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Demandarán al Estado de Honduras por impunidad en crimen de comunicador Nery Orellana

Esta semana se cumplieron cinco años del asesinato del comunicador social  Nery Geremías Orellana y hasta la fecha no hay justicia.  “No hay ningún avance en las investigaciones,  por lo tanto el caso se está documentando para presentarlo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó la abogada Brenda Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric).

 

Orellana de 26 años, era el director de radio Joconguera del municipio de Candelaria, departamento de Lempira y también desarrollaba una corresponsalía para Radio Progreso. Fue asesinado el 14 de julio del 2011. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reflejan que desde 2003 a la fecha han muerto 63 hondureños ligados a medios de comunicación  y el 95% de los casos están en la impunidad.

 

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Depuración policial no combate impunidad en Honduras

Aunque la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional hable de grandes frutos en la función que se le encomendó, al final sólo está escogiendo a los que deben irse y los que deben quedarse en la Policía Nacional Preventiva. Pero los policías corruptos y delincuentes siguen libres en las calles del país, coinciden distintos sectores hondureños.

La Comisión de Depuración se está moviendo por varias ciudades del país promocionando la plataforma “Honduras denuncia” que consiste en recibir denuncias contra policías corruptos que cometan ilícitos.

En estas exposiciones, los integrantes de la Comisión se cuelgan su medallita con los números de policías evaluados y sacados de la institución policial.

Depurados, ¿y luego?

Según sus registros, se han evaluado a 460 policías, de los cuales fueron cancelados 191 integrantes, entre ellos figuran seis comisionados generales, 27 comisionados, 36 subcomisionados, 39 comisarios, 49 subcomisarios, 2 inspectores, 1 subinspector y 31 policías de la escala básica.

“Por mucha depuración que haya no se combate la impunidad. Usted puede separar a oficiales de alta graduación y de baja graduación pero si esa separación no se convierte en requerimientos fiscales y en condenas, no habremos hecho absolutamente nada” analizó el abogado Ramón Enrique Barrios, ex juez de sentencias.

 

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Investigación desnuda modelo extractivista que explota, desplaza, criminaliza y agrede a comunidades

Desplazamiento de familias, criminalización, hostigamiento y persecución contra lideresas y líderes comunitarios ha dejado la lucha en contra de la minería en Nueva Esperanza, una comunidad del municipio de Tela, Atlántida. La gente, sus historias y luchas son uno de los tres casos estudiados en la reciente investigación que hizo el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto son la Universidad Saint Louis Missouri.

A la par de la situación de Nueva Esperanza, también se analizó la realidad de las comunidades indígenas Tolupanas en Yoro, San Francisco Locompa y en la montaña o parque nacional Botadero ubicado en el departamento de Colón.

En los tres casos se reveló que la conflictividad socioambiental estará presente en la medida que se continúe impulsando proyectos que generan contaminación, dominación y apropiación de la naturaleza, por grupos de poder transnacionales confabulados con las élites nacionales, que despojan, vulneran y empobrecen a pueblos originarios y descendientes indígenas, garífunas y campesinos, quienes valoran la naturaleza como “Madre Tierra”, planteamiento que urge reforzar a nivel político e ideológico, económico, social y cultural, como aspecto crucial en la lucha contra la hegemonía del sistema de acumulación capitalista, que amenaza la vida de la humanidad y del planeta.

En Honduras la actividad extractivista se ha profundizado especialmente en los últimos 25 años, cuando más impulso ha tomado el modelo neoliberal basado en la alianza de los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, bosques, minerales, aire y los territorios una cantera certera para la producción de capitales, contando a su favor con la legislación y la connivencia de las autoridades y partidos políticos responsables de la conducción de la institucionalidad del Estado.

Buscar las mayores ganancias con base en la explotación ilimitada de los bienes comunes de la naturaleza, sin importar los costos humanos y sociales, es la lógica que conduce el modelo económico extractivista.

“Una de las cosas que queda clara es que en el contexto que vivimos y la realidad que tiene Honduras, el modelo extractivo y sobretodo la actividad minera resulta inviable para las comunidades. Los únicos que hacen negocio con esto son los empresarios, ni siquiera el Estado de Honduras tiene ganancias significativas en comparación con el daño que están generando” dijo Pedro Landa del equipo investigador al momento de devolver los resultados de la investigación esta semana en Tegucigalpa en el marco del II Congreso de Minería y Geología que promueve una universidad privada y el gobierno a través de Mi Ambiente y Inhgeomin.

Landa  hizo énfasis en el daño e impacto que la presencia minera deja al tejido social de las comunidades, además de los destrozos en las fuentes de agua. “En los testimonios que recoge la investigación las comunidades siguen afectadas emocional y físicamente por la presencia de estas empresas. Esto llama al gobierno de forma urgente a modificar la política extrativista. Se requiere de reformas para fortalecer la presencia del Estado a través de una serie de reformas que garanticen los derechos de las comunidades que están siendo afectadas”.

 

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Según diputado, peaje es el negocio redondo de gobierno de JOH

¿Sabe usted cuánto ganarán las multinacionales y sus socios nacionales con los peajes a lo largo de los próximos treinta años? el diputado por el departamento de Yoro, Bartolo Fuentes, asegura que el contrato aprobado bajo la sombrilla de la “Ley de Inversión Público Privada” y su figura “Coalianza”, a través de las empresas de origen ecuatoriano, colombiano y panameño junto a empresas vinculadas a Juan Orlando Hernández y el ex presidente de facto Roberto Michelleti, ganaran 650 millones de dólares en 30 años.

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Fantasma de la privatización del agua potable toma fuerza en Honduras

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Empresa minera sigue violando derechos de población de Azacualpa, Copán

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Bolsas solidarias, bolsas magisteriales – 29 Junio 2016

Los maestros y maestras han recibido todos los regalos que nadie se pudo imaginar. El presidente de la República anunció por su gran cadena nacional el aumento al salario y alivio a las deudas del magisterio como una recompensa por haber cumplido por varios años consecutivo los doscientos días de clase tan alabados por la oficialidad del Estado y bendecido por la oficialidad religiosa.

El magisterio ha recibido ese aumento salarial y los beneficios sociales luego de siete años de haber caído en desgracia por el actual Ministro de Educación. Todos estos beneficios han venido de arriba hacia abajo, como regalos que a un padrino o un compadre se le ocurrió para premiar el buen comportamiento de sus pupilos. Así lo dejó dicho el presidente de la República.

Ni para estos beneficios económicos y sociales ni para decisiones que tienen que ver con la educación hondureña han contado los gremios magisteriales. Los mismos han sido convertidos en un cero a la izquierda, en organizaciones infantiles inmaduras a las que no se les debe consultar porque no merece la pena.

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Comunidades de El Progreso y Tela se unen contra hidroeléctrica

Centenares de ríos se están llenado de pequeñas represas  hidroeléctricas que al final se convierten en  grandes problemas para las comunidades quienes por siempre los han cuidado y convivido con ellos.  Pero a la par de estos proyectos, la población se está organizando para oponerse a la privatización de sus afluentes, tal es el caso de más de 40 comunidades de Tela, Atlántida y El Progreso, Yoro, quienes están librando una pertinaz lucha contra la instalación de represas en los ríos Mezapita, Pajuiles y Las Metalias.

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Escenarios del conflicto por reformas académicas en la Universidad Nacional

La vigencia de las nuevas Normas Académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desatado manifestaciones, protestas y tomas de las instalaciones en los centros de estudios, dirigidas por los movimientos estudiantiles y asociaciones de carrera.

Las reformas, aprobadas en el segundo periodo de administración de la rectora Julieta Castellanos, pretenden adaptarse a las tendencias internacionales en educación superior, pero el movimiento estudiantil señala que no fueron consensuadas ni construidas desde la realidad que vive la comunidad dentro y fuera de la universidad.

El texto legal establece que el objetivo de las Normas Académicas de la UNAH es  regular, regir y ordenar el desarrollo y crecimiento permanente de la actividad académica. Esta nueva normativa establece el aumento progresivo del índice de aprobación y de permanencia: los estudiantes con cuentas a partir del 2015 deberán ir aumento su índice de 60 a 70 por ciento.

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Alumnos aventajados – 17 Junio 2016

Siempre la presencia del FMI entre nosotros pone nerviosos a los gobiernos de cualquier país del mundo.  Sus evaluaciones son fundamentales para conseguir  nuevos préstamos, tener el reconocimiento internacional en vista de inversiones y ser considerados como sujetos que dan seguridad jurídica a todo tipo de empresas, al sistema bancario y al funcionamiento normal de la economía.  Sin embargo, esta apreciación está cambiando puesto que no son los gobiernos sino los ciudadanos de a pie quienes se ponen nerviosos puesto que estas visitas significan mayores impuestos y encarecimiento del nivel de vida.

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Honduras se sumó al grito global de justicia para Berta Cáceres

En varias ciudades del mundo, las organizaciones se juntaron para reclamar justicia a tres meses del crimen de la ambientalista y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres.

Alemania, Argentina, Austrias, Canadá, La Ceiba, Colombia, Costa Rica, San Pedro Sula, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Italia, Londres, Madrid, Mallorga, México, Montreal, Nicaragua, Nueva York, Perú, Tegucigalpa, Valencia, Washington y otras ciudades más se unieron el pasado 15 de junio al día de acción mundial de justicia para Cáceres.

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UNAH: un conflicto, una oportunidad – 16 Junio 2016

La UNAH en los últimos años dio muestras claras de que las cosas podían hacerse de otra manera; resolvió algunos problemas históricos relacionados con la transparencia presupuestaria, inversión en infraestructura y la vinculación con la sociedad.

Las autoridades universitarias fueron tan proactivas que hasta fueron invitadas a buscar soluciones a los conflictos de otras instituciones estatales del país. Sin embargo, ese capital acumulado no se supo canalizar en la dirección y proporción adecuadas para resolver el conflicto estudiantil.

Desde nuestro punto de vista, las autoridades universitarias cargan con la cuota más alta de responsabilidad en el conflicto estudiantil, y en este proceso logramos identificar al menos los siguientes cinco errores:

Primer error: No abrir desde el inicio un proceso de diálogo para escuchar, revisar, socializar  e impulsar las reformas académicas. Un diálogo donde los profesores, las autoridades administrativas y el estudiantado consensuaran los tiempos y los contenidos de las reformas académicas.

Segundo error: La descalificación  y predisposición hacia las motivaciones de los estudiantes, y hacerlo de manera incluso primitiva a través de los medios de comunicación. Esta actitud de prejuicio ha dejado al menos la percepción de que las autoridades universitarias adolecen de las mismas actitudes inmaduras de las que acusan a los estudiantes.

Tercer error: Criminalizar la protesta estudiantil a través de la denuncia penal, dejando en la bandeja de salida órdenes de captura para estudiantes conductores del movimiento. Esta criminalización también se evidenció en la expulsión de estudiantes protestantes. Aunque existan estos actos delictivos, las autoridades universitarias debían al menos emparejar las acciones penales con la decisión del diálogo.

Cuarto error: Violentar la autonomía universitaria al autorizar el ingreso de policías y militares a desalojar a estudiantes de la máxima casa de estudios.

Quinto error: Descalificar el movimiento estudiantil acusándolo de estar patrocinado por partidos políticos. En vez de buscar las causas del conflicto las autoridades se han inclinado por la búsqueda de chivos expiatorios. ¿No tienen acaso el mismo derecho los estudiantes de acusar de manipulación a las autoridades universitarias por parte del gobierno?

La solución del conflicto actual debía pasar por el retiro de órdenes de captura a estudiantes, corregir la representación estudiantil en el Consejo Universitario y abrir un verdadero espacio de diálogo entre la comunidad de estudiantes, la comunidad de profesores y autoridades administrativas para definir e impulsar las reformas académicas que la universidad requiere para responder a los actuales desafíos.

 

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Diferentes lecturas de la realidad – 07 Mayo 2016

En esta semana no deja de ser buena noticia el hecho de que, como resultado de la “Operación Jaguar”, se hayan detenido a cuatro personas como las responsables del asesinato de Berta Cáceres. Es algo sorpresivo para todo el mundo: la opinión pública, los hijos y la mamá de Berta, para el Copinh y todos los ciudadanos-solidarios con el pueblo lenca, la defensa de los recursos naturales, las aguas y las tierras de las comunidades indígenas.

En todo ello hay un punto que queremos resaltar: se trata de las diferentes lecturas que hacen los diversos actores del mismo hecho dependiendo del lugar social y coyuntural desde el cual se ubican y miran la realidad.

Primeramente llama la atención de que algo a lo que no estamos acostumbrados: la rapidez, eficacia y simultaneidad del operativo en Tegucigalpa, La Ceiba y Trujillo. No es lo habitual en el modo de proceder y actuar gubernamental. Sin hacer bulla, disparar balas o nada mediático: tres autores intelectuales y uno material caen entre los detenidos.

Comenzando por JOH subrayamos que tiene una lectura muy limitada y desde el poder: felicita a los operadores de justicia y a toda la institucionalidad del país pues, según él, son la cara visible de que el país funciona, por fin se hace justicia y el engranaje político-gubernamental es casi perfecto. Alaba y reconoce el trabajo del Ministerio Público, la FUSINA, la ATIC, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, agentes de seguridad, operadores de justicia, fiscales y jueces. ¿Se reconocen en este país soñado de leyes y de justicia?

Otra cosa muy distinta es la visión que tienen los familiares, desde las víctimas. Lo primero es encontrarse con una sorpresa de un gobierno que, pasando del desprecio, olvido y humillación hacia las víctimas, presenta de la noche a la mañana a los autores intelectuales y materiales. La falta de reconocimiento y credibilidad hacia el poder, hace que exijan la participación de una comisión internacional independiente de expertos para la investigación del asesinato. Y, esto, porque no existe reconocimiento ni garantía hacia un gobierno que produce víctimas y excluidos.

Por otra parte denuncian se les haya tenido al margen a pesar de ser una contraparte privilegiada del proceso y miembros cualificados del pueblo lenca. No dudan en involucrar directamente al estado en el asesinato debido a la participación de militares activos y retirados con la empresa.

Tanto las FF AA como la Hidroeléctrica Agua Zarca tratan de distanciar a sus instituciones de los autores intelectuales y materiales del asesinato: “lamentamos que un oficial activo de las FFAA haya participado en esto; dimos luz verde a la operación”. La Hidroeléctrica Agua Zarca ratifica que bajo ningún concepto es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres”.

El dirigente indígena Aureliano Molina, expareja sentimental de Berta Cáceres, responsabilizó a la Compañía Hidroeléctrica: “desde que ingresaron las compañías transnacionales que tienen su propia dinámica de operación; comenzando por sobornar a las comunidades, luego apropiarse de los recursos, militarizarlos y hasta matar para conservarlos.

Para doña Austraberta Flores las detenciones son el resultado de la presión nacional e internacional y de toda mi familia para que el crimen de mi hija no quede en la impunidad. El asesinato de mi hija fue por la lucha del río Gualcarque porque se opuso a los proyectos extractivos que son proyectos de muerte. Fue un alto costo internacional el que pagó Honduras por el crimen.

Y terminamos con el actor social que está por detrás de las detenciones y su esclarecimiento: “el gobierno de los EEUU continuará con su seguimiento en las investigaciones sobre el asesinato de la líder indígena y defensora de los pueblos Berta Cáceres”. Siempre pidieron una investigación exhaustiva y seguirán de cerca el proceso judicial y futuras detenciones”.

Realmente es una muy buena noticia el que oficialmente se empiecen a conocer a los autores del asesinato de Berta Cáceres, pero cada vez vamos dependiendo más y más de la embajada americana: en un principio controlan nuestra economía bananera; recientemente han sido con los narcotraficante, con la corrupción policial y, ahora, con la defensa de los derechos humanos y pueblos indígenas. ¿Cuándo será nuestra mayoría de edad política y cultural?

Origen: Diferentes lecturas de la realidad – 07 Mayo 2016

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Berta Cáceres: una indomable con talante de estadista

Origen: Berta Cáceres: una indomable con talante de estadista

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“Me sentí como un objeto de prueba, no como víctima ni como testigo”, Gustavo Castro Soto

El activista mexicano, Gustavo Enrique Castro Soto, testigo directo del asesinato de la coordinadora general de Copinh, Berta Cáceres, ha salido ya del país y antes de hacerlo decidió dar declaraciones exclusivas a Radio Progreso.

En medio del estrés postraumático que aún sufre como víctima sobreviviente, Gustavo Castro cuenta a qué vino a Honduras, lo duro de la experiencia que le tocó vivir, la impericia y trato cruel de las autoridades hondureñas y la falta de apoyo oportuno y efectivo del gobierno mexicano.

También manifiesta su preocupación por las precarias condiciones en que realizan su trabajo  los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y valora la trascendencia de la lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza de Berta Cáceres,  del COPINH y del pueblo hondureño en general.

RP ¿Cómo recibís la noticia que después de tantas limitaciones, ahora un Tribunal permite que regreses a México? 

GC. Es una sorpresa grata que recibo con gran alegría después de tantos días de incertidumbre y oscuridad,  viendo tantas formas de hacer las cosas de una manera tan ilegal e irresponsable. Me da mucho gusto.

No quiero irme de Honduras sin darle las gracias a tanta, pero tanta gente, a C-libre, a mi abogada Ivania, a Eddy, a mi hermano Oscar y un agradecimiento a las comunidades porque es un pueblo caluroso y un pueblo con una fuerza y humanidad que nunca lo voy a olvidar. Me voy con la preocupación sobre la criminalización no solo del COPINH, sino con todos los defensores de derechos humanos que se encuentran en medio de tanta indefensión debido a la falta de andamiaje jurídico para protegerse.

Voy agradecido con mis sobrinas, las hijas de Berta, con su mamá que me hubiese gustado darle un abrazo, verla pero no se pudo. Agradecimiento a la Misión Internacional, a todos los integrantes, tantas muestras de solidaridad, cartas y  correos que recibí de gente mostrándome su cariño. Les agradezco infinitamente.

Siento preocupación por la lucha de los pueblos porque se enfrentan a este poder que quiere despojar a las comunidades indígenas y garífunas.  Pero sé que el espíritu de Berta renació, es impresionante toda la unidad que generó. Cuando la pienso siento que está en la casa de Utopía donde posaban los pájaros, yo pienso estará sobrevolando las montañas de La Esperanza y el río Gualcarque, ella renació para fortalecernos.

RP. Cuando viajabas a Honduras para todo el proceso de compartir con el pueblo Lenca organizado en el COPINH, ¿te imaginaste que una situación como esta pudiera ocurrir? 

GC. Pues no me imaginaba que esto iba a ocurrir. Sabía de las complicaciones que tenía Copinh, y no solamente Copinh sino todo el pueblo de Honduras en esta lucha. Yo hace  5 años que no venía a Honduras, esa última vez estuve en Tegucigalpa y me tocó saludar a Berta muy brevemente, quien venía a nuestra reunión, pero antes de eso tenía 8 años de no encontrarla y solamente nos enterábamos por todas las noticias que el Copinh sacaba, toda la muerte y la represión que estaban viviendo.

Sabía el contexto, pero yo venía con mucha ilusión, las comunidades y el Copinh estaban queriendo abrir nuevas puertas de esperanza y alternativas. Llegué a facilitar y apoyar en un taller de reflexión sobre energías alternativas y renovables, para saber cómo mejorar la calidad de vidas de las comunidades, eco tecnologías para generar alternativas de vidas. Con nuevas formas ambientales de respeto a la naturaleza y nuevas manera de vivir en las comunidades, y es increíble que hasta eso quieran acabar. Yo veía con esa esperanza, con ese gusto, jamás me esperé toparme con esto. Sin embargo creo que  el destino me dio la oportunidad de que fuera yo quien se despidiera de Berta.

RP ¿Cómo fue ese momento? 

GC. Muy doloroso. Fue un momento, un minuto en el que Berta se fue. Pero yo creo que el destino me dio la oportunidad de vivir para que su legado y del Copinh no quedara sepultado como pretenden hacerlo todavía.  Ese destino nos dio la oportunidad de juntar las voces, fuerzas y la unidad de justicia para que la semilla de Berta resurja en todos lados. Un llamado a todos para estar unidos.

Esa noche nadie sabía que yo iba estar allí, Berta me invitó a su casa para poder comunicarme con mi familia. Para los asesinos fue una sorpresa verme allí, por eso decidieron jalar el gatillo.  Pero resulta, por milagro, no la veo otra manera de explicar o el destino lo hizo así, que si iban a asesinar a Berta necesitamos un testigo vivo, porque si no hubiese sido el asesinato perfecto, nadie se hubiese enterado. Entraron de noche, la asesinan, se van y nadie se enteró. Eso hubiese permitido crear miles de escenarios e historias.

RP ¿Qué le diríamos a las personas que van a escuchar tu mensaje, qué retos se plantean para ellos de aquí en adelante en esta lucha contra ese tipo de proyectos, contra la vida de la gente? 

GC. Que en esta lucha no estamos exentos de eso y que necesitamos cuidarnos, que por más premios y medidas cautelares, debemos tener consciencia que la lucha tienen sus peligros, debemos saber cuidar la vida en esta lucha de resistencia y de busca de alternativas.

La lucha nos invita a ser activos, no podemos ser pasivos y esperar que alguien nos diga qué hacer, deberíamos ser muchas Bertas y Copinh con la unidad por construir otros mundos distintos. Berta deja el legado importante  pero tenemos el enorme reto de rescatar a toda la gente que está amenazada actualmente en todas las partes del mundo, en toda Honduras.

RP  Tu salida de Honduras, no cabe duda que es resultado de toda la respuesta internacional, de las redes que respaldan estas luchas ¿qué retos se plantean para estas organizaciones a partir de la experiencia que te tocó vivir? 

GC. Yo no estaría afuera sin el apoyo de todos ellos. Aquí me sentí siempre en una indefensión espantosa, en unas contradicciones legales, en muchas irregularidades, inconstitucionalidades, violación de la Constitución, violación incluso del convenio (Convenio de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal) que fácil se puedo implementar porque yo mostré toda mi voluntad para apoyar, yo tengo mucho interés que se encuentre a los asesinos, que se haga justicia.

Pero me sentía como atrapado en una ratonera en donde se pueden cometer todas las ilegalidades y con toda violación a convenciones internacionales en materia de derechos humanos. He vivido en  inseguridad y angustias estos últimos días, porque querían que estuviera a merced de un gobierno que es débil, que no tiene mecanismos que me garanticen mi propia seguridad por eso vine aquí (sede de la Embajada de México), para pedir la protección que el gobierno no me podía dar.

Todo esto me deja con una gran preocupación, porque yo me voy y ustedes se quedan y me doy cuenta en dónde se están quedando. Hago un llamado a la solidaridad internacional  para que se hagan presente, que ayuden al pueblo de Honduras, al Copinh, a Ofraneh y todos los movimientos que están luchando heroicamente para enfrentarse a este poder.

Espero que al encuentro de abril venga mucha gente, me hubiese gustado estar, ir en la caravana, les mando un abrazo.

RP ¿Tu familia cómo recibió la noticia después que estabas en un limbo jurídico en Honduras?

GC. Con llanto y alegría después de tantos días de angustia, de dolor y zozobra. Esto ha sido una tortura psicológica que no se debió hacer, ya que existen los mecanismos adecuados. Ha sido una torpeza enorme porque había condiciones y voluntades de cooperar.

En todo este tiempo en Honduras no hubo las estructuras que garantizaron mi seguridad.

RP ¿Alguna vez te sentiste tratado no como víctima sino como victimario? 

GC. Sí, pero más como objeto, como objeto de prueba y no como testigo. Sin atender mis necesidades personales, psicológicas, afectivas, ni como víctima ni como testigo, era un objeto que traían de arriba para abajo, haciendo mil diligencias que estuvieron mal hechas, no hubo cadena de custodia adecuada.

Colaboré con todo lo que me pidieron, mostré mi voluntad para estar siempre a pesar de tener 3 y 4 días sin dormir, no les importaba porque para ellos era un objeto de prueba. A pesar de todo ello, espero vaya la manera de hacer justicia y que se respete la voluntad de las comunidades y sus derechos.

RP ¿Cómo te ha tratado tu gobierno? 

GC. La embajadora y el cónsul han intentado que yo sienta seguridad y que me sustente, pese a mis miedos y angustias. Aquí  siento que la embajadora y cónsul me recibieron con los brazos abiertos, con calidades y un trato humano.

Lamento que mi gobierno en su momento no hizo nada, que tardó mucho en reacción sabiendo que me estaban violando mis derechos humanos y en eso si siento mucha decepción porque, me parece, que en un caso como este tenía a tratarse de una manera más expedita y no haberme dejado aquí sufriendo todo lo que sufrí.

RP ¿Tu familia demandó a la cancillería que hicieran valer ese convenio que México firmó con Honduras? 

GC. Sí claro, también mis abogados pero nunca fueron recibidos de manera adecuada, siempre los mandaban con subalternos, nunca lograron hablar con la cancillería y relaciones exteriores y para mí y mi familia era una manera de no importarles mi caso.

RP ¿Qué opinas de la Misión de Apoyo Internacional que llegó al país y la respuesta que dio el Estado de Honduras? 

GC. Fue una grosería no haber recibido a la Misión, me parece que fue otro de los errores tremendos que hizo el gobierno, cuando tuvieron la oportunidad de hacer otra labor diplomática no fue así.

Pero la Misión se fue llevándose la verdad y el testimonio de cómo es la situación aquí y cómo las comunidades están enfrentando al gobierno. Eso hace sumar más solidaridad para el pueblo hondureño, esperemos que sea solidaridad fructifique.

RP. Un mensaje para este pueblo que ha estado muy pendiente de tu caso

GC. Yo estaré muy atento a todo lo que sucede aquí y del apoyo que me soliciten. Pero estos acontecimientos buscan dejar un mensaje de tener cuidado, no bajar la guardia.

Como dicen “árbol que da frutas le llueven las pedradas”, lo que significa que vamos por buen camino buscando la dignidad, que luchamos por los derechos humanos, si no lo hiciéramos no pasara nada, pero en toda esta lucha debemos tener cuidado.

Finalizo agradeciendo a las organizaciones y grupos de solidaridad de todo el mundo, porque la reacción ha sido fuerte. Me impresiona todo lo que el caso ha generado, no sé cómo agradecer a  tanta gente que ha desbocado por apoyarnos. Estamos atentos, sigue nuestro corazón con ustedes, con el Copinh, con las hijas de Berta, con mama Berta, con todas las organizaciones y movimientos, no los olvidaré.

RP. ¿Volverás a Honduras?  

GC. Me encantaría volver, ojalá en otras condiciones, donde todo el andamiaje garantice gobierno, derechos humanos y seguridad, no solo para mí sino para todos ustedes, yo anhelaré el día de regresar.

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Origen: “Me sentí como un objeto de prueba, no como víctima ni como testigo”, Gustavo Castro Soto

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Gobierno sigue politizando la justicia en Honduras

Declarar inconstitucional el nombramiento de los concejales del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial es la nueva pieza que movió el gobierno de Juan Orlando Hernández para seguir concentrando poder, así analizó la decisión de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia-CJS-, el abogado Omar Menjivar.

Esta semana la Corte, por unanimidad de votos, otorgó al presidente del poder Judicial, Rolando Argueta, toda autoridad para gobernar. Lo anterior después de que los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional declararan inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura.

“Lamentablemente todo lo que tiene que ver con justicia en el país ha sido evidentemente politizado y esto es una nueva ocasión para que los políticos, especialmente los que están el poder, aprovechen la coyuntura. Esta decisión se convierte en la oportunidad de retomar el gobierno del poder Judicial.  Hoy que el Partido Nacional tiene la Corte Suprema con mayoría nacionalista, sin ningún problema ha declarado inconstitucional el nombramiento de los titulares del Consejo de la Judicatura, lo ha hecho con anticipación, el mismo presidente de la Corte sin que haya ido a discusión a la Sala Constitucional y entonces uno no sabe si lo declara inconstitucional porque efectivamente es inconstitucional o porque le conviene políticamente al poder. Todo esto nos demuestra que la Corte se está politizando”, dijo Menjívar.

El abogado Omar Menjivar asegura que es necesario el funcionamiento del Consejo de la Judicatura porque mantiene separadas las funciones jurisdiccionales y las administrativas. “Este Consejo se debe encargar de las funciones administrativas para que el pleno de la CSJ se dedique a aplicar la ley a los casos concretos, resolver los recursos de casación, amparo y de inconstitucionalidad”.

El abogado Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia dijo que la ciudadanía debe entender que no es la ley la que fracasó, fueron sus miembros que actuaron contra la ley. “Es necesario que se mantengan separadas las funciones jurisdiccionales y administrativas”, dijo Díaz.

Se deroga la ley

La Corte Suprema de Justicia mediante su vocero Melvin Duarte leyó el documento que deroga de forma total el decreto 19-2011 que dio vida al Consejo de la Judicatura.

Se deroga por efecto extensivo el artículo 90 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, podrá también declarar inconstitucionales aquellos preceptos  de la misma ley u otras con las que tenga una relación directa necesaria.

Este pleno igualmente se pronuncia abrogando por efecto extensivo según el artículo 90 de la Ley de Justicia Constitucional, el decreto 103, número 14 que contiene el nombramiento general de tribunales e inspectoría adjunta de tribunales.

Duarte siguió leyendo que se declaró no a lugar lo peticionado en el recurso consistente en dejar sin valor ni efecto las reformas a los artículos 313 y 317 constitucionales. Debe interpretarse que el Consejo de la Judicatura, como figura continúa y debe continuar existiendo como órgano.

En la declaratoria de a lugar sobresalen los siguientes puntos:

Por la iniciativa de ley que le confiere la Constitución de la Republica, será la Corte Suprema de Justicia la que redacte el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

En la nueva ley y por el principio de respeto pleno a la independencia judicial, este pleno ha establecido que los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial deben ser nombrados por la Corte.

La Abrogación del decreto 219-2011 que contiene la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, implica la puesta en vigencia nuevamente de la anterior Ley de la Carrera Judicial de 1980, mientras se pone en vigencia la nueva ley.

En atención al decreto 5-2011 que ratificó a su vez el 282-2010 que es el que se refiere a las reformas de los artículos constitucionales 313 y 317 donde se estableció además de organizar, dirigir el Poder Judicial y en atención a este fallo, volver a idéntica situación que cuando se emitió la ratificación mediante el 5-2011 al 282-2010 y evitando crear un vacío en la administración de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial, el pleno por unanimidad de votos, decidió estar de acuerdo con el articulo numero 3 transitorio de ese decreto número 5-2011 que es precisamente que el presidente de la CSJ tendrá el manejo de los recursos materiales y humanos conforme a la ley y no de manera arbitraria.

En la nueva ley debe quedar sumamente claro que el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se constituye en un órgano auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y en general del Poder Judicial en ocasión que el órgano principal de este poder del Estado es precisamente la Corte Suprema de Justicia.

Despolitizar la justicia

El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es un proceso de modernización en el mundo, Honduras ha estado a la saga. Por iniciativa de la Asociación de Jueces por la Democracia se empieza a implementar el concepto de Consejo de la Judicatura  como un órgano del gobierno de los jueces, como un ente que va a regular la función administrativa de la Corte, dijo el abogado Luís Chevez, de la AJD.

“Desde su creación se pretendía que el Consejo de la Judicatura fuera amplío y democrático, en donde no debía tener participación el presidente de la CSJ, mucho menos que ocupara la presidencia del mismo, porque lo que se buscaba era un órgano verdaderamente independiente e imparcial, pero en la práctica eso se adulteró por la injerencia de los políticos”.

El abogado Chevez asegura que el Consejo de la Judicatura debería servir para estabilizar el Estado de derecho, pero en Honduras se pasó a intervenir políticamente cuando establecen que es el Congreso Nacional quien debe elegir a los concejales, y peor aún, cuando deciden que sea el mismo presidente de la Corte quien debe presidir este órgano.

El miembro de la AJD recuerda que en el año 2013 en horas de la madrugada el Congreso Nacional eligió a los miembros del Consejo de la Judicatura, en una clara muestra de la intervención de los políticos, lo que llevó a que los concejales fueran los fieles representantes de los grupos de poder que ahora mantienen secuestrada la justicia en Honduras.

Origen: Gobierno sigue politizando la justicia en Honduras

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¿Quién está detrás del cierre de la DEI?

Era cuestión de tiempo para que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en Honduras siguiera el camino de las demás instituciones estatales. Ésta semana se consumó el cierre de la entidad junto al despido de más de mil 500 trabajadores y trabajadoras.

Meses atrás la DEI sufrió depuraciones. Desde el nombramiento de Mirian Guzmán como directora ejecutiva se implementaron medidas contra los trabajadores, como las pruebas de confianza, investigaciones y despidos, la nómina laboral bajó de 2500 trabajadores a 1500 en un par de meses.

Las determinaciones en la DEI se dieron bajo el ritmo del Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes luego de sus reiteradas visitas al país sugirieron al Estado la depuración y privatizaciones de las empresas estatales a cambio de financiamiento; para el caso la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sufrió la suspensión de más de 2 mil empleados, destino similar vivió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y en la actualidad todas se encuentra en procesos de transición a través de inversiones público-privadas.

Bajo tal tendencia el gobierno de Juan Orlando Hernández propone un nuevo ente regulador en sustitución de la DEI, bajo el argumento que la entidad estaba llena de empleados corruptos, que eran sobornados y que incluso tenían nexos con el crimen organizado, por lo tanto se nombró una junta de transición que liderará la abogada Ángela Madrid exdirectora de la DEI en San Pedro Sula.

Golpe a los trabajadores

“Tengo más de diez años de trabajar en la institución, desde que asumió este gobierno me acostumbré a ver militarizada la oficina, fiscalizándonos como si los empleados fuéramos delincuentes, ese era solo el inició de lo que ya se consumó, el cierre de la DEI.
Ahora quedamos en la calle, tenemos que conseguir prestado para viajar a Tegucigalpa a gestionar nuestras prestaciones, es un duro golpe contra los trabajadores y trabajadoras de la institución”, dijo una ex empleada a Radio Progreso, quien prefirió ocultar su identidad por miedo a represalias de las autoridades gubernamentales.

Así como los demás sindicalistas del sector público, los empleados de la DEI son los que sacan la peor parte del descalabro del ente tributario, aproximadamente mil 500 quedaron en la calle y ahora deben iniciar un proceso de gestión para recibir el pago de sus derechos laborales.

En este último año la clase trabajadora en Honduras ha sido golpeada salvajemente, ejemplos de la situación son las víctimas del cierre forzoso que hizo la BNBS al Grupo Financiero Continental que dejó a más de 25 mil nuevos desempleados en el país, en su mayoría aún sin recibir el pago de sus prestaciones.

“Todo inició con un ataque sistemático a las organizaciones de trabajadores. Por una parte el gobierno le apostó a sobornar a cambio de cuotas de poder a las centrales obreras, ahora ellas bailan al ritmo del gobierno, luego el Estado asentó toda su fuerza contra los sindicatos más beligerantes hasta que a través de los despidos los desarticuló y luego ubicó a sus activistas al frente de las estructuras, todo para evitar acciones de resistencia ante lo planificado”, dijo el analista político Domingo Godoy.

Godoy considera que en este momento hay una oposición de diente a labio de las centrales obreras, que en el pasado salían de forma permanente a las calles para defender sus derechos. Hoy en día la situación cambio, la clase trabajadora ha sido exprimida a vista y paciencia de las organizaciones laborales.

¿Quién está detrás de todo?

“omingo Godoy asegura que el sistema económico impulsado desde los organismos internacionales es el principal responsable de las modificaciones, cierres y privatizaciones de lo público.

El economista Wilfredo Flores dijo que el Fondo Monetario Internacional en las visitas posteriores al golpe de Estado del 2009 orientó su política de fortalecer al gobierno y apostarle a su financiamiento a cambio de varias condiciones.

Algunas de esas condiciones son reducir a través de despidos el número de trabajadores públicos, destruir las organizaciones sindicales y apostarle a las inversiones público privadas, todo eso a cambio de financiar al Estado.

“Cuando los organismos internacionales financian al Estado lo atan de pies y manos y eso permite que ellos puedan dirigir la política del gobierno, de esa forma imponen su política neoliberal en la región que ya ha tenido ejemplos claros como el de Colombia y otros de América del Sur”, manifestó Flores.

Flores cree que los organismos internacionales son los principales precursores de lo que pasa en las entidades estatales, pero también considera que detrás de esta determinación dentro de la DEI hay otro grupo interesado y es que en contubernio con el gobierno cree que toda la transición servirá para borrar algunos datos en torno a sectores empresariales que en este momento deben cantidades ostentosas al régimen tributario hondureño.

“Quisiera no pensar que detrás de todo también hay mafias empresariales, ligadas al gobierno de Juan Orlando Hernández quienes se podrían aprovechar de este proceso de transición para desaparecer montos y sustituirlo por otros, todo a cambio de apoyo político durante la próxima campaña electoral de Hernández.

Con esto el oficialismo amarra y se fortalece en el marco de sus pretensiones reeleccionistas”, concluyó Flores.

Nuevo ente tributario

A partir de este proceso de transición el gobierno elaborará un nuevo código tributario que será administrado a través de la nueva entidad administradora y que incluso aplicará pruebas de confianza para contratar a los empleados.

“Tiene que cerrarse (la DEI) para abrir una nueva institución con personal altamente calificado que pase las pruebas de confianza y que sea altamente profesional”, expresó el presidente Juan Orlando Hernández a los medios de comunicación.

Además expuso que habrá buenos sueldos y a la vez ese personal tendrá asegurado su sistema de vivienda, todas sus necesidades como familia y como persona. “Como quien trabaja en la nueva administración tributaria del país, que tenga resueltos esos problemas y que no esté pensando en que si le va a pedir dinero a un empresario o va a aceptar un soborno”, aseguró.

Con esta dinámica el gobierno modificará la forma de recaudación tributaria e implementará un nuevo sistema del que hasta la fecha saltan más dudas que respuestas.

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Estados Unidos estaría detrás de acciones contra grupos criminales en Honduras

Esta semana, la realidad de inseguridad que en Honduras impera, fue trastocada por varias capturas y redadas que el gobierno denominó “Operación Avalancha” y que ha dejado capturas como la del alcalde de Talanga y un exoficial de Policía, así como más de un centenar de bienes asegurados y una cantidad superior a los 12 millones de lempiras incautados. Sin embargo, esa inseguridad generalizada, también provocó la desconfianza de la población hacia la institucionalidad, y es por eso que la gente se pregunta ¿qué hay detrás de todo esto?

El analista y ex candidato a dirigir la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Omar Menjivar, asegura que eso es característica de un país donde no impera el Estado de derecho, sino la poca fiabilidad de la población en sus instituciones, especialmente las encargadas de velar por la seguridad y justicia. Además que no se fía que la voluntad del actual gobierno sea dar estos duros golpes al crimen organizado, sino que es una intervención directa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Estos operativos no son definidos por que la determinación nazca de la Policía Nacional, no es así, es un operativo planificado y dirigido por la embajada de EEUU y ellos tienen intereses en este asunto, uno de ellos es el tema de que el dominio territorial de las maras ha provocado una oleada de migrantes hacia EEUU. Otra verdad cuestionable es que como Estado no tenemos Policía, como institución, las pocas unidades que funcionan son algunas élites que se dirigen desde los EEUU. Esa es la verdad que nosotros vivimos”, expresó el abogado.

Por su parte, el secretario de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, dijo a medios de comunicación que la operación Avalancha es para todo el año y que a él no le ha temblado la mano para dar golpes al crimen.

Estos operativos que reprimen supuestos grupos criminales, agudizan las guerras que barrios adentro de las ciudades sufren cada día. En una zona conflictiva por el control territorial de maras y pandillas en una de las ciudades más violentas de Honduras, este operativo ha generado violaciones a derechos humanos de jóvenes no implicados en el crimen, por la falta de conocimiento de los entes de seguridad de las dinámicas de estos grupos. La falta de investigación previa hace que las capturas sean muchas, pero no efectivas, según nos contó un residente de este barrio de quien omitimos nombre por seguridad.

“Debemos ver a quienes se está capturando”, dice Menjivar, ya que a su criterio, el último actor en la pirámide del crimen es el que cae, y muchas veces es el que también es víctima de grupos criminales. “A veces se captura al que cobra la extorsión cuando a esa personas, muchas veces se le obliga a hacerlo sin pertenecer a la estructura del crimen organizado”, agregó.

Sin depuración no hay seguridad

Una imagen de seis supuestos pandilleros vestidos con uniformes de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la nueva Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene en alerta a la población hondureña luego de que el vocero de la Policía, el comisionado Héctor Iván Mejía, publicara en su cuenta de Facebook lo siguiente:

Los últimos hechos están conectados. Según Omar Menjivar, es un secreto a voces que la Policía Nacional tiene una alianza con la Mara Salvartucha y otras estructuras del crimen organizado y esto pone en duda las acciones de capturas y la propagación de esta imagen que alarma a la población, ya que los supuestos pandilleros, pertenecerían a la pandilla contraria Barrio 18 (según las señas de sus manos).

“Me resulta sorprendente que algunas acciones de captura estén dirigidas contra la MS ya que desde hace tiempo se dice que ha habido una alianza entre la Policía Nacional y la MS. Solo tiene que fijarse uno en los hechos policiales, las capturas de personas asociados a la extorsión o cualquier hecho violento siempre son miembros de la 18 (pandilla contraria)”, cuestiona Menjivar quien fue candidato a dirigir un ente que generó esperanza en su momento porque realizaría una depuración policial desde una estrategia de sociedad civil, no desde el interior de la policía.

“Hace unos años se creó la DIECP pero ha resultado un fiasco y era un clamor popular lo de la depuración policial que hasta ahora ha resultado ineficiente, justamente por eso el crimen logra mantener su arraigo en estas estructuras, no existen esos controles para garantizar la seguridad a la población, desde las autoridades del Estado”, agregó.

Aurora Pineda, madre de Carlos David Pineda, el joven que junto al hijo de la rectora de la universidad fueron asesinados por agentes policiales en 2011 y que impulsó el proceso de depuración policial, cree que este puede tener fuerza y ejecutarse en Honduras si la MACCIH (Misión de Apoyo contra la corrupción  y la Impunidad) comienza a investigar el accionar de policías y militares, dejando un claro mensaje de lucha contra la impunidad.

“Aunque sea tres casos que acompañen para que se presione, los casos más emblemáticos pueden resultar. Por la depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas debe trabajar la MACCIH. Mientras no haya depuración nunca se va avanzar en temas de seguridad, más bien vemos cómo el delito se transforma y eso lo vemos en el aumento de masacres. Esto el Estado debe tomarlo en cuenta, las estrategias implementadas actualmente no son las mejores”, dijo a Radio Progreso.

Además agregó que es preocupante que están reintegrando agentes que habías salido de la Policía dándoles cargos de mucha importancia. “Tienen doble discurso”, expresó.

InSight Crime, una fundación dirigida por  los  periodistas estadounidenses, Jeremy McDermott y Steven Dudley, con el financiamiento de Open Society Foundations, en su análisis de contexto más reciente con el tema de seguridad en Honduras, asegura que: “La disminución en los homicidios en Honduras (30% en los últimos cuatro años) serán aprovechadas por la administración del presidente Juan Orlando Hernández para alardear de los logros de su política de seguridad. Esta administración ha estado a favor de un enfoque de “Mano Dura”, que es utilizado frecuentemente en Centroamérica, a pesar de que dicha táctica ha sido criticada porque lo que hace realmente es contribuir a que las pandillas callejeras se conviertan en grupos más sofisticados”.

Lo que en Honduras sucede es seguido de cerca por entidades o medios cercanos a la política de seguridad estadounidense para poner en marcha el componente de lucha contra el crimen que claro deja el plan de la Alianza para la prosperidad en el Triángulo Norte.

Mientras todo eso sucede la población queda atrapada en medio de una guerra que sigue provocando derramamiento de sangre y dejando una estela de luto y dolor.

 

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Cobro de peaje destrozará economía progreseña aseguran empresarios

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Dolor e impunidad a cuatro años de incendio en penal de Comayagua

“Es un dolor que no se calma, es un vacío que nunca se va a llenar. Constantemente sueño que mi muchacho llega a la casa y me abraza. A mi hijo lo amaba con toda mi alma”, indicó entre lágrimas German Rubio,  padre  de German Rubio (18)  quien es una de las 362 personas que murieron calcinadas  en el incendio de Comayagua, caso que sigue en total impunidad.

El fuego apocalíptico que enlutó a los familiares de los privados de libertad, y a la sociedad amante y respetuosa de los derechos humanos,  inició a las 10:50 de la noche del martes 14 de febrero de 2012, día del Amor y la Amistad, y expuso las condiciones infrahumanas en que vive la población penitenciaria hondureña.

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Con recurso de inconstitucionalidad buscan derogar Ley de Secretos Oficiales

Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Secretos Oficiales por violentar el principio de transparencia que debe primar en un Estado de derecho.

En un país donde la sospecha, descrédito y desconfianza están a la orden del día, el Estado lejos de transparentar su administración crea cajas de seguridad para guardar sus secretos. El 14 de enero del 2014 el Congreso Nacional creó la Ley de Secretos Oficiales que entró en vigencia el 7 de marzo del 2014. La nueva norma puso en marcha cuatro categorías de información que han sido objeto de clasificación o secretividad: Reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto.

Después de entrar en vigencia se aprobó la resolución 69-2014 que emitió el Consejo Nacional de Defensa y seguridad que implementó la secretividad en unas 20 instituciones del Estado que abarca actos, contratos y negociaciones que se generen desde el Estado.

La Ley generó oposición desde su aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y fue hasta el mes de febrero del 2016 donde varias organizaciones presentaron dos recursos de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre las organizaciones que interpusieron el recurso legal está el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), el Comité para la Libre Expresión (C-Libre) y el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos.

“Hemos presentado dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la Ley de Secretos Oficiales y otro contra la resolución 69-2014 que emitió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Lo presentamos para que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional establezca que la Ley no reúne los estándares internacionales sobre publicidad y acceso a la información pública que se establecen desde los convenios internacionales y la misma constitución como un derecho humano”, manifestó Edy Tabora director de C-Libre.

Por su parte Wilfredo Méndez director de Ciprodeh considera que la Ley es un escudo de impunidad para los corruptos del país, porque con él la prensa no puede tener acceso a la información y tampoco la ciudadanía.

Los argumentos de los recursos plantean que la normativa violenta además de varios derechos fundamentales también a la independencia de poderes del Estado.

Entre algunas de las entidades que están protegidas por la secretividad están: Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Fuerzas Armadas, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Instituto de la Propiedad, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Registro Nacional de las Personas, Dirección Nacional de Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, entre otras.

La norma violenta dos derechos fundamentales, el de libertad de expresión y acceso a la información pública, que desde ya están establecidos en los convenios internacionales y en la Constitución de la República.

Tabora expresa que: “el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene varias funciones a nivel de la institucionalidad pública, ahí se define toda la política sobre seguridad e inteligencia, además tiene una facultad que le otorga la Ley de Secretos que es decretar los secretos oficiales en el país y asimismo decretar en caso de solicitarse si accede y publica los secretos sobre cualquier dependencia.

Esto quita el derecho de petición a la ciudadanía sobre la solicitud de información, porque en este momento solo el Fiscal puede hacer ese trámite.

Este Consejo ha roto el principio de separación de poderes, porque estos deben ser separados e independientes pero este Consejo los junta y da facultades de decretar secretos, por ejemplo la Tasa de Seguridad que se maneja bajo estricta clandestinidad y solo el Fiscal puede solicitar la desclasificación de los mismos. La gente no puede saber cómo se están manejando los fondos públicos.

Ante el planteamiento de los recursos se espera que la Sala de lo Constitucional resuelva, si ese no es el caso pasaría al pleno de la Corte Suprema de Justicia y si ésta no resuelve de forma positiva entonces se abre el camino de una demanda a través de la justicia internacional al Estado hondureño.

“En el contexto actual no tiene  futuro el recurso, porque el sistema de justicia está a servicio de grupos nefastos en el país.

La idea es ir avanzando en la recuperación de información y luego pasar estos procesos a instancias internacionales pero igual la esperanza la mantenemos para que cambie esta situación.

Además buscamos crear incidencia en la población y que juntos tomemos responsabilidad y exijamos nuestro derecho a conocer como se manejan los fondos públicos”, puntualizó Wilfredo Méndez.

 

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Institucionalidad avala violencias contra mujeres

La realidad de violencia, inseguridad y crisis económica son los derechos humanos que mayormente se violentan en Honduras, así lo reveló el reciente sondeo de opinión pública elaborado por el ERIC-SJ. En medio de un sistema patriarcal y machista este escenario se agudiza en la vida y los cuerpos de las mujeres.

La encuesta que por 6 años consecutivos ha hecho el ERIC-SJ, como una herramienta para el análisis y el debate de cara a búsqueda de salidas a la crisis, reveló en 2015 que el 26.4% de la población encuestada cree que son las mujeres el sector a quien más se les violenta los derechos humanos, seguido de la niñez y juventud. En un año el panorama cambió, en 2014 la población colocaba a la niñez como el sector más violentado, este año colocó a las mujeres.

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Bipartidismo impone Corte Suprema de Justicia

Fueron 18 días y seis oportunidades de elección que se presentaron en la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Concluyó tal y como se había pronosticado según valoraciones de analistas y expertos en el tema. Los planes de los partidos Liberal y Nacional quedaron intactos y hasta se podría creer que nunca estuvieron en riesgo.

“Yo prometo a la población muchísimo trabajo, dedicación, empeño y análisis para dar respuestas coherentes a la realidad en que vivimos, de tal manera que tengamos un Poder Judicial digno de admiración”, dijo el nuevo presidente del Poder Judicial, el ex director de fiscales Rolando Argueta al momento de la juramentación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Argueta fue uno de los más cuestionados al momento de la elección, tanto que las fuerzas políticas opositoras ponían énfasis en no votar por él.

“Cuando no hay justicia en un país, lo que viene es dictadura porque es la acumulación de poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo en un solo poder y eso se llama dictadura, y las dictaduras no sirven a ningún sector de la población” dijo el diputado del partido Libertad y Refundación, Libre, Jari Dixon Herrera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos magistrados son: María Fernanda Castro, Edgardo Cáceres Castellanos, Alma Consuelo Guzmán, Edwin Francisco Ortez Cruz, Reina Auxiliadora Hércules, Jorge Abilio Serrano, José Olivio Rodríguez y Rafael Bustillo Romero.

La lista la completan Rolando Argueta, Wilfredo Méndez, Reynaldo Antonio Hernández,  Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, Lidia Álvarez Sagastume, Miguel Alberto Pineda Valle y Jorge Alberto Zelaya Zaldaña.

La repartición quedó con ocho magistrados nacionalistas y siete liberales. El presidente de la Corte lo impuso el Partido Nacional en la figura de su máxima carta, el ex director de fiscales Rolando Argueta. Con esta decisión también tienen el control del cuestionado Consejo de la Judicatura, que también presidió en su momento Argueta.

A base de sobornos, no de consensos

La elección se completó hasta en la sexta votación de los diputados y diputadas porque la oposición (Partido LIBRE, PAC y la diputada Doris Gutiérrez) mantuvo firme su decisión de no acompañar el proceso. El Partido Nacional no pudo consensuar con las bancadas y puso en operación su plan de endulzar el oído a algunos diputados de los partidos Libre y Pac.

“Han logrado esta votación gracias a dos votos de Libre, que ya todo mundo sabe de quienes son, y dos del Pac. Es triste y lamentable porque si no hubieran obtenido eso, hubiese habido la oportunidad de ir a un diálogo más amplio y más abierto para una Corte mejor distribuida y más democrática” aceptó el diputado de Libre, Rafael Alegría.

El diputado del Partido Anticorrupción, Pac, Aníbal Cálix, reconoce que la actual Corte Suprema de Justicia es producto de la compra de la voluntad y conciencia de un grupo de sus compañeros de bancada por lo que pide su expulsión.

“Lograron hacerlo en esta votación, para sorpresa de nosotros, con cuatro de nuestros compañeros. El partido tendrá que tomar las decisiones disciplinarias con ellos, en mi opinión deben ser separados, y no es por la toma de decisiones, no es por pensar diferente, no es por votar diferente, es porque hubo acuerdos al interior de la bancada, los que ellos no cumplieron” justificó Cálix.

Pero el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, niega que haya compra de voluntades. “Qué le pareció este debate de dos semanas, si hubiese sido comprado no hubiera durado ni cinco minutos. A veces los designios de Dios son inexorables para el hombre, Dios nos ha tenido dos semanas dialogando y discutiendo, todavía algunos con mayor grado de vehemencia, cada quién aferrado a sus principios con el sagrado derecho que tienen para hacerlo” aseguró Oliva.

Con calculadora en mano, el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, nombrado escrutador en el proceso de elección, dijo que las cuentas no le salían a la oposición y que no tenía ninguna oportunidad de que fueran ellos los que escogieran a la nueva corte.

“Yo a varias personas les pedí que nos dieran la fórmula matemática cómo elegir la Corte sin los votos del Partido Nacional, no hay forma, ellos tienen 48 votos y se necesitan de 86 para elegir un magistrado, si usted a 128 le quita los 48 del Partido Nacional, queda con 80 votos, de dónde van a sacar los 6, ni unida la oposición se podía haber logrado elegir la Corte” dijo Lara.

Y el diputado presidente Mauricio Oliva insiste que todo se logró gracias a los consensos. “Esta es una correlación de fuerzas, y pudo más la capacidad de construir consensos que la capacidad de destruir consensos. Lo importante es que lo hicimos de manera democrática, lo hicimos en el marco del respeto, y lo hicimos en el marco de una enorme transparencia” aseguró Oliva.

Proyecto político continuista

Las alarmas se encienden cuando se analiza que el Partido Nacional nunca estuvo dispuesto a que su lista sagrada de candidatos fuera trastocada dice el analista político, Guillermo López Lone.

“El Partido Nacional nunca estuvo dispuesto a abrir un diálogo, abrir una discusión respecto a cuáles eran los mejores perfiles que podrían seleccionar de los 45 candidatos, es decir, a buscar un amplio diálogo de consensos para definir, con todas las fuerzas políticas, quiénes podrían ser los futuros magistrados y magistradas” dijo Lone.

El asunto está claro para el diputado de la oposición Jari Dixon Herrera. “Esto viene a blindar el proceso de reelección que busca el señor Juan Orlando Hernández y todo aquello que le quiera dar cara de legalidad lo va hacer como también puede darle cara de ilegalidad, tiene un poder del Estado nuevamente en sus manos, y si ya lo tenía antes, esta nueva Corte está a la medida de Juan Orlando Hernández” dijo Herrera.

Lone también coincide en el análisis. “Yo creo que hay un proyecto de carácter político de los actuales gobernantes en cuanto a tener un control férreo de la nueva Corte Suprema de Justicia, del poder judicial, como lo tienen ya del Ministerio Público como lo tienen de todas las instituciones más importantes del funcionamiento del Estado o del sistema de justicia”.

El poder judicial está en manos del Partido Nacional cree el diputado Rafael Alegría. “Está claro que Juan Orlando Hernández va a tener su peón, su aliado, para favorecer al Partido Nacional y también para favorecer la reelección de Juan Orlando Hernández” dijo Alegría.

PAC en la mira

El abogado Guillermo López Lone, quien fue despedido del poder judicial arbitrariamente, hecho por el cual el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cree que la nueva Corte, de la talla del bipartidismo, tuvo como elemento definidor el polémico tema de la reelección presidencial.

“Uno de los intereses es la reelección, o sea que la sentencia que pronunció la Sala Constitucional que sale de funciones no pudiera ser revisada por algún mecanismo que trajera la nueva Corte Suprema de Justicia, y asegurarse impunidad para los próximos 7 años de los actuales gobernantes, bien que sea efectiva la reelección o sino es efectiva pues con mayor razón que esa impunidad por adelantado esté garantizada por la Corte Suprema de Justicia y por el Ministerio Público” aseguró Lone.

Pero en medio de este río revuelto que provocó la elección de la nueva corte hay un partido que se puede catalogar como uno de los grandes perdedores y es el Partido Anticorrupción, PAC, que logró alargar el proceso pero algunos de sus miembros no soportaron la presión y la tentación.

“La estrategia y el planteamiento que uno tiene como bancada lo hace en función del compromiso que se adquiere, y si después en el pleno no se cumplen entonces le tiran a la borda cualquier tipo de estrategia, así que es mejor que seamos cinco, seis, siete, ocho, nueve, pero que sean las personas que tienen compromiso, es mejor quedarse de esa forma” dijo el diputado del PAC, Aníbal Cálix.

El Partido Liberal logró siete magistrados, aunque algunos analistas opinan que bien pudieran haber conquistado la mayoría en esta nueva Corte y hasta la presidencia de ese poder del Estado estuviera en sus manos si sus estrategias hubiesen cambiado, pero cayeron rendidos ante los nacionalistas.

“Es un deber constitucional elegir la Corte, si nosotros no hubiéramos logrado los consensos no hubiera Corte. Sé que hay suspicacias y cuestionamientos pero nosotros, como partido, desde un inicio dijimos vamos al proceso de elección de la nueva Corte, vamos a cumplir con el mandato constitucional y vamos a cumplirle al pueblo hondureño” manifestó el diputado liberal Marlon Lara.

Perdió la justicia, ganó la impunidad

Honduras tiene una Corte Suprema de Justicia que privará a la ciudadanía de tener acceso pleno a la justicia, y se han garantizado siete años de impunidad, según analistas.

“La falla hay que buscarla no sólo en el mecanismo de Junta Nominadora sino también en lo que sucedió en el Congreso Nacional. Pero en esto hay una falla de origen, la Junta Nominadora no es representativa para poder elegir una lista de 45 candidatos y no es ajena a intereses de carácter político partidario” analizó Guillermo López Lone.

Al final el bipartidismo se impuso por la fuerza del chantaje y compra de voluntades al verse golpeado por los partidos de oposición que le han recordado una vez más que ya no gobiernan solos y que es necesario y urgente avanzar en los procesos de diálogos para lograr consensos, diálogos que deben revestirse de transparencia y deben hacerse de frente a la ciudadanía.

“Debemos apostar por una reconfiguración política en este país, y ello viene no sólo de la mano de los nuevos partidos políticos sino que una participación más efectiva de la ciudadanía tanto en los procesos de elección de altos funcionarios como en los procesos de carácter electoral no necesariamente en las actuales fuerzas sino que en nuevas fuerzas que podrían surgir a futuro” finalizó el abogado Guillermo López Lone.

Origen: Bipartidismo impone Corte Suprema de Justicia

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Peajes: ilegalidad y cinismo del gobierno – 11 Febrero 2016

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Zika: alarma para el pueblo; respiro mediático de clase política

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