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Organizaciones de DDHH nombran a nueva comisionada ante el CONAPREV

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Wilfredo Yanes se marchó

El viernes fue sepultado el cuerpo de Wilfredo Yánes, de 57 años, quien era el padre del joven Ebed Jaziel, asesinado por el ejército en 2012.

Conocimos a Wilfredo en el Cofadeh. Era un hombre de poco hablar, de aspecto serio, creía en la justicia de su dios. El profesaba un credo cristiano evangélico.

Un día llegó con mucho dolor a las oficinas del Cofadeh después de la muerte violenta de su hijo.

En esos mismos días las madres de las víctimas miskitas de Ahuas tambén reclamaban al ejército de Honduras y a la DEA por qué mataron a sus seres queridos en la Moskitia.

Aprendió a llorar como hombre, sin los mandatos del patriarcado que ordena no mostrar las emociones.

Wilfredo era un hombre fuerte, pudo ver de frente a los militares que le dispararon a su hijo. Enfrentó personalmente la denuncia pública contra ellos y empujó el juicio en los tribunales. No tuvo miedo.

Pero no bastaba actuar sin miedo, el amacijo de impunidad en Honduras demanda paciencia, contención del bómito, soportar el asco y la viva mierda del tráfico de influencias. Y todo eso daña la salud humana en este país.

La resistencia de Wilfredo, aquél hombre chele de aspecto saludable y fuerte, empezó a declinar frente a la imposibilidad de ver juzgados a los hechores y reparados sus daños por el Estado. Fue enterrado su cuerpo ayer en esta capital.

La muerte de este hombre nos recuerda la de muchas mujeres madres de personas desaparecidas, que murieron igual: llorando, entristecidas de su corazón reclamando en vano la justicia.

Pero Wil también nos dejó muchas lecciones. Una es que no basta rezar, él dejó a sus hermanos evangélicos dentro de los templos y salió a la plazas y medios de comunicación a vocear por su hijo, metió el cuerpo en los espacios públicos para exigir justicia.

Otra lección que nos hereda es que no podemos avanzar en solitario, cuando vino a buscar la experiencia de las madres de los desaparecidos había recorrido solo los caminos. Y estaba cansado. Sin estrategia de lucha. Y necesitaba una mano, dos manos, varias manos, y econtró las nuestras. Pasó a formar parte de nuestra familia.

Hoy enviamos a su familia y vecinos la certeza que Wilfredo Yánes hizo lo que el momento le demandó. Enfrentó a un sistema y lo desnudó.

En su creencia cristiana ha partido a reunirse con Ebed Jaziel en algún lugar ignoto, para acompañar a los seres que aman aquí en la tierra.

Nosotros le decismos desde aquí, don Wil: de los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.

Origen: http://defensoresenlinea.com/wilfredo-yanes-se-marcho/

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Mientras no tengamos la verdad de los desaparecidos no va a haber respeto por los derechos humanos

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Honduras: Cofadeh cuestiona la indiferencia que hay ante la investigación criminal

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/08/honduras-cofadeh-cuestiona-la.html

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Dos claves y cinco sustentos del proyecto político autoritario-dictatorial de JOH

Tegucigalpa.

La política intervencionista de Estados Unidos en Honduras y la alianza con la oligarquía local, la radicalización del modelo neoliberal, y los cinco sustentos del proyecto autoritario- dictatorial de Juan Orlando Hernández, son  los principales  generadores de violencia, deterioro e inestabilidad en un país con altos índices de desempleo y descontento social.

Así resumió la situación actual del país, el director de radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, en la edición del sábado 29 de julio del programa Voces contra el Olvido, que produce sábado a sábado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

A continuación en http://www.defensoresenlínea.com, transcribimos la entrevista radial con el padre Melo, específicamente sobre la situación política de Honduras.

VCO: ¿Padre Melo cómo ve la situación de derechos humanos en el actual régimen, específicamente los derechos civiles y políticos, qué lectura puede dar en lo que va del año?

Padre Melo:  Yo valoro que estamos avanzando en esa inestabilidad que se ratificó desde hace 7 años tras el golpe de estado hacia procesos que están orillando hacia una mayor peligrosidad para la vida de la mayor parte de las hondureñas y hondureños y también hacia la profundización de lo que podríamos llamar el colapso institucional.

Desde mi punto de vista valoramos lo que está ocurriendo en el país y que se expresa en este año 2016 como lo que podríamos llamar: La “radicalización extrema del modelo neoliberal” que se manifiesta en el extractivismo,  y políticamente en el avance hacia el autoritarismo con carácter de dictadura.

Desde mi punto de vista se puede leer lo que ocurre en el país tanto a nivel político como económico, militar y social, lo podemos leer a partir de dos claves: Una primera clave fundamental es la intervención cada vez creciente,  profunda y directa de la política de seguridad del gobierno de los Estados Unidos (EEUU) y el aval que de muy diversas maneras, el gobierno de Estados Unidos en alianza con los países europeos y los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) le están dando al gobierno que preside Juan Orlando Hernández.

Y la segunda clave para interpretar lo que está sucediendo en el país, es la decisión política pase lo que pase y venga lo que venga,  hacia la reelección que tiene carácter de continuismo; del actual señor que está en Casa Presidencial, Juan Orlando Hernández..

Esas 2 claves creo que yo, que son fundamentales para poder interpretar lo que está ocurriendo en el país y desde mi punto de vista es que de muy diversas maneras está  en la base de la inestabilidad y de la incertidumbre y de la zozobra que estamos viviendo y que estamos sufriendo en la sociedad hondureña.

 

 

 

 

 

Juan Orlando Hernández

 

Dicho de otra manera, si usted quiere hablar de que en Honduras estamos en una situación de polarización creciente, los factores que están impulsando o que están atizando el fuego de la polarización, se llama la intervención creciente y directa de la política de seguridad del gobierno de Estados Unidos y la búsqueda a cualquier costo; de la reelección y el continuismo de Juan Orlando Hernández.

¿Qué significa esto en la práctica?. En la práctica significa que estamos avanzando hacia un proyecto político, autoritario y dictatorial que tiene 5 sustentos.

El primero es el sustento oligárquico-imperial, es decir que este proyecto político autoritario y dictatorial, se basa en una alianza profunda entre los sectores oligárquicos de Honduras con las multinacionales y con el gobierno de los Estados Unidos. Dicho de una manera más sencilla, este gobierno que tenemos con carácter autoritario-dictatorial,  es el más fiel representante de los intereses de la gente más rica de Honduras, que son socios menores  de las multinacionales y del sector más imperial del gobierno de los Estados Unidos.

El sustento militarista, el sustento asistencialista-proselitista, el sustento publicitario y el sustento divino

Un segundo sustento que tiene este proyecto autoritario –dictatorial,  es lo que podemos llamar el sustento militarista. Es impensable que los neoliberales de este proyecto autoritario-dictatorial saquen adelante el propósito de las máximas ganancias y la concentración de riquezas, en un país de tantas inestabilidades, de deterioro y de violencia, sin el recurso de la fuerza; y ese recurso de la fuerza tiene que ver con la presencia cada vez más y sólida de los militares. Los militares hoy tienen tanto poder o más poder,  que aquel que tuvieron en la fatídica década de los ochenta.

El tercer sustento es el “sustento asistencialista-proselitista”, es decir la inversión de este proyecto y de los que lo sustentan,  en programas asistenciales destinados a buscar el beneficio inmediato y limosnero de muchísima gente pobre, con el fin de provocar en ellos una respuesta que se exprese en votos electorales, en adhesión a la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández.

Dicho de una manera todavía más sencilla, este tercer sustento quiere decir: La utilización de los pobres para que defiendan el proyecto de la gente más rica de Honduras. Y ahí se invierten “cantidades impresionantes, estratosféricas de dinero” con ese fin reeleccionista con el fin de tener una base social, entre la gente más empobrecida de Honduras y que a fin de cuentas; este sustento es el que hace que se utilicen programas asistenciales y se inviertan cantidades impresionantes de dinero, en sustitución de las políticas públicas; es decir que los programas asistenciales lo que buscan es dar comida para ahora, dejando “completamente intocables las condiciones y las causas provocadoras de la injusticia, la desigualdad y la violencia”.

El cuarto sustento en este proyecto autoritario-dictatorial, es el “sustento publicitario”, es el sustento mediático, es decir el control de los medios a través de la inversión en ellos de la publicidad.  Hay medios corporativos muy importantes cuyos mayores ingresos provienen de la publicidad del gobierno, lo que significa que hay un amarre de todos ellos alrededor del proyecto autoritario-dictatorial.

Y el quinto sustento es lo que yo podría llamar, y me van a disculpar y que sería “el sustento divino”, es el recurso de decir que este proyecto ha sido destinado por Dios.

Desde muy diversas maneras se dice que (Juan Orlando Hernández) desde que estaba allá chuña en un determinado sector del occidente del país; ya estaba destinado a estar en ésta situación y en este lugar donde está, o sea un recurso divino.

Estos 5 sustentos son los que configuran ese proyecto autoritario-dictatorial que de algún modo está con las 2 claves que dije anteriormente, son los que están en la base del deterioro, de  la zozobra, pero también de encaminar el país hacia situaciones que sin duda alguna pueden ser incontrolables porque son impredecibles.

Y hacer esto en un país en donde hay unos 3 millones de personas desempleadas y en donde hay situaciones extremas de descontento, creo yo que puede ser muy peligroso, apuntó el sacerdote jesuita Ismael Moreno (padre Melo), director de radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, en un fragmento de su análisis socio-político brindado al programa radial “Voces contra el Olvido”, en su edición del sábado 29 de julio de 2016 y  transmitido a través de radio Globo a nivel nacional.

Voces contra el Olvido es un programa de radio producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y se transmite por la cadena radio Globo, todos los sábados de 7:00 a 8:00 pm.

Origen: Dos claves y cinco sustentos del proyecto político autoritario-dictatorial de JOH

 

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Estudiantes recorren la ruta de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad

Estudiantes de secundaria de cuatro centros educativos de la Capital conocieron el camino escabroso recorrido por las víctimas de la desaparición forzada de la década de los años 80’s, tras recorrer la ruta de la memoria histórica que comprende más de 10 estaciones ubicadas en el centro, norte, oriente y sur del departamento de Francisco Morazán.

En la jornada que se realizó el fin de semana participaron más de 22 estudiantes de los institutos Jesús Aguilar Paz, Pineda Ponce, Normal Pedro Nufio y Técnico Nueva Suyapa, quienes se reunieron en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), lugar donde comienza el recorrido de la ruta de la memoria histórica.

Este pequeño viaje al pasado ha sido organizado por el Cofadeh desde hace varios años atrás y en esta ocasión a petición del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT) se realizó el sábado 23 de julio de 8:00 de la mañana a 4.30 de la tarde, donde se visitaron 10 lugares en el Distrito Central y uno en el municipio de Santa Ana.

Con una historia cargada de acontecimientos trascendentales, la sede del Cofadeh fue el inicio de este recorrido donde se visitaron primeramente los puntos históricos de memoria del centro de la Capital, donde se destacan la antigua sede del Poder Judicial, la Catedral, la Plaza de La Merced (conocida como Plaza de los Desaparecidos), la antigua Casa Presidencial, la sede donde funcionó la desaparecida Dirección de Investigación Nacional (DIN)  y el edificio donde funcionó por muchos años la sede del Cofadeh.

Luego se trasladó a las afueras de la ciudad, al sector de El Reventón, ubicado a unos 41 kilómetros de Tegucigalpa, sitio que fue utilizado en esa época por los agentes del Estado para ejecutar personas. Ahí se realizó una exhumación donde se encontraron cuatro osamentas, las cuales aún no han podido ser identificadas.

En la misma zona también se visitó la Casa del Terror o Casa de Amarateca, la que fue utilizada como centro de tortura y muerte, y sus predios utilizados como cementerio clandestino. Y muy cerca de ahí está El Diamante, lugar que en los 80`s funcionaba un hospital clandestino de la contra revolución nicaragüense. También sirvió como cárcel clandestina.

El recorrido finalizó en la Aldea La Joya en el municipio de Santa Ana, en el Hogar contra el Olvido, lugar que ha edificado el Cofadeh para mantener fresca la memoria y viva la esperanza.

Antes de comenzar el recorrido, en la sede del Cofadeh a los estudiantes se les dio a conocer la historia del surgimiento del Cofadeh, de como 12 familias afectadas por la desaparición de un pariente se aglutinaron para darle vida a la institución, un 30 de noviembre de 1982.

Sobre las fotografías de los desaparecidos y asesinados en la década de los 80`s, que están en la Sala de Memorias, se les explicó a los alumnos que son de distintas nacionalidades y que por eso el nombre del comité lleva en Honduras para poder representar a las víctimas que no son hondureñas, pero que estaban en nuestro territorio cuando desaparecieron por las políticas que se estaban aplicando en el país.

Durante la segunda mitad de los años 70`s y toda la década de los años 80`s, conocida también como la guerra fría, Centro América vivió una situación conflictiva por razones políticas y en ese marcó se implementó en Honduras la doctrina de seguridad nacional la que dejó más de un centenar de personas desaparecidas y muchos asesinados, que estaban involucrados en los movimientos sociales, estudiantiles y sindicales del país.

“El terror contra los derechos humanos en el país ha ido cambiando de rostro, antes era Gustavo Álvarez Martínez y posteriormente cuando lo asesinan en 1989, cambia el rostro del terror y ese rostro se llama Alexander Hernández. Sale del escenario Alexander Hernández a finales de los años 90 y entra otro rostro del terror que se llama Billy Fernando Joya Améndola, ese es el actual rostro del terror, pero no solo es el único, hay un montos de rostros y muchos nombres que permanecen en el beneficio del anonimato y con el beneficio de la impunidad”, les explicó Mery Agurcia al grupo de estudiantes.

Asimismo les explicó que la memoria histórica o la impunidad tiene tres aristas, la impunidad jurídica, en la que casi no se puede hacer nada porque depende de un juez; la impunidad histórica, con la que sí se puede hacer mucho y si esa se consolida es culpa de la sociedad por no difundirla, y la impunidad política.

“Para nosotros es de gran satisfacción que logramos conocer y apropiarnos de esa historia, una historia que le ha pasado a compañeros y compañeras que están en lo mismo que nosotros estamos”, dijo uno de los participantes.

Para Mario Zavala, quien trabaja en el CPTRT en un proyecto que involucra a los estudiantes de secundaria, es del criterio que el sistema como tal nos ha hecho creer que no hay historia y por lo tanto ese es un derecho negado y que al hacerse parte de ese derecho, al tomarlo por propia cuenta, eso permite verlo desde otra perspectiva.

“Es interesante porque los chavos se apropian de un derecho que les es negado por este mismo sistema, un sistema que te condena a olvidar a aquellas historias, y son historias que cuando se olvidan se vuelven a repetir”, enfatizó Zavala.

A los estudiantes los acompañó la profesora Aleida Lozano del instituto Técnico Nueva Suyapa, quien confesó que en la década de los ochentas su familia fue afectada por la política de Seguridad Nacional implementad en ese tiempo, cuando fue desaparecido Oscar Alexis Colindres (desaparecido en 1981), quien era el novio de una de sus hermanas.

“Mi hermana vino a estudiar Química y Farmacia aquí a Tegucigalpa y se hizo novia de Oscar Alexis Colindres y cuando eran novios él desapareció y eso nos afectó mucho porque donde vivía mi hermana los agentes represores de aquel tiempo allanaron ilegalmente la vivienda, lo que obligó a mi hermana abandonar los estudios”, explicó la profesora.

Agregó que hay un montón que no aparecen en la lista, porque un tío de ella de nombre Álvaro Rodríguez, quien era sindicalista, desapareció en esa época en San Pedro Sula y no está en la lista que el Estado reconoce en el informe “Los hechos hablan por sí mismos” que desaparecieron en el país.

Los participantes en el recorrido consideran que la pedagogía que implementa el Cofadeh permite que sea una historia que acompañe la vida de los estudiantes, que no solo se quedará con la exposición, sino se multiplicará porque esta experiencia será compartida con sus demás compañeros.

Los estudiantes que vivieron esta experiencia de conocer los puntos históricos de los crímenes de lesa humanidad, participan en los gobiernos estudiantiles de sus centros educativos y están organizados en la Federación de Estudiantes Socialistas (FES).

 

Defensores en linea

Origen: Estudiantes recorren la ruta de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad

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Asesinan a otra ambientalista y luchadora social en La Paz

Tegucigalpa.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),  Bertha Oliva, lamentó profundamente el asesinato de la ambientalista y luchadora social, Lesbia Yaneth Urquía Urquía.

En estos momentos corren riesgo los liderazgos locales en el país, porque la apuesta es muy clara y es la de atemorizar a los pueblos desde sus bases para inmovilizar a las comunidades, sostuvo la defensora de los derechos humanos.

Bertha Oliva dijo  a http://www.defensoresenlinea.com que el tema del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) es muy sensible porque asesinaron a su máxima dirigente Bertha Cáceres y luego se ha presentado este asesinato.

Creo que hay una apuesta a desmovilizar al pueblo que se levanta a reclamar y a defender derechos,  sostuvo Oliva.

“Yo estoy preocupadísima por los defensores de territorios, de las defensoras del medio ambiente, de los que hacen la defensa de la tierra en el interior del país; mi preocupación ahí radica, en esos defensores y en esas defensoras, subrayó la Coordinadora General del COFADEH.

El dirigente del Movimiento Independiente Indígena de La Paz (MILPAH), expresó que Lesbia Yaneth era una mujer muy solidaria, que colaboraba con víveres a los indígenas lencas en las reuniones que llevaban a cabo y que expresaba su rechazo a la construcción de represas en la zona.

Lesbia Yaneth era una mujer empresaria, emprendedora y luchadora social de origen lenca, era maestra de profesión, se opuso al golpe de Estado y se declaraba en contra del represamiento de los ríos.

Desde el exilio el periodista Félix Molina se refirió a Lesbia Yaneth y escribió en su cuenta de facebook: “….En 2009 y hasta 2014 exigía a Carlos Galeas que retransmitiera el programa RESISTENCIAS en Radio Marcala. Y lo logró. Un día fui a conocerla a instancias de Suyapa, Laura, Carlos y Lorena, y me hospedó en su hostal; nos invitó a comer en su casa con su familia, y ahí declaró su compromiso total con la transformación de Honduras. Aquella noche conocí a una mujer empresaria con visión de futuro, alegre y optimista, fuerte y decidida, defensora de la sierra. Un ser libre constructora de Matria cuya muerte me hiere en el fondo….” !No al represamiento de sus ríos, compita!

En un comunicado el COPINH subraya que:…”La compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López”..

Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del concesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz.

El asesinato de Lesbia Yaneth se produjo a 4 meses del crimen de Berta Cáceres

El asesinato de Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5 de julio, sostiene el comunicado.

Añade que este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH, expresa el comunicado.

“Conociendo los riesgos que implica cada día más hacer un trabajo de defensoría de derechos humanos, debemos aplicar medidas de precaución, conocer el entorno y conocer los niveles de criminalidad e impunidad, esa es la tarea”, advirtió Bertha Oliva.

El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía Urquía presentaba un trauma encéfalo craneal abierto producido por un objeto contuso cortante y fue encontrado el miércoles 6 de julio  en un lugar conocido como Mata Mulas, cerca del botadero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz.

Según la policía, Lesbia Yaneth salió de su casa en una bicicleta el martes 5 de julio alrededor de las 5:00 de la tarde y nunca regresó a su hogar.

La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta.

Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

El COPINH exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y miembras y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato del Lesbia Yaneth y de Berta Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad.

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A falta de fluido eléctrico posponen audiencia donde se ventila juicio contra 6 campesinos de Yuscarán

Defensores en linea

El Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso suspendió la audiencia estipulada para esta fecha en la que emitiría una resolución en el juicio que se ventila contra 6 campesinos de la Empresa Asociativa acusados del delito de usurpación.
A falta del servicio de  energía eléctrica en el zona,  la audiencia no se pudo realizar, y el tribunal la reprogramó para el 5  de septiembre del año en curso.

Varios miembros de la Red de Defensores y Defensoras de derechos humanos de El Paraíso, acompañaron con un plantón en las afueras de los tribunales, para demandar justicia para los campesinos procesados.

Desde el año 2012 se conformó la Red de Defensores y Defensoras de Derechos de El Paraíso como parte de un proceso de formación y acompañamiento brindado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Origen: A falta de fluido eléctrico posponen audiencia donde se ventila juicio contra 6 campesinos de Yuscarán

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Criminalización ataca a estudiantes del Sur

Hoy se libró orden de captura contra tres defensores de la Educación Pública, que participan en las protestas sociales en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) situado en la ciudad de Choluteca, al sur del país.

Las nuevas víctimas de las autoridades universitarias, el Ministerio Público y fuerzas represoras que levantan perfiles de los líderes estudiantiles son, Adonis Jordiel Álvarez Soriano, Henry Orlando Rodríguez D’Vicente y Josué Nahún Gutiérrez Yánez.

Integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), apoyados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), han dado acompañamiento como observadores a los y las estudiantes en ese centro de educación superior, con el objetivo que no se violenten los derechos de los jóvenes, en este proceso que válido como parte del Libertad de Expresión.

Allan Torres, Ethels Corea, Marlon García, Diana Ruedas y Jareth Portillo han brindado ese apoyo y solidaridad a los universitarios del Sur, quienes al igual que los demás compañeros en los diferentes centros educativos solicitan la presencia de organizaciones defensoras de DDHH, ante las rondas de policías, militares y demás agentes represores que se dedican a intimidar y levantar perfiles de los manifestantes, para luego requerirlos.

De hecho, manifiesta la REDEHSUR, tras reunirse con los estudiantes, el vocero (que por seguridad se omite el nombre), les confió que fueron visitados por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI),  lo que en vez de seguridad les provoca desconfianza.

En el CURLP, los estudiantes entregaron un documento en torno a sus demandas por una Educación Pública de calidad, a las autoridades universitarias el 23 de marzo pasado, pero hasta en eso violentan la Ley,  ya que incumplen el artículo 80 de la Constitución de la República pues no se les ha dado una pronta respuesta a su petición.

La protesta en el sur, también es porque algunos estudiantes y docentes sufren de persecución por parte de autoridades universitarias y policiales, exigen un cese a la criminalización. El 18 de junio del 2015, fue asesinado el catedrático universitario Héctor Orlando Martínez Motiño, después de terminar su jornada de clases a las nueve de la noche. Un mes antes había denunciado amenazas a muerte, y días previos le habían notificado que era beneficiario de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado de Honduras fue incapaz de protegerlo, y su muerte sigue en la impunidad.

Entre las solicitudes de los estudiantes es que haya presencia permanente de organizaciones defensoras de derechos humanos de la zona, porque no se sabe si en algún momento un juez ordene desalojo y las autoridades atenten en contra sus vidas.

El lunes anterior seis jóvenes de Comayagua también fueron requeridos judicialmente, Rusbbel Barahona Ordóñez, Óscar González Madrid, Erick Silvestre Ortez, Enrique Barahona, Cristian Maudiel Bonilla, y Darlin Almendares.

En San Pedro Sula, la notificación de parte del Ministerio Público es contra Abner Ariel Santos Cárcamo, Bryan Edil Ochoa Villanueva, Marco Tulio Rubí Callejas y  José Daniel Amaya, qquienes tienen medidas sustitutivas a la prisión entre ellas no acercarse a la UNAH-VS mientras sigan las protestas sociales y tienen audiencia inicial el 8 de julio

Y el pasado 7 de junio, fueron criminalizados judicialmente seis estudiantes en Tegucigalpa,    tres de ellos mañana jueves tienen audiencia de presentación de imputado, después de dejar sin efecto la orden tras un recurso presentado por su defensa a favor de Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Isael Alonzo.

Quedando aun con la orden de captura pendiente, los estudiantes  Josué Velásquez, Sergio Ulloa y Dayanara Castillo, que desde hace un año se fue del país por la misma persecución.

En el caso de los criminalizados en Tegucigalpa, cuatro de ellos tienen un proceso pendiente desde julio del 2015, por lo que son re victimizados acusándolos del mismo delito, y sin comprobar su presencia y en la Universidad hace dos semanas.

Según la orden judicial, todos son considerados responsables de Usurpación de un Derecho Real (detención de suelo o espacio de uso o dominio público propiedad del Estado)- en la UNAH, el cual tiene una pena de dos a cinco años de prisión.

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COFADEH: Sistema penal de Honduras es utilizado para criminalizar la protesta social

Tegucigalpa.-El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Plataforma Agraria, denunciaron este miércoles que el sistema penal hondureño está siendo utilizado para criminalizar la protesta social. Los organismos hicieron la denuncia enmarcados en el caso de 24 campesinos del Bajo Aguán (22 hombres y 2 mujeres),  que sin fundamento fueron acusados […]

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Sistema Judicial no pudo comprobar delitos contra campesinos en protesta social

Tegucigalpa.

Acusados de manifestación ilícita en su condición de meros espectadores, un grupo de 25 campesinos y campesinas pasaron los últimos cuatro años con medidas sustitutivas a la prisión, para que el día de hoy, un tribunal de la Corte Suprema de Justicia, y el mismo Ministerio Público (MP) afirmara que no existen pruebas suficientes de su culpabilidad.

“La prueba no fue suficiente” para declararlos culpables, dictaminó el Tribunal de la Sala III de Juicios Orales y Públicos compuesto por Telma Cantarero, Janeth Padgeth y Edgar Lanza, quienes deliberaron los durante dos días en esta audiencia.

“Se absuelve a todas las personas por los delitos imputados, y se revocan las medidas sustitutivas impuestas de ir a firmar cada semana a los juzgados asignados según su domicilio y la prohibición de salir del país”.

Seguidamente se les dio una carta de libertad absolutoria, la cual es provisional hasta que se les notifique la sentencia firme el 14 de junio próximo.

El MP pidió la absolución definitiva contra los 18 criminalizados que se presentaron al juicio, quieren 17 fueron representados por  el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y uno por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

Ellos viven en diferentes parte del valle del Aguán, costa norte de Honduras, y el 20 de agosto del 2012 se movilizaron a Tegucigalpa para lograr exponer su problemática de tierras, porque habían ganado un fallo que los reconocía como propietarios de los predios de las empresa  campesinas San Isidro, Trinidad y Despertar.

Ese día los recibió la sala de lo Civil, quienes propendieron que al día siguiente serían escuchados por Jorge Avilés, presidente del poder Judicial, pero lo que encontraron fue los portones cerrados y muchos policías custodiando el edificio.

Los y las campesinas, al venir a Tegucigalpa a buscar ser escuchados, lo que encontramos es represión, manifestó Yony Rivas, dirigente campesino que está criminalizado en este caso.

El costo para cada uno de nosotros es aproximadamente de noventa mil lempiras (us $ 4,500.00), ya que pasamos 194 semanas yendo a los juzgados a firmar, eso implica pagar transporte, alimentación y de paso no trabajar ese día, además de la estigmatización de no poder ni siquiera de buscar trabajo porque se nos ensucia nuestra hoja de antecedentes penales, expresó Rivas.

Hay una especie de alegría por el triunfo alcanzado, pero la justicia no es completa, sino se investiga el por qué se originó esta criminalización, ya ese día hubo golpes, maltratos, exposición mediática, y después de eso, perdimos a uno de los que nos representaba en la lucha, el abogado Antonio Trejo Cabrera, y ya no lo recuperaremos, asegura el grupo.

Carlos Padilla recuerda los golpes, insultos y demás agresiones de aquel brutal desalojo ejecutado por policías preventivos y cobras el 21 de agosto del 2012, muchos policías se le tiraron encima y lo dejaron de golpear cuando se acercaron algunos medios de comunicación.

José Enrique Flores, iba caminando por la calle del boulevar Suyapa, donde había una toma pacifica de campesinos, y en eso los policías sin mediar palabras lo capturaron junto a los y las campesinas.

Entre el grupo había una mujer embarazada, María Josefa López, quien fue escoltada por unos 25 uniformados hasta donde estaban los demás, quienes fueron tratados sin ninguna diferencia y a todos incluso a su abogado los señalaron como agresores, revictimizándolos ya que ellos solo venían a buscar justicia.

A la campesina, le golpearon el ovario izquierdo, por lo que después del parto, quedó sangrado, y con la necesidad de usar pañal desechable, “tenía mi ovario podrido, y en agosto del 2015, me lo quitaron, esos daños nadie los ve desde el Sistema Judicial, porque yo que soy la víctima, más bien me criminalizan”, manifestó López.

Cabe señalar, que después del fallo firme en la tenencia de sus tierras, fueron desalojados nuevamente, por lo que la justicia no es completa, sino al servicio del poder económico, manipulando la sentencia de la CSJ con respecto al caso que les llevaba Trejo cabrera.

Finalmente se demostró que no había delito alguno, por lo que los testigos y pruebas no eran contundentes, por lo tanto la Fiscalía y el Tribunal, aplicaron la justicia, aunque nos se puede obviar la criminalización de la protesta social como derecho humano, manifestó Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH.

Por parte de la Fiscalía, se presentaron unos policías a testificar, quienes narraron que fueron llamados como apoyo porque había una toma de carretera, y los implementos que llevaban eran toletes, escudos y bombas lacrimógenas, pero, aclararon que son los policías Cobras los que atacan. También declararon que ellos no detuvieron a nadie, por lo que tampoco identificaron a los y las procesadas.

La orden era desalojar, además en una manifestación se agarra a quien esté allí, dijo sin más fundamentos uno de los testigos. La intención es criminalizar la protesta social, sembrar miedo de parte de la población cuando se encuentran con policías, queda una secuela de temor, pero la lucha es de todos y todas, y adonde vaya un compañero vamos todos, comenta el grupo de campesinos sobreseídos de los casos de manifestación ilícita en su condición de meros espectadores y daños en perjuicio del Estado de Honduras, en agosto del 2012.

El mundo está pendiente de los y las defensoras de DDHH en Honduras

La criminalización de la protesta social es un hecho que marca fuertemente en Honduras, y se comenta a nivel internacional, ya que uno se pregunta ¿Qué sucede en el sistema judicial hondureño? Expresó Liliana Ávila, enviada como observadora de parte de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la cual son miembros el COFADEH y el CIPRODEH.

Además de la criminalización de la protesta social está un hecho de estigmatización por la apariencia de las personas, pues en el grupo había vendedores ambulantes que por calzar botas, les dijeron que eran campesinos que están con el grupo del Movimiento Autentico Reinvindicador del Aguán (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

En estas criminalizaciones hay un patrón que se repite en varios hechos contra defensores y defensoras de derechos humanos, por ejemplo la captura y posterior asesinato del abogado Tejo Cabrera, y vemos patrones de denuncias y asesinato de la compañera defensora de derechos indígenas Berta Cáceres.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  expresa que la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades.

Y en un reciente informe sobre CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de DDHH.

La Comisión ha observado que los procesos de criminalización por lo general inician mediante la interposición de denuncias infundadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o que no cumplen con los estándares interamericanos, por lo tanto es importante que los Estados reconozcan el papel que cumplen los y las defensoras de DDHH.

Además recomienda que se debe instruir a las autoridades gubernamentales desde el más alto nivel se generen espacios de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos para recibir su retroalimentación con respecto a las políticas existentes y la afectación de dichas políticas en su trabajo, así como sobre vacíos legislativos.

Y que los Estados Americanos deben velar por que los tipos penales en su legislación estén formulados de manera conforme con el principio de legalidad.

Descriminalizar la difamación y promover la modificación de la leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre todos los asuntos de interés público.

Hay que considerar que, ante una denuncia, si el acusado tiene la calidad de defensor o defensora de ddhh, así como el contexto de los hechos, lo cual permitiría identificar si la denuncia fue empleada como un mecanismo para obstaculizar la labor de los y las defensoras, entre otros.

El grupo de los criminalizados son Josefa López, María Luísa Lara,  Bueso, Elvin Pérez, Miguel Reyes, Fredy Elvir, Nelson Pérez, Lázaro Bejarano, Carlos Ulloa, Elvin García, Vitalino Álvarez, Orlin Coello, Yony Rivas, Narciso Pérez, Jari Aguilar, Santos Munguía, Orlando Bueso, Manuel Díaz, Carlos Ramón Navarro, Daniel Santos y Marvin Leonel Acosta, presentando por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y José Flores, cuyo caso lo lleva el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), pero siete de ellos no se presentaron.

Un Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán otorgó este martes sobreseimiento definitivo a favor de 17 campesinos y campesinas del Aguán que fueron judicializados el 21 de agosto de 2012, tras ser detenido durante un violento desalojos en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, cuando participaban en una manifestación pacífica en ese poder del estado, exigiendo se respetara el fallo que había emitido un tribunal del país a favor de las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro, donde les otorgaba las tierras que poseían en ese momento.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4159:sistema-judicial-no-pudo-comprobar-delitos-contra-campesinos-en-protesta-social&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Honduras: ¡Defensores del Bajo Aguan declarados inocentes!

Paris–Ginebra–Tegucigalpa, 8 de junio de 2016

El día de ayer, concluida la audiencia de juzgamiento de los defensores judicializados, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia anunció el sentido de su fallo y determinó que los campesinos serían declarados inocentes al no encontrarse acreditada su responsabilidad en los delitos de manifestaciones ilícitas y daños a la propiedad en perjuicio del estado de Honduras, delitos por los que fueron acusados y llevados a juicio.
El Observatorio para la protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), envió una Misión de Observación Judicial con el objetivo de presenciar el juicio oral y público. El Observatorio agradece y felicita a las organizaciones miembro de la FIDH en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, por el trabajo de defensa y acompañamiento realizado en este caso[1].

“Por lo observado en el proceso, eran evidentes desde sus inicios las violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. El tipo penal en el que se basaron los cargos propuestos contra los campesinos era abierto, ambiguo e indeterminado”, señaló la abogada Liliana Avila, observadora enviada por el Observatorio.

En la audiencia, el mismo fiscal solicitó la absolución de los procesados al considerar que, del acervo probatorio recogido en el proceso, no existía información que vinculara a cada uno de los campesinos procesados con los cargos por los que fueron procesados.

“La judicialización de estos campesinos es uno de los tantos casos en Honduras, y lamentablemente en toda la región de América Latina[2], en los que se refleja el uso indebido del proceso penal para criminalizar la protesta social y la defensa de derechos humanos y de la tierra” señala el Observatorio.

abogada Liliana Avila, observadora enviada por el Observatorio para la protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT)

 

 

 

 

Las criminalización de estas personas no debió haber ocurrido. Han perdido más de 3 años de sus recursos y energía para defenderse, y durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su libertad individual. Además, preocupa el grave y perjudicial mensaje intimidatorio que se envía a los defensores y aquellos que se valen del derecho a la protesta pacífica para reivindicar sus derechos.

El Observatorio insta al poder judicial de Honduras a no ser cómplice de la indebida criminalización a defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión en el seno de su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad entre las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos.

El proceso penal se inició el pasado 21 de agosto de 2012 después de que 24 campesinos, entre ellos, líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y ciudadanos que transitaban por el lugar fueran reprimidos, detenidos y procesados luego de hacer parte de una manifestación ante la Corte Suprema de Justicia. En el grupo de detenidos se encontraba el abogado Antonio Tejos, representante judicial de las comunidades del Aguan en sus reclamos por la reivindicación de sus tierras y quien, un mes después fue asesinado en hechos que aún permanecen en la impunidad.

El detalle de lo observado en este juicio y del caso, formará parte del Informe del Observatorio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, que se publicará en los próximos meses.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4158:honduras-idefensores-del-bajo-aguan-declarados-inocentes&catid=71:def&Itemid=166

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Honduras: Tribunal otorga sobreseimiento provisional a campesinos del Bajo Aguán // En Juicio Oral y Público, testigos recuerdan el brutal ataque de policías contra campesinos en el 2012

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/06/honduras-tribunal-otorga-sobreseimiento.html

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Bertha Oliva diserta el tema “defendiendo nuestros derechos” en Instituto Departamental de Oriente

Tegucigalpa.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),  Bertha Oliva fue invitada para exponer sobre el tema “Defendiendo nuestros Derechos “por parte del departamento de Letras del Instituto Departamental de Oriente con sede en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.

El evento que se desarrolló el sábado 4 de junio reunió a más de mil 400 personas , con la participación en su gran mayoría de padres y madres de familia, maestros y maestras.

Luego de varias participaciones artísticas, le tocó el turno para disertar a la coordinadora general del COFADEH,  Bertha Oliva quien señaló que cuando se habla del trabajo de los derechos humanos, es porque existen instrumentos internacionales de protección.

Y esos instrumentos señalan los derechos que tienen las mujeres, los derechos que tienen los niños y niñas, los derechos que tienen los pueblos, todo eso es un compendio de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales que estamos obligadas a conocerlas, expuso Oliva.

La Coordinadora General del COFADEH les dijo a los padres y madres de familia que pensar que la conducción de nuestros hijos y de nuestras hijas se las vamos a otorgar a una unidad militar para que sean ellos los que se encarguen de transformarlos, es una equivocación.

“No debemos alegrarnos porque en nuestro país, cada vez  florecen y aparecen más militares y tanquetas en las calles, no debemos alegrarnos porque hay programas encaminados a instruir a los niños, niñas y a las juventudes de cómo tener buenas costumbres en los batallones militares. Como tampoco debemos alegrarnos cuando estamos intervenidos por fuerzas militares que no son nuestras, cuando estamos intervenidos por la presencia de organizaciones internacionales como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para ayudarnos a combatir la corrupción”, sostuvo Oliva.

Añadió que no debemos alegrarnos cuando en nuestro país hay una Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la cual en Latinoamérica solo hay en 3 naciones que cuentan con esta oficina.

“No debemos alegrarnos cuando cada vez más se posiciona la Cruz Roja Internacional en nuestro país, esos no son buenos síntomas, eso es intervención, eso es que algo anda mal en Honduras; por eso es necesario que reflexionemos en qué hemos fallado como padres, como maestros, como vecinos”, expuso la defensora de derechos humanos.

Denuncian una serie de irregularidades en el Instituto Departamental de Oriente

Al término de la actividad, http://www.defensoresenlinea.com conoció de denuncias e inquietudes que resaltaron los padres y madres de familia con una serie de disposiciones dictadas por la Junta Interventora que gobierna dicha institución desde el año pasado.

Madres de familia se quejaron que tienen que asistir obligatoriamente a las sesiones de padres de familia so pena de que sus hijos e hijas,  pierdan el cupo para estudiar en el colegio para el próximo período de clases.

Una de las madres que acudió procedente de una aldea remota de Danlí, buscó sin suerte a uno de los profesores coordinadores de la sesión,  para que le firmara una nota en la que se hace constar su asistencia. Otras mujeres dijeron que necesitaban esas firmas para hacer constar en sus trabajos, que en realidad asistieron a la reunión.

Otra madre dijo que quería saber cuándo se entregaría el carnet para su hijo, en vista que hace varios meses pagó 50 lempiras por este documento y hasta la fecha no lo ha visto.

Se escucharon otras voces pidiendo que la Junta Interventora,  rinda cuentas de los fondos que recauda el Instituto Departamental de Oriente a través de matrícula, laboratorios, carnets y otros servicios.

Por su parte varios maestros expresaron que un tubo de aguas negras se dañó  y ha inundado la cancha de fútbol que se ubica atrás del gimnasio donde se realizó la actividad, lo que expone la salud de 5 mil estudiantes que acuden a las jornadas matutina, vespertina y nocturna.

Otras madres denunciaron la presencia de efectivos militares que se pasean dentro del colegio y una más señaló que tiene que viajar desde Tegucigalpa para asistir a las asambleas de padres y madres de familia.

Todas estas quejas  se expusieron en las afueras del gimnasio del instituto y se palpó el temor que tienen  los padres y madres de familia para expresarlos libremente ante los medios de comunicación locales y nacionales, temor que proviene por  las directrices emanadas por las autoridades de la Secretaría de Educación.

En resumen http://www.defensoresenlinea.com tomó nota de estas denuncias que muestran la zozobra que desde la Secretaría de Educación se ha implantado en la comunidad de padres y madres de familia del Instituto Departamental de Oriente y que van desde la militarización del instituto hasta la epidemia que podría desatarse de no atender las tuberías dañadas de “aguas negras” que ponen en peligro la salud de la población estudiantil.

Estos aspectos deben ser tomados muy en cuenta por la Junta Interventora del instituto Departamental de Oriente y por las autoridades superiores de la Secretaría de Educación.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4151:bertha-oliva-diserta-el-tema-defendiendo-nuestros-derechos-en-instituto-departamental-de-oriente&catid=71:def&Itemid=166

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Vuelve con un semblante lleno de esperanza

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Origen: Vuelve con un semblante lleno de esperanza

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Exponen galería de fotos y documental de víctimas del Bajo Aguán

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A los y las periodistas de Honduras, muchas Gracias

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Periodistas hondureños exigen al MP investigue el asesinato de 63 compañeros

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Origen: Periodistas hondureños exigen al MP investigue el asesinato de 63 compañeros

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Defensores de Zacate Grande son remitidos al presidio de Nacaome

Por falta de dinero para movilizarse desde Playa Blanca a la Isla del Tigre para firmar el libro de control de asistencia de los Juzgados de Amapala, y por buscar llevar alimentos a sus casas cuidando vehículos que llegan en Semana Santa a Zacate Grande, Abel Pérez y Santos Hernández fueron remitidos a la prisión de Nacaome tras no cumplir con la medidas cautelares impuestas en agosto del 2015, por defender y hacer uso de las tierras que les han pertenecido desde generaciones anteriores.

Hoy a las 3:00 p.m. en los Juzgados de Amapala, estaban citados Abel Pérez y Santos Hernández, dos de tres acusados por usurpación, amenazas y daños en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva, en abril del año pasado. En este momento son llevados por custodios policiales al centro penal de Nacaome, como lo indicó la jueza, el pasado martes.

Tras la suspensión en cinco ocasiones de la audiencia de Revisión de Medidas, por motivos diversos, al fin se realizó el martes 17 de mayo, donde la parte acusadora presentó dos testigos que afirmaron ver a Abel y Santos chapeando (cortando) el monte de los supuestos predios de Cassis.

Y al revisar el libro del Juzgado, ellos han faltado en varias ocasiones, porque viajar a la Isla del Tigre es un presupuesto  individual de unos 300 lempiras, tomando en cuenta que deben comer algo, y previendo que un jornal es de 100 lempiras, explicó uno de los pobladores de la península, quien los acompañaba en la audiencia.

La zona sur, donde se ubica la Península de Zacate Grande, es de las regiones más empobrecidas en Honduras, el cual está indicado entre los países más desiguales de Latinoamérica y ésta la región más pobre del planeta, por lo que la justicia desigual también se confabula con los que por siglos han vivido de lo que siembran y pescan, y ahora por imposición de los poderosos corren el riesgo de perder hasta su libertad.

La Jueza Iris Amanda Hernández, dictó prisión preventiva por incumplimiento de Medidas, además desestimó que el COFADEH fuera garante de la libertad condicional, pese a que la defensa manifestó que los acusados no han tenido, ni tienen la intención de fugarse, ya que siempre se han presentado a las citas.

Abel Pérez es miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país, REDEHSUR, que forma y acompaña el COFADEH, desde hace cuatro años, es comunicador social de radio comunitaria La Voz de Zacate Grande e integra la  Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande. Y en julio del año pasado fue parte del grupo en huelga de hambre exigiendo una Comisión Internacional contra la Corrupción en Impunidad en Honduras, CICIH.

Ante la decisión de la jueza, la defensa representada por Denia Castillo, interpuso un recurso de Reposición, el cual no fue aceptado, dando paso al recurso de Apelación, el que debe ser presentado a más tardar mañana viernes.

Otro de los imputados es Santos Tomás García, quien ha cumplido con mucho esfuerzo, destacó, las medidas impuestas por la jueza.

Los tres imputados se dedican a labores de pesca y agricultura, actividades que realizan en la comunidad de Playa Blanca, donde han habitado por generaciones, y hace unos treinta años han tenido que enfrentarse no solo a los terratenientes sino a los jueces que no comprenden el sacrificio que deben hacer los acusados por usurpación, sabiendo que son los fundadores de la Península de Zacate Grande,  denunció Pedro Canales, presidente de ADEPZA.

Miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país, REDEHSUR, y de la, ADEPZA, así como el COFADEH, permanecemos en constante acompañamiento a estos defensores de la tierra, procurando que la Ley se aplique de manera justa.

En esa misma situación de Tomás, Abel y Santos, hay 31 pobladores más que desde hace más de siete años están acusados de usurpación por parte de personas que quieren tener las tierras sin asentamientos humanos para venderlas a inversionistas extranjeros interesados en la construcción de la Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, ZEDE.

Los terratenientes con el poder e influencias, van a Catastro Municipal, sonde a cambio de dinero les dan una clave y presentan documentación que los nombra dueños, denuncian pobladores de la Península. En este caso, Cassis aparece con escrituras de dudoso origen,  ya que no aparece como dueño sólo de los predios en litigio, sino que de toda la comunidad de Playa Blanca.

Ellos están acostumbrados a amenazar e intimidar a las familias, Cassis quien es un hombre rico,  amenazó en Semana Santa del año antepasado a las familias de la comunidad, asimismo vemos los pobres defendiendo a los ricos, pues compran a los testigos, que son los mismos vecinos y a veces hasta familia, denunció el líder campesino, quien está procesado por defender la tierra que ha habitado desde que nación y donde vivían sus padres y abuelos.

Cassis quiere despojar a más de la mitad de la comunidad de Playa Blanca y evitar la salida de Puerto Sierra a la playa o a San Lorenzo y Tegucigalpa, es tanta la sinvergüenzada, opresión y humillación a la que nos tienen sometidos, por lo que los habitantes que desconocen sus derechos terminan creyendo lo que los terratenientes dicen, afirmó Canales, quien acompaña de cerca el proceso.

Seguimos sufriendo las consecuencias del poder y la falta de independencia de los Jueces, quienes en su mayoría actúan contra los pobres y favorecen a los ricos, nuestros derechos humanos se violentan al extremo de privarnos de libertad, como sucedió con Juan Ángel Velásquez que en 2013 fue encarcelado por falsas acusaciones.

La ADEPZA denunció que “parte del interés de apoderase de nuestras tierras y playas es porque el gobierno de la República está promoviendo  la construcción de una Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “Ciudad Modelo” en Amapala, y por eso otras personas como la familia Facussé, Gutiérrez,  Nasser, Juan Orlando Hernández y Jorge Cassis,  están adquiriendo propiedades, y en ocasiones desalojando a sus habitantes, para impulsar ese negocio. Para el caso la familia Malespín ha regresado a Zacate Grande, aduciendo que  la fallecida Carmen Malespín, aún tiene propiedades a su sombre, pese a que en los 80 y 90 vendió hasta las playas que por ley le pertenecen al Estado”.

Y mientras se procesa a los habitantes de Zacate Grande, en Amapala por caminar por sus tierras y por no tener dinero para pagar el viaje en lancha desde Coyolito a Isla del Tigre, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y sus amigos se movilizaban en helicóptero de tierra firme a las playas de Amapala, comentó Canales, quien denuncia la imparcialidad de la justicia hondureña.

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4122:defensores-de-zacate-grande-son-remitidos-al-presidio-de-nacaome-&catid=71:def&Itemid=166

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Denuncian desalojo en Tutule

Este es el escenario que se aprecia después del violento desalojo en la empresa campesina 9 de Julio, de San Pedro de Tutule, La Paz, donde militares, policías y custodios penintenciarios irrumpieron a las 6:00 am el pasado jueves, quemando diez viviendas y destruyendo todo a su paso.

Dos jóvenes resultaron heridos por balas y dos mujeres detenidas, pero al no presentárseles acusaciones, puestas en libertad horas después.

Procuradoras de DDHH del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, fueron a documentar los hechos, así mismo observadores internacionales de DDHH acompañaron el momento en que la CNTC de la cual es miembro el grupo campesino del pueblo Lenca, interpuso una denuncia contra los agresores.

Los hechos inhumanos se dieron en el marco que una delegación internacional de observadores de DDHH de más de 12 países de Europa y América acompañados por el COFADEH, realizaban un gira en La Esperanza y el Bajo Aguán, y que en una de sus conclusiones es que la situación en DDHH en los últimos años, sigue igual o peor, sin que el Estado haga algo por respetarlos.

El pasado 11 de mayo el grupo campesino 9 de julio, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) fue desalojado violentamente de sus tierras, por miembros de la Policía Nacional y el Ejército.

Este grupo campesino está ubicado en el municipio de Tutule en el departamento de La Paz, tiene siete años de estar en el proceso de recuperación de esas tierras.

Durante el desalojo llegaron al menos 12 patrullas de la Policía Nacional y 80 efectivos del Ejército con maquinaria y con órdenes de destruir todo lo que la empresa tenía, Casas y cultivos.

Más de 50 manzanas de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares que hay en cada casa están siendo destruidos totalmente, sin que nadie pueda hacer nada contra el poder que tiene este supuesto dueño de nombre Carlos Arriaga.

El contingente policial y militar destruyo las casas de más de 50 socios de esta empresa campesina.

“Arriaga es apoyado por las autoridades políticas y militares del gobierno en turno y especialmente de las autoridades de la Paz. Las tierras que ocupa la empresa campesina son de naturaleza jurídica ejidal totalmente comprobado por las diferentes inspecciones de campo realizada, la empresa ocupa la tierra por muchos años por tal razón son los verdaderos y únicos dueños, no de este tipo que pretende adueñarse de ellas ya que es familia del alcalde de Tutule Wil Guevara, a quien hemos denunciado en varias ocasiones ya que es un violador de los derechos de los campesinos e indígenas del municipio de Tutule y alrededores” denuncio el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

El desalojo tuvo como consecuencia dos campesinos heridos de bala,” Johnny Alfredo Mejía Torres, Secretario General de la base campesina 9 de Julio y Edwin Murillo, quienes se encuentran fuera de peligro, y Delma Calix y Dania Isabel Reyes Calix quienes fueron detenidas, ellas ya liberadas.

“Esta mañana llegamos a los Juzgados de La Paz, para interponer la denuncia en contra de los policías y militares y el supuesto terrateniente que desalojaron a los compañeros de la empresa campesina 9 de julio” dijo Franklin Almendares, secretario general de la CNTC.

“Las compañeras que fueron detenidas, cuentan como fueron maltratadas sicológicamente por los policías, nos comentaron que sienten temor porque pueden ser perseguidas por parte de los órganos represores de este departamento” argumento Almendares.

Origen: Denuncian desalojo en Tutule

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Misión Internacional de Observación de DDHH denuncia que continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios

La Misión Internacional de Observación de DDHH, conformada por delegados y delegadas de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica, convocada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras –COFADEH- en su visita a La Esperanza y el Valle de El Aguan, del 6 a al 12 de mayo de 2016, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

1.    El asesinato de Berta Cáceres Flores ha afectado no solamente a su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas –COPINH-, sino al pueblo hondureño y  la humanidad en su conjunto, por la trascendencia de su lucha en la defensa de los bienes comunes, los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, de las mujeres, de los derechos humanos y por su resistencia pacífica.

2.    Consideramos que el asesinato de Berta Cáceres Flores es un crimen político, del cual el Estado es responsable, no solamente porque se ha vinculado a un oficial del Ejército hondureño, sino porque estaba obligado a proteger su vida e integridad física.

3.    La misión valora la identificación y procesamiento de cinco personas que serían parte del gran entramado que se desarrolló para asesinarla, sin embargo, compartimos el llamado de la familia de constituir una Comisión Internacional de Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, autónoma del Estado hondureño que contribuya a la investigación  y la sanción efectiva de todos los autores materiales e intelectuales del crimen, incluyendo los actores con intereses económicos.

4.    La misión condena la represión ejercida contra manifestantes del COPINH que fueron atacados por la policía el día 9 de mayo en Tegucigalpa, exige la inmediata liberación de las personas detenidas y llama al Gobierno a evitar cualquier forma de criminalización de la protesta social.

Por otra parte en el Bajo Aguán la misión ha constatado:

5.    Se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinato en contra de los líderes y lideresas, de personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán, así como de dirigentes comunitarios que protegen el agua, los ríos y el medio ambiente, que están siendo amenazados por proyectos extractivistas.

6.    Continua la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra, la defensa de los territorios, y de los derechos humanos, mientras la impunidad prevalece en más de 150 asesinatos perpetrados en la región desde el golpe de Estado, siendo la masacre del Tumbador un caso emblemático.  Las amenazas sistemáticas, el desplazamiento forzado, las torturas, el exilio, los desalojos forzados, los despojos y difamación permanecen en la impunidad.

7.    En esta persecución cada vez más selectiva participan fuerzas de seguridad privada y escuadrones de la muerte, que estarían amparados por el Estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de los poderes económicos regionales.

8.    El conflicto agrario que tiene su raíz en la Ley de Modernización del Sector Agrícola de 1992, además de no resolverse con los acuerdos relativos a la compra de tierras firmados en el 2010, actualmente se ha agudizado por la falta de voluntad política, la vinculación y connivencia del estamento militar, la policía, los terratenientes, las corporaciones internacionales, los narcotraficantes y sectores políticos de Honduras.

9.    Según los testimonios obtenidos, la Hoja de Ruta para buscar una solución al conflicto agrario propuesta por el Banco Mundial no cuenta con los mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas.

La misión hace las siguientes recomendaciones:

–    La Fiscalía debe asegurar la investigación de los crímenes cometidos como premisa fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

–    El gobierno de Honduras debe asegurar que se cumplan los acuerdos relativos para garantizar el acceso a la tierra de las organizaciones campesinas.

–    El gobierno de Honduras debe proteger y no estigmatizar a quienes ven su integridad amenazada por defender sus derechos.

–    Es obligación del Estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo efecto deberán destinarse las medidas y los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del Estado con las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos.

–    Crear mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas en cuanto a los proyectos que se implementan en su territorios.

–    Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que esté vigilante ante la situación que enfrentan el pueblo hondureño y en particular las personas que defienden los derechos humanos, y mas concretamente las comunidades  campesinas del Aguan, que sufren constantes amenazas y hostigamientos por las fuerzas de seguridad del estado.

Tocoa, 10 de mayo de 2016.

Versión en inglés

The International Human Rights Observation Mission made up of delegates from Europe, the United States and Latin America, convened by the Committee of Families of the Disappeared Detainees in Honduras – COFADEH – regarding its visit to La Esperanza and the Aguan Valley from May 6-12th, 2016, communicates the following to the international and national community.

1.    The assassination of Berta Cáceres Flores has affected not only her family and the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations (COPINH) but also the Honduran people and humanity in its totality, because of the transcendent nature of her struggle in defense of the common good, the rights of the indigenous peoples and their territories, of women, human rights and her non-violent resistance.

2.    We consider the assassination of Berta Cáceres Flores to be a political crime for which the State is responsible, not only because an official from the Honduran Army has been linked to the crime but because the state was obligated to protect her life and physical integrity.

3.    The Mission values the identification and arrests of five people who were part of the larger scheme that was developed in order to assassinate her, however we hare the call by the family for the creation of an International Investigative Commission of the Inter-American Human Rights Commission, autonomous from the Honduran State that would contribute to the investigation and effective sanctioning of all of the material and intellectual authors of the crime, including those with economic interests. involved.

4.    The Mission condemns the repression against the protests by COPINH that were attacked by the police on May 9th in Tegucigalpa, we demand the immediate liberation of those detained and call on the Government to avoid any form of criminalization of social protest.

Regarding the Lower Aguan Valley, the Mission declares:

•    Threats, attacks and assassination attempts continue against the leaders and defenders of human rights in the Aguan, as well as against community leaders defending water, the rivers and the environment that are all threatened by the extractive projects.

•    The criminalization of persons leading the struggle for access to land, defense of the territories and human rights continues, meanwhile impunity is prevalent in more than 150 assassinations perpetrated in the region since the coup d’etat, an emblematic case being that of the Tumbador massacre. The systematic threats, forced displacement, tortures, exile, forced evictions, seizures of property, and defamation remain in impunity.

•    In this ever more selective persecution there is participation by private security forces and death squads that are sheltered by the State which has militarized the region with the patronage and approval of the regional economic powers.

•    The agraria conflict, that has its roots in the 1992 Law for  Modernization of the Agricultural Sector, has not only not been resolved with the agreements related to the purchase of lands which were signed in 2010 but has now deepened by the lack of political will and the ties and relationship between the military, police, big land owners, international corporations, narcotics traffickers and political sectors in Honduras.

•    According to the testimonies received, the “Hoja de Ruta” plan by the World Bank to seek a solution to the agrarian conflict does not have the mechanisms for participative consultations with the campesino organizations.

The Mission makes the following recommendations

•    The Prosecutors’ office must ensure the investigation of crimes committed as a fundamental premise for the guarantee of the right to truth, justice and reparations for the victims.

•    The government of Honduras must ensure compliance with the agreements regarding the guarantee of access to land for the campesino organizations.

•    The government of Honduras must protect and not stigmatize those who see that they are threatened for defending their rights.

•    It is the obligation of the State to guarantee the strict fulfillment of the protective measures mandated by the Inter-american Commission of Human Rights, designating the needed resources and measures, given that not to do so would suppose the responsibility and connivance of the State with the multiple and serious violations of human rights.

•    Create mechanisms for participative consultations with the campesino organizes regarding projects that are to be implemented in their territories.

•    We call on the international community to be vigilant in the face of the situation that confronts the Honduran people and in particular people who defend human rights, and more precisely the campesino communities in the Aguan that suffer constant threats and harassment by the security forces of the state.

Tocoa, May 10, 2016

Origen: Misión Internacional de Observación de DDHH denuncia que continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios

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Sobre el caso Félix Antonio Molina

“Estoy mejorando, el proceso de sanación de mis heridas está en manos seguras y ya estoy con ganas de seguir trabajando”, nos confía el periodista Félix Antonio Molina.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en coordinación con la Representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH-ONU), la Embajada de la Unión Europea (UE) en Tegucigalpa, y miembros del espacio de Agencias de Cooperación Internacional (ACI), tratamos de cerca este caso para auxiliar al periodista.

Luego de la extensión anteayer de la Certificación del  Alta médica por la administración del Hospital Escuela, se tomó la decisión de asistir al comunicador ubicándole en un lugar seguro para su integridad física y emocional, con limitación de visitas y exposición mediática.

Desde el momento del primer y segundo ataque el 2 de mayo hasta la fecha hemos acompañado las acciones de salvaguarda de la salud, integridad física y seguridad del periodista, junto a otras organizaciones locales e internacionales preocupadas por el caso.

Las organizaciones del sistema interamericano y mundial de derechos humanos, y las organizaciones locales, estamos a la espera de conocer las gestiones del Ministerio Público que abrió expediente del hecho en la Fiscalía de Delitos Comunes, Fiscalía Especial de Investigación de Muertes de Periodistas y realizó Evaluación Forense en la Sala de Emergencia del Hospital Escuela.

Suscribimos la preocupación expresada ayer por el periodista Molina en el sentido que se observa un aumento de acciones de violencia paralelas al Estado, la incapacidad de éste para disuadirlas o erradicarlas, y la vulnerabilidad suya como sobreviviente en un país impune que no muestra acciones ejemplarizantes contra los financiadores y planificadores intelectuales de la violencia.

Según el relato personal de la víctima a este Comité, uno de sus atacantes la noche del lunes 2 de mayo, antes de dispararle le previno que “esta vez no te vas a escapar hijueputa”, lo que supone una acción de seguimiento tras el fracaso del primer intento de ataque en el semáforo del hotel Clarión al mediodía. A priori la policía ha reportado que en esa zona opera un grupo delincuencial con antecedentes de robo  y homicidios, que habría causado el doble ataque.

Hasta este momento el periodista Molina no ha conjeturado sobre la probable causa ni las motivaciones del hecho del cual es sobreviviente, pero este Comité no descarta que la falta de consenso dentro de la Policía Nacional respecto a su depuración y reestructuración sea un detonante de la ola de violencia actual que afecta a toda la ciudadanía, cruzando mensajes entre grupos confrontados.

En este recrudecimiento de la inseguridad y la violencia estamos viendo desasosiego en los colegios públicos, cierre de empresas de transporte público, supermercados, medianas empresas y desde luego en los barrios, colonias y calles de las principales ciudades del país.

Por tanto, el COFADEH hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca la situación que enfrenta la nación hondureña, que vive en un estado que es  incapaz de brindar seguridad a la ciudadanía, con alarmantes niveles de impunidad y donde los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan a condiciones cada vez de  mayor riesgo para realizar su trabajo.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
6 de mayo 2016

 

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4098:sobre-el-caso-felix-antonio-molina&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Cofadeh se pronuncia sobre ataque a Félix Molina

Institución brinda protección al comunicador tras sobrevivir a atentado

Teguciglpa, Honduras

El periodista Félix Molina, quien se recupera de un doble atentado contra su vida, relató que uno de los atacantes le advirtió que “esta vez no te vas a escapar hijuepu…” al momento del ataque.

Ese fragmento quedó plasmado en un pronunciamiento difundido el viernes en la noche por el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quienes acompañaron al comunicador durante su convalecencia

Molina había solicitado el acompañamiento de Bertha Oliva, presidenta del Cofadeh, luego de ser ingresado al Hospital Escuela Universitario (HEU) tras recibir heridas de bala en ambas piernas.

Molina manifestó que el proceso de sanación camina con éxito.

El pasado 2 de mayo el comunicador fue blanco de ataque mientras se conducía en un taxi a inmediaciones de un hotel cercano en donde horas antes había escapado de un intento de asalto.

Cofadeh informó que el periodista, director de la Asociación Alternativas en Comunicación (Alter-Eco), fue trasladado a un lugar seguro para su protección.

Aunque no se han ofrecido las causas del delito, el organismo dijo que “no descarta que la falta de consenso dentro de la Policía Nacional respecto a su depuración y reestructuración sea un detonante de la ola de violencia actual que afecta a toda la ciudadanía”.

A continuación, la publicación de Facebook en la que consta la declaración del Cofadeh.

Origen: Cofadeh se pronuncia sobre ataque a Félix Molina

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Presentan ante la CIDH la situación de derechos humanos del Bajo Aguán, en Honduras

Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.
Publicación: 06.Abril.2016

Washington D.C., 6 de abril de 2016.- Ayer se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras del Bajo Aguán, en Honduras. Varias organizaciones expusieron datos y casos sobre el conflicto que se vive en la zona.

Entre los peticionarios en la audiencia, se encontraba Berta Zúniga Cáceres, hija de la activista y lideresa lenca asesinada, Berta Cáceres.

“A más de un mes de su ausencia”, dijo “el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como adyuvantes del proceso”.

La sala se levantó para dar un aplauso en honor de su madre y a continuación, Berta hizo entrega de un clavel a la delegación del Estado de Honduras como símbolo de su búsqueda de justicia.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron que la situación de defensores y defensoras de derechos humanos se ha agravado en el Bajo Aguán, en el último tiempo. Los delitos de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes defienden su territorio, acumulan nuevas cifras.

Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.

Las organizaciones representantes de los movimientos del Bajo Aguán pidieron que se brinde una respuesta institucional acorde a la situación de riesgo que enfrentan los y las activistas de la zona;  que se cree un protocolo de investigación sobre delitos contra defensores y defensoras, y que se cree una defensoría pública en la zona que apoye a los campesinos y campesinas criminalizadas.

“Para que la gente vuelva a confiar en las instituciones el Estado debe llevar a cabo investigaciones efectivas dirigidas a desactivar el riesgo que viven los defensores y las defensoras en Honduras así como resolver las causas estructurales que generan esta conflictividad”, apuntó Marcia Aguiluz, directora del programa de Centroamérica y México de CEJIL.

Por su parte, Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH manifestó que hay una indefensión general en Honduras y que “por más que puedan reglamentar una ley de defensores y defensoras de derechos humanos, si no existe voluntad política de parte del Estado para implementarla, de nada sirve”.

https://cejil.org/es/presentan-cidh-situacion-derechos-humanos-del-bajo-aguan-honduras-1

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En un acto místico COFADEH honra la memoria de mártires del golpe de Estado

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó un  acto místico en honor a los mártires y a las mártires del golpe de Estado de 2009, en el marco de la celebración del IV aniversario de fundación del partido Libertad y refundación (LIBRE).

Al acto se hicieron presentes el coordinador general de LIBRE; el ex presidente Manuel Zelaya (depuesto mediante un golpe de estado político-militar-empresarial el 28 de junio de 2009), diputados y diputadas del partido LIBRE, líderes, lideres y activistas políticos, así como defensores y defensoras de derechos humanos.

A cada nombre pronunciado los asistentes corearon: …”presente….presente….! y cuando se leyó el nombre de Berta Cáceres los asistentes estallaron en un prolongado aplauso como ofrenda y reconocimiento a la lucha emprendida por la dirigenta indígena lenca Berta Cáceres, quien se enfrentó al poder económico y político en defensa de los bienes comunes de los territorios lencas.

Olivia Marcela Zúniga (hija de Berta Cáceres) dijo que “nosotras ahora víctimas de este estado de muerte que impulsa la represión, la criminalización, la persecución, los asesinatos frente al poder trasnacional estamos emprendiendo una lucha para exigir justicia para nuestra madre”.

Vamos a exigir justicia para Berta Cáceres hasta el último instante de nuestras vidas, como familia nos sentimos muy acompañados de este pueblo y creemos que la sangre de Berta Cáceres convoca a este pueblo a la articulación, a la unidad de todos los sectores y los partidos no son la excepción, expuso la hija mayor de la lideresa indígena Berta Cáceres asesinada el 3 de marzo de este año.

“Yo los invito compañeros y compañeras a sumarse, Berta Cáceres nos convoca a la unidad, a la articulación y nos convoca la sangre de nuestros mártires a redoblar la lucha, a redoblar los esfuerzos, a redoblar la militancia desde cada quien, desde su trinchera; nosotros agradecemos ese acompañamiento, pero vamos a seguir luchando contra la impunidad porque no es posible que en este país se siga derramando sangre y que eso quede en completa impunidad”, demandó Olivia  Marcela Zúniga.

Exigimos el esclarecimiento de ese crimen horroroso, exigimos un alto a la impunidad, sostuvo.

Este 17 y 18 de marzo, “Berta Cáceres la revolucionaria les hace un llamado a las calles compañeros y compañeras, tenemos que redoblar  la lucha, porque la represión se agudiza, allá en Río Chiquito desalojaron a 150 familias organizadas en el COPINH, allá en el MUCA se encarceló a uno de sus líderes que posteriormente fue liberado, luego un sobrino de Rafael Alegría fue tiroteado, entonces nosotros tenemos que tener un plan de acción, una agenda común como movimiento social y como partido y debemos liberar las batallas desde nuestras trincheras y reivindicaremos la memoria de nuestra madre Berta Cáceres”.

En su discurso el ex presidente Manuel Zelaya dijo que LIBRE es la respuesta pacífica y democrática que demanda Honduras frente al modelo económico depredador del capitalismo salvaje que privatiza todo nuestro territorio, nuestros ríos, nuestros bosques y todos los anhelos históricos de justicia social de nuestro pueblo.

En este día elevamos más fuerte nuestra voz de protesta, por los altos niveles de violencia e impunidad, corrupción y pobreza en los que se debate nuestro pueblo, dijo Zelaya.

“No a la privatización del agua y nuestras empresas públicas. No a la devaluación de la moneda y la precarización del trabajo. No a los crímenes contra los defensores de los derechos humanos, al sicariato y los escuadrones de la muerte que masacran todos los días a nuestros jóvenes”, expresó el ex gobernante.
¡Berta Cáceres vive, Isi Obed vive, Wendy  Avila vive, Roger Bados vive, Emmo Sdloo vive, Margarita Murillo vive y nunca morirán, porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos!, expresó Manuel Zelaya.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3999:en-un-acto-mistico-cofadeh-honra-la-memoria-de-martires-del-golpe-de-estado&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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