Entradas etiquetadas como Hidroeléctricas

Comunidades de Tela, Atlántida arrecían lucha contra hidroeléctricas

Unas 20 comunidades del sector Mezapa en Tela, Atlántida se auto convocaron para realizar un cabildo abierto donde se declararían como zona libre de represas hidroeléctricas, dando así un rotundo No a la concesión que tiene la empresa “Hidrosep” sobre el río Mezapa.

Desde muy temprano representantes de las juntas de agua, presidentes de los patronatos y habitantes del sector se dieron cita en la plaza central de Mezapa, Atlántida para participar en la actividad.

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A BUEN RITMO HIDROELÉCTRICA PATUCA 3

Pese a la resistencia de algunos grupos ambientales, autoridades anunciaron esta semana que las obras del proyecto hidroeléctrico Patuca III avanzan a buen ritmo. A un costo de 350 Millones de dólares —sin contar las indemnizaciones que harán a los antiguos dueños de la zona— se calcula que en junio de 2017, la represa Piedras […]

A BUEN RITMO HIDROELÉCTRICA PATUCA 3

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Comunidades de El Progreso y Tela se unen contra hidroeléctrica

Centenares de ríos se están llenado de pequeñas represas  hidroeléctricas que al final se convierten en  grandes problemas para las comunidades quienes por siempre los han cuidado y convivido con ellos.  Pero a la par de estos proyectos, la población se está organizando para oponerse a la privatización de sus afluentes, tal es el caso de más de 40 comunidades de Tela, Atlántida y El Progreso, Yoro, quienes están librando una pertinaz lucha contra la instalación de represas en los ríos Mezapita, Pajuiles y Las Metalias.

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Aumenta la criminalización en comunidades indígenas Lencas de La Paz

En los últimos días se ha incrementado la criminalización de parte del Estado y autoridades locales a raíz de que la población se está empoderando de sus derechos y reclaman la liberación del territorio de las empresas transnacionales mineras, hidroeléctricas y eólicas, ya que al no consultar al pueblo lo consideramos como una intervención, represión o criminalización, y salimos a las calles a decirles que se retiren, que ahí no tienen nada que hacer, y vienen los conflictos, denunció Martín Gómez Vásquez, sub coordinador del Movimiento Indígena Lenca de La Paz- Honduras, MILPAH.

“Por ejemplo en Chinacla –municipio de La Paz- la presidenta del Partido Nacional y diputada  Gladys Aurora López  y su esposo Arnold Castro, pretenden la construcción de una represa hidroeléctrica, por ese proyecto hay personas a favor y en contra del Consejo indígena”, denunció Vásquez.

Entre las inseguridades es que, hace dos semanas, personas encapuchadas dispararon en cuatro ocasiones con arma de fuego, durante la noche en la casa de la lideresa Ana Iris Romero y su esposo Rosalío Vásquez. Cabe mencionar que días después Ana Mirian, viajó a Irlanda a recibir el reconocimiento “Defensores en Riesgo” que otorga Front Line Defenders, por su constante lucha en la defensa de los derechos del pueblo indígena Lenca en Honduras.

Esta familia ha sufrido varios intentos de asesinato, incluso a inicios de este año, les quemaron su vivienda, y por temor los niños debieron dejar la escuela;  pero eso no es suficiente ya que hay personas extrañas viviendo en su misma comunidad, y se les toma como infiltrados de parte de quienes apoyan los proyectos sin consulta previa, que afecta nuestro territorio, manifestó Martín.

Nos han dicho que hay demandas contra grupos indígenas, esto se origina por un enfrentamiento de parte de las autoridades del municipio de Aguanterique, quien demandó al Consejo Indígena que lucha por sus derechos y la defensa a los derechos humano, a nosotros nos protegen convenios y Tratados Internacionales.

Otro caso donde el alcalde ha atacado arbitrariamente a comunidades indígenas es en San Pedro de Tutule, a quienes los acusan de “roba tierras” pero nosotros vivimos ahí desde siempre, ellos, los que llegan son los roba tierras.

Cuando hay empresarios y gobiernos que no respetan ni a su familia, son hechos de unos sistema capitalista que racista, etnocida y ecocida, incapaz de respetar los derechos humanos.

“Nosotros tenemos que fomentar la defensa de los bienes comunes y tener en cuenta que los ricos sólo buscan que los pobres desaparezcan, hay que levantar una misma voz, que nos unamos, porque los ricos nunca van hacer un proyecto que nos favorezca, solo les interesa el montón de dólares que vienen del extranjero”, afirmó el defensor indígena Lenca.

El pueblo lenca que ha sido invisibilizado ahora tienen compañeros criminalizados, presos, asesinados y desaparecidos, para el caso en el municipio de Santa Elena, La Paz, a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Los Encinos hubo cinco muertos solo en el mes de diciembre ya aproximadamente 20 en el departamento el año 2015 por la defensa de su territorio.

La realidad Lenca está llena de pobreza, constante violación de derechos humanos, indignación, una vida que no se le desea a nadie,  “si bien es cierto que somos Lencas, pobres y humildes, que ellos no crean que solo somos para ser parte de una exposición, sino que tenemos derechos ya establecidos, no les pedimos ningún regalo,  sino algo ya establecido2 reiteró el representante de MILPAH, quien ha documentado estos hechos en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Aunque el pueblo Lenca de La Paz, al centro-occidente de Honduras, aspira a la vida que los “ladinos o allegados” les han arrebatado por siglos, en paz y armonía, con sus ideales y creencias, hasta los líderes religiosos católicos y evangélicos, los atacan siguiendo órdenes de los políticos o interés privados, ya que el sacerdote Ángel Galeano de la parroquia de Santa Elena y otro de nombre Ronal, no parecen pastores sino técnicos municipales o un técnico en investigación criminal; hasta puede ser que hasta las confesiones de la feligresía lo transfieren a otro lado, porque lo que hacen es un trabajo de investigación.

Ellos los han sentenciado con excomulgarlos si siguen en afiliados a grupos de defensa de los bienes comunes, y en ese municipio el trabajo de MILPAH es plenamente visibilizado, explicó Martín.

Por lo tanto, nos sentimos desprotegidos, aunque haya personas que tienen medidas  cautelares no se ven efectivas, el caso claro es el de Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de habitación hace tres meses y no se le brindó protección, igual que Ana Mirian y Rosalío Vásquez que tienen medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y son atacados en su propia vivienda.

En La Paz, hay 12 municipios afiliados en MILPAH, en cada uno hay aproximadamente 1000 personas, lo que podríamos llegar a ser 12 mil integrantes, ya que la organización llega a comunidades de forma directa, siendo así fácilmente identificar a las personas ajenas a nuestra lucha.

Si el gobierno quiere hacer algo, que respete nuestros derechos ancestrales

MILPAH ha buscado acercamiento para exponer sus problemas a través del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, con personas de toma de decisión desde el poder político, y es que esas entidades son las encargadas de brindar asistencia técnica, educativa y financiera a las comunidades indígenas lecas, declaró Martín.
Las comunidades están reprimidas, excluidas, criminalizadas, abandonadas y sin ninguna ayuda, por lo tanto queremos exponer nuestras preocupaciones, por ejemplo hay una comunidad que no tiene energía eléctrica, si quieren solucionar el problema pues que empiecen a poner la energía.

Si hay medidas en los pueblos indígenas, son represivas e imponiendo sin previa consulta a las comunidades, como lo establece el marco jurídico internacional y ya están claros los derechos individuales y colectivos,  patrimoniales, indígenas y los de los bienes comunes, en esa parte solo nosotros podemos tomar decisiones, pero se nos está imponiendo un catastro municipal en cuanto a los territorios.

Las comunidades indígenas no necesitan títulos ni personería jurídica para hacer que se respete su territorio, es un derecho ancestral porque nosotros no hemos venido de ningún lado, hemos, vivido aquí, nacimos aquí, nuestros ancestros nacieron, crecieron y murieron aquí, por lo tanto los únicos dueños de nuestros bienes comunes somos nosotros.

Hay un servicio de energía eléctrica a cambio de que los compañeros den permiso a la medición catastral y el pago de impuestos, por lo que ese proyecto viene a dividir la comunidad, territorio, la organización, unidad comunitaria, cosmovisión y su organización, por eso no aceptamos ese proyecto, además que no lo consultaron con nosotros y no aceptamos esa ley.

Los causantes de las divisiones son los alcaldes municipales, así mismo hay una represa hidroeléctrica generando energía que se construyó sin nuestra aprobación, por lo que hemos demandado y esperamos que en cinco o diez años pase a poder de nosotros y decidiremos si sigue o no, porque cada uno de esos proyectos están violentando nuestros derechos ancestrales, así como las 11 empresas mineras en el departamento de La Paz: Cane, La Paz, Yarumela y la zona de San Antonio del Norte que son las que tienen más agua, puntualizó el defensor.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4140:aumenta-la-criminalizacion-en-comunidades-indigenas-lencas-de-la-paz&catid=71:def&Itemid=166

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Respuesta al Grupo del Banco Mundial sobre Berta Cáceres y las Grandes Represas

Carta en respuesta a la réplica del Grupo del Banco Mundial a una carta pública enviada al Presidente del Banco Mund

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Discriminación contra indígenas: En Santa Elena, La Paz, solo existe el “dios” de las hidroeléctricas

La iglesia católica de Santa Elena, La Paz, a cargo del “padre Ángel”, no permite que los indígenas lencas aglutinados en el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz, (MILPAH), reciban la hostia, su identificación con el rechazo a que sus ríos sean desaparecidos les deja fuera del “cielo”, en un lugar donde impera el “dios de las hidroeléctricas”.

La hostia conforma el ritual católico  y es una de las partes de la misa. En ella el sacerdote enuncia la institución de la eucaristía por Jesús en la Última Cena.

En la mayoría de las comunidades indígenas prevalece esta religión. En Honduras se utilizó en el tiempo de la conquista española para torturar a los indígenas. En el Occidente de Honduras los chortís cuentan que eran golpeados en la iglesia si usaban su lengua y el despojo se estableció.

El Dios de la diputada Gladys Aurora López

“En Santa Elena el Padre Ángel ya dijo  que quién sea de MILPAH no tiene derecho a recibir la hostia, pero no se queda allí sino que los cabildos que deben servir para consultar a la población son realizados en la iglesia, él cierra el portón a los de MILPAH porque ya nos tiene bien identificados y solo deja entrar a gente que pueden manipular para que diga sí a la hidroeléctrica con la cual estamos en contra porque nos despojan de nuestros ríos”, señaló uno de los pobladores del sector que pidió no mencionar sus nombre por temor a represalias.

El padre Ángel llegó a Santa Elena hace unos dos o tres años, durante su período ha hecho una fuerte alianza con la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López y su esposo Arnold Sánchez, este último aparece como dueño de la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V, una compañía hidroeléctrica que está dejando sin agua al departamento de La Paz y tiene la concesión por más de 30 años, que fue aprobado durante la estadía de la diputada en el parlamento, o sea ha utilizado su influencia para beneficiarse con esta y otra concesión.

El padre Ángel también ha excluido de las actividades de la iglesia a quienes se oponen a esta hidroeléctrica y les conmina a no pertenecer a MILPAH para que tengan los favores del “cielo”.

El año pasado Bertha Cáceres, Coordinadora del COPIN, asesinada el 03 de marzo de este año, denunció que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez había prohibido a los indígenas organizarse en el COPINH o escuchar las radios comunitarias de esta organización.

El artículo 321 del Código Penal establece que: “Será sancionado con reclusión de tres a cinco años y multa de 30 mil a 50 mil  quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena”.

Hasta ahora no hay ninguna persona que haya sido sancionada por ejercer actos de discriminación, a pesar de existir un proceso judicial como es el caso del pastor Evelio Reyes cuyo caso fue sobreseído. Él fue denunciado por discriminar a la comunidad LGTBI.

“Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales” señaló Victoria Tauli-Corpuz, en conferencia de prensa, el 10 de noviembre de 2015, después de una visita a las comunidades indígenas y negras de Honduras.

A pesar de que este informe ha sido público y que le Relatora Tauli-Corpuz expresó tener la esperanza de que se resolvieran estos problemas, el Estado de Honduras dejó en la línea muerta su investigación y seis meses después no ha tomado ninguna medida, eos ha propiciado impunidad y más crímenes contra indígenas por la defensa de sus territorios.

Cardenal ordenó a los feligreses a no organizarse en el COPINH ni escuchar las radios comunitarias:

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“El Principio de la Misericordia” y los daños colaterales del modelo de desarrollo del Banco Mundial

La intervención del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim el pasado 6 de abril, en el Seminario de la Unión Teológica, en la ciudad de Nueva York, refrenda la política del Banco Mundial en m…

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Setting the World Bank President Straight On Large Dams

On April 6, World Bank President Jim Kim addressed the Union Theological Seminary in New York on “The Principle of Mercy.” During his presentation, Jim Kim mused extensively about his philosophical upbringing and his path from a public health activist to the head of a global financial institution. Staying true to his moral foundations, the World Bank President said, he was now using “the tools of the rich to serve the poor.”

In a question from the floor, Jim Kim was challenged on the impacts of large dams as evidenced by the murder of Berta Cáceres in Honduras. Kim called the murder an “incredibly tragic situation,” and went on to present a strong defense of the World Bank’s role in financing large dams. The President said:

“If we’re going to Africa and saying, ok, no hydropower, no nuclear and no coal, but we want you to have power, it’s not serious, you’re not being serious. We’re not doing coal and we’re trying like crazy to go to solar, but what these people are saying is, ‘We have a right to develop too.’”

“Our commitment is to hear the voices of the Berta Cáceres of the world – we have to hear these voices. And what we’ve now been able to do is to say, ‘Okay, in this case, instead of coal we’re going to do hydro, but we’ll do hydro in a way that everyone is resettled in a situation that is as good as or better than the situation they lived in.’”

“The way I approach it is this: If we’re doing something that is really, really bad and that is really offending or really taking livelihoods away, tell us what it is, we’ll stop it and we’ll try to make it right. Because you cannot do the work we’re trying to do and not have some of these incidents happen. We just have to be honest about it when it happens, admit it and then try to fix it as best as we can.”

The World Bank President deserves to be set straight on his comments in at least three ways:

First, hydropower is not the first or only alternative to coal. According to a new report by UNEP and Bloomberg Energy Finance, the world added 62 Gigawatt of wind energy, 56 Gigawatt of solar energy, and a mere 22 Gigawatt of large hydropower capacity in 2015. According to a study commissioned by International Rivers, two thirds of the countries studied in Sub-Saharan Africa could cover all their projected power needs by wind and solar energy alone.

http://www.huffingtonpost.com/peter-bosshard/setting-the-world-bank-pr_b_9782060.html

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Segunda concesión hidroeléctrica amenaza con destruir río Cuyamel, Cortés

Origen: Segunda concesión hidroeléctrica amenaza con destruir río Cuyamel, Cortés

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COMUNICADO: Violencia institucional genera alto riesgo para los defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas de La Paz

El Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPA) comparece nuevamente en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) ante los medios de comunicación para expresar su condena frente a los constantes hostigamientos y amenazas por activistas políticos del partido Nacional contra  líderes y lideresas de su movimiento, que está provocando división entre familias de la comunidad de Simpinula, Santa María, departamento de La Paz.

El más reciente incidente ocurrió el 17 de marzo de este año, cuando el activista del partido Nacional, Segundo Castillo en evidente estado de ebriedad, ingresó a la casa de Juan Vásquez, (mientras éste no se encontraba), y agredió verbalmente a su esposa, a su suegra e hijos.

La dirigencia de MILPA, que en los últimos meses ha sufrido asesinatos, hostigamientos y amenazas a muerte,  considera que la acción ejecutada por Segundo Castillo forma parte de una escalada provocadora contra defensores y defensoras de los bienes comunes de las comunidades lencas, opuestas a los proyectos hidroeléctricos privados, otorgados por el poder político actual.

En este caso la familia Vásquez al igual que centenares de indígenas lencas se oponen al concesionamiento de una represa hidroeléctrica en El Aguacatal, otorgado por el Congreso Nacional y avalado por el alcalde de Santa María, La Paz, Gabino Argueta. Estas acciones del partido Nacional contravienen convenios internacionales y violan el derecho a la consulta previa, libre e informada a que tienen derecho las comunidades lencas.

A juicio de MILPA, no solo el proyecto  hidroeléctrico  representa una amenaza para las comunidades,  sino también la remedición de los terrenos ordenada por la municipalidad de Santa María, los impuestos inconsultos que deberán pagar al Catastro  y las concesiones para la explotación de los bosques que causan severos daños a los territorios que habitan y de los cuales cuentan con títulos ancestrales.

La resistencia de los pueblos lencas frente a los proyectos hídricos, eólicos, forestales y mineros, impulsados por grupos económicos movidos por la avaricia de ganancias millonarias, con la complacencia del poder político sigue generando muerte, dolor, persecución, hostigamientos, amenazas y desplazamientos de familias.

Denunciaron que solo en el año 2015 fueron asesinados 20 dirigentes lencas de Santa Elena, departamento de La Paz. Sus muertes obedecen a un patrón de terror impuesto en el lugar que a punta de testaferros, sicarios, alcaldes y terratenientes y la reconocida directiva nacionalista,  se está apoderando de los ríos para hidroeléctricas, usurpando los territorios ancestrales de La Paz.

Entre las victimas están Domingo Martínez, Juan Francisco Martínez Márquez hijo, (estuvieron en huelga dos meses en Azacualpa oponiéndose a la hidroeléctrica sobre el rio Chinacla), Selvin Darío Orellana, Javier Vásquez (18) y Silvestre Manueles Gómez (apareció muerto flotando en las aguas del rio Chinacla, fue torturado y le cortaron sus órganos genitales).

Después del golpe de Estado del 2009 el Congreso Nacional concesionó a una de las directivas actuales, Gladys Aurora López, más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa y 10 concesiones mineras en La Paz.  Debido a esto cinco comunidades han perdido sus fuentes de agua en San José y Chinacla.

Desde hace varios años MILPA ha planteado que “la problemática es muy fuerte de persecución, criminalización, acusaciones, encarcelamientos, represión, torturas, de todo se da en nuestros pueblos”.

Y añade que los alcaldes de los municipios de Santa Elena (Santos Víctor Ventura Vásquez del partido Liberal), San José La Paz (José Abel García Argueta del partido Nacional), San Marcos de la Sierra en el departamento de Intibucá (Miguel Ángel Bautista Gutiérrez del partido Nacional)  junto a la vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López son señalados de promover acciones que violentan los derechos humanos de las  comunidades indígenas lencas.

Tegucigalpa MDC 30 de marzo de 2016

Defensores en linea

Origen: COMUNICADO: Violencia institucional genera alto riesgo para los defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas lencas de La Paz

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MILPA rechaza proyectos hídricos y disposiciones municipales que amenazan territorios ancestrales

Defensores en linea

Origen: MILPA rechaza proyectos hídricos y disposiciones municipales que amenazan territorios ancestrales

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Líder Indígena de MILPAH es atacado por activista político – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Por oponerse a proyectos de desarrollo sin previa consulta, Juan Vásquez, miembro del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, municipio de Santa María, departamento de La Paz, fue agredido en su propia casa por Segundo Castillo, quien en estado de ebriedad entró a la vivienda cuando solo estaba […]

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Honduras: Congreso Nacional legalizó exterminio silencioso de recursos naturales

En seis años el Congreso Nacional de Honduras aprobó la plataforma legal que permite el exterminio silencioso de los recursos naturales en el país, otorgando de forma arbitraria áreas protegidas y territorialidades indígenas.

Así lo comprueba el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), una de las organizaciones de apoyo comunitario que realiza análisis sobre el impacto ambiental que genera el extractivismo desmedido de los recursos naturales.
Una de las empresas que se menciona como protagonista de la encarnizada posesión de recursos de las comunidades es Inversiones La Auroras, S.A. de C.V. – LAINSA administrada por Arnol Castro, esposo de la diputada por el departamento de La Paz, vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López.
Las comunidades afectadas que han denunciado una atroz persecusión contra campesinas y campesinos lencas que defienden sus tierras, ríos y vegetación son Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María, Guajiquiro, Aguacatal, Granadillas, Zapotal, Linderos, Montañas El Jicarito, Chinacla, San Pedro.
López tiene  represa en Santa Elena (comunidades de El Potrero, Nazario y Jocotillo) esta afecta a 120 familias indígenas y el aprovechamiento de las aguas del rio Zapotal por la empresa.
El pueblo indigena del municipio de San José en las afueras
de los tribunales capitalinos. Foto: Proceso.hn
Historia
En el municipio de San José se está construyendo la hidroeléctrica “Aurora” sin consulta previa a las comunidades indígenas, según denuncias lo que hacen es confabularse con algunos alcaldes, realizan cabildos abiertos en donde participan personas que no son originarias del lugar.
En el año 2010 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),  cedió permisos por un periodo de 30 años para la construcción del proyecto.
En este mismo año se dieron 40 contratos a empresas privadas para generación de energía y autorizaron la construcción de represas hidroeléctricas. 21 proyectos en territorios indígenas Lencas, Pech, Tawahka, Misquita, tolupan.
Legislación
La influyente política del partido en el poder también fue diputada en el periodo 2010-2013 y su continuidad 2014-2017 lo que otorga vicios de iligalidad  las concesiones que le han otorgado a su empresa por tener condición de funcionaria.
En los siete meses del gobierno de facto de Roberto Micheletti Bain le otorgaron la licencia ambiental.
Mediante el decreto 233-2010 se derogó el decreto ministerial que prohibía proyectos en áreas protegidas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En este periodo 2010-2013 se aprobaron leyes que favorecieron concesiones de ríos, construcción de represas, explotación de minería, explotación de hidrocarburos y las ciudades modelos.
Además se reformó en 2009 la Ley General de Aguas que promueve el concesionamiento de aguas a terceros y 40 contratos a empresas privadas.
La Ley General de minería decreto 32-2013 se permite la estabilidad jurídica para empresas que explotan minerales sin importar los derechos fundamentales, por ende existen empresas mineras que utilizan el agua dentro y fuera de la concesión.
En el tema de zonas de exclusión la Ley deja sin protección el 90% de áreas protegidas, esto es las zonas productoras de aguas y las reservas naturales.

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Indigenous Rights Under Attack: Canadian economic and political interests over human rights

No one defending their land and territory in Honduras is safe. That was the message that rang loud and clear after Berta Cáceres was murdered in her home on March 3. Cáceres, an Indigenous Lenca woman, mother and grandmother was founder of the National Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras.

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Comunidades en Atlántida arrecian lucha ante instalación de mineras e hidroeléctricas

Ejerciendo el derecho a decidir sobre el uso de sus bienes naturales comunes, a través de un cabildo abierto  la ciudadanía del municipio de La Másica, Atlántida, declaró al río Zapote, exclusivo para consumo humano.  Esta acción se enmarca en el trabajo de organización e incidencia que realiza el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en esta zona.

En el departamento de Atlántida, la población San Francisco, Arizona y ahora La Másica, se han autoproclamado  defensoras de la madre tierra al decir NO a la intenciones que tienen las empresas mineras e hidroeléctricas de instalarse en sus comunidades sin el desarrollo de la consulta previa, libre e informada.

Actualmente más del 35% del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos, se podría decir que cerca del 50% del territorio se encuentra en manos de la industria extractiva para la explotación de los bienes naturales comunes.

La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH), ha denunciado que existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.

Según el ambientalista Juan Mejía, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro  son los departamentos  donde existe el mayor número de concesiones mineras, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón y el resto los departamentos del occidente.

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Pueblos negros e indígenas pidieron en la SERNA la cancelación de los proyectos hidroeléctricos en sus territorios –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La movilización de los pueblos indígenas y negros de Honduras y los trabajadores del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), continuó este viernes con una caminata desde la sede del Sindicato de Trabajadores de bebidas y Similares (STYBIS),  hasta las instalaciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), […]

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Honduras: Más de L.13, 000 millones ganan hidroeléctricas al año

Los beneficios de las concesiones térmicas solamente son para las transnacionales y nacionales generándoles súper ganancias, sin importarles el impacto ambiental que puedan sufrir las comunidades.

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/honduras-m%C3%A1s-de-l13-000-millones-ganan-hidroel%C3%A9ctricas-al

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Elementos de Copinh habrían provocado daños en central hidroeléctrica de Santa Bárbara

Activistas del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, habrían irrumpido en las instalaciones de la central hidroeléctrica San

 

http://lanoticia.hn/nacionales/elementos-de-copinh-habrian-provocado-danos-en-central-hidroelectrica-de-santa-barbara/

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Según denuncia COPINH: Empresa hidroeléctrica en contubernio con organismos internacionales vuelve a la carga para despojar al pueblo lenca de sus bienes naturales

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Construcción de hidroeléctrica amenaza con desaparecer comunidad garífuna en Sambo Creek

Origen: Construcción de hidroeléctrica amenaza con desaparecer comunidad garífuna en Sambo Creek

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Sistemáticas violaciones a los derechos humanos del Movimiento Indígena Lenca en Marcala, La Paz, por su oposición a hidroeléctricas

Denuncias

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Organizaciones lencas denuncian campaña de terror impulsada por políticos y grupos económicos en el occidente de Honduras

Tegucigalpa.

El dirigente de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga dijo a http://www.defensoresenlinea.com que las comunidades indígenas lencas están viviendo una situación preocupante por cuanto se quiere sembrar el terror con los asesinatos de indígenas lencas que luchan por su derecho a los territorios ancestrales.

“Estamos viviendo una situación tremenda, se quiere sembrar el terror, el asesinato de Justo Sorto y varios compañeros de la zona como Santos Alberto Rodríguez y otros, que  son parte de una campaña para atemorizar a la población indígena lenca y luego despojarlos de los bienes comunes naturales como  la tierra, el agua, los bosques”, sostuvo Zúniga.

El 21 de enero de 2014, el dirigente indígena lenca y defensor de derechos humanos,  Justo Sorto, fue encontrado sin vida en una finca de la comunidad Yance en el municipio de Jesús de Otoro en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.  Justo Sorto fue miembro activo por 20 años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Varios disparos de arma de grueso calibre fueron la causa de la muerte del defensor de derechos humanos. Su cuerpo presentó tres heridas de bala; uno en la cabeza, otro en el pecho y uno en el dedo pulgar derecho.

Solo en el mes de diciembre de 2015, cinco asesinatos fueron perpetrados contra indígenas lencas en Gualinga y El Potrero, pertenecientes al municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

Los testimonios señalan como responsables a activistas políticos del Partido Nacional, funcionarios de la municipalidad de Santa Elena, empleados de la vice presidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora y su esposo Arnold López.

Esto viene a confirmar que los proyectos de concesiones hidroeléctricas impulsadas por el gobierno son “proyectos de muerte” sostuvo a http://www.defensoresenlinea.com,  el sub-coordinador del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPA), Martín Gómez Vásquez.

“Solo en el 2015 ha habido 5 asesinatos ,más que todo en el sector de Santa Elena, en el departamento de La Paz, porque ahí Gladys Aurora López (vice presidenta del Congreso Nacional)  y su esposo, quieren construir una hidroeléctrica que va a generar 14 mega-watios de energía”, dijo Gómez Vásquez.

En total en el occidente del país se registraron durante el año 2015, al menos  20 asesinatos de miembros y líderes de las comunidades  indígenas lencas que manifestaron su oposición a los proyectos hidroeléctricos y concesiones mineras impulsadas en la zona occidental del país por funcionarios de gobierno y grupos económicos.

Salvador Zúniga de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH),  señaló como responsables de la escalada de terror a grupos económicos, el poder político y a grupos criminales que pretenden imponer el terror en la zona.

Particularmente por el hecho de que existen proyectos hidroeléctricos que llevan al despojo de las tierras y también a la pretensión de explotar de manera inmisericorde a los bosques, explicó Zúniga.

Están construyendo represas en los ríos Gualcarque, Río Blanco, se pretende construir en el municipio de Santa Elena en el departamento de La Paz, también en San Rafael municipio de Jesús de Otoro, Intibucá; se ha concluido la represa en San José de Gladys Aurora López (vice presidenta del Congreso Nacional) y están concesionados todos los ríos, desde los más pequeños hasta los más grandes apuntó Salvador Zúniga.

Por otra parte hay concesiones mineras en Camasca, San Francisco de Lempira, Piraera, así como  en La Esperanza, entre otras regiones informó el dirigente indígena lenca.

“Con esta situación ha habido gente que está abandonando las zonas porque se han convertido en lugares peligrosos y este es el proyecto de las famosas ciudades modelo (Zonas Especiales de Desarrollo Económico ZEDES), que es un proyecto de entrega del territorio, pero también son proyectos vinculados al crimen organizado que pretenden construir sus santuarios para el lavado (de activos) y las operaciones criminales”, comentó.

“Ahí están involucrados Gladys Aurora López presidenta del Partido Nacional y vice presidenta del Congreso Nacional, también está vinculado otro miembro del Congreso del lado del departamento de Santa Bárbara en donde asesinaron a un compañero, y hay una campaña de asesinatos promovida por gente poderosa en el país, se habla también de Mario Pérez, secretario del poder legislativo que estaría vinculado al asesinato a un compañero de Santa Bárbara”, aseguró el dirigente de la CINPH.

Zúniga agregó que a parte de los departamentos de La Paz, Santa Bárbara, también están Intibucá, Lempira y Comayagua, en donde hay persecución tremenda contra la población indígena y también se ha dado el despojo del mercado central lenca que está en títulos ancestrales y que se encuentra en el municipio de Intibucá. Ahí hay una campaña de amenazas, hay criminalización en los tribunales y hay más de 500 personas con formal proceso en los tribunales.

Los juzgados de Intibucá dictaron formal procesamiento a 38 micro empresarios y microempresarias indígenas lencas, a las cuales se les dictó medidas sustitutivas a la prisión y deben estar presentándose a los juzgados a firmar el libro de registro.

Estos indígenas lencas han sido acusados de usurpación y desobediencia a la autoridad municipal, pese a que se desarrolló un cabildo abierto con anterioridad, en el que se determinó que se iba a escoger un lugar para la construcción de un mercado.

“Aquí hay una situación de discriminación y de favorecimiento a transnacionales como la Sabmiller que van a poner el carnaval cervecero los días jueves, viernes y sábado y otros locales que van a ser asignados para la distribución de los productos de la Cervecería Hondureña”, informó  Zúniga.

La CINPH ha estado presentado loas denuncias respectivas, colocando las alertas respectivas y en los próximos días se inicia toda una campaña de movilizaciones  en el contexto local, nacional e internacional, que van a tener impacto ya que es necesario que la conciencia nacional sea movida, para que se haga una administración adecuada de la justicia, anunció el dirigente.

“Nosotros hemos creado una alianza estratégica con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el COFADEH nos ha estado brindando asesoría, capacitación en materia de derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos en general, pero también ha estado haciendo un acompañamiento jurídico legal en los municipios de Santa Elena (La Paz), Siguatepeque (Comayagua) y en los departamentos de Lempira, La Paz, Comayagua y en la parte de Yoro”, puntualizó Zúniga.

De hecho un equipo de procuradoras de derechos humanos del COFADEH viajó recientemente a los departamentos de Santa Bárbara y La Paz para continuar con la documentación de varios casos de asesinatos perpetrados en la zona y registrando otras violaciones de derechos humanos que se han denunciado.

Origen: Organizaciones lencas denuncian campaña de terror impulsada por políticos y grupos económicos en el occidente de Honduras

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Comunidad Garífuna de Sambo Creek y la Denegación del Derecho a la Consulta Previa.

Origen: Comunidad Garífuna de Sambo Creek y la Denegación del Derecho a la Consulta Previa.

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Instalación de hidroeléctrica violenta derecho a consulta en comunidad garífuna

Origen: Instalación de hidroeléctrica violenta derecho a consulta en comunidad garífuna

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CABILDO ABIERTO EN ARIZONA, ATLÁNTIDA PARA DECLARAR EL MUNICIPIO LIBRE DE EXPLOTACIÓN MINERA Y PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

19 de noviembre de 2015

Mañana viernes 20 de noviembre, se llevará a cabo un cabildo abierto en el municipio de Arizona, Atlántida para declarar la zona libre de explotación minera y de proyectos hidroeléctricos.  Frente a esa importante declaratoria, los pobladores y pobladoras de ese sector han denunciado una serie de anomalías para intimidarlos y que apoyen a la empresa que en estos momentos instala un proyecto hidroeléctrico en el río Jilamito.
La comunidad de Jilamito en el municipio de Arizona, Atlántida, está profundamente indignada porque las autoridades municipales están entregando a empresas locales el río Jilamito para la privatización. Exigen que se les respete y que se castigue a quienes otorgaron permisos con licencias ambientales al margen de lo establecido en la Ley General del Ambiente.
Las comunidades con el apoyo de los regidores de la alcaldía de Arizona, han denunciado la complicidad del alcalde Adolfo Paguada Saybe con las empresas, con la intención de iniciar un proyecto hidroeléctrico que no ha sido consensuado con los habitantes de la zona.
Al no ser escuchadas, las comunidades han hecho algunas actividades de resistencia, por ejemplo, poner trancas en la carretera que da paso a la zona donde pretenden desarrollar el proyecto para evitar el ingreso de material para la construcción. El fin de semana anterior se tomaron la carretera del litoral atlántico en seguimiento a estas acciones de protesta porque las autoridades encargadas de velar por el medio ambiente no les escucha y además por el abuso de autoridad que ven en la zona. Además, se han tomado en más de dos ocasiones el puente sobre el río Lean.
Según los pobladores y pobladoras, la respuesta del alcalde municipal de Arizona, Adolfo Paguada Saybe, ha sido de represión al enviar tropas de la Fuerza Interinstitucional Nacional (FUSINA). De manera que la anunciada coordinación de fuerzas policiales y militares en el país deja en evidencia una vez más, que el objetivo primordial consiste en reprimir las comunidades y despojarles de sus bienes naturales.
Según el ambientalista y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Juan Mejía, esto ya ha sucedido con el cuarto batallón de infantería que se tomó un terreno aledaño a una fuente de agua del municipio de San Francisco, Atlántida y ahora sucede en el municipio de Arizona, Atlántida.  En el municipio de la Másica, Atlántida las fuerzas especiales privadas de las empresas de Fredy Nasser han cercado territorios y no dejan pasar la gente hacia los bosques y hacia la parte alta de las montañas.
Cabe señalar que el MADJ ha hecho causa común con las comunidades del municipio de El Negrito en el departamento de Yoro, San Nicolás en Santa Bárbara, Tela en Atlántida, Balfate en Colón, San Francisco y ahora Arizona, Atlántida para denunciar la privatización de los ríos y otros bienes naturales en donde se ha avanzado en declarar esas zonas
                                     “LIBRES DE EXPLOTACIÓN MINERA”
Alentamos a otras comunidades a tomar el ejemplo de estos municipios para defender sus bienes naturales para destinarlos a las presentes y futuras generaciones.

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Origen: http://redefensorashn.blogspot.ch/2015/11/cabildo-abierto-en-arizona-atlantida.html

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