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Finnfund seeks to exit Agua Zarca

Finnfund has already suspended its disbursements to the project and promised to react if a credible connection between the project company and the crime were to be established. While keeping in mind that charges are not convictions, the time has come for the financiers to seek a responsible and legal exit from the project.

A court in Honduras decided on May 8 to press charges against four individuals in connection with the murder of Berta Cáceres, a well-respected human rights activist. The police and the judicial system of Honduras have performed their duties in the murder investigation. It is important to maintain the independence of the judicial system. Eventually we hope to see verdicts based on unequivocal evidence.

We are deeply concerned to learn that one of the individuals charged is an employee of DESA, the developer of the Agua Zarca hydro project we help to finance. Violence or limitations to people’s right to voice their views are never acceptable in connection with any project.

Finnfund has already suspended its disbursements to the project and promised to react if a credible connection between the project company and the crime were to be established. While keeping in mind that charges are not convictions, the time has come for the financiers to seek a responsible and legal exit from the project.

Finnfund lends to Agua Zarca with FMO, the Dutch development bank. We coordinate our reactions with FMO. The first reactions by us and other international financiers may already have an impact in how seriously the Government of Honduras has taken the murder investigation.

Agua Zarca is an investment prepared in accordance with international best practice for responsible investment. Despite having broad popular support in the affected communities, it also has opponents. Some of the people in the neighboring communities feel they have been excluded from the benefits of the project.

Finnfund has financed renewable energy projects in Honduras for more than ten years. Our other projects have been successful and they have not experienced the problems now seen in Agua Zarca.

The case of Agua Zarca underlines the need to pay attention to indigenous people and human rights. Finnfund seeks to finance projects that reduce marginalization and promote equality, also in Honduras.

Poor and conflict-ridden countries are always risky operating environments. Focusing on countries with no problems at all is not an option. Development is needed exactly where there is poverty, where human rights are not yet respected and where conflicts and the threat of violence are part of people’s daily life. In accordance with its mandate, Finnfund continues to operate also in difficult environments.

Jaakko Kangasniemi, CEO
jaakko.kangasniemi(at)finnfund.fi, tel. +358 40 577 7676

Tapio Wallenius, Director, Impact and Communications
tapio.wallenius(at)finnfund.fi, tel. +358 50 351 0753

http://www.finnfund.fi/ajankohtaista/uutiset16/en_GB/agua_zarca_honduras/

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Gobierno denuncia agresiones contra elementos de seguridad

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández denunció hoy las agresiones de varios manifestantes contra elementos de los cuerpos de seguridad, al tiempo que reafirmó su respeto a los derechos humanos y advirtió que no permitirá protestas violentas.

Así lo expusieron el ministro Coordinador General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, y el ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, en una comparecencia ante la prensa luego de incidentes protagonizados por manifestantes cerca de Casa Presidencial.

Hernández Alcerro afirmó que hoy “Casa Presidencial fue víctima de agresión por un grupo de personas que se identificaron pertenecientes al Copinh” (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

Indicó que “como Gobierno hemos demostrado ser respetuosos del derecho legítimo que tiene la población hondureña a manifestarse de manera pacífica, y el Gobierno de la República quiere reiterar ese compromiso con el respeto al derecho ciudadano de manifestación pacífica”.

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Sin embargo, Hernández Alcerro expuso que el Gobierno también quiere “afirmar con mucha energía que no vamos a permitir las manifestaciones violentas, los actos de agresión en contra de la autoridad y en contra de los edificios públicos”.

“No permitiremos manifestaciones violentas que atenten contra los derechos humanos de la ciudadanía ni contra la libre locomoción y el derecho de transitar libremente a que tienen los pobladores”, sentenció.

Hernández Alcerro, asimismo, expuso que “lo que vimos el día de hoy fue una acción violenta de un pequeño grupo de personas que creen que a través de este tipo de manifestaciones pueden lograr el objetivo de victimarse y producir el objetivo de provocar una reacción en contra del Gobierno de la República a nivel nacional e internacional”.

Identificación de extranjeros

El ministro Coordinador General de Gobierno también informó que se han girado instrucciones, tanto a la Dirección Nacional de Inteligencia, como al Instituto Nacional de Migración, para que procedan a identificar a los extranjeros que han estado participando en este tipo de manifestaciones violentas o incitando a la violencia.

“Pedimos que se aplique a ellos los procedimientos que la ley indica”, dijo Hernández Alcerro.

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Investigación efectiva

Por su parte, el ministro de la Presidencia hizo “énfasis en algo importante, y en lo que el pueblo hondureño y los medios nacionales e internacionales han sido testigos, y ha trascendido alrededor del mundo, sobre los resultados que ha obtenido el Ministerio Público sobre el caso de (el asesinato de) Berta Cáceres”.

Sánchez destacó que “es más que evidente la labor que las autoridades han venido haciendo, y la reconocemos públicamente. (Los hondureños y la comunidad internacional) han sido testigos que hay cinco capturados, de los que cuatro han sido declarados con auto de formal procesamiento, están en prisión, mientras las investigaciones siguen su curso”

“A este punto, no se puede decir que es derivado de la falta de voluntad o de resultados” en el caso de Cáceres “que hechos como estos que se dieron en la mañana puedan volver a repetirse”, aseveró el ministro de la Presidencia.

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Tolerancia al derecho a manifestarse

Sánchez destacó que el Gobierno de la República ha sido muy tolerante al derecho de manifestarse de todas las personas en Honduras, lo cual se ha podido comprobar en manifestaciones grandes, medianas y pequeñas.

Empero, aseguró que lo que no se va a permitir es que marchas violentas vengan a llevarse la tranquilidad que Honduras ha tenido.

Esta determinación, dijo, tiene como objetivo evitar que se repitan “todos esos sucesos que se presentaron hoy, hasta llegar al extremo de golpear a las fuerzas del orden, e inclusive ver extremos que no se miraban hace mucho en el país”.

Sánchez recalcó que “el Ministerio Público ha estado haciendo su trabajo y hay resultados de esa labor y las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres. Hay procesados, la investigación sigue su curso y según las autoridades se va a llegar hasta los resultados que la población nacional e internacional espera”.

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El ministro Coordinador, Hernández Alcerro, dijo que “el Gobierno se mantiene firme en el respeto de los derechos humanos, con el respeto del derecho a manifestación pacífica”.

Pero dejó claro que “no vamos a permitir manifestaciones violentas, que vamos a aplicar los instrumentos con los cuales la ley dota a las autoridades y que, además, no vamos a permitir que extranjeros vengan a nuestro país a incitar a la violencia, y a participar en actos violentos”.

http://www.presidencia.gob.hn/index.php/seguridad/783

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COMUNICADO COPINH del 3 de Mayo del 2016

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a la comunidad Nacional e Internacional tras una evaluación no apresurada de los hechos ocurridos el día de ayer, comunica lo siguiente:

  1. Que el día de ayer, el gobierno de Honduras realizó el denominado operativo “jaguar” en el que se arrestó a cuatro personas a las que se les síndica como responsables de participar en la planificación y asesinato material de nuestra compañera y Coordinadora General del COPINH, Berta Cáceres.
  1. Que hacemos constar que si bien es cierto que, estas personas que fueron capturadas, coinciden con parte de la lista de sospechosos y sospechosas del asesinato, que maneja el COPINH, no confiamos, en que como parte de la investigación se hayan realizado de la manera más exhaustiva y profunda, todas las acciones pertinentes,  ni que incluya a todas las personas responsables de conspirar, planificar y ejecutar el asesinato.
  1. Que aun considerando el anuncio de tres requerimientos fiscales, contra tres personas más; debido al monopolio, silencio o nula comunicación que tiene el Ministerio Publico para informar al COPINH como víctima y permitir su participación en el proceso de investigación, esta conducta no nos da una certeza respecto a que se hayan hecho todas las diligencias, todas las capturas necesarias para llegar a los conspiradores y autores materiales de alto nivel.
  1. Es por ello, que hoy más que  nunca, el gobierno debe atender la exigencia del COPINH y de la familia de Berta para que se instale una  comisión de expertos en este tipo de crimen, dirigida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para a la cual la CIDH ha expresado interés de participar bajo las condiciones señaladas.
  1. El gobierno no ha mostrado interés en concertar y aprobar el convenio para la instalación de la Comisión de expertos, que como COPINH hemos exigido desde el asesinato de nuestra hermana y compañera BERTA.

Esta negativa preocupa porque, debido a la fragilidad del sistema de justicia cualquier acto de inoperancia, ineficiencia, colusión y corrupción pueden contaminar este proceso. En tal sentido la instalación de la Comisión de expertos, garantiza el profesionalismo, la objetividad, la no discriminación y la participación propositiva del COPINH en la investigación. Además genera la confianza incuestionable que se necesita para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y el nunca más.

 

Es por eso que exigimos en carácter urgente, que se entregue al COPINH toda la información pertinente y disponible, de manera directa y en un ámbito de respeto al derecho a la información que tenemos como víctimas, ya que tras dos meses del vil asesinato, no hay ni una tan sola información comunicada de manera directa a nosotros como parte de la coordinación de COPINH, ni a las  hijas  e hijo de nuestra compañera Berta.

  1. Finalmente, más allá de lo señalado, las capturas realizadas al día de ayer, y lo expresado por el Ministerio Publico en su comunicado, confirman la participación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. DESA; con capital de grupos económicos poderosos nacionales e internacionales (Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, FMO Banco Holandés, FinFund Banco Finlandés, así como el Banco FICOHSA y la familia Atala), en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Lo cual también invita a extender la investigación sobre la vinculación de la empresa DESA y sus asociados financieros en los demás asesinatos cometidos contra compañeros activos en la oposición al desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca: (1) Tomás García, (2) William Jacobo Rodríguez, (3) su hermano Maycol Rodríguez un niño de 15 años a quien le fue arrebatado su derecho a la vida, y (4)Baudilio Sánchez.

Son cinco los asesinatos cometidos contra opositores a DESA, y la instalación del proyecto Agua Zarca. La investigación debe extenderse sobre estos asesinatos, denunciados por Berta y el COPINH en su momento, incluyendo otras acciones criminales que incluyen atentados contra la vida, lesiones, abusos y vejámenes por parte de la empresa y las autoridades estatales que les respaldan, represión y persecución judicial tendenciosa y criminalizante contra el COPINH y las comunidades adyacentes y afectadas por el proyecto.

Es por todo esto que, como COPINH, exigimos que se cancele de manera inmediata y definitiva, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por ser este un proyecto de muerte, que debe ser  expulsado del territorio Lenca de Rio Blanco y su hábitat funcional, ya que pone en peligro la vida de nuestros compañeros y compañeras que han opuesto (y siguen haciendólo) toda su resistencia a que este proyecto no se construya.

¡¡¡BERTA VIVE!!!

Intibucá 3 de mayo del 2016

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Comunicado RSF-Honduras: el periodista Félix Molina escapa milagrosamente de un intento de asesinato

Origen: Comunicado RSF-Honduras: el periodista Félix Molina escapa milagrosamente de un intento de asesinato

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Voith Suspends Deliveries for Agua Zarca

The violent deaths of the two COPINH members Berta Cáceres and Nelson García have affected us deeply. According to the latest information available to us, the Honduran authorities have apparently arrested four suspects. We expressly welcome that the country’s investigative authorities – as repeatedly requested by us – are taking concrete steps to solve the crime and that their investigations have apparently produced visible results.

Origen: Voith Suspends Deliveries for Agua Zarca

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Honduras: Los ataques y actos de intimidación contra participantes en el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive” deben ser investigados

Ginebra-Paris-Guatemala, 18 de abril de 2016. El viernes 15 de abril una decena de participantes en la caravana del Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” resultaron heridos tras el ataque de más de 30 personas identificadas como trabajadores/as de la empresa DESA. Tres integrantes de una misión de investigación del Observatorio presentes en el terreno fueron testigos de los primeros incidentes y de la inadecuada respuesta policial, denunciaron hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad.

 

El viernes 15 de abril de 2016 se produjeron graves incidentes cuando varios centenares de personas se desplazaron hacia el río Gualcarque en las cercanías de San Francisco de Ojuera como parte de una caravana que buscaba conmemorar el asesinato el pasado 2 de marzo de la defensora de derechos humanos y lideresa de la comunidad indígena Lenca, Berta Cáceres en el marco del Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”.

 

Tres integrantes de una misión de investigación del Observatorio llegaron a las 10:30 al lugar donde los primeros defensores y defensoras en desplazarse a la zona esperaban la llegada de los autobuses, cerca del desvío de la carretera N-20. Durante la hora que permanecieron en la zona, pudieron observar que al menos cinco radio patrullas de policía con cuatro o cinco unidades cada una, así como dos vehículos que transportaban a unos 10 militares cada uno, atravesaron la zona en dirección hacia San Francisco de Ojuera.

 

Tras la llegada de los primeros autobuses, los integrantes de la misión del Observatorio siguieron la caravana y pudieron constatar la fuerte presencia de Policía Nacional y de unidades militares a lo largo del camino. Según pudo constatar la delegación del Observatorio, esta presencia de fuerzas de seguridad fue percibida como intimidatoria por los integrantes de la caravana, especialmente por el hecho de que al menos uno de los grupos policiales estaba tomando imágenes de los coches y autobuses y porque la mayoría de las unidades aparentaban estar preparadas para intervenir y sujetaban armas y/o escudos. Además, las personas que viajaban en los autobuses denunciaron haberse sentido intimidadas por las actuaciones de las fuerzas de seguridad a lo largo del camino desde Tegucigalpa, que incluyeron numerosas paradas, el registro de los autobuses y de los viajeros, así como una notable ralentización del desplazamiento de los vehículos.

A las 13:10, en las cercanías de San Francisco de Ojuera, y ya desplazándose a pie el primer grupo de participantes de la caravana en llegar a la zona, incluyendo los encargados de misión del Observatorio, se vieron confrontados por más de 30 personas que portaban carteles contra la caravana, blandían machetes amenazadoramente y, con actitud violenta, gritaban amenazas contra la caravana y específicamente contra Tomás Gómez, nuevo Coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Estas personas fueron identificadas por integrantes del COPINH como empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).

La delegación del Observatorio pudo documentar que, mientras en las inmediaciones de la posta policial Santa Fe y en otras partes del recorrido había fuerte presencia de fuerzas de seguridad, únicamente seis policías, que no portaban instrumentos de intervención, se habían posicionado para separar a los contra-manifestantes de la caravana internacional.

 

La débil presencia policial para hacer frente al peligro que representaba el numeroso grupo de personas armadas con machetes y en actitud extremadamente violenta contrasta enormemente con lo intimidatorio del enorme despliegue que los manifestantes pacíficos de la caravana pudieron observar a largo de su desplazamiento. La actuación policial parece a todas luces inadecuada y contraria a los estándares internacionales que obligan a garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de la OMCT y encargado de la misión del Observatorio.

 

Según la información recibida por nuestras organizaciones, alrededor de las 17:00, y ya sin la presencia de la delegación del Observatorio, una decena de personas resultaron heridas cuando se retiraban pacíficamente del evento, tras ser atacadas con palos y piedras por el mismo grupo de personas, algunas en evidente estado de ebriedad. El grupo de fuerzas de seguridad presente en la zona era mayor y estaba mejor preparado para la posible confrontación que en los incidentes registrados por la mañana. Sin embargo, según testigos, las agresiones tuvieron lugar a la vista de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad que no actuaron hasta que otros participantes de la caravana les insistieron para que lo hicieran.

 

Además, los agresores volvieron a proferir amenazas directas contra Tomás Gómez y contra Sotero Chavarría, integrante de la Coordinación General del COPINH, quién resultó herido por una pedrada. Entre los gritos proferidos por los agresores se habría escuchado referencias al asesinato de Berta Cáceres en los siguientes términos: “hemos matado a la mosca y solo quedó la plebe”.

 

Nuestras organizaciones reclaman una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y las amenazas realizados por parte de los agresores, pero también sobre el desproporcionado dispositivo policial, de modo que puedan establecerse las sanciones que pudiera corresponder por la inadecuada actuación de las fuerzas de seguridad”, declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

 

Estos graves incidentes tienen lugar en un contexto de creciente descontento nacional e internacional por el desarrollo de la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres y por la inadecuada respuesta a las demandas de familiares de Berta Cáceres y el COPINH sobre la necesidad urgente de integrar un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) para indagar el crimen.

 

Nuestras organizaciones resaltan la importancia de conducir una investigación totalmente independiente, imparcial y transparente del asesinato de Berta Cáceres con la participación de la CIDH. Asimismo, y en línea con las garantías de no repetición, instamos a las autoridades hondureñas a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Tomás Gómez, Sotero Chavarría y el resto de integrantes del COPINH”, declaró Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional contra la Impunidad e integrante de la misión del Observatorio.

 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

 

Para más información, por favor, contacten con:

  • OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Chiara Cosentino: +32 2 218 37 19
  • FIDH: Arthur Manet : +33 1 43 55 25 18 / José Carlos Thissen : +51 95 41 31 650
  • Plataforma Internacional contra la Impunidad : Anabella Sibrián : +502 2362 8922

http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/honduras/2016/04/d23718/

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COPINH, Comunicado frente a la agresión a delegaciones nacionales e internacionales

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH,

informa al pueblo hondureño y a la comunidad internacional lo siguiente:

Que ha sufrido nuevamente agresiones físicas por parte de empleados de la
empresa Desarrollos Energéticos S. A., DESA de propiedad de la familia Atala, las
cuales ha sufrió en el marco de un ejercicio de control territorial, realizado mediante
una caravana internacional solidaria hacia el río Gualcarque, como parte del
EncuentroInternacional “Berta Cáceres Vive”, después que se concluyera la ceremonia
espiritualintercultural por nuestra compañera Berta Cáceres. Hay personas lesionadas
y conheridas de importancia.

El hecho ocurrió alrededor de la 5:00 p.m. luego que las compañeras y compañeros
del COPINH y de las personas nacionales y extranjeras participantes del Encuentro
Internacional “Berta Cáceres Vive”, se retiraban pacíficamente una vez concluida la
ceremonia y cuando se encaminaban hacia San Francisco de Ojuera a tomar los
vehículos que les traerían de vuelta a Tegucigalpa.
Alrededor de 20 empleados y personas afines a DESA, la mayor parte en evidente
estado de ebriedad, emboscaron la caminata pacífica golpeándoles con palos y
piedras, incluso a personas de nacionalidad extranjera y niños. Las agresiones han
sido hechas a vista y paciencia de la policía nacional y los militares asignados por
el Gobierno de Juan Orlando Hernández para apoyar a DESA.
La empresa DESA, había amenazado a COPINH y al encuentro Internacional “Berta
Cáceres Vive”, en un comunicado publicado el día 12 de abril en su sitio web:
http://hidroelectricaaguazarca.hn/…/PRONUNCIAMIENTO_ANTE_PR…Esta conducta de la empresa es reincidente ya que con anterioridad había realizado

amenazas publicas bajo el mismo patrón a la compañera Berta Cáceres, días antes
de su asesinato, y en el marco de acciones protogenocidas contra el COPINH y el
pueblo Lenca. Amenazas hechas por esta empresa bajo el manto de impunidad que le
ofrece el Ministerio Público, la Policía Nacional y los militares.
Los agresores hicieron mención que querían ubicar a Tomás Gómez el nuevo
Coordinador General del COPINH, gritando de viva voz: -Ataquémoslo, el es el que
ha quedado-. Han amenazado también por nombre y apellido a Sotero Chavarría
(quien ha sido lastimado de una pedrada), integrante de la Coordinación General
del COPINH.
Entre los gritos hechos por los agresores a las víctimas decían:-hemos matado
a la mosca y solo quedó la plebe-. Refiriéndose a la compañera Berta Cáceres.
El COPINH hace mención también que responsabiliza al gobierno de los Estados
Unidos por el uso que los militares y policías hacen del apoyo financiero y logístico
a militares y policías, que se dedican a custodiar los bienes del Proyecto
Hidroeléctricoilegal Aguazarca, en el río Gualcarque, dentro de la política de
satanización contrael COPINH y el pueblo Lenca realizada desde el gobierno y DESA,
y que la negativade este gobierno a atender el llamado a suspender tales
desembolsos usados parareprimir y asesinar al pueblo hondureño, les vuelve
cómplices de tales conductas.
Cabe hacer notar que esta agresión ha ocurrido en el mismo sitio en el que el 20
de febrero de este año, hombres armados (sicarios y empleados) de DESA, militares
y policías quisieron dar muerte a Berta Cáceres. Hecho que fuera denunciado por
ella misma y el COPINH en su oportunidad, y que no tuviera respuesta por parte
de las autoridades. Once días después de ese atentado la compañera Berta Cáceres
sería finalmente asesinada en casa de habitación.
La muerte de Berta ha sido el quinto asesinato cometido contra personas que hacen
oposición a la instalación del Proyecto, cuya presencia en la zona violenta la
Constitución de la República, el Convenio OIT 169, el Pacto Internacional de los
Derechos económicos Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la
Prevención y Sanción del Genocidio y el Código Penal de Honduras.
El COPINH hace saber a la comunidad nacional e internacional que responsabiliza al
Estado de Honduras, la empresa DESA, la Familia Atala, y la corporación municipal
de San Francisco de Ojuera por nuevas agresiones que puedan hacerles a las y los
participantes del Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”, quienes aun se
encuentren atrapadas en zona de peligro. Hace un llamado urgente a la comunidad
internacional a exigir al gobierno de Honduras el cese del ejercicio de acciones
genocidas contra el pueblo Lenca, y el COPINH, que son realizadas para concretar
el despojo del territorio Lenca con fines comerciales para el gobierno de Honduras
y sus funcionarios.
¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras
voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
San Francisco de Ojuera 15 de abril de 2016.
COPINH

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PRONUNCIAMIENTOS DE LAS MUJERES DEL COPINH

Las mujeres del Consejo Cívico De Organizaciones Populares E Indígenas de Honduras nos pronunciamos en el dia de hoy acerca de la toma que estamos realizando en el Ministerio Público en la ciudad de Tegucigalpa.

Estamos protestando ante esta institución para exigir justicia en el asesinato de nuestra compañera, hermana y lideresa, Berta Cáceres. Queremos que dejen de jugar con nosotras y que dejen de revictimizarnos al negarnos la verdad y al pretender manipularnos.

Exigimos una respuesta clara en este caso y por eso demandamos que el gobierno hondureño habilite la entrada de un comisión internacional e independiente para que lleve  a cabo una investigación que realmente de con los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestra compañera.

Nosotras las mujeres indígenas Lencas, organizadas en el COPINH, exigimos el cierre inmediato y definitivo del proyecto hidroeléctrico ¨Agua Zarca¨ de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) por ser responsable de tantas muertes, amenazas e insultos a la comunidad de Río Blanco y al pueblo Lenca.

Nosotras las  mujeres del COPINH decretamos que el estado hondureño está obligado a respetar nuestras decisiones dentro de nuestros territorios indígenas. Más de 500 años de opresión hacia nosotras y saqueo de nuestros territorios son una responsabilidad que el estado debe asumir. Más de 500 años de resistencia y miles de años siendo cuidadoras de la madre tierra, nos dan la legitimidad para decidir sobre nuestros territorios.

Agradecemos la solidaridad de compañeros y compañera que han venido a expresarnos su apoyo nuestra exigencia de justicia.

Esta es una protesta pacífica, al igual que las cientas de protestas que se realizan alrededor del mundo,  y están el marco de la lucha por la justicia, contra la impunidad y en defensa de la vida, por tanto demandamos que las fuerzas represivas, provocadoras de confrontación, salgan de este lugar de protesta y de nuestras comunidades, y que se respeta nuestra integridad y seguridad.

Policías, militares y guardias de seguridad de esta institución agredieron brutalmente a nuestros compañeros, quienes se encontraban colgando una manta con la imagen de nuestra compañera, Berta Cáceres. Estas acciones ya están siendo denunciadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que son una violación de nuestras medidas cautelares. Nos preguntamos ¿Cuál es el miedo de las autoridades a la imagen de nuestra compañera Bertha? ¿Cuál es el miedo a la voz de las mujeres del COPINH? ¿Por qué los militares y policías?

Nosotras las mujeres indígenas Lencas organizadas en el COPINH llamamos a los hombres y mujeres del mundo a cerrar filas contra la misoginia, la discriminación, el racismos, el extractivismo y el patriarcado.

Tegucigalpa,  7 de Abril del 2016

http://copinhonduras.blogspot.ch/2016/04/pronunciamientos-de-las-mujeres-del.html

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Comunicado caso Berta cáceres y Nelson García

Tegucigalpa. Francisco Morazán.- El Ministerio Público comunica a la Comunidad Nacional e Internacional que en base a investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigación (DPI), se logró determinar con pruebas fehacientes la participación de Didier Enrique Ramírez Acosta alias “El Eléctrico”, (miembro de la pandilla “MS”), en el asesinato del dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson Noé García Laínez.

 

Dicho crimen sucedió en la casa de habitación del ahora occiso, el pasado 15 de marzo, en el barrio La Naranjera, comunidad de Peña Blanca, en Santa Cruz de Yojoa, en donde fue abatido a disparos por Ramírez Acosta, a quien se capturó días después. En la Audiencia Inicial de hoy se evacuaron todas las pruebas dictando el Juez de lo Penal en San Pedro Sula el Auto de Formal Procesamiento a título de Autor Directo por el delito de Asesinato y la medida cautelar de Prisión Preventiva. En este caso se continúan las investigaciones para dar con el paradero de otros posibles implicados y además establecer los móviles del hecho.

 

Sobre el caso de la líder ambientalista Bertha Cáceres, el Ministerio Público ha evacuado casi en su totalidad las investigaciones científicas en su primera fase, además el pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en donde se han decomisado armas, secuestrados documentos y tomado declaración testifical a empleados, como parte de las líneas de investigación que se sigue en este caso; De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.

 

En colaboración con el COPINH, se están haciendo verificaciones de algunos eventos donde la señora Bertha Cáceres recibió amenazas, dichas diligencias son parte de las ejecuciones llevadas a cabo por los expertos involucrados en la investigación, reiterando al pueblo hondureño que todas las acciones que el Ministerio Público hace están bajo el control jurisdiccional a efecto de asegurar y preservar las fuentes de prueba, respetar los derechos fundamentales de las víctimas, testigos y sospechosos.

 

De la misma forma queremos informar que el Ministerio Público presentó el día de ayer ante el juez competente del Juzgado de Letras Primero de Intibucá, el cese de la medida impuesta al ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, para que pueda salir del país por haberse agotado todas las investigaciones y pruebas científicas. Sin embargo, se establece que no se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación. La Fiscalía quiere agradecer al señor Castro Soto por toda la colaboración brindada.

 

Finalmente queremos reiterar a la Comunidad Nacional e Internacional, que los equipos de fiscales han tenido presencia permanente y continua en el lugar de los hechos bajo las directrices del Fiscal General y la Dirección General de Fiscalía, apoyados por los jefes de las Fiscalías de Delitos contra la Vida, Etnias, la ATIC, Medicina Forense, la DPI y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

 

División de Relaciones Públicas

Ministerio Público

MP, Ministerio Público, Republica de Honduras

Origen: Comunicado caso Berta cáceres y Nelson García

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A prisión cuatro policías militares acusados de Robo de Vehículo Agravado y Violación a los Deberes de los Funcionarios

San Pedro Sula. Cortés. La Fiscalía Regional de San Pedro Sula logró hoy Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva contra cuatro miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Violación a los Deberes de los Funcionarios.

 

Los acusados Juan Fernando Manueles Mata, Elvin Samuel Antúnez Herrera, Rommel Geovany Manueles Morales y Leonel Ramos Perdomo fueron enviados al Tercer Batallón de Infantería en el sector de Naco, Cortés.

 

Según se establece en la acusación, el pasado 12 de marzo, los policías militares, interceptaron en el barrio Suncery de San Pedro Sula, al conductor de un vehículo tipo turismo, a quien al ser requerido le manifiestaron que los documentos que acreditan la propiedad de automóvil son falsos, por lo que procedieron a decomisar el mismo.

 

No obstante, en vez trasladar el carro y a su ocupante a una posta policial o ante una autoridad competente, los uniformados se trasladaron al barrio Guamilito, donde bajaron a la víctima y se dieron a la fuga con el automotor.

 

Ante ello, el ofendido interpuso la denuncia, razón por la cual, la Fiscalia realizó las diligencias investigativas propias del caso y procesó criminalmente a los cuatro elementos de la PMOP.

 

División de Relaciones Públicas
Ministerio Público

Origen: A prisión cuatro policías militares en SPS

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MP resuelve asesinato de dirigente del COPINH Nelson Noé García Laínez

MP, Ministerio Público, Republica de Honduras

San Pedro Sula. Cortés. Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección Policial de Investigación (DPI), capturaron esta tarde, al presunto asesino del dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson Noé García Laínez.
Se trata de Didier Enrique Ramírez Acosta, alias “El Eléctrico”, a quien la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), el pasado 23 de marzo, le presentó Requerimiento Fiscal por considerarle Autor Directo del delito de Asesinato, conducta criminal enmarcada en el artículos 117 y 32 del Código Penal.
Según la relación de hechos probados, el pasado 15 de marzo, a eso de las 11:30 de la mañana, el líder popular se encontraba estacionando su vehículo en su casa de habitación, ubicada en el barrio La Naranjera, comunidad de Peña Blanca, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, momento en que fue  abatido a disparos con arma de fuego por “El Eléctrico”.
En las investigaciones, se estableció, que desde tempranas horas, el ahora procesado, estuvo dando seguimiento y vigilancia a su víctima, ocultándose en una caseta que se ubica en un campo frente al hogar del señor Nelson Noé García Laínez.
Asimismo, se determinó con el dictamen de autopsia elaborado por la Dirección de Medicina Forense, que Didier Enrique Ramírez Acosta, de 23 años de edad, perpetró el crimen contra el dirigente del COPIHN, con una pistola calibre 9 milímetros, infiriéndole 10 disparos que le causaron una laceración cerebral.
En este caso, a solicitud del Ministerio Público (MP), la Orden de Captura contra “El Eléctrico” se libró el pasado 24 de marzo, misma que fue ejecutada ese día en el barrio Los Pinos, en Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por Agentes del Departamento de Operaciones Especiales, Apoyo Estratégico y Comunicaciones de la ATIC y el Equipo de Homicidios de la DPI.
En base a lo anterior, Didier Enrique Ramírez Acosta, comparecerá en las próximas horas a Audiencia de Declaración de Imputado ante un Juez de Letras Penal de San Pedro Sula, contra quien Fiscales de Delitos Contra la Vida solicitarán su Detención Judicial.
División de Relaciones Públicas 
Ministerio Público 
Última actualización el Sábado, 26 de Marzo de 2016 20:35

 

Origen: MP resuelve asesinato de dirigente del COPINH Nelson Noé García Laínez

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Pronunciamiento: Justicia para Berta Cáceres y Nelson Noé García, Protección para Gustavo Castro

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 23 marzo 2016.– Las organizaciones de la Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional condenamos el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores, indígena lenca, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del premio Goldman para el medio ambiente (2015).

Descargar el pronunciamiento aquí: bit.ly/BertaNelson

Asimismo repudiamos el asesinato del líder Nelson Noé García, integrante del COPINH ocurrido sólo 12 días después, a pesar de la indignación mundial que ha provocado la muerte violenta de una defensora emblemática e inspiradora.

En la noche del 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, cabecera del departamento de Intibucá, Honduras, personas armadas ingresaron al domicilio de Berta Cáceres y la asesinaron, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Berta Cáceres y otros líderes de la organización han sido objeto de asesinatos, amenazas de muerte y violencia de manera sistemática por su defensa de los Derechos Humanos. Las principales amenazas al COPINH y a Berta Cáceres derivan de su lucha en contra del proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el Río Gualcarque. Berta Cáceres fue criminalizada y judicializada por la defensa del río y de las comunidades lencas de Río Blanco.

En el lugar del asesinato estaba Gustavo Castro Soto, mexicano integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), quien se encontraba en Honduras para participar en el Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena del COPINH. Gustavo Castro fue herido en el ataque y logró sobrevivir. Nos preocupa que hasta la fecha, se le haya negado la posibilidad de salir de Honduras, a pesar de que haya colaborado como testigo en las investigaciones del crimen y de que podría seguir colaborando en las mismas desde México, así evitando la situación de riesgo a su persona a la que está expuesta mientras se encuentre en Honduras.

En el contexto de un violento desalojo realizado por fuerzas estatales, el 15 de marzo de 2016 fue asesinado otro integrante del COPINH, Nelson Noé García, líder de la comunidad Rio Chiquito en el municipio de Rio Lindo, departamento Cortés en Honduras.

Nos unimos al dolor de las familias de Berta Cáceres y Nelson Noé García y al llamado de solidaridad con el COPINH.

Resaltamos el impacto psicosocial que estos hechos están causando en la comunidad de las defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Recordamos las múltiples alertas emitidas previamente por las organizaciones sociales e instancias internacionales y el hallazgo preocupante, según el informe de Global Witness de 2015, de que el 75% de los activistas ambientalistas asesinados en el mundo trabajaban en Latinoamérica, siendo Honduras el país más peligroso.

En los países donde operamos como organizaciones de acompañamiento internacional, observamos una situación crítica para las personas que defienden la tierra y el territorio, las cuales enfrentan con frecuencia criminalización, intimidación, hostigamiento, difamación, amenazas e incluso asesinatos.

Por lo tanto:

  • Solicitamos al Gobierno de Honduras y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del cumplimiento de las medidas de protección y de manera inmediata, la firma de un convenio de asistencia técnica, para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia, con el objetivo que éstas supervisen, apoyen y participen de las investigaciones de los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García que actualmente realiza el Ministerio Público.Solicitamos a la comunidad internacional acorde a sus pronunciamientos emitidos en el marco del asesinato, que vigile la situación de los defensores en la región latinoamericana y que inste a los gobiernos de los países de la región garantizar la protección de los defensores de la tierra y del territorio.
  • Solicitamos al Gobierno de Honduras que realice una investigación expedita, profunda e independiente de los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García, que los culpables sean llevado a juicio; y que se garantice la vida e integridad personal de las y los integrantes del COPINH.
  • Solicitamos a los Gobiernos de Honduras y México las medidas necesarias para que garanticen la vida, la integridad y la seguridad personal de Gustavo Castro Soto.

Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional

ACOGUATE; Guatemala

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Colombia

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Guatemala

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Honduras

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba); México

FOR – Presente por la Paz; Colombia

Pensamiento y Acción Social (PAS); Colombia

PROAH; Honduras

Protection Desk; Colombia

Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); México

Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR); México

Descargar el pronunciamiento aquí: bit.ly/BertaNelson

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COPINH: Hay un Plan de exterminio contra nuestra organización

l Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, denunció un plan de exterminio contra sus militantes y comunidades lencas por las acciones sistemáticas de ataques violentos con armas de fuego que terminaron también con la vida del indígena Nelson García en Cortés, Norte de Honduras , acciones de vigilancia a la sede de esta organización y manipulación de las pruebas sobre el crimen de Bertha Cáceres, en un comunicado difundido este 15 de marzo de 2016.

policias desalojo cortes

El asesinato del indígena del COPINH Nelson García 

ocurrió después de la presencia policial-militar

en la zona.Foto: COPINH

Con el Título “Honduras: Basta Ya”, el COPINH  describe cómo se produjo el desalojo violento contra la comunidad indígena de Río Chiquito, Río Lindo, donde la víctima ejercía un liderazgo y fue asesinado cuando regresaba de almorzar después de apoyar a las familias desalojadas violentamente a mover sus enseres.

El asesinato ocurrió en el marco del desalojo efectuado contra la comunidad e Río Chiquito en la localidad de Río Lindo, en el departamento de Cortés, en el cual aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la policía militar, 10 del ejército y varios de la DGIC invadieron el territorio recuperado por 150 familias, en el cual más de 75 habían construido sus casas con los materiales y esfuerzos que han podido obtener, señala el documento:

Este nuevo asesinato ha traido repudio de la comunidad internacional. La organización de derechos humanos Front Line Defenders señaló que repudio el crimen y llama al Estado de Honduras a proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, mostrando preocupación por la escalada de violencia cada vez más extrema contra este sector. Vea comunicado abajo.

Lea el completo este documento:

Comunicado de COPINH : Honduras: ¡¡Basta Ya!!

15 de Marzo 2016.-El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de honduras hace de conocimiento a la opinión pública el asesinato el día de hoy de nuestro compañero Nelson García de la comunidad de Río Chiquito en el departamento de Cortés, a manos de dos personas desconocidas.

Lamentamos tener que informar que el compañero Nelson García fue asesinado cuando llegaba a la casa de su suegra a almorzar, luego de haber estado toda la mañana ayudando a mover los enceres de las familias desalojadas de la comunidad de Río Chiquito.

El asesinato ocurrió en el marco del desalojo efectuado contra la comunidad e Río Chiquito en la localidad de Río Lindo, en el departamento de Cortés, en el cual aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la policía militar, 10 del ejército y varios de la DGIC invadieron el territorio recuperado por 150 familias, en el cual más de 75 habían construido sus casas con los materiales y esfuerzos que han podido obtener.

El desalojo se produjo al medio día de hoy, utilizando tractores y maquinaria pesada para destruir las casas de madera en las que han vivido desde hace casi 2 años los compañeros y compañeras organizadas en el COPINH, dejándoles sin un techo con qué protegerse. De igual manera se destruyó la huerta y sembradíos de la comunidad, arruinando con tractores las plantaciones de yuca, caña, plátano y pequeñas milpas, violando cualquier tipo de derecho. Incluso se destruyó un horno artesanal que tenía la comunidad y mataron unas gallinas pertenecientes a la comunidad.

La comunidad de Río Chiquito ha protegido su territorio desde que le fue donado a las mujeres de la misma, sin embargo, han sido atacados por las autoridades municipales, en especial por el alcalde anterior, que utiliza 3 testaferros para despojar a los compañeros y compañeras, y vender la tierra.

El compañero Nelson García fue un activo militante del COPINH, en la defensa del derecho a la habitación, lo recordamos por su activa participación en el proceso de recuperación de la tierra y la fundación de la comunidad de Río Chiquito. Lamentamos esta nueva muerte a 13 días del vil asesinato de nuestra coordinadora General Berta Cáceres.

El asesinato de nuestro compañero Nelson García y el desalojo de la Comunidad de Río Chiquito se suman a la guerra en contra del COPINH, que busca acabar con su labor de defensoría, resistencia y construcción de más de 22 años.

Estas agresiones del día de hoy se suman a la gran cantidad de amenazas, agresiones, asesinatos, intimidaciones y criminalizaciones dirigidas en contra del COPINH.

Desde el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres hemos sido objeto de una gran cantidad de incidentes que demuestran el nulo interés por parte del Estado hondureño por garantizar nuestra vida y la labor que desempeñamos. Así como su irrespeto a los mandatos de la CIDH en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares que se nos han otorgado. Las medidas cautelares fueron emitidas el días 6 de marzo y hoy 9 días después nos asesinan un compañero.

¿Cómo se supone que confiemos en el proceso investigativo del Estado si a la coordinación de la organización se le hostiga criminalmente mediante el llamado a declarar investigando su presunta participación en el asesinato, mientras no se investiga a las fuentes de las amenazas?

¿Cómo se supone que se haga justicia en el caso de nuestra lideresa Berta cuando no se garantizan las medidas necesarias para la protección de su familia, y las hijas y compañeros de nuestra compañera Berta han sido perseguidas por un hombre armado en la ciudad de Tegucigalpa en medio de los encuentros con autoridades?

Desde el mismo día del asesinato de Berta, las instalaciones del COPINH en La Esperanza han sido vigiladas por personas desconocidas, intimidando a quienes permanecemos en resistencia, siguiendo el legado de nuestra lideresa.

De igual manera los compañeros y compañeras de la comunidad de Río Blanco han sufrido agresiones de persecución cuando se trasladaban a la ciudad de Tegucigalpa para exponer su caso ante entes como el Ministerio de Gobernación y los representantes del grupo de representantes diplomáticos del G16.

Además de un incidente en el cual los compañeros de la comunidad se trasladaron al Río Gualcarque y fueron agredidos por los guardias de seguridad del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, mediante disparos de escopeta, que afortunadamente no hirieron a ningún miembro de la comunidad.

Todas estas agresiones hacen parte de un plan de exterminio en contra de nuestra organización y hacemos un llamamiento a la solidaridad nacional e internacional para luchar en contra del mismo.

Exigimos que cese la persecución, el hostigamiento y la guerra en contra del COPINH.

Exigimos que el Estado hondureño responda por la muerte de nuestros compañeros y compañeras y no exista más impunidad.
Exigimos justicia para nuestra compañera Berta Cáceres.

Con la fuerza ancestral de Lempira, Mota, Etempica, Berta, se levantan nuestras voces llena vida, justicia y paz.
¡¡¡Berta Vive, la lucha sigue!!!
La Esperanza, Intibucá, Honduras. Dado a los 15 días del mes de marzo 2016.

Correo de COPINH:  copinh@copinh.org

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Comunicado de FrontLine Defenders:

16 marzo 2016

Asesinato del defensor de derechos humanos Nelson García, integrante del COPINH, en medio a escalada de violencia contra defensores/as ambientales

El 15 de marzo de 2016, fue asesinado el defensor de derechos humanos Sr. Nelson García, después de un violento desalojo llevado a cabo en Río Lindo, Departamento de Cortés, Honduras.

El defensor de los derechos humanos era miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH. El COPINH defiende desde hace más de 20 años el territorio y los derechos del pueblo Lenca. La organización ha desarrollado fuertes campañas contra la tala ilegal y megaproyectos por sus efectos perjudiciales sobre los derechos de los pueblos indígenas en el país.

El defensor de derechos humanos regresaba a su casa después de un violento desalojo llevado a cabo por la Policía Militar de Orden Público y el Comando Especial Cobras en el municipio de Río Lindo, cuando fue interceptado por hombres no identificados que lo mataron con cuatro disparos a su rostro.

El asesinato de Nelson García ocurre menos de dos semanas después del asesinato de la destacada dirigente del COPINH, Sra. Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, y a sólo ocho días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de todos los miembros del COPINH. Ambos crímenes ocurrieron en un contexto de escalada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y en particular contra aquellos que defienden derechos ambientales, territoriales y de las poblaciones indígenas,  repitiendo y agravando un patrón repetidamente denunciado por las organizaciones nacionales e internacionales, también destacado en el último Informe Anual 2016 de Front Line Defenders.

Según los miembros del COPINH, desde el asesinato de Berta Cáceres ha habido una escalada en las amenazas y el acoso tanto de sus miembros como hacia otros defensores y defensoras que trabajan sobre los mismos temas. Varios miembros de COPINH y familiares de Berta han informado de incidentes de seguridad, tales como el acoso policial y judicial, entre otras formas de intimidación.

Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato del defensor de derechos humanos Nelson García y expresa profunda preocupación por los niveles cada vez más extremos de violencia que enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras y la focalización sobre quienes defienden el medio ambiente, las poblaciones indígenas y los derechos sobre la tierra. Front Line Defenders expresa preocupación adicional por la permanencia de una clara tendencia de asesinatos de defensores/as de derechos humanos en el país y de la impunidad para los perpetradores de tales violaciones.

Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que:

1. Condenen enérgicamente el asesinato del defensor de derechos humanos Nelson Garcia;

2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Nelson Garcia con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos;

3. Tomen todas las medidas necesarias, en consulta con las y los defensores de derechos humanos, para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de todos los miembros del COPINH y quienes trabajan en Honduras por la defensa de los derechos territoriales, ambientales y de las poblaciones indígenas;

4. Implemente las medidas necesarias para garantizar la no repetición de tales violaciones a los derechos humanos;

5. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en el desarrollo de sus actividades legítimas y pacificas en defensa de los derechos humanos, puedan actuar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.

Fuente: https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-nelson-garcia

Origen: COPINH: Hay un Plan de exterminio contra nuestra organización

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Familia y compañeros de Berta Cáceres exigen medidas al Estado de Honduras –

Tegucigalpa, 9 de marzo de 2016.- Esta mañana, las hijas de la activista hondureña Berta Cáceres, recientemente asesinada, han dado una rueda de prensa junto con miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), acompañadas por la La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Durante la rueda de prensa, se leyó un documento en el que enunciaron las demandas que exigen al Estado Hondureño y entre las que se recogen nombrar una comisión de expertos independientes “que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público” y la cancelación inmediata de las concesiones realizadas de manera irregular en el territorio lenca.

Desde CEJIL subrayamos estas peticiones y mostramos, una vez más, nuestro apoyo a los fammiliares de Berta Cáceres y a los miembros del COPINH.

Descarga el documento completo de lo que se ha leído hoy en la rueda de prensa.

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Más de 150 expedientes de corrupción presentará ASJ ante MACCIH – S

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revisará más de 150 expedientes de investigación que servirían de insumo a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el cumplimiento de su mandato.

Omar Rivera, coordinador de Incidencia Política de ASJ, informó que “históricamente hemos tenido un trabajo anticorrupción. Obran en poder de ASJ, en los distintos proyectos, ya sea estos vinculados a legalización de tierras, sector salud, sector educación, sector justicia, sector seguridad, una enorme cantidad de expedientes de investigación y líneas de investigación que se van a constituir en insumos importantes para que la MACCIH pueda considerarlos”.

Estos expedientes incluyen los informes línea de base de Seguridad, Educación, Salud, Infraestructura y Gestión Tributaria elaborados por ASJ con apoyo de Transparencia Internacional (TI), en el marco del Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de los Sistemas de Integridad, suscrito en octubre de 2014.

Serán considerados además, los expedientes presentados por el centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) al Ministerio Público durante los últimos cuatro años, los que contabilizan 156 en total. De estos, 19 pertenecen al sector Salud, 113 al Instituto de la Propiedad y 24 a otros sectores como: alcaldías municipales, enriquecimiento ilícito, seguridad y transporte.

“Hay una enorme cantidad de información que ASJ deviene obligada a poner a disposición de la MACCIH para que se puedan priorizar casos”, recalcó el también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

En el caso de APJ, serán entregadas a la misión de la OEA investigaciones relacionadas con el proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras y el uso de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, entre otros, “como opciones para poder identificar si ahí hay patrones de conducta ilícita y hay una red de corrupción operando”.

Dinamizar la lucha anticorrupción

A criterio de Carlos Hernández, la MACCIH llega a Honduras no solo a acompañar la lucha contra la corrupción, sino “a dinamizar esta lucha, esta lucha que es todos los hondureños”.

“Creo que todos los hondureños debemos de asumir con responsabilidad nuestro papel, trabajar muy fuerte, muy duro para que la Misión pueda tener éxito”, agregó.

Además, anunció que “vamos a estar haciendo auditoría social, vamos estar monitoreando y nosotros creemos que la MACCIH va cumplir un rol importante para la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país”.

La misión se instaló oficialmente en Honduras el pasado 22 de febrero. Inicialmente, trabajará con 30 expertos extranjeros y 20 nacionales, entre fiscales y jueces, los cuales serán certificados por la OEA.

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Más de 150 expedientes de corrupción presentará ASJ ante MACCIH

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EXIGENCIAS AL ESTADO DE HONDURAS ANTE EL ASESINATO DE BERTHA CÁCERES FLORES

COMUNICADO FAMILIA BERTHA CACERES Y COPINH del 09 de marzo del 2016

Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestra compañera y madre, Bertha Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH ocurrido el pasado 2 de marzo.
Lo ocurrido no constituye un hecho aislado, su muerte demuestra la grave situación de riesgo en que nos encontramos las y los defensores de derechos humanos y en particular quienes defendemos los derechos de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza en contra de la explotación de nuestros territorios. Este peligro es permanente y afecta a todas las personas que nos rodean, incluida nuestra familia.
En los últimos años, tanto Bertha nosotros, la familia e integrantes del COPINH hemos sido víctimas de numerosos actos de hostigamiento, amenazas, persecución y criminalización por parte de agentes estatales y no estatales. En especial a partir de la entrada en funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos s.a) dentro del territorio de la comunidad Lenca de Río Blanco.
Todos los hechos de persecución en contra de nuestra fueron denunciados y públicamente conocidos, sin embargo no se adoptaron medidas efectivas de protección, tampoco se investigaron ni hubo voluntad política para escuchar la voz del pueblo lenca que demanda respeto a su territorio y a su dignidad. Por ello, el Estado de Honduras es responsable del asesinato de nuestra compañera y madre Bertha Cáceres.
Debido al impacto que este hecho ha tenido en la comunidad nacional e internacional y la importancia de que se haga justicia en este crimen y en respeto de la memoria y la vida de lucha de nuestra Bertha Cáceres. Los integrantes del COPINH y la familia demandamos que
1.   En el marco del cumplimiento de las medidas de protección, se solicite la firma, de manera inmediata, de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia de manera que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público.
2.   Se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, persecución y agresiones contra la comunidad lenca de Río Blanco y a las personas integrantes del COPINH. Este proyecto de DESA constituye un peligro permanente para nuestra  seguridad.
3.   Se suspendan de manera inmediata todas las concesiones que han sido otorgadas dentro del territorio del pueblo Lenca sin respetar el derecho de  la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, puesto que son la principal fuente de amenazas y agresiones, y que de esta manera se inicie un proceso de revisión a efectos de cancelar estos otorgamientos.
4.   La desmilitarización de las zonas y territorios del pueblo Lenca, y el respeto a la autonomía territorial y formas de autogobierno de las comunidades Lencas, erigiendo al COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.
5.   Se implemente en forma inmediata la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, disponiendo de todos los recursos que se requieran para una aplicación efectiva y acorde con las necesidades de la organización.
Exigimos el compromiso de las más altas autoridades el país para cumplir con las solicitudes planteadas, y en tal sentido, solicitamos en forma pública una reunión urgente con el señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como con el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla y con los Secretarios de Estado competentes para garantizar el respeto a la integridad del pueblo lenca.  
A la comunidad internacional, solicitamos acoger nuestras solicitudes e insistir ante las autoridades del Estado de Honduras para que se cumpla con las mismas.
Dado en Tegucigalpa, 9 de marzo de 2016.
Familia de Bertha Cáceres Flores
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN)
Acompañados por:
La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

 

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Financiera finlandesa insiste en construir represa en río hondureño

La financiera finlandesa Finnfund insiste en proseguir con la construcción de la represa sobre el río Gualcarque, ya que aseguran que no daña el área reclamada por la etnia lenca, cuya cabeza visible era la asesinada dirigente Berta Cáceres.

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. La Compañía Finlandesa de Desarrollo Financiero (Finnfund, en inglés), dijo que condena el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y se desmarca de cualquier señalamiento en su contra.

 

A través de un comunicado, el fondo finlandés lamentó que la violencia política que vive Honduras, haya acabado con la vida de Cáceres, ejecutada por paramilitares la semana anterior en su vivienda en la occidental localidad de La Esperanza.

 

No obstante, insiste en proseguir con la construcción de la represa sobre el río Gualcarque, ya que aseguran que no daña el área reclamada por la etnia lenca, cuya cabeza visible era Berta Cáceres.

 

A continuación, el comunicado de Finnfund:

 

COMUNICADO DE FINNISH DEVELOPMENT FINANCE COMPANY

(FINNFUND)

 

CONDENA EL ASESINATO DE LA ACTIVISTA AMBIENTAL

LA HIDROELÉCTRICA CRITICADA POR SER RESPONSABLE

 

Berta Cáceres, dirigente del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) que se oponía al proyecto de la central Hidroeléctrica de Agua Zarca, cofinanciado por FinnFund, fue asesinada en Honduras el 3 de marzo. El cual es un crimen que fuertemente condenamos.

 

Por los momentos, la divulgación de la información sobre los autores y motivos del asesinato no estan claros. Sin embargo, la situación política interna en Honduras es tensa, y, por desgracia, el país tiene una fuerte cultura de la violencia política.

 

COPINH ha criticado al gobierno nacional sobre la explotación de los recursos naturales y ha hecho reclamaciones que, por ejemplo, han sido violados los derechos de la minoría etnia Lenca. COPINH también ha criticado en repetidas ocasiones que el proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca usando estos argumentos.

 

Se han llevado a cabo manifestaciones en contra del proyecto. El uso de la violencia se ha producido en relación con las manifestaciones, pero las partes interesadas han presentado descripciones contradictorias de los acontecimientos.

 

Los cofinanciadores en el proyecto, incluyendo FinnFund y la Compañía

Financiera de Desarrollo Países Bajos (FMO), han hecho hincapié en la importancia de escuchar a todas las partes y resolver cualquier conflicto de manera pacífica, tratando de influir en los asuntos positivamente.

 

Se ha aconsejado a los guardias y fuerzas policiales que han protegido al proyecto durante las manifestaciones y otros eventos para que evitasen el uso de la fuerza.

La empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos, S.A.), ejecutora del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, ya ha sido acusada públicamente del asesinato de Cáceres.

 

Sin embargo, en base a la información actualmente disponible, no hay ninguna información que confirme la identidad de los asesinos. Finnfund espera de ellos sean llevados ante la justicia. FinnFund sigue monitoreando el desarrollo de la situación y reacionará según lo amerite.

 

Como cofinanciadores, FinnFund y FMO han sido capaces de apaciguar significativamente la situación entre el proyecto y sus críticos, y también han sido capaces de instigar a otras mejoras en la gestión de las responsabilidades sociales y ambientales del proyecto.

 

La relación entre el proyecto y las comunidades de los alrededores ha mejorado significativamente. Una clara mayoría de las comunidades y habitantes de las mismas apoyan el proyecto. Los partidarios de COPINH se centran principalmente en un solo pueblo.

 

Hay una gran cantidad de información falsa que está siendo propagada por la gente. La planta de energía en cuestión es de aproximadamente 22 MW el cual se ha hecho un desvió del cauce, con un embalse del tamaño de dos campos de fútbol.

 

Así mismo el agua extraída del cauce principal del río corre bajo tierra (3 túneles, por un total de aproximadamente 2 kilómetros), en los canales (4  canales, por un total de aproximadamente 2,7 kilómetros), y en las tuberías.

 

El agua acarreada del canal principal hacía la planta eléctrica no es de tal volumen para poner en amenaza al ecosistema del río. Los impactos ambientales y sociales del proyecto se han evaluado cuidadosamente y se han encontrado pocos.

 

A diferencia de lo contrario profesado en la opinión pública, el proyecto no ha implicado ningún reasentamiento involuntario o ha habido perdida de tierras agrícolas. Las áreas de tierra necesarias para el proyecto han sido compradas a través de la venta voluntaria de tierras (comprador dispuesto

– vendedor dispuesto), y el derecho de los vendedores para vender sus tierra se ha verificado cuidadosamente.

 

Las comunidades y habitantes de la zona han sido informados y consultados de manera cuidadosa (Consentimiento Libre, Previo e Informado, CLPI) que no se utiliza por lo general en los proyectos del tamaño de Agua Zarca y con tan pocos impactos ambientales.

 

FinnFund y FMO han llevado a cabo la debida diligencia detallada sobre estos asuntos. La afirmación hecha públicamente que la Corporación Financiera Internacional (IFC), la organización del sector privado del Banco Mundial, se había retirado del proyecto debido a problemas de responsabilidad tampoco son ciertos.

 

Un fondo, en donde el IFC es uno de los inversionistas, ha considerado hacer la inversión en el proyecto. Sin embargo, el período de inversión del fondo finalizó antes de que tuviera tiempo de tomar una decisión para invertir en Agua Zarca.

 

La empresa constructora china que inició el proyecto tampoco se retiró del proyecto, pero su contrato fue descontinuado a través de un acuerdo mutuo entre las partes.

 

Igualmente, contrario a lo que se ha afirmado en público, la estructura de la presa no se ha reducido de manera significativa a partir de los planos originales.

 

En su lugar, todo el proyecto fue trasladado de un lado del río (Río Gualcarque) a la otra para evitar conflictos con un grupo de pobladores críticos del proyecto. Ninguna tierra de propiedad comunal o utilizada por los pueblos indígenas se adquirido para el proyecto, y el acceso a los recursos naturales no se limitará.

 

El municipio de San Francisco de Ojuera, donde ahora se ejecutará el proyecto, no es territorio indígena y ninguna de las comunidades en el lado izquierdo del río (donde el proyecto ahora se lleva a cabo) se identifican como indígenas.

 

Desde un inicio, la razón clave para la participación de Finnfund en la financiación de Agua Zarca han sido los principales impactos en el desarrollo del proyecto:

 

 Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, y en gran necesidad de inversiones.

 

 Cuando se haya completado, se estima que Agua Zarca producirá unos 94 GWh de energía eléctrica al año, lo que corresponde al consumo de energía de aproximadamente 120,500 hogares rurales de Honduras, o medio millón de personas.

 

 El proyecto en cuestión es un proyecto de energía renovable que reducirá las emisiones de CO2 de Honduras. La reducción promedio previsto de las emisiones de CO2 es de aproximadamente 61,000 toneladas por año.

 

 El área alrededor del río Gualcarque está escasamente poblada y esta es una zona rural montañosa. El proyecto se estima que ofrecerá cientos de puestos de trabajo durante la fase de construcción y unos 40 puestos de trabajo después de la finalización.

 

 La población local se beneficiará también a través de inversión social de DESA, que incluyen la mejora de las carreteras, la planificación y la cofinanciación de los sistemas de agua potable, donaciones a las escuelas, y diferentes programas de capacitación. Como parte del programa de inversión social de DESA, hasta el momento se han electrificado a más de

1,392 hogares.

 

 Actualmente la producción energética hondureña depende del petróleo importado. Se espera que el impacto positivo estimado de Agua Zarca en la balanza de pagos sea significativa. FinnFund estará dispuesto a proporcionar más información sobre su contribución al proyecto y conocer, por ejemplo, representantes de organizaciones preocupadas por los acontecimientos. Tales como el Ministerio de Asuntos Exteriores, responsables de la dirección de la propiedad FinnFund, se ha mantenido al tanto de los acontecimientos sobre el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

 

Jaakko Kangasniemi, CEO (gerente general). jaakko.kangasniemi@finnfund.fi, Tel.: +358 577 7676.

 

Tapio Wallenius, Director de Impacto y Comunicaciones

 

tapio.wallenius@finnfund.fi, Tel.: +358 50 351 0753.

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CIDH condena asesinato de integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de cinco integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras y de la comunidad de San Francisco de Locomapa. Uno de los indígenas asesinados fue Santos Matute, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La CIDH urge al Estado hondureño a conducir de manera inmediata y dentro de un plazo razonable una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estas muertes y a sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según información recibida por la CIDH, el 21 de febrero de 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán. Mientras que cuatro de ellos perdieron la vida al instante, Santos Matute fue trasladado con heridas de arma de fuego al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 22 de febrero. Santos Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 19 de diciembre de 2013 en razón de las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra integrantes del MADJ debido a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa, departamento del Yoro.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH analizó con preocupación la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. El informe indica que 17 integrantes del pueblo Tolupán han sido asesinados en los últimos años sin que se haya investigado de forma debida estos crímenes. La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales. Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma.

La Comisión Interamericana insta al Estado hondureño a investigar sin dilación y con debida diligencia estos asesinatos, y a juzgar y sancionar a las personas responsables de forma pronta. La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

En este sentido, la Comisión urge a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que estos asesinatos hayan estado motivados por las actividades de estos líderes indígenas como defensores de derechos humanos. La CIDH a su vez insta al Estado hondureño a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad. También urge al Estado de Honduras a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, sus líderes y defensores, respetando su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos, con miras a evitar la repetición de estos hechos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 028/16

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/028.asp

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International investors must withdraw all involvement now from deadly Honduras dam project, says Oxfam

The assassination last week of Honduran activist Berta Cáceres – who championed the cause of indigenous land rights – shows that international companies have no place now in continuing their support for the Agua Zarca dam she was fighting against.

The regional development bank Banco Centroamericano de Integracion Economica, the Dutch development bank FMO, Finnfund from Finland, and the Voith-Hydro (Siemens) engineering partnership from Germany, who are building the dam, must withdraw, says Oxfam. The companies’ only involvement from now must be to push for justice for Ms Cáceres and her family, and for affected communities.

The proposed dam, which is not yet built, is causing worsening conflict with indigenous people. They face losing their access to the river Gualcarque, sacred to the Lenca people and a major source of their water and food. Ms Cáceres’ is the latest murder of land activists – both in Honduras and world-wide – “and it must be the last,” said Oxfam International executive director Winnie Byanyima.

Oxfam has condemned the murder of Ms Cáceres. In 2013, Agua Zarca activist Tomas Garcia was shot. Oxfam and 300 other groups have launched an international “Land Rights Now” campaign demanding the respect and legal recognition of indigenous land rights, which are under attack around the world.

Berta Cáceres, an indigenous Lenca, cofounded the National Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH) in 1993, an ally of many international organisations including Oxfam. She was awarded the 2015 Goldman Foundation Environmental Prize for her campaign against the Agua Zarca dam project.

Both the World Bank’s private lending arm, the International Finance Corporation, and the world’s biggest dam builder, China’s Sinohydro, pulled out of the Agua Zarca project in 2013 because of the conflict between local communities and the company building the dam.

“What the current investors are still doing in Agua Zarca beggars belief and their involvement is only worsening a conflict in which local people have been killed and injured. They must stop their plans and instead help to sort out the problems,” Byanyima said.

Oxfam says the companies’ justification for continuing the project is not based upon local realities or international law. Local people have not freely consented to the project nor consulted prior to its approval in 2010. They alone have been the targets of violence. Some of their farmlands have been destroyed. The companies’ due diligence has been lacking from the start.

“Agua Zarca is a litany of failure. However this is commonplace in projects all over the world involving large-scale land acquisition and the exploitation of natural resources in indigenous people’s territories. There are well established principles that investors should follow including that of free, prior and informed consent before land is acquired.” she said.

Oxfam is also calling for the UN Human Rights Commission to investigate the murder and for transparency in the ownership of DESA, the owners of the Agua Zarca project.

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-03-08/international-investors-must-withdraw-all-involvement-now-deadly?utm_source=oxf.am&utm_medium=Zh6j&utm_content=redirect

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Suiza condena el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres

Comunicado de prensa , 07.03.2016

Tegucigalpa (7 de marzo de 2016) – Suiza condena el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y dirigente de la comunidad lenca de Río Blanco. Expresa su profundo pésame al pueblo de Honduras y en particular a la población Lenca y a los familiares de Berta Cáceres.

El asesinato de la Sra. Cáceres se produjo a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su protección. Berta Cáceres es el nombre más reciente en una larga lista de defensores de derecho humanos asesinados no obstante la ley de protección de los defensores de derechos humanos en vigor en Honduras. Suiza confía en que los operadores de justicia esclarecerán este crimen.La Suiza a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE apoya Honduras a promover el Estado de derecho, la seguridad humana, la libertad de expresión y el respecto a los derechos económicos, sociales y culturales.

 https://www.eda.admin.ch/countries/honduras/es/home/noticias/novedades.html/content/countries/honduras/es/meta/news/2016/suiza-condena-el-asesinato-de-la-defensora-de-derechos-humanos–

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Comunicado de Prensa sobre los avances en la investigación de la sentida muerte de la líder indígena, Berta Cáceres:

El Gobierno de la República de Honduras, a la opinión pública nacional e internacional, informa sobre los avances en la investigación de la sentida muerte de la laureada líder indígena, protectora de los Derechos Humanos y del medioambiente Berta Cáceres:

 

1.- Con instrucciones del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, desde esta madrugada se han conformado y desplazado varios equipos de investigación al lugar de los hechos.

2.- Como manda la ley, y por las consideraciones del caso, la Fiscal Especial de las Etnias se encuentra liderando el proceso de toma de declaraciones y la propia investigación.

3.- A la investigación se ha sumado un equipo especializado de los Estados Unidos, país amigo al cual se le agradece su solidaridad y apoyo al pueblo y Gobierno de Honduras.

4.- Como primeros resultados, ya se encuentran bajo custodia policial un testigo protegido, un testigo y un sospechoso del crimen.

5.- Se solicita que todo ciudadano que pueda tener información de este crimen se comunique al 911 para brindarla de forma segura y oportuna.

6.- Se ratifica que este ataque a los hondureños que ha quitado la vida a tan ejemplar y valiente ciudadana no quedará impune y que a tal efecto se continuará dando el total apoyo a las investigaciones.

7.- Todos los hondureños compartimos el luto y pesar de la familia de Berta Cáceres por tan irreparable pérdida y honraremos sus acciones de vida. Igualmente se ha ofrecido a sus deudos toda la colaboración del caso.

Tegucigalpa, 3 de marzo de 2016

http://www.presidencia.gob.hn/index.php/blocks/comunicados/548-comunicado-de-prensa-sobre-los-avances-en-la-investigacion-de-la-sentida-muerte-de-la-lider-indigena-berta-caceres

Gobierno de la República de Honduras

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CARTA ABIERTA DEL MADJ A LA MACCIH

Libertad Digital HN, Informando Educando y Conectando Honduras.

Señores (as)

Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)

Señores y Señoras,

Somos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización del movimiento social hondureño que nació en 2008 luego de la “Huelga de los Fiscales” que denunció la corrupcióny la impunidad del Sistema Judicial hondureño, especialmente en el Ministerio Público, y que viene demandando desde ese momento que sea la ley y la justicia el fundamento de la institucionalidad pública.

En este momento, siendo la MACCIH una iniciativa que genera opiniones contrastadas de lo que puede ser la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, consideramos nuestro derecho y nuestro deberhacer de público conocimiento nuestro análisis con respecto a su

presencia en nuestro país:

Nuestras dudas y certezas:

1.  Quienes concibieron y pusieron en marcha la MACCIH,a propósito y con sutiles maniobras, desoyeron el masivo reclamo popular por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad rectorada por la ONU, la cual debía tener autonomía plena para perseguir y enjuiciar a los corruptos y corruptas de Honduras. El mensaje de los ideólogos de la MACCIH es que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto. Este mensaje, además de entenderlo, lo condenamos, porque nosotros sí creemos en la soberanía popular y además estamos hartos de imposiciones generadoras de impunidad.

2.  Los términos en que fue escrito el convenio firmado por la OEA y el Gobierno de Honduras, para dar vida a la MACCIH,es una muestra fehaciente del afán por desvirtuar la posibilidad de instalar en Honduras una CICIH con un mandato similar al de la CICIG en Guatemala. Según el convenio, la MACCIHno tiene el mandato para ejercer o intervenir en la acción penal pública, siendo reducida a una instancia orientadora/colaboradora sin ningún carácter coercitivo o vinculante en sus disposiciones.El lenguaje indeterminado del conveniode la MACCIHse parece a muchos textos normativos vigentes en el país, que al momento de ser aplicados a la realidad se convierten en herramientas generadoras de impunidad.

3.  La falta de sanción a la escandalosa corrupción que sufrimos en Honduras, no está fundada únicamente en la incapacidad o falta de formación de investigadores, fiscales o jueces; tampoco se debe a la supuesta “carencia”de recursos económicos o logísticos. La impunidad de los corruptos y corruptas en Honduras se debe específicamente a que ellos mismos se convirtieron en gobierno o han desarrollado la perversa habilidad de someter y corromper a quienes formalmente constituyen el gobierno nacional. Así, el sistema de justicia funciona con investigadores, fiscales y jueces bien formados, pero cómodamente sumisosy no pocas veces activos defensores de la impunidad de sus jefes, quienes a su vez son garantes de la impunidad de los grandes capos de la corrupción pública.

4.  Dudamos de la MACCIH porque es una dependencia de la OEA, instancia que fue incapaz de revertir el golpe de Estado de 2009, hecho que consideramos como el más notorio crimen que profundizó la corrupción y consolidó el sometimiento total de toda la institucionalidad hondureña a los objetivos de una clase política-económica altamente corrupta. Igual, nos genera duda el hecho que la OEA ha sido una simple espectadora de la impunidad que siguen gozando los perpetradores del golpe de Estado y todos los demás crímenes que este hecho trajo para nuestra institucionalidad y a la familia hondureña.

5.  También desconfiamosde la MACCIH porqueel acto público para la firma del convenio que le dio vida, fue suspendido en varias ocasiones y se denunció que tal interrupciónse debió a que el gobierno de Honduras maniobró para que el texto de dicho convenio impida la autonomía, independencia y mandato suficientemente claro y determinante para enfrentar la corrupción y la impunidad en nuestro país.

6.  Expresamos nuestras dudas sobre quienes integran la MACCIH porque seguramente saben mucho de investigación criminal, de derecho procesal penal, derecho penal y todas las demás áreas del derecho y otras disciplinas fundamentales para combatir la corrupción, pero tememos que pese más su obediencia a quienes idearon la MACCIH como instancia que simule luchar contra la corrupción para garantizar mayor impunidada los grandes capos de la corrupción pública en Honduras

7.  Tememos que ustedes sean unos burócratas más, como muchos funcionarios de organismos internacionales con presencia en el país, profesionales a los que no les hace falta conocimientos, ni capacidades para combatir la corrupción y los corruptos,pero que no tengan voluntad de asumir los riesgos que esta labor implica y bajo el trillado argumento de no interferir en asuntos internos del país, terminen siendo calificados como aliados del gobierno, sin importar que los funcionarios de más alto nivel, sean partícipes del latrocinio del erario y la corrupción.

A pesar de nuestras certezas, dudas y sospechas sobre el papel de la MACCIH tenemos el derecho para recordar, reclamar y exigir lo siguiente:

a.  Cada misión internacional que se instala en nuestro país tiene enormes costos en materia económica, soberanía nacional y otras áreas estratégicas del país. En ese sentido, para nosotros su presencia en Honduras no es una dádiva de la OEA o del gobierno hondureño, sino una instancia a la que vigilaremos y a la que le demandaremos resultados contundentes que compensen los costos que asumimos como Estado y como sociedad.

b.  Recordamos que la sociedad civil hondureña no se reduce a un pequeño grupo de organizaciones y personas que, en muchos casos, son sostenidas con fondos del gobierno hondureño y por otros gobiernos, con el propósito de ser sutiles tapaderas de la escandalosa corrupción y sobre todo, de sus principales actores. Las organizaciones del movimiento social y político de Honduras también somos sociedad civil y rechazamos cualquier forma de exclusión.

c.  Es nuestro derecho pedir a la MACCIH que las denuncias presentadas por nuestra organización ante el Ministerio Público contra el Comité Central del Partido Nacional, el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el actual presidente Juan Orlando Hernández por el caso del IHSS, consignada bajo el expediente número 1432825089-15; la presentada contra el presidente Juan Orlando Hernández y su hermana la ministra Hilda Hernández consignada bajo el expediente número 1435871808-15; la denuncia presentada el 11 de agosto de 2015 contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla, el Consejo de la Judicatura y Juan Orlando Hernández consignada bajo el número,y sobre las cuales no se nos ha notificado de avance alguno, sean parte de la cartera de casos que asumirá la MACCIH.

Señores y Señoras de la MACCIH, los desafiados son Ustedes, específicamente:

1.  Frente a la corrupción e impunidad en Honduras. Deseamos que nos demuestren que nuestras certezas y dudas respecto a su presencia, los objetivos, voluntades políticas y nuestros reclamos son interpretaciones equivocadas.

2.  Nosotros seguiremos denunciando y sintiéndonos parte activa en el la lucha contra los corruptos y las corruptas. Para el MADJ y para muchas otras organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, la presencia de una instancia como la MACCIH solo se justificará si logra castigar los actos de corrupción de los grandes capos de la economía, la política y el crimen organizado. Sólo las acciones concretas dirigidas contra las más altas estructuras criminales disfrazadas de gobierno, de empresarios y de caciques de pueblo, revertirán el despojo de territorios, el saqueo de los fondos públicos y el acelerado desmoronamiento de la ya debilitada institucionalidad del país.

Por la Dignidad contra la Impunidad…

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

 

Origen: Libertad Digital Honduras

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La UE expresa su preocupación con situación difícil de la comunidad LGBTI en Honduras

Resistencia Popular ante el Golpe de Estado en Honduras

Origen: La UE expresa su preocupación con situación difícil de la comunidad LGBTI en Honduras

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International organizations denounce irregularities in Honduras’ Supreme Court selection process

Ciudad de Guatemala, San José and Washington, DC, February 16, 2016.-  Several international organizations have highlighted the irregularities observed during the nearly six month-long process to select the Justices of the Honduran Supreme Court.

Lack of clarity regarding methodology, lack of rigor in questioning, politicization, and secrecy are among the irregularities denounced by these organizations. They also highlight the lack of compliance by the Honduran authorities involved in the process with international standards regarding judicial independence, resulting in a failure to guarantee a new Court which inspires confidence in the work it will carry out.

The organizations “call upon civil society to become permanent observers of the new Supreme Court,” so that irregularities in the selection process may come to light. They also urge the Honduran Attorney General’s office and the Mission to Support the Fight against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH) to document the irregularities that have been reported in the Supreme Court selection process, in order to assist in investigations and to promote prosecutions “such that those who allegedly have committed corrupt practices are judged and sanctioned accordingly.”

To read the full letter, please click here

 

http://www.dplf.org/en/news/international-organizations-denounce-irregularities-honduras-supreme-court-selection-process

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Casa Alianza Honduras , ante una nueva matanza ocurrida en la capital

 

http://www.casa-alianza.org.hn/images/documentos/CAH.2016/03.Comun.CAH/04.%20casa%20alianza_comunicado%20matanza%20hato%20de%20enmedio.pdf

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