo lo que hicieron fue en defensa de la democracia).

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/gobierno-hace-caso-omiso-sentencia-de-la-corte-idh

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Presentan impugnación contra tres aspirantes a magistrados

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

El periodista Andrés Molina presentó hoy jueves ante la Junta Nominadora una impugnación contra tres aspirantes a magostados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y solicitó que sean declarados no elegibles.

Periodista hondureño y defensor de DD.HH.

Andres Molina Zelaya, Periodista hondureño y defensor de DD.HH.

Los denunciados son Rosa de Lourdes Paz Haslam, Víctor Manuel Martínez Silva, Raúl Antonio Henríquez Interiano

De acuerdo a  la denuncia presentada por Molina manifiesta que estas personas actualmente detentan los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, según la copia del acta que adjunto, en fecha 5 de enero de 2010, votaron a favor del despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

Según sentencia de fecha 5 de octubre de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver en www.corteidh.or.cr) los despidos de los operadores de justicia arriba mencionados constituyen violaciones a los derechos a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a los derechos de participación política, al derecho de asociación, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial, dice el documento presentado ante la Junta Nominadora.

El comunicador presentó además, una copia del acta de la reunión del cinco de enero del 2010 del Pleno de Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en la que consta el nombre de los integrantes de ese Pleno que votaron a favor de estos despidos ilegales, entre los cuales se encuentran las personas a quienes impugno mediante este escrito.

A Continuación el escrito presentado por el periodista Andrés Molina

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015

Señores

JUNTA NOMINADORA

Tegucigalpa, M.D.C.

Por este medio me dirijo a ustedes con el propósito de presentar formal impugnación en contra de tres de los(as) candidatos(as) que se encuentra en el listado de 97 personas que han sido designadas por ustedes para continuar en el proceso de selección de magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, publicado el pasado 3 de diciembre del presente año.

Las personas que considero que no reúnen los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia son:

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

Estas personas actualmente detentan los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, según la copia del acta que adjunto, en fecha 5 de enero de 2010, votaron a favor del despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

Según sentencia de fecha 5 de octubre de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver en www.corteidh.or.cr) los despidos de los operadores de justicia arriba mencionados constituyen violaciones a los derechos a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a los derechos de participación política, al derecho de asociación, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial.

En razón de lo anterior, estimo que las personas mencionadas en este escrito son responsables directas de violaciones de derechos fundamentales y asimismo, de la condena que el Estado de Honduras ha recibido por parte de la Corte IDH, por lo que han dejado de manifiesto su falta de compromiso con la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Adjunto a este escrito copia del acta de la reunión del cinco de enero del 2010 del Pleno de Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en la que consta el nombre de los integrantes de ese Pleno que votaron a favor de estos despidos ilegales, entre los cuales se encuentran las personas a quienes impugno mediante este escrito.

En razón de haber apoyado esos despidos que han sido considerados de carácter ilegal y violatorios de derechos humanos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia PAZ HASLAM, MARTINEZ SILVA y HENRIQUEZ INTERIANO, han incurrido en responsabilidad en su condición antes expresada, por lo que no pueden ser considerados idóneos para integrar nuevamente la Corte Suprema de Justicia.

Por todo lo manifestado, solicito que ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO sean declarados como no elegibles para ser reelectos como Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que según la sentencia en mención, son directamente responsables de las violaciones de derechos humanos en contra de la Magistrada y los Jueces antes relacionados

ANDRES MOLINA

Tarjeta de Identidad No. 1509-1975-00002

Origen: Presentan impugnación contra tres aspirantes a magistrados –

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Juez despedido en 2009: Estado actúa desinteresadamente en sentencia de Corte IDH

Tras dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH,sentenciara al Estado hondureño por el despido de tres jueces y una magistrada por oponerse al Golpe de Estado de junio de 2009,  continúan en una larga espera para ser restituidos en sus cargos ante la vista y paciencia de quienes controlan el poder Judicial.

El abogado Guillermo López Lone denunció este martes 08 de diciembre en un hotel capitalino que hasta esta fech,  el Estado hondureño no ha dado respuesta al cumplimiento de la sentencia de organismo regional de justicia, misma que fue notificada desde el pasado 05 de octubre.

Agregó que los juristas afectados hasta el momento sostuvieron una plática con el Sub Procurador de la República pero sin que exista algo en concreto, además calificó el actuar de parte del Estado como “lamentable y muestra una actitud desinteresada en el cumplimiento”.

El afectado explicó que el carácter de la sentencia es de carácter vinculante,  “lo que pasa en nuestro caso es igual que a las víctimas de  sentencias condenatorias contra el Estado, éste se toma su tiempo y esto genera una situación de revictimización”.

Junto al entrevistado están los  jueces Luís Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza Flores Lanza.

Los anteriores forman parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD), organización que se opuso firmemente al rompimiento del orden constitucional en junio de 2009.

La Corte IDH reconoció en la sentencia que hubo violación  entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático. “En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta”.

El abogado López Lone informó  que en base a lo estipulado en el Código Civil, existe la figura del principio de repetición, es decir que un funcionario que le causen un daño o un perjuicio al Estado de Honduras por incumplimiento de responsabilidades,  este funcionario deberá pagar por los delitos cometidos.

CIDH demanda cumplimiento

Durante la visita al país del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), Emilio Alvarez Icaza, manifestó que el cumplimiento de esta sentencia, mostraría una buena voluntad por parte del Estado hondureño para fortalecer su actual sistema de justicia.

El también jurista destacó que es la primera que este organismo –Corte IDH- se pronuncia “tan claramente” en relación al Golpe de Estado cuando menciona que tanto los jueces como la magistrada no solo tenían el deber sino la obligación de defender la democracia.

“El Estado está obligado en atención a sus principios y compromisos internacionales a atender este tipo de resoluciones y así dar muestras de transparencia y rendición de cuentas” acotó Alvarez Icaza.

Para el actual proceso de la nueva conformación de la Corte Suprema de Justica, (CSJ), en enero próximo, el Secretario Ejecutivo de la CIDH instó a la Junta Nominadora y al Congreso Nacional a que tomen en cuenta esta sentencia y que sirva como medición para la presentación final de la nómina de aspirantes a magistrados y magistradas, ante las constantes denuncias contra  quienes  participaron en el despidos de los jueces y la magistrada.

Antecedentes

Julio 2009: Los jueces y la magistradas asistieron a una movilización popular, que esperaba el retorno al país del presidente constitucional Manuel Zelaya, quien había sido separado del poder por el golpe de Estado cometido en su contra el 28 de junio de ese mismo año.

Julio 2010: La Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia y el derecho Internacional, (CEJIL), presentan el caso de los jueces y la magistrada despedidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Marzo 2014: La CIDH eleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

02 y 03 Febrero 2015: El esta hondureño comparece ante la Corte Interamericana para responder por el despido de los jueces y la magistrada.

05 Octubre 2015: La Corte emite la sentencia en la que ordenan al Estado el reintegro de los jueces y la magistrada despedidos por su oposición al Golpe de Estado de junio de 2009.

Origen: Pasos de Animal Grande – Juez despedido en 2009: Estado actúa desinteresadamente en sentencia de Corte IDH

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Estado hondureño violentó la Convención Americana con destitución de jueces

Noviembre 10 del 2015; San José, Costa Rica (Conexihon).-

El Estado hondureño violentó la Convención Americana de Derechos Humanos con la destitución de tres jueces y una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por lo que deberá iniciar un proceso de reparación, anunció este martes la  Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso conocido como la Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso López Lone y otros Vs. Honduras, fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2014. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma podrá consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.

La sentencia se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. Como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial. Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras. Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor de la restitución del Estado de Derecho.

En su Sentencia, la Corte, de manera preliminar, resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos en la Carta de la OEA. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de ilegitimidad internacional se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y la democracia. Estas actuaciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.

Al examinar las actuaciones realizadas por cada una de las víctimas, la Corte consideró  que: i) los procesos disciplinarios seguidos en contra del señor López Lone, por su participación en una manifestación en contra del golpe de Estado y su posterior destitución, y en contra del señor Chévez de la Rocha por su presunta participación y subsecuente detención en una manifestación en contra del golpe de Estado y por los comentarios realizado a compañeros del Poder Judicial, así como la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyeron una violación de su libertad de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma; ii) el proceso disciplinario en contra de la señora Flores Lanza, por el ejercicio de una acción de amparo, la interposición de una denuncia y los comentarios sobre las actuaciones de otros órganos jurisdiccionales, así como su posterior destitución, y el inicio de un proceso disciplinario en contra del señor Barrios Maldonado, por un artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe de Estado, constituyeron una violación de su libertad de expresión y sus derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio.

Asimismo, la Corte señaló que las destituciones del señor López Lone, del señor Chévez de la Rocha y de la señora Flores Lanza afectaron su posibilidad de pertenecer a la Asociación de Jueces por la Democracia  y, por tanto, constituyeron además una restricción indebida al derecho a la libertad de asociación. En el caso del señor Barrios Maldonado, la Corte consideró que al no haberse hecho efectiva su destitución, no existió una restricción a su libertad de asociación.

Respecto a las garantías judiciales y derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, la Corte concluyó que: (i) los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las víctimas no estaban establecidos legalmente; (ii) el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver recursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia; (iii) la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad, y (iv) la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado. En virtud de todas estas consideraciones, este Tribunal concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado. Asimismo, la Corte determinó que la destitución de las víctimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana

Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte señaló que no era clara la disponibilidad del recurso de amparo frente a las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial. Sin perjuicio de ello, la Corte notó que, en caso de estar disponible, el contexto en el cual se desarrollaron los hechos de este caso y las características del procedimiento que tendría que haberse seguido evidencia que el mismo no hubiera resultado efectivo. Por tanto, la Corte consideró que el violó el artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas.

En relación con el principio de legalidad, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución, así como la vaguedad y amplitud con que estaban previstas y fueron aplicadas las causales disciplinarias a las víctimas de este caso.

Proceso de reparación

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación. Igualmente, anunció que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez. Estuvieron presentes, además, el Secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, y la Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/estado-hondure%C3%B1o-violent%C3%B3-la-convenci%C3%B3n-americana-con

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Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Un​a​ de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede enviar un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

Origen: Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

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CORTE EMITE SENTENCIA EN CASO DE JUECES DESTITUI DOS POR ACTUACIONES EN CONTRA DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

San José, Costa Rica, 10 de noviembre de 2015. – La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso López Lone y otros Vs. Honduras, presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2014. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma podrá consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
El presente caso se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. Como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial. Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras.
Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor de la restitución del Estado de Derecho.
En su Sentencia, la Corte, de manera preliminar, resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención American a sobre Derechos Humanos forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos en la Carta de la OEA. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de ilegitimidad internacional se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y la democracia.
Estas actuaciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.
Al examinar las actuaciones realizadas por cada una de las víctimas, la Corte consideró que:
i) los procesos disciplinarios seguidos en contra del señor López
Lone, por su participación en una manifestación en contra del golpe de Estado y su posterior destitución, y en contra del señor Chévez de la Rocha por su presunta participación y subsecuente detención en una manifestación en contra del golpe de Estado y por los comentarios realizado a compañeros del Poder Judicial, así como la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyeron una violación de su
libertad de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma;
ii) el proceso disciplinario en contra de la señora Flores Lanza, por el ejercicio de una acción de amparo, la interposición de una denuncia y los comentarios sobre las actuaciones de otros órganos jurisdiccionales, así como su posterior destitución, y el inicio de un proceso disciplinario en contra del señor Barrios Maldonado, por un artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe de Estado, constituyeron una violación de su libertad de expresión y sus derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio. Asimismo, la Corte señaló que

las destituciones del señor López Lone, del señor Chévez de la Rocha y de la señora Flores Lanza afectaron su posibilidad de pertenecer a la Asociación de Jueces por la Democracia y, por tanto, constituyeron además una restricción indebida al derecho a la libertad de asociación. En el caso del señor Barrios Maldonado, la Corte consideró que al no haberse hecho efectiva su destitución, no existió una restricción a su libertad de asociación. Respecto a las garantías judiciales y derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, la Corte concluyó que:
(i) los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las víctimas no estaban establecidos legalmente;
(ii) el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver re cursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia;
(iii) la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad,
y (iv) la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado. En virtud de todas estas consideraciones, este Tribunal concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del
Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado. Asimismo, la Corte determinó que la destitución de las víctimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adán Guillermo
López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte señaló que
no era clara la disponibilidad del recurso de amparo frente a las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial.
Sin perjuicio de ello, la Corte notó que, en caso de estar disponible, el contexto en el cual se desarrollaron los hechos de este caso y las características del procedimiento que tendría que haberse seguido evidencia que el mismo no hubiera resultado efectivo. Por tanto, la Corte consideró que el violó el artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas.
Respecto al principio de legalidad, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Adán Guillerm o López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución, así como la vaguedad y amplitud con que estaban previstas y fueron aplicadas las causales disciplinarias a las víctimas de este caso
Comunicado de Prensa
Corte Interamericana de Derechos Humanos

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CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos a derrocamiento de Zelaya

Tuesday, 10 November 2015

San José.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó hoy una sentencia en la que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al derrocamiento del exmandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de tres de ellos.

“Durante esta situación de ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y favor del Estado de Derecho y la democracia”, señala la sentencia de la CorteIDH.

Este caso, el primero que llega a juicio a la CorteIDH sobre el golpe a Zelaya, se refiere al despido de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, ordenó al Estado hondureño la restitución de López Lone, Chévez de la Rocha y Flores Lanza. Barrios Maldonado ya había sido restituido en el año 2011 por la Corte Suprema de Honduras.

Los jueces deben retornar a cargos “similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento”, ordenó la CorteIDH.

Estos juristas formaban parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual emitió su posición en rechazo al golpe de Estado.

Esa asociación publicó diversos comunicados calificando los hechos como un golpe de Estado en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, la cual sustentaba que se trató de una sucesión constitucional.

El fallo de la CorteIDH afirma que al ser destituidos por su oposición, fueron vulnerados los derechos de los jueces a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como sus derechos políticos.

“La Corte reconoce la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático. En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta”, indicó la CorteIDH.

Además, la sentencia sostiene que “en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en este caso, no son aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho a jueces y juezas a la participación en política respecto de actuaciones en defensa del orden democrático”.

La CorteIDH resaltó que “la destitución arbitraria de jueces, especialmente jueces de carrera sin faltas disciplinarias previas, por sus actuaciones en contra del golpe de Estado y la actuación de la Corte Suprema respecto del mismo, como ocurrió en el presente caso, constituye un atentado contra la independencia judicial y afecta el orden democrático”.

Origen: CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos a derrocamiento de Zelaya

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La CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos al golpe de 2009

Cholusat Sur, Canal 36, escrito por en nov 10 2015.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó hoy una sentencia en la que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de tres de ellos.

“Durante esta situación de ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y favor del Estado de Derecho y la democracia”, señala la sentencia de la CorteIDH.

Origen: La CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos al golpe de 2009 – Noticias Cholusat Sur

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Junta Interventora del IHSS podría ser acusada criminalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Noticias Cholusat Sur

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La Barra de Abogados Anticorrupción planifica acciones en contra de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social si continúan atentando en contra de los derechos humanos de las personas con enfermedades delicadas.

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

Origen: Junta Interventora del IHSS podría ser acusada criminalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Noticias Cholusat Sur

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Conadeh y Corte IDH, firman acuerdo para fortalecer vigencia de DDHH en Honduras


  • Sábado, 12 Septiembre 2015 12:19

Conadeh y Corte IDH, firman acuerdo para fortalecer vigencia de DDHH en Honduras

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), suscribieron un acuerdo para fortalecer la vigencia efectiva de los derechos humanos de los habitantes, se informó hoy, a través de un comunicado.

 

Para el logro de este propósito, ambas Instituciones se comprometen a coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones, profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos de al menos 8.6 millones de hondureños.

El documento establece que para alcanzar las metas propuestas, ambas partes realizarán de manera conjuntacongresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias y foros bilaterales o multilaterales.

Según el acuerdo, por su naturaleza y atribuciones, el Conadeh podrá también colaborar en las labores de supervisión del cumplimiento de las sentencias que dicte la Corte IDH contra Honduras.

Hasta ahora, se estima que Honduras mantiene ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  (CIDH) 33 casos pendientes de informe de admisibilidad; 10 admitidos y otra cantidad similar en proceso de solución amistosa.

Igualmente, cuenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con tres medidas  provisionales implementadas, tres casos pendientes de sentencia y seis en supervisión.

Algunas de las sentencias de la Corte IDH en contra del Estado de Honduras tienen que ver con los casos conocidos como “Juan Humberto Sánchez”, “López Álvarez”, “Servellón García y otros”, “Jeannette Kawas Fernández”, “Pacheco Teruel” y “Carlos Luna López”.

En 1989, el Estado de Honduras fue condenado por el caso de Ángel Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Cruz, ambos desaparecidos a inicios de la década del 80.

Programas de asistencia gratuita

Un punto destacado en el acuerdo, es que el Conadeh valorará la posibilidad de llevar a cabo un programa de asistencia gratuita para personas que no tienen los recursos suficientes para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Tanto el Conadeh como la Corte IDH, podrán utilizar toda la información intercambiada en virtud de este acuerdo, excepto en aquellos casos en que la parte que lo suministró haya establecido restricciones o reservas de uso o difusión.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para lograr una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos y llevar a cabo proyectos de investigación conjunta en temas de interés mutuo.

Un aspecto importante es que profesionales del derecho y otros funcionarios del Conadeh podrán realizar prácticas profesionales y pasantíasen la Corte IDH

La firma del acuerdo, que tiene duración indefinida, se realizó en Tegucigalpa, y fue suscrito por el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Humberto Sierra y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.

La Corte IDH, con sede en Costa Rica, es una institución judicial, autónoma del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que tiene como parte de sus funciones difundir el resultado de su trabajo relacionado con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.

Por su parte, el Conadeh es una institución del Estado hondureño, independiente, que tiene la atribución de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados y convenios ratificados por Honduras.

La firma del convenio con la Corte IDH es parte del Plan de Acción Vanguardia de la Dignidad Humana que puso en práctica el Conadeh, desde julio de 2014, en la que establece como una de sus líneas estratégicas promover la democracia real con seguridad democrática.

El plan contempla, como parte de sus metas, establecer relaciones sistemáticas con las instituciones del sistema interamericano de protección de derechos humanos y con el sistema universal de las Naciones Unidas.

Además, activar el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, el que se hizo efectivo en febrero de 2015 en la que el ombudsman hondureño fue electo presidente por unanimidad de los miembros de ese ente regional.

Como parte del reconocimiento internacional que tiene el Conadeh, en diciembre de 2014, su titular Roberto Herrera Cáceres, atendió en sus oficinas a los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la visita in loco que realizó a Honduras.

En ese mismo mes, se reunió con el grupo de cooperantes internacionales en Honduras G-16, liderado en ese momento por la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, Consuelo Vidal.

En enero de 2015, se reunió en Tegucigalpa con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, momento que aprovechó para expresarle la importancia de contar en el país con una oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El 24 de junio de 2015, se reunió en San José, Costa Rica, con los presidentes de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/109863-conadeh-y-corte-idh-firman-acuerdo-para-fortalecer-vigencia-de-ddhh-en-honduras.html

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Honduras rinde cuentas ante la Corte IDH

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Honduras rinde cuentas ante la Corte IDH
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Víctimas y sus representantes, expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el incumplimiento de 6 sentencias  dictadas contra Honduras. Las presentaciones se realizaron en el marco de la audiencia conjunta de supervisión de cumplimiento efectuada el pasado viernes 28 de agosto en Tegucigalpa, en la que también participaron representantes del Estado.
Los casos supervisados por la Corte IDH fueron: Juan Humberto Sánchez, Alfredo López Álvarez, Servellón García y otros, Jeannette Kawas Fernández, Pacheco Teruel y otros y Carlos Luna López. Los peticionarios presentaron información sobre las obligaciones pendientes referidas a: situación carcelaria, protección a defensores y defensoras de derechos humanos e investigación de los casos.
Los afectados y sus abogados expusieron que, a pesar de que la Corte ha establecido que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, el Estado hondureño continúa incumpliendo con sus obligaciones internacionales en esta materia. Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el 2012 el hacinamiento alcanzaba el 44%, pero actualmente la población carcelaria alcanza las 16,000 personas y los niveles de hacinamiento llegan al 68%.
La situación se agrava con la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que amplía a 21 los delitos para los cuales no se admite el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que impacta directamente en el aumento del hacinamiento. También se denunció la militarización del sistema penitenciario, la deficiente alimentación que reciben las personas privadas de libertad (que tiene un presupuesto diario de USD$ 1.36 por persona), y la inexistencia de un registro adecuado de personas detenidas.
Por otra parte, ante la obligación de Honduras de implementar una política pública para la protección de las personas  defensoras de derechos humanos, se informó que la recientemente aprobada Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, presenta diversas debilidades tales como: un diseño institucional carente de garantías para su funcionamiento autónomo, falta de claridad sobre los recursos que le serán asignados, omisión del perfil de las personas que integrarán el comité técnico encargado de realizar los análisis de riesgo, así como la ausencia de metodología y criterios para abordar dichos análisis, entre otros. Para los peticionarios, estas falencias deben ser solventadas a través de la reglamentación de la ley y la creación de otras normas secundarias que deben construirse en procesos participativos y transparentes que involucren a los grupos beneficiarios.
Asimismo, los representantes de las víctimas llamaron la atención de la Corte sobre el desacato de Honduras ante el mandato de investigar e identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Se resaltó la falta de voluntad política, evidenciada en las escasas diligencias que se han llevado a cabo luego de muchos años de ocurridos los hechos. Además se expresó preocupación por los insuficientes recursos humanos y económicos con que cuenta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, por ejemplo, este año el presupuesto de
la Fiscalía apenas sobrepasa los 600.000 dólares y sólo en Tegucigalpa tienen a su cargo más de 5.000 casos.
Para ponerle fin al patrón de impunidad imperante, las víctimas y sus representantes consideraron que se debe crear una unidad de investigación dentro de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y dotarla de recursos suficientes para que asuma el seguimiento a los casos. Además solicitaron que las organizaciones representantes participen del proceso de selección de quienes integrarán dicha unidad, así como el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que permita a representantes, víctimas y familiares, conocer en forma periódica los avances que realice. Por último consideran vital la creación de una Secretaría Ejecutiva para dar seguimiento permanente a los casos que se estén tramitando ante los órganos del Sistema Interamericano.
El Estado por su parte presentó información sobre los temas planteados, pero la misma resultó insuficiente para satisfacer los requerimientos de la Corte IDH.  Las organizaciones reiteraron su disposición para continuar apoyando al Estado de Honduras a asumir los retos pendientes pero, a la vez, solicitaron a la Corte que ordene al Estado establecer un plan de cumplimiento con metas concretas para el abordaje de cada uno de los incumplimientos señalados. Esta es la primera ocasión en que la Corte realiza una audiencia de cumplimiento en el país condenado.

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Honduras: Visita de la Corte IDH a comunidades Garífunas y la urgencia de la restitución del estado de derecho.

El pasado de 22 y 25 de agosto la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) realizó una visita in situ a las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en el marco de los casos que ha venido ventilando la OFRANEH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por los despojos territoriales perpetrados en contra de las comunidades Garifunas y la denegación del Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada.

Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, al igual que la mayoría de las comunidades Garífunas han sufrido un saqueo histórico por parte de la elite de poder, que en contubernio con el Estado de Honduras y sus instituciones se han dedicado de forma premedita a apoderase tanto de los hábitats funcionales de las comunidades como de terrenos dentro de las comunidades, en nombre de un supuesto desarrollo turístico y la expansión de los cultivos de agrocombustibles.

A partir de la década de los años 90, se dio inicio a un proceso de titulación parcial supuestamente a beneficio del pueblo Garífuna, al mismo tiempo que se emitió la Ley de Municipalidades, con la cual se incluyeron mucha de las comunidades dentro de los cascos urbanos de las municipalidades, situación que ha conllevado a un despojo del territorio ancestral.

Los títulos emitidos a favor del pueblo Garífuna por el Instituto Nacional Agrario (INA), excluyeron los habitas funcionales, los que pasaron a ser tuteladas por instituciones del Estado, supuestamente encargadas de velar por los recursos forestales y marinos.

El saqueo sistemático de nuestro territorio esta íntimamente ligada a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de estado del año 2009, ante la demolición del estado de ley y el asalto perpetrado a las instituciones desde el Congreso Nacional.

La presencia de los delegados de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las comunidades

Triunfo de la Cruz y Punta Piedra recibieron de forma efusiva las delegaciones de juristas internacionales, ante el largo lapso transcurrido entre los despojos y la posible resolución a los conflictos a través de las sentencias que emitirá la Corte IDH, las que tendrán una enorme trascendencia para los Garífunas y demás pueblos indígenas del continente.

Miembros de las comunidades rindieron declaraciones sobre las violaciones a sus derechos territoriales ancestrales y solicitaron a la la Corte IDH la resolución de los conflictos, que el Estado de Honduras se ha negado de solucionar, ante el contubernio existente entre empresarios y políticos.

Las comunidades resaltaron el racismo existente en Honduras, sus múltiples manifestaciones y la falta de sutileza del Estado en el manejo de las relaciones ínter raciales, las que mas bien ha exacerbado, destruyendo el frágil tejido social. El Alcalde de Tela, el Sr. Mario Fuentes, insistió en negar la existencia del el racismo en Tela, eal mismo tiempo que acarreó a los miembros del sindicato de su Municipalidad, a los que se les canceló una deuda con 22 manzanas de tierra, pertenecientes a la comunidad de Triunfo de la Cruz; y hasta la fecha los ex trabajadores de la municipalidad insisten en ser los legítimos propietarios de los terrenos comunitarios.

La Corte IDH pudo constatar los diversos señalamientos de usurpación, muchos de ellos cometidos hace más de dos décadas, además de visitar el Parque Nacional Punta Hizopo, el que ha sido manejado como una propiedad privada del extinto Miguel Facusse. Punta Hizopo forma parte del hábitat funcional de Triunfo, comunidad que no fue consultada para la creación de un parque nacional, como lo indica el Convenio 169 de la OIT.

Además la comitiva de la Corte IDH y la Comisión Interamericana, visitó el territorio de Punta Piedra y Cusuna en donde Ramón Lobo – hermano del ex presidente Porfirio Lobo- pretende imponer un proyecto de extracción de hierro, al que las comunidades Garífunas del Municipio de Iriona se opone de forma rotunda. Finalmente se movilizaron a Río Miel, comunidad mestiza que surgió de la invasión a la comunidad Garífuna de Punta piedra, promovida por el general Castro Kabus en el año de 1992.

La restitución del estado de derecho como un imperativo

Buena parte de la problemática del pueblo Garífuna, surge de la inexistencia de un Estado de ley en el país, en el cual las leyes son creadas o retorcidas a la medida de los intereses de la elite de poder.

Honduras se ha destacado por su corrupción y el desacato a las layes institucionalizado por las dictaduras militares y civiles que ha sufrido. A partir del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12) promovido desde el Congreso nacional por el actual mandatario Juan Hernandez, la crisis del estado de derecho se incrementó. El golpe fue originado por el fallo en contra de las ciudades modelos, emitido en octubre de 2012 por la Corte de lo Constitucional, dando de esta forma un golpe mortal a uno de los pilares económicos de la dictadura civil nacionalista, la que a través de las Ciudades Modelo ha pretendido subastar el país al capital extranjero.

La espiral de violencia en la que se ha sumido Honduras se encuentra relacionada de forma directa con la impunidad y colapso del estado de derecho. De ahí que se convierte en un imperativo la restitución del estado de ley, el cual ha sucumbido en manos de un grupúsculo dedicado al saqueo de las instituciones estatales.

Las sentencias de la Corte Interamericana sobre las demandas de las comunidades Garifunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

El caso de Punta Piedra constituye una oportunidad para profundizar la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre la obligación del Estado de crear las condiciones para que la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales pueda ser ejercida de manera pacífica y sin amenazas a su forma de vida, organización social, usos y costumbres tradicionales. Adicionalmente, se podrá profundizar la jurisprudencia en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva de los pueblos indígenas cuando, a pesar de contar con un título de propiedad en su favor, no cuentan con mecanismos coercitivos para hacer valer sus derechos frente a amenazas e invasiones de terceros no indígenas.

En el caso del Caso de Triunfo de la Cruz lo que se espera es que se genere una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una Ley sobre la Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado que se requiere para que los proyectos a implementar sean consultados con las comunidades.

Dado en la Comunidad de Sambo Creek, a los dos días del mes de septiembre del 2015

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2015/09/02/honduras-visita-de-la-corte-idh-a-comunidades-garifunas-y-la-urgencia-de-la-restitucion-del-estado-de-derecho/

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La CorteIDH concluye sesiones extraordinarias revisando 6 casos de Honduras


  • Sábado, 29 Agosto 2015 18:24

La CorteIDH concluye sesiones extraordinarias revisando 6 casos de Honduras

Autor del artículo: EFE

Tegucigalpa – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) clausuró hoy en Tegucigalpa su 53 Período Extraordinario de Sesiones con una audiencia privada en la que revisó el cumplimiento de Honduras en seis casos relacionados a los derechos humanos y crímenes contra ambientalistas hondureños.

La CorteIDH recibió este sábado a las partes en una audiencia privada de “supervisión de cumplimiento de las sentencias” en los casos Juan Humberto Sánchez, López Álvarez, Servellón García, Kawas Fernández, Pacheco Teruel y otros, y Luna López.

Según un comunicado del organismo, la CorteIDH recibió por parte del Estado hondureño “información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de determinadas medidas de reparación pendientes” en los casos.

También escuchó las observaciones de los representantes de las víctimas y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la nota oficial.

Las reparaciones, cuyo cumplimiento fue tratado en la audiencia, se refieren a “condiciones de centros penitenciarios y capacitación de funcionarios y registro de detenidos”.

También se refiere a “protección de defensores de derechos humanos, en particular del medioambiente” y ” obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las violaciones a derechos humanos ocurridas en dichos casos”.

Durante el período de sesiones, que inició el pasado 24 de agosto, la CorteIDH celebró la audiencia sobre el exsoldado peruano Valdemir Quispialaya Vilcapoma, quien perdió su ojo derecho de un culatazo que supuestamente le propinó un suboficial del Ejército de su país el 23 de enero de 2001 y exige justicia.

También se celebró la audiencia sobre un caso de presunta discriminación en Colombia que tiene que ver con una pareja del mismo sexo, de la que uno murió y el otro, que contrajo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), reclama una pensión al Estado.

La CorteIDH realizó además dos audiencias judiciales por la supuesta violación del Estado hondureño a los derechos a la propiedad sobre el territorio de las Comunidades Garífunas Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, de acuerdo al comunicado.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/108998-la-corteidh-concluye-sesiones-extraordinarias-revisando-6-casos-de-honduras.html

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Gobierno de Honduras dice comprometerse a defender los DDHH

Publicado: 24 Agosto 2015

“La dignidad del ser humano es inviolable y es lo más sagrado que existe entre los hombres”, remarcó el gobernante en su discurso en el acto de instalación, en el que destacó distintas acciones de su gobierno en cumplimiento de ese compromiso con los DDHH.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, dijo hoy en la instalación del 53 periodo de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

 

El Estado hondureño mantiene su compromiso con los Derechos Humanos y que su gestión ha logrado avances en el cumplimiento de esas garantías.

 

“La dignidad del ser humano es inviolable y es lo más sagrado que existe entre los hombres”, remarcó el gobernante en su discurso en el acto de instalación, en el que destacó distintas acciones de su Gobierno en cumplimiento de ese compromiso con los Derechos Humanos.

 

Honduras “hizo el compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” y fue el primer país “en ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y reconocer la competencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de septiembre de 1981”, recordó.

 

También, rememoró que en ese entonces Honduras depositó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte-IDH de acuerdo con el Artículo 62 de la Convención y sin ninguna reserva.

 

Hernández subrayó que el país ha trabajado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, tanto nacionales como internacionales.

 

Honduras “ha firmado todos los convenios regionales o mundiales para proteger a la persona humana, reconociendo que este es el fin supremo de la sociedad según el artículo 59 de la Constitución de la República, resaltó.

 

“Comprendemos y reafirmamos hoy, con absoluta claridad, que la dignidad del ser humano es lo más sagrado que existe entre los hombres; nuestra Constitución impone a los poderes públicos un claro mandato que reza que la dignidad del ser humano es inviolable”, dijo el gobernante.

 

Asimismo, Hernández recordó que en su Gobierno “se invitó a la Comisión Interamericana a venir a nuestro país para dialogar ampliamente con todos los sectores que integran la sociedad hondureña”, lo que ha permitido salir del capítulo cuatro del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

Añadió que en ese sentido se recibió a varios relatores para que conocieran in situ las diversas situaciones planteadas, brindando las mejores condiciones para que realizaran su trabajo en Honduras.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/452-gobierno-de-honduras-dice-comprometerse-en-defensa-de-ddhh

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Hondureños podrán asistir a audiencias públicas de la Corte Interamericana de DD.HH.

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “La visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es positiva porque evidencia el respeto que tiene el Estado de Honduras a estos mecanismos y además es una oportunidad para que la población asista a los seminarios académicos y a las audiencias públicas”, expresó la Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva al referirse la realización del 53 Periodo Extraordinario de Sesiones que realiza esta  entidad en San Pedro Sula.
La funcionaria aclaró que la Corte no viene a examinar a Honduras  sino que desarrollará su 53 Plenaria de Sesiones Extraordinarias, además de la realización de seminarios académicos y audiencias públicas en dos casos: Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú y Caso Ángel Alberto Duque Vs. Colombia.
Por lo anterior, dijo que “Es necesario que los hondureños estén informados de la importancia que tiene el Sistema Interamericano, su funcionamiento y cómo se resuelven los casos”.
A partir de la próxima semana la Corte estará en esta ciudad capital donde impartirá el Seminario Internacional “Corte Interamericana de Derechos Humanos: Impacto y Jurisprudencia sobre grupos en situación de vulnerabilidad”, al cual podrá asistir la población que se inscriba en el siguiente link: http://www.corteidh.or.cr/honduras/inscripcion.html .
La funcionaria dijo que durante su estadía en el país, la Corte además dará seguimiento al cumplimiento de sentencias y avances de parte del Estado de Honduras en 6 casos, en una audiencia privada.
“El Procurador General de la República está permanentemente asistiendo a las audiencias que se programan, por lo que para el Estado de Honduras esta es una oportunidad para dar a conocer el compromiso y respeto que se tiene a la sentencias emitida por la Corte”, refirió Cueva.
La funcionaria dijo que se han dado importantes avances en estas sentencias, ya que algunas condiciones de cumplimiento son a corto, mediano o a largo plazo, razón por la cual es oportuno para Honduras dar a conocer los esfuerzos que hace el Estado para cumplir las sentencias y asimismo, apegarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Sistema Regional de Protección a los Derechos Humanos.

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CorteIDH verifica realidad de despojo que viven comunidades garífunas

Ago 21, 2015

En el marco del 53 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados de esta instancia de justicia internacional llegan a Honduras en una visita “in situ” a la comunidad Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Son 28 violaciones a los derechos comunitarios que se han dado en esta comunidad donde el pueblo que se resiste al despojo ha vivido en estas tierras por más de 200 años. Este pueblo ha llevado el caso a instancias internacionales por la irresponsabilidad del Estado a responder a sus denuncias, según dirigentes comunitarios.

El caso del Triunfo de la Cruz fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la élite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad.

El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Las dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), hace diez años llevó su caso ante la CorteIDH y se logró una sentencia que a una década ya necesita revisión. López estuvo preso injustamente por 6 años, criminalizado por su lucha contra el proyecto turístico Marbella que había despojado a la comunidad Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras. Hoy en este sitio, donde Marbella despojó a los garífunas, de nuevo funciona otro proyecto turístico llamado “Hisopo Resort” aun cuando desde 2006 por esta sentencia del caso Alfredo López vrs El Estado de Honduras, es prohibido celebrar contratos de venta de tierras en esta comunidad.

“El conflicto ha escalado hasta niveles muy peligrosas de manera que la preocupación fundamental es que se ha contratado vigilantes armados garífunas para que se de violencia entre garífunas, una situación que no habíamos visto antes. Es tan delicada la situación que la Corte ha decidido es ir a esta zona de Hisopo Resort donde para construir destruyeron el medio ambiente, los yucales de las compañeras nuestras de la cooperativa El Esfuerzo, es un. La fiscalía les decomisó los tractores pero al día siguiente volvieron a trabajar”, dijo con preocupación Alfredo López, quien el día que la maquinaria entró al territorio garífuna recibió intimidaciones de los trabajadores.

LEA DENUNCIA CONTRA HISOPO RESORT: Corresponsal de Radio Progreso denuncia agresión por parte del personal de Hisopo Resort

Inés García, mujer garífuna de la cooperativa El Esfuerzo dice con dolor que se sienten amenazadas todas las familias de Triunfo de La Cruz porque ahora ni sobrevivir se podrá sin sus tierras para cultivar y eso quieren que los magistrados de la CorteIDH lo tengan muy presente.

“No es posible que vivamos a 218 años en la comunidad sin derecho. No es posible que los que tengan dinero nos quieran sacar de aquí como que no somos personas. Los que tienen dinero creen que tienen derecho a vivir a la orilla de la playa pero por herencia nos toca a los garífunas. Queremos hacerle ver a la corte interamericana que tenemos derecho. Cooperativa el Esfuerzo tenía 22 manzanas de trabajo de mujeres. Trabajar la tierra es lucha y sacrificio. Lo que hemos hecho es denunciar, denunciamos en el medio ambiente, fuimos a la fiscalía, a veces no nos paran coco. Hasta ahorita hemos ido a parar el trabajo de estas máquinas”, explicó García.

Así es la comunidad:

Por su parte, Cesar Benedit, locutor de la radio comunitaria Faluma Bimetu asegura que son alrededor de 6 mil jóvenes garífunas organizados en la defensa del territorio. Benedit asegura que esta lucha es esencialmente joven ya que es para que las nuevas generaciones tengan acceso a la tierra y la cuiden y defiendan siempre.

“Cuando llegamos a Costa Rica, el Estado alegó muchas cosas que dicen que han apoyado a esta comunidad, se habló mucha mentira de parte de Estado. La expectativa es que los magistrados que van a venir miren la realidad. Estamos en un país donde los derechos de los humanos y no digamos los derechos de los negros e indígenas son violentados todos los días. Los mayores ya van de retirada y los problemas continuarán por eso los jóvenes debemos seguir peleando. Si la corte sentencia al estado, la lucha sigue, tenemos que animarnos porque es una batalla muy fuerte”, expresó.

Recomendamos: Visita “in situ” de CorteIDH a comunidades garífunas genera grandes expectativas

El caso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 4 de abril de 2013, el caso 12.548 a la  Corte Interamericana, después de más de una década de haber sido introducida ante esa instancia una petición por varias comunidades Garífunas y la OFRANEH, ante los despojos sistemáticos y violaciones a sus derechos humanos.

Según el portal de Ofraneh: Mientras Honduras sucumbe en una espiral de violencia, el pueblo Garífuna y otros pueblos indígenas  nos encontramos  a punto de desaparecer como culturas diferenciadas, ante el desconocimiento de nuestros territorios y el irrespeto sistemático de la Consulta-Consentimiento, Previa, Libre e Informada (CPLI). “Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la elite de poder y el capital transnacional”, indicó al respecto Alfredo López, uno de los líderes comunitarios de Triunfo de la Cruz  y vice coordinador de la OFRANEH.

El caso de Triunfo de la Cruz, al igual que el caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra, forman parte de la estrategia de defensa jurídica desplegada por la OFRANEH para frenar la desterritorialización promovida por el Estado de Honduras, el cual se apresta  a subastar al capital extranjero el territorio ancestral bajo la modalidad de las  “ciudades modelo”.

“Como defensores de derechos humanos aquí hay un compendio de leyes que quedan en papel mojado. El artículo 346 de la constitución dice que el Estado tiene que dictar medidas de protección a pueblos culturalmente diferenciados, pero hacen lo contrario, nos restringen el libre acceso a la pesca, a la búsqueda de nuestro alimento con leyes secundarias. Desde 2006 a la fecha tenemos medidas cautelares en Triunfo de la Cruz, hay prohibición de celebrar contratos dentro del territorio pero no se cumple. Esas son las cosas que suceden en Honduras, por eso debemos estar en guardia para poder defender y que al final la seguridad jurídica que debe permanecer aquí. El derecho colectivo debe prevalecer”, dice López.

Triunfo de la Cruz junta 28 casos en uno y en Punta Piedra es uno solo en que los militares invadieron el territorio llevando campesinos y estos han vendido a narcotraficantes, según Alfredo López. “Primero había 14 millones para reubicar la comunidad Rio Miel pero esa plata desapareció, 10 años después se hace un avalúo a 28 millones pero ya campesinos no hay allí sino que narcotraficantes y estos no quieren vender”, explicó.

Todas las comunidades garífunas están amenazadas, son 46 en todo Honduras, viviendo en las costas especialmente en el atlántico.

Angel Castro, miembro de la comunidad asegura que “se puede exigir al Estado que cumplan las leyes pero son  mismas autoridades son los que incumplen las leyes. Queremos que los jóvenes tengan esta tierra, cuando los garífunas llegaron a Honduras 218 años atrás nadie habitaba las costas, los españoles desplazaron a los indígenas a las montañas. Los garífunas no tuvieron conflictos porque nadie vivía aquí. No vamos a permitir que nos desalojen de aquí. Tela era Triunfo de la Cruz y nos la quitaron. El mismo gobierno toma las tierras para comprometerlas y destruirnos”, cuenta.

Son alrededor de 11 mil personas las que viven en Triunfo de la Cruz y están siendo afectadas de forma que la migración hacia Estados Unidos en los últimos años también ha aumentado. La Ofraneh sostiene que es una nueva diáspora a la que se enfrenta este pueblo al ser despojado de las costas, que para el Estado y  la empresa privada solo tienen valor económico.

El primer encuentro de los magistrados de la CorteIDH se hará con miembros de la comunidad, autoridades municipales y representación del Estado en Tela, Atlántida en las antiguas instalaciones de la Tela Rail Road Company en esta ciudad.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2321-corteidh-comprueba-realidad-de-despojo-que-viven-comunidades-gar%C3%ADfunas

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Visita “in situ” de CorteIDH a comunidades garífunas genera grandes expectativas

Ago 14, 2015

Con el propósito de observar algunas de las áreas del territorio reclamado por la comunidad garífuna, El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que son objeto del litigio en los casos que se vienen ventilando en contra del Estado de Honduras,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), realizará una visita “in situ”  entre el 21 y 25 de Agosto.

“Para nosotros como pueblo garífuna es algo histórico y de gran relevancia ya que nuestra población está siendo víctima del despojo de su propia tierra”, indicó Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Hondureña (OFRANEH),  al referirse a la visita In Situ (In Situ es una expresión proveniente del vocablo latín la cual significa “En el Sitio” o “En el lugar”).

De acuerdo a Mirian Miranda, el caso del Triunfo de la Cruz, fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la elite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad.

“El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios”, indicó.

Las dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

Vea la audiencia en la CIDH:

Audiencia Pública. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Parte 1 from CorteIDH on Vimeo.

Racismo del Estado 

“Lamentamos el gran nivel de racismo con que actúa el Estado de Honduras, cuando se trata de nuestro pueblo garífuna,  recordemos  que durante las audiencias en la Corte IDH,   negaron  la condición de pueblo indígena que poseemos lo garífunas, además de sugerir que nuestro pueblo ocupó los territorios de los pueblos Tolupán y Misquito”, expresó Miranda.

Según Miriam Miranda, “los Garífunas enfrentamos una nueva expulsión impulsada por los megaproyectos turísticos y empresas extractivas, con la complicidad de los empresarios que manejan el estado fallido entronizado en Honduras”.

Mientras Honduras sucumbe en una espiral de violencia, el pueblo Garífuna y otros pueblos indígenas  nos encontramos  a punto de desaparecer como culturas diferenciadas, ante el desconocimiento de nuestros territorios y el irrespeto sistemático de la Consulta-Consentimiento, Previa, Libre e Informada.

“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital trasnacional. El caso de Triunfo de la Cruz, al igual que el caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra, forman parte de la estrategia de defensa jurídica desplegada por la OFRANEH para frenar la desterritorialización promovida por el Estado de Honduras, el cual se apresta  a subastar al capital extranjero parte de nuestro territorio ancestral bajo la modalidad de proyectos turístico o las  “ciudades modelo”, manifestó la dirigente garífuna

Con todo esto se está transgrediendo  el Artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la violación al derecho a la propiedad, estipulado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esta visita “in situ” que efectuará la Corte IDH a las comunidades Garífunas de Triunfo y Punta Piedra, se llevara a cabo en el marco de la 53 Período Extraordinario de Sesiones que la Corte celebrará del 24 al 28 de agosto de 2015 su en Honduras. Así mismo, se realizarán dos audiencias públicas sobre casos contenciosos y una audiencia privada sobre la supervisión de cumplimiento de sentencias, entre otras actividades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2305-visita-%E2%80%9Cin-situ%E2%80%9D-de-corte-interamericana-a-comunidades-gar%C3%ADfunas-genera-grandes-expectativas

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