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HASTA SINDICATO PARTICIPÓ EN PROCESO PRIVATIZADOR DE LA ENEE

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3162-hasta-sindicato-se-involucró-en-proceso-privatizador-de-la-enee

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Prosigue privatización del sistema sanitario en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaria de Salud, continúa promoviendo la privatización de la salud en Honduras; en esta ocasión los usuarios del hospital San Felipe, serán los primeros en abocarse a farmacias privadas para adquirir medicamentos.

Según se reveló, ahora cuando los pacientes necesiten medicamentos, deberán acudir a las tres farmacias designadas en “dispensar” medicamentos y son: Farma City, San Pablo y El Ahorro.

Justificaron que con este nuevo sistema de entrega de medicamentos los pacientes contaran con un mejor servicio.
Al respecto, la subsecretaria de salud Sandra Pinel, explicó que cada usuario tendrá la posibilidad de seleccionar en que farmacia abastecerse, y en caso de no estar satisfecho con el servicio podrá cambiar una vez a la farmacia que mejor le convenga.

Las autoridades de salud calificaron que el proyecto iniciara en el Hospital San Felipe como piloto, y luego determinaran si se puede extender a otras instituciones públicas en el país.

El listado de fármacos autorizados para ser dispensados son los siguientes acetaminofén, ácido fólico, albendazol, amlodipino, amoxicilina, atorvastatina, azitromicina, beclometasona, ipratropio, carbamacepina, ciprofloxacina, clonazepam, clotrimazol ovulo (tableta vaginal), difenhidramina, difenhidramina, enalapril, eritromicina, fenitoina, fenobarbital, fluoxetina, furosemida, glibenclamida, hidroclorotiazida, hidrocortisona, hidroxido de aluminio y otros.

Origen: http://confidencialhn.com/2016/08/11/prosigue-privatizacion-del-sistema-sanitario-en-honduras/

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Fantasma de la privatización del agua potable toma fuerza en Honduras

Origen: Fantasma de la privatización del agua potable toma fuerza en Honduras

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¿Quién está detrás del cierre de la DEI?

Era cuestión de tiempo para que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en Honduras siguiera el camino de las demás instituciones estatales. Ésta semana se consumó el cierre de la entidad junto al despido de más de mil 500 trabajadores y trabajadoras.

Meses atrás la DEI sufrió depuraciones. Desde el nombramiento de Mirian Guzmán como directora ejecutiva se implementaron medidas contra los trabajadores, como las pruebas de confianza, investigaciones y despidos, la nómina laboral bajó de 2500 trabajadores a 1500 en un par de meses.

Las determinaciones en la DEI se dieron bajo el ritmo del Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes luego de sus reiteradas visitas al país sugirieron al Estado la depuración y privatizaciones de las empresas estatales a cambio de financiamiento; para el caso la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sufrió la suspensión de más de 2 mil empleados, destino similar vivió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y en la actualidad todas se encuentra en procesos de transición a través de inversiones público-privadas.

Bajo tal tendencia el gobierno de Juan Orlando Hernández propone un nuevo ente regulador en sustitución de la DEI, bajo el argumento que la entidad estaba llena de empleados corruptos, que eran sobornados y que incluso tenían nexos con el crimen organizado, por lo tanto se nombró una junta de transición que liderará la abogada Ángela Madrid exdirectora de la DEI en San Pedro Sula.

Golpe a los trabajadores

“Tengo más de diez años de trabajar en la institución, desde que asumió este gobierno me acostumbré a ver militarizada la oficina, fiscalizándonos como si los empleados fuéramos delincuentes, ese era solo el inició de lo que ya se consumó, el cierre de la DEI.
Ahora quedamos en la calle, tenemos que conseguir prestado para viajar a Tegucigalpa a gestionar nuestras prestaciones, es un duro golpe contra los trabajadores y trabajadoras de la institución”, dijo una ex empleada a Radio Progreso, quien prefirió ocultar su identidad por miedo a represalias de las autoridades gubernamentales.

Así como los demás sindicalistas del sector público, los empleados de la DEI son los que sacan la peor parte del descalabro del ente tributario, aproximadamente mil 500 quedaron en la calle y ahora deben iniciar un proceso de gestión para recibir el pago de sus derechos laborales.

En este último año la clase trabajadora en Honduras ha sido golpeada salvajemente, ejemplos de la situación son las víctimas del cierre forzoso que hizo la BNBS al Grupo Financiero Continental que dejó a más de 25 mil nuevos desempleados en el país, en su mayoría aún sin recibir el pago de sus prestaciones.

“Todo inició con un ataque sistemático a las organizaciones de trabajadores. Por una parte el gobierno le apostó a sobornar a cambio de cuotas de poder a las centrales obreras, ahora ellas bailan al ritmo del gobierno, luego el Estado asentó toda su fuerza contra los sindicatos más beligerantes hasta que a través de los despidos los desarticuló y luego ubicó a sus activistas al frente de las estructuras, todo para evitar acciones de resistencia ante lo planificado”, dijo el analista político Domingo Godoy.

Godoy considera que en este momento hay una oposición de diente a labio de las centrales obreras, que en el pasado salían de forma permanente a las calles para defender sus derechos. Hoy en día la situación cambio, la clase trabajadora ha sido exprimida a vista y paciencia de las organizaciones laborales.

¿Quién está detrás de todo?

“omingo Godoy asegura que el sistema económico impulsado desde los organismos internacionales es el principal responsable de las modificaciones, cierres y privatizaciones de lo público.

El economista Wilfredo Flores dijo que el Fondo Monetario Internacional en las visitas posteriores al golpe de Estado del 2009 orientó su política de fortalecer al gobierno y apostarle a su financiamiento a cambio de varias condiciones.

Algunas de esas condiciones son reducir a través de despidos el número de trabajadores públicos, destruir las organizaciones sindicales y apostarle a las inversiones público privadas, todo eso a cambio de financiar al Estado.

“Cuando los organismos internacionales financian al Estado lo atan de pies y manos y eso permite que ellos puedan dirigir la política del gobierno, de esa forma imponen su política neoliberal en la región que ya ha tenido ejemplos claros como el de Colombia y otros de América del Sur”, manifestó Flores.

Flores cree que los organismos internacionales son los principales precursores de lo que pasa en las entidades estatales, pero también considera que detrás de esta determinación dentro de la DEI hay otro grupo interesado y es que en contubernio con el gobierno cree que toda la transición servirá para borrar algunos datos en torno a sectores empresariales que en este momento deben cantidades ostentosas al régimen tributario hondureño.

“Quisiera no pensar que detrás de todo también hay mafias empresariales, ligadas al gobierno de Juan Orlando Hernández quienes se podrían aprovechar de este proceso de transición para desaparecer montos y sustituirlo por otros, todo a cambio de apoyo político durante la próxima campaña electoral de Hernández.

Con esto el oficialismo amarra y se fortalece en el marco de sus pretensiones reeleccionistas”, concluyó Flores.

Nuevo ente tributario

A partir de este proceso de transición el gobierno elaborará un nuevo código tributario que será administrado a través de la nueva entidad administradora y que incluso aplicará pruebas de confianza para contratar a los empleados.

“Tiene que cerrarse (la DEI) para abrir una nueva institución con personal altamente calificado que pase las pruebas de confianza y que sea altamente profesional”, expresó el presidente Juan Orlando Hernández a los medios de comunicación.

Además expuso que habrá buenos sueldos y a la vez ese personal tendrá asegurado su sistema de vivienda, todas sus necesidades como familia y como persona. “Como quien trabaja en la nueva administración tributaria del país, que tenga resueltos esos problemas y que no esté pensando en que si le va a pedir dinero a un empresario o va a aceptar un soborno”, aseguró.

Con esta dinámica el gobierno modificará la forma de recaudación tributaria e implementará un nuevo sistema del que hasta la fecha saltan más dudas que respuestas.

Origen: ¿Quién está detrás del cierre de la DEI?

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Miriam Guzmán asegura que no se va a privatizar la DEI

TEGUCIGALPA. Miriam Guzmán, directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), negó que se vaya a privatizar la institución y que se vayan a realizar despidos masivos de empleados tal tomo lo denunció el sindicato.

También enfatizó en que todo aquel colaborador  que no pase las pruebas de confianza a aplicar, serán retirados de la institución con los derechos legalmente reconocidos.

La funcionaria hondureña reiteró: “Lo que quiero recalcar para tranquilidad del personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, es que se respetarán todos los derechos adquiridos del personal que al aplicar las pruebas de confianza, no alcancen el porcentaje mínimo requerido para trabajar en una administración tributaria de alto nivel, con estándares mundiales. No se va a privatizar ninguna función como por ahí se andaba diciendo”

Por su parte, Ante el supuesto cierre y despido masivo de empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), el presidente del sindicato de esa institución solicitó este lunes la instalación de un diálogo para hablar sobre el nuevo sistema tributario a implementarse en Honduras.

El sindicalista, calificó de “descabellada” la decisión de cerrar la institución pues “no tiene ningún fundamento, ni ninguna viabilidad, porque en la institución hay personal técnico”.

Origen: Miriam Guzmán asegura que no se va a privatizar la DEI – Tiempo.hn

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Viene privatización de la DEI y la puesta en marcha de un nuevo Código Tributario en 2016

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La ya anunciada privatización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) está cada vez más cerca y podría entrar en vigencia en los primeros meses del 2016.

La anterior hipótesis se sustenta en las declaraciones brindadas este sábado por el presidente Juan Hernández, quien en una entrevista a una radio local anunció el cierre de la DEI y su transformación en un ente “más calificado” y la entrada en vigencia en 2016 de un nuevo Código Tributario.

El presidente Juan Hernández y la directora de la DEI, Miriam Guzmán.

El presidente Juan Hernández y la directora de la DEI, Miriam Guzmán.

“la Dirección Ejecutiva de Ingresos, literalmente así como está, tiene que cerrarse, para abrir una nueva institución con personal altamente calificado, que pase las pruebas de confianza, altamente profesional y que tenga esa formación humana para poder atender a la gente con delicadeza”, manifestó Hernández.

El gobernante reaccionó ante los constantes cuestionamientos contra las autoridades de la DEI por parte de la empresa privada, ya que producto  de la entrada en vigencia de la facturación electrónica se originó el cierre masivo de negocios durante el 2015.

Hernández prometió que el nueve ente tributario  brindará a los empleados los mejores salarios del gobierno y ofrecerá un sistema de vivienda “y todas las necesidades como familia y como personas”, aunque para muchos no es más que el inicio de un proceso de privatización, anteriormente admitido por el mismo gobierno al considerar que las acciones tributarias podrían funcionar mejor en manos privadas.

Aunque no detalló el nombre, apuntó que se tratará de un ente tributario del más alto nivel, con uso de muchas herramientas tecnológicas.

El expresidente de Honduras (1990-1994), Rafael Leonardo Callejas, sugirió  en 2014  que las autoridades de gobierno deben de analizar la posibilidad de privatizar DEI para mejorar la recaudación, porque esta institución estatal no cumple con las proyecciones que se le encomiendan año con año.

Callejas enfocó su sugerencia en la privatización de las aduanas hondureñas, ya que según él, es la única manera de evitar la defraudación fiscal y el contrabando.

“Si la administración de las aduanas se le entrega a bancos internacionales habrá un control firme de los fondos del Estado”, dijo Callejas en marzo de 2014.

La aduana de Puerto Cortés fue concesionada en 2013 a  la empresa filipina International Container Terminal Services (ICTS).

CÓDIGO TRIBUTARIO

Por otra parte, informó que se elaborará un nuevo Código Tributario ya que los empresarios y él mismo se han quejado de que el sistema de normas procedimentales es como una “patastera”, muy enredado que le hace muy difícil al contribuyente tributar y al Estado recaudar.

Refirió que para ese propósito el  Gabinete Económico ya hizo un estudió,  que ya se está distribuyendo entre los diferentes sectores para que sean ellos quienes participen en la elaboración del nuevo Código Tributario.

“Eso es para que ese personal esté bien motivado y no tenga que pedir dinero a un empresario o a un contribuyente o va a aceptar un soborno”, expresó al tiempo que indicó que a petición del sector empresarial se está ampliando la base tributaria.

Origen: Viene privatización de la DEI y la puesta en marcha de un nuevo Código Tributario en 2016 –

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Privatización de carreteras es la nueva guillotina impuesta al pueblo hondureño

Con la privatización de los principales ejes carreteros de Honduras,  la guillotina nuevamente desciende sobre la cabeza de la maltrecha economía del pueblo. El proyecto aprobado por el Congreso Nacional, consta de imponer  los  “trancazos”  a través de las casetas de peaje cuyo pago además se equipara en dólares.

Como consecuencia de esta decisión,  cualquier persona que conduzca un vehículo liviano o ligero que pretenda recorrer el corredor turístico, en la zona norte y el corredor logístico que va desde Tegucigalpa, o Goascorán en Valle, hasta Puerto Cortés, debe disponer  al menos 110 lempiras en efectivo para pagar el peaje, de lo contrario no podría circular por estos ejes carreteros.

“De esta manera el Estado se quita la responsabilidad de mantener las carreteras y ahora las ha convertido en un negocio  trasladado  a la empresa privada, lo que nos deja a las puertas de una privatización de las  principales vías en el país”, indicó el dirigente popular Carlos Amaya.

Coalianza, es el órgano impulsor y el proyecto entreguista va “viento en popa” ante la pasividad e indiferencia de la población y el movimiento social. La próxima estación para el cobro de peaje será instalada en la comunidad de Coowle, entre El Progreso y La Lima, como parte del corredor turístico.

Según el diseño son seis cabinas, tres de ida y otras tres de venida. Las tarifas son similares a las que ya se cobran en la carretera entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, que forman parte del corredor logístico. “Ya hay una solicitud para el permiso de la construcción de  las casetas de peaje en la autopista que comunica El Progreso con San Pedro Sula, en la jurisdicción de nuestro municipio”, indicó  Arturo Castro, alcalde de San Manuel, Cortés.

Sin embargo aclaró que la solicitud no ha sido aprobada, pero que los ejecutivos de la empresa concesionaria  les han manifestado  que el peaje  con toda  seguridad va, porque es una ley aprobada en el Congreso  Nacional y se instalará en la autopista que es  una calle nacional administrada por el Gobierno.

A renglón seguido dijo que la idea de la concesionaria es que a partir de febrero del próximo año se inicie con el cobro del peaje. “Lo lógico sería que nos sentemos las corporaciones municipales de la Lima, El Progreso y San Manuel, para sentar una posición en contra o a favor de este proyecto”, manifestó el edil.

El Congreso Nacional aprobó un decreto para que  el 15% de impuesto que pague la concesionaria del cobro  al año sea distribuido entre las alcaldías de San Manuel, San Pedro Sula, La Lima y El Progreso. De acuerdo al alcalde de San Manuel, en cabildos abiertos sectoriales será la población quien determine si está o no de acuerdo con la instalación de las casetas de peaje y que las otras dos alcaldías verán que hacen.

Vienen más casetas de peaje

El corredor turístico que comprende de El Progreso-Tela, San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso, será de cuatro carriles y el costo será de 128 millones de dólares. Aunque los cuatro carriles del bulevar de San Pedro-Progreso están construidos desde hace muchos años.

Según las autoridades de Coalianza, el costo de la obra espera recuperarlos por medio del cobro del peaje y los otros sitios donde estarán instalados, serán; uno entre el desvío de La Barca y El Progreso, otro en el corredor que de esta ciudad comunica con Tela, aparte del próximo que estará en la autopista a San Pedro Sula.

LEA ADEMÁS: COALIANZA: ¿Se repite la historia de CONADI?

De acuerdo a las proyecciones, unas casetas de peaje se instalarían en la línea divisoria entre la  comunidad Agua Blanca Sur, de El Progreso y la comunidad  Guanchías, jurisdicción de  Santa Rita, Yoro. Mientras que las otras casetas estarían instaladas en la frontera de las aldeas; Guaymitas , El Progreso, y Guaymon El Negrito, Yoro.

Los carros livianos pagarán por eje 80 centavos de dólar (cerca de 17 lempiras) y  los automotores de dos ejes, como los camiones, pagarán 1.60 dólares por eje, es decir 3.20 dólares, que convertidos a lempiras serán 68  lempiras. Entre tanto, las rastras o furgones, que tienen 5 ejes, pagarán 8 dólares, es decir 168  lempiras.

“En el caso del alcalde El Progreso, se está librando de una responsabilidad pero está dejando el problema a los otros municipios, pero al final esto va a impactar directa o indirectamente  en la economía de todas las personas que transitan dichos ejes carreteros” dijo Carlos Amaya.

“Esto no podemos dejarlo pasar y debemos de organizarnos para luchar contra la privatización de las calles. No es posible que las decisiones de unos pocos  en detrimento de  las mayorías sean aceptadas por el pueblo. Es tiempo de demostrar que ya no agachamos la cabeza ante las injusticias y que podemos derogar cualquier ley que afecte los intereses de la población”, indicó el dirigente popular.

 En la carretera CA ya están los cobros

El corredor logístico comprende desde Goascorán, en Valle-Villa de San Antonio, Tegucigalpa-Villa de San Antonio-San Pedro Sula-Puerto Cortés. Covi Honduras  ya está cobrando el peaje en los puntos de Zambrano,  Siguatepeque, Santa Cruz de Yojoa. Solo faltaría la instalación de las casetas de peaje en  Villanueva y Puerto Cortés, así como la concesión de cobro por uso del corredor logístico, que une la aduana El Amatillo (sur) con el principal puerto de Centroamérica.

“Este tipo de proyectos trae desventajas para la población porque las carreteras pierden esa finalidad pública que deben tener y se convierten en propiedad de empresas nacionales y transnacionales.  Además los pasajes del transporte público se incrementaran al igual que todos los productos transportados por esas vías”, indicó Carlos Amaya.

Indicó que lo lamentable de todo es que las alcaldías están viendo que provecho puede sacar del cobro de peaje y no están analizando los impactos que va a generar en la economía de la población que es la que al final quien paga de manera directa o indirecta.

“Lo cierto de todo esto es que el pueblo pierde el derecho  de la  libre locomoción y la otro es que tiene que  pagar poder transitar por estas calles. Por eso es importante el nivel de oposición que tomemos como población afectada”, indicó el dirigente popular.

“Aquí en El Progreso, tenemos una buena experiencia y es que cuando Nelly Soliman, fue alcaldesa pretendió instalar peaje en la salida a San Pedro Sula, pero la población enfurecida lo destruyó y nunca más se volvió a tomar decisiones arbitrarias a espaldas de la ciudadanía”, concluyó.

¿Corrupción en Honduras también?

El empresario Marco Alfredo Albán Crespo fue detenido en junio pasado Panamá por haber sobornado por más de cinco millones de dólares a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, prófugo de la justicia de ese país.

Albán Crespo, según denuncias fue quien negoció para la instalación del sistema de peaje en la carretera que comunica Tegucigalpa con la zona norte de Honduras, a través de la empresa Covi.

Al margen de la advertencia, la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza), prosiguió con la firma del contrato que le da a  Hidalgo & Hidalgo la potestad de cobrar el uso de la carretera a vehículos, autobuses y camiones.

Origen: Privatización de carreteras es la nueva guillotina impuesta al pueblo hondureño

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Entre demagogia y protestas entra en vigencia Ley Marco de Protección Social

Sep 04, 2015

Waldin Banegas quien es presidente del Sindicato de Trabajadores Star en El Progreso afirmó que son pocos los sindicatos que están a la disposición de la lucha, pero que nunca es tarde para hacer el llamado a las demás organizaciones para que se enfrenten a esta medida que les afecta directamente.

Banegas repudió la nueva ley argumentando que es parte del proceso privatizador de Juan Orlando Hernández, que pone el punto final al descalabro del IHSS y que ahora quiere vender con demagogia los derechos de los trabajadores.

El dirigente sindical considera que si no se inicia un proceso de lucha permanente contra la ley, más de 120 mil empleados y empleados serán perjudicados con la nueva reforma.

Por su parte algunos manifestantes que prefirieron no dar su nombre por motivos de seguridad en la toma de carretera en Búfalo, Villanueva lamentaron que les limiten a obtener el dinero de sus prestaciones cada año, pues ahora deben depositarlo en una cuenta de ahorro y hasta finalizar su contrato podrán retirarlo.

“Nosotros queremos nuestro dinero, en las fábricas ganamos una miseria, poco nos ajusta para comer mensualmente y los fondos de liquidación sirven para pagar deudas y compromisos familiares.

No tenemos confianza en esa forma de administrar los fondos, el gobierno ha quebrado muchas estructuras y se han robado el dinero, nadie nos garantiza que no hagan lo mismo y que ahora esos fondos que nos deducirán los usen para campañas políticas u otras cosas.

Los principales beneficiados serán los bancos privados y los empresarios, pues ellos serán los que manejen nuestro dinero y solo contando 120 mil empleados de la maquila más los demás significará una cantidad grande en intereses producto de administrar nuestro dinero”, expresaban los manifestantes.

En contraste a la exigencia de la base, la dirigencia de las Centrales Obreras expresan todo lo contrario, en un comunicado retoman los siguientes puntos:

“El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y las Centrales Obreras, Confederación General de Trabajadores (CGT, Central de Trabajadores de Honduras (CUTH) y la Confederación Unitaria de Trabajadoras de Honduras (CUTH), hacemos un llamado a todos los trabajadores afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), para que confíen en el proceso de transición que dicha institución está comenzando a partir del 4 de septiembre dentro de lo establecido en la Ley Marco de Protección Social.

Comunicamos a todos los trabajadores que los fondos que hasta la fecha les ha administrado el RAP, continúan siendo propiedad de cada trabajador, estos fondos no pueden ser transferidos a otra institución.

Por lo tanto, pedimos a los trabajadores y empleadores confianza en que sus fondos están siendo bien administrados y conforme a la Ley.

Reiteramos que el RAP se ha caracterizado por ser una institución que se ha manejado con eficiencia y transparencia garantizando el bienestar de todos sus afiliados”, finaliza el documento.

Banegas es del criterio que no hay nada claro entorno a cómo el RAP entrará en la transición, por eso dijo que las autoridades de esa institución han pedido reconsideraciones a la ley.

Por el momento los fondos no se pueden mover a la banca privada, pero más adelante si se podrá según lo que afirmó el Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo Carlos Madero.

“El ahorro acumulado por los trabajadores en el RAP durante sus años de servicio pasará a otra cuenta a nombre del trabajador, donde ganará intereses. Esta será independiente de la del ahorro de las prestaciones.

El RAP, será el primer receptor de estos fondos durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley hasta que se cree y apruebe la nueva ley que va a regular a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, que permitirá al trabajador mover sus fondos a una entidad bancaria privada de su preferencia.

Esta explicación consta en el artículo 53 que habla sobre las contribuciones anteriores al Régimen de Aportaciones Privadas,” culminó el funcionario.

En marcha la privatización de la atención médica

Los sectores que rechazan la Ley lo hacen bajo el fundamento de la privatización de los servicios médicos del IHSS, pues el artículo 22 de la Ley de Seguridad Social expresa lo siguiente:

“Con el propósito de brindar la adecuada administración, provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control de los servicios y los mejores estándares de calidad del sistema, se autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro”.

Madero también hace alusión al tema: “se contará con una red de hospitales privados que se manejará bajo un contrato de adhesión al Seguro Social, el cual será supervisado y pagado cada mes por cada servicio prestado debidamente registrado. La ley va a estructurar un sistema de salud en el cual todos los afiliados a la seguridad social que cotizan van a tener derecho de ser atendidos en el instituto o en una de las clínicas de la cadena de subrogación”.

Para el doctor y analista político Efraín Fajardo la aplicación de ese mecanismo llevará a privatizar los servicios.

Fajardo en espacios informativos de Radio Progreso explica en términos prácticos lo que sucederá con el nuevo método de administración.

“Con las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud se pondrá a disposición de la gente un menú de opciones para ser atendidos, significa que la gente tendrá acceso a la atención médica que pague.

Por ejemplo, si usted paga el paquete básico le alcanzará para consulta, entrega de medicinas del cuadro básico, pero hasta ahí; mientras que si usted necesita un examen o en el peor de los casos ser internado deberá pagar otro paquete de atención, el caso empeora si usted necesita una cirugía, pues para ello deberá pagar mucho más.

En eso consiste esa nueva forma de administración, donde ahora todo serás más difícil para los empleados y empleadas del sector público y privado”, caracterizó Fajardo.

Las claves para entender la privatización

Dentro de la Ley Marco de Protección Social se aplicarán la Ley de Seguridad Social, de Pensiones y Jubilaciones y reformas laborales.

La Ley de Seguridad Social todavía no ha discutido algunos detalles correspondientes a las cotizaciones de atención médica.

Para comprender la forma en que funcionará la nueva metodología es importante tomar el ejemplo de compra de paquetes de salud en empresas bancarias, el que explica ejemplificando Fajardo de la siguiente manera:

“Se creará un menú de opciones donde el empleado cotizará por poner un ejemplo 200 lempiras mensuales, con esa cotización accederá a consulta general, medicinas de cuadro básico.

Si quiere tener acceso a exámenes como cardiogramas, rayos X, entre otros y hasta ser internado en los centros deberá pagar un poco más, podrían ser 300 o 400 lempiras de acuerdo a la discusión que se haga en el Congreso Nacional.

Pero con esto no hay acceso a cirugías o quimioterapias, para ello debe comprar el paquete general que será el más caro y con ese si puede gozar de todos los beneficios.

Y de acuerdo a cuanto pague es que se definirá el centro asistencial donde ser atendido”.

La Ley a criterio del diputado del partido Libertad y Refundación, Bartolo Fuentes está cubierta de demagogia, pues nadie cuenta el verdadero contenido de la misma y que en síntesis es la cereza en el pastel a todo el proceso de descalabro y privatización del seguro social.

Hasta el momento son pocos los sectores que han salido a las calles a rechazar este fuerte paquete neoliberal y solo las bases son las que sin dirección de la mayoría de dirigencias sindicales y obreras han iniciado un proceso sistemático por el rechazo a la Ley Marco de Protección Social y todo su conjunto.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2363-entre-demagogia-y-protestas-entra-en-vigencia-ley-marco-de-protecci%C3%B3n-social

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Honduras:Incapacidad en la administración da lugar a descentralizar los hospitales, según Elmer Mayes // Hospitales Mario Rivas y Leonardo Martínez pasarán a manos de Organizaciones no Gubernamentales

jueves, 6 de agosto de 2015


Autor del artículo: Proceso Digital  /  Jueves, 06 Agosto 2015 -12:46

Tegucigalpa- El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Elmer Mayes, señaló que la incapacidad en la administración está dando lugar a la descentralización de los hospitales.
Lo anterior ante la medida tomada por el Consejo de Ministros de ordenar la descentralización de cuatro hospitales del sistema público nacional, entre ellos el Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez de San Pedro Sula, en el norte del país.
Mayes indicó que la descentralización ha presentado a lo largo del tiempo la renuncia del gobierno a la administración de centros de salud y hospitales y eso solo da lugar a la declaración pública de la incapacidad en la administración.

Recordó que la salud pública es un derecho humano y “con la descentralización el miedo que tenemos es que no exista un control estricto y especifico de los centros que se estén descentralizando a nivel nacional”, argumentó.

Agregó que “ojala no haya pagos o privatización de por medio, porque sería el acabose de la salud pública”.
Señaló que espera que con la medida se reflejen los cambios que la población se merece.
                           
 
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Hospitales Mario Rivas y Leonardo Martínez pasarán a manos de Organizaciones no Gubernamentales

Hospitales Mario Rivas y Leonardo Martínez pasarán a manos de Organizaciones no Gubernamentales
TEGUCIGALPA. Tal como lo habían anunciado las autoridades del Gobierno de Honduras aprobó ayer en Consejo de Ministros extraordinario la descentralización de cuatro hospitales públicos del país y la contratación de una empresa para hacer efectiva la entrega de medicamentos.

“Hemos decidido  la descentralización de cuatro hospitales entre ellos el Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez en San Pedro Sula, para hacer eficiente la atención a los pacientes”, anunció el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz.
Los hospitales serán administrados por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV), Fundación de Apoyo al Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR) y la Fundación Gestora de Servicios de Salud (FUNDAGES-HEAC).
El funcionario del Ejecutivo también anunció que se ordenó a las secretarias de Finanzas y Salud iniciar un proceso de selección, a través de un llamado a nivel nacional e internacional, para escoger un operador que ayude a implementar un sistema eficiente de la entrega de medicamentos en los hospitales públicos.
Destacó que “hasta el momento se ha logrado transparentar la compra de medicamentos, pero”, reconoció, “falta todavía afinar la dispensación de los fármacos, para que lleguen efectivamente a los pacientes a la par de la mejora en la atención”.
Agregó que en un término de 90 a 100 días se contará con la elección del operador que se encargará de la entrega de los medicamentos, como parte del proceso de mejora de dicha actividad.

http://www.tiempo.hn/hospitales-mario-rivas-y-leonardo-martinez-pasaran-a-manos-de-organizaciones-no-gubernamentales/

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Siguiendo  las orientaciones  del  FMI, mejor conocido como Fondo Mortuorio Internacional, una vez fuera  del ambito gubernamental  el sector salud u otros entes  de  servicios  públicos llevados a la quiebra por deliberada  mala administracion,desfalcos,corrupcion etc,etc, pasan  a control de  ONGs,luego éstas  fracasan por  enorme carga administrativa y posteriormente se privatizan los  servicios.

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Se acelera proceso privatizador de empresas estatales

Jul 17, 2015

Las instituciones estatales enfrentan un sistemático proceso de privatización que se lleva de encuentro a trabajadores, administración financiera y los intereses del pueblo hondureño.

Los casos de Hondutel, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Nacional Portuaria (ENP), Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entre otros, coinciden en los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores bajo lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El proceso se agudizó con suspensiones en Hondutel, ENP y la ENEE, quienes hasta la fecha entre todos registran más de cinco mil empleados separados, quienes no han recibido pago de sus prestaciones.

El SANAA no se ha quedado atrás y es que en enero de este año fueron suspendidos y posteriormente despedidos unos 180 empleados a quienes no se les ha pagado sus derechos a pesar de las gestiones legales.

El FMI en la firma del último acuerdo de cooperación con Honduras puntualizó en la necesidad de depurar las instituciones del Estado a través de despidos y transiciones que lleven su administración a instancias privadas.

Sectores sindicales de la Enee, como el caso de su presidente Miguel Aguilar ha manifestado en reiteradas ocasiones que la política que tiene todo el respaldo del gobierno, busca destruir lo que todavía le pertenece al pueblo hondureño.

Esa política ha generado acciones de resistencia en todos los terrenos, tanto en lo legal como en las calles.

Hace más de una semana el sindicato del SANAA inició una huelga indefinida en las regionales de Tegucigalpa, Choluteca, Catacamas, Santa Rosa de Copán, El Progreso y La Ceiba.

Maria Concepción Reyes sindicalista aseguró que tomarán acciones hasta que las autoridades cumplan con algunas de sus demandas que consisten en la no privatización de la institución que generará el manejo del agua a la empresa privada y también el reintegro de los suspendidos y suspendidas.

Por otra parte Reyes dice que si son despedidos el gobierno debe cumplir con el pago de sus derechos laborales.

“Seguimos esperando respuestas de nuestras demandas laborales”, declaró.

Camino a la privatización

El momento que viven las entidades estatales es parte del proceso de privatización de las instituciones programado por los organismos internacionales.

La Enee está a punto de pasar a una alianza público-privada que manejará su administración financiera y laboral.

Mismo camino lleva Hondutel y la ENP; mientras que el Sanaa dejará de existir dando paso a la municipalización del agua que posteriormente culminan en las privatizaciones, tal es el caso de Aguas de San Pedro, en San Pedro Sula, Aguas de Choloma, entre otros.

Fredin Fúnez representante legal de un grupo de empleados despedidos del SANAA, dijo en los espacios de noticias de Radio Progreso que el Estado ha violentado tanto los derechos laborales y mediante esa forma evita la reacción de estos sectores en las calles que puedan impedir el proceso de privatización de las instituciones.

Para Fúnez el Estado implementa uno de los peores ataques neoliberales de los últimos tiempos que se lleva de encuentro a trabajadores y trabajadoras.

El dirigente sindical Carlos H. Reyes también habló sobre el tema y dijo que el FMI es uno de los principales responsables de estos ataques, como de la corrupción e impunidad en Honduras.

Reyes afirmó que todas las estatales están culminando su camino a la privatización, que viene desde hace mucho tiempo y que significó instancias de denuncia y lucha, como lo fue la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP).

En ese sentido Reyes considera que el pueblo debe organizarse desde la base, superando las limitantes de las dirigencias burocráticas para así enfrentar las privatizaciones.

Organización y movilización

La organización y movilización de los sectores afectados por los despidos y privatizaciones siguen con una tarea sin poderse cumplir.

La dirigencia sindical no pasó de su discurso de estar contra los despidos y privatizaciones, pero no tomó una postura beligerante ante esta situación.

La base de trabajadores y trabajadoras han demostrado sus intenciones de luchar como método de combate a las políticas gubernamentales.

Carlos H. Reyes hace una valoración sobre la necesidad de volver a las calles para defender lo del pueblo y en ese contexto afirmó que se debe hacer un balance de la coyuntura actual.

“Venimos del proceso de la CNRP, que fue la instancia de denuncia y defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y las comunidades, lamentablemente eso fue absorbido por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que después de la llegada de Zelaya y los acuerdos de Cartagena se diluyó en un partido político (Libre).

Nos hicieron creer que ganando las elecciones se acabarían los problemas, abandonando la lucha social y eso permitió que las privatizaciones y ataques avanzaran mientras todo se diluía en lo electoral”, enfatizó Reyes.

Tras esa valoración Reyes cree que se debe aprender del pasado y dar paso a la organización de un movimiento parecido a la CNRP que recupere terreno en la lucha contra las políticas neoliberales desde la base pura que está libre de burocracias.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2242-se-agudiza-proceso-privatizador-de-empresas-estatales

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Sitramedhys rechaza privatización de medicamentos

 Diversos sectores se oponen a que la entrega de medicinas se haga mediante las farmacias privadas, ya que aducen que este mecanismo se puede prestar a varias situaciones irregulares y lo califican como un mecanismo de privatización.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares de Honduras (Sitramedhys), Miguel Mejía, manifestó que esta decisión de parte del gobierno es el primer paso para una privatización en el sistema sanitario público.

“Estamos en contra porque sin duda esta decisión es el primer paso para una privatización en el sistema público de salud, para que las farmacias privadas manejen los medicamentos”.

“No es posible que la ministra Yolani Batres esté cuestionando a los empleados de Salud de la pérdida de medicamentos y en especial del último caso donde se perdieron unos 10 millones en acetaminofén, cuando los verdaderos responsables son sus colaboradores cercanos”.

El dirigente sindical señaló a José María Deras, como uno de los más cercanos empleados de la ministra de Salud y de ser responsable de los últimos acontecimientos para que los miles de hondureños no tengan acceso a las medicinas.

Mejía agregó que el Ministerio Público (MP) ya tiene conocimiento de quiénes son los verdaderos responsables de esa pérdida de medicamentos que sucedió y que fue descubierta la semana pasada en el Almacén Central de Medicamentos.

Sobre el mismo tema, se refirió el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Elmer Mayes, al manifestar que la decisión de entregar medinas por medio de farmacias privadas, lo que viene a hacer es a favorecer a algunas compañías farmacéuticas.

“Nosotros como médicos vamos a ser responsables con entregar las recetas que corresponden de acuerdo a lo que necesita el paciente, según su enfermedad, pero al ir a la farmacia lo que le van a entregar son medicinas genéricas las cuales no garantizan en un 100 % la cura del mal”, indicó Mayes.

Casi del mismo modo se expresó el presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Sitraihss), Héctor Escoto, al señalar que el Seguro Social se puede comprar cualquier cantidad de medicinas si le dieran parte del fideicomiso de 2,200 millones aprobado por el gobierno para la compra de medicinas.

“Esta decisión se presta a actos de corrupción, ya que los pacientes pedirán cualquier cantidad de recetas o volverán a consulta con el propósito de guardar las medicinas ante la escasez que existe en la actualidad”.

Sin embargo, el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Hilario Espinoza, explicó que la decisión de otorgar las medicinas por medio de las farmacias privadas es buena ya que se busca como único objetivo beneficiar al paciente.

“Mire los pacientes y enfermos que llegan en la actualidad a los hospitales públicos no reciben ninguna medicina y esto viene ocurriendo en los últimos años, por lo que veo con buenos ojos esta medida gubernamental”. (ML)

REACCIONES

YOLANI BATRES
“Las medicinas brindadas por las farmacias privadas serán supervisadas por Transparencia Internacional”.

MIGUEL MEJIA
“Este es el primer paso a la privatización de la Salud”.

HECTOR ESCOTO
“Con esos fondos del fidecomiso aprobado el Seguro compraría toneladas de medicinas”.

HILARIO ESPINOZA
“Estoy de acuerdo con la entrega de medicinas de esa forma porque beneficia al paciente”.

ELMER MAYES
“El Colegio Químico Farmacéutico debe supervisar la calidad de las medicinas”.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/06/12/sitramedhys-rechaza-privatizacion-de-medicamentos/

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Privatización de la educación otra amenaza que deben enfrentar estudiantes

Jun 12, 2015

Un nuevo día del estudiantado se celebró en nuestro país el pasado 11 de junio, la fecha fue celebrada con bombos y platillos por las autoridades, mientras que algunos movimientos estudiantiles lo conmemoraron protestando por la defensa de la educación pública.

La fecha se ha convertido en un cliché y lejos de crear reflexión sobre la precariedad educativa se sigue omitiendo el abandono de los centros, las políticas de privatización y exclusión.

En reacción inmediata a las condiciones objetivas de la coyuntura educativa, los movimientos estudiantiles ven como tarea fundamental la organización y unidad de acción, estrategia que permitiría la lucha conjunta en contra los programas privatizadores que se aplican en Latinoamérica.

¿Es fácil para los pobres acceder a la educación pública?

Cada año la población hondureña enfrenta nuevos retos para acceder a su formación académica.

La situación económica, las reformas educativas, creación de leyes y el abandono estatal son los principales obstáculos para la gente de escasos recursos que busca cursar un plan educativo.

Con el aumento de la canasta básica, el incremento del transporte y el desempleo hace cada vez más difícil que la juventud pueda cursar tanto la educación primaria, secundaria y superior.

Factores como estos hacen que los padres y madres de familia no puedan financiar el estudio de sus hijos en primaria y secundaria; de la misma forma obliga a los estudiantes a trabajar y estudiar para pagar su formación.

Cada año que se celebra el día del estudiante, las autoridades tanto gubernamentales como las universitarias de los distintos centros, regalan el recuerdo a los alumnos y alumnas del abandono estatal de los centros y las reformas económicas aprobadas que afectan los bolsillos de los estudiantes.

Erlin Gutiérrez estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), habla sobre las dificultades que enfrentan muchos estudiantes ante tal situación.

“En la actualidad es difícil acceder a la educación, muchos alumnos van a sus centros con solo el dinero para el pasaje, en ocasiones ni para eso, además estudios han reflejado que hay más de 20 mil estudiantes con grado de desnutrición”.

Gutiérrez afirmó que esas limitantes son solo una parte de todas las medidas que dificultan el acceso a la educación pública.

“La mayor parte de gente es de escasos recursos económicos, por lo tanto no todos tienen posibilidades de matricularse en un centro privado y llegan con mucho esfuerzo a lo público, que cada vez es más privado”, argumentó.

¿Por qué lo público es cada vez más privado?

Tal interrogante es parte de los cuestionamientos diarios de los estudiantes, quienes buscan respuestas coherentes ante la situación que enfrentan en todo el territorio nacional.

Las transformaciones han sido evidentes y es que antes no se pagaba tanto por recibir clases de forma óptima, pedagógica y de calidad.

Pero las transiciones no son parte de la casualidad ni tampoco de hechos accidentales; todo lo contrario, está en el plan estructural de los sistemas económicos y políticos del momento.

El mundo experimenta en carne propia la implementación de un sistema capitalista del que emanan algunas doctrinas económicas, una de ellas es el Neoliberalismo.

Este fenómeno se ha convertido en la apuesta de organización económica de los organismos internacionales para controlar países y aplicar su política en las regiones que ellos consideran estratégicas a cambio de financiamiento a los gobiernos.

En lo que respecta a la educación, las políticas neoliberales se han aplicado en toda América Latina, abriendo procesos de lucha y oposición de los estudiantes, quienes han resistido contra las privatizaciones.

La aplicación de nuevas Leyes y reformas económicas se implementan con mucha fuerza en países como Chile, Uruguay, Colombia, México, Honduras, entre otros.

La estrategia se orienta en torno a puntos fundamentales: privatización, exclusión y debilitamiento de lo gratuito, anteponiendo lo privado en vez de lo público.

Ovét Córdova alumno de la carrera de Sociología de la UNAH-VS aseguró que la experiencia de Honduras es parte de la obediencia gubernamental hacia el Fondo Monetario Internacional, quienes a través de financiamiento han logrado estipular un pliego de condiciones que el Estado debe cumplir.

Córdova argumentó que en Honduras ese plan se ha fortalecido en los últimos años con las nuevas políticas educativas impulsadas por el gobierno.

Erlin Gutiérrez hace alusión a tal afirmación: “las medidas de privatización en Honduras han avanzado duramente, hay tres grandes proyectos que privatizan el sistema educativo nacional: Ley de Municipalización de la Educación en primaria, Ley Fundamental de Educación en secundaria y el Anteproyecto de Ley de Educación superior.

Todos esos procesos son parte de los lineamientos de los organismos internacionales para que el gobierno las cumpla, el cual persigue varios objetivos, uno de ellos es: la exclusión que favorece a las universidades privadas, la privatización mediante el incremento de precios y la creación de una ideología que hace pensar a la población que es mejor lo privado que lo público.

“Las medidas de privatización vienen con un paquete económico, en el que ante el abandono adrede del Estado, a los centros les toca ser auto sostenibles mediante gastos de padres de familia, docentes y alumnos, eso debilita la educación pública.

A raíz de eso las autoridades implementan paquetes de medidas económicas que han convertido en un negocio a la educación y de esta estrategia no se salva ninguno de los niveles educativos”, analizó Gutiérrez.

El análisis de Gutiérrez se da en el marco de las implicaciones y objetivos de las reformas en el nivel primario, donde a través de la municipalización de la educación se busca tercerizar los servicios; tales experiencias ya implementadas en otros sectores estatales han llevado a las futuras intervenciones de la empresa privada y al desentendimiento del Estado por lo público.

El mismo camino persigue el nivel secundario en el que por medio de la Ley Fundamental de Educación se aplican medidas que no son acorde a la realidad del sistema público, que se encuentra abandonado por el gobierno en materia de infraestructura y pedagógicamente.

En ese sentido el sistema universitario se ve amenazado por el debate actual del Anteproyecto de Ley de Educación Superior (LES) que vendría a coronar ese proceso sistemático de privatización de la educación.

Organización: una tarea pendiente

“Toda acción produce una reacción”, argumentaba Isaac Newton en su tercera ley fundamental denominada: “Ley de Acción y Reacción”.

Esto es lo que ha sucedido en América Latina ante la aplicación de las medidas neoliberales que privatizan la educación, que abrieron la coyuntura de resistencia y defensa de la educación pública.

Honduras no ha sido la excepción y es que en los últimos años hemos visto un aumento cualitativo y cuantitativo de la lucha estudiantil.

Las luchas se han extendido desde el nivel de educación media, con las protestas de este año en el que incluso fueron asesinados varios dirigentes estudiantiles, hechos que siguen en la impunidad.

En ese enfoque las movilizaciones se agudizaron en el sistema superior, quienes desde hace dos años han luchado contra las intenciones de aprobar una nueva Ley de Educación Superior y sus paquetes económicos que desde ya se aplican y forman parte de esa transición.

Pero la tarea organizativa que junte a todos los sectores en una plataforma que los movilice mediante un programa unificado de exigencias sigue siendo parte de las tareas a cumplir.

Para llegar a la meta ya se han dado indicios, uno de esos intentos fue el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios (ENEU) que se desarrolló el 6 de septiembre del 2013, donde participaron organizaciones del movimiento estudiantil, universitario y de media en donde se conformó un plan inicial de lucha, pero al que no se le dio el seguimiento que requiere la coyuntura.

Córdova uno de los organizadores de la actividad contó que: en él se acordó un plan de lucha para exigir mejores condiciones académicas, la defensa de la educación pública y la no aprobación del anteproyecto de Ley de Educación Superior.

La dirigencia estudiantil es consciente que la organización forma parte de las tareas articuladoras a cumplir en el marco de la defensa de la educación pública.

Mientras esto sucede, las medidas neoliberales, el abandono estatal y la anteposición de lo público a lo privado continúa avanzando a pasos agigantados con la venia e impulso del Estado.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2142-en-su-d%C3%ADa-estudiantes-experimentan-procesos-de-privatizaci%C3%B3n

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Se viene privatización en la entrega de medicinas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

npg.acetaminofén

Los hondureños que visiten los hospitales públicos y el Seguro Social y que la entregarles sus recetas,  no encuentren medicamentos en las farmacias de esos centros,  podrán pasar por farmacias privadas con sus respectivas recetas para que les dispensen lo que el médico les indicó.
Esta  decisión fue tomada anoche por el presidente hondureño en una sesión extraordinaria del consejo de ministros.

 

En esa sesión se aprobó además, la ampliación del fideicomiso de compras de medicamentos por el orden de los 2,300 millones de lempiras para triplicar las medicinas que adquiera la Secretaría de Salud.
Otra determinación aprobada es la compra de medicamentos para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la supervisión de Transparencia Internacional.

Luego de la reunión el ministro coordinador del Gabinete de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, informó en conferencia de prensa que el mecanismo consiste en la dispensación de los medicamentos recetados a los pacientes por los médicos de la Secretaría de Salud y del IHSS, los que serán priorizados en los almacenes de los hospitales que no se encuentren las medicinas.
Hernández Alcerro,  explicó que las medicinas recetadas podrán ser entregadas por farmacias privadas o cooperativas de farmacias, una vez se compruebe que no hay en los almacenes y bodegas del Gobierno

 

La propuesta de entregar las medicinas a través de las farmacias privadas no es nueva en el Partido Nacional de Honduras.

En campaña Ricardo  Álvarez proponía  allá por Julio de 2011 que “toda receta que salga de los hospitales públicos y centros de salud debe ser reclamada en las farmacias privadas y trasladar su costo al Estado, el que deberá tener un presupuesto asignado para asegurar que los pagos se hagan en el tiempo pertinente y evitar que se le suspenda el servicio a la población”.

Álvarez decía  que con un presupuesto de 150 millones de lempiras al año, el gobierno podría considerar esta propuesta que va encaminada a responder un derecho constitucional que es garantizar la salud del pueblo.

Esta propuesta del exalcalde capitalino, fue tomada por el actual presidente Juan Orlando Hernández una vez que hizo las paces con Ricardo luego de cambiarle la sala constitucional y rechazarle su petición de “voto por voto”.

La iniciativa del alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, sobre el suministro de medicinas a los pacientes de los hospitales públicos por parte de las farmacias privadas fue rechazada por el Colegio Médico Hondureño (CMH), que veremos si esta vez lo acepta o nuevamente la vuelve a rechazar.

Fuente: http://criterio.hn/se-viene-privatizacion-en-la-entrega-de-medicinas/

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COALIANZA se atribuyó amplios poderes

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COALIANZA se atribuyó amplios poderes
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición Civil para la Auditoria Social del Proceso de Alianza Publico Privada (APP), presentó un informe a la sociedad civil, acerca de la iniciativa del gobierno en la creación de COALIANZA.
La coalición está conformada por más de 11 organizaciones de sociedad civil como la Red de Comisiones de Transparencia, Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras (CESADEH), el Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (FOSDEH), la Fundación Democracia sin Fronteras, Fian-Honduras, Espacio Regional de Occidente Al-Eroc, Institución de Desarrollo de Mujeres Lencas de Honduras (IDESMUL) entre otras.
El objetivo de este trabajo es contribuir con una visión crítica y propositiva a la orientación del proceso de APP y fomentar el ejercicio ciudadano de vigilar y evaluar el accionar del sector público a través de la creación de mecanismos de control ciudadano.
Uno de los hallazgos de la investigación fue la centralización del poder de COALIANZA, bajo el control jurídico establecido este ente se eroga el poder y centraliza las decisiones principales del proceso. Desconociendo un enorme conjunto de normativas nacionales e internacionales que deben aplicarse en las APP. Aseguran que el manual del proceso de COALIANZA está incompleto por centrarse en la ley inmediata que les rige.
Aducen que no se crearon condiciones claves para las APP para el análisis y registro de los riesgos y actividad económica, la articulación del sistema público que permitiera mayor eficacia, eficiencia e impacto. La autoría comprueba la tendencia a improvisación, plantea el desafío de invertir en prepararse y capitalizar los aprendizajes y en lo posible reparar el daño causado.
Comprueba prevalencia de criterios políticos con el desafío de superar la improvisación en la planificación, falta de análisis ambiental y participación y el sector privado los Bancos ponen las normas. Uno de los desafíos es cambiar la tendencia de las APP no es posible con pequeñas reformas y el Estado debe crear una agenda y visión global del rol de la APP en la inversión pública.
El informe fundamento su investigación en artículos constitucionales, Ley de visión de País y Plan de Nación, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, Código de conducta Ética del Servidor Público, Alianza para el Gobierno Abierto (Programa), Convenio con Transparencia Internacional (Firma), Ley de Promoción de Alianzas Publico Privada (APP), entre otras.
Entre los hallazgos resaltaron que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COLIANZA), Secretaria de Finanzas (SEFIN) y la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAPP), no tienen obligación de publicación de oficio y solo mediante el mecanismo de petición ciudadana. En conclusión que los procesos de participación ciudadana y auditoria social obedecen a una falta de voluntad política en su cumplimiento.
El proceso
Ángela Nubia Casco Espinal coordinadora de la Red de Comisiones de Transparencia a nivel nacional índico que existe un programa de diseño del Estado que por primera vez se implementa en Honduras con el nombre de “Alianza Publico Privada”, fue implementado hace cinco años en el país.
“Ya hay inversiones hechas por empresarios, por primera vez el país busca apoyo de inversión privada, juntamente con los fondos financieros de los impuestos de los hondureños”, adujo Casco. Las y los ciudadanos se interesaron en realizar auditorías porque observaron que había muchas debilidades, pero que con las auditorias han mejorado mucho las actividades.
Uno de los mecanismos utilizado fue basarse en diversas leyes, ya que no se puede auditar la parte financiera, porque es competencia del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le toca a las Redes de Transparencia es la parte social. Por ser el tema general el diseño y modelo de alianzas público privadas, se avocaron a COALIANZA por ser quien dirige el programa.
Casco señalo que uno de los resultados fue que la ley no contempla un marco legislativo que contempla un beneficio a algunos sectores de poder y es COALIANZA quien dirige las APP. Otra conclusión es que existen pasos dentro del proceso de inversión que no se cumplen en el proceso de información, “puede ser que en una mesa se negocie todo”, informo Casco.
Viendo la necesidad de hacer auditorias por la corrupción que ha ido avanzando, organizaciones como (IMPACTOS) ha creado proyectos de participación ciudadano por la inconformidad de los ciudadanos que han decidido apoyar en la participación de las auditorias sociales.

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Parlamento hondureño aprueba ley de privatización de salud pese a críticas

sábado, 16 de mayo de 2015

https://youtu.be/hTREfO403aQHispanTV

Los sectores obreros de Honduras denuncian la privatización de la salud en este país, el Parlamento hondureño aprobó la nueva ley de protección social a pesar de estas denuncias.

Este nuevo marco legal es señalado de privatizador, los cambios van desde el aumento a las aportaciones de los afiliados, hasta la tercerización de servicios médicos a hospitales privados.
Los empresarios y banqueros culminaron la compra de varias clínicas privadas, ya que pretenden firmar contratos de tercerización con el Estado y cobrar el servicio que antes era público a los pacientes.

Los hospitales públicos en su gran mayoría carecen de medicamentos, insumos y los pacientes denuncian hasta malos tratos, muchos dicen quebraron la institución para entregarla a los empresarios.
En el Parlamento hondureño solo el Partido Libertad y Refundación (Libre) se opuso y voto en contra de esta nueva ley, pero no fue suficiente.
La cobertura del seguro social alcanza los 600 mil afiliados, el Estado anunció que se elevó la cobertura para los hijos de los titulares hasta los 18 años de edad, pero esto no se cumple.
Antes de la modificación de la ley ya el sector salud hondureño presentaba una débil cobertura y un encarecimiento de los servicios.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
smd/mrk
 http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/31548/Parlamento-hondureno-aprueba-ley-de-privatizacion-de-salud-pese-a-criticas

 

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Protestan en el SANAA por municipalización del agua en Tegucigalpa

viernes, 15 de mayo de 2015

La Tribuna.hn/  15 de Mayo 2015 – 11:28 am.
 Los empleados del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en Tegucigalpa, Honduras, se tomaron este viernes varias de las instalaciones de esa entidad para protestar en contra de la municipalización del agua potable.
Los trabajadores se apostaron desde muy temprano en las afueras de los edificios del SANAA, localizados en la colonia Divanna, la primera avenida de Comayagüela y El Picacho.
A la protesta se sumaron varias juntas de agua de colonia de Tegucigalpa, quienes junto a los burócratas consideran que con la municipalización del agua se estaría privatizando el servicio.

sanaa-protesta-agua

Según se conoció, el documento que deja en firme la municipalización del agua será firmado este viernes por el Alcalde del Distrito Central, Nasry “Tito” Asfura y el gerente del SANAA, Luis Eveline.
Los empleados del SANAA, también dijeron que están inconformes porque hasta la fecha no les han dicho como queda la situación de su pasivo laboral, que era uno de los atrasos de la municipalización.
La presidenta de la junta de agua de la colonia Lomas del Norte, Olga Canales, dijo que se mantendrán en las instalaciones del SANAA, hasta que les den respuestas a sus exigencias.
 http://www.latribuna.hn/2015/05/15/protestan-en-el-sanaa-por-municipalizacion-del-agua-en-tegucigalpa/

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Ley Marco de Protección Social: un puente para privatizar sistema de salud

May 08, 2015

Luego de meses de discusión sobre once propuestas, el Congreso Nacional aprobó la  Ley Marco de Protección Social, que fue enviada  por Juan Orlando Hernández y dictaminada por una comisión especial multipartidaria. Dicha legislación había sido aprobada el 13 de enero en primer debate y el 24 de febrero en segundo debate, sin embargo, esta semana, tras las presiones del mandatario hondureño, los diputados del oficialismo mocionaron para sustituirla por una nueva propuesta.

Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, dijo que el nuevo dictamen, es decir, la nueva Ley Marco de Protección Social, fue consensuado en un 95 por ciento con los distintos actores. Carlos H. Reyes, integrante de la comisión que representó a las Centrales Obreras, declaró que el dictamen les fue entregado media hora antes de iniciar el tercer debate.

Por su parte, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada -COHEP-, aseguró que el nuevo dictamen sí establece la reserva laboral que es el cuatro por ciento y  que el patrono depositará en una cuenta individual a nombre del trabajador o trabajadora para garantizar cada una de las indemnizaciones, derechos, cesantías y prestaciones laborales.

El Congreso Nacional, a través de un resumen de la Ley Marco de Protección Social, apunta que “los hondureños somos muy dados a ver las cosas a corto plazo, es tiempo de que todos pensemos qué sucederá cuando ya lleguemos a la tercera edad. Esta ley prepara el terreno para que todos tengamos una vejez digna, con un pago de jubilación suficiente para cubrir gastos médicos y alimentación, y no ser carga para nuestros hijos”.

Al estilo de la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, la ley establece un Régimen de Piso de Protección Social, es decir,  “todos los beneficios sociales del gobierno: Bono de Vida Mejor, Bolsa Solidaria, Sepelio Digno y planes recreativos”.

Una ley que privatiza el sistema sanitario

La Ley Marco del Sistema de Protección Social da luz verde para la creación de gestores o administradores de la salud  de carácter privado y mixto.

El artículo 22, referente a las redes de unidades de servicios salud, establece que “con el propósito de brindar la adecuada administración, provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control de los servicios y los mejores estándares de calidad del Sistema, se autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro”.

Lo anterior, a criterio de la diputada del Partido Innovación y Unidad –PINU-, Doris Gutiérrez, es una forma de privatización de los servicios de salud, que violenta las disposiciones constitucionales que señalan que los servicios de seguridad social deben ser prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-.

“Hay artículos que lógicamente se ven favorables, por ejemplo lo que tiene que ver con protección social; con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la administración de ese sistema de protección social que prácticamente va a caer a manos privadas. Yo puse un ejemplo, lo que está pasando con Proheco – Centros de Educación Comunitaria-, lo pusieron en manos de sector mixto y muchas de esas instituciones se quedaron con la mitad del dinero de los maestros y a estas alturas les deben cinco meses, entonces nosotros no estamos de acuerdo con los procesos de privatización”, dijo Gutiérrez.

El diputado de Libertad y Refundación –LIBRE-, Rasel Tomé, denunció en el hemiciclo legislativo que las unidades prestadoras de salud ya tienen nombre y apellido, y afirma que dos de los más grandes grupos económicos del país estarán a cargo de los servicios contratados por el IHSS.

“Lo dije en la Cámara y lo puedo decir ante estos medios, va dedicado a dos grupos: el Grupo FICOHSA que está impulsando Por Su Salud y está adquiriendo hospitales privados, y el Grupo de Seguros Atlántida, entonces esos dos grupos son los que van a tragarse todo el Sistema de Seguridad Social”, detalló Tomé.

No hay privatización, asegura junta interventora del IHSS

German Leitzelar, miembro de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social- IHSS-, manifiesta que las declaraciones del diputado de LIBRE, Rasel Tomé, no tiene sustento jurídico y fundamento de ley.

Leitzelar asegura que las unidades prestadoras o gestoras de salud son parte de la estructuración del sistema de salud para garantizar los derechos y los beneficios de los trabajadores y trabajadoras, y no de un mecanismo privatizador.

“Eso son meras elucubraciones y planteamientos que no tienen sustentación. Yo le voy a poner un ejemplo concreto, el Seguro Social, en este momento, opera a nivel nacional con subrogación, con tercerización de los servicios a nivel nacional en donde el Seguro no tiene instalaciones y eso no ha privatizado al Seguro Social; lo que ha habido son mecanismos  inadecuados de esa subrogación y mecanismos inadecuados con falta de controles, de supervisión adecuada y de contratación definida a través de requisitos que garanticen los derechos de los trabajadores”, aseguró Leitzelar.

Leitzelar dijo a Radio Progreso que la actual Ley del Seguro Social dicta la subrogación, “por lo tanto lo que estamos haciendo es estructurándola de tal manera que garantice los beneficios”.

Se busca “tapar” el desfalco del Seguro Social

La sub coordinadora de la bancada del partido LIBRE, Scherly Arriaga, también deja en claro que la normativa busca privatizar el sistema de salud, pero además “tapar” el desfalco de siete mil millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, durante la administración de Mario Zelaya Rojas.

“Nosotros defendemos las garantías constitucionales del pueblo hondureño, y son la educación y salud gratuita, este gobierno está violentando esos derechos. Sobre todo, lamentamos que los grandes actos de corrupción los tenga que pagar el pueblo con una privatización, es una estrategia del Partido Nacional el haber quebrado el Instituto Hondureño de Seguridad Social para implementar una ley que privatiza los servicios”, manifestó Arriaga.

“Liquidan” el Régimen de Aportaciones Privadas

La cotización del tres por ciento  del sueldo que cada empleado y empleada realiza al Régimen de Aportaciones Privadas –RAP- , ahora pasará al cuatro por ciento de la reserva laboral que dicta la nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social.

Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores –CGT-, explica que dicho dictamen “liquidará” o desaparecerá el RAP al  crearse la Ley Administradora de Fondos de Pensiones –AFP-.

“Mire, con un decreto de transición que metieron, en donde le quitan el tiempo para que se pueda readaptar o reformular el RAP, que eran 18 meses, lo liquidan; o sea, no está en condiciones competitivas, se quedaría sin recursos frescos. Estamos hablando con los diputados para que ver qué posibilidad hay de que nos den un tiempo que nos podamos adaptar y volvernos competitivos frente al sector privado”, detalló el dirigente obrero.

La comisión que dictaminó y sustituyó once veces el proyecto la Ley Marco de Protección Social afirma que  el RAP tendrá “el monopolio en el manejo de estos fondos mientras se aprueba la nueva ley AFP, cuando eso pase el trabajador va a poder llevar su cuenta a cualquier banco o dejarlo en el RAP, esto obligará al RAP a competir en beneficios para que nadie se lleve su cuenta a otro lado, pero esta ley no se aprobará en el futuro próximo”.

Por su parte la coordinadora de la bancada del Partido Anticorrupción –PAC-, Fátima Mena, opina que ante la deuda histórica del Estado hondureño con la seguridad social era necesario crear un nuevo marco regulatorio para un sistema sanitario que ha colapsado.

Mena espera que la Ley Marco de Protección Social no sea un instrumento para captar fondos y vuelvan a repetirse los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La Ley Marco de Protección Social se aprobó horas después que la Secretaría de Salud anunciara que diez hospitales serán administrados por Organizaciones No Gubernamentales, para garantizar la eficiencia y transparencia de los presupuestos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2059-ley-marco-de-protecci%C3%B3n-social-un-puente-para-privatizaci%C3%B3n-del-sistema-de-salud

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¿Inició la privatización del sistema de salud pública en Honduras?

May 08, 2015

La incapacidad del Estado de sostener a los hospitales públicos del país abrió el camino a una nueva política de transición en el sistema de salud pública.

La estrategia consiste en implementar un proceso donde el gobierno dejará de administrar diez hospitales públicos y los traspasará a manos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) para que sean ellas quienes dirijan su funcionamiento y financiamiento.

El anuncio fue realizado por la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Salud, Sandra Pinel en el que dijo que el Hospital de San Lorenzo, Hospital La Esperanza, el de Gracias, Lempira y el Leonardo Martínez de San Pedro Sula junto a otros cinco centros se someterán al experimento que busca mejorar la administración y gestión de los hospitales.

La iniciativa fue aprobada después del golpe de Estado, justo en diciembre del 2009 mediante la Ley 286-2009.

El viacrucis de un enfermo

Eran las once de la noche en San Pedro Sula y María Chapas sufría de presión alta, de inmediato llamó a un familiar para que la trasladara al hospital público de la zona.

Afortunadamente el familiar contestó y pudo llevarla al hospital. Ella no tenía un lempira para pagar un taxi a esa hora de la noche.

Al llegar al sitio con la esperanza de ser atendida con prontitud y recibir un tratamiento para bajar su presión arterial vio un escenario que desvaneció su ilusión de inmediato. La sala estaba tan llena como una fila de hinchas del fútbol a punto de entrar a un estadio a ver un juego decisivo de su selección en las eliminatorias mundialistas.

Para rematar, en el centro solo había dos doctores al servicio de la gran demanda de pacientes.

Para salvar su vida y evitar que su presión superará los “190” y así prevenir un derrame cerebral o un paro cardiaco, sus familiares buscaron a un “conocido” que la ingresara a la sala de atención.

Con la suerte que no todos cuentan, porque no tienen “contactos” lograron ubicar a un amigo que es empleado y agilizó su ingreso a consulta y al ser atendida  el médico le dijo que: “debe comprar dos medicinas, acá en la farmacia del hospital no hay, así que vaya busque en una farmacia afuera y regrese en dos horas para ver si la presión baja. Hágalo rápido porque su presión está demasiado alta”.

En su desesperado camino por conseguir los medicamentos observó en la Sala de Emergencia a niños llorando por dolor, señores de la tercera edad con fiebre y así a muchas personas que esperaban desde hace muchas horas para ser atendidos.

Al final logró conseguir las medicinas que a sus familiares les costó más de 300 lempiras y logró sobrevivir.

El episodio de María muestra las estrategias que un enfermo debe seguir en el sistema público y también el calvario que viven muchos que sin dinero, ni contactos no pueden acceder a un doctor con prontitud. Mucho menos podrán adquirir los medicamentos gratuitos.

Crisis total

En el sistema sanitario las alarmas están encendidas, el desabastecimiento de medicamentos e insumos generaron protestas en la última semana de abril por parte de los empleados de salud.

Un ejemplo de la calamidad es el Hospital Mario Catarino Rivas, quien hasta la fecha tiene solo un 25% de medicinas.

Otro ejemplo concreto son los pacientes de enfermedades crónicas, específicamente los de Esclerosis Múltiple quienes en el centro tienen más de dos años de no recibir medicinas, porque no forman parte del cuadro básico.

Suyapa Mejía, presidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple Amor dijo a Radio Progreso que ellos no pueden pagar su tratamiento porque mensualmente supera los 65 mil lempiras, cifra que para una persona pobre es inalcanzable.

En medio de esa crisis las autoridades de salud anunciaron esta semana que se perdieron más de 600 millones de lempiras en medicinas producto de vencimiento, situación que ha generado la exigencia de la sociedad civil para que se investigue a los responsables de la situación.

Traspaso a ONG´S: ¿Es la solución?

El fracaso de la administración estatal sobre el sistema sanitario que ha sido ratificado por sus principales autoridades, permite aplicar una nueva estrategia que consiste en desprenderse de su responsabilidad por sostener a los centros médicos y entregársela a las ONG´S.

En palabras de la directora del Hospital Mario Rivas, la doctora Ledy Brizzio el nuevo procedimiento dejará las siguientes ventajas:

“El propósito del gobierno es eficientar el manejo de los hospitales y que las necesidades sean resueltas de forma inmediata y que no tengan que llegar a una instancia a nivel central para que se tomen decisiones importantes.

Es una buena oportunidad para los hospitales porque habrá respuestas administrativas de forma inmediata de contratación, medicinas; es decir se puede tomar decisiones a través de la junta directiva de quien lo maneje”.

Son gestiones compartidas, el Estado a través de un fideicomiso entregará fondos para el hospital, pero las organizaciones administradoras también son gestoras y podrán conseguir fondos para los gastos operativos de los hospitales” finalizó Brizzio.

Por su parte el Presidente de la Junta Directiva del Rivas, el doctor Merlin Fernández dijo que:

“La transición tiene más ventajas que desventajas, porque de una u otra forma permite autonomía para contratar y hacer compras de medicinas”

Asimismo la Subsecretaría de Salud Sandra Pinel declaró a medios de comunicación que: “no importa a quien se los entreguen los hospitales, sean ONG´S o empresas privadas, lo que visualizan es que quien los tome tenga la capacidad de una buena gestión”.

El debate se abre porque la sociedad ve el proceso como el inicio de la privatización.

María Manzano dirigente de las enfermeras en San Pedro Sula acusó al gobierno de buscar implementar un proceso de privatización.

En ese sentido manifestó: “para todo el personal de enfermería esto es una privatización, no estamos de acuerdo con esta medida del gobierno.

Es obligación de todo gobierno darle salud a su pueblo.

El gobierno está haciendo esto porque quieren implementar una privatización de los hospitales que deben ser públicos por derecho constitucional.

Prueba de ello es que seguimos sin medicinas ni insumos para trabajar.

Nosotros tenemos el derecho a protestar y exigir que esto no suceda y defender el derecho de todo el pueblo hondureño”, concluyó.

Merlin Fernández desmintió la caracterización explicando que:

“No es una privatización lo que se hace con esta medida, cuando se habla de privatización es otro concepto, es cuando el Estado se desaparta totalmente y transfiere todo a la empresa privada y este no es el caso

Acá se descentraliza a organizaciones locales que son de servicio que pueden apoyar en el proceso para hacer más efectiva la gestión de los recursos, pero no es un proceso de privatización”.

Pero no todos los profesionales de la medicina piensan como el doctor Fernández, para el caso el médico Efraín Fajardo explicó: “cuando el Estado relega su responsabilidad directa de sostener los centros médicos a otras organizaciones, incumple con su deber y por consiguiente se le violenta el derecho constitucional de recibir salud a la gente.

Mediante eso ya se prepara el terreno de la privatización y el más afectado será el pueblo hondureño”, siguió argumentando.

Por su parte el analista político Allan Núñez retoma la caracterización de  Fajardo afirmando que con la nueva disposición el Estado se libra de su responsabilidad de sostener los centros médicos, porque responde a las presiones de los organismos internacionales de entregar todo a manos privadas.

“Hay un proceso de mercantilización de la salud pública en el país que se consolida con esta nueva propuesta de descentralización.

La gente ahora debe comprar todo para ser atendido, desde medicinas hasta insumos, eso es un proceso de privatización indirecta que fortalece la medida hasta concretarla en su totalidad”, puntualizó.

Sobre el costo que la población paga en los hospitales públicos, Merlin Fernández continuó diciendo: “hay una tarifa voluntaria de contribución que se maneja como una cuota de recuperación, eso no es una privatización”.

En el marco de los derechos humanos, el integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos en el Valle de Sula, Luis Chévez concluye que: “se va privatizar totalmente la salud, imagínese que nunca se ha contado con un buen sistema de salud y ahora con esta dinámica la situación empeorará porque la gente que no tiene recursos no puede acceder a salud privada.

Hemos perdido la institucionalidad que nos está llevando al caos y que es promovido por los organismos internacionales”.

Futuro inmediato

Con las transiciones el primer paso es conformar juntas administradoras de los hospitales dirigidas por las ONG´S, significa que estas entidades serán las encargadas de contratar personal, gestionar dinero ante los organismos nacionales e internacionales para medicinas e insumos y responder por todo lo que suceda en los centros médicos.

Merlin Fernández dice que una de las desventajas que ve es que: “podría ser que estemos amarrados con normas y procedimientos y que eso se constituya en trámites engorrosos”.

También: “se corre el riesgo que todo el peso de administración caigan en las organizaciones que los maneje, es el riesgo que tenemos, por eso digo que la capacidad de acción depende del nivel de descentralización que se tiene”.

Para el doctor Efraín Fajardo el siguiente escenario es muy latente: “cuando las instituciones no puedan sostener los hospitales, entonces es ahí donde las grandes instituciones empresariales y bancarias saldrán al rescate y bajo el argumento que el gobierno es incapaz de administrar la salud y que también las organizaciones no gubernamentales lo son, entonces vendrán las propuestas de intervención y administración privada de los centros.

Esto no contribuye a garantizar que los centros hospitalarios mejoren, sino todo lo contrario los somete a un proceso de debilitamiento, porque ahora las organizaciones deberán gestionar para sostener los centros y eso es impredecible.

A la gente le quedará alistar dinero, porque para acceder a los hospitales deberá pagar consulta, que ahora la llaman contribución, deberá pagar exámenes, medicinas y todo lo que tiene que ver con la atención.

La meta final de los grupos de poder es llevar esto a la privatización mediante procesos indirectos como ahora son pagos por compra de insumos porque no hay en hospitales, medicinas, entre otros”.

Privatización y destrucción de organizaciones obreras

Desde la implementación del neoliberalismo en el país a inicios de los 90´s con la administración de Rafael Leonardo Callejas inició un proceso de acuerdos y condicionamientos de los organismos internacionales, quienes a través de sus principales estructuras (Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo) pactaron financiamiento a cambio de varias políticas de Estado.

Una de ellas es la aplicación de programas privatizadores que se lleven de encuentro a las instituciones estatales y también que destruyan las organizaciones de obreros que resisten a las medidas.

El analista político Martín García habló sobre el contenido de las políticas neoliberales que forman parte de los proyectos privatizadores que atrapan mediáticamente a las poblaciones con poco nivel educativo y hacen creer que las transformaciones privatizadoras son mejores y por ende se tiende a crear una cultura en la gente de menospreciar lo público.

“El neoliberalismo se interesa en que el Estado intervenga lo menos posible en los servicios públicos, es decir, le interesa que los servicios se vayan privatizando cada vez más, bajo la premisa de que lo privado produce más y mejor.

El problema es que se trata de una competencia injusta y excluyente.  Porque en nuestros países no todas las personas tienen las mismas oportunidades en este caso en salud.

Una alternativa a este sistema egoísta es considerar una visión más comunitaria: pensar y sentir que, si a la comunidad le va bien, a mi va bien.  Entonces no compito por lo “mío”, sino que colaboro por lo “nuestro”, concluyó García.

En ese contexto el analista Allan Núñez afirma que es un error creer que el proceso que vive la salud pública es aislado.

Él afirma que lo sucedido con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) no se diferencian de lo que pasa en la actualidad con el sistema sanitario.

“Estos procesos que se han implementado a nivel de las organizaciones estatales donde se han descentralizado y tercerizado responden a una política de ataque a la clase trabajadora, que es parte de las exigencias de los organismos internacionales como parte de la implementación del neoliberalismo en la región”

En su análisis manifiesta que estas instituciones también fueron sometidas a un mecanismo de transición y tercerización de servicios; es decir que el Estado dejó de administrarlos para pasarlos a la empresa privada.

Asimismo se refiere a que las políticas van dirigidas a la privatización pero también a un ataque sistemático a la clase obrera.

“Los trabajadores y trabajadoras también se verán afectados porque se deberán regir a los fundamentos de contrato que impongan las organizaciones administradoras y ya no existirán los contratos de plazas permanentes, significa que con esa medida también se afecta directamente a la clase trabajadora.

Por lo tanto se limitará la libre organización sindical y aparte de privatizar los servicios de salud pública esto será un ataque directo a todo intento de organización laboral que pretenda no solo defender sus derechos sino la salud pública y de calidad para las personas”.

 Intentos de oposición

Las medidas han generado acciones de resistencia, tal es el caso de La Esperanza, Intibucá donde varias organizaciones se han opuesto a la descentralización del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

Eva Sánchez integrante de la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas, afirma que ellas no comparten la propuesta por muchas razones.

“Nosotras nos oponemos, porque se habla que con esa transición la salud sería auto sostenible eso indica que el centro debe ver cómo consigue el dinero para su funcionamiento y eso no es correcto.

Eso significa que deben buscar la forma para obtener ingresos mediante cobros para comprar medicinas, insumos, exámenes de laboratorio, entre otros servicios. Por ahora el gobierno tiene abandonado los hospitales, es incapaz de sostenerlo por eso busca iniciar este proceso para luego privatizar los servicios”.

El defensor de derechos humanos Luis Chévez cree que: “nos queda  organizarnos y movilizarnos en contra de las medidas privatizadoras que se están dando en el país”.

“Se debe hacer un llamado a todas las organizaciones para crear una agenda en común de lucha en contra de todo esto que sucede”.

Mientras que Allan Núñez comparte que: “los sectores populares deben organizarse pronto y salir en conjunto a las demás demandas a protestar en defensa de los hospitales y la salud pública”.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2060-%C2%BFinici%C3%B3-la-privatizaci%C3%B3n-del-sistema-de-salud-p%C3%BAblica-en-honduras?

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Diputados hondureños privatizan Instituto de Seguridad Social

El diputado ultraderechista José Tomás Zambrano introdujo la moción que permite la privatización de la salud que, originalmente, fue aprobado el 13 de enero pasado en primer debate y el 24 de febrero en segundo debate.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La aplanadora bipartidista aprobó la noche del martes la privatización de los servicios de seguridad social en Honduras.

Con el apoyo de diputados de partidos minoritarios y el respaldo de los tránsfugas que renunciaron a la bancada de Libre, se aprobó la denominada “Ley Marco del Sistema de Protección Social para una Vida Mejor”, de la, aseguraron los proyectistas, fue “consensuada en un 95 por ciento con todos los sectores durante nueve meses”.

Arguyeron que tras el consenso, se aprobó un nuevo dictamen con todos los aportes, que es diferente al que se aprobó en primer y segundo debate y que allana el camino para que los hondureños tengan que pagar más por acceder a los servicios de salud que ofrece el Estado.

El diputado ultraderechista José Tomás Zambrano introdujo la moción que permite la privatización de la salud que, originalmente, fue aprobado el 13 de enero pasado en primer debate y el 24 de febrero en segundo debate.

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, visiblemente molesto, fue tajante al expresar que en la discusión y aprobación de esta ley que ha sido consensuada en un 95 por ciento, se continuarán buscando los puntos de encuentro con los distintos actores a fin de obtener el mejor producto para lo cual los diputados podrán hacer sus aportes a cada uno de los artículos.

El proyecto de ley que incluye 51 artículos, contiene la política social de Estado para “garantizar la seguridad social universal”, además de reconocer en términos de principios la seguridad social como un derecho humano.

Zambrano insistió que la ley fue ampliamente consensuada y socializada por nueve arduos meses con diferentes instituciones y organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/diputados-hondure%C3%B1os-privatizan-instituto-de-seguridad-social

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Honduras: Salud traspasará administración de diez hospitales a ONGs

martes, 5 de mayo de 2015

La Tribuna.hn/ 5 de May, 2015 – 1:45 am 
 Con el traspaso administrativo del Hospital de San Lorenzo, la Secretaría de Salud, inició la descentralización de diez hospitales públicos, que ahora estarán bajo la gestión de entidades no gubernamentales.

El nuevo esquema sanitario público es parte de la ley legislativa No. 286-2009, aprobado en diciembre del 2009 para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un Plan de Nación para Honduras, que contiene cuatro objetivos.
El primero detalla tener “una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social”, que establece alcanzar 95 por ciento de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.
Así la propuesta estratégica del gobierno contiene un plan nacional de Salud 2014 – 2018, en el que se priorizan diez metas. Entre esas se destaca que los 28 hospitales públicos del país estarán funcionando bajo un convenio-compromiso, gestión para resultados con un sistema efectivo de evaluación.
Asimismo, “diez hospitales funcionarán bajo la gestión descentralizada, garantizando la eficiencia y trasparencia en el uso del presupuesto”.
Otra de las características que tendrá el nuevo esquema sanitario, es que la Secretaría de Salud proporcionará presupuesto a los nuevos gestores de esos servicios.
Al respecto, la subsecretaria de Redes Integradas de Servicios de Salud, Sandra Pinel, manifestó que de esa manera están impulsando la gestión descentralizada de los servicios de salud desde hace algunos años.

Hospitales como este pasan a ser administrados por entidades no gubernamentales.

“En el primer nivel hemos logrado avanzar donde tenemos aproximadamente más establecimientos de salud de primer nivel que están funcionado de manera descentralizada y lo que se hace es que a través de una firma de un convenio de la gestión con otra entidad que no es la Secretaría de Salud para que ellos se hagan cargo de todo lo que es la administración de los servicios”, expresó Pinel.
Reiteró que en esta modalidad ya tienen la primera experiencia con el Hospital de San Lorenzo “donde se le ha dado a la Fundación de apoyo al Hospital de San Lorenzo, la gestión hospitalaria”, que ha sido con el fin de mejorar los servicios de salud.
Asimismo, ya cuentan con un plan definido de como funcionarán esos centros hospitalarios, que valla en función de la mejor atención de los pacientes.
A parte de la descentralización del Hospital de San Lorenzo, la funcionaria indicó que “ya tenemos listo varios hospitales, como el Hospital de La Esperanza, el de Gracias, Lempira, el Leonardo Martínez de San Pedro Sula y el de Gracias a Dios, que estamos en condiciones a descentralizarlos próximamente”.
De momento no mencionó cuáles serán los cinco hospitales restantes que pasarán a esa condición de descentralización.
Pinel detalló que no importa a quien se los entregan, sean ONGs o empresas privadas, lo que visualizan es que quien los tome tenga la capacidad de una buena gestión.

Sandra Pinel.

“Son fundaciones que están establecidas para apoyar los hospitales que se han constituido ese fin”.
Pinel dijo que esas fundaciones pasan a administrar fondos que son de la Secretaría de Salud, que serán supervisados en su gestión para que el Estado pueda proveerles de fondos, además los nuevos gestores se complementen hacer gestiones con entes nacionales e internacionales para conseguir financiamientos adicionales.
Las autoridades sanitarias aseguran que algunos de esos hospitales que pasan a gestión no gubernamental, estaban descuidados por las anteriores autoridades del sistema y por eso buscan mejóralos con nuevos mecanismos administrativos. (ECA)
http://www.latribuna.hn/2015/05/05/salud-traspasara-administracion-de-diez-hospitales-a-ongs/

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Gobierno pretende privatizar hospitales del país

YANALMENHOSPITALESLa presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras, Yaneth Almendares, aseguro que el gobierno de Juan Orlando Hernández esta privatizando varios hospitales del país y se los esta entregando a ONG´S manejadas por allegados a los que están dentro del mismo gobierno.

Almendares aseguro que “están vendiendo los hospitales a diferentes ONG para deshacerse de la obligación como estado de la salud del pueblo hondureño”.

Debido a esta privatización los costos se incrementaran y el pueblo tendrá que pagar un costo y comprar mas medicamentos en estos hospitales.

“No es cierto que le van a dar una mejor atención” dijo.

Yaneth Almendares dijo que ya hay listos unos 10 hospitales del país que en los próximos días serian privatizados y entregados a ONG´S que están en manos de cercanos a personajes que están dentro del gobierno.

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=10264

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La CA-5 es la unica carretera rentable de Honduras

Estas estadísticas tienen su factores para sacar estos resultados, como ser tránsito carros, camiones, rastras, furgones, Buses etc.

Además del tráfico se toman en cuenta, tarifas manejables para el bolsillo del ciudadano y la recuperación de inversión y utilidades para la Concesionaria.

La depreciación del lempira, obligará a las concesionarias a incrementar tarifa para Sostener estas inversiones millonarias, que el gobierno no puede hacer ni mantener.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/la-ca-5-es-la-unica-carretera-rentable-de-honduras/

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Con consulta buscan derogar contrato de Sulambiente

Abr 17, 2015

Instalados en el parque central de San Pedro Sula, miembros del Comité por la Defensa de los intereses de la ciudad de San Pedro Sula y Cortés, intentan recolectar más de 3 mil firmas para solicitar al poder Legislativo el desarrollo de una consulta para que sea la ciudadanía la que decida si desea o no la renovación del contrato de recolección de basura con la empresa Holding Electric, más conocida como Sulambiente.

Para este fin de semana miembros del comité junto a diputados del partido Anticorrupción (PAC) y Libertad y Refundación (Libre) recorrerán varios barrios y colonias de la ciudad en busca de las  firmas, además de informar las consecuencias que traerá a la población mantener un contrato que consideran abusivo y leonino.

“Para iniciar con el proceso de recolección de firmas tuvimos que realizar un engorroso trámite, además de pagar para instalarnos en el parque central. Con el incremento al Plan de Arbitrios ahora cada uno de los trámites que se realizan tienen un alto costo”, dijo Wilfredo Flores, ex regidor y miembro del Comité de Defensa.

Fue la semana anterior que el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Walter Banegas anunció que enviaría al Congreso Nacional una propuesta para desarrollar un plebiscito que derogue dicho contrato.

Lea también: Sulambiente: un fantasma del pasado que atormenta a San Pedro Sula. 

La propuesta de plebiscito del diputado Walter Alex Banegas, surge luego de que la junta directiva del Congreso Nacional se negara a aceptar una moción presentada por la también diputada de Cortés e integrante de la bancada del PAC, Fátima Mena.

En la moción, Mena pedía reconsiderar el punto de acta de la sesión del 18 de marzo donde fue aprobado el contrato entre la municipalidad de San Pedro Sula y el consorcio Holding Electric Centroamericana. La moción fue desestima por la presidenta en funciones, Lena Gutiérrez.

Respaldo popular

El profesor Ruy Díaz, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular del departamento de Cortés dice que la iniciativa es respaldada por la ciudadanía que sufrirá las consecuencias de este “abusivo” contrato.

Desde las organizaciones sociales dan un respaldo a la propuesta de convocar en las siguientes elecciones un plebiscito para consultar al pueblo de San Pedro Sula si quiere que el trabajo de recolección de basura lo realice esta empresa que a través de demanda ganó una millonaria cantidad sin prestar el servicio de recolección de basura.

Se tiene previsto que la recolección de firmas se extienda hasta el lunes 20 de abril, luego el 22 de abril los miembros del Comité de defensa de los intereses de San Pedro Sula llegarán hasta los bajos del Congreso Nacional donde entregarán a diputados de PAC y Libre las firmas para la solicitud de realizar la consulta popular, para que sea la ciudadanía sampedrana quien decida el futuro del servicio de recolección de desechos sólidos.

Díaz agrega que ese mismo día intentarán reunirse con el presidente Juan Orlando Hernández, a quien pedirán que vete la iniciativa aprobada semanas anteriores por el Congreso Nacional. “La preocupación debe llevarnos a realizar acciones para derogar esta aprobación. Desconocemos aún cuál contrato aprobaron los diputados, si el de la resolución de la Corte Suprema de Justicia o el elaborado por la municipalidad sampedrana”.

El dirigente Ruy Díaz dice que es impensable que la ciudadanía continúe con un contrato que es grosero para el bolsillo de los sampedranos y sampedranas, además que se suma a los abusos cometidos por las actuales autoridades de la alcaldía.

“El pueblo de San Pedro Sula paga una cuota altísima por el parqueo vehicular, además de los trancazos que trajo el recién aprobado Plan de Arbitrios y ahora este contrato con una empresa que no ha dejado nada bueno a la ciudad”, dijo el dirigente popular.

Según proyecciones del Comité de Defensa de los intereses de San Pedro Sula y Cortés, con la renovación del contrato de Sulambiente se incrementará la tasa por recolección de desechos sólidos hasta en un 400 por ciento, cifra que es imposible pagar para el pueblo pobre de esta ciudad.

Algunos de los ciudadanos y ciudadanas que llegaron a estampar la firma dicen que deben continuar las acciones porque este tipo de empresas solo dejan saqueadas las arcas municipales

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1994-con-consulta-buscan-derogar-contrato-con-sulambiente

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Autoridades municipales inspeccionaran zonas sampedranas para verificar que el contrato de recolección de basura se cumpla al pie de la letra.

“Esto lo debemos de ver desde el punto de vista técnico y en beneficio de la población sampedrana”.

El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, manifestó hoy que “se le respirara en la nuca”, a Sula Ambiente para que el contrato de recolección de basura sea cumplido y que la capital industrial del país permanezca limpia los 365 días del año.

Calidonio, a través de una cadena radial del país, aseguró que ellos como autoridades municipales estarán inspeccionando todas las aéreas de San Pedro para poder verificar que se recoja la basura, añadió, que no se dará un aumento en el presupuesto destinado en el contrato con la empresa Sula Ambiente.

“Esto lo debemos de ver desde el punto de vista técnico y en beneficio de la población sampedrana”, expresó el edil sampedrano.

El funcionario municipal, reiteró que con mucho respeto se estará supervisando a la empresa Sula Ambiente para que se cumpla el contrato de recolección y tratamiento de la basura.

Calidonio, invitó a la población sampedrana a colaborar con no votar basura en las calles para poder mantener una ciudad limpia.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/autoridades-municipales-inspeccionaran-zonas-sampedranas-para-verificar-que-el-contrato-de

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Congreso Nacional de Honduras convertido en circo de corrupción

En este momento nuevo trancazo a los sanpedranos. Los diputados de Libre (foto) sacaron manojos de billetes en señal de protesta, porque se pretendió aprobar el acta de un decreto abusivo contra la economia de los hondureños, la sesión previa a Semana Santa, y hoy aunque no fue debatido abiertamente, fue aprobado de manera fraudulenta, de acuerdo a parlamentarios opuestos a otro trancazo contra los habitantes del norte hondureño.

EN ESTE MOMENTO
Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Los diputados nacionalistas Tomás Zambrano, Sara Medina y Antonio Rivera Callejas llevan la corrupción en la sangre, dijo un diputado evidentemente molesto.

Esta noche los tres parlamentarios reían con aire frío de estafador, del que piensa que el abuso de autoridad es sabiduría divina; enfrente tenían la multitud de diputados de oposición que, gritando protestaban y les batían billetes en la cara por suponerlos cómplices del daño económico a los hondureños en general y, en particular, a los habitantes de la ciudad industrial de Honduras, San Pedro Sula.

Las bancadas de oposición en el Congreso Nacional de Honduras integradas principalmente por los partidos Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Anticorrupción (PAC) protestaron este martes de forma enérgica por la aprobación de un multimillonario contrato de recolección basura y otros servicios a favor de la empresa Sulambiente, que afectará otra vez y con fuerza los bolsillos de cientos de miles y empobrecidos sampedranos.

La aprobación del contrato, se dio sin que ocurriera la votación del pleno del Parlamento, cuando el bando oficialista votó a favor del contrato para que Sulambiente siga con el proceso de recolección de basura en San Pedro Sula.

Ante la negativa de la Junta Directiva del Congreso liderada por Tomás Sambrano, Sara Medina y Antonio Rivera Callejas, los diputados de LIBRE, PAC y el PINU se levantaron de sus butacas y se acercaron a la tribuna principal para enrostrar la ingratitud, actitud maliciosa y autoritarismo de la presidenta en turno del Congreso, Lena Gutiérrez.

En ese momento, los diputados de LIBRE sacaron manojos de billetes, en señal de protesta (simbólicamente diciendo que habían comprado a los que por fuerza aprobaron el contrato), porque se pretendió aprobar el acta de la sesión previa a Semana Santa, y no fue debatido abiertamente.

Al respecto, el diputado por Libre, Rasel Tomé, explicó que “ese contrato no fue discutido debidamente y eso huele a corrupción.- Fuentes no oficiales afirman que supuestamente el dueño de la empresa Sulambiente es propiedad del actual alcalde la capital hondureña, Nasry Asfura, más conocido como “Papi a la orden”.

No es la primera vez que los diputados nacionalistas actúan de esa manera, aprobar leyes en contra de la voluntad del resto y mayoría de diputados de la oposición, se las ingenian para hacerlos caer en equivocaciones o simplemente dan como aprobadas las leyes, sea como sea.

“El Congreso de Honduras es inefable, lo que ahí sucede es más un pugilato de vividores que una representación del pueblo hondureño”, ha dicho gente que esta tarde ha llamado a los medios de prensa.

Esta noche nuevamente la bancada del Partido Nacional actuó como ha sido su norma en este Congreso, a favor de sus grupos, amigos y del poder financiero que obedece con ceguera castrense, y también como siempre, excepto cuando se evitó el rango constitucional de la Policía Militar, la oposición política se fue a dormir burlada, sumida en impotencia; en tanto, millones de hondureños expectantes observaron la irreversible degradación moral en que hoy se debate la clase gobernante de Honduras, y quizá algunos repensando en la revancha de su voto en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/congreso-nacional-de-honduras-convertido-en-circo-de-corrupci%C3%B3n

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