Archivos para 31 May 2013

Plataforma Agraria denuncia desalojos arbitrarios en contra de campesinos del MARCA

La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán comunican al pueblo Hondureño y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1- Que con los fallos  arbitrarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), queda demostrado que los terratenientes compran conciencia para despojar a las y los campesinos de sus tierras.
2- Ante esta situación las organizaciones campesinas del Valle del Aguán nos declaramos en alerta permanente ante las determinaciones de desalojar a campesinos y campesinas que ocupan tierras  mediante un fallo firme, emitido por un juzgado de letras de Trujillo y la Corte de apelaciones de Francisco Morazán.
3- Responsabilizamos al Gobierno de Honduras de cualquier ola de violencia que pueda darse en contra de las y los campesinos de las cooperativas El Despertar, La Trinidad y La San Isidro afiliadas al MARCA, por los aparatos represivos ya que estos son los que generan terror en la zona, en confabulación con los grupos armados liderados por los terratenientes.
4- Condenamos las estrategias de criminalización de la lucha por el acceso a la tierra por el coronel Germán Alfaro Escalante al desarrollar actividades de represión, desalojo en contra de campesinos y campesinas que luchamos por  la tierra en días no hábiles.
5- Pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que se investigue el origen del conflicto agrario, a través de un ente internacional para que de recomendaciones al Gobierno de Honduras para que se termine el derramamiento de sangre y la crisis agraria y alimentaria que vive nuestro país.

6- Hacemos el llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos a  que se mantengan vigilantes ante cualquier hecho que pueda suscitarse en los próximos días en contras de los campesinos que se encuentran ocupando estas tierras.

http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/plataforma-agraria-denuncia

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Persecución sistemática y ataques contra miembros de LIBRE

Tegucigalpa.

Vivo de milagro, Rolando Espinoza, Coordinador de Comunicación del Partido Libertad y Refundación, LIBRE llegó al COFADEH a denunciar que lo siguen constantemente con carros sin placas desde donde desconocidos le han disparado por lo que teme por su vida.

Espinoza está incorporado al Frente Nacional de Resistencia Popular desde el golpe de Estado y al partido LIBRE desde su formación.

Las cosas se le pusieron más  difíciles a Espinoza desde el 14 de mayo anterior cuando policías se introdujeron al patio de su casa con la intención de llevarse su motocicleta, la solidaridad de sus vecinos evitó que concretaran esta acción ilegal.

Preocupado por esta acción ilegal se fue a interponer la denuncia ante el  Subcomisionado de Policía Mendoza Matute, quien le aseguró que iba a tomar cartas en el asunto, después el afectado relató los hechos ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, allí le manifestaron que lo llamarían para que identificara a los responsables, sin embargo, carros sospechosos, sin placas y con vidrios polarizados,  circularon constantemente cerca de su casa.

Las acciones han ido de manera sistemática, ese día 14 de mayo,  uno de los agentes cerrajeó su arma para intimidarlo.

“El 15 de mayo me presenté a la jefatura policial y hablé con un inspector de policía y dijo que iba a tomar acciones, me fui a la DNIC y denuncié el hecho, me dijeron que me iban a llamar para que identificara, pero no me llamaron y lo extraño es que iniciaron a pasar carros extraños cerca de mi casa, sin placas, por eso me vine a denunciar estos hechos al COFADEH”.

E 19 de mayo a eso de las 12 del mediodía regresó a Olancho después que diera su testimonio ante el COFADEH y esta organización interpusiera  la denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, a eso de las seis de la tarde se  fue a una reunión de coordinación del partido LIBRE  y  a eso de las ocho de la noche salió de allí en su moto, pero unos minutos después la misma camioneta que ha andado sospechosa rodeando su casa, inició una tenaz persecución contra él.

“Me crucé por una calle en contravía, me pasé el semáforo en rojo y tomé la ruta hacia el sur, y la camioneta seguía persiguiéndome, cuando crucé el cementerio y estaban a corta distancia, me hicieron varios disparos, pero no me detuve, entré a la casa y me encerré. La camioneta es blanca, marca frontier, vidrios polarizados, sin placas”, describió.

Aunque la denuncia fue interpuesta hace dos semanas, la Fiscalía de Derechos Humanos no ha hecho ninguna acción para proteger la vida de este joven.

Represión acordada

Ese mismo 14 de mayo de 2013 Juan Ramón Flores, candidato a diputado por departamento de Comayagua del partido LIBRE El coordinador de campaña departamental y diputado por el
partido Libertad y Refundación (LIBRE), Juan Ramón Flores denunció  que está siendo objeto
de amenazas a muerte y aseguró que detrás de todo esto podrían estar adversarios políticos y
grupos represores que actúan a espaldas del control estatal.

Flores expuso que luego del golpe de estado ha sido víctima de una persecución continúa por su militancia en el partido LIBRE y en la resistencia nacional y detalló que la persecución ha vuelto a arreciar en su contra con la displicencia de las autoridades gubernamentales.

Más de 15 miembros de LIBRE han sido asesinados desde el año pasado, otros  tienen amenazas graves contra su vida y hasta allanamientos ilegales a sus viviendas, donde participaron agentes armados del Estado encapuchados y fuertemente armados.

El Partido LIBRE fue inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, TSE, en mayo del año pasado, como resultado del Acuerdo de Cartagena firmado el 22 de mayo del año 2011 entre  el presidente del actual régimen Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, quien hasta ese momento desde el golpe de Estado se mantenía en el exilio.

En su inciso número seis dicho acuerdo reza que:  “6. Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones. En este contexto y con total respeto de los procedimientos y atribuciones legales, encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la inscripción del Frente Nacional de Resistencia Popular en un ambiente de cooperación y transparencia”.

Pero para el bipartidismo este partido aparenta ser una piedra en el zapato, aparte de las acciones arriba apuntadas, el discurso pro bipartidismo apunta a una polarización profundizada en la medida que las elecciones generales de noviembre de este año.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2628:persecucion-sistematica-y-ataques-contra-miembros-de-libre&catid=54:den&Itemid=171

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2012 repunta en violación a libertad de expresión y prensa en Honduras

Tegucigalpa.

Según informe hondureño de Libertad de Expresión, presentado esta mañana en Tegucigalpa, el año pasado dejó un saldo de nueve asesinatos de periodistas y comunicadores sociales y 139 agresiones, atentados, secuestros, intimidaciones, agresiones, interrupciones al momento de informar en determinado tema.

Mientras que en 2011 hubo cuatro asesinatos, entre ellos el de la primera mujer periodista, Luz Marina Paz (6 de diciembre) convirtiendo en la un décimo octava, en los últimos diez años. Y se emitió 106 alertas por violación a la libertad de expresión.

Es así que el año 2012 refleja una creciente violación a libertad de expresión y prensa en Honduras, por lo que el Comité por la Libre de Expresión, C- Libre, su informe anual ¿Libertad de Expresión? 2012 Basta.

“Basta”, significa no más agresión, bastar a represión, no más asesinato a periodistas ni comunicadores sociales de Honduras, explicó a defensoresenlinea.com, el director ejecutivo de C-Libre, Héctor Longino Becerra.

Según informes mundiales Honduras, México y Brasil son los tres países a nivel mundial donde más violación a la libertad de expresión existe.

Becerra lamenta que esos informes “nos pone en evidencia que vinimos en un Estado que no respeta garantía a la libertad de expresión los derechos humanos”.

Hay que comparar que Honduras es inferior al número de habitantes de los otros países, por lo que la situación es grave, y donde más se irrespeta la libertad de expresión.

Frank La Rue, relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, en un foro realizado en el año 2011, recalcó la fuerte preocupación de esa instancia por el excesivo silencio vinculado a la violación de los derechos humanos en el país.

“Parece una connivencia basada en el silencio o un silencio forzado por la intimidación. Y si a este silencio le agregamos 16 periodistas y más de 40 líderes sociales asesinados, la situación se vuelve muy crítica”, afirmó ante un auditorio muy atento. Así lo informó el periodista Giorgio Trucchi, corresponsal Internacional de  la Rel-UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines).

Diana Canales

Trucchi, también figura en este informe, sobre ¿Libertad de Expresión? 2012, quien denuncio que un grupo de 20 periodistas de prensa internacional fueron intimidados por militares que hacían sonar el cerrojo de sus armas, cuando se dirigían a cubrir el Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras, instalado en la zona del Aguan, Tocoa, Colon.

Según este informe, la mayoría de violaciones viene del mismo Estado, por ejemplo de militares como es notable en la zona del bajo Aguán, donde inclusive una periodista fue secuestrada (Karla Zelaya, comunicadora del MUCA), producto del clima de inseguridad por el conflicto agrario en esa zona, donde más de 100 campesinos han perdido la vida a manos de hombres armados, entre ellos guardias de seguridad privada, policías y militares.

También reporta violación a la libertad de parte de funcionarios públicos.

Según el informe, en 2012 se registró un caso particular y es el del periodista Luis Ortiz, de canal 36, donde un miembro de la Iglesia Católica violentó la libertad de presa, ahí se utilizó el poder para que el juicio quedara en secretividad y la opinión pública no conociera las argucias que se utilizan el Poder Judicial para favorecer a los grandes poderes en Honduras.

“Basta”, también refleja el hecho en que autoridades armadas entraron a Radio Progreso, cuando un grupo de campesinos denunciaban violaciones en el Bajo Aguan.

Defensa ilusoria y sectaria de la Libertad de Expresión

De acuerdo a la exposición de la periodista Diana Canales, analista del Informe, la defensa de la libertad de expresión en Honduras es ilusoria y sectaria.

Es ilusoria porque el régimen de Porfirio Lobo Sosa ha hacho compromisos internacionales en espacios como el Examen Periódico Universal, EPU, además de la construcción de parapetos para dar la impresión que se están tomando medidas de protección a la libertad de expresión, pero en la práctica es todo lo contrario pues hay una incidencia mensual de ataques de un 11.33 por ciento, o sea un caso y fracción cada dos días.

Canales cuestionó la falta de seriedad del régimen que hace compromisos con la comunidad internacional y no los cumple lo que deja en evidencia que la libertad de expresión no es un derecho importante para el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que ha mantenido un ambiente muy tenso con la prensa en algunos momentos.

Los periodistas están en el centro de las agresiones, los ataques son sicofísicos, pero han adquirido relevancia las acciones legales, siendo la capital del país donde más agresiones se presentan, con la intención de bloquear críticas a gobierno central y municipal, así como a la entidad policial, las iglesias, proyectos empresariales y otros grupos poderosos que se han extendido con el golpe de Estado.

Relató que han cambiado las formas de agresión, en el 2011 eran las palizas policiales en manifestaciones populares, pero el año pasado fue más sutil la estrategia para callar a los comunicadores sociales, en un claro intento de contener la información para que no se divulgue.

La respuesta de parte de Lobo Sosa ha sido ignorar las agresiones, amenizar con propietarios de medios y después verse apartado y confrontado por estos.

Las  acciones contra la libertad de expresión se recrudecieron contra medios críticos al golpe de Estado como los comunitarios  que tienen apertura a diversas expresiones comunicaciones de resistencia popular.

C-Libre, registra la denuncia y con la aprobación de la persona afectada, emitimos una alerta internacional, que permite que se activen otros mecanismos y organizaciones de defensa de derechos humanos y que en determinado momento brinda ayuda para proteger a periodistas en riesgo.

Hay algunos detenidos, pero los juicios están estancados, se presume que ellos podrían ser los autores materiales,  sin embargo jamás vamos a conocer quiénes son los autores intelectuales, porque es un sistema cómplice de este tipo de crímenes.

En cuanto a que hay más de 30 asesinatos a periodistas, se ve la parcialidad de parte de la autoridad investigativa y de justicia en Honduras, donde se juzga a aquellos que no tienen poder y se investiga exhaustivamente con celeridad aquellos casos en donde existe un vínculo de amistad o que la persona pertenecía a un circulo político económico de poder en el país.

Esta es una acción discriminatoria contra el resto de la ciudadanía hondureña, donde constitucionalmente tenemos los mismos derechos, y donde se supone que no hay grupos privilegiados tanto en materia judicial económica y social.

Mientras que en estos cinco meses del año 2013 ya lleva 19 alertas de violación, por lo que alabamos y celebramos que no hay ningún asesinato de periodista ni comunicador social en Honduras y ese es el Basta que estamos esperando, manifestaron miembros del C-LIBRE.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2629:2012-repunta-en-violacion-a-libertad-de-expresion-y-prensa-en-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Interventora del MP espera que el Congreso los convoque para presentar informe

Tegucigalpa – La Comisión Interventora del Ministerio Público que lleva 43 días en funciones, esperan la convocatoria por parte del Congreso Nacional para brindar el informe preliminar acerca de los hallazgos sobre presuntas irregularidades en la Fiscalía hondureña.

La integrante de la Comisión Interventora, Miriam Guzmán, dijo que tenían previsto hacer público un informe para el pasado 21 de mayo, sin embargo esperan que el Poder Legislativo le haga la convocatoria respectiva.

 “Estamos a la espera que el Congreso nos dé la fecha y estamos listos con el informe”, reiteró Guzmán.
 En tanto, manifestó que de momento no hay más destituciones en el MP como ha trascendido en algunos medios. “Para nada hay destituciones, en lo absoluto… los únicos cambios que ha habido es la dirección y subdirección de fiscales, en los que se nombró a Roberto Ramírez Aldana y Loany Alvarado… a parte de ellos a nadie”, concluyó.
 A 17 días para que termine la vigencia de la Interventora del MP, aún quedan muchas tareas pendientes. Apenas se conocen mediáticamente, entre sus determinaciones, el despido de 90 empleados de bajo rango, el nombramiento de algunos cargos del cuerpo fiscal y últimamente la estructuración de una unidad de protección para 60 fiscales que estarían en peligro.

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Súper ministro Corrales advierte que resultados de pruebas de confianza no se harán públicos.

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, declaró este viernes que los resultados de las pruebas de confianza practicados a la cúpula policial, no se harán públicos.

– Los resultados de las polémicas pruebas de confianza no se conocerán públicamente dejó claro el súper ministro Corrales.

 Corrales señaló que la mejor prueba de confianza son los resultados y que estos se han podido ver en la Secretaría de Seguridad. “Lo que no voy a hacer es dárselos a la prensa”, dijo en referencia a los instrumentos de confianza que se le aplicaron recientemente a la escala superior de la Policía Nacional.
 El pasado lunes 6 de mayo, se iniciaron el proceso de aplicación de las pruebas de confianza a 51 miembros de la más alta escala jerárquica de la Carrera Policial.
 Corrales agregó que aspira a profesionalizar lo que acontece en el país y debido a ello la información fluye mediante comunicados de prensa.
 “En este momento es vía comunicados y no he encontrado una ley que me diga que las conferencias de prensa son la única forma para dar información”, argumentó.
 El súper ministro, como se le llama a Corrales por ser además Comisionado Nacional de Defensa y Seguridad, reiteró que “no hay tal ley mordaza, hacemos comunicados diarios y transmitimos la información de fondo en una forma ordenada”.
 En tanto, refirió que el esfuerzo que hace el religioso Rómulo Emiliani, en el tema de la tregua de pandilla, hay que aplaudirlo, al tiempo que agregó que “hay que ser precavidos y hay que estar atentos porque no hay antecedentes sobre este asunto”.

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Corrales se le revela a la Embajada de EEUU

El secretario de Seguridad, Arturo Corrales, y la Embajada de Estados Unidos se disputan el control  de información sobre las pruebas de confianza que le practican a los policías.

Corrales, considerado “el niño bonito” de la Embajada norteamericana, se ha revelado contra esa legación diplomática y ha dejado de “pasarle” información obtenida con el polígrafo. De manera contundente, Joaquín Mejía, miembro de la Comisión multinacional de seguimiento al proceso de reforma del sector justicia y seguridad, expuso lo anterior ayer en San Pedro Sula durante el foro “Análisis crítico ante la situación actual del sistema de justicia”.

La comisión multinacional, organismo integrado por expertos extranjeros y un nacional (Mejía), recientemente visitó Tegucigalpa para  recabar información sobre el proceso de depuración policial y el desempeño de las instituciones del sector justicia.

“Corrales es el niño bonito de la embajada gringa, pero no le pasa información”, dijo Mejía. “La embajada está molesta por eso”. Desde el punto de vista de Mejía, por un lado es correcto que Corrales no le entregue los datos a la embajada norteamericana, pero, por otro, es una actitud negativa porque intenta controlar la información.

Antes de que Corrales asumiera el cargo de secretario de Seguridad, la Embajada de Estados Unidos era la entidad que le entregaba los resultados de las prueba de confianza a la  Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

Sin embargo, según Mejía, la Embajada norteamericana solamente le daba información escueta: “Este sí, este no”, les decía, sin proveer destalles. A criterio de este experto, “es terrible” de igual manera que “la Embajada de Estados Unidos se quede con toda la información y ejerza “una fuerte influencia” en asuntos internos del país. Ahora, con esa acción, Corrales demuestra “que no necesita el dinero de la Embajada de Estados Unidos porque tiene dinero ordinario y de la tasa de seguridad”, explicó.

Bajo la dirección de Corrales, alrededor de 150 efectivos se han sometido a pruebas de confianza y “no sabemos que va a pasar con la información”. Mejía ofreció un informe en el Hotel Sula en el foro organizado por la Coalición Contra la Impunidad en el cual participan organizaciones como la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

En ese foro participó además, como expositora, Rubenia Galeano, presidenta de la AJD, quien afirmó que “las instituciones han colapsado y no responden a la crisis”.

40 policías colombianos están trabajando en el proceso de reforma de la Policía Nacional.

LA CRSP ES UN FRACASO
La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), entidad creada para garantizar la depuración policial, “es totalmente un fracaso”. Según Joaquín Mejía, la Comisión multinacional de seguimiento al proceso de reforma del sector justicia y seguridad, considera que la CRSP ha fracasado porque sólo se ha dedicado a proponer leyes.

Mejía manifestó que la CRSP, por medio de un consultor, presentó 7 anteproyectos y el “Congreso ha agarrado pedacitos de esas leyes”.

http://www.tiempo.hn/portada/noticias/corrales-se-le-revela-a-la-embajada-de-eeuu

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En Honduras “existe una alianza diabólica entre pandillas y el crimen organizado”: ministro de Defensa

Tegucigalpa – En Honduras los niveles de violencia se han incrementado en los últimos días, aceptó hoy el ministro de Defensa, Marlon Pascua, quien atribuyó el fenómeno a la respuesta del crimen frente a la llamada “operación Libertad que es efectuada por militares para poner un alto a la criminalidad en este país.

Argumentó que “tenemos una guerra abierta” entre los miembros de pandillas a nivel nacional, sumado a las bandas delincuenciales que operan en la ciudad de Comayagüela y algunas muertes son la reacción en contra de la población, por la presión que se ejerce a través de los operativos”.

En relación a las acciones de violencia cruda, que deja constantes hallazgos de cuerpos desmembrados, Pascua dijo que se ha identificado que “existe alianza diabólica entre padillas y el crimen organizado” está dejando esta situación sanguinaria en Honduras.

A juicio del número uno de Defensa, a través del operativo Libertad se han logrado reducir los índices de homicidios de abril a mayo en un 26 por ciento en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El funcionario dijo que el bloque de llamadas de telefonía móvil desde las cárceles hondureñas no es un hecho que se ha concretado en su totalidad ya que las ganancias y los intereses impiden que la medida funcione plenamente. Dijo que que existe un ultimátum para los operadores de celulares pues tienen dirigidas sus antenas a esa zona y facilitan las extorsiones, en entrevista ofrecida a la cadena radial HRN y que Proceso Digital ofrece íntegra a sus lectores

La presencia de los militares, el hecho de que los uniformados estén en las calles ¿ha contribuido mucho a aligerar esta pesada cruz de la violencia en el país?

La situación que se ha venido presentando con respecto a los homicidios tanto en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagüela en este caso nosotros hemos mantenido ya más de un mes de operaciones en la Operación Libertad en la cual se ha logrado reducir los índices de homicidios.

En los últimos días si hemos tenido un incremento en la actividad delictiva producto de las operaciones que nosotros hemos venido realizando, en este caso si es necesario decirle al pueblo hondureño que comparando el mes de abril con el de mayo podemos comparar que se ha reducido en un 26 por ciento los homicidios en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sumadas las dos ciudades.

Las operaciones que nosotros realizamos son en apoyo a la Policía Nacional y hemos organizado un estado interinstitucional el cual está representado por ambas instituciones que han logrado realizar un excelente grupo de trabajo, con un gran compromiso por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, lo que estamos teniendo en este momento es una respuesta a las capturas que se han llevado a cabo en los últimos días, los mismos medios de comunicación han cubierto los operativos de allanamiento y saturación que estamos realizando en las principales ciudades del país y han dado resultados positivos, se ha logrado capturar una gran cantidad de personas que están vinculadas con diferentes delitos como ser: asaltos, violaciones, extorsiones y homicidios.

Pero tenemos un gran problema en este momento y es que tenemos una guerra abierta entre los miembros de pandillas y también sin tomar en consideración el problema que estamos teniendo con los miembros de pandillas que operan en los mercados que son los Chirisos y que también en respuesta a las capturas que hemos venido realizando en los últimos días y ante la presencia masiva de los militares en ese lugar prácticamente hemos limpiado la zona, es lo que nos ha generado una respuesta por parte de ellos y es lo que estamos viendo, hemos visto muertos, personas desmembradas que eso es un mensaje, lo que ha sucedido ayer por la noche donde granadas fueron encontradas en negocios de comidas rápidas como un anuncio o amenaza a la autoridad por la desesperación en la que se están encontrando estas personas ante las operaciones que llevamos a cabo, nosotros ya sabíamos que íbamos a tener una respuesta de parte de estas bandas, porque esto ha sucedido en otros países como Colombia y México que una vez que las autoridades empezaron a tomar medidas ante estos grupos, ellos también empezaron a dar respuesta y eso es lo que estamos viendo en este momento, respuestas de estos grupos por las actividades realizadas por los entes de seguridad, pero eso no nos va a parar todo lo contrario, es un compromiso que tenemos que seguir en esta lucha porque no podemos permitir que un grupo pequeño de delincuentes tenga atemorizada a la población y es lo que el presidente Lobo nos ha ordenado tomar medidas y acciones inmediatas, nosotros las 24 horas del día estamos tomando medidas trabajando en contra la delincuencia con la operación libertad, todos los días realizamos operativos, allanamientos, detenciones, presencia de las fuerza militar en los autobuses del servicio público, en los mercados y principales centros incluyendo los sábados y domingos no hemos descansado, ni un tan solo día y vamos a continuar haciéndolo, cada día estamos incorporando nuevos elementos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Aquí hay una diferencia a lo que ha sucedido en otros países, aquí tenemos una alianza diabólica entre lo que es el narcotráfico con las pandillas juveniles y es algo que no se está dando en otros países, aquí es lo que nos ha llevado a un baño de sangre como el que hemos visto, a una violencia como la que estamos viendo, es algo impresionante como estos jóvenes andan ejecutando personas de la forma más impresionante, estos jóvenes tienen enferma su alma y corazón y sin embargo nosotros tenemos que tomar acciones, a pesar de que son jóvenes, pero es nuestra obligación y lo estamos haciendo, persiguiendo esta gente para ponerlos en manos de las autoridades y que se les aplique todo el peso de la ley.

Usted nos está diciendo ministro que en la medida en que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía aprieten el blanco, ¿vamos a enfrentar o estamos en frente del recrudecimiento de hechos delictivos para el caso de ver cosas como los hechos anoche y esta madrugada se ha descubierto en distintos negocios de la capital la ubicación de granadas de fragmentación que gracias a Dios no explotaron , dice usted que a medida que estén apretando el blanco vamos a enfrentarnos a una espiral a hechos que quizás no hemos visto hasta ahora como la colocación de este tipo de artefactos?

Esto es algo que nosotros lamentamos que suceda, es algo que hemos visto en otros países y que no ha llevado a nada bueno a estas personas, es mas no han logrado nada, todo lo contrario, lo que han hecho es unir a la población en contra de ellos, por otro lado han logrado sembrar el terror y el crimen en muchos países y han llevado a las familias a un luto permanente y con esas no logran nada.

Yo aprovecho en este momento para hacer un llamado a estas personas, con estas acciones no van a lograr nada, porque igual las autoridades van a tener que seguir aplicando el peso de la ley, aquí tiene que haber orden y eso es lo que estamos haciendo, poniendo orden, no podemos seguir permitiendo que estas personas sigan cometiendo delito y sigan manteniendo prisioneros a toda la población, entonces ese tipo de acciones no los va a llevar a ningún lado , ellos lo que están haciendo es arriesgando sus vidas y la vida de otras personas y al final de cuentas van a terminar siendo capturados o van a terminar en la cárcel o terminan muertos por el enfrentamiento que tiene una u otra banda.

Lo mejor es que depongan las armas, lo que está sucediendo en San Pedro Sula, nosotros aplaudimos la labor de monseñor Rómulo Emiliani y esperamos que él pueda culminar ese trabajo que está haciendo, lo estamos acompañando con nuestro sentimiento y con todo lo que podamos hacer, ojala que estos jóvenes depusieran esa actitud de violencia y no siguieran con esto.

Pero ya hemos visto esto en el pasado, ya lo habíamos analizado, habíamos visto la posibilidad de que esto podría suceder sobre todo cuando se empezará a dar capturas de dirigentes de están pandillas y organizaciones criminales, tal y como se ha visto en los últimos días, donde estas personas andan en carros último modelo, carros finos, caros, bien acompañados, bien protegidos y armados, o sea son personas que tienen muchos recursos y que no les gusta que se les detenga y que se les lleve a la cárcel, mucho menos a ellos que se han acostumbrado a vivir ahora de estar ganando dinero fácil.

Estas pandillas son sanguinarias, no perdonan y lo que están haciendo es llenando de luto a la población hondureña, ya nosotros el día de ayer perdimos a un elemento de las Fuerzas Armadas, ayer atacaron a una unidad donde uno de sub oficiales falleció y el otro está gravemente herido en un centro asistencial, eso no se daba en el pasado y están retando a la seguridad, sin embargo eso no los va hacer desmayar en nuestra lucha.

¿Cuántas personas han sido detenidas?, aquí lo que nos genera mucha reserva es que se captura a estas personas, a individuos ahora también mujeres, pero más temprano que tarde porque los operadores de justicia, jueces, siguen alegando que las evidencias, que no se presentan pruebas, que no hay de que acusarlos, por lo que estas personas recuperan su libertad fácilmente…

Ese es uno de los problemas que hemos tenido y muchas de esas personas las hemos detenido en el pasado y han sido puestas en libertad mediante medidas cautelares…el fin de semana se atacó a dos vehículos que transportaban unos guardias de seguridad, en la cual hubo un muerto, y estas personas que supuestamente habían cometido este delito ya habían sido detenidos en el pasado y sin embargo los dejaron en libertad con medidas cautelares y lo que fueron hacer es a cometer más delitos, ahora estamos persiguiéndolos, ya sabemos quiénes son, logramos incautar un vehículo y una motocicleta que participo en el delito, ahora identificamos quienes son los responsables.

Ahora con las medidas que ha tomado por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional que ya no permite que este tipo de medidas se siga aplicando a estos delitos, eso nos va a permitir poner en recaudo a estas personas para que no sigan en libertad cometiendo más acciones.

Otra de las acciones que se han logrado es que se ha trabajo en lograr evitar que se sigan haciendo llamadas de los centros penales, todavía nos falta un trabajito pequeño en eso, pero se ha logrado avanzar mucho en el tema.

Los centros penales se han convertido en los centros de dirección del crimen y la delincuencia común aquí en el país, pero ya se ha trabajado en eso y se ha logrado mucho, vamos a seguir en este trabajo y todos estamos agrupados para tomar las acciones, porque tenemos fe y confianza de que lo que estamos haciendo es lo correcto.

Ministro y ¿cómo es eso que no pueden controlar y parar las llamadas telefónicas y el uso de celulares desde los centros penales si se ha probado que el crimen organizado, que los jefes que están recluidos en las cárceles utilizan los celulares y que están conectados con sus operativos afuera ¿porque no pueden controlar eso?

En eso tomamos acciones precisas y enérgicas con las compañías que son las que dan el servicio celular en el país, ellas tenían dirigidas las antenas prácticamente hacia los centros penitenciarios porque el volumen de llamadas genera una cantidad enorme de ganancias… porque hicimos un estudio y las señales estaban topadas de llamadas de los centros penitenciarios, hicimos una reunión con Conatel para que nos apoye en esto y les dio un ultimátum para que suspendieran la señal y si no pues se les va a desmantelar las antenas y quitar, porque no es posible que por generar ganancias ellos continúen dando señal a los centros penales.

¿Y cuándo vence ese ultimátum?

Ya venció y algunas compañías lo han hecho, tenemos que reconocer que la compañía Tigo lo hizo, pero tenemos algún problema con las otras que se redujo pero no como nosotros esperábamos, esperemos que en estos días se realice.

¿Pero las otras son una privada y una oficial?

Exactamente no quiero mencionar nombres.

O sea que ¿ni siquiera Hondutel?

Ya se están tomando acciones, se redujo no como nosotros esperamos, pero lo estamos haciendo ya se hizo en la Penitenciaría Nacional, también en todos los centros penales del país, en el pasado esto ha sido una fiesta lo que han hecho con esto y ahí ha habido ingresos por todos lados y ha habido ganancias para mucha gente en eso, pero no lo vamos a seguir permitiendo.

Pero eso no ha sido fácil, ¿por qué las autoridades, el gobierno, porque bueno ustedes han sido “neneques”, blandengues ministro?

Aquí ha habido una alianza de intereses de medio mundo y eso ha sido el problema, las autoridades que se han prestado y que se están tomando medidas en contra de estas personas, la empresa privada que en aras de hacer negocio no le ha importado, el daño que ha estado acusando, hemos tendió una alianza que desgraciadamente nos ha afectado, porque el interés ha sido otro y no el interés público, estamos haciendo conciencia en todo el mundo y no podemos seguir en esa actitud, el problema también ha sido que muchas personas que participan en eso lo único que hacen es señalar culpables y si viven criticando, pero no hacen absolutamente nada, y no me refiero a los medios de comunicación porque el trabajo de los medios es transmitir, me refiero a un montón de personas que solo eso hacen criticar y sin ayudar.

Quiero insistir en eso porque cuando di las cifras sobre criminalidad en las semanas hubo una persona que hasta me dijo que yo era un manipulador, yo lo invito a que nos acompañe y vaya con nosotros a los mercados, a los operativos y mire que nosotros no estamos ocultando nada, no me voy a engañar yo y no voy a engañar a nadie, si no voy a poder cumplir simple y sencillamente le voy a decir al presidente que no cumplo aquí está mi renuncia, así que no voy a engañar a nadie, ni engañarme a mí mismo.

Le pido a la población que tenga confianza, que nos apoye, que tenga fe, ahora vemos que la población hace sus denuncias, ahora tenemos cantidades de denuncias a diario porque ya la población se está sintiendo más segura, con el tema de las extorsiones hemos logrado muchísimo.

Ayer hubo un muerto en los mercados inmediatamente teníamos al hechor capturado ante la presencia militar en los mercados.

http://www.proceso.hn/2013/05/30/Nacionales/En.Honduras.E/69474.html

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Cercan Playa Blanca afectando a 50 familias en Zacate Grande

Tegucigalpa.

La Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) denunció que unas 50 familias que viven en el caserío Puerto Sierra de la comunidad Playa Blanca en la ruta hacia Coyolito, departamento de Valle, están siendo afectadas con la construcción de un muro perimetral que busca crear una zona de playa como “dominio privado”.

El muro de aproximadamente 2 metros de alto, construido de piedra y fibras de cemento en forma de “U” que rodea a 45 casas del caserío y que concluye en la playa, ha sido ordenado por Heriberto Cruz quien afirma que compró los terrenos a Jorge Cazís.
 
La ADEPZA denunció que para la construcción del muro se contrató a los propios vecinos del caserío, a quienes se les prometió que siempre contarán con un trabajo, pero que esta acción fomentará la división y podría generar enfrentamientos entre los vecinos de Playa Blanca.
 
Asimismo se señaló que los trabajadores han estado construyendo la obra con la protección de la policía y de hombres armados que no fueron identificados. El muro está dejando sin salida a las personas que habitan las casas. Entre los afectados están Abel Pérez, Faustino Pérez, Santos Hernández, Tomás Cruz y Gabriel Hernández, entre otros que pertenecen a ADEPZA.
 
La ADEPZA consideró que este tipo de obras cubiertas bajo el ropaje de proyectos de desarrollo pone en peligro la tenencia de la tierra, el acceso a las playas y fomenta la discordia entre los habitantes de este lugar de la península de Zacate Grande. Unas 300 personas están siendo afectadas por esta construcción.
 
Actualmente la ADEPZA lucha en los tribunales de justicia por los títulos de propiedad de las tierras que han habitado durante más de un siglo, pero en la última década el terrateniente Miguel Facussé y otras familias poderosas reclaman la posesión de las mismas.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2620:cercan-playa-blanca-afectando-a-50-familias-en-zacate-grande&catid=54:den&Itemid=171

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Dictan medidas sustitutivas a la prisión a militares de alto rango que obstaculizaron investigación en el caso Yanes Cáceres

Tegucigalpa.

La jueza Hortencia Salgado del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva  a  7 oficiales de alto rango acusados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de encubrimiento, violación  a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad; en el caso de la muerte violenta del menor Ebed Jassiel Yanes Cáceres, a mano de una patrulla militar acontecida la madrugada del 27 de mayo del año pasado en el sector de Villa Vieja, salida al oriente de Tegucigalpa.

Las medidas fueron dictadas durante la audiencia de declaración de imputado a la cual comparecieron los fiscales German Enamorado (Fiscal Especial de Derechos Humanos), Edith Fúnes y Rosa Seaman, así como el abogado defensor de los militares Jacobo Salandía y en calidad de observador del proceso y apoderado legal de la familia Yanes Caceres,  el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Los militares de alto rango que comparecieron  este día en audiencia de declaración de imputado fueron:

1.- Coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán y nombrado el 1 de febrero de 2013 como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES). (Encubrimiento y violación a los deberes de los funcionarios).

2.- Coronel de artillería Jesús Alberto Mármol Yánez, quien durante los meses de mayo y junio de 2012 fungió como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES) y comandante de la Operación Relámpago. (Encubrimiento y violación a los deberes de los funcionarios).
El 1 de febrero de 2013 fue nombrado Jefe del Departamento de Recursos Humanos (E-1).

3.- Teniente Coronel Mariano Mendoza Maradiaga, se desempeñó como subcomandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales y nombrado comandante del XVI Batallón de Infantería el 21 de enero de 2013. (Encubrimiento y abuso de autoridad).

4.- Teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes. Subcomandante del X Batallón de Infantería en Marcala, La Paz, nombrado el 1 de febrero de 2013 (encubrimiento y abuso de autoridad).

5.- Alférez de Fragata José Emiliano Novoa Fúnes (encubrimiento y abuso de autoridad)

6.- Juan José Flores Álvarez. Asesor Legal de las FFAA (encubrimiento y abuso de autoridad).

7.- Contralmirante y Auditor Jurídico de las Fuerzas Armadas, Ramón Cristóbal Romero Burgos. (Encubrimiento y abuso de autoridad).

Berlín Caceres y Wilfredo Yanes

A todos ellos la jueza Salgado aplicó las medidas que  incluyen no poder salir del país y firmar cada 15 días el Libro de Registro de los Juzgados.

Se informó que la Audiencia Inicial se fijó para el 25 de junio en donde el Ministerio Público deberá presentar todas las pruebas que tienen  en contra de los imputados y de las cuales algunas ya están enumeradas en el requerimiento fiscal.

Asimismo se presentará la declaración de los testigos protegidos e informes de balística, entre otras pruebas.

Esta semana se conoció que el recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en enero de este año, en donde se solicitó la ampliación de la acusación por homicidio contra el subteniente Josué  Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez  fue denegado por el máximo tribunal de justicia.

Wilfredo Yanes, padre de Ebed Jassiel, que murió cuando fue atacado a tiros por al menos 3 militares, criticó a la Fiscalía de Derechos Humanos por negarse a ampliar el delito de homicidio contra el subteniente Josué Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesùs Rodríguez, a quienes acusó de encubrimiento, abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios. Estos militares gozan de medidas sustitutivas a la prisión.

Solamente el sargento Eleázar Abimael Rodríguez guarda prisión en la Penitenciaría Nacional acusado de homicidio en perjuicio de Ebed Jassiel Yanes Cáceres y abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios, en perjuicio del estado de Honduras.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a través del Area de Acceso a Justicia informó que la Fiscalía de Derechos Humanos tendrá la oportunidad de solicitar dicha ampliación cuando se instale la audiencia inicial de este juicio en el que están involucrados oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armdas (FFAA).

La familia Yanes Cáceres agradece la solidaridad mostrada

Entre tanto Berlín Cáceres, madre de (Ebed Jassiel Yanes Cáceres) lamentó que la Fiscalía denunció que “en nuestro país es tanta la impunidad que el subteniente Sierra ni siquiera viene a firmar el libro a los juzgados los viernes como corresponde”.

Familiares del menor asesinado en plantón

Cáceres demandó que el caso de su hijo de 15 años no quede en la impunidad en nombre de muchos jóvenes, porque todos sabemos que nada de lo hagamos devolverá a nuestro hijo al hogar, sabemos que está en un mejor lugar, pero en nombre de la juventud que hoy está de rehén en los hogares porque no puede salir debido a la inseguridad que priva en nuestro país y en nombre de muchas mujeres que sufren el dolor que yo en este momento estoy soportando.

Berlín Cáceres agradeció a Dios, a los medios de comunicación, al COFADEH, la Alianza por la Paz y la Justicia, “´porque nos han demostrado apoyo que realmente es lo que más necesitamos, sabemos que es una situación muy difícil, no somos los únicos que estamos sufriendo en esta situación, porque hay muchas personas que sufren en silencio y nosotros hemos decidido alzar nuestra voz en nombre de esos jóvenes y esa madres para que ya no siga existiendo más impunidad, cero tolerancia a la injusticia en este país, es necesario que los hondureños nos unamos”.

El 14 de junio de 2012, La Fiscalía acusó a 3 de los 7 miembros de la patrulla militar pertenecientes al Primer Batallón de Fuerzas Especiales que le dieron persecución en un vehículo militar Ford 350 (donado por Estados Unidos) al menor de 15 años Ebed Jassiel Yanes Cáceres mientras se conducía en una motocicleta a la altura de la colonia Villa Vieja, salida a la carretera de oriente. En un sendero de dicha colonia Ebed jassiel se desplomó, al recibir un disparo explosivo que se alojó en su mandíbula izquierda y que lo mató en forma instantánea.

Consultada acerca de si esa solidaridad mostrada, permitirá un poco de justicia en medio de tanta impunidad, Berlín contestó que “eso es lo que esperamos, sabemos que aquí en este país todo es moda, los casos suenan una semana, un mes cuando mucho y luego pasan a la historia o pasan a engavetarse y ser una estadística más en la ola de violencia, esperamos que en nuestro caso, sea diferente y de nuevo reitero mi agradecimiento a todos medios de comunicación nacionales e internacionales por el apoyo que nos han brindado, porque sabemos que de alguna manera se ejerce presión y se da a conocer al pueblo hondureño la realidad de nuestro país”.

 http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2622:dictan-medidas-sustitutivas-a-militares-de-alto-rango-que-obstaculizaron-investigacion-en-el-caso-yanes-caceres&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Treguas de las maras en Honduras y El Salvador son distintas en todo

“Nada tienen que ver una cosa y otra”, dijeron líderes de pandillas hondureñas.

San Pedro Sula,

Honduras

Cuando se anunció que las pandillas de Honduras harían una declaración de paz con la sociedad y el Gobierno, inmediatamente se relacionó esta iniciativa con lo hecho por las maras en El Salvador y se pensó que los grupos hondureños tendrían ofrecimientos y condiciones similares, pero lo cierto es que prácticamente no hay nada en común entre uno y otro caso.

Ver especial multimedia: Bajo el yugo de las maras

El acuerdo de maras con el Gobierno salvadoreño se dio a conocer a inicios de 2012, pero no por un anuncio oficial, sino cuando medios de comunicación filtraron la noticia al enterarse de que miembros de las pandillas estaban siendo trasladados de prisiones de máxima seguridad a cárceles normales.

En Honduras, monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula, les anunció tres días antes a los medios de comunicación que las maras harían una declaración de paz.

Llegado el día, la MS y la 18 revelaron sus declaraciones de paz por cuenta propia desde el interior del Centro Penal de San Pedro Sula y lo hicieron por separado.

En El Salvador, las pandillas hicieron mediante un comunicado un pacto de no agresión entre maras y se comprometieron a no atacar a policías, militares y personal penitenciario.

Sin embargo, varios sectores han denunciado que estos grupos continuaron cometiendo extorsiones, asaltos y asesinatos contra civiles, etcétera.

Muy diferente fue lo ofrecido por las pandillas hondureñas, pero la primera diferencia es que no hay pacto entre ellas, aunque ambos grupos dijeron que, si uno y otro se respetan el territorio, “no habrá problema”.

La MS y la 18 detallaron, cada una por su parte, cuál es el cambio que acatarán sus miembros a partir de la declaratoria.

Los líderes de la MS prometieron “cero crímenes , cero violencia en las calles y a trabajar”.

La pandilla 18 ofreció cesar el fuego, parar la violencia e ir abandonando otro tipo de actividades que afecten a la población a medida que el Gobierno responda a sus peticiones.

Las condiciones

Lo que pidieron las maras salvadoreñas fue que se trasladara a sus miembros de cárceles de máxima seguridad a prisiones normales, en las que tuvieran otro tipo de libertades, entre ellas recibir visitas. Afirman que de esta forma tendrían la facilidad de ordenarles a los demás que cumplan lo prometido.

Las pandillas hondureñas, en cambio, le pidieron al Gobierno oportunidades de empleo , programas de rehabilitación, un diálogo, que autoridades dejen de asesinarlos en ejecuciones extrajudiciales y que los apoyen con trabajos y proyectos que inicien en pro del cambio. No le pusieron plazo al Gobierno.

La intervención como mediadores de la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos (OEA) es una de las pocas cosas en que coinciden las treguas de las pandillas en El Salvador y en Honduras.

Sin embargo, las diferencias son las que predominan en los pactos y las motivaciones para hacerlos en uno y otro país.

Uno de los líderes de las pandillas hondureñas fue claro: “No nos importa qué pasa allá ni qué hacen ellos. Lo que pasa acá es acá y lo que pasa allá es allá. Nada tiene que ver una cosa con la otra”.

“Estamos muy contentos con este pacto”: Cohep

El proceso de paz que iniciaron las pandillas hondureñas ha causado expectación en distintos sectores de la sociedad, que anhelan que termine la ola de violencia en el país.

Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó que se ha dado un paso importante.

“Estamos muy contentos en el Cohep por este pacto que se quiere impulsar y buscar la paz y la convivencia pacífica en toda Honduras y conseguir así que tengamos más buenas noticias que malas en el día a día”.

Flores manifestó que están totalmente de acuerdo con apoyar con trabajo a quienes quieran una oportunidad. “Hemos apoyado siempre la reinserción de personas que han estado en las maras en el sector laboral. Para el caso, la Cámara de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el sector maquilador hemos tenido programas especiales en que muchos jóvenes, después de un proceso de rehabilitación, han pasado a ser parte del sector productivo”.

Billy Joya, oficial de policía retirado, dijo que esto es un proceso. “Para decir que la incidencia del delito va a bajar tenemos que llegar a un proceso en el que este proceso de pacificación y reinserción llegue a los líderes de las maras”.

EL SALVADOR La tregua de maras en El Salvador se dio a conocer desde inicios de 2012.

ACUERDO Las maras se comprometieron a anular operaciones de aniquilamiento entre maras en El Salvador y cesar ataques contra policías, empleados penitenciarios y militares.

DEMANDAS Integrantes de las maras fueron trasladados de prisiones de máxima seguridad a cárceles normales por petición de las pandillas, que además exigieron que no haya “persecución”. Algunos sectores afirman que el Gobierno incluso da dinero a las familias de las pandillas.

RESULTADO Según las autoridades de El Salvador, desde la tregua los homicidios se han reducido 50%, aunque la cantidad de muertos sigue siendo elevada. Otros sectores dicen que esa disminución es una farsa.

MEDIDA Mauricio Funes, presidente de El Salvador, anunció la creación de una Unidad Antipandillas, ya que hay muchos delitos que las maras han continuado cometiendo.

Honduras La declaración de paz de las hondureñas MS y pandilla 18 fue hecha pública por ellos mismos, por separado, el pasado 28 de mayo.

ACUERDO La MS se comprometió a no cometer más extorsiones, asesinatos ni otro tipo de crímenes. La pandilla 18 dijo que frenará la violencia y que irá renunciando a otro tipo de actividades delictivas a medida que el Gobierno los escuche.

DEMANDAS Las pandillas de Honduras pidieron que el Gobierno y la empresa privada los apoye dándoles trabajo y programas de rehabilitación y que establezca un diálogo con ellos.

RESULTADO La tregua se acaba de hacer, pero ya sectores de la empresa privada han manifestado que están dispuestos a apoyar programas de empleo para integrantes de las pandillas.

MEDIDA Ayer, tras una reunión del representante de la OEA y el presidente Porfirio Lobo , se anunció que será creado un comité de apoyo y seguimiento a la iniciativa de diálogo de las pandillas.

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Treguas-de-las-maras-en-Honduras-y-El-Salvador-son-distintas-en-todo

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Descartado el proyecto de ley mordaza, confirma el CN

La persistente impunidad, el enfoque sensacionalista extremista de las noticias y la intromisión del Estado en los contenidos de los medios de comunicación, son algunas debilidades que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sigue observando en Honduras.

Los resultados de la visita fueron dados a conocer la tarde ayer en una conferencia de prensa ofrecida por los miembros de la SIP, presidida por el ecuatoriano, Jaime Mantilla Anderson. Mantilla Anderson comenzó diciendo que la razón de su visita se debe a la gran preocupación que el continente tiene sobre la situación de la democracia y las libertades en Honduras. “La preocupación se refuerza ante la ola de violencia que existe desde hace algún tiempo, en el que más de 30 periodistas han sido asesinados y que en los últimos años más de 20,000 han muerto ante la violencia en Honduras”, destacó.

Expuso que la violencia que se ha generado se une a la impunidad, en el sentido que en muchos crímenes no se ha identificado a los responsables.

CENSURA
Recordó que estando ellos en Honduras fueron testigos de un caso grave de censura por parte de las autoridades policiales, que han decidido no informar de los sucesos que registra el país, a menos que sea por escuetos comunicados oficiales. Sin embargo, agregó que les place haber escuchado al presidente, Porfirio Lobo Sosa su intención de corregir esta situación de censura en el menor tiempo posible.

“Otra de las preocupaciones que ha tenido la SIP es el envío de la ley de medios al Congreso por parte del señor Presidente de la República y la Ley de Telecomunicaciones como un solo cuerpo, hemos sido informados que el Congreso ha decidido dividir las dos leyes”, expresó. Consideró que la separación de las dos normativas era lógica porque las telecomunicaciones tienen un sentido más técnico, mientras que la ley de comunicación tiene un sentido mucho más social y de libertad.

Mantilla Anderson estimó que lo más importante del caso es que ha empezado el diálogo entre los distintos sectores para llegar a un acuerdo sobre la legislación. “Nos ha comunicado el Presidente del Congreso Nacional que los dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo se van a descartar en base a que se cumpla el acuerdo que han hecho los medios de esta autorregulación, lo cual consideramos muy positivo”, recalcó.

CONFLICTIVIDAD
Exhortó también a las partes y al pueblo hondureño para que se “abran canales de diálogo, bajando el tono, la conflictividad de determinadas expresiones, tanto de autoridades como de periodistas”. Dijo que Lobo Sosa les informó que está en proceso de elaboración una legislación que asegure la distribución equitativa de la publicidad estatal. Por su parte, Claudio Paolillo, aseguró que la principal debilidad es la impunidad en la muerte de periodistas, pues ello alienta para que los asesinos continúen sus actividades contra otras personas.

“Hemos visto enfoques sensacionalistas extremistas en la presentación de la noticia, que quizá tengan su audiencia en lo personal, pero yo no comparto poner una persona decapitada en una primera plana de un diario o en un noticiero”, criticó.

Señaló que otra deficiencia observada es que el Estado se metiera en los contenidos de los programas de los medios. Aseguraron que también se van impactados por el asesinato de 87 taxistas, abogados y de otros sectores.

DELEGACION
1-Jaime Mantilla Anderson (Ecuatoriano)
2-Julio Muñoz (Hondureño)
3-Alejandro Miró Quesada (Peruano)
4- Fernán Molinos (Panamá)
5-Héctor Peña (Portorriqueño).
6-Miguel Franjul (Dominicano)
7-Ed McCullough (Estados Unidos)
8-Claudio Paolillo (Uruguayo)
9-Rodolfo Dumas (Hondureño)

http://www.tiempo.hn/portada/noticias/descartado-el-proyecto-de-ley-mordaza,-confirma-el-cn

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Honduran Gangs Claim Truce, but Police and Military Still Deadly

Written by Arthur Phillips
Wednesday, 29 May 2013 15:17
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The two biggest gangs in Honduras publicly agreed to a truce on Tuesday, calling it an effort to reduce the violence that plagues the country and asking for forgiveness and government support. Romulo Emiliani, the Catholic bishop of San Pedro Sula—the world’s most violent city outside a warzone—helped broker the agreement along with Adam Blackwell, a security ambassador for the Organization of American States (OAS). President Pepe Lobo has reportedly said he is prepared “to do whatever is necessary» to back the initiative.

The truce has been compared to a similar agreement between the same transnational gangs in El Salvador, made in March of last year. That country’s government reported a halving of the murder rate after the truce, and a 45 percent drop in the first four months of 2013 compared to the previous year. Despite such pronounced success, in January the U.S. State Department issued a travel warning for El Salvador that many (including the gangs themselves) interpreted as an effort to undercut the truce’s effectiveness. Responding to the warning, which referred to outdated murder tallies, the Salvadoran Minister of Justice and Security wondered aloud whether the State Department was misinformed and said the notice demonstrated that for the United States, “street violence, deaths, robberies mostly committed by gang members, that is not their priority—their priority is drug trafficking.”

Some commentators have already questioned whether the latest truce will result in outcomes similar to those seen in El Salvador. These doubts are due in part to the recognition that the police are widely believed to be involved in death squads and the military has been blamed for murders and disappearances, many against land rights and opposition activists. Associated Press reporter Alberto Arce quoted the rector of the National University of Honduras, Julieta Castellanos, as saying “The dynamic of violence in the country goes beyond gangs and reflects the existence of multiple actors that are difficult to pinpoint.” In December Castellanos presented a Violence Observatory report that showed police responsibility for at least 149 violent deaths in the previous 23 months, including the rector’s son, Rafael Alejandro Vargas. Castellanos also voiced concern that the truce could exacerbate the already extraordinary level of impunity in Honduras.

Both gangs emphasized their desire to no longer kill people in society or use extortion as a fund-raising tactic. But at the press conference held by the 18th Street gang, leaders emphasized that gangs are not responsible for much of the crime that is attributed to them. One leader said gangs are used as scapegoats by corrupt police that are in fact carrying out the executions and extortion while also killing many gang members. A statistical analysis by the Violence Observatory attributes only 1.3 percent of murders to gangs.

It is not yet clear how the Obama administration will respond to yesterday’s announcement, even though Lobo—Washington’s close partner—endorsed the truce. The State Department has shown little receptiveness to reforms that run counter to Washington’s insistence on a militarized approach to combatting drug trafficking and crime. Last week, while testifying to the House Subcommittee on the Western Hemisphere, Assistant Secretary of State William Brownfield defiantly repudiated a new OAS report that merely explores legalization as one scenario for future drug policies in the region. Brownfield said, “The so-called ‘legalization’ issue is a matter of national policy. One international body is not going to dictate legalization, certainly not to the United States of America.”

Note: It is also worth mentioning that Associated Press reporter Alberto Arce linked the gangs’ roots to U.S. policies in previous decades that have continued, including military support for governments and waves of mass deportations:

Both gangs have their roots in Southern California, where young men seeking refuge from Central America’s civil wars formed violent gangs on the streets of Los Angeles and its suburbs in the 1980s. Gang members later deported from the U.S. re-established their violent organizations in their native countries of El Salvador, Guatemala and Honduras.

http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/honduran-gangs-claim-truce-but-police-and-military-still-deadly

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Audiencia declaración de imputado Medidas sustitutivas de prisión a 6 militares por muerte de menor

Tegucigalpa, Honduras

Medidas sustitutivas de prisión les fueron impuestas ayer a seis militares implicados en   la muerte del joven Ebed Yanez (15), hace un año.

Ayer fue la audiencia de declaración de imputado para los oficiales Reynel Enrique Funes Ponce (coronel de artillería); Jesús Alberto Mármol Yánez (coronel de artillería); Juan Rubén Girón Reyes (teniente coronel de infantería) y Mariano Mendoza Maradiaga (teniente coronel de infantería).

La medida también incluye a Juan José Flores Alvarez (mayor retirado y abogado/asesor legal de las Fuerzas Armadas) y José Emiliano Novoa Fúnez (Alférez de Fragata). A los coroneles Mármol Yánez, Funes Ponce y al alférez Novoa Fúnez se les acusa por encubrimiento y abuso de autoridad; y al resto por encubrimiento, abuso  de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios.

La audiencia inicial se fijó para el próximo 25 de junio y entre las medidas los implicados no podrán salir del país y deberán presentarse semanalmente a firmar un libro de asistencia. El 27 del presente mes se cumplió un año de la muerte del joven a manos de efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Especiales apostados en un retén a la salida al oriente del país. El estudiante no acató la orden de detener su motocicleta ya que era menor de edad y no contaba con licencia.

Militares le dieron persecución pero en vez de capturarlo de acuerdo al procedimiento, le dispararon por la espalda matándolo al instante. Por este crimen solo hay uno de los militares implicados que guarda prisión y es el sargento Eleazar Abimael Rodríguez, acusado de homicidio y abuso de autoridad. Al sub teniente Josué Antonio Sierra y al cabo Felipe de Jesús Rodríguez les aplicaron medidas sustitutivas y fueron acusados por encubrimiento, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

Los padres del joven occiso esperaban que estos tres militares fueran acusados de homicidio y que se ampliaran las acusaciones ya que fueron siete los elementos que persiguieron al muchacho hasta darle muerte.

Durante la audiencia, afueras de los tribunales miembros de organizaciones de derechos humanos, amigos y familiares del muchacho acribillado, acompañaron a los padres del joven, Wilfredo Yánez y Berlín de Yánez, portando pancartas con la foto del menor.

ACUSADOS:
Jesús Alberto Mármol Yánez.
Raynel Enrique Funez Ponce.
Juan Rubén Girón Reyes.
Mariano Mendoza Maradiaga.
Juan José Flores Alvarez.
José Emiliano Novoa Funez.

http://www.tiempo.hn/sucesos/noticias/medidas-sustitutivas-de-prision-a-6-militares-por-muerte-de-menor

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Continúa la cacería humana en el Bajo Aguán

Elementos  de la policía nacional y supuestos miembros de la Dirección Nacional  de Investigación Criminal (DNIC), detuvieron y agredieron brutalmente hoy a dos campesinos del MUCA. Al menos por unos 40 minutos sin justificación alguna en la colonia Suyapa en Sinaloa Tocoa  Colón.

La persecución  se dio  a las 3:15 de la tarde cuando Melvin torres y Henry Bonilla regresaban de realizar diligencias personales del comunidad del Barro del municipio de Tocoa, cuando se percataron que hombres armados que se conducían en un vehículo Toyota Lan Crizier sin placa, transportando hombres con características de delincuentes como ser peludos, sin identificación y con vestimentas indecentes quienes disparaban durante la persecución, ya que estos gozan del respaldo de efectivos policiales.

Los elementos policiales y los supuestos miembros de la DNIC allanaron la vivienda de una familia en esta comunidad sin ninguna orden de cateo, demostrando el claro abuso de autoridad y creando un ambiente de terror en niños, mujeres y ancianos, pero lugar llegaron los y las campesinas en respaldo a sus compañeros  quienes habían sido detenidos y golpeados brutalmente.

Así mismo tres patrullas policiales con alrededor de 45 efectivos, llegaron a la comunidad de la Confianza Tocoa,  a crear terror y miedo  mediante amenazas con sus armas hacia los campesinos y campesinas.

Responsabilizamos al Gobierno de Honduras de la constante ola de persecución, represión, hostigamiento y criminalización  de la lucha por el acceso a la tierra.

Pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que se investigue el origen del conflicto agrario, a través de un ente internacional para que de recomendaciones al Gobierno de Honduras para que se termine el derramamiento de sangre y la crisis agraria y alimentaria que vive nuestro país.

No Somos Pájaros para vivir en el Aire, No somos Peces para vivir en el Agua, somos campesinos y campesinas que vivimos de la tierra.

www.movimientomuca.blogspot.com

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Fallo arbitrario de la Corte Suprema de Justicia agrava crisis agraria en el Bajo Aguan

El Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA) al pueblo hondureño y a la comunidad nacional e Internacional denuncia lo siguiente.

El favoritismo, complicidad, la parcialidad de los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia con la empresa OLEOPALMA propiedad del nicaragüense Rene Morales Carazo y Miguel Facusé propietario de La Corporación Dinant , al emitir un fallo que deja sin valor ni efecto la sentencia del juzgado de letras  de Trujillo y de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán.

El apoderado de OLEOPALMA el 4 de julio del 2012 aun cuando estaban de vacaciones los tribunales de la Republica le admitieron dicho recurso de amparo, pero el 15 de abril del 2013 la sala de lo constitucional falla a favor de los campesinos , ratificando la sentencia de los juzgados de primera instancia.

Sorprendentemente ocho  días después emiten una nueva resolución dejando sin  valor y efecto y de manera arbitraria fallan en contra de las resoluciones que favorecían a los campesinos del MARCA .

Denunciamos que los juzgados preparan aceleradamente ordenes de desalojos contra las cooperativas El Despertar, la Trinidad y La San Isidro afiliadas al MARCA.

POR TANTO

Responsabilizamos a la corte suprema de justicia, al Congreso Nacional y al gobierno el general del agravamiento de la crisis en el bajo aguan y cualquier baño de sangre campesina que podría suscitarse en los próximos días.

Alertamos a la sociedad hondureña y  a los organismos defensores de derechos humanos a mantenerse en alerta permanente a lo que pueda suceder.

DADO EN EL BAjO AGUAN A LOS 28 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013

PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTA EL FINAL

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2623:fallo-arbitrario-de-la-corte-suprema-de-justicia-agrava-crisis-agraria-en-el-bajo-aguan&catid=58:amb&Itemid=181

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Honduras – La «tregua» de la guerra invisible

Por José Manuel Torres Funes y Ariel Torres Funes / Micmag – 29 mayo 2013
Honduras (América central), el país de los maras, es uno de los más peligrosos – La guerra en Honduras es probablemente una de las guerras más complejas que ocurren actualmente en el mundo. Una guerra del «fin de la historia», en uno de los patios traseros de Estados Unidos.

Honduras, situado en el corazón de Centroamérica, la estrecha franja continental que separa Sudamérica de Norteamérica, es considerado el tercer país más pobre (82% de la población vive bajo la línea de la pobreza) del continente, solamente detrás de Haití y Nicaragua. Según organismos internacionales, también es el país – que no está en una guerra declarada, como Siria, para el caso – más violento del mundo. Dos de sus ciudades, Tegucigalpa, la capital política y San Pedro Sula, la capital industrial del país, tienen índices de violencia similares a los de Bagdad, con más de 170 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el caso de San Pedro Sula.

En poco menos de una década, en este país de ocho millones de habitantes y más de un millón de inmigrantes dispersos en el mundo, establecidos principalmente en Estados Unidos, han muerto de forma violenta, más de 41 mil personas. Si se suman las víctimas desde 1994, los muertos ascienden a 60 mil (según las cifras oficiales).

Un alto porcentaje de las víctimas son jóvenes menores de 30 años y la tasa de crímenes resueltos por el sistema de justicia hondureño es inferior del 7%.

Más de la mitad de las familias hondureñas, debido a la muerte, a la emigración o al simple efecto de la crisis social, política y económica están desintegradas.

Las cifras indican que dos décadas han bastado para sacrificar una generación de jóvenes, cuyo destino está atrapado entre la tumba, la emigración o la precariedad de trabajos mal pagados, en el mejor de los casos.

Las «noticias» hondureñas

En el mundo, la tragedia hondureña suele asociarse con el fenómeno de las llamadas maras M-18 y MS 13 (pandillas), que son organizaciones criminales de naturaleza trasnacional que operan entre Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, formadas por decenas de miles de jóvenes, en su mayoría menores de 25 años, que controlan con base en su fuerza armamentística y sus redes mafiosas, barrios y comunidades en las principales ciudades del país.

De hecho,

las maras son responsables de buena parte de la criminalidad

en el país, pero son solamente un componente de todo el espectro de crimen organizado y corrupción institucional y privada que existe en Honduras.

En junio de 2009, Honduras tuvo una efímera mediatización debido al golpe de Estado contra el entonces presidente liberal, José Manuel Zelaya Rosales. En febrero de 2012, los medios internacionales volvieron a hablar de Honduras debido una tragedia ocurrida en un centro penal que cobró la vida de 360 reos como resultado de un incendio cuyo origen sigue siendo desconocido y que probablemente se sumará a la lista de eventos dramáticos que seguirán vegetando impunemente en los archivos del Ministerio Público.

Más allá de estos referentes mediáticos, Honduras es un país desconocido incluso para América Latina. Una de las causas principales de este ostracismo que envuelve el país, se debe a la falta de un periodismo capaz de enfrentar a gran escala la manipulación mediática de los grandes consorcios de información que existen en el país.

La «tregua» y el imaginario de la pacificación social

El martes 28 de mayo, debido a una comparecencia de prensa de voceros encubiertos con pañuelos, de las pandillas M 18 y MS 13, realizada desde el principal Centro Penal de San Pedro Sula, el país volvió a «aparecer en las noticias». En esta ocasión, frente a representantes de la Iglesia Católica, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del gobierno de Honduras, miembros de ambas organizaciones criminales (un censo de UNICEF reveló que

existen 4,281 miembros de pandillas en Honduras), anunciaron «Una tregua ante Dios, ante la sociedad y ante las autoridades

que abarca todo el territorio nacional».

En el imaginario colectivo de una ciudadanía desesperada y de un Estado incapaz de frenar la violencia (7,172 homicidios en 2012), «la tregua», representaría el punto de partida de un proceso de pacificación nacional, cuyo antecedente histórico más próximo se remonta a comienzos de los años noventa, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Centroamérica.

Para los observadores más críticos, primeramente, una eventual «tregua», tendría que ser real. En El Salvador, donde las maras hicieron un pacto similar, este proceso ha tomado esencialmente dos años de negociaciones, es decir, que lo más probable es que en Honduras no ocurra de la noche a la mañana.

El gobierno de El Salvador defiende que desde entonces (2010–2013) la tasa de homicidios se ha reducido en un 150%, es decir, de 14 homicidios que se cometían diariamente en 2011 ahora se cometen cinco, asimismo, afirman que de ser el segundo país más violento del mundo, ahora son el cuadragésimo tercero.

Haciendo a un lado el interés político que está en juego detrás de este fenómeno, a diferencia de Honduras,

en El Salvador, la «tregua» incluye un pacto de no agresión entre los miembros de las maras opuestas.

Por otra parte, en El Salvador, el gobierno del presidente (de izquierdas) Mauricio Funes, goza de un nivel de legitimidad que le permite un margen de maniobra y un control de la situación más amplios del que carece el presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa (surgido después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya).

Como un dato de contexto, la capacidad de los negociadores salvadoreños, que cuentan con la experiencia de una guerra civil a sus espaldas, es mayor que en Honduras. En conclusión, los dos procesos tienen características diferentes en ambos países.

Sumado a ello, en el anuncio desde la cárcel sampedrana no se habló de disolución de las maras ni de su actividad económica, que representa 43 millones de euros obtenidos nada más a partir de la extorsión de comercios, del transporte público y «autorizaciones» para transitar libremente en lugares donde las maras ejercen su control (sin hablar de las ganancias obtenidas a través del tráfico de drogas).

Los voceros de las maras afirmaron que se comprometerán a no cometer crímenes, a no ejercer violencia en las calles y han asegurado que su deseo es seguir el ejemplo de El Salvador. Pero no hicieron ninguna alusión de que eventualmente abandonarán el control que ejercen en los más de 110 barrios y comunidades en el territorio nacional.

Por su parte, el presidente Lobo no ha manifestado – hasta donde se cree, los interlocutores principales son la Iglesia Católica y la OEA –  cuál ha sido el papel que ha jugado el Estado en esta negociación ni qué estará dispuesto a concederles a las maras a cambio de la «tregua». Nuevamente, si la hoja de ruta es la misma que en El Salvador, podrían entrar en juego una serie de negociaciones que pueden implicar a corto, mediano y largo plazo una metamorfosis del cuerpo criminal, en vías de una «legalización» y posible pacto tácito de «amnistía».

En un año de elecciones presidenciales, donde el partido de gobierno marcha tercero en las encuestas, detrás del partido creado por el ex presidente Zelaya (alrededor de 14 mil víctimas durante sus tres años y medio de gobierno), una reducción precipitada de algunas décimas de los índices de violencia en el país, que solamente en el cuatrienio de Porfirio Lobo ha cobrado 20,664 víctimas mortales, podría ofrecer al candidato oficial de gobierno, el trampolín necesario para dar el salto en las encuestas y tener posibilidades de llevarse las elecciones a fines de año contra el partido de Zelaya.

Las transiciones malogradas

La historia contemporánea hondureña está marcada por las transiciones malogradas. En 1982, este país que cuenta con más de diez golpes de Estado en su historia, regresó a la constitucionalidad. El ascenso al poder del presidente liberal Roberto Suazo Córdova representó en términos políticos el retorno a la democracia después de más de 25 años de sucesión de gobiernos militares.

La llegada de Suazo Córdova no supuso un cambio para bien, de hecho, el presidente Suazo, rodeado de una cúpula militar comandada por el extinto general Gustavo Álvarez Martínez, daría inicio a una década de «terror» político, persecuciones y 182 desapariciones políticas como parte de una doctrina de Seguridad Nacional liderada por los militares hondureños y la Embajada de Estados Unidos, dirigida entonces por John Dimitri Negroponte, uno de los «halcones» norteamericanos de la guerra fría.

La posición geopolítica estratégica de Honduras, en el corazón de América Central y la corrupción del gobierno de Suazo y la clase política hondureña, propiciaron las condiciones para que cuerpos militares estadounidenses y grupos contrainsurgentes  como la «Contra» nicaragüense se instalaran en Honduras a fin de combatir las revoluciones de las guerrillas izquierdistas en los países vecinos (El Salvador, Nicaragua y Guatemala).

Desde los ochenta hasta inicios de los noventa, dos gobiernos liberales y un gobierno nacionalista, cada uno de ellos afines a la derecha (elegidos todos mediante las urnas para efectuar un mandato de cuatro años) consolidaron un proceso de destrucción de las conquistas sociales adquiridas desde los años cincuenta (distribución de la tierra manejada por un proceso de Reforma Agraria, sindicalismo, oposición, etc.) co-gobernando civiles con militares.

Entre 1990-94, un período social e institucional complejo, en el que se mezclaron reivindicaciones sociales auténticas con intereses económicos de grupos económicos de poder (siempre auspiciados por Estados Unidos), llevaría al declive a las Fuerzas Armadas de Honduras. Se acordó con la ciudadanía la supresión del servicio militar obligatorio pero a cambio, se les ofreció la amnistía a los militares por los crímenes cometidos en el decenio anterior, como se había hecho en países de América del Sur como Argentina o Bolivia. Este período, considerado como de transición entre el poder militar al poder civil, implicaría a su vez, una serie de reformas estructurales en la constitución que darían paso a una nueva época de políticas eminentemente neoliberales.

Casi de inmediato, el país comenzó una etapa de privatizaciones, en las que se desmanteló prácticamente el poder público del Estado y se instaló un sistema férreo de corrupción institucional. Los militares, relegados de su papel tradicional, se transformaron en empresarios, incursionando, entre otros diversos negocios, en el negocio de la seguridad privada. Justamente en 1994, estalla el fenómeno de violencia en Honduras, y los índices de homicidios aumentan desproporcionadamente (más de 1000% con respecto a 1993 y los años precedentes, incluidos los años ochenta). Sin embargo, las víctimas ya no son «políticas»; los muertos son rostros anónimos de jóvenes que vienen precisamente de los estratos desfavorecidos. Ese mismo año, en Los Ángeles, California, más de un millar de pandilleros se reúnen con representantes de la Mafia Mexicana para definir las nuevas estrategias de acción. Se presume que en ese año, las maras, dejan de ser pandillas callejeras que siembran el terror en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, para convertirse en una auténtica corporación del terror.

Poco a poco, las maras comienzan a llegar a Honduras a partir de los años noventa. Su llegada, se suma a un panorama ya de por sí extremamente complejo, en el que las fuerzas militares siguen reconstruyendo su nuevo caudal de poder y en el que los grandes cárteles de las drogas empiezan a inyectar el país con una economía paralela.

En el umbral del siglo XXI Honduras cuenta con más de 30 mil pandilleros organizados en el país.

En 1998, el Huracán Mitch azota Honduras, dejando más de 30 mil muertos y el 70% de las cosechas destruidas. La sociedad civil y un sector del gobierno consiguen la condonación de la deuda externa hondureña, lo que supone, una nueva oportunidad para reinvertir en el país y fijarse plazos para atrapar el retraso de las décadas anteriores.

Miles de millones de dólares provenientes de ayudas de todas partes del mundo y generados al interior del Estado se pierden en manos privadas debido a la corrupción. El agro se termina de caer, la emigración se multiplica y las grandes ciudades crecen desproporcionadamente. El país se empobrece aún más y emerge una oligarquía mucho más poderosa y que concentra la mayor parte de la riqueza del país.

Todo el decenio del 2000, observará un aumento de la violencia, la destrucción de la institucionalidad, un incremento mayor de la corrupción y la consolidación de grupos de poder (en los que se mezclan militares, empresarios y políticos). El narcotráfico internacional, proveniente de México y de Colombia principalmente, aprovecha la debilidad institucional del país y la corrupción para instalar algunos de sus comandos en Honduras. En poco tiempo, el país se convierte en una de los principales puentes del tráfico de cocaína proveniente de América del Sur con destinación a México y posteriormente a Estados Unidos; fuentes oficiales han manejado que el «Chapo» Guzmán, el poderosísimo narcotraficante mexicano, podría estar refugiado en el occidente de Honduras.

Los grupos mafiosos se consolidan y siguen perforando las débiles instituciones públicas (policía, aduanas, etc.).

Entre 2007 y 2009, el acercamiento del presidente liberal Manuel Zelaya Rosales, con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (en el que ambos obtienen un beneficio estratégico a dos vías: Zelaya comienza a apoyar a Chávez en su política hacia América Latina y Chávez ayuda económicamente a Honduras) fue considerado como una amenaza por la oligarquía local, que vio en esta relación un deseo continuista de Zelaya (en Honduras la reelección no es permitida) y la eventual emergencia de una nueva oligarquía que les pudiera hacer sombra.

En 2009, la clase política hondureña haciendo a un lado sus diferencias partidistas y en contubernio con un amplio sector de las clases empresariales y los militares le dan un golpe a Zelaya.

Desde entonces, Honduras se sumerge en un clima de cataclismo político sin fin, en el que resurgen viejos actores (militares), que operan en conjunto con la clase política dominante y también – se maneja – con diversos sectores del crimen organizado.

2013 es un año de elecciones en Honduras, el ex presidente Zelaya ha logrado reunificar un caudal político importante, haciendo alianzas con disidentes de su antiguo partido y nuevos miembros – asociados con la izquierda tradicional. Su esposa, Xiomara Zelaya, es la que se presentará a las elecciones generales en noviembre de 2013; diversos sondeos la dan como eventual ganadora, lo que despierta una preocupación inminente en sus adversarios, sin embargo, más allá de la oposición de naturaleza política, los Zelaya siguen perteneciendo a la misma política tradicional hondureña, y cuando estuvieron en el poder, mostraron diferencias suntuarias de sus predecesores, pero no profundas.

El acuerdo de «tregua» de las maras, podría interpretarse como uno de esos «eventos» paradigmáticos en la historia contemporánea del país, no al grado de ser un parte aguas, pero sí como un factor capaz de incidir en la reducción de la violencia, percibida por los hondureños como el principal problema del país. Si esta «tregua» efectivamente reduce los índices de violencia en los próximos meses, el gobierno del presidente saliente, Porfirio Lobo, se reforzará – porque su período, pese a ser el más violento, será percibido como el único que fue capaz de hacer descender la curva de homicidios – lo que eventualmente, permitiría al candidato oficialista repuntar de cara a las elecciones.

Lo cierto es que detrás de la «tregua» nadie habla de justicia, nadie menciona que el problema de fondo no es que las maras o los demás grupos criminales prometan «sobre todo a Dios», antes que a la ciudadanía, que se comprometen para no seguir haciendo daño. El problema es que Honduras lleva años convirtiéndose en una necrópolis y que las clases poderosas en el país, al igual que los antiguos faraones egipcios, se engordan de los muertos.

La muerte se respira en las barriadas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba; las morgues siguen llenas de personas con un número en los pies. El martes pasado un grupo de hombres que no fueron capaces de enseñar la cara pidieron «perdón a Dios y a la sociedad» por lo que han hecho, y los periódicos, como si se tratara de una noticia «milagrosa», como afirmaron en sus titulares, lo celebraron sin ofrecer un tan solo dato que recuente lo que ha costado esta guerra, sin ofrecer ni un solo homenaje a las víctimas, ni una sola reflexión de peso que permita hacer un inventario de la barbarie. En Honduras, hasta el momento, el drama sigue siendo un feudo exclusivo de las familias de las víctimas. El país sigue careciendo de un momento colectivo, en el que la sociedad sea capaz de asumir y reflexionar colectivamente sobre el sentido que tiene esta tragedia. Las marchas contra la violencia suelen ser auspiciadas desde los medios y corresponden casi siempre a coyunturas bien específicas y en poco o nada se diferencian de las marchas contra el SIDA de otras épocas. Para que la tragedia de Honduras se asuma primeramente como una tragedia de los hondureños, sería necesario encontrar el mecanismo para evitar que sean los medios de comunicación los principales canales de filtración de información. Lo que implica un nivel de madurez social que la sociedad hondureña aún no ha alcanzado.     

Ese mismo martes de «tregua», a las 16 horas, en San Pedro Sula, Brenda Pineda de 20 años, su hermano Julio Bardales de 35 años y su prima Sara Bardales fueron asesinados por una ráfaga de ametralladora mientras celebraban una reunión patronal. Se maneja que fue un asesinato ordenado por terratenientes que ya han matado a siete personas más de ese patronato por un tema de disputa de tierras (se sabe muy poco porque los medios ocultan la información). A las siete de la mañana, en otro sector de San Pedro Sula, Carlos Antúnez, de 16 años de edad, fue acribillado en un callejón sin salida, después de un malogrado asalto armado contra un camión comercial. A las 13 horas, ese mismo día, Alexis Hernández de 30 años, ex presidario, murió asesinado de 30 balazos mientras esperaba que la luz de un semáforo se pusiera en verde. En ninguno de estos casos existe una pista de los asesinos. En la madrugada, la policía encontró el cuerpo desmembrado de un hombre de 25 a 30 años. Estaba metido en una bolsa de basura y su cuerpo estaba acompañado de un mensaje intimidatorio. Alexis Hernández, de 30 años, supuesto miembro de la M18 fue asesinado de 35 disparos mientras conducía su automóvil. Un menor de un año de edad, fue encontrado muerto en un barranco en una aldea en el centro del país. La nota de tres párrafos que aparece en uno de los principales periódicos de circulación nacional a propósito de este suceso, señala que: «Al parecer, el sujeto le propinaba fuertes golpizas en ocasiones anteriores, mientras convivía con la madre del menor». Autoridades policiales encuentran el cadáver de un hombre en otra aldea del centro del país – se sigue hablando del martes. El joven fue encontrado al lado de un contenedor de basura. Oliver Cruz de 19 años fue encontrado en una bodega miserable en una pequeña aldea del centro del país. Al parecer había sido denunciado por robo de una vivienda. El joven, al saber que la policía lo estaba buscando, decidió tomarse un veneno y suicidarse. Desde que se inició la escritura de este artículo, han muerto más de cuatro personas de manera violenta en Honduras (cada 72 horas hay un asesinato).

El poeta hondureño más importante, Roberto Sosa, hace años había resumido mejor que nadie el rostro de una identidad nacional hermanada con la desgracia, para él, esta guerra – en su tiempo había otra guerra – que aún no había comenzado, ya formaba precisamente parte de la historia: «La historia de Honduras se puede escribir en un fusil, sobre un balazo, o mejor, dentro de una gota de sangre».

Quizá, lo mejor sea acudir directamente con los muertos y preguntarles ¿qué es lo que está sucediendo en el país?

Artículo Coescrito por José Manuel Torres Funes y Ariel Torres Funes, periodistas independientes residentes en Francia y en Honduras.

Fuentes consultadas:

http://www.unicef.org/honduras/Informe_situacion_maras_pandillas_honduras.pdf

www.iudupas.org

www.latribuna.hn

www.elheraldo.hn

Fuente: http://www.micmag.net/fr/reportages/2209-honduras-la-ltreguar-de-la-guerra-invisible

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El bozal en Secretaría de Seguridad preocupa a misión de la SI

El bozal en Secretaría de Seguridad es considerado por Jaime Mantilla como “gravísimo”.

San Pedro Sula,

Honduras

  El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el ecuatoriano Jaime Mantilla, manifestó este martes su preocupación porque las nuevas autoridades de Seguridad de Honduras han decidido restringir la información relativa a crímenes , entregando únicamente comunicados de prensa.

«Nos preocupa muchísimo que se esté restringiendo cierta información, sobre todo en el aspecto policial, en un país como Honduras, que tiene récord de asesinatos, donde la mayoría de los asesinatos está impune; es muy grave que se esté restringiendo la capacidad de los periodistas para comunicar y publicar lo que sucede», afirmó Mantilla a medios locales.

Una misión de la SIP, integrada por miembros de varios países, llegó el lunes a Honduras para monitorear, en una visita de tres días, lo que ha hecho el gobierno de Porfirio Lobo para investigar la muerte de varios periodistas y garantizar la protección de los miembros del gremio.

El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, que asumió el 1 de mayo emitió una disposición en el sentido de que toda la información sobre seguridad será suministrada a través de comunicados oficiales.

Eso «es muy malo porque los comunicados pueden comunicar pero no informar (…) la información tiene que ser libre» para no limitar «la capacidad que tienen los periodistas de analizar los hechos», subrayó Mantilla.

La misión de la SIP recibía este martes a representantes de diferentes medios de comunicación y el miércoles tiene previsto reunirse con el presidente Lobo, a quien darán a conocer las conclusiones de su visita.

En agosto de 2012, durante un encuentro de la SIP con miembros del gobierno, se definió el llamado «Plan de Acción de Tegucigalpa», en el que se recogieron propuestas de reformas públicas para frenar la impunidad, contrarrestar la violencia contra la prensa y establecer medidas de protección de los periodistas.

Según la SIP, 21 periodistas han sido asesinados en Honduras desde 2010 pero organismos de derechos humanos contabilizan 29 trabajadores de la prensa, incluyendo locutores, cronistas deportivos y un humorista.

La comisión de la SIP está encabezada por Mantilla y lo acompañan el uruguayo Claudio Paolillo, el peruano Alejandro Miró Quesada, el panameño Fernán Molinos y el director ejecutivo de la organización, Julio Muñoz, entre otros.

Lobo recibe hoy a comisión

El presidente Porfirio Lobo confirmó que recibirá hoy a la misión de la SIP que está en una visita en Tegucigalpa.

El gobernante dio la bienvenida a los representantes del organismo y dijo que está en la disposición de sumarse a los esfuerzos para encontrar las vías que garanticen que todos los hondureños puedan tener acceso a la libertad de expresión.

Lobo Sosa habló sobre el particular durante la sesión de Consejo de Ministros celebrada ayer en la escuela Guía Técnica Daniel Quiroz, de Yoro. Lobo afirmó que espera que la reunión “sea productiva para los periodistas y para la libertad de expresión”.

La reunión se llevará a cabo en Casa Presidencial, adonde se espera que se encuentren las vías y las rutas para que el pueblo hondureño pueda tener libertad de expresión.

“La libertad se fundamenta en que todos puedan tener acceso a los medios, a difundir sus ideas y sus opiniones. Debo reconocer que los medios en Honduras nos ayudan mucho a los Gobiernos por todas las denuncias que hacen, las informaciones que recogemos”.

Tegucigalpa. Arturo Corrales, secretario de Seguridad, prohibió a los portavoces de la Policía Nacional dar declaraciones sobre hechos violentos a los medios de comunicación y los limitó a emitir comunicados en los casos que ellos estimen convenientes.
Esa determinación cuestionada en el país y calificada como “un bozal o una ley mordaza”, entre el gremio periodístico, es una de las situaciones que más preocupó ayer -en su primer día de reuniones- a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se encuentran en el país para conocer temas relacionados con la libertad de expresión en Honduras y el asesinato de periodistas.
Desde las 8:00 am de ayer, la misión que es encabezada por Jaime Mantilla, presidente de la SIP, se reunió con representantes de medios de comunicación, diputados, organizaciones civiles, el presidente del Congreso Nacional y el comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio López.
Mantilla considera que la misión principal de la SIP -por la cual se encuentra en Honduras- “es la defensa de la libertad de expresión, prensa e información”.

Profesión de riesgo
En relación con el ambiente de inseguridad que se vive en el país y que en los últimos años han sido asesinados 35 comunicadores sociales, es del criterio que “el periodismo es una profesión de riesgo, porque obligadamente uno tiene que estar denunciando y criticando hechos que a alguien o a algún grupo no le conviene”.
El ciudadano común está expuesto a la violencia en este país y esa violencia se produce por la inequidad, por la corrupción y por los grupos irregulares y por la acción de gobiernos populistas extremistas de cualquiera, ya sea de izquierda o derecha, dijo Mantilla.

Rechazar la ley
Otra de las apreciaciones del presidente de la SIP es que “Honduras debe superar el síndrome de la presentación del proyecto de ley de Telecomunicaciones”.
“Honduras debe rechazar el proyecto de unir la ley de comunicación con la de telecomunicación y creo que no debe copiar moldes ni recetas de otros países”, enfatizó.
También Honduras debe mejorar notablemente en el periodismo, es decir, “debe invertir mucho en la educación de los periodistas y con base en ellos tendrán un cuerpo sólido en defensa de la libertad de expresión”. Respecto a la autorregulación, el presidente de la SIP está de acuerdo con esa medida, lo que quiere decir “que no debe haber otras personas que lo regulen”.
En cuanto a las medidas de informar a través de comunicados implementadas por Arturo Corrales álvarez es del criterio de que “eso es gravísimo y se le llama censura”. “Nos preocupa muchísimo que se esté restringiendo cierta información, sobre todo en el aspecto policial, en un país como Honduras, que tiene récord de asesinatos, donde la mayoría está impune”.

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/El-bozal-en-Secretaria-de-Seguridad-preocupa-a-mision-de-la-SIP

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Asesinos de guardia en el Aguán huyeron por negligencia de fiscal

Una falta de diligencias del Ministerio Público en la zona del Aguán facilitó la fuga de los responsables de una emboscada donde murió el guardia de seguridad de una finca, según denunció ayer el presidente Porfirio Lobo.

El 26 de mayo, un grupo de hombres armados atacó a balazos a los guardias de la finca Orión, hecho en el que falleció el guardia Miguel Quintanilla, de 34 años. En el ataque perpetrado con armas de alto poder, resultaron heridos otros cuatro guardias de seguridad, uno de de ellos de gravedad. Al respecto, Lobo dijo que ayer recibió en el informe en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y le reportaron que no pudieron capturar a los responsables infraganti porque la Fiscalía no actuó con diligencia, pero no dio más detalles.

“Tuvimos un problema allí de una emboscada, lamentablemente no logramos el apoyo de la fiscalía para la captura”, manifestó Lobo.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en un comunicado hizo referencia a que “el hecho de que las autoridades se hayan apegado a la ley, favoreció a los responsables del ilícito para escapar de su captura in fraganti”.

http://www.tiempo.hn/sucesos/noticias/asesinos-de-guardia-en-el-aguan-huyeron-por-negligencia-de-fiscal?utm_source=sucesosTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Preocupan a la SIP restricciones de información

Diferentes sectores dieron a conocer sus puntos de vista sobre la libertad de expresión y prensa.
La comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se encuentra en el país, conoció informes de diferentes sectores sobre los temas relacionados con la libertad de expresión en Honduras y el asesinato de periodistas. Una de las preocupaciones es que, la misma Policía y la Secretaría de Seguridad, restrinjan cierta información a pesar de los altos índices delictivos. Desde las 8:00 de la mañana de ayer, la comisión que es encabezada por Jaime Mantilla, presidente de la SIP con sede en Washington, se reunió con representantes de medios de comunicación, diputados, organizaciones civiles, el presidente del Congreso Nacional y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio López. Mantilla considera que la misión principal de la SIP, por la cual se encuentra en Honduras, “es la defensa de la libertad de expresión, prensa e información”. Recordó que la libertad “es un derecho humano, tal vez el principal derecho, como lo es el derecho de la vida”. Es por eso que la misión y la visión de la SIP en Honduras “es defender esas libertades como bases fundamentales en la democracia”.
Profesión de riesgo
En relación al ambiente de inseguridad que se vive en el país y que en los últimos años han sido asesinados 35 comunicadores sociales, es del criterio que “el periodismo es una profesión de riesgo, porque obligadamente uno tiene que estar denunciando y criticando hechos que a alguien o a algún grupo no le conviene”. El ciudadano común está expuesto a la violencia en este país y esa violencia se produce por la inequidad, por la corrupción y por los grupos irregulares y por la acción de gobiernos populistas extremistas de cualquiera, ya sea de izquierda o derecha, dijo Jaime Mantilla. Rechazar la ley Otra de las apreciaciones del presidente de la SIP es que “Honduras debe superar el síndrome de la presentación del proyecto de ley de Telecomunicaciones”. “Honduras debe rechazar el proyecto de unir la ley de comunicación con la de telecomunicación y creo que no debe copiar moldes ni recetas de otros países”, enfatizó. “Cada país tiene que desarrollar su propia intencionalidad, su propia visión y en ese sentido Honduras tiene que superar la violencia, tiene que sincerarse y lo veo muy complicado cuando estamos muy cerca de la campaña electoral”, explicó. Sin embargo, cree que “el reto de Honduras en muy grande, pero se puede superar en base a la transparencia del diálogo de todos los sectores y en el caso de la prensa y los medios de comunicación, deben de mirarse hacia adentro”. También, Honduras debe mejorar notablemente en el periodismo, es decir “debe invertir mucho en la educación de los periodistas y en base a ellos tendrán un cuerpo sólido en defensa de la libertad de expresión”. En relación a la autorregulación, el presidente de la SIP está de acuerdo con esa medida, lo que quiere decir “que no debe haber otras personas que lo regulen”. “Las organizaciones periodísticas podrían desarrollar un concepto para que en base a ello haya una serie de normas morales que le permitan a la prensa lo fundamental que es credibilidad: nada más”.
La regulación proveniente de los poderes resta credibilidad. En cuanto a las medidas de informar a través de comunicados implementadas por el ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, es del criterio que “eso es gravísimo y se le llama censura”. “Nos preocupa muchísimo que se esté restringiendo cierta información, sobre todo en el aspecto policial, en un país como Honduras, que tiene récord de asesinatos, donde la mayoría está impune; es muy grave que se esté restringiendo la capacidad de los periodistas para comunicar y publicar lo que sucede”, concluyó Mantilla.

Leer más en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Preocupan-a-la-SIP-restricciones-de-informacion

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La violencia contra los jóvenes en Honduras: Un rentable negocio para unos pocos

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En otras palabras ser joven en Honduras se ha convertido en un crimen, la juventud hondureña particularmente la que pertenece a la clase social baja y media es acondicionada instintivamente a estereotipos  negativos. La gran pregunta que surge es ¿Por qué hemos llegado a este punto?, o ¿A quién le interesa mantenernos sumergidos en una cultura de miedo e indiferencia hacia la juventud?

El Estado de Honduras no combate la violencia: la administra
“La violencia es un buen negocio para los medios de comunicación, los vendedores de armas y municiones, empresas de seguridad, vendedores de drogas y para los políticos en sus campañas porque el tema es algo vendible y sirve para conseguir votos”, así respondió las interrogantes planteadas el Director Nacional de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Rúelas García.
Para Ruelas los jóvenes no son el problema, sino la mercancía es decir el rentable negocio para unos pocos, ante la vista y paciencia del Estado quien se ha limitado administrar la violencia en contra la juventud hondureña,  “la excusa Estatal es que nuestra juventud anda en malos pasos y que por ello les están matando, detallo Rúelas.
El Estado con el contubernio de la impunidad y de la sociedad misma, manifestó Rúelas, se conforma con informar que los asesinatos de jóvenes responden a asuntos del crimen organizado o a ajuste de cuentas sin reparar en el dolor de sus familiares. Ruelas argumento que el papel de la Policía Nacional en la criminalización a la juventud es muy compleja producto de una depuración con mucha tibieza.
“Hay desconfianza en las personas encargados de brindar protección y seguridad la población se siente indefensa amenazada y defraudada por quien debería protegerla existe la idea que la Policía está persiguiendo a la población”, denunció.
Voluntad inquebrantable
Según Ruelas los jóvenes hondureños son merecedores de su completa admiración, porque con una voluntad inquebrantable se enfrentan diariamente a un país sin oportunidades y sin una política pública clara que les permita superarse.
“Ser joven es estar cuesta arriba se enfrenta a situaciones tan difíciles y a una indiferencia social y estatal increíble, nosotros les hemos heredado un país sin esperanzas ni oportunidades y ellos aun así luchan por nuestro país”, amplió Ruelas.
A su criterio, particularmente con los niños y jóvenes en las calles la sociedad ha sido demasiado violenta llegando al extremo de casos en donde por el día se les denigra y humilla pero por las noches se les busca para abusar sexualmente de ellos.
Estigma social
Datos de Casa Alianza

  • Posee 38 nichos en el Cementerio Divino Paraíso, en el año 2012 fueron profanados.
  • Ha enterrado en el cementerio El Durazno a 14 jóvenes.
  • Los asesinatos de niños y jóvenes han aumentado, pero también la crueldad y saña en los mismos.
  • Según su Director, “Los jóvenes almacenan resentimientos por la falta de respeto de una sociedad si oportunidades en donde se acondiciona al joven está a recibir violencia y  desconfianza por eso ellos responden de la misma manera”.

Bernando Castillo es un joven hondureño que está a punto de cumplir 20 años de edad, razón por la cual decidió regresar a Honduras a pasar unas vacaciones después de tres años de haber emigrado junto a su familia a la ciudad de Miami en Estados Unidos.

Castillo relató con mucha nostalgia como la sociedad hondureña criminaliza automáticamente a la juventud, particularmente a los de sexo masculino; “yo le puedo dar un ejemplo real, quise salir a recorrer los centros comerciales un día lunes como mis familiares no pudieron acompañarme decide salir solo y estuve una hora esperando taxi pero no me quisieron subir porque estaba solo y era joven”, detalló.
Según Castillo el único taxista que lo subió le dijo “a la mano de Dios” y después le comento que como motorista de taxi mantiene cierta prudencia con clientes jóvenes, hombres y que viajan solos, producto de la violencia y delincuencia instaurada en el país”, ello explicaba el porqué le costó tanto tiempo abordar un medio de transporte público.
“También he sentido el miedo y rechazo de la gente en las calles, instintivamente cambian de acera y se desvían de su camino, creo que mi apariencia informal podría ser la causa o tal vez mi edad”, comento Castillo.
Finalmente el joven Castillo lamento que la juventud de Honduras este atravesando por este tipo de circunstancias que a su criterio son  discriminatorias por parte de la sociedad y las mismas autoridades que según él persigue a los jóvenes por el simple motivo de ser jóvenes.
Varones los mayores víctimas de la violencia 
Únicamente en el mes de enero de 2013 se contabilizó el encarcelamiento por 24 horas de 1,437 personas de las cuales 162 eran menores de edad y 661 pertenecían a un rango de 18 a 35 años de edad, es decir que el 56 por ciento de los detenidos eran menores de 25 años de edad, según el libro de  reporte diario de personas detenidas en las celdas de la Estación Policial del Core 7. Otra peculiaridad de los datos obtenidos de la Estación Policial es que el 94 por ciento de los detenidos son del sexo masculino.
De acuerdo con el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras “Desafíos y Avances”, elaborado por la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos (SJDDHH), la violencia, discriminación contra los niños, mujeres y adolecentes es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las instituciones estatales involucradas en la temática.
Según la edición del boletín No.28, del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), publicado en enero de 2013, en el análisis de la caracterización de homicidios de acuerdo a la edad y sexo de las víctimas se muestra que 6,566 víctimas son del sexo masculino lo que representan el 91.6 % del total.
En el análisis  del IUDPAS el grupo social más vulnerable es el comprendido en las edades entre los 15 y 44 años; con 5,354 hombres y 447 mujeres que representa un 80.9% (5,801) de los casos. Un total 940 niñas, niños y jóvenes (108 niñas y 832 niños y jóvenes) perdieron la vida en el año 2012.  El rango etario más afectado en hombres se ubica en primer lugar de los 20 y 24 años de edad con 1,278 muertes (17.8%), mientras que en el sexo femenino corresponde a edades entre los 25 a 29 años con
98 casos (1.4%).
Cerramos la entrega de este trabajo periodístico investigativo con la reflexión del Director Nacional de Casa Alianza Honduras José Guadalupe Rúelas García de Para Rúeles; “el joven hondureño es producto de una sociedad indiferente nosotros les enseñamos a querer, amar y también a odiar el muchacho sabe que los adultos desconfían de ellos pero nosotros los hemos formado con violencia por eso ellos muchas veces nos responden con violencia”.

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MARCA advierte derramamiento de sangre por fallo de la CSJ

Tegucigalpa – El conflicto de tierras En Honduras parece no encontrar una salida a esa problemática. Este martes, varios grupos aglutinados en el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), advirtieron de un posible derramamiento de sangre en caso que sean desalojarlos de sus tierras.

Luego de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de los juzgados de Trujillo, Colón, que dejó sin valor ni efecto una resolución que ahora favorece a los empresarios de esa zona caribeña, el grupo MARCA advirtió de posibles consecuencias en los próximos días.

 Dichas declaraciones fueron vertidas durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de las cooperativas: La Trinidad, San Isidro y Despertar, las que llegaron desde el Bajo Aguán, Caribe de Honduras.
 Rubén Cedillo, del grupo Despertar, manifestó que el fallo emitido en los juzgados de Trujillo, favoreció a los empresarios, por lo que en los próximos días varios grupos campesinos serán objeto de desalojos.
 “Estamos bajo amenaza de un posible desalojo que se puede llevar a cabo en los próximos días en el Bajo Aguán, en las cooperativas La Trinidad, San Isidro y Despertar”, informó.
 En ese sentido, advirtió que “estamos haciéndoles saber a la comunidad nacional e internacional y a los tres poderes de Estado, que los responsabilizamos por cualquier derramamiento de sangre que pueda ocurrir en el Bajo Aguán”.
 Añadió que no cederán esas tierras, porque son de sus propiedades y que están dispuestos a ofrendar sus vidas.
 “Somos los únicos dueños y estamos dispuestos a ofrendar las vidas y mantenernos en pie de lucha, no vamos a ceder nuestras tierras porque sabemos que nos pertenecen”, enfatizó.
 Recordó que ya son unos 75 campesinos los que han perdido la vida en conflicto de tierras, pero que 900 familias más están dispuestas a morir por esa causa.

Por lo que, reiteró: “estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier problema que se nos venga en el Bajo Aguán, si es necesario vamos a ofrendar las vidas de nosotros y de muchos compañeros más para defender la tierra, son dos mil 900 familias que estamos aglutinadas en el MARCA y no hay ninguna que tenga miedo a las balas”.

 Según Cedillo, las órdenes de desalojo ordenan que el siete de julio, los campesinos sean despojados de las tierras.

Además aseguró que ellos cuentan con la documentación que los acredita como legítimos dueños de esos terrenos.

“Tenemos las armas de los documentos”

 “Por los momentos tenemos armas, pero son las de la fuerza para defender nuestras tierras, las armas que tenemos es la documentación que nos acredita que somos únicos y legítimos dueños”, subrayó.
 Según lo informado, el 29 de junio del 2012, los campesinos de MARCA, lograron tomar posesión de esas tierras con el apoyo del ya fallecido abogado Antonio Trejo, de acuerdo al fallo adquirido.
 Asimismo, el pasado 15 de febrero del presente año, emitieron un fallo a favor de los campesinos y ocho días después admitieron un recurso de reposición y por lo que las tierras pasan a favor de los empresarios.
 Por su parte, Rafael Alegría, hizo un llamado a los organismos de justicia, al gobierno de la Republica y al Congreso Nacional para que se instale una mesa de debate en relación al tema.
 Igualmente se sumó a las amenazas de los campesinos de MARCA en torno a la existencia de un supuesto derramamiento de sangre en la zona.
 “Ahora lo que está en peligro con estos fallos, son más derramamiento de sangre en el Aguán”, puntualizó.
 Hace unos días, el sector campesino del norte de Honduras, se declaró en “estado de alerta” tras la muerte de tres labriegos en la comunidad de San Manuel, Cortés.

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Pandillas de Honduras declaran tregua

Por ALBERTO ARCE

Associated Press

SAN PEDRO SULA, Honduras — En una declaración histórica ante la prensa los portavoces nacionales de las dos pandillas más poderosas de Honduras, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, ofrecieron el martes una tregua y un cese de la violencia, pidieron perdón a la sociedad y el gobierno por el daño causado y llamaron a las autoridades a abrir un diálogo para la pacificación del país a cambio de un espacio de rehabilitación y trabajo para sus miembros.

«Ofrecemos cero violencia en las calles, cero crímenes, éste es sólo un primer paso y lo vamos a demostrar con los hechos», sostuvo un integrante de Mara Salvatrucha que dijo llamarse Marco y habló en representación de los miembros de su organización tanto en el interior de los penales como en las calles.

El pandillero añadió «nuestra tregua es con dios, con la sociedad y con las autoridades. Pedimos perdón, le pedimos perdón a la sociedad y a las autoridades por el daño que les hemos hecho» y propuso «jalemos todos por un mismo lado, tendemos la mano, queremos trabajar para darle ejemplo a nuestros hijos y nuestras familias».

El portavoz explicó que la vigencia de la tregua es inmediata y abarca todo el territorio de Honduras. «Hablo en nombre de toda nuestra organización, en el interior de los penales y en las calles de todo el país, todos los muchachos saben a partir de hoy lo que tienen que hacer».

Respecto de las extorsiones que su organización cobra a pequeños empresarios, transportistas y ciudadanos, el portavoz dijo que «no hablemos aún de extorsiones, vayamos paso a paso, primero cero crimen y cero violencia, y para detener la violencia que perjudica a los seres humanos empecemos a hablar de encontrar la manera de desenvolvernos».

El portavoz de Mara Salvatrucha también explicó que se detendría el reclutamiento de nuevos miembros para su organización. «No vamos a permitir que nadie ingrese en nuestra organización aunque quiera hacerlo» explicó. «Yo tuve la mala suerte de acabar en esto y no se lo deseo a los niños», afirmó.

«Queremos una oportunidad de ser útiles a la sociedad y a nosotros mismos. Lo hacemos por nuestras familias», dijo. «Quiero que mi hijo sea doctor o camarógrafo y no pandillero», añadió el portavoz de Mara Salvatrucha en un discurso repleto de referencias a la ausencia de trabajo y la falta de oportunidades con las que dicen haberse encontrado.

Agregó que «en nuestros barrios están los jóvenes que se introducen a este tipo de vida y para ellos no pedimos más que trabajo para conciliar el dinero que ganamos con el sudor de nuestra frente, queremos que el gobierno nos ayude a que nuestros jóvenes aprendan un oficio para que no sean como nosotros, que no tuvimos oportunidades y tuvimos que agarrar el lado más caro».

Con una tasa de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras es considerada la nación más peligrosa del mundo sin conflicto bélico. Eso significa que alrededor de 20 personas mueren violentamente cada día.

Los pandilleros designaron como mediadores con el gobierno al obispo auxiliar de San Pedro Sula Rómulo Emiliani y al embajador Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multilateral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Emiliani, que calificó la jornada de «histórica para Honduras», afirmó que «los pandilleros han prometido cero crímenes y cero violencia, pero ellos no son los únicos responsables de la violencia que hay en el país. Ahora es el turno del gobierno, el proceso ha empezado, ahora ellos deben hablar».

El portavoz de Mara Salvatrucha enfatizó que «somos personas y una organización con disciplina y lo que decimos es lo que se va a cumplir. Hemos dado el primer paso, a partir de hoy las cosas serán diferentes».

Los pandilleros dieron dos ruedas de prensa diferentes en el interior de sus respectivas celdas colectivas. Pocos minutos después, un portavoz de Barrio 18 con la cara tapada por un pañuelo y que rehusó identificarse ante la prensa se sumó al proceso acompañado de varios miembros de su organización.

«Se trata de una tregua con la sociedad. Muchos inocentes han sido afectados por la violencia y ofrecemos lo mismo que el otro grupo… Todos estamos dispuestos. Damos nuestra palabra de reducir el índice de violencia a partir de hoy mismo, cero violencia para reintegrarnos a la sociedad como padres y seres humanos», dijo el miembro de Barrio 18, que sólo puso una condición para el diálogo «que la policía deje de matarnos».

«Hemos cometido errores, he cometido maltratos y nos han maltratado a nosotros, queremos un cambio que detenga esta dinámica en la sociedad», dijo el miembro de Barrio 18 que también ahondó en la falta de oportunidades. «Han sido la falta de ingresos y trabajo lo que nos empujó a llevar esta mala vida» agregó.

Barrio 18 a través de su portavoz insistió que «nuestras familias pagan por nuestros errores, nuestros hijos son discriminados, nuestras mujeres maltratadas, se nos persigue y en vez de detenernos, la policía nos ejecuta».

El miembro de Barrio 18 explicó que «el diálogo es con el gobierno, nosotros vamos a respetar al otro grupo (Mara Salvatrucha) y ellos van a respetarnos a nosotros, vamos a respetar los territorios y van a darse buenos resultados».

Agregó respecto de los plazos que se abren a partir del martes que no van «a marcar el tiempo. Sabemos que el gobierno hace lo que puede con los medios que tiene. Esperemos, esperemos que actúen de buen corazón».

El lunes el presidente Porfirio Lobo declaró a The Associated Press que va «a poner a disposición (del obispo Emiliani) todo lo que necesite. En nombre de Honduras tengamos fe en la iniciativa» porque «todo lo que sea una alternativa a la violencia hay que buscarlo» y «la voluntad por parte del gobierno está expresada, estamos abiertos a cualquier proceso que disminuya la violencia».

Existe escepticismo sobre la incidencia real en una disminución de la violencia que este proceso pueda conllevar.

Un informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito de 2010 con datos de la Policía Nacional de Honduras reflejaba que sólo 30% de los homicidios cometidos en el país estaba relacionado con la violencia generada por las pandillas.

Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Honduras y fundadora del Observatorio de la Violencia dijo a la AP que «la dinámica de homicidios en el país va más allá de las pandillas y refleja la existencia de múltiples actores difíciles de señalar».

Castellanos afirmó que «el Estado no debe subordinarse a una negociación con el delito» y que «ningún acuerdo con criminales puede utilizarse para aumentar el grado de impunidad en el país».

El secretario Blackwell ha jugado un rol muy activo como negociador en una tregua similar entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha en el vecino El Salvador que desde marzo de 2012 ha reducido el índice de homicidios a la mitad.

«Yo utilizo el término proceso de paz para definir lo que está sucediendo en El Salvador y ahora aquí. La violencia en Centroamérica tiene los mismos niveles que países en guerra y en el caso de Honduras se trata del país con mayor índice de homicidios del mundo. Hay que comenzar a construir la confianza desde algún lugar y será la propia comunidad, la calle, la que nos dirá rápidamente si esto funciona o no, si se sienten mejor, eso podremos verlo todos», dijo Blackwell a la AP.

Blackwell quiso ser optimista sobre la tregua de las pandillas en Honduras. «Si hace 14 meses en El Salvador alguien nos hubiese dicho que esto iba a funcionar, nadie lo hubiera creído».

«Salgo ahora mismo hacia Tegucigalpa para hablar con el presidente Porfirio Lobo y con el ministro de Seguridad Arturo de Corrales», afirmó Blackwell a la salida de la celda colectiva de Barrio 18.

Aparentemente no hay condicionantes para la tregua pero Blackwell hizo hincapié en la situación carcelaria de los pandilleros.

«Hay que empezar a trabajar desde hoy mismo con mucha perseverancia en mejorar el sistema carcelario de Honduras, absolutamente colapsado y en posibilidades de reinserción para estas personas, que han cometido crímenes horribles pero en las que tenemos que depositar fe si queremos la paz», dijo Blackwell.

http://www.elnuevoherald.com/2013/05/28/v-fullstory/1486517/pandillas-de-honduras-declaran.html#storylink=cpy

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CPTRT denuncia intensiones de militarizar centros penales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), denunció hoy en conferencia de prensa una posible militarización de los diferentes centros penales del país, el próximo tres de junio.

El próximo lunes la Comisión de Transición del Sistema Penitenciario, integrada por los abogados José Augusto Ávila González, Servando Alcerro Saravia y Delmy Anarda Banegas Padilla, deben asumir el control de los 24 centros penales del país.

Según el director ejecutivo del CPTRT Juan Almendarez Bonilla, han “tenido conocimiento de un rumor difundido que este tres de junio se van a militarizar los centros penales”.

“Estamos totalmente en contra de la militarización de los centros penales porque las estructuras policiales y militares no han sido capaces de manejar y además de acuerdo a la propia ley tienen que tener un control civil”, señaló Almendarez.

Recomendaciones de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que se “garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil. Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares”.

Por su parte el coordinador la comisión manifestó que de concretarse la denuncia pondría su renuncia al cargo inmediatamente.

Almendarez calificó como histórico “el paso de una estructura que ha estado controlada por los militares y la policía históricamente” a una instancia civil que significa una ganancia para los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Ante la denuncia, diferentes organizaciones como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura MNP-CONAPREV, La Pastoral Penitenciaria, La Alianza por los Derechos Humanos y el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras el doctor Efraín Pérez, mostraron su preocupación y su apoyo a la Comisión de Transición.

El defensor de los derechos humanos hizo un llamado a “la conciencia nacional e internacional” para acompañar a la Comisión de Transición el proceso que se iniciará el próximo tres de junio.

Hoy, una comisión de diferentes instancias de derechos humanos tienen previsto una reunión con autoridades de los centros penales, mientras se está solicitando de urgencia con otras entidades como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para tratar el asunto del traspaso de mando.

La comisión es la máxima autoridad del Sistema Penitenciario para los próximos dos años y tiene el mandato de organizar el nuevo Instituto Penitenciario, previsto en la nueva Ley que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Representante de la ONU manifiesta preocupación

El representante del Alto Comisionado manifestó que “vemos con mucha preocupación el anuncio y considero que es fundamental este reclamo, considero que las cárceles no deben estar en manos del ejército”.

El alto funcionario agregó, que así como las funciones de la policía no pueden estar en manos del ejército, tampoco las mismas cárceles porque hace parte de ese principio universal de protección de los derechos humanos.

“Las cárceles están llenas de personas, que no vengo aquí a juzgar eso lo deben hacer los jueces, pero independientemente de que hayan actuado bien o mal siguen siendo seres humanos” afirmó Pérez.

El defensor de los derechos humanos cuestionó, que “cuando un estado desciende el peldaño al mismo nivel que el delincuente, el Estado no es mejor que víctima y se convierte en otro verdugo más, otro delincuente”.

Esa misma preocupación fue manifiesta por los miembros del CONAPREV, una instancia estatal con participación de la sociedad civil, que trabaja contra la tortura y tratos crueles en diferentes centros de detención del país incluidos los hospitales psiquiátricos.

http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/cptrt-denuncia-intensiones-de-militarizar-centros-penales

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Abogan por el fin a la impunidad en el asesinato de periodistas en Honduras

Por:Ernesto Carmona / Ciap-Felap / MapochoPress
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- «Es necesario demostrar que en Honduras se quiere investigar lo que está pasando en este gremio profesional y asegurar mayores condiciones para el ejercicio periodístico», reclamó ayer la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana A. Pineda H., en vísperas del Día del Periodista Hondureño, instituido el 25 de mayo, hoy.
Al mismo tiempo, recrudece el debate político sobre una nuevo marco jurídico para el negocio de las telecomunicaciones que divide en tres sectores el espectro radioeléctrico público, 33% comunitario, 33% privado y 34% del Estado, severamente resistido por los grandes medios, tal como ocurrió en Argentina, Ecuador, Venezuela y otros países.
Llaman a terminar con la impunidad
En Honduras sólo se han judicializado 6 de los 34 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales registrados desde 2003, recordó la ministra Pineda, en un acto conmemorativo del “Día cultural por la libertad de expresión y la defensa de la agenda de Derechos Humanos”, que demandó una investigación efectiva de 34 asesinato de periodistas y comunicadores sociales contabilizados entre 2003 y 2013.
La secretaria de Estado, que promueve agendas de libertad de expresión y de derechos humanos, exigió justicia y resultados efectivos en la investigación del asesinato de 34 periodistas. “El Ministerio Público tiene que pasar por un proceso de revisión interna y evaluación de su desempeño, lo mismo debe hacer la Secretaría de Seguridad para que obtengan resultados efectivos”, exigió la ministra.
“Las instituciones creadas para investigar y enjuiciar deben trabajar para alcanzar mayores resultados, en virtud que el universo de muertes violentas manda un mensaje de alta impunidad, ya que sólo se han  judicializado 6 casos, lo que demuestra que hay que hacer mayores esfuerzos”, dijo. “Es necesario demostrar que en Honduras se quiere investigar lo que está pasando en este gremio profesional y asegurar mayores condiciones para el ejercicio periodístico”.
En Honduras sólo se ha condenado al autor del homicidio de Georgino Orellana, asesinado el 20 de abril de 2010 al salir de su trabajo, en Televisión de Honduras (TVH), en San Pedro Sula. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Desarrollo (Unesco), Honduras es el país con la mayor tasa per cápita de asesinatos de periodistas.
Conflicto político de fondo
Los grandes medios, que apoyaron la dictadura Micheletti (28/6-2009 al 27/05-2010) e ignoraron sus crímenes, incluidos los de periodistas, ahora levantan la impunidad de esos asesinatos como bandera de lucha en su confrontación con un proyecto de ley que establece un nuevo marco legal a las telecomunicaciones y se encuentra en discusión en el congreso, impulsado por la cartera de Ana Pineda.
El proyecto, enviado al parlamento por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), recoge algunas recomendaciones de Frank La Rue, relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, sobre telecomunicaciones y medios de comunicación, formuladas tras el Examen Periódico Universal. También contiene otras de la Comisión [local] de la Verdad y la Reconciliación y cuenta con el apoyo de las radioemisoras comunitarias y numerosas organizaciones populares, comunitarias, étnicas y de derechos humanos.
El proyecto, que fue resultado de cuatro ruedas de conversaciones amplias del presidente Porfirio Lobo con todos los sectores involucrados, básicamente propone democratizar el espectro radioeléctrico dando cabida a sectores postergados, como las comunidades indígenas y afro-hondureñas.
En el espectro radioeléctrico, que teóricamente pertenece a todos los habitantes a través del Estado, se establecerían tres rangos de frecuencias radioeléctricas para medios de comunicación comerciales-privados (33%), públicos (34%) y comunitarios (33%), que beneficiarían a poblaciones indígenas y afro-hondureñas. También se limitaría las frecuencias de una misma persona para evitar concentración monopólica.
Los grandes medios de Honduras están en contra de esta iniciativa gubernamental. Diarios y canales de TV, que a veces tienen el mismo propietario, a menudo ignoran, desvirtúan o minimizan noticias protagonizadas por la ministra Pineda y no dan cabida al contenido real del proyecto de reforma del espectro radioeléctrico. Más bien tergiversan la probable democratización llamándola “ley mordaza” y “atentado a la libertad de expresión”, tal como ha ocurrido en Ecuador, Argentina y otros países que han modernizado esta legislación.
La 10 familias que integran la elite propietaria del país también están representadas en la Asociación de Medios de Comunicación, que dominan reconocidos dueños de grandes medios, como José Rafael Ferrari Sagastume (Grupo Televicentro Canal 5, Telecadena 7y4, Telesistema 3y7, MegaTV, Multivisión, Multidata y Multifon), Jorge Canahuati Larach (La Prensa, El Heraldo, Diez, Estilo y negocios de otros rubros) y Carlos Flores Facussé (La Tribuna y Lithopress Industrial, impresora).
Los dueños de medios también incorporaron a su causa a algunos de sus empleados, cuyas opiniones constituyen “noticia” y ameritan destacados titulares cuando critican a la ministra Pineda, identificada con la propuesta de reforma a las telecomunicaciones.
Por ejemplo, el presidente del Colegio de Periodista de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena, dijo ayer: “Exigimos que se concluyan las investigaciones de los asesinatos contra periodistas, que se dé con los culpables y que sean sometidos a la ley; exigimos que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos implemente lo antes posible el Plan de Acción Sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad que impulsa las Naciones Unidas y que se olvide de una vez por todas de andar promoviendo leyes mordazas que solo dividen a la sociedad hondureña”.
La ministra Pineda también es criticada porque piensa que el rol del periodista y comunicador social “debe ahondar permanentemente en el papel que juega en la sociedad buscando siempre ser, antes que vocero del poder, vocero de la sociedad a la cual se debe”. (…) “Los  medios de comunicación y la necesidad que la libertad de prensa sea independiente, lo que permitirá que el propietario del medio de comunicación o el gobierno se alejen del control de contenido editorial y evite perjudicar la ética profesional y el interés público para lo que resulta imprescindible la adopción de la cláusula de conciencia en los contratos laborales”. (…) Es necesario que “los periodistas y comunicadores cuenten con la protección especial del Estado para que se desenvuelvan en condiciones de un entorno seguro para su vida e integridad personal”. (…) «Honduras ya cuenta con un Anteproyecto de Ley para la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, que ha sido socializado a nivel nacional con la participación activa de la sociedad civil y sólo falta que la Secretaría de Finanzas precise los recursos económicos».
También Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), señaló en un informe al Congreso Nacional en marzo 2013 que “en 35 meses de gestión de gobierno de Porfirio Lobo Sosa [quien asumió el 27 de enero 2010] al menos 27 comunicadores sociales perdieron la vida en forma violenta, cantidad que representa el 79 por ciento del total de homicidios registrados contra miembros del gremio de periodistas desde el año 2003″. El informe de Custodio es un aporte contra la impunidad, aunque denuncia los asesinatos pensando en la nueva legislación de telecomunicaciones que propone el gobierno Lobos: “Lo que estamos viviendo es un clima de continua amenaza a la libertad de pensamiento y de expresión”.
El Informe Custodio fue refritado hoy sábado 25 como “noticia” por El Heraldo, incluyendo una lista de 23 periodistas asesinados en Honduras desde 2010, otro buen aporte informativo, pese a que las cifras no coinciden con las de Custodio:
  1.- Nicolás Asfura  – 17 de febrero de 2010
  2.- Josep Hernández – 1 de marzo de 2010
  3.- David Meza Matamoros  – 11 de marzo de 2010
  4.- Nahúm Palacios  – 14 de marzo de 2010
  5.- Víctor Manuel Jesús Juárez  – 26 de marzo de 2010
  6.- José Bayardo Mairena  – 26 de marzo de 2010
  7.- Luis Chévez  – 11 de abril de 2011
  8.- Georgino Orellana  – 20 de abril de 2010
  9.- Luis Mondragón  – 15 de junio de 2010
10.- Gabriel Fino Noriega  – 2 de julio 2010
11.- Israel Zelaya  – 24 de agosto de 2010
12.- Henry Suazo – 28 de diciembre 2010
13.- Héctor Medina  – 11 de mayo de 2011
14.- Luis Ernesto Mendoza – 19 de mayo de 2011
15.- Adán Benítez – 4 de julio de 2011 Nery
16.-Jeremías Orellana – 14 de julio de 2011
17.- Medardo Flores  – 8 de septiembre de 2011
18.- Luz Marina Paz  – 6 de diciembre de 2011
19.- Saira Fabiola Almendares – 1 de marzo de 2012
20.- Fausto Elio Hernández – 11 de marzo de 2012
21.- Noel Valladares Escoto  – 24 de abril de 2012
22.- Erick Martínez Ávila  – 7 de mayo de 2012
23.- Alfredo Villatoro – 15 de mayo de 2012
Opiniones disidentes
“Democratizar los medios de comunicación es darle participación y recursos a los sectores populares”, aseguró Gilda Silvestrucci, destacada periodista hondureña, coordinadora de la revista noticiosa “En La Plaza”, de Radio Globo y representante de Ciap-Felap. “Los sectores populares son los más vulnerables por que no tienen acceso -y requieren ese acceso- a los medios de comunicación y el hecho de democratizar es darle esa participación y los recursos, y por eso es necesario plantear una norma como la Ley de Telecomunicaciones; es una lucha de David y Goliat”, dijo.
“Cuando los medios callan las paredes hablan”, fue la primer expresión que se le vino a la mente a Gilda Silvestrucci cuando se pintaban las paredes de las calles de Tegucigalpa durante el golpe de Estado que comenzó el 28 de junio del año 2009, al ver la restricciones del acceso a los medios de comunicación en Honduras. Silvestrucci afirmó que Honduras ha estado manejada por un grupo pequeño de empresarios que han afectado a la población, colocándola en una situación de pobreza, de calamidad, mientras nuestras poblaciones indígenas están marginadas y no tienen acceso a la tierra; ellos no quieren que estas voces se escuchen en contra de sus intereses.
“La democracia no es ir a votar cada cuatro años, la democracia es darle a la población las condiciones de una vida digna  y esto es cuando la gente sale y denuncia los actos de corrupción y los actos que se cometen y que no hayan grupos pequeños privilegiados ni grandes grupos postergados”.
Según la comunicadora, para construir este proceso de democratización debe haber primero “una ley que no esté vinculada a la crisis política, económica y empresarial con el gobierno y esta ley que se está promoviendo es la indicada para los tiempos actuales y también un organismo que se encargue del cumplimiento de esta reforma.
“Aquí en Honduras se ha confundido la libertad con el libertinaje y no es libertad atacar a una persona o al gobierno sólo porque no está acorde a sus intereses del momento. Lo que se dio en el pasado gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y en otros gobiernos, por no otorgar licitaciones a empresas relacionadas a estos medios grandes de comunicación”, explicó.
Silvestrucci estima que «democratizar no es censurar, pero si hay que regular, y regular no es silenciar lo que se va decir, si no tener mejor control en el amarillismo, la programación y se ha irrespetado la vida misma cuando se abusa de imágenes no agradables en la parte audiovisual».
“La misma ciudadanía está acostumbrada a consumir el sensacionalismo, el amarillismo que tanto se da en los medios desde las mañana temprano viendo directamente las partes afectadas de la persona humana y este comité que se va crear debe educar a la misma población de que eso esta malo de que se les está afectando en su salud mental”, añadió.
Para Silvestrucci, entre otros abusos «los grandes medios de comunicación han sido beneficiados por décadas por el mismo Estado por los comprazgos de los partidos políticos de turno en el poder otorgando su mayor parte de la publicidad del Estado en cifras que algunos analistas calculan entre 25 millones a 50 millones de dólares del presupuesto General de la Republica mensualmente. “Estas son cantidades exorbitantes para un pueblo que necesita medicamentos, que necesita atenciones que tiene necesidades y en esta reforma los medios tendrán que reportar sus ingresos y la misma distribución de las frecuencias que esos grandes medios no quieren otorgar, lo mismo sucede con nombres de las patentes de los periódicos, que están a nombre de una sola persona que son más de 600, así como la misma materia prima del papel periódico”.
Silvestrucci piensa que “la desigualdad que hay en los periodistas independientes en el otorgamiento de la publicidad estatal, que debe de darse en igualdad de condiciones a los grandes medios, ya que surge esa necesidad de poner los espacios por falta de oportunidades en el campo laboral en Honduras y ellos piden sus propios medios de comunicación en ese sentido. En Suecia, por ejemplo, se da el caso de que el gobierno otorga un presupuesto al medio de oposición para que se sostenga y aquí sucede lo contrario, capaz lo dejan hasta en la bancarrota con tal de no seguir criticando las decisiones que toma y que quieren que hablen muy bien de ellos siempre”. Para Silvestrucci es necesario que esta reforma concluya en el Congreso Nacional tal como se envió desde el Poder Ejecutivo, pese a los muchos intereses de dueños de medios dentro del mismo Congreso Nacional.
Control oligopólico del espectro
“Los grandes grupos de comunicación que están en contra de esta reforma de la ley de telecomunicaciones es un problema con el control del mercado y el control oligopólico de las frecuencias que en la historia ha generado enormes fortunas con el control de la publicidad, y de los noticieros, que a su vez inducen de forma ideológica, de forma comercial, en una sociedad que avanza hacia un mayor consumo de bienes y servicios”, aseguró Osmán López, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
«El proceso de democratización de los medios de Comunicación es necesario para tener espacios comunicativos abiertos a una diversidad de sectores o segmentos de la población al no tener sus propios espacios para la comunicación social en Honduras», añadió el sociólogo.
“Es una necesidad y un momento histórico para el país de cara a ese proceso que está en marcha, la reforma a la ley de telecomunicaciones, y el mismo Estado debe dar las condiciones para la apertura de más medios de comunicación disponiendo de las frecuencias que son del propio Estado o propiedad pública que se convierte en una distribución democrática”.
Según López, cuando es factible que exista una legislación que pueda favorecer la apertura en la propiedad, no tanto de los medios, sino de las frecuencias de manera abierta, se fortalecerá  la democracia en el país y esto lo puede hacer el poder legislativo teniendo una visión clara de la libertad y la democracia.“Se habla de democratizar porque efectivamente hay un control monopólico y oligopólico de los medios de comunicación y esto produce la ausencia de apertura en el ejercicio libre de las ideas de expresión y del manejo abierto de la comunicación y esto construye emisiones únicas de acuerdo a los intereses de los grandes grupos de medios”, explicó.
Contenido básico de la reforma
Según un resumen ofrecido recientemente por la ministra Pineda, éste es el contenido medular de la reforma de las telecomunicaciones:
-Se propone asignar 33% del espectro radioeléctrico a servicios de difusión comunitarios, 33% a servicios comerciales y 34% para satisfacer necesidades comunicacionales del Estado.
–Las concesiones de 25 años pasan a 15 años; los permisos de 15 años a 10 años; los registros no podrán exceder de 5 años, se quedan en 5 años, y las licencias serán otorgadas por períodos iguales a la duración de la concesión, permiso o registro correspondiente.
–Hoy la ley permite la renovación automática de las concesiones por períodos iguales, y de los permisos, registros y licencias. Con la reforma las personas interesadas en renovar una concesión, permiso, registro o licencia deberán solicitarlo con anticipación.
–Actualmente, los permisos de los servicios de difusión de libre recepción y sus licencias asociadas durante el plazo de su vigencia pueden ser transferidos por sucesión por causa de muerte, por donación entre vivos y libre disposición de bienes. Con la reforma, los derechos derivados de una concesión, permiso, registro o licencia, son intransferibles; en consecuencia, no podrán cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción.
–La reforma busca que los titulares de las concesiones, permisos, registros o licencias otorgados para la explotación de servicios de telecomunicaciones, presenten con carácter obligatorio, ante Conatel y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del decreto, la documentación que acredite su titularidad, así como una declaración jurada en la que conste que dicho titular es quien directamente opera el servicio autorizado.
–Respecto a la Comisión Reguladora de Programación, se crea ante las serias deficiencias que exhibe el sistema y ante los reclamos de tutela de los derechos y la promoción de valores, por sectores de niñez, mujeres, pueblos indígenas, afro hondureños, campesinos entre otros. La comisión tendría 16 miembros representativos de todo el espectro social y sectores involucrados, gubernamentales, religiosos, comunitarios, étnicos, gremiales y empresariales periodísticos, entre otros.
–Se advierte que la libertad de expresión puede tener limitaciones legítimas derivadas de los principios establecidos en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Artículo 13 numerales 2 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH), las cuales deberán estar expresamente fijadas por la ley y son necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

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Honduras: La tregua entre maras depende de quienes están detrás, analistas

San Pedro Sula, Honduras, (Conexihon).-  Para estudiosos y analistas del tema  de las maras y pandillas una tregua entre los jefes de estas organizaciones a desarrollarse en los días venideros, es incierta,  porque no depende  de su decisión sino del liderazgo de agentes externos como ser el de sus bases o aliados con sede en las ciudades de New York, Los Ángeles, California en Estados Unidos, el  crimen organizado y el narcotráfico.

El sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, UNAH-VS, Misael Castro, dijo a Conexihon que “no hay condiciones para que se dé una tregua entre las maras y pandillas que operan en el país porque su condición organizativa y liderazgo perdió la  independencia y autonomía que tenía hace 10 años.

“De momento lo que hay es una dispersión de grupos que trabajan y operan con carteles criminales y obedecen más a estos grupos que a los principios de la mara. El liderazgo lo tiene el crimen organizado y la mara obedece”, explicó el catedrático a Conexihon.info esta semana.

Proceso de mutación

A su criterio lo anterior es producto de “una mutación y la  necesidad en que se ven las mismas pandillas de  transformarse  para sobrevivir de tal manera que ahora hay una mayor dependencia y vínculo con el  crimen organizado”, subrayó.

Según el catedrático para alcanzar la tregua habrá que preguntarse “¿Dónde buscar los liderazgos?, hasta hace poco era fácil hacer esta lectura porque había una estructura vertical que iniciaba desde las bases en los barrios, las comunidades y se elevaba a regiones o centro penales donde había individuos que tenían un mayor nivel de control. En la actualidad eso no es así”, aclaró.

Otro elemento que habrá que tomar en consideración es la importancia que  puedan tener las opiniones de  las bases de las maras extra territorio por ejemplo en Los Ángeles, Estados Unidos, “recordemos que estas ejercen una fuerte influencia y mucho respeto en suelo nacional”.

“Por eso es vital saber qué tan  determinante puede ser que se tome una decisión a nivel de Honduras sin el beneplácito de las pandillas fuera del país”, reflexionó Castro.

Acuerdos en El Salvador

Al consultarle por qué en El Salvador se llegó a un acuerdo, respondió que “a diferencia de Honduras allá las maras y pandillas tienen una relación horizontal con el crimen organizado, es decir no hay esa dependencia que se experimenta aquí”.

Pacto frágil

“En lo personal veo remoto un pacto, aunque de darse sería muy frágil y no sé qué nivel de reconocimiento y legitimidad tendría al aterrizarlo a nivel de las comunidades porque la verticalidad de la estructura de la mara está en precario”, agregó el sociólogo Castro quien viene estudiando y sistematizando el tema desde principios de la década de los noventas.

La tregua es un “Cuento Chino”

Para el coordinador de la pastoral penitenciaria de San Pedro Sula,  César Augusto Ramos, hablar de una tregua entre las pandillas es un “cuento chino”, puesto que las disputas entre ellas son irreconciliables y en tanto, de fondo responden a los intereses de los grupos del crimen organizado y  el narcotráfico.

“Hasta ahora entre estos grupos los conflictos los hayan resuelto vía diálogo y peor aún bajo la intermediación de agentes externos a ellos, sus intereses no pueden ni nunca los han sometido a los marcos legales, ni formales, sino que lo manejan mediante el famoso “ajuste de cuentas” muy conocido en nuestro medio y en todas partes donde estos grupos operan”.

“Por otro lado, hay  una ruptura del orden constitucional no resuelta, con una severa crisis de confianza y credibilidad ante la ciudadanía y la comunidad internacional; con una policía, y los tres poderes del Estado, desprestigiados y sometidos por los grupos de poder fáctico ligados al narcotráfico y el crimen organizado. Sería irrisorio pensar que tenemos las condiciones para garantizar soluciones viables y sostenibles a esta problemática de las maras”.

Además estas organizaciones “no son otra cosa que el fruto de una sociedad en descomposición social en todos los sentidos, profundizada con el modelo económico y político impuesto por los grupos de poder”, detalló Ramos quien dedica los días domingos a ofrecer orientación cristiano a los privados en libertad en San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Cesar Ramos, lider del movimiento social hondureño y

coordinador de la Pastoral Penitenciaria del centro penal sampedrano

La Mara no es el problema

Al preguntarle en qué fase está  el fenómeno de maras y pandillas, teniendo en cuenta los últimos incidentes violentos registrados en el país,  respondió que este “se sitúa en el momento propicio para imponer en la sociedad hondureña la dinámica de la violencia e inseguridad ante la falta de un Estado de derecho consolidado. Cada grupo somete a la sociedad a favor de sus propios intereses”.

Además, sostuvo que “algunos pastores de la misma iglesia católica han considerado al Estado hondureño no solo un Estado fallido, sino un narco-estado. El problema de fondo no es la pandilla en sí, si no el crimen organizado y el narcotráfico que están detrás y juntos, y las elites empresariales que también están coludidas”.

Las opiniones de los expertos en mención se producen en el marco de la gestión de una tregua programada para esta semana entre los jefes de las maras Salvatrucha y la 18,  por parte del monseñor Rómulo Emiliani obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula.

Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula.

Emiliani: soy poco optimista

De su lado, el obispo auxiliar de San Pedro Sula (norte), Rómulo Emiliani expresó a medios locales, en días recientes, que los dirigentes  de las maras y pandillas van en búsqueda de la reconciliación con la sociedad y el gobierno.

En torno a la  declaración de tregua, el prelado dijo que  “humanamente no es muy optimista al respecto, pero que cree que con en el poder de Dios es posible. Hay que ser prudente, considerando las pugnas entre las maras y que hay muchos obstáculos para una verdadera tregua”.

Monseñor Emiliani viene trabajando desde hace al menos 10 años en procesos de reconciliación entre las maras y pandillas y en la reubicación del centro penal sampedrano para que ya no se registren tragedias y se planifiquen desde ahí secuestros y extorsiones en perjuicio de la sociedad./Fotografías: ElPublico.es, Sandiegored.com, Blog: lasmarasenhonduras y PanamáAmérica.com

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