Las rutinas nos acostumbran a los mismos movimientos, a las mismas personas y a los mismos escenarios; en la sociedad es igual, para saber su realidad es necesario acudir a los espejos y a las rutinas.
Los centros educativos son el reflejo de las sociedades, Honduras no es la excepción y la última coyuntura educativa marcada por protestas desde el 2012, diagnostica la polarización social que vive la nación centroamericana.
Al hablar de rutinas nos referimos a una agenda establecida que se cumple cotidianamente al pie de la letra. En los centros educativos de países desarrollados ese procedimiento nos muestra a diario: maestros, alumnos, aulas de clase, debate permanente, vinculación con la sociedad y críticas constructivas sobre temas de interés público y político.
Pero esto ocurre solo en algunos países, cuya cultura es tan avanzada que a miles de kilómetros de distancia con naciones del tercer mundo dibuja una disyuntiva asimétrica de atraso educativo.
Honduras no se salva de las diferencias y el espejo de la realidad junto a las rutinas lo evidencia. No es para menos, el ejemplo se encuentra en este momento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el centro de educación superior público más importante del país que alberga a más de 80 mil estudiantes a nivel nacional.
En el último mes, la UNAH vive un proceso de lucha complejo, donde la rutina se caracteriza por falta de clases, toma estudiantil, acusaciones criminales, desalojos violentos, ausencia de diálogo y radicalismos.
El punto que detonó el conflicto fue la aprobación y entrada en vigencia de nuevas Normas Académicas, reformas calificadas por las autoridades como un avance en materia de calidad educativa y que va en el marco de la Cuarta Reforma universitaria, que tiene el objetivo de generar gobernabilidad y convertir a la UNAH en un centro que responda a las características de educación internacional.
En el otro extremo del conflicto están los estudiantes, principales opositores a las reformas; los manifestantes afirman que las modificaciones responden a un plan de exclusión y privatización, además han denunciado en reiteradas ocasiones a las autoridades quienes a través de la Cuarta Reforma impulsan las iniciativas.
Las raíces del conflicto
“Este conflicto hay que verlo desde distintas perspectivas, pues la razones van más allá de la discusión educativa, acá hay un evidente acontecimiento político en marcha y en eso es necesario detenernos”, afirmó el estudiante de la carrera de Sociología de la UNAH en el Valle de Sula Ovét Córdova, quien en este momento es acusado por detentar espacios públicos por parte de las autoridades universitarias quienes a través del Ministerio Público piden la aplicación de la pena contra él y otros 74 alumnos más a nivel nacional, sanción que contempla más de cinco años de reclusión en un centro penal.
Córdova hace la afirmación basando su análisis en la última coyuntura política, pues el Golpe de Estado del 2009 abrió un nuevo proceso social y político, que además de acelerar la polarización, agudizó los conflictos sociales.
“Hay que tener en cuenta que la situación actual de la universidad es parte de una política de continuación del Golpe de Estado, que incluye la represión, privatización y ataques a los sectores más desposeídos”, expresó Córdova.
Por su parte las autoridades han repetido en distintos espacios que ellos no persiguen ningún plan privatizador y que esa es una evidencia del carácter político y no educativo del conflicto. La rectora de la universidad Julieta Castellanos ha dejado claro que cuando de poner orden se trata a nadie le gusta, y a partir de eso empiezan las acusaciones de todo tipo.
Entre las acusaciones de ambas partes se dibujan cuatro factores claves en el problema: políticas internacionales aplicadas en la educación hondureña, intervención de la clase política en asuntos educativos, la falta de democracia interna en la UNAH y la carencia de un diálogo íntegro y consensuado.
Una política internacional en la educación hondureña
“No podemos ver la situación de la educación en Honduras, sin antes echar un vistazo a la coyuntura internacional, países como Chile, Colombia, Argentina y México muestran los procesos de lucha estudiantil quienes en este momento se oponen a un proceso privatizador de la educación a través de paquetes neoliberales impulsados en primera instancia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes a cambio de financiamiento a los Estados piden la privatización de todo lo que se les cruce en el camino”, siguió comentando Córdova.
“Las Normas Académicas son un pequeño peldaño en un plan de privatización, en Chile se aumentaron las políticas de exclusión, en Colombia se reformó la Ley de Educación Superior que plantea reformas privatizadoras y en Honduras se impulsa desde el gobierno, universidades privadas y autoridades de la UNAH una nueva Ley de Educación Superior que agudiza la exclusión y entrega la administración de la educación a la empresa privada”, caracterizó Erlin Gutiérrez estudiante de Ingeniería Mecánica.
A finales del 2012, las autoridades de la UNAH iniciaron la socialización del anteproyecto de Ley de Educación Superior (LES), abriendo la polémica sobre poner la autonomía universitaria en manos de las universidades privadas y además violentando la Constitución de la República que en su artículo 160 otorga a la UNAH como única rectora de la educación superior a nivel nacional.
Sobre el tema, la rectora ha manifestado que en ningún momento la autonomía está en riesgo, tampoco la rectoría de la educación nacional, pero que es necesario impulsar una nueva LES, pues la actualidad necesita modificaciones de mejoras educativas que permitan la competencia internacional.
En la actualidad, Honduras tiene 20 centros de educación superior, 3 estatales y 14 privadas.
Durante más de diez años la UNAH vivió un ambiente sin protestas, años atrás el sindicato, los profesores organizaban jornadas por la defensa de la educación, pero estas organizaciones entraron en un proceso de degeneración, cayendo en actos de corrupción, tráfico de plazas y entre otras razones que permitieron sanciones y una política de persecución desde las autoridades.
Ese es el principal logro, que analistas en materia de educación han reconocido sobre la figura de la rectora Julieta Castellanos, a quien atribuyen la reestructuración del centro e incluso la desmovilización de organizaciones que en los momentos más agudos de lucha generaban pérdida de clases.
“La coyuntura fue muy bien aprovechada, pues las organizaciones fueron víctimas de sus desviaciones y eso permitió su destrucción y contribuyó a la aplicación de nuevas medidas que en nada le vienen bien a la universidad”, dijo un docente que aún integra el sindicato, pero que prefirió omitir su nombre por miedo a tener una sanción.
Y es que el sindicato ha denunciado en múltiples comunicados públicos que en la universidad hay una ley mordaza y quien habla contra la rectora es acusado de estar en contra de la Cuarta Reforma Universitaria.
El docente que desde su anonimato se atrevió a hablar, aseguró que en la universidad se está aplicando un plan desde la clase política, pues el objetivo es detener la oposición, instalar una dictadura y permitir que las reformas se apliquen sin que nadie se atreva a decir nada.
“Desde el Golpe de Estado a la fecha, Honduras ha vivido transformaciones, el gobierno ha destruido todo tipo de organización que le apueste a llevarle la contra, y acá se aprovecharon todos los espacios, sindicatos de empresas estatales, magisterio y el fenómeno de la universidad no es aislado”, dijo el analista político Tomás Andino en un análisis sobre el retroceso de la clase obrera en Honduras en los últimos años.
Entre avances y retrocesos
El proceso más valioso desde los análisis de la clase intelectual hondureña ha sido el proceso de Cuarta Reforma Universitaria, que entró en vigencia en febrero del 2005. Este 2016, la iniciativa cumple once años y junto a ello las autoridades tienen un conjunto de datos para presumir de su gestión.
Entre algunos datos que manejan, con la Cuarta Reforma, hasta el 2013 lograron reducir de un 39% a 17% la franja de estudiantes en riesgo académico; es decir, que reportan un índice menor de 60.
El Vicerrector de la UNAH Ajax Irías aseveró que este mejoramiento es el resultado de distintas variantes, entre ellas la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), el control docente para que impartan sus clases, la reducción del ausentismo de los alumnos y la política de estímulo académico dirigido a los estudiantes a través del sistema de becas.
“De los 69 millones de lempiras que la universidad capta en concepto de matrícula anual, en promedio el 70% se destina a beca y la aspiración es que todo ese fondo sirva precisamente para desarrollar políticas de inclusión en la UNAH a través de este sistema de estímulo”, dijo Irías.
Asimismo con la Cuarta Reforma las autoridades presumen de iniciar un proceso de inversión en infraestructura que en su mayor expresión se ha dado en Ciudad Universitaria, con la construcción de llamativos edificios.
El nuevo sistema de admisión a través de la Prueba de Aptitud Académica, a criterio de las autoridades ha permitido depurar la universidad, poner orden y límites para quienes ingresan a la universidad.
“La Cuarta Reforma debe continuar, docentes, personal administrativo y estudiantes deben acuerpar medidas que le apuestan a las transformaciones positivas”, argumentó Julieta Castellanos.
“Nosotros estamos de acuerdo con los cambios, más si son positivos, pero no compartimos los métodos y algunos contenidos de los cambios, creemos que dentro de la Cuarta Reforma hay acontecimientos que no colaboran con mejoras educativas.
Para empezar, la Prueba de Aptitud Académica no es más que una herramienta de exclusión, según nuestros conteos gracias a los datos proporcionados por las autoridades, hasta la fecha ya van más de cien mil estudiantes que no han podido ingresar a la UNAH y por ende les toca irse a una privada o no estudiar, la universidad les niega por esa vía el acceso a la educación.
Reconocemos que se han registrado mejoras en la infraestructura, pero todo está centralizado en la capital, los centros regionales son un desastre, no hay laboratorios óptimos para las carreras y tampoco se conoce una política sistemática de cambios para estos centros.
Para aplicar la reforma se instaló una dictadura y quien la critique es antireforma, eso solo evidencia la actitud dictatorial las autoridades, quienes aprovecharon la normativa para atacar a los grupos organizados dentro de la universidad y aplicar la guillotina a quienes se oponen.
Siempre estaremos a favor de reformas positivas, pero cuando estas dejan de serlo y se convierten en una alternativa de represión, persecución, exclusión y privatización, nos opondremos.
La LES, las Normas Académicas, la represión interna, la falta de democracia, la imposición de representantes ante los órganos de gobierno también son parte de la Cuarta Reforma, pero eso nadie lo dice y quienes lo vemos desde una crítica constructiva somos acusados de amenazar el proceso de reforma”, concluyó sobre el tema Ovét Córdova.
“Seguiremos adelante con la reforma universitaria, de ésta depende el avance de la máxima casa de estudios”, dijo en un medio de comunicación la rectora Castellanos.
Y fue así como el agua corrió su cauce, la Cuarta Reforma Universitaria entró en vigencia en 2005, el orden llegó a la universidad, el sindicato perdió su organización, la Asociación de Profesores también, los estudiantes fueron incapaces de movilizarse en diez años, la tranquilidad y armonía parecían por fin haber llegado a la máxima casa de estudios.
El génesis de la movilización estudiantil
Hubo un punto de partida para ocasionar la crisis que actualmente mantiene el centro sin clases por más de un mes y a 75 estudiantes a punto de ir a la cárcel.
En el fútbol existen las pruebas. Cuando un jugador llega por primera vez a un equipo, lo hace acompañado de una referencia, pero para constatar esa recomendación es necesario probarlo. Eso sucedió en la universidad, la rectora Castellanos se convirtió en el perfil perfecto para poner orden en la universidad y pasó la primera prueba: evitar manifestaciones y pérdida de clases.
“Lo mismo sucedió con el magisterio, el gobierno le apostó a Marlon Escoto, destrozó al magisterio (columna vertebral del movimiento popular durante el Golpe de Estado), lo acorraló a tal punto de sembrar miedo y aprobar normativas lesivas como lo es la Ley Fundamental de Educación y seguir con la política del FMI de exclusión y privatización”, comparó el dirigente magisterial Nestor Alemán en un análisis de la coyuntura en Radio Progreso.
Según lo que aún queda vivo del sindicato, eso es lo que ocurrió en la UNAH. Los argumentos y denuncias públicas recalcan que el gobierno de Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández como su continuador, acuerparon la gestión de Castellanos, pues les generaba confianza y orden en un espacio que por momentos se convertía en una amenaza para el gobierno.
La universidad ha sido una plataforma de lucha que se ha profundizado tanto a lo interno como a lo externo, la década de los ochenta fue testigo de ello, en medio de la Doctrina de Seguridad Nacional, se aplicó persecución a dirigentes estudiantiles a tal punto de ser torturados y asesinados, todos acusados como promotores del Socialismo que en ese momento pregonaba la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que más adelante sucumbieron ante la caída del muro de Berlín.
Junto a los ladrillos derrotados de ese muro, años ulteriores los movimientos populares entraron en una profunda derrota, de la que costó levantarse, el movimiento estudiantil no fue la excepción.
La nueva coyuntura que acabó con la paz en la máxima casa de estudios surge a partir de la lucha contra la discusión del anteproyecto de Ley de Educación Superior, desatando manifestaciones de más de tres mil estudiantes solo en el centro del Valle de Sula.
El gobierno no imaginó que era el comienzo de la crisis actual. A un año de finalizar el periodo gubernamental de Porfirio Lobo en el año 2013 Julieta Castellanos cerraba su periodo como rectora de la universidad, los resultados de su gestión fueron alabados por toda la clase política: intelectuales, iglesias, docencia, presidente y Congreso Nacional.
Fue en ese momento donde el gobierno apostó a su continuidad, el 23 de marzo del 2013 un mes antes de su tiempo en ley como rectora, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la reforma al artículo 264 de la Constitución de la República, que establece que el rector de la UNAH durará en su cargo hasta cuatro años.
La reelección se aprobó, junto a ella su posterior nombramiento a través de un proceso donde el claustro de profesores le respaldó por unanimidad, dejando a un lado la candidatura del doctor Nelson Ávila quien también aspiraba al cargo.
“Interpusimos un recurso de inconstitucionalidad, estudiantes de derecho a través de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Fae) acudimos a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por la ilegalidad, fue hasta el 2016, cuando la Corte se pronunció, declarando inadmisible la petición”, dijo Noel Barahona, abogado del movimiento estudiantil.
En su segundo periodo, el primer movimiento de Castellanos fue organizar a las universidades privadas y sentarlas a discutir la LES, la polémica abrió su primer capítulo y las acusaciones de violentar la autonomía empezaron a sonar en el imaginario colectivo estudiantil.
El segundo movimiento de las autoridades fue el nombramiento de representantes estudiantiles de forma unilateral sin un proceso de elecciones, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la UNAH.
“Nosotros no tenemos la culpa que las elecciones estudiantiles hayan fracasado, ellos nunca se pusieron de acuerdo y el Consejo Universitario (máximo órgano de gobierno de la UNAH) no podía quedar sin representación estudiantil”, dijo Ajax Irías actual vicerrector Académico.
“Ahí nos impusieron sus representantes, los directores de carrera que son promotores de la rectoría colaboraron para ello, llamaron a los estudiantes que no se involucraban en luchas y los ubicaron en los cargos de representación estudiantil, los pusieron sin consultarle a los estudiantes, por lo tanto ellos son una representación ilegal”, dijo el estudiante de Sociología Moises Cáceres en el desarrollo del Encuentro Nacional de Estudiantes Unviersitarios en septiembre del 2013 en San Pedro Sula.
Cáceres en la actualidad también es criminalizado, él junto a 74 más atraviesa un proceso de judicialización por suponerlo responsable de organizar tomas en Ciudad Universitaria.
En ese momento se consolidaron dos organizaciones dentro de la UNAH, en Ciudad Universitaria la Plataforma de Organizaciones Estudiantiles (POE) y en San Pedro Sula la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAE), ambas estructuras denunciaron en repetidas ocasiones a las autoridades en su procedimiento y también presentaron un recurso ante la Corte, acusando de violentar los artículos 8 y 17 de la Ley Orgánica de la UNAH.
“La crisis que ahora todo mundo discute fue generada por las autoridades, la Ley Orgánica es clara y nosotros lo hemos estado denunciando, pero fue imposible tener resultados bajo una dictadura administrativa en la UNAH y en el gobierno que a través de la CSJ anuló cualquier intento legal”, continuó detallando Cáceres.
Y fue bajo esos parámetros que la primera etapa del conflicto educativo tuvo vida y se evidenció el papel de la clase política en el conflicto conjugado con una carencia de democracia interna dentro de la máxima casa de estudios.
La etapa que abrió las Normas Académicas
“Queremos mejorar la calidad educativa, las Normas Académicas aplicarán modificaciones al índice de aprobación, tomara algunas medidas para las personas que abandonan clases, y también aplicaremos mejoras en los planes de estudio”, manifestaron las autoridades al momento de entrar en discusión las Normas Académicas en el Consejo Universitaro.
El Consejo contaba con representación de todos los espacios, incluyendo a los estudiantes nombrados por las autoridades, ahí se discutió y aprobó la normativa.
De inmediato la iniciativa generó polémica y rechazo del movimiento estudiantil; la segunda etapa de lucha había iniciado.
“La universidad quiere mejorar la educación vía decreto, no podemos tener esos cambios tan bruscos cuando hay precariedad en los centros regionales, los edificios ya se caen, baños en mal estado y laboratorios obsoletos”, denunció Erlin Gutiérrez.
El primer round de las Normas Académicas se dio a finales del 2014, dejó tomas de siete centros regionales y criminalización.
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La situación que atraviesa la UNAH en estos momentos es la continuación de la aprobación y aplicación de las Normas Académicas, que entraban en vigencia en este periodo, pero más allá de ese fenómeno se siente la ausencia de un diálogo sincero, íntegro y constructivo.
Hasta el momento hay un mes de inactividad académica, junto a ello dos desalojos violentos, una propuesta de dialogo infructuosa y un nuevo llamado a la conversación vigente.
“Las autoridades han tenido en sus manos solución al conflicto de la universidad, no han podido manejar la situación. En el momento de nombrar a estudiantes de dedo, pudieron dialogar, pero nunca lo hicieron, ahora es tan necesario y urgente para poner fin al conflicto”, dijo Moises Cáceres en una entrevista a Radio Progreso, durante la audiencia inicial en su contra por el Ministerio Público.
“Siempre hemos estado abiertos al diálogo, los estudiantes han tomado posturas radicales, pero nosotros los invitamos incluso cada semana en el centro del Valle de Sula a dialogar todos los miércoles para conocer los problemas cotidianos del centro”, dijo Francisco Herrera director de la universidad en el norte de Honduras en una conferencia de prensa.
“No podemos conversar si nos quieren meter presos, no podemos fingir que todo está bien cuando nos ponen una pistola en la cabeza”, dijo Marcos Rubí estudiante de Sociología antes de su audiencia inicial en los Juzgados sampedranos.
“En este momento es necesario un diálogo, pero más allá de eso se necesita un componente mediador, además que ambas partes dejen de verse como enemigos, hay que consensuar, y construir una nueva representación estudiantil, un proceso íntegro de Normas Académicas y democratizar los espacios, este puede ser el inicio a la crisis”, dijo el catedrático universitario Eugenio Sosa.
“La falta de diálogo conduce a la represión, y en este caso es lo sucedido en la universidad, apostándole a la criminalización de la protesta social, término que en este momento ha generado preocupación de la comunidad internacional”, expresó el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.
“Acusar, reprimir y desalojar es sólo echarle gasolina al fuego, es necesario conversar de forma urgente”, dijo el comisionado universitario en el Valle de Sula, Amado Mencía.
Tan agudo es el conflicto que entrar a un diálogo sin desconfianzas es casi imposible. Los estudiantes ponen algunas condicionantes para conversar: que se deroguen los procesos de criminalización, que se discutan las Normas Académicas y que se hable de la representación estudiantil.
En esta semana, las autoridades han presentado un nuevo ofrecimiento y es dialogar bajo dos condicionantes: discutir los procesos judiciales y la representación estudiantil.
“Vemos con buenos ojos la propuesta de las autoridades, nos acercaremos para decirles antes de dialogar que nos podemos sentar pero si quitan los procesos judiciales, que se incluya la discusión de las Normas Académicas y que se conforme una mesa mediadora”, dijo un integrante del Comité de Huelga que omitió su nombre por miedo a la criminalización.
“Estamos en la disposición de dialogar, ya días lo queremos hacer, ojalá que este evento sea la salida al problema”, dijo Ajax Irias durante el acercamiento del viernes en horas de la mañana del movimiento estudiantil en Tegucigalpa.
La moneda está en el aire, la crisis actual está a las puertas de un diálogo que solo podrá consumarse en la medida que ambas partes cedan un poco en sus planteamientos.
Mientras tanto, los retos dentro de la máxima casa de estudios continúan siendo: respeto a la representación estudiantil, diálogos permanentes, democratizar los espacios y construcción de normativas que beneficien a la comunidad universitaria en su conjunto; mientras esto no suceda, nuevas etapas de conflicto se presentarán en los próximos meses.
Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3016-conflicto-en-unah-tiene-ra%C3%ADces-profundas-en-procesos-de-reforma-académica
En respuesta a esa iniciativa, el Defensor del Pueblo, hizo un enérgico llamado para que, en el país, se garantice el respeto y la protección del derecho a la educación superior, y a velar por la realización pronta del diálogo académico.
Honduprensa 