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La criminalización y las agresiones a defensores de los derechos humanos en América Latina deben terminar de inmediato

Para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, la campaña CRECE liderada por la organización internacional Oxfam y otras organizaciones de América Latina y el Caribe, hace un llamado enérgico a los Estados para que cese la criminalización de líderes y lideresas de movimientos sociales involucrados en demandas de acceso a tierra y el uso de recursos naturales asentados en sus territorios, y se realicen las acciones judiciales pertinentes que garanticen la debida investigación en torno a estos hechos.
A pesar de que en general las legislaciones nacionales amparan el derecho de acceso a tierra por parte de pequeños productores, la campaña CRECE y sus copartes han sido testigos de una creciente tendencia en la región en judicializar a representantes de movimientos campesinos con demandas de acceso a tierra y uso de recursos naturales. Asimismo, se ha observado un preocupante incremento en las amenazas y asesinatos de líderes de movimientos sociales y defensores.
En Honduras, solo en los últimos 3 años se le ha impuesto medidas cautelares a más de 700 mujeres, cuyo único delito ha sido exigir su legítimo derecho a la tierra y defender los recursos naturales de sus comunidades. En ese país, de las 2 millones de mujeres que viven en el área rural, 1.3 millones afrontan condiciones de pobreza, producto de las desigualdades y la brecha de género en el acceso a la tierra, asistencia técnica y crediticia para producir alimentos.
Por otro lado en Guatemala,  769 familias fueron violentamente desalojadas en marzo de 2011 del Valle del Polochic, tierras que históricamente han sido trabajadas por comunidades indígenas. Hasta el momento, sólo 140 familias han sido restituidas por parte del gobierno con la entrega de títulos de tierras. En general, la tendencia documentada por CRECE indica que la ampliación de la siembra de monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana está desplazando y dejando sin medios de vida a familias y comunidades rurales, principalmente a pueblos indígenas, como el caso de las familias q’eqchi’es del Polochic. En otros casos en Guatemala, se han girado decenas de órdenes de captura y encarcelado a varios líderes y lideresas  que han ejercido oposición comunitaria a la construcción de hidroeléctricas y proyectos de minería metálica en las zonas de Barrillas, La Puya y San Rafael. En junio de este año, la defensora comunitaria Yolanda Oqueli, quien ha protestado en múltiples ocasiones contra de un proyecto minero en el departamento de Guatemala, sufrió un ataque a mano armada del que afortunadamente pudo recuperarse.
En Paraguay, según la Coordinadora de Derechos Humanos, 6 dirigentes e integrantes de organizaciones de trabajadores campesinos han sido agredidos, en el contexto de la lucha por la reforma agraria en el país. “Estos datos nos muestran que persiste un patrón en la acción represiva y que el Estado y los propietarios de latifundio solo buscan desarticular la lucha de las organizaciones campesinas contra un modelo de desarrollo depredador y excluyente”, dijo Oscar López, director de Oxfam en Paraguay. “El recrudecimiento actual de desalojos violentos e imputación de líderes rurales muestra que el actual gobierno, a pesar de sus promesas, persiste en estas prácticas que violan los más elementales derechos de campesinos y campesinas”, agregó.
Adicionalmente, el liderazgo de los movimientos sociales en América Latina también se ve amenazado por las persecuciones, amenazas y sanciones que sufren las organizaciones no gubernamentales de la región. Recientemente, sobresale la disolución de la Fundación Pachamama, en Ecuador, tras ser acusada por el gobierno de “injerencia en políticas públicas” y “atentado contra la seguridad interna y paz”.  La Fundación ha anunciado que impugnará la medida y que no permitirá que se desvíe la atención de la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos, quienes son propietarios ancestrales de territorios reclamados actualmente por compañías petroleras.
Una de las situaciones más preocupantes se vive en Colombia, dónde se han reportado 52 asesinatos de líderes campesinos y comunitarios en los primeros nueve meses de 2013. El 30 de septiembre pasado, Adelinda Gómez Gaviria, lideresa campesina del departamento del Cauca, fue asesinada frente a su hijo de 16 años, quién quedó herido de gravedad. El caso de Adelinda refleja la grave situación para el liderazgo campesino en Colombia, que en muchos casos también enfrenta amenazas de bandas del crimen organizado por reclamaciones de tierras, situación que ha sido documentada por Human Rights Watch.
En el marco de la Campaña CRECE, Oxfam hace un llamado a los gobiernos e instituciones responsables para que cese la criminalización de campesinos y campesinas reclamantes de tierra y defensores de derechos humanos en América Latina, y exige a los Estados a tomar medidas urgentes que pongan fin a la impunidad y den curso efectivo a las investigaciones de las agresiones en contra de líderes de movimientos sociales en todo el continente.

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FIAN Honduras: Asesinan Hermano del coordinador del Fnrp de Danli

 

El dia de hoy sábado 7 de Diciembre 2013

Asesinan a Juan Carlos Argeñal, eran hermano del coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (Fnrp) de Danli, departamento del Paraíso Honduras 

Juan Carlos Argeñal, era un destacado periodista, empredario y actualmente era reportero de varios medios de comunicación de radio y televicion

Será velado en la ca Copemh de Danlí.

Actualmente los Hondureños estamos  vivimos en un mundo de inseguridad y uno de los países mas inseguros del mundo

Favor de divulgar este mensaje.

Oliver Hernan Valladares
Secretario Enlace D-19 Emigrantes en Honduras
011 (504) 97099592
011 (504) 87623363

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Crímenes políticos en Honduras: continúa abierto el examen preliminar de la Fiscalía de la CPI

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó el pasado 22 de noviembre de 2013 el Informe sobre las actividades de los Exámenes Preliminares de 2013, en el cual confirma que continúa con el examen preliminar respecto de la comisión de crímenes que podrían ser de su competencia en Honduras.
En su informe, la Fiscalía de la CPI confirma la comisión, tras el golpe de Estado de 2009, de asesinatos, detenciones y privación de libertad, tortura, violencia sexual y deportación. Asimismo, señala que el régimen de facto desarrolló una política dirigida contra sus oponentes a través del uso selectivo de toques de queda, cierre de medios, ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas, líderes de oposición, detenciones masivas y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad durante demostraciones y en los retenes de seguridad. Según la Fiscalía estos hechos son atribuibles directamente al régimen de facto.

La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, reiteran que es competencia primaria de la justicia hondureña juzgar a los responsables de estos delitos. No obstante, en el informe que nuestras organizaciones publicaron el 21 de noviembre 2013, Elecciones en Honduras: militarización y grave atentado contra el poder judicial, se incluyó un cuadro que muestra que las investigaciones sobre crímenes cometidos durante el golpe han sido cerradas o se encuentran paralizadas.

Si bien la Fiscalía de la CPI con la información disponible a día de hoy no pudo demostrar el carácter generalizado de las conductas, o que éstas se cometieron según un patrón organizado o regular a la luz del Estatuto de Roma – tratado que gobierna el que hacer de la Corte -, en el párrafo 84 de su Informe, contrariamente a lo proclamado por la Cancillería Hondureña, señala que “la oficina de la CPI continuará su examen preliminar de la situación [en Honduras] a la luz de las denuncias más recientes de conductas cometidas después de las elecciones presidenciales de 2010, para determinar si existe una base razonable para creer que se han perpetrado o se están perpetrando crímenes de lesa humanidad”. La CPI establece por lo tanto que el examen preliminar de Honduras sigue abierto y que continúa con el análisis de las denuncias interpuestas sobre presuntos crímenes cometidos tras las elecciones presidenciales de 2010.

Karim Lahidji, Presidente de la FIDH comentó que “es inexacto decir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Honduras. Al contrario, éste sigue abierto respecto de los asesinatos y otros crímenes cometidos tras las elecciones de 2010 y la nueva información recabada podría también cambiar la calificación legal reflejada en este informe sobre los hechos cometidos durante y tras el Golpe de Estado.”

La FIDH, COFADEH y CIPRODEH recuerdan que en su reciente informe, denunciaron los asesinatos de 39 oponentes políticos en Honduras en los últimos meses. Este informe fue remitido a la Fiscalía de la CPI tras su publicación. De igual manera, se constató en la observación del proceso electoral y las elecciones del 24 de noviembre la persistencia de la violencia política, que podría configurarse en un crimen de persecución política de competencia de la CPI.

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El Manzanal: Vamos a luchar hasta que se cumpla la Ley

SAMSUNGA pocos días de dar a luz al pequeño Ariel y luego de pasar días juntos a la intemperie, la presidenta del Patronato Pro-Mejoramiento de la Colonia El Manzanal, Lorena Hernández, afirma que lucharán hasta el final, hasta que se cumpla la Ley y les reconozcan sus derechos sobre las tierras ejidales que ocupan pacíficamente hace más de 20 años.

El pasado viernes 23 de agosto unas 60 familias fueron violentamente desalojadas de la colonia El Manzanal de la capital.

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Los pobladores de habitan  la zona desde 1989, cuando con constancia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, acreditando el carácter ejidal de las tierras, los pobladores provenientes de diversos puntos del país, iniciaron su recuperación.

SAMSUNGLuego de más de 20 años de habitar la zona, entre las más de 400 familias, hay al menos dos SAMSUNGgeneraciones de niños y jóvenes que han nacido en el Manzanal. Su primera hija con 16 años, nació en El Manzanal y no conoce otro hogar, el pequeñoAriel, de menos de un mes de nacido, conoció la barbarie a los pocos días de llegar al mundo, cuando en brazos de su madre fue expulsado de su casa, la que posteriormente sería destruida hasta los cimientos. Pasarían los siguientes días a la orilla de la quebrada, bajo un árbol, refugiados de la lluvia por plásticos.

Lorena fue la primera desalojada, con su hijo en brazos y las suturas de la cesárea aún en su cuerpo, en esta ocasión, temiendo por la vida de su pequeño hijo no opuso resistencia, pues en anteriores desalojos han sido brutalmente golpeadas y golpeados, llegando a tomar un mes su recuperación física. Su casa, construida con ladrillos y cemento,  fue la primera en ser destruida.

Escombros de la casa de Lorena Hernández

Al igual que la familia Hernández, unas 30 familias más, incluyendo decenas de niños y ancianos, se encuentran en la zona de El Manzanal, pues es su hogar hace veinte años y no tienen otro lugar donde ir. Otras familias han huido por temor, se encuentran refugiadas en los alrededores. Las familias buscan entre los escombros los restos de madera y láminas de sus casas, sus colchones, enseres domésticos y ropas enlodadas.

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Las familias se refugiaron a orillas de la quebrada en precarias champas levantadas de los escombros de sus hogares.

Las familias se refugiaron a orillas de la quebrada en precarias champas levantadas de los escombros de sus hogares.

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Las familias han construido precarias champas para refugiarse de la lluvia

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Otras familias han sido alojadas en una construcción aledaña, propiedad de un vecino del barrio.

Fuente: http://cesadeh.wordpress.com/el-manzanal-vamos-a-luchar-hasta-que-se-cumpla-la-ley/

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En defensa de la vida en El Manzanal de Comayagüela

 

El pasado viernes 23 de agosto 60 familias fueron violentamente desalojadas de la colonia El Manzanal de la capital.

230820131809Según denuncias de los pobladores de la comunidad, el violento desalojo fue ejecutado por la Fiscalía del Ministerio Público, elementos de policía preventiva, fuerzas especiales COBRAS,  ejército y guardias de seguridad privada, a petición de la terrateniente Priscila Romero Sánchez, quien se adjudica la propiedad de 16 manzanas de terreno en conjunto con los también terratenientes Daniel Reyes Sequeiro y Oscar Siri Zuniga.

Los pobladores de El Manzanal habitan  la zona desde 1989, cuando con constancia de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, acreditando el carácter ejidal de las tierras, los pobladores provenientes de diversos puntos del país, iniciaron su recuperación.

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En la actualidad habitan la zona más de 400 familias, la mitad de los habitantes son menores que han nacido y crecido en la zona.

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Ejidos en disputa por terratenientes

A partir de 1991, los pobladores afirman que el terrateniente Sr. Daniel Reyes Sequeiro se adjudica la propiedad de la tierra, por lo que se vieron obligados a firmar un contrato (1) de compra-venta  con el terrateniente, reiniciando el proceso de obtención de sus derechos legales sobre estas tierras. Producto de este contrato con duración de 20 años, los pobladores pagaron durante  mensualmente la cantidad de 5 mil lempiras durante los primeros años.

Denuncian que a partir de 1994 aparece la terrateniente Priscila Romero Sánchez (2) adjudicándose también la propiedad de las tierras ejidales, quien además es jueza, realizando todo tipo de maniobras para inscribir una remedida de tierras que incluyese las tierras ejidales que ocupan los pobladores de El Manzanal.

Afirman que durante más de una década la ocupación de la tierra se mantiene de forma pacífica y quieta, y es hasta el 2004 cuando los pobladores denuncian que la jueza-terrateniente Priscila Romero junto a sus guardias inicia acciones de agresión a la comunidad (derribo de cercos y árboles).

En ese momento refieren que también el terrateniente Reyes Sequeiro, firma un documento legal negando su propiedad sobre estas tierras y reconociendo los derechos de Romero Sánchez.

Denuncian también que para el año 2006 es inscrita la remedida a favor de Romero Sánchez (3), ampliando su herencia de tierras de media manzana inicial  a 16 manzanas de tierras ejidales contiguas. Paralelamente el abogado  Oscar Siri Zuniga gestiona una acción legal para impedir la celebración de actos y contratos sobre los ejidos de la Capital como un mecanismo precautorio contra la Alcaldía Municipal.

De todo lo anterior el Patronato  ha sometido pruebas al Juzgado de lo Penal, Corte Suprema de Justicia, Juzgados de lo Civil, Ministerios Público y ahora a los medios de comunicación

Desalojos violentos e intimidación

En febrero de 2009, 20 años después de la ocupación pacífica de los ejidos,  se produce el primer desalojo violento, seguido de otros dos en junio de ese mismo año, tras de los cuales hubieron decenas de detenciones, violaciones de derechos humanos y finalmente fue asesinada la Presidenta del Patronato de El Manzanal Sra. Dominga Pérez.

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En el año 2010 fueron incendiadas 8 casas durante la noche como un acto de intimidación.

En el año 2011 se produjeron dos nuevos desalojos violentos en abril y mayo, con altos niveles de violencia y violación de derechos humanos de los pobladores, incluyendo mujeres embarazadas, niños y ancianos.

Los pobladores denuncian que el factor común de los desalojos son sus elevados niveles de violencia, la destrucción desmedida de sus bienes materiales y recursos naturales. Otro elemento común es la constante intimidación de elementos de policía, militares y civiles encapuchados que incursionan continuamente en la zona para aterrorizar a los pobladores.

Regularización Predial

Ante la disputa de los terratenientes y las amenazas a la comunidad, en el 2010 los pobladores inician un nuevo proceso de legalización de las tierras, a través de la figura de Regularización Predial en el Instituto de la Propiedad, proceso que se encuentra en trámite desde la fecha y que en 2011, posteriormente a dos nuevos desalojos,  se dictamina el carácter ejidal de las tierras, por lo que las pretensiones de propiedad de los terratenientes quedan sin fundamento.

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Aseguran que en un claro abuso de autoridad y desconociendo los dictámenes del Instituto de la Propiedad y las pruebas presentadas a los juzgados por los habitantes de El Manzanal, se produce esta nueva agresión a los habitantes impulsada por la terrateniente Romero Sánchez.

Denuncia

Los pobladores  constituidos en el Patronato Pro Mejoramiento de la Colonia El Manzana (Personería Jurídica 394-2009) denuncian esta nueva violación de sus derechos humanos fundamentales por parte de autoridades judiciales y cuerpos de seguridad del Estado al servicio de los terratenientes.

En este desalojo fueron destruidas 60 casas, dejando en la intemperie a igual número, incluyendo decenas de niños, ancianos e incluso recién nacidos.

SAMSUNGDenuncian la destrucción no solamente de sus viviendas, sino de sus enseres domésticos y personales. Denuncian la colusión y complicidad de las autoridades ejecutoras de estos desalojos arbitrarios y carentes de fundamentos legales y basadas en documentos públicos falsificados(4),  exigiendo el respeto a su derecho a una vida digna y el respeto a sus derechos sobre las tierras que han habitado pacíficamente durante tres décadas.

DOCUMENTACIÓN PROBATORIA ADJUNTA

 

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LOS CUERPOS POLICIALES Y MILITARES DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

GALEL CÁRDENAS

Cada vez más, en la medida que el tiempo se acerca a las lecciones generales, las agendas conservadoras y libertarias se van separando , en verdad siempre lo han estado así, a extremos opuestos con relación a la toma del poder y a la retención del poder  público.

 

El tema actual en la campaña de JOH es el proyecto de crear cuanto mayor número se pueda de organismos militares que, según sus entendederas militaristas, reforzarán la institucionalidad para la protección ciudadana.

 

Salvo que como todos sabemos el planteamiento es una máscara de la verdadera intención de fundar más estructuras militares en el seno de la sociedad hondureña para cercar cualquier gobierno de corte popular que surja de las elecciones generales.

 

Es una apuesta estratégica tendiente a establecer varios puntos de referencia política, ciudadana, y militar (léase seguridad nacional).

 

Sabe muy bien JOH que las elecciones generales las perderá frente a Xiomara Castro, candidata presidencial de LIBRE, que ostenta desde el inicio de su carrera política el primer lugar en todas las encuestas levantadas por diversas empresas encuestadoras.

 

Frente a tal inminente derrota, JOH se ha recostado sobre la imagen y espalda institucional de las Fuerzas Armadas, alentándolas, estimulándolas, impulsándolas y haciéndolas crecer en todos los planos posibles: numéricamente (ha prometido la conscripción de 5000 elementos más para enriquecer las barracas militares y ha prometido conjuntar 30 mil reservistas que ocuparán según sus declaraciones los puestos militares atingentes), presupuestariamente esta estructura de la defensa nacional crecerá cuantitativamente, aumentará su membrecía, tendrá mayor incidencia en una policía que siempre ha sido concebida como civil y no militar, disparará los gastos corrientes del presupuesto nacional, y tendrá más organismos represores en su mando militar a la orden y deseo del candidato presidencial nacionalista.

 

Esta apuesta de JOH podría responder a una estrategia de alcance medio, ¿Hacia un golpe de Estado? ¿Hacia una revuelta militar encabezada por un civil?: las respuestas a tales interrogantes son muchas.

 

Definitivamente, al señor JOH no le interesa la seguridad ciudadana como tal, pues las políticas que ha desarrollado durante los cuatro años de gobierno han resultado un completo fracaso, los militares en las calles no detienen la ola criminal y sangrienta que padece el pueblo hondureño.

 

La limpieza o depuración de la policía ha resultado un fiasco, no ha removido la cúpula policial que es la encargada de ofrecer la seguridad correspondiente, es posible que la ola de violencia criminal haya sobrepasado las estrategias y tácticas de los actuales dirigentes policiales y del gobierno mismo, específicamente de Porfirio Lobo, que a lo mejor allá por el 25 de noviembre del presente año deberá cambiarse el nombre y el pueblo deberá buscarle de manera enriquecida el sobre nombre, el apodo, el alias, el calificativo, el mote y hasta el seudónimo.

 

Todas estas estructuras que JOH ha impulsado desde el Congreso Nacional conllevan una maniobra política que tiene escondida en su agenda secreta, porque el candidato a la presidencia del Partido Nacional tiene su agenda secreta que le sirve para negociar la compraventa del país en cualquiera de los rubros posibles de la oferta y la demanda, entre esa agenda hay un punto referente a la creación de varios organismos militares  bajo su égida legislativa y de hecho en esa misma libreta virtual existe una enumeración de acciones en caso de perder las elecciones generales.

 

Mientras tanto, JOH seguirá con su campaña malévola, sucia en algunos tramos y cínica en otros, pero, sobre todo tendrá en su mano un puñal publicista para asestar la daga maliciosa y perversa y disculparse con toda diplomacia del mentiroso, actitud muy propia de los dirigentes de la enseña azul con su estrella solitaria, culpables de los males oprobiosos que padece el pueblo hondureño en este momento crucial de nuestra historia.

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EL MINISTERIO PÚBLICO: ¿ DEFENSOR O AGRESOR DEL PUEBLO?

 
Rodolfo Cortés Calderón
Cuando durante el año 1993 se hablaba y discutía con vehemencia y hasta credibilidad sobre la necesidad de crear un organismo público que desde el Estado defendiera y protegiera  los intereses generales de la sociedad, el pueblo no se imaginaba que 20 años después viviría la peor pesadilla con la creación de este elefante blanco que sólo ha servido a los intereses del bipartidismo corrupto, cachureco y colorado; a la oligarquía defraudadora y a los grandes traficantes que tienen a Honduras como su paraíso, en detrimento de la ciudadanía de a pie.
El Ministerio Público fue creado como institución independiente (¡que farsa!) de los tres poderes del Estado por Decreto Legislativo No. 228-93, que entró en vigencia el 6 de enero del siguiente año con la “obligación ineludible de investigar los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de la condena, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución Pública y las leyes, constituyéndose en el representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad y en auxiliar de los tribunales”.
Cuando la ciudadanía leía la Misión, Visión, Objetivos y Fines del Ministerio Público, MP, se suponía que un nuevo mundo de justicia y transparencia se estaba entronizado en Honduras. ¡Qué falsedad más astronómica!
Desde nuestra óptica podemos asegurar que esta hermosa y soñada criatura desde antes de su alumbramiento estaba muerta. Fue, como dicen los ginecólogos, un embarazo ectópico, colocado en un lugar donde obligatoria y necesariamente tenía que morir.
Recordamos, sin pretender hacer creer que fue excelente, el primer Fiscal General don Edmundo Orellana Mercado, los demás ni los mencionamos porque fueron intrascendentes, que imprimió un dinamismo al MP con jóvenes, muchachas y muchachos, que eran un mar de talento y alegría. Jóvenes que al escucharlos despertaban esperanza y fe. Todos creíamos que Honduras sería diferente. Pero no fue así.
Nadie recuerda hasta ahora que algún fiscal haya llevado a los tribunales a tantos ex presidentes ladrones y violadores de la Ley Fundamental. Siempre los encarcelados han sido “gatitos”. Oswaldo López Arellano y los demás milicos murieron sin pena ni gloria, nadie los enjuició, ni por golpistas, ni por saqueadores. A los quebradores de la CONADI, CORFINO y otros, lo mismo. Tampoco a quienes desde el golpe del 28 de junio 2009 destruyeron el Estado de Honduras. Nadie ha enjuiciado a los ex presidentes civilones, cachurecos y colorados, que entregaron el territorio a los invasores Ahuas Tara y Contras y sembraron de muertos y desaparecidos a Honduras en la década de los 80s. Tampoco al de las enésimas cartas de libertad que se pasea mondo y lirondo sin que ninguna cárcel lo haya acogido. O a tanto militar, policía, empresario,  banquero o político atracador del erario público. No sólo no están en las cárceles, sino que viven como ciudadanos “ejemplares”. ¡Vaya ironía!
Está claro pues, que lo que hacen ahora los diputados del  Congreso es seguir pisoteando la Constitución. La misma ya establece que en ausencia del Fiscal General y el Adjunto corresponde al Director de Fiscales la vacante. Nada de reformas o enmiendas. Con la imposición de una elección anticipada, en flagrante violación de la Carta Magna, lo que pretende Juan Orlando Hernández y sus compinches de los otros cuatro partidillos es “curarse en salud”, porque ya saben que al llegar un partido nuevo él será sometido a juicio con toda su mara 128.
La ciudadanía comprometida con los intereses del pueblo debe abrir bien los ojos ante ciertas instancias que se denominan de la “sociedad civil”, que no son más que vividores y cómplices alineados al golpismo responsables de la desgracia que vive el país. Algunos de ellos y ellas son los mismos que entregaron el territorio hondureño a las transnacionales mineras apoyando ante el Congreso Nacional la vigente Ley de Minería y otras leyes nefastas. Así que cuidado con las ONGs que revestidas de mansas ovejas hacen el papel de lobos, en honor a su patrón presidencial.
Nuestro rotundo apoyo a la Coalición contra la Impunidad en Honduras.
09 de agosto 2013.

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ACERCA DEL PROYECTO DE LEY DE EDUCACION SUPERIOR

Gustavo Zelaya.

La intención de introducir una nueva ley de educación superior ha provocado muchos cuestionamientos en la comunidad universitaria. Sobre todo el proyecto de ley de la UNAH es lo que más se pretende debatir, y en muchas ocasiones sin conocerlo. Entre otras cosas se debe al secretismo con que se ha manejado el asunto y su escaza socialización. Parece que los proyectistas concentran en ellos el sumun de la sabiduría universal y sus tesis no merecen ser discutidas con el resto de los humildes e ignorantes plebeyos que circulamos por las peatonales del campus. Se evita debatir y cuando se cuestiona se acusa al contrincante de enemigo de la rectora, de opuesto a la autonomía o de ser portavoz de fuerzas políticas extrauniversitarias. Sin embargo, en la página de internet de la UNAH se encuentra tal proyecto, según consta en Acta CU-004-06-2013 en donde está el acuerdo No. CU-E-055-06-2013. Y el tema sería mucho más complejo y enriquecedor si el supuesto debate tomara en cuenta el otro anteproyecto conocido como G 19, mucho más extremo y que sí manda por la borda cualquier idea que se tenga sobre la autonomía y abre de forma más completa las puertas a la privatización y a “liberalización” del sistema de educación superior . El G 19 está compuesto por 14 universidades privadas y cinco estatales, puestos de acuerdo para romper de forma completa con el papel hegemónico y constitucional de la UNAH en la dirección de la educación superior.

Pero la UNAH suena más, hay más desconfianza, más bullicio al interior y los malos entendidos van y vienen. En especial, parece que desde la autoridad se empeñan en descalificar cualquier intento opositor y en asegurar que la autonomía no está en riesgo, y agregan que esa categoría no es absoluta, nunca lo ha sido, ya que la interdependencia es un signo de los tiempos y el relativismo también afecta ese concepto. Es probable que así sea, pero el hermetismo oficial refuerza los resquemores y la confrontación, cuando se descalifica al que protesta y se afirma desde ciertas decanaturas y desde la autoridad principal que los revoltosos son apenas cuatro pelones financiados por profesores jubilados y por resentidos sindicalistas. Por ello, hay que tomar en cuenta que el debate académico, la discusión fundamentada, el consenso y los acuerdos son parte de la conciencia universitaria y deben ser el medio predilecto para lograr consensos, sin exclusiones y con apertura. Además, si todo esto sirve de algo quiero hacer constar que apenas es una opinión muy parcial, subjetiva, interesada en la buena marcha de nuestra alma mater. Es una lectura que considera unos cuantos aspectos de ese proyecto y por ello no pretendo exponer la visión total, eso escapa a mis posibilidades.

Entre comillas van a encontrar  las citas tomadas de este acuerdo. Se sostiene en el documento del Consejo Universitario: “Aprobar como propuesta de anteproyecto ley de educación superior, que tomó como punto de partida el producido en la mesa de educación superior instalada en el congreso nacional, con el consenso de todas las universidades del nivel de educación superior…”

De inicio y en unas cuantas líneas se pone en duda la validez del concepto de autonomía ya que viene de una instancia extrauniversitaria la iniciativa de modificar la ley de educación superior. Esto pone en discusión si la autonomía es absoluta o es relativa, si es una simple expresión que se utiliza con fines de imagen; aunque esta ya había sido violentada algunos años atrás cuando ese mismo congreso presidido por Roberto Micheletti interviene en los asuntos universitarios al nombrar la primera junta de transición universitaria. Y esto no es nuevo. Entre 1980 y 1989 el país experimentó una situación muy violenta en donde se asesinaron y desaparecieron muchos hondureños bajo la cubierta de la doctrina de seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos; parte de esa macabra estrategia para detener el movimiento revolucionario en Centro América consistió en la imposición de Oswaldo Ramos Soto como rector de la UNAH gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de detener a toda costa la figura de Juan Almendares en esa posición y desde afuera, con la abierta complicidad de estudiantes y docentes, agrupados algunos en frentes estudiantiles de derecha y otros en la “izquierda” política, se designó a ese personaje como máxima autoridad del alma mater.

Los que se acusaban de obesos fascistas y de flacos “comunistas” se identificaron, hicieron tienda y se pusieron hombro a hombro para impedir una opción muy diferente, por honesta y por independiente, en el gobierno universitario. Parece una historia ya superada pero que sigue impactando en la vida de la academia.

Continúa el proyecto de ley, considerando # 6:”Que la investigación, innovación y tecnología, vinculación universidad, sociedad, Estado, empresa y la docencia universitaria son ejes centrales en los sistemas de educación superior son ejes centrales en los sistemas de educación superior en la actualidad.”

Si fuera cierto ¿en cuáles sistemas de educación superior? ¿En todos los países del mundo o en algunos? Se espera que esa generalización tenga un respaldo estadístico, empírico, y que tal considerando no se utilice como efecto, para impactar en el lector.

“Artículo 4. La educación superior se regirá por los siguientes principios:

… i) Principio de transparencia: cumplimiento de los compromisos contraídos con la sociedad en relación a los servicios y funciones sustantivas de las de las Instituciones de Educación Superior (IES): formación, investigación, vinculación universidad sociedad y gestión universitaria”

En varias secciones del documento se mencionan los “ejes centrales en los sistemas de educación superior”, los “servicios y funciones sustantivas”, las “funciones académicas fundamentales” ¿por qué diferenciar esas categorías? ¿No tendrán el mismo sentido? Si en el considerando # 6 se incluye a la “empresa” como servicio y función sustantiva ¿porque no aparece en este artículo 4? El poner a la empresa como uno de los “ejes centrales en los sistemas de educación superior” hace creer que buena parte de los graduados son formados para servir, trabajar, a favor de la empresa privada, para competir según la oferta y demanda y considerando los costos y beneficios de la inversión. Es decir, formar para el mercado es uno de los “servicios y funciones sustantivas”, una de las “funciones académicas fundamentales” que se propone en este proyecto de ley.

“Artículo 5. Son objetivos del sistema de educación superior: a) formar los profesionales que demande la sociedad para  generar conocimientos y desarrollar la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes a partir del estudio de las oportunidades existentes en la economía globalizada y de los problemas nacionales, regionales y mundiales”.

Puede significar que de conocerse las demandas de la sociedad o de las empresas las IES sabrán como satisfacerlas. Pero al comparar la cantidad de egresados y su especialidad con las oportunidades de trabajo, se nota que las IES no conocen ni sabrán de esas demandas; también puede compararse los niveles de desempleo entre graduados universitarios o la cantidad de matriculados en ciertas facultades. Además, el “estudio de las oportunidades existentes en la economía globalizada” puede sugerir que tales oportunidades no sean las adecuadas para el desarrollo de las humanidades y las artes, por tanto, éstas formas de conocimiento pueden ser no útiles para esa economía, para las empresas y así se podrá decretar el cierre de esas disciplinas y de las ISE que no aprovechen las “oportunidades existentes”. Puede ser el caso de las disciplinas referidas a la historia, la filosofía, el arte, etc., las no adecuadas porque las oportunidades no tienen que ver con su desarrollo.

“Articulo 9. La educación superior tiene un carácter humanista, está orientada a la formación integral de personas… procura aumentar las capacidades para aprovechar las oportunidades, manejar la incertidumbre… atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad…”

¿Cómo lograrlo? ¿Qué es eso de manejar la incertidumbre? Parece que es una simple aspiración al menos que existan mecanismos y procedimientos para que esto se exprese en cada una de las universidades. Y la duda puede ser mayor porque en el documento se sostiene que están formando graduados competitivos para una economía globalizada en donde salen sobrando las “necesidades sociales”; competir en el mercado significa dejar de lado la solidaridad  y la igualdad para obtener el éxito material.

“Articulo 10. Tipología de las IES”. Se establecen dos categorías: “a. Instituciones de Educación Superior Universitaria…b. Instituciones de Educación Superior no Universitaria” (técnicos, tecnológicos, seminarios religiosos)… otorgan “títulos profesionales y técnicos pero no otorgan grados académicos”.

En la categoría “a” se afirma que las IES están facultadas para otorgar títulos profesionales, técnicos y grados académicos, pero no se dice que tendría que ser conforme a la ley y bajo la supervisión, control, etc., de alguna entidad encargada que debe ser el Consejo de Educación Superior o algo similar, que no al arbitrio de cada IES.

“Articulo 12. Toda IES… gozará de autonomía responsable” la categoría “b” “podrá gozar de autonomía responsable…”.

¿Cómo se define esa autonomía responsable? En el caso de cualquier IES que cumpla con esta normativa por definición será responsable y autónoma, aunque en el artículo 13 se expresa cómo se traduce esa autonomía, pero ¿habrá procesos de elección de órganos de gobierno en las IES privadas? ¿Existirá libertad de cátedra en una universidad confesional, en una militar o en otra que esté afiliada al Consejo Hondureño de la Empresa Privada? ¿En qué consiste la libertad de cátedra? Además, con este artículo de nuevo aparece una tendencia que está en todo este proyecto: se altera, se viola, se anula la atribución que la constitución otorga  a la UNAH de dirigir y regular la educación superior, y transfiere tal potestad a la IES que califique como autónomamente responsable.

“Artículo 14. La autonomía es un derecho que conlleva la responsabilidad de rendición de cuentas ante la sociedad y el estado”.

Parece que así debe ser y tendría que tener el agregado que tal rendición de cuentas tiene que hacerse conforme a la ley, normas y procedimientos de los entes reguladores del Sistema de Educación Superior (SES y otros órganos del Estado. Para todas las categorías del SES.

“Artículo 15.  … los órganos de gobierno del SES son: a) El Consejo de Educación Superior. b) El Consejo de Rectores…c) La Dirección de Educación Superior. El Consejo Universitario de la UNAH, conocerá en última instancia de los actos administrativos del Consejo de Educación Superior”.

¿Quiénes integran el Consejo de Educación Superior (CES)? ¿Cuánto duran en sus funciones los miembros del CES? ¿Por qué tantos representantes de la UNAH en el CES? Esa probable mayoría garantiza la mayoría de votos a favor de la UNAH ¿pero será garantía de calidad educativa o sólo es un asunto administrativo? Al parecer el Consejo Universitario de la UNAH se ubica como una entidad supra, sobre toda esa estructura organizativa del SES, pero ¿qué tipo de “actos administrativos” conoce? ¿Serán actos como la emisión de títulos o asuntos financieros, etc.? ¿Qué hay acerca de los contenidos de los planes de estudio y de los programas de asignatura? Es claro que de eso se encargan las facultades y las escuelas pero desde el CES se deberán delinear las grandes pautas. ¿Qué es eso de “última instancia”  frente al principio de  autonomía y  potestad constitucional de la UNAH de dirigir y regular la educación superior?

“Artículo 19. El CES es el órgano responsable de la dirección, gestión y administración del SES, a través del cual la UNAH cumple el mandato constitucional de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior…”

Aquí se matiza un poco el artículo 15, pero hay que considerar que en esos órganos de gobierno se decide por votación de sus 22 integrantes, aunque exista el voto de calidad y de la “última instancia” que es el Consejo Universitario de la UNAH, se provocan conflictos acerca del concepto de autonomía, de representatividad y de la práctica democrática.

“Artículo 25. La Dirección de Educación Superior estará a cargo de un director electo por la Junta de Dirección Universitaria de la UNAH, sobre la base de un concurso público”.

Esa potestad tendría que recaer en el CES. Alguien podrá afirmar que este artículo preserva la autonomía, es posible que sí, pero es incoherente con la estructura de gobierno del SES y le quita consistencia a la idea de orden, organización, etc., del sistema.

El Título V de este proyecto de ley contiene cinco artículos y se refiere a la “calidad y armonización de la educación superior” y al “Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación Superior, SHACES”.

“Artículo 29. El Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación Superior (SHACES), estará integrado por una Comisión Nacional de Acreditación, la Dirección Ejecutiva, el Comité Técnico, el Comité Especializado y los Pares Académicos… Su gestión es la de un ente autónomo, responsable de conducir los procesos de evaluación de la calidad y acreditación de las instituciones, carreras y programas de educación superior de y en el país…

Artículo 30. Para su funcionamiento, el SHACES contará con un fondo anual suficiente… aportados en un 50% por el Estado… sin afectar los porcentajes presupuestarios asignados por la ley a las Instituciones de Educación Superior Públicas… el 50% restante será financiado por las instituciones de Educación Superior públicas y privadas del país, porcentaje que se distribuirá proporcionalmente en función del número de estudiantes matriculados en el último período académico del año anterior…”

Es probable que en este “Título V” sea en donde se exprese de forma muy clara cómo este proyecto ley despoja de sus funciones reguladoras de la educación superior a la UNAH y pone parte de ellas en manos del SHACES; y resulta muy curioso que esto sea propuesto por los dicen defender la autonomía de la UNAH; además pone en poder de entes privados un fondo anual aportados en un 50% del presupuesto estatal y el otro 50% proveniente de universidades públicas y privadas. Es decir, entre 65 y70% viene del Estado, casi todo el funcionamiento del SHACES es financiado con fondos públicos. Si se toma en cuenta que en las universidades estatales (UNAH-UPNFM, UDH, UNA, UPH, ESNACIFOR) se concentra entre 85 mil y 90 mil estudiantes y el inventario de las privadas puede llegar a 40 mil matriculados, no es muy complicado saber que gran parte del presupuesto del SHACES provendrá del Estado. Significa también que es falso lo que enuncia el artículo 30 y que si serán afectados “los porcentajes presupuestarios asignados por la ley a las instituciones de Educación Superior Públicas”.

“Artículo 45. Las IES deberán establecer sus respectivas políticas de investigación y las formas de administrarlas”.

Lo que aquí corresponde, y no es que sea conveniente, es que sea el CES el que determine políticas generales de investigación acordes a las políticas públicas sobre el tema, válidas para todas las IES, y que estas las apliquen según su particularidad institucional. Y en el artículo no tiene que incluirse la palabra “deberán”, ya que esto puede no hacerse; es mejor que diga “Tienen”, de otro modo será un enunciado ideal, una simple aspiración. Igual ocurre en el artículo 46 en donde aparece “Deberán”. Los artículos de ley no son un deber ser.

“Artículo 48. Las IES tienen tres funciones académicas fundamentales: i: Investigación; ii: Docencia y; iii: Vinculación con la sociedad, Estado y el sector empresarial que deben ejecutarse en forma articulada funcionando como un sistema”.

Es importante considerar que ese sistema tiene que poseer regulaciones, líneas generales de trabajo, de operación, normas y principios mínimos que tendrán que determinarse dese el CES y tomando en cuenta necesidades no surgidas de la buena conciencia de algún proyectista sino desde las necesidades locales, regionales y nacionales., tomando en cuenta también su ubicación geográfica, sus formas culturales, sus costumbres y proyectos de desarrollo.

“Artículo 70. Las IES estimularán la autonomía organizativa y la participación estudiantil que propicie una cultura democrática y plural en los estudiantes. Cada IES regulará las formas de participación estudiantil en las instancias académicas que estime pertinentes”.

La “cultura democrática plural” es una construcción gramatical que suena bien, muy elegante, muy acorde a los tiempos,  pero ¿cómo estimularla sin la participación del estudiante? Hasta ahora, y parece ser una tendencia que se profundiza cada vez más cuando se evita, por ejemplo, la socialización de este proyecto de ley, lo que se ha hecho es manipular desde el poder la participación de estudiantes, docentes, administrativos, cualquier participación democrática, hasta llegar a la anulación o relegación de las organizaciones o su control político. Y en las IES privadas cómo se podrá lograr esa “cultura democrática plural” cuando ni siquiera existe una mínima participación estudiantil en las instancias académicas. Un ejemplo extremo de la nula cultura democrática plural, que no existe ni existirá en el futuro, ocurre en las universidades castrenses, policiales y religiosas. En tal sentido, puede esperarse que desde el CES se establezcan pautas elementales, básicas,  para estimular tal participación. También puede esperarse, por medio de la manipulación genética, que los olmos produzcan peras y que, gracias al manejo de las células madres, en todo el país sólo se produzcan personas programadas para tocar piano. Al fin.

“Articulo 81. Las universidades publicas pueden contraer endeudamiento público, previo dictamen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas… únicamente puede ser usado para programas y proyectos de inversión, para infraestructura y equipamiento, con criterios de mejoramiento de la calidad”.

Con este artículo se acentúa la tendencia nacional de  intervención de la banca privada en el SES, por consiguiente se tiende al incremento de la deuda interna pública al proponer esta forma de endeudamiento.

También se derivan otras cuestiones centrales, para el caso ¿de cuál calidad se habla? ¿De la física? ¿De la infraestructura? ¿De lo hermoso que lucen los campus? ¿En qué queda la calidad educativa que eso si es lo verdaderamente significativo? Finalmente, puede observarse que en muchas partes de este proyecto de ley se hace uso de esta clase de lenguaje: “mercado de trabajo”, “competencias educativas”, “insumos y  recursos”, “aplican procesos”, “obtienen productos”. Es una terminología proveniente de  la fábrica, de la empresa, de ninguna forma puede considerarse lenguaje académico, universitario, superior, es un lenguaje empresarial en donde lo fundamental es la obtención de ganancias, introducción de procesos de calidad total, acortar procesos productivos, el merchandising, diferenciar costos, obtener el máximo beneficio para incrementar la riqueza material con la explotación del trabajo humano.

Faltaría mucha más revisión de este proyecto, compararlo con el G 19, y balancear algunos aspectos positivos que puedan tener para el provecho y  buena marcha de la UNAH y de todo el sistema de educación superior. Y no perder de vista que será mucho mejor fundamentado, con mejores contenidos, si se le discute entre toda la comunidad universitaria y, si se puede, sin prejuicios, como algunos que incluyo en esta opinión.

6 de agosto de 2013.

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Nuevo conflicto surge en el Aguán Ex guardias de seguridad, en contra de sus antiguos patrones, se toman la finca de palma africana “Boleros”

Trujillo, Colón. Miércoles, 27 de febrero de 2013.- Más de 100 ex guardias de seguridad del terrateniente Rene Morales, emulando a los  campesinos del Bajo Aguán, se tomaron hoy a las dos de la madrugada unas 400 hectáreas que conforman la finca de palma africana “Boleros” e impiden la instalación de nuevo personal de seguridad, movilizado desde Comayagua.

Parte del antiguo personal de seguridad del terrateniente René Morales habría tomado esta decisión después de ser despedidos por la empresa de seguridad Orión sin que hasta la fecha les hayan pagado sus respectivas prestaciones laborales.

La finca Boleros es reclamada por los campesinos del Bajo Aguán por ser parte de las tierras del viejo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) que fueron pagadas por el Estado al puertorriqueño Temístocles Ramírez cuando se le expropiaron para entrenar soldados salvadoreños, guatemaltecos y de las fuerzas irregulares de la contra nicaragüense.

Los ex guardias de seguridad que se tomaron la finca Boleros pretenden ejercer presión sobre el terrateniente de nacionalidad nicaragüense Rene Morales, para que la empresa de seguridad Orión, que le brinda servicios de seguridad en sus fincas e instalaciones, les cancele sus respectivas salarios y prestaciones.

El pasado sábado 23 de febrero varios guardias de seguridad hicieron un paro de labores en la finca “Guanchías No. 2” y contaron a defensores de derechos humanos que les visitaron que no se les quiere renovar sus contratos de trabajo pero tampoco les pagan sus derechos. Los afectados confirmaron que el propietario de la empresa Orión, el Coronel José Elías Melgar, les hace trabajar hasta 36 horas continuas pero que solamente les reconocía 24 horas.

El coronel dejó escuela en Colón

El Coronel José Elías Melgar se desempeñaba como Sub Comandante del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas especiales con sede en río Claro, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. En la región del Aguán se le recuerda por que fue especialmente muy represivo contra los campesinos y los opositores al golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya, en el 2009.

A finales del 2010 fue trasladado como Jefe de Operaciones de la 115 Brigada Militar con sede en Juticalpa, Olancho.

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas cuestiona empresas de seguridad

El despido de los guardias de seguridad de la empresa Orión ocurre una semana después de la visita del “Grupo de Trabajo Sobre el Uso de Mercenarios” que en su conferencia de prensa brindada en Tegucigalpa demandan del gobierno de Honduras una mejor supervisión de las empresas de seguridad. Los expertos también manifestaron su preocupación por la proliferación de compañías de seguridad tanto legales como ilegales, y de que éstas se conviertan en un sustituto de una policía competente y responsable.

La misión de las Naciones Unidas confirmó que en “Honduras operan más de 700 compañías de seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardias, cifra que supera en más del doble a los miembros de la Policía Nacional y el Ejército juntos.”

Ex guardias, enfrentados a sus anteriores aliados

Parte de los guardias de seguridad que se tomaron la finca Boleros han sido desarmados por militares del XV Batallón de Fuerzas Especiales, con sede en Río Claro, jurisdicción de Trujillo; ellos también esperan ser reprimidos por los militares de la Fuerza Naval de Honduras, con sede en puerto Castilla, y por las unidades que conforman la Fuerza de Tarea Xatruch provenientes de varias unidades militares y que se rotan en su permanencia en el departamento de Colón. (SRL

Fuente: fian

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