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LOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

Los Derechos Humanos, la defensa de los Bienes Naturales y la generación de energía renovable

 

Los datos arrojados por el estudio que publicó en 2015 el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, OBNDH, indican que en relación con actos de violación a los Derechos Humanos, la avanzada de las empresas de generación de energía […]

 

http://elpulso.hn/los-proyectos-de-energia-renovable/

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Megaproyectos extractivos violentan derecho de autodeterminación y soberanía en Honduras

En la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos, está ocupando el lugar central el derecho de libre determinación o derecho de autodeterminación de los pueblos, sin embargo con la proliferación de megaproyectos las denuncias de que este derecho se está violentando de manera sistemática en Honduras han aumentado, a pesar que el Estado es firmante de los tratados internacionales que establece este y otros derechos elementales.

Para los pueblos el derecho a la autodeterminación equivale a la soberanía popular. Sin embargo en la actualidad cientos de comunidades se ven amenazadas por más de  300 nuevas concesiones mineras,  68  concesiones de ríos para la instalación de hidroeléctricas  y lo más nuevo es proceso de  instalación de  las Zonas Especiales de Desarrollo o ciudades modelo.

“Estos proyectos se aprueban sin el consentimiento de las comunidades  en clara violación al derecho a la autodeterminación como derecho de un pueblo a decidir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente sin injerencias externas”, indicó el investigador Pedro Landa, quien forma parte del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ.

Aseguró que la libre determinación o autodeterminación abarca la protección de la integridad territorial y esto es lo que provoca el temor para el gobierno hondureño que ve con grado limitado a los sectores originarios  como si no fueran capaces de formular su destino.

Obligados a respetar  

El 13 de diciembre del 2007,  la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuyo articulado  reconoce el derecho a la  libre determinación de los pueblos indígenas. La libre determinación está también recogida en otros de los documentos internacionales más importantes, como la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

“El Estado hondureño está obligado a cumplir con los tratados internacionales  que garantizan el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los tratados Internacionales, una vez que se ratifica un Tratado Internacional se convierte en una Ley  y los poderes del Estado y la institucionalidad de manera obligada lo tiene que respetar”, indicó el también ambientalista Pedro Landa.

Haciendo uso del derecho a su autodeterminación, seis municipios de la zona norte hondureña han dado un paso significativo en rechazo al modelo extractivista, al declararse “territorios libre de explotación minera y de hidroeléctricas”, se trata de: El Negrito, El Progreso, ubicados en el departamento de  Yoro;  San Nicolás, Santa Bárbara;  Balfate, municipio del departamento de Colón; San Francisco y Arizona, en el departamento de Atlántida, fueron los últimos en tomar la determinación.

“Pero existe un problema que la nueva Ley de Minería no contempla este derecho que tienen  las comunidades y más bien se ha mencionado que hay una circular para las alcaldías para manifestarles que no es válido las declaratorias realizadas en cumplimiento a demandas de las comunidades”, indicó Juan Mejía, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.

Derecho a la consulta previa 

“A partir del golpe de Estado en Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales y el control territorial a manos del crimen organizado, especialmente en la costa norte del país”, indicó Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.

A renglón seguido dijo que el desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una política de Estado, a pesar de su campaña mediática de una supuesta protección de los derechos de los pueblos y nuestros territorios.

Al igual con otros sectores del país “el derecho a la Consulta Consentimiento Previo, Libre e Informada, fue obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, pasando además a la entrega de 35,000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia al Grupo British Gas, incluyendo las concesiones de más de medio centenar de cuencas hidrográficas muchas de ellas en territorios de los pueblos indígenas a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones mineras en comunidades indígenas”, indicó.

“A pesar del desastre ambiental por el cual atraviesa Honduras, especialmente en relación a las consecuencias del cambio climático, las diferentes administraciones gubernamentales en las últimas décadas, han mostrado una enorme indiferencia ante las problemáticas, sin que existan respuestas concretas más allá de una narrativa de desarrollo que podemos considerar obsoleta”, manifestó.

Magaproyectos, pobreza y muerte 

“Además de la persecuciones, amenazas, criminalización jurídica,  hostigamiento policíaco y militar, la población y organizaciones que nos oponemos a este tipo de proyectos  debemos  enfrentar el sicariato pagado por empresas o por personas afines reciben beneficios de las mismas”.

Lo anterior lo manifestó Consuelo Soto, de la Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, ubicada al norte de Honduras, quien manifestó que  “a consecuencia de nuestra lucha en defensa de los recursos naturales, mi esposo fue asesinado este año y en la actualidad  junto a varios compañeros  de lucha estamos amenazados a muerte”.

“Por esta situación este año salimos de nuestras comunidades pero al regresar  nos enfrentamos con la misma realidad,  mi familia y yo estamos amenazados nuevamente. Nos dicen que si seguimos luchando nos va a pasar lo mismo que le pasó a mi esposo y a otros tres compañeros que fueron asesinados hace tres años aquí en nuestra Tribu”, indicó con gran preocupación la líder indígena.

El pueblo Tolupán, está conformado por 31 tribus en los departamentos (provincias) de Yoro y Francisco Morazán. De acuerdo a estudios este sector indígena recibe un ingreso monetario mensual de 300 lempiras (unos 15 dólares), con los cuales viven o sobreviven junto a sus familias. Un 95% de la población Tolupán menor de 14 años sufre desnutrición.

Sin embargo, la riqueza de sus territorios es grande y ahora se ha convertido en una fuente de peligro por quienes quieren explorar sin tomarlos en cuenta. Un 30% de la población Tolupán reporta minerales como plata en su territorios y un 70% reporta oro, “esto no quiere decir que nuestros compañeros Tolupanes son ricos, sino más bien que están sentados en un botín  para los corruptos de este país, para las empresas madereras y empresas mineras transnacionales”, indicó Juan Mejía, del MADJ.

“En Honduras estamos a tiempo de articular la lucha contra la mercantilización de los recursos naturales, el acaparamiento de tierras y la mal llamada “economía verde”,  en defensa de la justicia social y ambiental que está siendo constantemente agredida por una pequeña élite de poder nacional y el gran capital transnacional” concluyó Mirian Miranda de la Ofraneh.

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Deudas del “tasón” fueron adquiridas por megaproyectos

Al 30 de noviembre se debían más de 1,700 millones de lempiras a la banca privada hondureña

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Bahía de Tela: El tercer destierro

Sinopsis: EL proyecto Bahía de Tela, con su nombre visible Indura, es un proyecto turístico instalado en el caribe hondureño desde 2003, en medio de una zona reconocida internacionalmente por su enorme riqueza natural.
Sin embargo, bahía de Tela no se encuentra abandonada. Gran parte de este territorio ha sido hogar de comunidades Garífunas por más de 200 años. Este megaproyecto turístico promete desarrollo, empleo, y parte de las ganancias, en medio de un conflicto que va desarticulando la vida comunitaria de un pueblo que se resiste a un tercer destierro.

Origen: Bahía de Tela: El tercer destierro

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Indígenas de La Paz defienden sus bienes naturales y cultura en medio de amenazas

Nov 07, 2014

*Entrevista con Líder comunitario

Con su hijo cargando en la espalda y una cubeta bien colocada en la cabeza, así van las mujeres lencas de las comunidades más empobrecidas en San José, La Paz a buscar agua limpia. Desde que comenzó la construcción del megaproyecto “La Aurora”, el río del que sacaban agua para el uso y consumo diario, se ha ido secando y ensuciando según cuentan pobladoras de este municipio.

La realidad, históricamente ha golpeado fuerte a las pobladoras y pobladores de la zona de la sierra en el departamento de La Paz. Mayoría indígenas, mayoría empobrecida. Y desde 2010, los municipios en la Sierra de este departamento mayormente indígena: Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María y Guajiquiro; se sienten amenazados por concesiones hidroeléctricas y mineras.

Lea aprobación de concesiones hidroeléctricas aquí. 

En estas comunidades sigue siendo un sueño tener servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Y en medio de estas necesidades, empresarios que pretenden instalar represas sobre el río Chinacla,  comenzaron prometiendo estos proyectos, sin embargo ahora que tienen todo arreglado con las autoridades nacionales y municipales, se olvidaron de esa promesa.

Pero el olvido no fue involuntario. Estas comunidades se oponen al proyecto hidroeléctrico. Se oponen a que no se les escuche y se les margine, aun cuando son los dueños ancestrales de esas tierras y aguas.

Lea compromiso del Estado para titular tierras ancestrales a comunidades indígenas en La Paz aquí

Martín Gómez, líder del Movimiento Indígena Independiente de La Paz (Milpa) que nació en 2010, a consecuencia de la concesión de ríos y minerales en este departamento, asegura que el pueblo lenca se ha sentido indefenso por mucho tiempo y hoy lideran una estrategia de recuperación de tierras, de bienes naturales y de su cultura violentada por el occidentalismo.

“Hemos venido realizando consultas, cabildos abiertos, reuniones, pronunciamientos, estamos exigiendo el respeto al convenio 169 de la OIT porque no se nos consulta si estamos de acuerdo con los proyectos o no. Desde ese entonces hemos venido haciendo actividades para tratar que el alcalde del pueblo de Santa Elena, actualmente Víctor Ventura Vásquez, junto con el empresario de la hidroeléctrica nos dejen en paz, pero ha sido difícil porque el alcalde dice que el proyecto va aunque no estemos de acuerdo”, cuenta Martín.

San José no es el único municipio con las máquinas acechando, Santa Elena está en la mira.

Según ha denunciado públicamente el movimiento Milpa, desde la municipalidad y con ayuda de la Policía Nacional, se ha comenzado un proceso de levantar perfiles y armar un expediente para acusarlos por sedición y traición a la patria. Una réplica de lo que sucedió con el pueblo indígena en San Francisco de Opalaca cuando no reconocieron el resultado de las elecciones municipales en 2013. También esta organización impulsa un proceso de Consejo Indígena, que es como un autogobierno prescindiendo del gobierno municipal.

Empresa con poder

Martín asegura que la empresa Inversiones La Aurora SA de CV, es propiedad de Arnol Castro, esposo de la vicepresidenta el Congreso Nacional, Gladys Aurora López, diputada del partido Nacional. A ambos se les ha visto en las comunidades donde actualmente quieren comenzar otra de las represas en el plan de concesionamiento.

En Santa Elena, La Paz; este proyecto está detenido por la oposición de la gente, pero en San José, ha avanzado.

La represa en Santa Elena desplazaría tres comunidades: El Potrero, El Nazario y el Jocotillo; alrededor de 120 familias, asegura Gómez.

“En esto hasta los administradores de la municipalidad están interesados,” cuenta Martín, quien ha representado un pueblo bravo en esta lucha.

El año pasado, las comunidades opositoras realizaron una toma de control territorial en la comunidad de Azacualpa. Sesenta días en los que lograron el retiro de la empresa que ya trabajaba en el estudio de factibilidad. Ese estudio se pretende realizar actualmente y para lograr esto, la comuna convocó a un cabildo abierto para su aprobación.

Este cabildo convocado para el 6 de octubre revivió el conflicto con mayor fuerza. Gómez cuenta que la gente no se movilizó para el cabildo porque se invitó mayormente a personas que no eran de las comunidades y afines al gobierno local.

“El proyecto está en suspenso porque se están llevando trámites legales en la Fiscalía de etnias y la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente). Ellos han sido bien abusivos viniendo a meterse por las noches a la comunidad. La gente se da cuenta y escucha lo que hablan en la comunidad sobre planes, amenazas y el proyecto. El 6 de octubre hubo un cabildo abierto sobre el estudio de factibilidad y el pueblo de Santa Elena no salió al cabildo abierto, sin embargo estamos poniendo un escrito ante la fiscalía para decir que este proyecto y el cabildo abierto son ilegales por no realizarse con la gente afectada”, contó Gómez.

Capturas

Al momento que se estaba realizando una caminata y un posterior plantón frente a la municipalidad de Santa Elena el 3 de noviembre, el líder indígena Calixto Vásquez fue capturado por la Policía Preventiva llevándolo al municipio vecino de Yarula, donde el resto de sus compañeros lograron su liberación. Gómez comenta que ese día, la municipalidad y sus alrededores estaba militarizada, así como pasan los territorios donde la empresa ha comenzado a trabajar.

“Mientras sale la sentencia en la demanda por declarar ilegal el cabildo abierto que aprobó el estudio de factibilidad en Santa Elena, estamos viviendo mucha represión aunque tenemos la esperanza de que esto mantenga parado el proyecto”, explicó Gómez.

Gómez informó que el Centro de Prevención y Tratamiento de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt) está asesorando a Milpa para presentar una denuncia internacional en caso de realizarse este megaproyecto que comprende las represas: Aurora I, Aurora II, Aurora III sobre el río Chinacla en contra de la voluntad del pueblo indígena radica en sus riberas.

Convenio OIT

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras, ha sido la justificación legal más importante del movimiento indígena contra la instalación de la gran industria extractivista en sus comunidades, porque ésta ha sido inconsulta en la mayoría de casos.

Lea además: Indígenas luchan contra colonización del siglo XXI

El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

•La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, debuena fe, y a través de sus instituciones representativas;

•Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

•Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

“Tenemos derechos a los bienes comunes: el agua, la tierra, la madera, los minerales. Nuestros derechos indígenas nos dice que son nuestros, y al ser nuestros los primeros que tenemos que saber qué se quiere hacer con esos recursos y ser informados de todos los procesos, somos nosotros.  Con estos proyectos, a pesar de todas sus promesas solo nos convertiríamos en esclavos de mano de obra y seríamos saqueados. Nosotros consideramos esto como un proyecto de muerte porque esto es, las aguas cambiarían de cauce, los peces morirían y desaparece el bosque y los animales”, explica Gómez.

                                                    Violencia

Como todo proyecto que no aplica la consulta previa, esta concesión ha generado división en las comunidades, rompiendo el tejido social y causando situaciones de violencia antes impensables en estos pueblos.

Las promesas de dinero, comida, servicios básicos, empleo y desarrollo comunitario no quedan fuera tampoco en este caso. Estas promesas van acompañadas de amenazas para quienes se oponen, según denuncian varios líderes comunitarios.

“No existe empleo, seguro de vida, seguro social, no existe desarrollo porque no es responsabilidad de los empresarios sino del Estado y si este no lo hace menos lo hará un empresario que lo que busca es enriquecerse. Ya ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo pase y se arrecie esa violencia”, concluyó Gómez.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1458-ind%C3%ADgenas-de-la-paz-defienden-sus-bienes-naturales-y-cultura-en-medio-de-amenazas

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Realizan seminario sobre derecho a la consulta previa y defensa de los territorios

Jun 12, 2014

San Pedro Sula. Fue por medio de un seminario que los analistas Ivania Galeano, Joaquín Mejía, Pedro Landa y Juan Mejía, dieron a conocer los diferentes temas de impacto que deben conocer las comunidades ante la amenaza que sufren sus territorios por parte de la industria extractiva y las leyes nocivas que entregan el territorio.

El seminario fue organizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Convergencia por los derechos humanos noroccidental, en el marco del contexto actual en el que muchas comunidades se ven amenazadas por alrededor de 300 nuevas concesiones mineras e hidroeléctricas bajo el paraguas de la nueva Ley de Minería y el gobierno de Juan Orlando Hernández que ha impulsado aún más estos proyectos, incluyendo las Zonas Especiales de Desarrollo o ciudades modelo.

La abogada Ivania Galeano miembro de la Convergencia por los derechos humanos, explicó la consulta previa desde una perspectiva del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. En esta perspectiva se deben tomar  en cuenta primero El Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos Especiales. Y segundo los órganos de tratados que éstos a su vez son creados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional apuntó en su participación, que la gran obligación del Estado es respetar y garantizar los derechos de la población. A su vez esta gran obligación tiene cuatro sub-obligaciones importantes que el Estado debe tomar en cuenta: a) prevenir las violaciones a los derechos humanos, b) investigar y monitorear para ver que las leyes se cumplan c) sancionar a aquellos que no actúan de acuerdo a los establecido d) reparar y remover aquellos obstáculos fácticos y normativas que mantienen la discriminación.

“Cuando se investiga se combate la impunidad, para de esta forma sancionar a los responsables y así fortalecer la democracia en nuestro país”, dijo Mejía refiriéndose a los hechos que se han dado en los últimos años en los que las comunidades han sucumbido ante la explotación de sus territorios sin haberles consultado e ilegalmente, hechos que aún siguen en la impunidad.

En este seminario también se discutió la Ley de Minería que actualmente rige esta actividad en el país y la defensa de los territorios. El ambientalista miembro de la Coalición de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, enfatizó que los bienes son considerados como bienes mercantiles que pueden convertirse en dinero y es por eso que la amenaza cada vez es más palpable para las comunidades.

“El territorio no se delimita por un título de propiedad, tiene que ver más bien con los bienes para subsistir de un pueblo, de sustento, de armonía de quienes viven en él”, indicó.

El derecho minero y derechos de propiedad constituyen un derecho real distinto y separado de la propiedad del predio superficial donde se encuentra ubicado. Según el Art. 48 de la nueva ley de minería en ningún caso la Autoridad Minera otorga derechos mineros en las siguientes zonas: Las áreas protegidas, zonas que se encuentran en recuperación, zonas que generan energía y zonas declaradas como patrimonio nacional, sin embargo las cosas son distintas en la práctica.

La ley se contradice, explicó Landa en su ponencia, el Art. 43 de la misma ley indica que con el fin de evitar el monopolio de concesiones mineras, a una persona natural o jurídica, solamente podrá ser titular de un máximo de diez (10) concesiones mineras para lo cual debe acreditar ante la Autoridad Minera, la capacidad técnica para su funcionamiento.

“No se puede combatir los monopolios mineros cuando a una empresa se le otorgan esta cantidad de concesiones, ¿entonces solo de once (11) en adelante será monopolio?”, mencionó Landa.

Para muestra un botón

Para finalizar esta jornada, el ingeniero ambiental y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Juan Mejía compartió la experiencia del pueblo tolupán, el cual está conformado por 31 tribus.

Los tolupanes reciben un ingreso monetario mensual de 300 lempiras, con los cuales viven o sobreviven junto a sus familias. Un 95% de la población tolupán menor de 14 años sufre desnutrición. Los tolupanes en sus comunidades son buenos dirigentes comunales y de igual manera se desempeñan como delegados de la palabra de Dios y no solo predican la palabra, si no también hacen conciencia social en las personas.

Sin embargo, la riqueza de sus territorios es grande y ahora se ha convertido en una fuente de peligro por quienes quieren explorar sin tomarlos en cuenta. Un 30% de la población tolupán reporta plata en su territorios y un 70% reporta oro, “esto no quiere decir que nuestros compañeros tolupanes son ricos, sino más bien que están sentados en un botín  para los corruptos de este país, para las empresas madereras y empresas mineras”, concluyó Mejía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1073-realizan-seminario-sobre-derecho-a-la-consulta-previa-y-defensa-de-los-territorios

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Megaproyectos podrían agravar deterioro ambiental en Centroamérica, según ONG

12:24
18
Febrero
2014
San Salvador – Los megaproyectos que se ejecutan en Centroamérica podrían agravar el deterioro ambiental de la región en combinación con el cambio climático, señaló hoy en El Salvador una organización no gubernamental (ONG).
Un estudio del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma) “advierte que antiguos gobiernos de los países centroamericanos escogieron una ruta hacia el desarrollo que podría aumentar el ritmo de la acelerada degradación ambiental que vive la región”, indicó la ONG en un comunicado al término de un foro centroamericano sobre ambiente.
“Los impactos ligados a la construcción de megaobras de infraestructura y proyectos mineros, así como al afianzamiento de un voraz modelo agroindustrial, podrían ser multiplicados por el cambio climático”, agregó.

El informe fue conocido en el “Foro internacional restauración de paisajes, gobernanza y cambio climático”, que empezó ayer lunes en San Salvador y en el que participó medio centenar de funcionarios y expertos de Centroamérica y de organismos internacionales.

Según Prisma, un agravamiento de la degradación ambiental podría forzar “a los líderes de la región y sus pueblos a enfrentar un desastre ambiental y humano en el llamado Corredor Seco Centroamericano”.

Precisó que el Corredor Seco Centroamericano se extiende principalmente por las zonas bajas de la vertiente del Pacífico desde Chiapas (México) hasta Costa Rica.

A diferencia de etapas anteriores, cuando “se centraban en la agroexportación, las economías centroamericanas han diversificado las apuestas económicas en territorios rurales, con nuevo peso para proyectos de gran escala de minería, hidroelectricidad, proyectos de infraestructura, turismo y agroindustriales, en particular, la caña de azúcar y la palma africana”, subrayó la ONG.

Apuntó que “estas apuestas, que se originaron en gobiernos pasados centroamericanos, cada vez más están siendo reexaminadas, pues, en diversas ocasiones, han sido asociadas con crecientes disputas sobre tierras y recursos naturales, degradación de bosques, tierras y recursos hídricos”.

“Nuestra investigación sugiere que los efectos del cambio climático podrán agravarse como consecuencia de una serie de megaproyectos puestos en marcha por gobiernos en el pasado, pero que hoy representan desafíos enormes para los líderes que están intentando implementar un desarrollo sostenible en la región”, dijo el director adjunto de PRISMA, Nelson Cuéllar, según el comunicado.

Señaló “la necesidad de crear políticas, leyes y normativas que aseguren la promoción del desarrollo, la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y que garanticen mejores condiciones de vida para la población”.

Por su parte, el ministro salvadoreño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, comentó a periodistas que la alta vulnerabilidad de su país ante los fenómenos naturales hace necesaria “la restauración de un millón de hectáreas”, que equivalen a 10.000 kilómetros cuadrados, “la mitad” del territorio nacional.

Para lograr esa restauración se requiere un acuerdo entre “todos los liderazgos del país” y una alianza internacional que aporte los fondos, que son “cientos de millones” de dólares, refirió, sin precisar un monto.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/02/18/Ciencia+y+Tecnolog%C3%ADa/Megaproyectos.podr.C/82448.html

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U.S. pushes for outside oversight of World Bank, opposes push toward ‘big hydro’

Chris Ratcliffe/Bloomberg – Jim Yong Kim, president of the World Bank Group, gestures during a session at the World Economic Forum on Jan. 24. In a blow to plans set by Kim, the United States recently approved an appropriations bill that orders that the bank’s U.S. board member vote against any major hydroelectric projects .

The United States is demanding stricter oversight of World Bank projects amid concern that the bank has slipped in how closely it guards against violence, forced resettlement and other conflict associated with the works that it funds.

In a blow to plans set by World Bank President Jim Yong Kim, the United States recently approved an appropriations bill that orders the bank’s U.S. board member to vote against any major hydroelectric project — a type of development that has been a source of local land conflicts and controversies through­out the bank’s history. The measure also demands that the organization undertake “independent outside evaluations” of all of its lending.

The demand coincides with a spate of disputes between the World Bank, civil society groups and the United States over past bank-funded projects that have been linked to killings of villagers and forcing people from their land. The cases include still-unpaid reparations from a Guatemala dam project from the 1970s in which hundreds of villagers were killed, concern about forced relocations in Ethiopia, and funding for a palm oil and food company whose operations in Honduras in recent years were the scenes of deadly fighting between workers and security guards.

The bank has extensive procedures to guard the rights of local residents and a number of ostensibly independent review bodies inside its bureaucracy. But the growing concerns led Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.), chairman of the Senate appropriations subcommittee on foreign operations, to make a broad call for stricter oversight by an outside organization.

“Senator Leahy does not believe the evaluation process — the internal process — is what the institution needs to provide independent evaluation of the effectiveness of their lending,” said David Carle, Leahy’s spokesman. “It is time to make clear that [Kim] needs to look outside the institution.”

It is not uncommon for Congress to use the appropriations bill to attach strings or recommendations about the operations of international organizations such as the World Bank, where the United States is the largest shareholder and an influential voice on policy.

The recently approved bill included $1.55 billion for the World Bank’s concessional lending arm — what a spokesman for the bank called “strong support.” But the list of amendments reflects skepticism about some of the central ideas that Kim has laid out since he was nominated to the bank’s top job by President Obama two years ago.

Kim has said he wants to steer the bank toward larger “transformational” infrastructure projects and has specifically mentioned the building of large-scale hydroelectric dams in
energy-starved parts of Africa and elsewhere to advance development and tackle climate change.

Carle said that Leahy believes the bank’s renewed interest in large hydro projects “is a mistake and wanted to send that message.”

Kim also has said the bank should focus more of its work in the world’s conflict zones, where close oversight of which companies and projects get funded is even more critical.

In the Honduran case, funding for the Dinant Corp. flowed both directly from the bank’s International Finance Corp. and — less transparently — through a Honduran bank that the IFC supported. The IFC was criticized by its internal ombudsman in a recent report for overlooking the risk of violence in the area.

A World Bank spokesman said that the U.S. demand was still being analyzed and that “we will work with the U.S. to understand their views.”

The U.S. vote alone would not be enough to block hydroelectric or other projects from moving forward. But the Leahy amendments recommend withholding U.S. funding for the bank unless an outside evaluation process is established.

They also require U.S. Treasury officials and the American member of the World Bank board to pressure the organization to more quickly resolve disputes where “individuals and communities . . . suffer violations of human rights, including forced displacement, resulting from any loan, grant, strategy or policy.”

The amendments apply to all international financial institutions, including regional ones such as the Inter-American Development Bank and the African Development Bank. But the focus was on the World Bank, and the measure referred specifically to disputes in Cambodia, Ethi­o­pia and Guatemala.

The Guatemalan case in particular stands out for its level of violence at the time and for the long-standing demand for reparations for the community involved. Construction of the Chixoy Dam in the 1970s was funded by the World Bank and the Inter-American Development Bank. It coincided with a bloody civil conflict, and several hundred villagers were killed and thousands displaced in clashes as the army tried to clear the way for the project.

The uprooted community has struggled since. In 2010, a reparations plan was agreed to by the Guatemalan government, but the money has not been paid. Under the Leahy amendment, U.S. Treasury officials are expected to begin pressuring the World Bank and the IADB to push for payment. There is a separate threat to withhold military training funds from the Guatemalan army unless the reparations are paid.

The bank has suggested using money from existing projects to benefit the affected families, and a spokesperson said the bank would “look for opportunities” to do more.

Fuente: http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-pushes-for-outside-oversight-of-world-bank-opposes-push-toward-big-hydro/2014/01/24/fb41bb7c-8516-11e3-8099-9181471f7aaf_story.html

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La participación de Siemens en la construcción de mega-represas en Brasil y en Honduras causará protesta en la asamblea general el 28 de enero

Munich, 27 de enero 2014 – Una coalición de organizaciones no-gubernamentales (ONG) brasileñas, estadounidenses, francesas y alemanas preparan acciones intensivas de protesta para la asamblea general de la empresa Siemens. En dichas acciones se va a denunciar el papel controvertido de la empresa en dos proyectos hidroeléctricos de riesgo inminente para lxs habitantes y la naturaleza: Belo Monte y Agua Zarca. Después de las acciones frente la Olympiahalle participará la delegación internacional directamente en la asamblea general. Dicha coalición estará acompañada por el movimiento brasileño “Xingu vivo para sempre”, que fue fundado en la ciudad de Altamira en la cuenca de Amazonas. En tal región sufren lxs habitantes las nefastas consecuencias de la construcción de la represa Belo Monte.

Los delegados exigirán a los accionistas de Siemens, a la junta directiva y al consejo de administración aceptar su co-responsabilidad. Ya que la empresa Siemens provee la tecnología para la construcción de las mega-represas las cuales causan daños irreparables en lxs habitantes y el medio ambiente de las regiones.

“Estos mega-proyectos violan los derechos humanos y los acuerdos de las Naciones Unidas, asi como la convención 169 de la OIT para la protección de los pueblos indígenas, finalmente ignoran las recomendaciones de la comisión mundial de represas y sus propios reglamentos internos de responsabilidad empresarial de Siemens”, cita Christian Russau de la iniciativa alemana GegenStrömung „Si la junta directiva participa en estos proyectos, se convertiría en cómplice de esa injusticia.“

„Lxs accionistas europexs muchas veces no saben sobre los daños graves del medio ambiente y las violaciones de derechos humanos, que causan sus inversiones en ultramar” dice Antonia Melo del movimiento “Xingu vive para sempre” (MXVPS). “Lxs accionistas tienen que saber que por Belo Monte hay mas de 25 juicios pendientes, por violacion de la constitución brasileña, de las leyes de medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.”

„Exactamente como los demas proveedores europeos de turbinas declara Siemens que la catástrofe originaria por Belo Monte no es su problema“, cita Christian Poirier, de la organizacion Amazon Watch, con sede en los EEUU. “Mañana vamos a participar en la asamblea general de Siemens para enseñar que la empresa tiene coresponsabilidad por el desastre en el Amazonas.”

„Siemens nunca tuvo la menor preocupación lxs habitantes que se ven afectadxs por las consecuencias de la represa. La empresa solo esta interesada en la ganancia.“ dice Mônica Brito Soares, que llego a Munich tambien. “Miles de habitantes fueron explusados por Belo Monte; tambien lxs habitantes que viven en la orilla del Xingu y que la represa les ha quitado su forma de vida y su futuro.

En Honduras Siemens provee turbinas para la represa Agua Zarca (una represa que va a generar 22 megavatio). „La construcción de la central hidroeléctrica prohíbe a las comunidades indígenas el acceso a sus medios de subsistencias: el río y los cultivos. La empresa beneficiaria con explotación apoyados por el ejército y la policía aterroriza a lxs comunidades que están en contra de la construcción, ya fueron asesinados líderes de las comunidades” subraya Andrea Lammers de la HondurasDelegación alemana-austriaca. „Mientras un banco y la empresa china SINOHYDRO se retiraron por las violaciones de derechos humanos del proyecto controvertido, Siemens no muestra indicios de una autoreflexión.

Información al fondo de los proyectos:
Como parte del join venture VoithHdyro provee Siemens turbinas a varios proyectos de represa controvertidos entre ellos Agua Zarca en Honduras y Belo Monte en Brasil. Belo Monte, ubicado en el río Xingu en la cuenca de Amazonas, se convertiría en la tercera mayor represa del mundo. La fusión del consorcio frances Alstom, de la empresa austriaca Andritz y la empresa comunitaria VoithHydro tiene un contrato sobre 500 millones de euros con Norte Energia, que es el consorcio de la construcción. Todas las empresas han rechazados cualquier reproche que la producción y la entrega de los proyectos con tecnología clave rechaza cualquier responsabilidad para estos proyectos jurídicamente dudosos, desastrosos socia y económicamente.
Mas informaciones:

Contraposición para los puntos del orden del dia 3 y 4 en:www.kritischeaktionaere.de Investigacion al fondo para Agua Zarca en aleman:http://hondurasdelegation.blogspot.com/

Contactos para periodista:

Mônica Brito Soares (Movement Xingu Vivo Para Sempre): Contacto en Alemania a través de Marek Burmeister (ASW) (+49) 1633644986 | Marek.burmeister@aswnet.de

Christian Poirier (Amazon Watch): +33770381849 | christian@amazonwatch.org

Andrea Lammers (HondurasDelegation): (+49) 17626036292 | elsal@oeku-buero.de

Markus Dufner (Asociación de lxs accionistas criticos): (+49) 1737135237 | dachverband@kritischeaktionaere.de

Christian Russau (GegenStrömung): (+49) 1712095585 | christian.russau@gegenstroemung.org

Apoyado por:
Xingu Vivo para Sempre, Amazon Watch, International Rivers, ProREGENWALD, KoBra, FDCL, ASW, CounterCurrent, Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, urgewald, HondurasDelegation, CADEHO, Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit, Brasilieninitiative Freiburg, Regenwald-Institut, Rettet den Regenwald, Campo Limpo

Fuente: http://www.hondurasdelegation.blogspot.ch/2014/01/presseerklarung-protestaktion-bei.html

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US Congressional Appropriations Bill Would Impose New Restrictions on Honduras Support

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Written by Dan Beeton and Alexander Main
Thursday, 16 January 2014 10:09

The new budget appropriations bill passed by the U.S. House of Representatives yesterday, and set to be taken up by the Senate in the coming days, includes several passages that are relevant for Honduras, including stronger restrictions on U.S. assistance for the police and military. It also includes language opposing involvement by international financial institutions like the World Bank and IADB in the financing of large dam projects, such as those planned in Rio Blanco, and other language that could help victims of the May 2012 DEA operation in Ahuas — that resulted in four villagers killed and several others injured — finally receive compensation.

Under the “Honduras” section, the bill [PDF] reads:

  1. Of the funds appropriated by this Act under the headings ‘‘International Narcotics Control and Law Enforcement’’ and ‘‘Foreign Military Financing Program’’, 35 percent may not be made available for assistance for the Honduran military and police except in accordance with the procedures and requirements specified under section 7045 in the explanatory statement described in section 4 (in the matter preceding division A of this consolidated Act).
  2. The restriction in paragraph (1) shall not apply to assistance to promote transparency, anti-corruption, border security, and the rule of law within the military and police.

This 35 percent is a significant increase from the 20 percent previously withheld over concerns about human rights violations by Honduran security forces.

The “procedures and requirements” appear under the section (Division J) titled “Military Construction and Veterans Affairs, and Related Agencies Appropriations Act, 2014”:

Honduras. – The agreement modifies language in the Senate bill regarding Honduras in subsection (e). There is concern with the security challenges facing Honduras, which has become a transit hub for illicit drugs from South America. The assistance provided by this Act is intended to help stem the trafficking and address related violence, corruption, and impunity. The agreement recognizes the need for fundamental reform of Honduran law enforcement and judicial systems. In accordance with section 7045(e) of this Act, 35 percent of funds that are available for assistance for the Honduran military and police may be obligated only if the Secretary of State certifies that-

(1) the Government of Honduras is reducing corruption including by prosecuting corrupt officials and removing them from office;

(2) agreements between the United States and Honduras concerning counter-narcotics operations, including assistance for innocent victims of such operations, are being implemented;

(3) the Government of Honduras is protecting freedom of expression, association, and assembly, and due process of law, including in the Bajo Aguan Valley;

(4) the Government of Honduras is investigating and prosecuting in the civilian justice system military and police personnel who are credibly alleged to have violated human rights, including forced evictions, or to have aided or abetted other armed groups involved in such acts; and

(5) the Honduran military and police are cooperating with civilian judicial authorities in such cases.

So, the language is intended to tackle ongoing corruption and impunity, target human rights violations in the Aguán Valley, and also provide assistance – it would seem – to the victims of the lethal May 2012 DEA-Honduran counternarcotics operation in Ahuas.  These new conditions are more numerous and more specific than the conditions outlined in the Consolidated Appropriations Act of 2012, the last piece of legislation to impose conditions on a portion of security assistance to Honduras. Here is the short section on Honduras in that legislation:

Honduras – Prior to the obligation of 20 percent of the funds appropriated by this Act that are available for assistance for Honduran military and police forces, the Secretary of State shall report in writing to the Committees on Appropriations that: the Government of Honduras is implementing policies to protect freedom of expression and association, and due process of law; and is investigating and prosecuting in the civilian justice system, in accordance with Honduran and international law, military and police personnel who are credible alleged to have violated human rights, and the Honduran military and police are cooperating with civilian judicial authorities in such cases: Provided, that the restriction in this subsection shall not apply to assistance to promote transparency, anti-corruption and the rule of law within the military and police forces.

The new bill also includes interesting and unprecedented language under the “International Financial Institutions” section, which appears relevant to World Bank programs in Honduras.   The following paragraph would seem to apply to the dam projects at Rio Blanco, where the International Finance Corporation (IFC) of the World Bank has been offering financing for the projects through third parties:

(D) The Secretary of the Treasury shall instruct the United States executive director of each international financial institution that it is the policy of the United States to oppose any loan, grant, strategy or policy of such institution to support the construction of any large hydroelectric dam (as defined in ‘‘Dams and Development: A New Framework for Decision- Making,’’ World Commission on Dams (November 2000)).

As we and many other observers have noted (as well as affected communities, including the residents of Rio Blanco), some past World Bank-funded dam projects have been human rights and environmental disasters, such as the infamous Chixoy dam in Guatemala (where over 440 people were massacred and over 3,500 forcibly displaced) and the Narmada dam project in India.

The World Bank has come under criticism recently after its ombudsman determined that the IFC’s financing of Miguel Facussé’s Dinant corporation in Honduras’ Aguán Valley “violated its own social and environmental rules,” as Al Jazeera put it. Another paragraph in the bill seems particularly relevant to this audit, which found that IFC staff failed to act on information linking Dinant to alleged killings and attacks on scores of campesino leaders, as well as other crimes:

(e) The Secretary of the Treasury shall instruct the United States executive director of each international financial institution to seek to ensure that each such institution responds to the findings and recommendations of its accountability mechanisms by providing just compensation or other appropriate redress to individuals and communities that suffer violations of human rights, including forced displacement, resulting from any loan, grant, strategy or policy of such institution.

Over 100 campesinos in the Aguán have been killed since June 2009 by private security forces and Honduran authorities, and many others have been forcibly evicted, according to Rights Action. Facussé and other wealthy land owners in the area dispute local farmers’ claims to land, and the June 2009 coup against democratically-elected president Manuel Zelaya cut short a land reform process that sought to resolve the conflict in the Aguán Valley region.  In a January 10 release, Human Rights Watch noted that the IFC has provided an “inadequate response” to the audit, which may well be the most damning that the World Bank Group’s Compliance Advisory Ombudsman has made to date:

While the IFC agreed to address several of the findings, it largely avoided the findings of IFC’s systemic failures. And the IFC’s action plan falls well short of what is required by the IFC’s own standards. Further, there is no indication that the action plan was developed in consultation with the communities affected by the investment or the organizations that represent them.

The IFC’s action plan acknowledges that an investigation of the allegations against the company is needed and that it will “assess the feasibility of remediation to affected parties.” But it leaves it to the Honduran authorities and Dinant to deal with this, even though both parties are alleged to have participated in the violence.

Fuente: http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/us-congressional-appropriations-bill-would-impose-new-restrictions-on-honduras-support

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Evidencian en la CIDH medidas represivas del Estado hondureño

Evidencian en la CIDH medidas represivas del Estado hondureño
El Estado de Honduras  quedó evidenciado una vez más como violador de los derechos humanos de su  población, en la realización del 149 periodo de sesiones de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, DC, Estados Unidos. Las  audiencias realizadas a finales de octubre fueron fundamentales para las  organizaciones defensoras de derechos humanos porque ratificaron con casos  concretos la indefensión en que vive la población hondureña, partiendo de  sendos temas como la Independencia Judicial, Medidas Cautelares,  Consulta previa y Megaproyectos.

Los comisionados y  comisionadas de la CIDH, conocieron de primera mano las causas y efectos de la  ineficacia del Estado de Honduras, que lejos de asegurar el cumplimiento de las  garantías individuales y colectivas de la ciudadanía se ha convertido en un impulsor  de medidas represivas atentatorias con la integridad y la vida.

Consulta  previa
El Movimiento Amplio  por la Dignidad y la Justicia, MADJ, el Centro Hondureño de Promoción para el  Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, Centro de Investigación y Promoción de los  Derechos Humanos, CIPRODEH, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas  de Honduras, COPINH, la Convergencia por los Derechos Humanos, CDH,  y el Equipo de Reflexión, Investigación y  Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC-SJ, plantearon a la CIDH el  agravamiento de las condiciones que viven sectores campesinos, indígenas y  pueblos originarios con la avanzada de concesiones respaldadas por el gobierno  de Porfirio Lobo Sosa.

De manera general se  mostró como a pasos agigantados se está vendiendo el territorio y  criminalizando la lucha de las comunidades que resisten a la escalada  destrucción de los bienes naturales. Se partió de tres casos emblemáticos como  el Proyecto Agua Zarca de la empresa SinoHydro y Desa, en Río Blanco Intibucá  que atenta contra la población indígena Lenca, el de la Tribu San Francisco,  Locomapa, Yoro, con la explotación del bosque, y la instalación de minería e  hidroeléctricas, misma situación que se repite en el departamento de Atlántida  donde hasta el momento suma unos 24 proyectos hidroeléctricos y 32 concesiones  mineras en proceso, sobresaliendo todo el sector Florida y la comunidad Nueva  Esperanza.

Osman Orellana, de  Nueva Esperanza, Atlántida, testificó ante los comisionados de la CIDH, sobre  las repercusiones que está teniendo para las comunidades la instalación del  proyectos mineros, entre estos Buena Vista 1 y 2, de la Empresa Minerales la  Victoria, que además ha solicitado al gobierno hondureño 11 mil hectáreas de  tierra para concesiones de minería a cielo abierto. La oposición de las  comunidades cercanas ha provocado que la empresa impulse una campaña de  intimidación en complicidad con la Policía y grupos armados,  las familias han sufrido amenazas a muerte,  persecución y hasta el desplazamiento de hogares enteros que han rehusado  vender sus tierras.

La situación en   Locomapa, Yoro, con la Tribu Indígena Tolupán, San Francisco, también fue  conocida de voz de José María Pineda, expulsado de la comunidad Piedra Gorda,  junto a 18 indígenas más por resistirse a la venta indiscriminada del bosque y  detener la construcción de un proyecto hidroeléctrico. José María informó a los  Comisionados que se encuentra junto a otros compañeros más fuera de su  comunidad producto de amenazas a muerte, ya que el 25 de agosto de este año  tres indígenas fueron asesinados por defender sus territorios.

Otro caso conocido  por la Comisión fue la criminalización de la lucha indígena de los Lencas, en  Rio Blanco, Intibucá, contra quienes el Estado a través de la Fiscalía y a  petición de los empresarios hidroeléctricos ha promovido procesos judiciales  contra líderes indígenas como Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez,  acusándolos de daños continuados, usurpación y coacción.

Pedro Landa,  representante de CEHPRODEC,  demostró como  a partir del golpe de Estado de junio del 2009 se ha visualizado un “proceso  agresivo de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos en proporciones  percibidas como intolerables por las comunidades afectadas y sin que  previamente fueran consultadas acerca de la viabilidad de los proyectos y de su  impacto en la vida y la salud de sus miembros”.

Según información  recabada por estas mismas organizaciones constatan que en el territorio  hondureño a partir del golpe de Estado y de acuerdo a información Instituto  Hondureño de Geología y Minas, “a inicios del 2013 existían 97 proyectos  mineros de oro y plata aprobados, 320 nuevos proyectos en trámite, 193  proyectos de minería no metálica aprobados y 233 solicitudes de nuevos  proyectos en proceso de aprobación”.

En material legal  establecieron en el informe presentado a los Comisionados “como se han derogado  normas que prohibían la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas  protegidas del país y que ponen en riesgo la vida y la salud de las comunidades  ubicadas en los territorios cuyos ríos están siendo concesionados”.

Hasta estos momentos  hay 21 proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas y garífunas y  cerca del 40% del territorio nacional está  concesionado o en proceso de concesionamiento para la explotación de  yacimientos minerales. La constante es que mayormente los proyectos no han sido  socializados con las comunidades y el Estado.

Brenda Mejía,  representante del ERIC, hizo del conocimiento de los Comisionados de la CIDH en  primera instancia que: “Que solicite a los Relatores Especiales sobre los  Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Defensoras y Defensores de Derechos  Humanos, continúen realizando un monitoreo permanente sobre la situación en  Honduras y valoren la posibilidad de realizar visitas periódicas in situ.  Además que el Estado revise urgentemente todas las concesiones autorizadas sin  consulta previa, así como de aquellas que aunque hayan respetado dicho derecho,  estén causando daños ecológicos significativos. También que se decida  urgentemente la adopción de medidas cautelares a  favor de Adonis Romero y otros en el marco de  los hechos señalados en los escritos del 14 de junio y 1 de octubre de este año  (MC-195-13).

El Estado en su   defensa presentada por la Procuradora General de la República, Ethel Deras, no  fue capaz de platear argumentos sólidos y se contradijo en datos que las mismas  autoridades han otorgado a las organizaciones y que quisieron hacer ver a los  Comisionados como una leve mejoría en el país.

La CIDH exteriorizó  al Estado hondureño, que ir a una comunidad y decir que se va a hacer un  proyecto no es una consulta previa.

Cumplimiento  de medidas cautelares
El  Estado de Honduras, a través de sus instituciones dejó evidenciado que sigue “ofreciendo el mismo catálogo de medidas de  protección,  limitadas y restringidas a patrullajes perimetrales, escoltas  policiales y la asignación de un enlace telefónico”, lo que no representan  ningún tipo de protección dijo Luz Marina, del Ciprodeh.

La Procuradora General de la República, Ethel Deras,  en su afán por dejar bien parado al Estado y al gobierno de Porfirio Lobo Sosa,  dijo que han consensuado 246 medidas cautelares y que solo 13 quedan  pendientes. Marcia Aguiluz de Cejil México/ Centroamérica, reaccionó “el avance  no se cuenta con las medidas consensuadas sino cuantas son cumplidas a  cabalidad sin que estas representen una carga económica para el beneficiario  que tiene que correr con gastos de alimentación y transporte del Policía que le  sirve de escolta”.

Las organizaciones  defensoras de derechos humanos concluyeron puntualizando en que los mismos problemas que  denunciaron hace cuatro años hoy siguen vigentes. Además María Martin, de Protección  internacional junto a las organizaciones,  mostraron preocupación por el anteproyecto de  ley que busca proteger los defensores de derechos humanos, señalando que no fue  socializada y es muy vaga en sus intenciones, convirtiéndose solo en una ley  que justifica las violaciones a los derechos humanos.

El Estado planteó el anteproyecto de ley como parte  de un gran proceso de socialización y validado por el Ciprodeh, además que han  dispuesto al menos 10 millones de lempiras anuales para protección de  afectados, situación calificada como penosa por las organizaciones ya que estos  fondos nunca llegan a los beneficiarios de medidas y en otro caso quien las  ejecuta es la Policía Preventiva, altamente denunciada como violadores a los  derechos humanos.

La Comisión instó tanto al Estado y a las  organizaciones a trabajar en conjunto y construir una ley que proteja a los  defensores de derechos humanos pero que responda a las necesidades de estos.

Independencia  Judicial
Ton Pandy, presidente de la Asociación de Jueces por  la Democracia, habló sobre sus preocupaciones sobre los atentados a la independencia  judicial. La elección poco transparente del Consejo de la Judicatura y la  indefensión en la que están ejerciendo la impartición de justicia. Asimismo  dijo que fue casi una burla escuchar como el Estado respondía sus peticiones,  ya que aseguraron que no hay en los entes operadores correspondientes  denuncias  de violación al derecho de la  Independencia Judicial y que una muestra de los avances es la creación del  Consejo de la Judicatura.

Posibles  logros
La CIDH emitirá sus  recomendaciones luego de analizar los casos planteados. A criterio del Abogado  Joaquín Mejía, litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este  es un proceso que puede traer logros partiendo resoluciones favorables para el  beneficio y protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos,  bienes naturales, y por otro lado, contribuir además a que se cumpla con la  independencia de los poderes del Estado y la inclusión de los sectores  marginados.
En el caso de  megaproyectos y consulta previa, el abogado Víctor Fernández del Madj, espera  que partiendo de las recomendaciones hechas por la CIDH se pueda poner un alto  a estos proyectos que se convierten en lesivos para la dignidad de los pueblos  originarios.

Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin312/plantillacompleta/index.html#ir1

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Inversionistas de Corea del Sur tratarán de mega proyectos con autoridades de Soptravi

17:11
02
Septiembre
2013
Tegucigalpa- Autoridades de la secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), se reunirán en las próximas horas con una delegación de inversionistas coreanos que llegaron al país para tratar sobre mega proyectos.

La oferta que Honduras ha lanzado al mundo de abrir un canal interoceánico entre los puertos más profundos de Latinoamérica, despertó el interés de los coreanos, quienes corren tras la conquista del mercado del este norteamericano y europeo.

Tal es así, que mañana llega al país una delegación de Corea del Sur para conocer las bondades de este mega proyecto, que no sólo beneficiará a Honduras, sino que ahorrará millones de dólares a los comerciantes del lejano oriente, quienes tienen que dar la vuelta por el Cabo de Hornos, en el sur de América o el Cabo de Nueva Esperanza, en el sur de África, para poder comercializar sus productos en Europa y en el este norteamericano.

Los representantes de los coreanos vienen a ver in situ, el perfil de los mega proyectos que está promoviendo Soptravi, como el Ferrocarril Interoceánico que comunicará el Caribe con la región del Pacífico de Honduras, la mega refinería, el oleoducto centroamericano y la mega ciudad Panacea.

La comisión fue recibida por el secretario por ley, Adolfo Raquel Quan, en compañía del asesor técnico de institución, Luis Lemus; el coordinador de proyectos del despacho ministerial, Sergio Rodríguez y Tito Livio Sierra, quien es el proyectista.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/09/02/Econom%C3%ADa/Inversionistas.de.Corea/74374.html

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Exigen pago por tierras donde se construye hidroeléctrica Patuca III

Martes 30 de julio de 2013                11:57 am          – Redacción web: redaccionweb@laprensa.hnManifestantes anunciaron que el proyecto hidroeléctrico Patuca III se paralizará ya que campesinos volverán a sus tierras.

Tegucigalpa,

Honduras

Exigiendo el pago de indemnizaciones por desalojo de tierras en las que se construye el proyecto hidroeléctrico Patuca III, pobladores de ese sector de Olancho protestaron desde las 5:00 am de este martes frente a Casa Presidencial.

Los pobladores se plantaron frente a Casa Presidencial, donde se instalaron en tiendas de campaña con la firme decisión de no retirarse mientras no reciban una respuesta positiva.

Los manifestantes anunciaron que el proyecto se paralizará debido a que campesinos volverán a sus tierras en las que trabajan y mantienen a sus familias.

“Estamos cansados, hartos de esta situación, porque el dinero debió pagarse desde el 2011 y en marzo de este año el Presidente hizo un nuevo compromiso de pago y tampoco se cumplió”, manifestó el representante de los pobladores, Miguel Navarro.

Agregó que al menos 200 familias se verán afectadas, lo que representa el 50% de los pobladores de la zona, a quienes se les adeuda el pago de unas seis mil manzanas de tierra en las que ahora se construye el proyecto hidroeléctrico Patuca III.

El dirigente lamentó que hasta la fecha siete compañeros han muerto “por problemas cardíacos producto de la preocupación” y otros se encuentran enfermos debido a que no les han cumplido con los pagos.

Dijo que la inquietud de los pobladores es que las tierras ya están traspasadas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), es decir que ahora no tienen tierra, dinero y tampoco los atienden las autoridades.

Navarro aseguró que hasta el momento no se han reunido con ningún funcionario, ni con el presidente Porfirio Lobo, ni con el gerente de la Enee Emil Hawit, “porque es un individuo prepotente, un individuo malcriado que ni siquiera nos ha recibido”.

Comentó además que hay personas de la tercera edad, niños y minusválidos, que no están acostumbrados a este tipo de movilizaciones, pero que han participado en varias ocasiones por la necesidad que tienen.

“Si hay dinero para bonos, para otras cosas, para comprar conciencias, para gastar en la política, para otras cosas, pero no pagar estas tierras que se quedó en el compromiso desde octubre del 2011”, manifestó.

El Consejo de Ministros aprobó a principios de julio, un decreto mediante el cual autoriza a la Enee, a suscribir un convenio de préstamo con el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), para culminar la segunda y última fase del proyecto Patuca III , denominado Piedras Amarillas.

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Afinan contrato para estudio del ferrocarril interoceánico

Honduras aspira a tener un ferrocarril inter oceánico de 10 líneas ferroviarias.

Honduras aspira a tener un ferrocarril inter oceánico de 10 líneas ferroviarias.

Foto: TIEMPO

Tegucigalpa, Honduras

Autoridades del gobierno y de la empresa China Harbour Engineering Company Ltda (CHEC, por sus siglas en inglés) están afinando los detalles para firmar el contrato para hacer el estudio de factibilidad del ferrocarril inter oceánico y los mega puertos en Amapala y Puerto Castilla.

El ministro por ley de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Adolfo Raquel Quan, indicó que el gobierno y la empresa CHEC ya negociaron el contrato y cada quien entregó una copia del mismo para la firma.

“En estos momentos ellos están traduciendo el contrato que nosotros presentamos, nosotros tenemos que traducir el de ellos y si hay acuerdo se va a proceder a la firma”, explicó el funcionario.

Indicó que hasta el momento no saben cuál será la inversión en el estudio de factibilidad, sólo que 360 días después de la firma la empres CHEC deberá informar si es viable económicamente hacer el ferrocarril interoceánico.

Recordó que CHEc es reconocida como una de las 11 empresas más grandes en construcción de estructuras marítimas, ferroviarias, maquinaria portuaria y aeropuertos con un volumen de negocios de 10,000 millones de dólares.

Lo más importante es que esta empresa se encarga de conseguir el financiamiento de bancos de desarrollo y estructuración financiera.

EL FERROCARRIL
La aspiración de Honduras del ferrocarril interoceánico, con dos mega puertos, dos ciudades modelo con centros de acopio que le permitirían manejar 240 mil contenedores de mercancías.

Los dos puertos podrían recibir al mismo tiempo seis barcos gigantes con capacidad de transportar 10 mil contenedores cada uno, los cuales nunca podrán pasar por el canal de Panamá.

El ferrocarril tendrá 10 líneas ferroviarias que tendrán conexiones hacia Puerto Castilla y Puerto Cortés en el Atlántico y a Amapala; Puerto La Unión (El Salvador), Puerto Santo Tomás (Guatemala) y Puerto Corinto (Nicaragua) en el Pacífico. Además conectará a Tegucigalpa, el Valle de Comayagua y hasta Potrerillos, Cortés.

Datos
-El proyecto requiere una inversión inicial de 5,000 millones de dólares (unos 105 mil millones de lempiras).
-877 millones de dólares anuales (unos 18417 millones de lempiras) serán los ingresos para el Estado por las operaciones del ferrocarril.
-Al principio las obras van a generar 200 mil empleos directos y 800 mil indirectos.

http://www.tiempo.hn/portada/noticias/afinan-contrato-para-estudio-del-ferrocarril-interoceanico

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China presta 297 millones a Honduras para hidroeléctrica

El presidente Porfirio Lobo anunció el martes que un banco chino prestará 297.7 millones de dólares a su gobierno para construir una central hidroeléctrica en la región este de Honduras. El presidente Porfirio Lobo anunció el martes que un banco chino prestará 297.7 millones de dólares a su gobierno para construir una central hidroeléctrica en la región este de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras El presidente Porfirio Lobo anunció el martes que un banco chino prestará 297.7 millones de dólares a su gobierno para construir una central hidroeléctrica en la región este de Honduras. “Esa obra es de apremiante urgencia para la nación”, dijo el mandatario en un comunicado, después que se aprobara un decreto que permite a la estatal eléctrica suscribir el millonario préstamo. Identificó al Industrial and Commercial Bank of China como la institución que otorgará el financiamiento. El proyecto se construye en la cuenca del río Patuca de la provincia de Olancho, al este de Honduras y fronteriza con Nicaragua, a un costo superior a los 1,200 millones de dólares para generar 524 megavatios. El resto de los recursos los gestiona el gobierno ante el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Taiwán y Europa. El Patuca lo forman los ríos Guayape y Guayambre. Es el segundo río más grande de Centroamérica y el más largo de Honduras, con casi 500 kilómetros de longitud y una cuenca de 23,900 kilómetros cuadrados. El gobierno tiene previsto que el complejo hidroeléctrico esté terminado en cinco años. La capacidad instalada de energía de Honduras es de 1,250 megavatios, de los cuales 70% es aportado por empresas térmicas y 30% por energías renovables. La demanda energética nacional es de unos 1,100 megavatios.

Leer más en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/China-presta-297-millones-a-Honduras-para-hidroelectrica

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Gobierno y empresa china suscriben acuerdo para ferrocarril interoceánico

El gobierno suscribió ayer con representantes de la empresa China Harbour Engineering Company Ltda (CHEC), una carta de intenciones para construir una red de ferrocarriles interoceánicos en el país.

Se indicó que el proyecto incluye la construcción de una refinería en Puerto Castilla, un oleoducto, un astillero y la instalación de fibra óptica.

Se indicó que el proyecto incluye la construcción de una refinería en Puerto Castilla, un oleoducto, un astillero y la instalación de fibra óptica.

La información fue confirmada por el extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOptravi), Miguel Ángel Gámez, quien aseveró que mediante ese megaproyecto se pretende desarrollar los dos puertos con aguas más profundas en Honduras.

Gámez, también consultor de Soptravi y quien inició la negociación con CHEC, aseveró que el megaproyecto marcará un cambio radical de la económica del país.

El proyecto consiste en la construcción de un ferrocarril para unir a Puerto Castilla en el Caribe y Amapala, en la Isla del Tigre, Golfo de Fonseca, que Honduras comparte en el Pacífico con El Salvador y Nicaragua, mediante una decena de líneas de ferrocarril, detalló Gámez.

“Esta es una excelente noticia, porque esta empresa vendrá dentro de 15 días con su equipo titular de ingenieros, para hacer el estudio de factibilidad y el estudio final de ingeniería, para después proceder a lo que será la construcción de un megaproyecto”, informó el exministro.

Respecto a la competencia con otros países que también planean contar con un canal interoceánico, el Presidente Porfirio Lobo, indicó el martes en Santa Rosa de Copán que la ventaja de Honduras, es que cuenta con dos muy buenos puertos; uno en el norte, Puerto Castilla, que posee 41.5 metros de profundidad natural y uno en el Pacífico que es Amapala con 32.5 metros de profundidad y esos no los tiene cualquiera.

Así, resaltó que Puerto Castilla es el segundo en América Latina con más profundidad y Amapala es uno de los mejores, además que en medio del territorio, se cuenta con valles fértiles con un potencial para desarrollar grandes producciones de alimentos y todo eso cuenta.

DIEZ LÍNEAS FÉRREAS

La empresa asiática ha confirmado a Honduras “su interés” por construir el complejo de hasta diez líneas férreas interoceánicas, dijo Gámez.

El proyecto consiste en unir Puerto Castilla, en el Caribe y Amapala, en la Isla del Tigre, ubicada en el Golfo de Fonseca, que Honduras comparte en el Pacífico con El Salvador y Nicaragua, mediante una decena de líneas de ferrocarril.

Gámez indicó que el interés de la empresa china confirma “la importancia que tiene Honduras para el comercio mundial”, debido a las ventajas que ofrecerá el ferrocarril interoceánico y el desarrollo en Puerto Castilla y Amapala, adonde la línea llegará con un puente de unos tres kilómetros de largo.

En mayo pasado, Lobo Sosa se reunió en Tegucigalpa con ejecutivos para América Latina de la empresa CHEC, quienes conocieron algunos proyectos de infraestructura que desea impulsar Honduras, entre ellos el ferrocarril interoceánico.

El impulsor del proyecto, el asesor gubernamental Tito Livio Sierra, señaló que el ferrocarril de Honduras no será competencia para el Canal de Panamá ni para el interoceánico que Nicaragua pretende construir.

El ferrocarril interoceánico de Honduras será para atender la carga de barcos de 300 mil toneladas, mientras que el Canal de Panamá y el interoceánico de Nicaragua son para barcos menores a 100 mil toneladas, explicó.

Según el diseño del proyecto, en el que ha participado activamente la Universidad Privada José Cecilio del Valle, en el sector de Jícaro Galán, Choluteca, se construirá un centro de acopio de mercadería con capacidad para 240 mil contenedores.

De su lado, el rector de la Universidad Privada José Cecilio del Valle, Carlos Ávila, afirmó que la empresa CHEC ha mostrado el interés por “desarrollar el estudio técnico financiero, el financiamiento y la construcción de la obra”.

http://www.latribuna.hn/2013/07/11/gobierno-y-empresa-china-suscriben-acuerdo-para-ferrocarril-interoceanico/

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Aprueban decreto para contratar préstamo para finalizar proyecto hidroeléctrico Patuca III

Santa Rosa de Copán – El Consejo de Ministros celebrado esta mañana en Santa Rosa de Copán, aprobó un decreto donde se autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a suscribir un convenio de préstamo con una institución financiera china para culminar la segunda y definitiva etapa del proyecto hidroeléctrico Patuca III.

El decreto establece que de conformidad al numeral uno del artículo 22 de la Ley General de la Administración Pública, se autoriza a la ENEE, a negociar y oportunamente suscribir el convenio correspondiente, de línea de crédito entre esa empresa que actuará como prestatario y la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) como Ejecutora y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) como prestamista, para la construcción de la segunda y última fase del proyecto Patuca III, conocido como Piedras Amarillas.

El gerente de la ENEE, Emil Hawit, precisó que el convenio es por un monto de aproximadamente 297 millones 720 mil dólares.

En el artículo dos del decreto, se señala que una vez suscrito el convenio de línea crédito con la institución financiera china, deberá ser remitido para su correspondiente aprobación, al Congreso Nacional.

En uno de los considerandos del decreto, se menciona que el decreto legislativo 279-2010 publicado en el diario oficial La Gaceta, el 5 de febrero de 2011 y, mediante el cual se aprobó la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable, declaró en su artículo uno de apremiante urgencia, interés público y necesidad nacional de la más alta prioridad, la construcción y puesta en funcionamiento de, entre otros, el proyecto de generación de energía con recursos renovables nacionales Patuca III (Piedras Amarillas), ubicado en el departamento de Olancho.

El proyecto en su primera fase, fue concedido a la empresa de China Popular Sinohydro.

En ese sentido, el abril de 2011, Sinohydro firmó un contrato con la estatal hondureña Empresa Nacional de Energía Eléctrica para construir la primera fase de la represa hidroeléctrica Patuca III por 50.5 millones de dólares.

La segunda fase será de unos 350 millones de dólares y contempla la instalación de las líneas de transmisión de energía desde la zona de Patuca hasta el departamento de Olancho.

Sin embargo, el proyecto ha encontrado dificultades con el financiamiento y con el pago a los pobladores que reclaman la indemnización por sus tierras que han sido afectadas por la construcción del embalse.

http://www.proceso.hn/2013/07/09/Nacionales/Aprueban.decreto.para/71524.html

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Gobierno pospone firma de ferrocarril

Hasta mediados de julio se podría firmar el memorando de entendimiento entre el gobierno y la compañía china interesada en la construcción del soñado ferrocarril interoceánico. La firma, prevista para el lunes, fue pospuesta debido a que la empresa Harbour Engineering Company Ltda. (CHEC) trabaja aún en la revisión del documento que contempla el inicio de los estudios de factibilidad de la obra. Adolfo Quan, ministro de Soptravi, dijo que se espera que el próximo 12 de julio arriben a Honduras los representantes de la compañía china para iniciar una revisión conjunta del documento previo a la firma. “Ellos están revisando y le están haciendo la traducción, ellos vienen el 12 de julio ya van a traer la traducción y vamos a darle la revisión y estaría listo para firmar a mediados de julio con la participación del Presidente de la República”, indicó. El proyecto contempla la construcción de dos megapuertos (Amapala y Puerto Castilla) que estarían comunicados a través de un ferrocarril que se encargará de trasladar productos y mercaderías desde el Pacífico al Atlántico y viceversa. Según el gobierno, la firma del memorando permitirá que la empresa china trabaje en un periodo de 360 días en la elaboración de los estudios para establecer si es viable o no la construcción del proyecto. “Es un estudio de factibilidad de un megaproyecto de dos polos, uno en el sur y otro en el norte, acuérdese que esos dos polos deben desarrollarse para implementar el ferrocarril interoceánico y con esto se pretende solventar el problema del Canal de Panamá de recibir barcos grandes”, apuntó.Leer más en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Gobierno-pospone-firma-de-ferrocarril

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Se revela que la CFI financió expropiación de tierras en Camboya, Laos y Honduras

Publicado: 08 jul 2013
Publicado en:  CFI | Camboya | Honduras | Laos
8-7-2013, Bretton Woods Project, Boletín 86

Al tiempo que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial sigue favoreciendo los fondos de capital privado, se afirma que los intermediarios financieros de la CFI han financiado ‘apropiación de tierras” en el sudeste asiático y violaciones de los derechos de la población indígena en Honduras.
El presidente del Banco, Jim Yong Kim, apoyó la inversión de capital privado a mediados de mayo de 2013, en una conferencia organizada por la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco). De acuerdo con un blog del Banco “Kim dijo que si se aprovechara más el capital privado para los mercados emergentes, el mundo tendría una mejor oportunidad de lograr dos objetivos ambiciosos”, o sea: la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. Parece que él no hizo ninguna referencia a los casos controvertidos que han manchado la reputación de la CFI (verBoletín 807976), ni al reciente informe de auditoría (ver Boletín 84), el cual critica el fracaso de la CFI al no prestar atención a los riesgos ambientales y sociales asociados con las inversiones en el sector financiero. La CFI debe presentar un plan de acción al Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2013, en respuesta a la conclusión de la auditoría.
A principios de mayo de 2013, la ONG británica Testigo Global (Global Witness) publicó Barones del Caucho, donde alega que las inversiones de la CFI en el sector financiero de Vietnam han facilitado la apropiación de tierras y la tala ilegal en Camboya y Laos. El informe refuerza los llamados de las organizaciones de la sociedad civil que piden una revisión de la estrategia de la CFI para la inversión a través de intermediarios financieros (ver Boletín 85).
Según Barones del Caucho, desde 2010 “dos de las compañías más grandes de Vietnam, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) y el Grupo Cauchero Vietnamita, han arrendado vastas extensiones de tierra para sus plantaciones en Laos y Camboya, con consecuencias desastrosas para las comunidades locales y el medio ambiente.” La tierra ahora es utilizada para las plantaciones de caucho, y “en todas las comunidades visitadas por Testigo Global, la gente describió cómo su nivel de vida se había deteriorado cuando las filiales de HAGL se apropiaron de sus tierras y bosques”. El informe también alega que las empresas “han violado en gran medida el límite legal de Camboya sobre la tenencia de la tierra”.
La CFI está vinculada a través de su inversión en 2002 con el fondo de capital privado Dragon Capital Group, y de su posterior inversión directa con Dragon Capital a través del fondo vietnamita Enterprise Investments Limited (VEIL), propiedad de Dragon. Ambas empresas invierten en HAGL. También se puso en tela de juicio la eficacia de la CFI en la gestión del riesgo de inversión de intermediarios financieros, al ser revelado que cuando HAGL cotizó en la bolsa de Londres en el año 2011, admitió que se “estaba desarrollando proyectos sin la necesaria autorización del gobierno, sin permisos o licencias y que el desarrollo y el funcionamiento de determinados proyectos no cumplían con las leyes y reglamentos aplicables.”
Aunque HAGL negó su participación en las actividades ilegales en una respuesta por escrito en abril de 2013, la compañía se reunió con Testigo Global a principios de junio, donde convino un plan de acción para resolver los problemas. Dragon Capital dijo que “había manifestado su buena voluntad para abordar las cuestiones a ser resueltas, a fin de garantizar que cumpliría con las normas ambientales y de gestión social en el futuro.” La CFI indicó en su respuesta de mediados de mayo del 2013, “hemos ayudado y continuaremos ayudando para que la gerencia del fondo Dragon Capital ejecute un sistema de vigilancia social y ambiental que le ayude a llevar a cabo su debida diligencia sobre las normas, tanto como la supervisión de los fondos de inversión”.
Megan MacInnes de Testigo Global, dice que la respuesta “hasta el momento ha sido muy positiva, ya que tanto las empresas como sus inversionistas están de acuerdo en tomar las medidas necesarias para hacer frente por lo menos a algunos de los problemas destacados en el informe.”

Más preocupaciones sobre Honduras

La inversión de la CFI en FICOSHA, un banco comercial en Honduras, fue vinculada a la financiación de un proyecto hidroeléctrico ferozmente opuesto por los indígenas locales. A partir del golpe de estado en Honduras en 2009 se suspendió la Constitución y se promulgó la primera Ley de Aguas, la cual permite que empresas privadas tengan acceso a la gestión de los recursos hídricos. A partir de septiembre de 2010, 41 concesiones para represas hidroeléctricas fueron dadas por el régimen golpista, sin un proceso de transparencia y sin una consulta legalmente vinculante. Entre estas represas está la represa de 22-megavatios Agua Zarca que está siendo desarrollada por Desarrollos Energéticos S. A. La red de indígenas hondureños COPINH dice que FICOSHA está financiando la represa. En 2011 FICOSHA recibió una inversión de US$70 millones de la Corporación Financiera Internacional, además de una primera financiación en 2007. En el momento de la inversión de la CFI en 2011, el presidente del Banco Mundial explicó que los recursos fortalecerían la capacidad de FICOSHA para “apoyar… grandes proyectos que esencialmente impulsarán el desarrollo económico y social del país”.
Según COPINH, el pueblo Lenca tiene bloqueado el acceso a la región del río Gualcarque en la provincia de Santa Bárbara en el noroccidente hondureño, para impedir el desarrollo de la represa Agua Zarca, que ellos han rechazado en sus sesiones abiertas y a través de un referéndum local. COPINH afirma que esta represa es una violación al derecho del pueblo Lenca por el consentimiento libre, previo e informado, violación que está siendo impulsada por las élites locales, incluyendo al jefe de FICOSHA. Una declaración a comienzos de abril de 2013 de las comunidades Lencas afirma: “Exigimos el desmantelamiento de la infraestructura que fue instalada sin nuestro consentimiento y exigimos que este proyecto abandone de inmediato nuestros territorios ancestrales”.
En la India, el Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia (CAO, el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI) no pudo facilitar un arreglo en el primer caso sobre la inversión de la CFI a través de intermediarios financieros, relacionado con el Fondo de Infraestructura de la India (ver Boletín 76). Vijayan MJ de la ONG de la India Programa de Acción Social y uno de los denunciantes, dijo que la empresa involucrada, la Corporación GMR, “se había negado a aceptar los representantes de la comunidad” seleccionados para participar en un proceso de resolución de disputas. El caso pasará ahora a la función de cumplimiento del Defensor del Pueblo.

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