Nuevo masacre deja seis muertes en la capital hondureña

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Seis hombres resultaron muertos de manera violenta la noche de este miércoles en la colonia Centeno de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa. El acto violento se registró a eso de la 8:30 de la noche en una pulpería, donde las víctimas se encontraban departiendo. De manera preliminar se informó que entre […]

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Honduras: “The State and the extractive economic model are responsible for the assassination of Berta”

Origen: https://nicaraguaymasespanol.blogspot.ch/2016/09/honduras-state-and-extractive-economic.html

LOS ASESINATOS DE NIÑOS POBRES

Casa Alianza en su comunicado en ocasión de celebrarse el día del niño manifiesta que «recordamos a los más de 15 mil niños y niñas que duermen en las aceras y calles de las ciudades y que luchan por sobrevivir cada día buscando, entre la basura, comida, medicina, afecto y protección, recordamos a los más […]

Origen: http://elpulso.hn/los-asesinatos-de-ninos-pobres/

TERMINA CAZA DE ASESINOS EJECUTORES DE BERTA CÁCERES

Primer auditor Social de Honduras.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1690-termina-caza-de-asesinos-ejecutores-de-berta-caceres

Asesinan a defensora de derechos humanos

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Una joven defensora de los derechos humanos, articulada en la Red de Mujeres de la Colonia Ramón Amaya Amador de Tegucigalpa fue asesinada por un sujeto desconocido que se transportaban en una motocicleta.La víctima es Estefany Suyapa Gradiz de 14 años de edad, a quien le dispararon cuando estaba comprando en una pulpería y mientras conversaba con otras jovencitas cerca de su casa de habitación.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/somos-muchas-mujeres/asesinan-defensora-de-derechos-humanos

Asesinado: días después de criticar por Facebook al presidente, a diputado y al alcalde de La Ceiba

Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/asesinado-d%C3%ADas-después-de-criticar-por-facebook-al-presidente-diputado-y-al-alcalde-de-la

Holocausto Jurídico: 115 abogados asesinados desde 2009

“Mucho se parecen entre sí el terrorismo artesanal y el de alto nivel tecnológico, el de los fundamentalistas religiosos y el de los fundamentalistas del mercado, el de los desesperados y el de los poderosos, el de los locos sueltos y el de los profesionales de uniforme: Todos comparten el mismo desprecio por la vida humana […]

 

 

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Proponen crear una institución paralela al Colegio de Abogados de Honduras

Origen: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/proponen-crear-una-institución-paralela-al-colegio-de-abogados-de-honduras

Investigan por qué no reaccionaron agentes policiales asignados a juzgados capitalinos

Tegucigalpa – El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Luis Osavas Olivera, dijo la tarde de este sábado que se realizan las investigaciones para determinar la denuncia sobre la no intervención de agentes policiales asignados a los juzgados capitalinos en el momento que se produjo el asesinato de la abogada Miriam del Cid y un hombre, el mediodía de hoy.

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Alerta Colegio de Abogados: Ya van 9 los abogados muertos en 2016

Las autoridades del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), lamentaron la muerte de otra abogada en el país.

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Honduras / Video HCH TV: Abogada y su hijo fueron acribillados frente a miembros de la Policía // Matan a reconocida abogada en Comayagüela

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/08/honduras-video-hch-tv-abogada-y-su-hijo.html

Policías se esconden mientras asesinan abogada y a joven en Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Las  escenas violentan no cesan en Honduras. Este sábado una abogada penalista fue asesinada a pocos metros de los juzgados capitalinos, donde además pereció abatido un joven que se encontraba en el lugar. La actitud de los elementos del orden fue cuestionada por las personas que hacían trámites en los juzgados, […]

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SUSPENDEN AUDIENCIA DE HIJO DE POETA RIGOBERTO PAREDES

Un Juez de Sentencia decidió hoy suspender audiencia preliminar contra el hondureño, Rigoberto Paredes (hijo), presunto responsable de la muerte del abogado Eduardo Montes, hecho ocurrido en septiembre de 2015 en las torres Metrópolis de la ciudad capital de Honduras.   

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La audiencia preliminar en contra de Rigoberto Andrés Paredes Vélez, fue suspendida esta mañana ya que la defensa del imputado no llegó a la sala de justicia, entonces se reprogramó; el joven, hijo del extinto poeta de quien lleva el mismo nombre, es acusado de haber asesinado al apoderado legal de la familia Gutiérrez quienes afrontan la justicia por el caso Astropharma-Secretaría de Salud.

El imputado se presentó a eso de las 9:00 de la mañana de este día, fuertemente custodiado por policías. Si “Rigo” –como lo llaman sus amigos y familia— admite haber sido el autor material del asesinato del abogado Eduardo Montes, a través de una audiencia de procedimiento abreviado, sólo participan familiares de la victima, representantes legales, el acusado y su defensa, en tanto, el Ministerio Público como observador ante la pena que pueda imponer el juez.

Para poder llegar a esa audiencia debe cumplirse con las disposiciones de los artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal, que estipulan:

Artículo 403: Casos en que Procede el Procedimiento Abreviado. Salvo el caso de reincidencia, a solicitud conjunta del Ministerio Público y del imputado, se seguirá el procedimiento abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública, si concurren los requisitos siguientes:

1) Que la solicitud se formule en la audiencia inicial o en cualquier otro momento, antes de que se emita el auto de apertura a juicio;

2) Que el imputado, en la correspondiente solicitud, admita incondicionalmente su participación en el hecho que se le atribuye y manifieste su acuerdo con la aplicación del mencionado procedimiento;

3) Que el Fiscal que participa en la solicitud, haya obtenido la autorización de su superior jerárquico, la que solamente procederá cuando no existan dudas, según las investigaciones practicadas por el Ministerio Público, sobre:

1. a) La veracidad de la confesión hecha por el imputado;

1. b) Que el imputado no trata de desfigurar los hechos o de transformar el delito en uno menos grave; y

1. c) Que el imputado no trate de sustituir al verdadero culpable.

4) Que el Defensor dé fe que el imputado ha sido debidamente instruido sobre el sentido y alcances del procedimiento abreviado. El respectivo escrito tendrá el carácter de documento público.

A la solicitud a que se refiere el párrafo primero, se acompañarán las pruebas de que se han llenado los requisitos exigidos en los numerales 3) y 4) precedentes.

Artículo 404: Trámite de la Solicitud de Procedimiento Abreviado. Admitida la solicitud del procedimiento abreviado, el respectivo Juez convocará a las partes a una audiencia que se celebrará en un plazo no menor de veinte (20) días ni mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del auto de admisión, en la cual oirá al imputado, a la víctima y al Ministerio Público, y recibirá la prueba relativa a las circunstancias previstas en el Código Penal, para la determinación de la pena concreta.

Si la persona imputada no compareciere, y el Juez considerase imprescindible oírlo para valorar la voluntariedad del consentimiento prestado por él, suspenderá la audiencia, convocando a las partes a otra, que tendrá lugar en el plazo máximo de veinte (20) días, ordenando la presentación coactiva de la persona imputada.

Si el Juez comprueba que el consentimiento no fue dado libremente por el imputado o que este, al prestarlo, no tenía pleno conocimiento sobre el alcance del mismo, o que falta cualquiera de los otros requisitos señalados en el Artículo anterior, dictará resolución declarando sin lugar el procedimiento abreviado y ordenando la continuación del procedimiento común. En este caso, la admisión de los hechos por parte del imputado no será considerada como una confesión.

Cumplido lo prescrito en el párrafo primero, el Juez dictará sentencia imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un cuarto.

La rebaja podrá llegar hasta la tercera parte, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales para la víctima.

De ser aprobada la audiencia mediante un procedimiento abreviado, Paredes podría tener una rebaja en su condena, de momento no se maneja la fecha de reprogramación de la audiencia.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1639-suspenden-audiencia-de-hijo-de-poeta-rigoberto-paredes

Blood in Honduras, Silence in the United States

Honduran indigenous and environmental rights leader Berta Cáceres, who was assassinated by masked gunmen in the spring, had long lived under the shadow of threats, harassment, and intimidation. The slain leader of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) was gunned down in her home in La Esperanza on March 3 after months of escalating threats. She was killed, it appears, for leading effective resistance to hydroelectric dam projects in Honduras, but she understood her struggle to be global as well. For Cáceres, the fight to protect the sacred Gualcarque River and all indigenous Lenca territory was the frontline in the battle against the unbridled transnational capitalism that threatens her people. She felt that as goes the Gualcarque River, so goes the planet. Her assassination sent shockwaves through the Honduran activist community: if an internationally-acclaimed winner of the Goldman Environmental Prize can be slain, there is little hope for anyone’s safety.

The Agua Zarca Dam, which put Cáceres in the crosshairs, is one of many to have been funded by foreign capital since the 2009 Honduran military coup. The ousted president, Manuel Zelaya, had alarmed the country’s elites—and their international allies—with his support of agrarian reforms and increased political power for laborers and the disenfranchised. After his removal, the Honduran government courted investors, declaring in 2011 that Honduras was “open for business.” Among the neoliberal reforms it undertook, which included gutting public services and cutting subsidies, the government granted large mining concessions, creating a demand for energy that heightened the profitability of hydroelectric dam projects. The aggressive privatization initiatives launched the government on a collision course with indigenous and campesinocommunities, which sit atop rich natural resources coveted by investors. The ensuing conflicts between environmentalists, traditional landowners, and business interests have often turned lethal.

These killings have taken place in a climate of brutal repression against labor, indigenous, and LGBTI activists, journalists, government critics, and human rights defenders. Cáceres, a formidable and widely respected opposition leader, was a particularly jagged thorn in the side of entrenched political and economic powers. Miscalculating the international outcry the murder would incite, Honduran officials at first couldn’t get their story straight: Cáceres’s murder was a robbery gone wrong, perhaps, or internal feuding within her organization, or a crime of passion. However, activists within and outside Honduras have successfully resisted all efforts to depoliticize Cáceres’s killing.

“It’s like going back to the past,” she said. “We know there are death squads in Honduras.”

Unfortunately, Cáceres’s death was not the first violent assault on COPINH leaders, nor has it been the last. In 2013 unarmed community leader Tomás García was shot and killed by a soldier at a peaceful protest. Less than two weeks after Cáceres was murdered, COPINH activist Nelson García was also gunned down, and just last month, Lesbia Janeth Urquía, another COPINH leader, was killed. Honduran authorities quickly arrested three people for Urquía’s murder, characterizing it as a familial dispute, but members of COPINH dispute this. “We don’t believe in this [official] version,” Cáceres’s successor, Tomás Gómez Membreño, told the Los Angeles Times. “In this country they invent cases and say that the murders have nothing to do with political issues. The government always tries to disconnect so as to not admit that these amount to political killings.”

Urquía was murdered soon after an explosive report in The Guardian in which a former member of the Honduran military said Cáceres’s name was at the top of a “hit list” of activists targeted for killing. The list, he said, was circulated among security forces, including units trained by the United States. The Honduran government vehemently denies these claims, despiteevidence supporting many of the allegations. Cáceres had previously said she was on a list of targeted activists. At a U.S. congressional briefing in April, Honduran human rights activist Bertha Oliva Nativí testified that activists had not faced such dangers since the 1980s. “Now, it’s like going back to the past,” she said. “We know there are death squads in Honduras.”

After an initial investigation into Cáceres’s murder that was tainted by multiple missteps, officials arrested four suspects, including an active member of the military, and later detained a fifth man. But many believe that the orders for her murder were issued higher up the chain of command, and that the government cannot be trusted to police itself. However, state officials have refused calls for an independent international investigation.

Nonetheless the United States continues to send Honduras security assistance that aids the government in militarizing the “war on drugs” and enforcing the aggressive neoliberal policies Washington favors for the region. Some American lawmakers have been paying close attention, sending letters to the U.S. State Department expressing concern about the role of state security forces in human rights abuses. In a sign of increasing impatience with State Department inaction, Representative Hank Johnson of Georgia and other legislators introduced a bill in Congress on June 14, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which seeks to suspend “security assistance to Honduran military and police until such time as human rights violations by Honduran state security forces cease and their perpetrators are brought to justice.” As the bill’s original cosponsors argued in an op-ed in The Guardian, “It’s even possible that U.S.-trained forces were involved in [Cáceres’s] death,” since “one suspect is a military officer and two others are retired military officers. Given this information, we are deeply concerned about the likely role of the Honduran military in her assassination, including the military chain of command.”

As the hit list story broke, State Department spokesperson John Kirby maintained at a June 22 press briefing that “there’s no specific credible allegations of gross violations of human rights” in Honduras. That assertion is contradicted by the State Department’s own 2015 human rights report on Honduras, which documented “unlawful and arbitrary killings and other criminal activities by members of the security forces,” findings echoed by the United Nations. The Guardian reported on July 8 that the State Department is reviewing the hit list allegations, repeating the claim that it had seen no credible evidence to support them. U.S. ambassador to Honduras James Nealon told the Guardian, “We take allegations of human rights abuses with the utmost seriousness. We always take immediate action to ensure the security and safety of people where there is a credible threat.” Under the Leahy Law, the State Department and the Department of Defense are prohibited from providing support to foreign military units when there is credible evidence of human rights violations. Yet the mechanics of compliance with the Leahy law are shrouded by state secrecy, making it difficult to have confidence in the legitimacy of an investigation into the conduct of a close ally. And satisfying Leahy law obligations alone is insufficient. Half of the $750 million in aid that Congress approved in December for Honduras, Guatemala, and El Salvador comes through the Plan of the Alliance for the Prosperity in the Northern Triangle, a package of security and development aid aimed at stemming immigration from Central America. And disbursement of that money is conditioned merely on the Secretary of State certifying that the governments are making effective progress toward good governance and human rights goals.

In the aftermath of Zelaya’s removal, Secretary of State Clinton helped cement the post-coup government.

This is not the first time the Obama administration has undermined human rights in Honduras. In the aftermath of Zelaya’s removal, then Secretary of State Hillary Clinton helped cement the post-coup government. Cáceres herself denounced Clinton’s role in rupturing the democratic order in Honduras, predicting a dire fallout. As historian Greg Grandin told Democracy Now, “It was Clinton who basically relegated [Zelaya’s return] to a secondary concern and insisted on elections, which had the effect of legitimizing and routinizing the coup regime and creating the nightmare scenario that exists today.”  The election held in November 2009 was widely considered illegitimate.

When questioned by Juan González during a meeting with the New York Daily News editorial board in April, Clinton said that Washington never declared Zelaya’s ouster a coup because doing so would have required the suspension of humanitarian aid. In so doing, she relied on the technicality that an aid cutoff is triggered by the designation of a military coup. Therefore the term was never officially used, despite the military’s clear involvement in removing Zelaya from the country. Clinton claimed the legislature and judiciary had a “very strong argument that they had followed the Constitution and the legal precedents,” despite nearly universal condemnation of the coup, including by the United Nations, the European Union, and the Organization of American States. And Clinton’s account is contradicted by then U.S. ambassador to Honduras Hugo Llorens, who concluded in a leaked cable “there is no doubt” that the ouster of Zelaya “constituted an illegal and unconstitutional coup,” a characterization repeated by the State Department many times. Yet the administration stalled the suspension of aid to Honduras, in contrast to much quicker cutoffs following coups in Mauritania (August 2008) and Madagascar (March 2009).

The dire human rights situation in Honduras may receive more attention following Clinton’s selection of Tim Kaine as her running mate. The Virginia senator, who touts the nine months he spent in Honduras as a Jesuit volunteer as a formative experience, has added his voice to those pressuring Secretary of State John Kerry for a thorough investigation into Cáceres’s death. But Grandin argues that Kaine “has consistently supported economic and security policies that drive immigration and contribute to the kind of repression that killed Cáceres.” This critique of U.S. economic policy was recently echoed by one of Cáceres’s four children, Laura Zuñiga Cáceres, who joined a caravan from Cleveland to Philadelphia demanding justice for her mother. She was among those protesting outside the Democratic National Convention, linking Washington’s trade policy with the misery it engenders in Honduras. “We know very well the impacts that free trade agreements have had on our countries,” Zuñiga said. “They give transnational corporations, like the one my mom fought against, the power to protect their profits even if it means passing over the lives of people who defend the water, forest and mother earth from destruction caused by their very own megaprojects.”

Washington is again signaling to Honduras that stability and its own self-interest trump human rights concerns. Historically the United States has been agonizingly slow to cut off support for repressive Latin American governments so long as they advance its geopolitical and economic agenda. But there have been pivotal moments in history when the tide has turned against U.S.-allied repressive states, such as the killing of Jesuit priests in El Salvador in 1989, which spurred international condemnation of the Salvadoran government and prompted Washington to rethink its support. The death of Cáceres should be one of those moments. This time, Washington should act quickly to stop its money from funding human rights abuses in Honduras before more blood is spilled.

Origen: https://bostonreview.net/world-us/lauren-carasik-blood-honduras-silence-united-states

Hondureño acusado de asesinar a defensor de los Gutiérrez a punto de saber si es enjuiciado

TEGUCIGALPA, HONDURAS El hondureño Rigoberto Andrés Paredes compareció este marte en los juzgados penales hondureños, acusado por el asesinato de Eduardo Montes, apoderado legal de la ex vicepresidenta del Parlamento,

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Asesinatos de miembros LGTBI en Honduras no son investigados

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Rihanna Ferrera, de la comunidad LGTBI de Tegucigalpa, Honduras relata que la situación de violación a sus derechos humanos así como la criminalización y los asesinatos los tienen bastante preocupados y preocupadas porque no ven ninguna acción del gobierno por frenar las violaciones,  la criminalización y los asesinatos de los […]

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Ocho muertos deja otra mascare en Tegucigalpa

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Mientras el gobierno insiste en querer maquillar las cifras de los asesinatos en Honduras y transformar las masacres en asesinatos múltiples para minimizar la realidad, la madrugada de este domingo se suscitó una nueva masacre,  dejando como saldo ocho personas asesinadas. El hecho ocurrió alrededor de la una y media […]

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Secretario General de la OEA califica como golpe a la democracia la muerte de Kevin Ferrera

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

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Abogado ultimado por desconocidos defendió a acusado del megafraude contra el IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS El abogado ultimado en el puente aéreo de la Colonia el Prado era el defensor de Mario Antonio Rojas, tío de Mario Zelaya, exdirector (…)

Origen: http://confidencialhn.com/2016/08/11/abogado-ultimado-por-desconocidos-defendio-a-acusado-del-megafraude-contra-el-ihss/

Honduras: De 102 asesinatos contra abogados, el 94 por ciento persiste en impunidad

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/08/honduras-de-102-asesinatos-contra.html

U.S. Aid To Honduras In Doubt After Killings Of Activists

Origen: http://www.huffingtonpost.com/entry/honduran-aid-activist-killings_us_57acf39fe4b007c36e4dec10?cz0lr8uhuejtja714i

Más de 80 abogados perdieron la vida violentamente en Francisco Morazán y Cortés desde 2010

Tegucigalpa – Cortés y Francisco Morazán son los departamentos del país donde el ejercicio del derecho se ha convertido en una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, al registrar, desde el 2010 a la fecha, la muerte en circunstancias violentas de, al menos, 82 abogados, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

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Tres abogados hondureños asesinados en este martes sangriento

Martes sangriento para los abogados: 3 abogados hondureños asesinados se reportan en este martes sangriento en Honduras.

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Matan al presidente de la Juventud Liberal dentro de camioneta

La víctima quedó dentro de un vehículo Honda CRV café, el cual fue a impactar a la acera frente a un centro educativo

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Dentro de vehículo dejan cuerpo de abogado en puente El Prado

La víctima fue dejada en el interior de un automóvil turismo que dejaron abandonados los criminales del hecho violento

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