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OEA pide a hondureños voto de confianza para la MACCIH

Por: Redacción CRITERIO/Agencias redaccion@criterio.hn

Washington, Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) pide a los hondureños “un voto de confianza” para la misión que firmará con el Gobierno del país centroamericano el próximo martes, la primera del organismo para combatir la corrupción y la impunidad en un Estado miembro.

Los miembros de la Junta Nominadora fueron visitados para exigirles una Corte Suprema al servicio de la justicia y no de las élites.

La mayoría del pueblo hondureño no apoya la MACCIH y siguen exigiendo la CICIH en las calles.

“Le pedimos a la sociedad hondureña que nos dé un voto de confianza. El secretario general, Luis Almagro, ha acreditado que es un hombre que defiende la democracia y que ha tratado de transformar la OEA con un discurso activo”, dijo en una entrevista con Efe el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero.

El presidente de Honduras, Juan Hernández, y Almagro presentarán el martes en la sede de la OEA en Washington una misión que rechazan algunos “indignados” hondureños y grupos de la sociedad civil.

“Existe hartazgo social y debe reconocerse la voluntad política del presidente para aventurarse en una misión que implica tener dentro a expertos independientes. Es una decisión valiente porque los ojos internacionales se volcarán en la experiencia. No es usual que los países decidan acompañarse de organismos internacionales para algo tan delicado como la justicia”, añadió.

Guerrero reconoció asimismo que Almagro y la OEA “están poniendo su prestigio de por medio” con esta misión que el organismo firma en un convenio de cuatro años pero con el derecho a retirarse si hay incumplimientos.

En la OEA estarán “muy atentos” para que el Gobierno hondureño escoja los casos más relevantes, sus expertos tendrán “pleno acceso” a los documentos oficiales y Almagro informará cada seis meses al Consejo Permanente del organismo sobre el estado de la misión.

La OEA tendrá capacidad además de seleccionar casos de su interés y notificarlos a las autoridades, así como de certificar a todos los funcionarios gubernamentales que participen “en la administración y procuración de justicia”.

La misión certificará fiscales y jueces hondureños para que lleven la acción penal en casos de corrupción, al tiempo que aportará un grupo de jueces y expertos internacionales para que supervisen y acompañen los procesos.

Entre los objetivos de la misión está apoyar la creación de un nuevo marco jurídico para la financiación electoral y la de un marco regulatorio para abordar la corrupción en el sector privado.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con financiación externa internacional, contará con el apoyo técnico de las Naciones Unidas, pero la OEA la reivindica como producto propio.

“Hemos establecido un diálogo muy profundo con Naciones Unidas para que nos acompañen en la parte técnica, pero esta es una misión de la OEA. Tenemos identidad propia”, subrayó el mexicano Guerrero.

Con la misión, se creará un observatorio de la sociedad civil para recibir peticiones y sugerencias ciudadanas y garantizar que los casos que el Gobierno escoge para la certificación de calidad de la OEA son los más relevantes.

“Almagro ha tenido diálogos directos con los indignados y esperemos que se firmen acuerdos con la sociedad civil. Vamos a estar abiertos a sugerencias y a críticas. La mejor manera de demostrar resultados son las acciones”, concluyó Guerrero. EFE

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Entre las ansias gubernamentales por la instalación de la MACCIH y la demanda ciudadana por la CICIH

Carlos Hernández, presidente Ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)  y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, pidió al gobierno divulgar el convenio que firmará con la Organización de Estados Americanos (OEA), relacionado con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras”(MACCIH), mientras diferentes sectores, entre ellos la oposición indignada, sigue demandando la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIH.

carlos hernandez

Carlos Hernández

La MACCIH surge de una propuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández para contrarestar las protestas de la población para la instalación de la CICIH.

La MACCIH, cuya firma de convenio está prevista para el próximo martes 19 de enero, según sus promotores, se convertirá en un compromiso de país que incluye un acuerdo con mecanismos de apoyo en procesos de investigación sobre corrupción, derechos humanos y acceso a la información pública, entre otros.

El convenio tendrá cuatro años de duración y de acuerdo al discurso oficial propende por la eficacia de los operadores de justicia.

Sobre el tema, Hernández dijo que funcionarios y técnicos hondureños y de la OEA “tienen varios meses de negociación y aparentemente ya lograron concertar este trabajo”. La OEA, continuó, “designó técnicos exclusivos para este trabajo, la cooperación internacional ha estado pendiente y creo que para terminar de negociar pusieron fecha límite”.

Sin embargo, “lo ideal sería publicar el documento que se va a firmar, que la población lo conozca para así poner fin a las especulaciones”.

En cuanto a lo difícil de la negociación reveló que la  palabra “supervisar” se convirtió en problema porque implica una acción inmediata.

Hernández agregó que si la MACCIH funciona será excelente “y si en el proceso no hay resultados lo vamos a denunciar, porque queremos revertir la corrupción en Honduras”, sostuvo el representante de TI que también firmó un convenio  con el gobierno para aportar a transparentar la gestión pública.

Más protesta ciudadana

Julieta Castellanos

Rectora Julieta Castellanos

A la versión del directivo de la ASJ,  la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNA), Julieta Castellanos, señaló que además del trabajo que se delegue a la MACCIH  existe una acción importante que es judicializar casos. “Y judicializarlos no compete a la MACCIH porque ésta no es un órgano paralelo”.

Castellanos añadió: “si lo que se  investiga no tiene resultados concluyentes se estaría impulsando más movilización ciudadana, que la OEA se retire y que el donante deje de dar recursos”.

La Rectora recordó que en 2012 arribaron al país expertos colombianos para apoyar la investigación de casos emblemáticos “pero no hubo avances significativos”.

En el caso de su hijo que pereció a manos de policías, dos involucrados todavía están prófugos de la justicia, no tengo confianza que los capturen  y nada se hizo ante la negligencia del ministro; “la impunidad sigue”, lamentó la ministra.

Sobre si solicitará que el caso de su hijo sea investigado por la MACCIH, respondió que ella no personalizará ni mezclará esto con temas fuertes de Estado relacionados con corrupción y criminalidad.

Ella al igual que Carlos Hernández espera que las investigaciones avancen, así como las acciones judiciales contra los implicados en corrupción. Y en ese sentido “apoyamos la MACCIH y el trabajo de los operadores de justicia, porque no queremos apostarle a otro fracaso”.

En la firma del convenio con la OEA, cuyo contenido y alcance se desconocen porque se manejan distintas versiones contradictorias, participarán el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández  y funcionarios de la OEA.

Limpiar también la casa

limpiar unah

Arriba los cuatro estudiantes procesados. Abajo Héctor Martínez 

Motiño, asesinado en junio de 2015 y Donatilo Jiménez, 

desaparecido desde el 08 de abril de 2015.

La rectora Castellanos  tendría también que someter al veredicto de la MACCIH, en el caso de que se concrete esta instancia,  la problemática universitaria donde se ha denunciado represión contra la protesta pacífica, persecución contra estudiantes, cuatro de ellos enfrentan procesos judiciales, Cesario Padilla; Moisés Cáceres; Sergio Ulloa y Armando Velásquez, a quienes la funcionaria tiene acusados de usurpación contra la UNAH, y según denunció el propio fiscal que lleva el caso ejerce presión sobre el Ministerio Público actúe contra los jóvenes.

Hay otros dos casos muy graves , uno de desaparición forzada contra Donatilo Jiménez, sindicalista del Sindicato de Trabajadores de la , SITRAUNAH y el otro de asesinato contra Héctor Martínez Motiño, de la misma organización, ambos sindicalistas tenían presión por parte de las autoridades de la universidad, y en el caso de Motiño había denunciado que cualquier situación que le pasara a él y a su familia responsabilizaba a la rectora Castellanos.

Por lo que se ha criticado desde el estudiantado universitario la posición en demanda de justicia fuera de la UNAH, mientras dentro no hay libertad, se utiliza el aparato de seguridad privado para vigilar y asediar a los liderazgos estudiantiles y no hay acceso a la justicia en el país por las influencias de la rectora en los operadores de justicia, por lo que tendrán que ir a instancias internacionales.

La CICIH es el mejor camino

 antorchas

Aunque se ha continuado con este proceso de la MACCIH, diversos sectores sociales y de indignados han señalado que tienen desconfianza en el mismo por lo que se necesita un órgano independiente con atribuciones similares a las de la a Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, que ha tenido excelentes resultados en la lucha contra la impunidad llevando a la cárcel a corruptos y responsables de crímenes de lesa humanidad.

Las demandas por la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICIH,  es un clamor popular que ha reencendido las antorchas ciudadanas en los últimos días.

El viernes 08 de enero de 2016 se reanudaron las marchas de las antorchas en todo el país y a pesar de la fuerte presencia policial miles de personas salieron a las calles en demanda de la CICIH.

Origen: Pasos de Animal Grande – Entre las ansias gubernamentales por la instalación de la MACCIH y la demanda ciudadana por la CICIH

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Resurge la marcha de las antorchas en Tegucigalpa exigiendo la CICIH

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

La tarde noche de este viernes 8 de enero de 2016,  fue el resurgir de la marcha de las antorchas, si bien es cierto nunca desapareció, había decaído, pero hoy volvió a cobrar fuerza demostrando que la indignación del pueblo contra la corrupción está viva y más fuerte que nunca. […]

Origen: Resurge la marcha de las antorchas en Tegucigalpa exigiendo la CICIH –

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“Mientras JOH obedezca en todo a los gringos, ahí estará”: Mel

El expresidente hondureño Manuel Zelaya advirtió que si Juan Hernández pretende rebelarse a EE.UU. “será extraditado”, mientras tanto, si obedece los lineamientos de Washington y defiende los intereses de ese país, “ahí estará”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El expresidente de Honduras y jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, advirtió este miércoles que si el mandatario Juan Hernández “se ‘le para en 30’ (rebelarse) a EE.UU., se lo llevan”.

En una amplia entrevista con Radio Globo, el exmandatario explicó que mientras Hernández siga en Casa Presidencial y obedezca los mandatos de Washington “nada le pasará”.

No obstante, consideró que si EE.UU. solicita al presidente Hernández que “privatice el agua, la electricidad o incluso hasta las carreteras, el inmediatamente los obedecerá para mantener contentas las autoridades norteamericanas”.

“Si JOH se les ‘para en 30’ a los Estados Unidos para que dejen de intervenir en los asuntos de Honduras, ahí nomás se lo llevan, mientras continúe atendiendo a los gringos seguirá sostenido por un poder aparentemente legal”, manifestó Zelaya.

En caso que el gobernante sea solicitado en extradición por EE.UU. –añadió–, “ni Mauricio Oliva (titular del Parlamento) podrá hacer nada para detenerlo”.

“EE.UU. tiene todas las pruebas contra JOH y las utilizara en su momento”, advirtió.

Indicó que se debe crear la Ley de Extradición para regular el marco de cooperación con Washington, ya que en la actualidad la norma se rige por un auto acordado (resolución) emitido por el Poder Judicial en 2012 que cede la entrega de connacionales a otros países.

“La extradición estaba prohibida, así como está el auto acordado, ¿qué hará Mauricio Oliva si EE.UU. pide a JOH? Acá no hay derecho a la defensa; ellos lo piden y Oliva tiene que entregarlos, ¡hagan una ley de extradición!”, dijo.

Respecto a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), explicó que si Hernández se opone a la comisión “crea la impresión que oculta algo, me gustaría ver en que está gastando el dinero del país”.

Respecto a un eventual continuismo del mandatario hondureño, el parlamentario afirmó que EE.UU. y la Unión Europea, “están jugando a mantener en poder a JOH…después de la resolución de la Sala Constitucional, no están cuestionando la sentencia”.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/891-mientras-joh-obedezca-en-todo-a-los-gringos-ahi-estara-mel

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“Si JOH se le para en 30 a los Estados Unidos, se lo van a llevar”: Manuel Zelaya

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El exgobernante de Honduras, Manuel Zelaya advirtió este martes que si el presidente Juan Hernández hace caso omiso a la recomendación de los Estados Unidos en cuanto a la instalación de una  comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, podría ser extraditado.

MEL Y JOH

“Honestamente si Juan Orlando se le  para en 30 a los Estados Unidos para que no intervengan tanto como lo hacen en este país en todos los campos, se lo llevan”, dijo Zelaya en una entrevista concedida a Radio y TV Globo, donde además  apuntó que si Hernández se niega a la instalación de la comisión internacional está dando por sentado que está involucrado en actos de corrupción.

La instalación de la comisión contra la corrupción y la impunidad, es parte de una innumerable lista de condiciones que el gobierno de los Estados Unidos ha planteado a Honduras para recibir los fondos aprobados por el Congreso de aquel país, en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad.

El exmandatario dijo que la instalación de la comisión es una política de los Estados Unidos para Centroamérica, pues ya la instalaron en Guatemala y ahora la están pidiendo para Honduras y El Salvador.

TEMORES DE JOH

“Cuando el presidente Hernández, estando los  indignados en las calles se opuso a ser investigado por una comisión independiente-internacional dirigida por Naciones Unidas, creó la sospecha aquí y afuera, que tenía algo que esconder y por tanto temía a la cárcel o a la extradición”, expresó Zelaya.

Sin embargo, agregó que “mientras Juan Orlando siga atendiendo todas las instrucciones de los Estados Unidos ahí va a estar y lo van a dejar hasta  participar en el proceso”, indicó al referirse a las próximas elecciones presidenciales de 2017.

Precisó que conoce de primera fuente que los Estados Unidos lo que está pidiendo, al igual que la Unión Europea,  es que la “reelección no sea indefinida”, sino que quede reglamentada.

PRUEBAS Y LA EXTRADICIÓN

El también coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre) y diputado al Congreso Nacional  en representación de esa fuerza política, indicó que la nación del norte tiene pruebas en contra de Hernández y del Partido Nacional, pero serán utilizadas hasta “cuando éste (presidente Hernández) desobedezca, cuándo éste no les haga caso”.

En cuanto a la extradición de hondureños hacia los Estados Unidos, dijo que de acuerdo a la Constitución de la República vigente desde 1982, esto estaba prohibido y que ese extremo ha sido compartido por el expresidente Carlos Flores Facussé, quien se lo confió recientemente durante una reunión social en la que estaban  varios periodistas y donde se habló del  caso de Rafael Leonardo Callejas, extraditado recientemente a la nación del norte.

Ahondó que en caso que una Corte o una Fiscalía de los Estados Unidos pidiera la extradición del presidente Hernández, al titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, no le quedará de otra que entregarlo, porque así lo establece el auto de la extradición de la Corte Suprema de Justicia.

Origen: “Si JOH se le para en 30 a los Estados Unidos, se lo van a llevar”: Manuel Zelaya –

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Honduras Follows Guatemala’s Path to Fight Corruption

A team of international law enforcement experts may start chipping away at endemic corruption in Honduras.

An unusual partnership between local prosecutors and international law enforcement experts brought down President Otto Pérez Molina of Guatemala in September, as a large corruption investigation reached the highest levels of the country’s political elite.

In neighboring Honduras, civic leaders have been pressing the government for months to adopt a similar model to start chipping away at the country’s corruption and culture of impunity. That may soon come to pass.

President Juan Orlando Hernández’s government and the Organization of American States, a regional organization, are in the final stages of negotiating the scope of an anticorruption team led by foreign investigators and judges who would train Honduran officials so they would be better able to prosecute complex public corruption cases.

As currently envisioned, the O.A.S. team would have a weaker mandate than the International Commission Against Impunity in Guatemala, which was established by the United Nations in 2006. It is nonetheless a promising initiative that the United States and others in the international community should support and fund.

Photo

Hondurans marched in June to protest corruption. Credit Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

Hondurans took to the streets this summer to protest malfeasance by senior government employees who stole money from the country’s health care system by issuing contracts to ghost companies. Some of those funds wound up in the coffers of Mr. Hernández’s National Party. Several officials, including a senior lawmaker, were charged. But many Hondurans are skeptical that the authorities have the ability and political will to bring those responsible to justice.

Honduras and the O.A.S. expect to finish designing the new agreement next month. Now in draft form, it protects the international team from political meddling and requires it to issue a public report on its progress every six months. It is still unclear how much authority the team would have in setting prosecutorial priorities and managing complex cases.

Even so, the experience in Guatemala has demonstrated the profound impact this type of partnership can have in countries where the members of a corrupt ruling class have been embezzling for decades.

This would be the first mission of its kind run by the O.A.S., which has been largely inconsequential in recent years. Taking this on is a welcome sign that the organization’s new leader, Luis Almagro, a former Uruguayan foreign minister, seems determined to revitalize it.

Mr. Hernández has said he is committed to rooting out corruption and strengthening Honduras’s judicial institutions. If he’s sincere about that, he should make sure the O.A.S. team starts its work soon, and he should stay out of its way.

Origen: Honduras Follows Guatemala’s Path to Fight Corruption

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Honduras deberá seguir el camino de Guatemala para luchar contra la corrupción

Origen: Honduras deberá seguir el camino de Guatemala para luchar contra la corrupción

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Honduras Follows Guatemala’s Path to Fight Corruption

A team of international law enforcement experts may start chipping away at endemic corruption in Honduras.

 

An unusual partnership between local prosecutors and international law enforcement experts brought down President Otto Pérez Molina of Guatemala in September, as a large corruption investigation reached the highest levels of the country’s political elite.

In neighboring Honduras, civic leaders have been pressing the government for months to adopt a similar model to start chipping away at the country’s corruption and culture of impunity. That may soon come to pass.

President Juan Orlando Hernández’s government and the Organization of American States, a regional organization, are in the final stages of negotiating the scope of an anticorruption team led by foreign investigators and judges who would train Honduran officials so they would be better able to prosecute complex public corruption cases.

As currently envisioned, the O.A.S. team would have a weaker mandate than the International Commission Against Impunity in Guatemala, which was established by the United Nations in 2006. It is nonetheless a promising initiative that the United States and others in the international community should support and fund.

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Hondurans marched in June to protest corruption. Credit Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

Hondurans took to the streets this summer to protest malfeasance by senior government employees who stole money from the country’s health care system by issuing contracts to ghost companies. Some of those funds wound up in the coffers of Mr. Hernández’s National Party. Several officials, including a senior lawmaker, were charged. But many Hondurans are skeptical that the authorities have the ability and political will to bring those responsible to justice.

Honduras and the O.A.S. expect to finish designing the new agreement next month. Now in draft form, it protects the international team from political meddling and requires it to issue a public report on its progress every six months. It is still unclear how much authority the team would have in setting prosecutorial priorities and managing complex cases.

Even so, the experience in Guatemala has demonstrated the profound impact this type of partnership can have in countries where the members of a corrupt ruling class have been embezzling for decades.

This would be the first mission of its kind run by the O.A.S., which has been largely inconsequential in recent years. Taking this on is a welcome sign that the organization’s new leader, Luis Almagro, a former Uruguayan foreign minister, seems determined to revitalize it.

Mr. Hernández has said he is committed to rooting out corruption and strengthening Honduras’s judicial institutions. If he’s sincere about that, he should make sure the O.A.S. team starts its work soon, and he should stay out of its way.

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EE UU aumenta ayuda para Centroamerica, pero no es un cheque en blanco

También prevé la posible financiación de apoyo a las comisiones internacionales contra la impunidad en Honduras y El Salvador, se deben establecer los órganos y siempre que tengan niveles de independencia y autoridad investigadora comparables a los de la CICIG.

TRIÁNGULO NORTE1

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El viernes pasado, luego de meses de negociaciones, el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto anual para el año 2016. Entre las cuestiones objeto de debate fue de mil millones de dólares la solicitud de ayuda del gobierno de Barack Obama para ayudar a los países del Triángulo del Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala frente a la violencia, la falta de gobernabilidad, y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región.

El número de niños centroamericanos que siguen migrando debe servir como un recordatorio de que a menos que los factores que los impulsan a huir se traten, los migrantes seguirán buscando refugio en los Estados Unidos en vez de quedarse a convertirse en víctimas de la violencia que asola sus comunidades.

Afortunadamente, el presupuesto aprobado para el 2016 deja espacio para un optimismo cauteloso: El Congreso parece haber reconocido que los problemas económicos y de inseguridad que enfrenta América Central deben ser abordados.

El presupuesto de 2016 incluye $ 750 millones en asistencia a Centroamérica, en particular para ayudar a Guatemala, El Salvador y Honduras frente a la violencia, la falta de oportunidades y la débil gobernabilidad que impulsan la migración de la región.

La cantidad aprobada está por debajo de los mil millones solicitado por el gobierno de Obama en febrero pasado, pero superior al $ 675 millones inicialmente asignados por el Senado y $ 450 millones por encima del monto asignado por la Cámara en cada una de sus respectivas cuentas de apropiación . El monto aprobado representa un aumento significativo de la $ 294 millones asignados a la región para el año 2015, y es probable que estimular los aumentos de otros donantes y de los prestamistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este paquete de gastos excluye los fondos antidrogas determinada según el Pentágono.

Los Hondureños huyen de la miseria y violencia que impera en Honduras.

Los Hondureños huyen de la miseria y violencia que impera en Honduras.

Expande la estrategia regional de Estados Unidos a partir de un enfoque de seguridad orientada a uno que busca fortalecer las instituciones e invertir en el desarrollo económico. De los fondos asignados, el 40 por ciento ($ 299,400,000) se les concedió para apoyar Asistencia para el Desarrollo, 24 por ciento se destina al Fondo de Apoyo Económico ($ 183,5 millones) y el 30 por ciento ($ 222 millones) se destinará a apoyar las iniciativas de seguridad. Por supuesto, un mayor gasto por sí solo no es suficiente. En última instancia los detalles de esta financiación y cómo se implementa determinará la eficacia de la estrategia de Estados Unidos para hacer frente a las causas subyacentes de la espiral de violencia en América Central.

Establece requisitos de planificación y coordinación claras para el Departamento de Estado,  antes de la liberación de los fondos. Antes de que cualquier dinero pueda ser liberado, el Departamento de Estado tiene que proporcionar al Congreso un plan de gastos plurianual que incluya objetivos, indicadores de progreso y un calendario claramente definidos para la implementación de su estrategia. Estas medidas mejorarán la supervisión del uso de los fondos y permitir una mayor capacidad de evaluar si la ayuda estadounidense está logrando el impacto deseado. Con estos requisitos, el Congreso parece decidido a garantizar que la ayuda contribuya realmente a las instituciones más fuertes y responsables, una mejor gobernanza, y los niveles más bajos de violencia en América Central. El plan de gastos también debe especificar la forma en la asistencia estadounidense será diferente o complementar la ayuda proporcionada por otros donantes e instituciones multilaterales.

Establece una serie de condiciones fuertes que los gobiernos de América Central deben demostrar antes que los fondos les sean liberados a ellos. De acuerdo con el presupuesto, el 50 por ciento debe ser retenido a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala a menos que el Departamento de Estado certifique que el gobierno receptor está adoptando medidas eficaces para:

  • Establecer una entidad autónoma, públicamente responsable de proporcionar la supervisión del Plan para la Alianza para la Prosperidad.
  • Combatir la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento creíble de los funcionarios del gobierno presuntamente corruptos.
  • Implementar reformas y políticas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y oficinas del Fiscal General.
  • Establecer mecanismos de consulta a la sociedad civil y los gobiernos locales.
  • Combatir las bandas criminales, los traficantes de drogas y el crimen organizado.
  • Investigar y enjuiciar en tribunales civiles miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que han violado los derechos humanos.
  • Cooperar con las comisiones de lucha contra la impunidad y los órganos regionales de Derechos Humanos.
  • Los programas de apoyo para reducir la pobreza, promover el crecimiento económico equitativo y crear puestos de trabajo en las comunidades de origen de los migrantes.
  • Desarrollar e implementar un plan para crear fuerzas policiales profesionales y responsables y reducir el papel de los militares en la policía civil.
  • Proteger los derechos humanos.
  • Implementar reformas fiscales y reforzar las agencias de aduana.
  • Resolver las disputas comerciales.

Se trata de un conjunto significativo de condiciones previas. Refleja la creencia de que la ayuda de Estados Unidos debe ayudar a América Central frente a las condiciones de la región que están impulsando la migración irregular, y la convicción de que la ayuda de Estados Unidos no va a hacer la diferencia a menos que estos países demuestran un firme compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad.

El edificio del Capitolio, sede del Senado de los Estados Unidos.

El edificio del Capitolio, sede del Senado de los Estados Unidos.

El paquete de gastos, por desgracia, también condiciona el 25 por ciento de los fondos en las medidas para aumentar la seguridad en la frontera y reducir la migración irregular. Estas medidas tienen el potencial para alimentar el maltrato a los migrantes, y es poco probable que tenga un efecto duradero en las tasas de migración. También en este caso, sin embargo, hay un resquicio de esperanza: las condiciones al menos reconocen que la deportación y repatriación debe reservarse para aquellos que “no califican como refugiados, de conformidad con el derecho internacional.”

Requiere consulta con la sociedad civil y los gobiernos locales.  Vale la pena señalar que, como parte de la serie de condiciones en el presupuesto, los gobiernos centroamericanos deben consultar con las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil (incluyendo los grupos marginados indígenas y otros), y de los gobiernos locales en el diseño, implementación y evaluación de las actividades de la Alianza para la Prosperidad que les afectan. Si se aplica sistemáticamente, esto podría ser un paso importante y positivo.

Proporciona significativa atención a la lucha en curso en Centroamérica contra la impunidad rampante y la corrupción. El presupuesto incluye $ 7.5 millones para apoyar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que es un aumento significativo sobre contribuciones pasadas del Congreso estadounidense. También prevé la posible financiación de apoyo a las comisiones internacionales contra la impunidad en Honduras y El Salvador, se deben establecer los órganos y siempre que tengan niveles de independencia y autoridad investigadora comparables a los de la CICIG.

Establece un proceso de revisión y suspensión formal. Las tareas del presupuesto del Departamento de Estado con la revisión de los progresos realizados por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala en las condiciones establecidas y presentar un informe al Congreso a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Tanto el Congreso y el Departamento de Estado puede suspender la ayuda, en su totalidad o en parte, a ningún gobierno en particular.

CONCLUSIONES

El aumento significativo de la ayuda a la región, y el cambio global lejos de una agenda predominantemente de seguridad centrada en Centroamérica, son pasos de bienvenida. Sin embargo, la lucha contra los niveles desenfrenados de violencia y la desigualdad no es sólo una cuestión de financiación, sino también una de las inversiones inteligentes. El gasto plurianual previsto que el Departamento de Estado está obligado a presentar al Congreso determinará si se le da suficiente atención a la generación de empleo y oportunidades de educación para los jóvenes, a la prevención de la violencia basada en la comunidad, y para la creación de los sistemas de justicia independiente y profesional y fuerzas policiales responsables, así como a la lucha contra la corrupción y garantizar la participación significativa de la sociedad civil.

Además, la inclusión de condiciones previas que demuestren los resultados reales en la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones públicas son una prioridad en la agenda de muchos legisladores estadounidenses. Ahora le toca a los gobiernos de América Central demostrar un compromiso similar. La elección a la espera de la Procuraduría General en El Salvador, las selecciones del gabinete del presidente guatemalteco entrante Jimmy Morales y su apoyo a la CICIG y el fiscal general, así como la próximas elecciones de la Corte Suprema de Honduras y la viabilidad del mecanismo internacional con el músculo para hacer frente con eficacia a la corrupción y lograr reformas significativas en Honduras,  serán algunos de los primeros indicadores de que estos países están completamente dedicados al fortalecimiento del Estado de Derecho.(Tomado de WOLA)

Origen: EE UU aumenta ayuda para Centroamerica, pero no es un cheque en blanco –

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Can Honduras meet the certification goals of the Alliance for Prosperity?

Tiempo reported today that the newly passed US budget bill includes money for, and suggests the implementation of, a Comision Internacional Contra la Impunidad y la Corupción en Honduras (CICIH), something the indignados have been calling for since they began marching in May of this year.

Tiempo did not get it quite right. The bill does contain authorization of funding for a CICIH, should Honduras implement it, but does not suggest or mandate that Honduras do so nor does it set a cap on support for one, if implemented. It provides that if Honduras or El Salvador establishes an International Commission against corruption and impunity, funds from the Central American Regional Security Initiative (CARSI) can be used to support them if the House Appropriations Committee agrees after consultation.

Which is not to say that the bill has no policy implications for Honduras, and for US relations with it. House Bill 2029, which passed and was signed by President Obama, establishes the appropriations for the State Department, including the authorization language regarding the Alliance for Prosperity in the Northern Triangle of Central America.

In reaction to concerns about continuing migration from these countries, Congress bars the disbursement of 25% of the approved funds to the Northern Triangle countries unless the Secretary of State can certify that these governments are informing their population of the dangers of traveling to the southwestern border of the United States; are combating human trafficking and smuggling; have improved their border security; and are cooperating with the US government and governments in the region to facilitate the return, repatriation, and reintegration of those that do not qualify for refugee status under International law.

A further 50% of the funds for the Alliance are embargoed until and unless the Secretary of Sate can certify that each government meets twelve other criteria. In the case of Honduras, we think the State Department has its work cut out for it.

First the Secretary of State must certify in writing that each government is taking effective steps to
“establish an autonomous public accountability entity to provide oversight of the Plan”. Honduras does not currently have such an entity that we can identify.

Next the Secretary of State must certify that each government is combating corruption “including investigating and prosecuting government officials credibly alleged to be corrupt.”

In Honduras, there are far more identified cases of corruption than the Public Prosecutor’s office has chosen to prosecute, and it has not prosecuted the most flagrant cases involving high status individuals in the National Party (the current ruling party in Honduras).

The Secretary of State is also charged to certify that these governments, including Honduras, has taken steps to “implement reforms, policies, and programs to improve transparency and strengthen public institutions, including increasing the capacity and independence of the judiciary and the Office of the Attorney General”.

Honduras has recently been signatory to an agreement with Transparency International and the Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) to promote and encourage transparency in the Honduran government.

There’s a conflict between what Honduras agreed to do with Transparency International, and what it is doing with the Ley de Secretos Oficiales, which allows the Honduran government to arbitrarily and unilaterally make anything it wants unavailable to the public for up to 25 years, an action taken despite strong opposition from groups like the ASJ and its own government transparency watchdog, the Instituto de Acceso a la Información Publica. In June of 2015 the Instituto de Acceso a la Información Publica issued a resolution ordering the Honduran Congress to reform the law to follow Article 72 of the constitution and other laws related to human rights and other agreements Honduras has entered into regarding transparency. To date, the Honduran Congress has refused to amend the law.

Honduras has taken baby steps towards training the judiciary and the office of the Public Prosecutor to better be able to do their jobs. While there’s been a large financial investment in training, there is little to show for it. The Honduran government has agreed to implement the OAS sponsored MACCIH, but it largely shaped this program into yet another advisory group that will propose changes to the judiciary and Public Prosecutor’s office. The current President and Congress have ignored at least four sets of recommendations for changes to the judiciary since the 2009 coup and we don’t see any reason to expect the outcome this time will be different.

The Secretary must further certify that civil society organizations and local communities are consulted during the design of projects, and participate in the implementation of them. The lack of such consultation has been a constant concern for indigenous and rural communities faced with mining, hydroelectric, and other government approved projects.

Another certification required by the bill is that the Honduran government is taking effective steps to “counter the activities of criminal gangs, drug traffickers, and organized crime.”

Here the government of Honduras has a mixed record.  On the one hand, it has somewhat improved the national homicide rate, bringing it down to about 60 homicides per 100,00 population this year.  It has made numerous arrests of gang members and members of organized crime, but has successfully prosecuted none of them to date.  All high level members of organized crime in Honduras have been extradited to the United States for trial on charges here.  Extortion is rampant, kidnapping for ransom is on the rise, and mass murder, in which four or more people are killed in a single incident, is on the rise. Drug use within Honduras is increasing as well.

Another certification deals with the government taking effective steps to “investigate and prosecute in the civilian justice system members of military and police forces who are credibly alleged to have violated human rights, and ensure that the military and police are cooperating in such cases”.

In theory this is already true under the Ley del Ministerio Publico of 1993.  However, the Public Prosecutor’s office has to choose to prosecute the case, and has a miserable success record in court.

The Secretary of State will have to certify that the Northern Triangle governments are taking effective steps to “cooperate with commissions against impunity, as appropriate, and with regional human rights entities.”  In Guatemala, the Public Prosecutor’s office was slow to accept the help and guidance of its Comisión Internacional Contra la Corrupcion y la Impunidad (CICIG).  Honduras and El Salvador currently don’t have such International commissions. Although there is sentiment in both places to establish them, that sentiment is just not in either current government.

Honduras recently boycotted a series of InterAmerican Human Rights hearings on judicial independence and the corruption of government institutions (see the videos of the hearings from October 22, 2015 on the linked page). Its absence was notable, and noted by the court.  It has, to date, ignored the finding of the InterAmerican Court that Honduras violated due process in dismissing three justices and a magistrate in 2010 for having opposed the 2009 coup.  In October, the court ordered two of the judges and the magistrate reinstated or paid lost wages. The Honduran government has done nothing to date, not even acknowledge the finding.  Ignoring and boycotting are not evidence of cooperation with regional human rights organizations.

The Secretary of State must also certify that the government will “support programs to reduce poverty, create jobs, and promote equitable economic growth in areas contributing to large numbers of migrants.”

The Honduran Congress is barely moving here. Historically National Party governments, like the current one, have increased, rather than decreased poverty in Honduras. This is visible both in the percentage of the population living in poverty, and in the GINI index recorded each year for Honduras. We’ve written about this trend before (here and here).

The Secretary of State will have to certify that the Honduran government is taking effective steps to “create a professional, accountable civilian police force and curtail the role of the military in internal policing”.

One could not certify that for Honduras today.  Not only is there no viable mechanism for removing corrupt, crime-linked police officers (everything done to date has been inconsequential), and no will to do so, but the current government is expressly in favor of militarizing the police and abolishing the civilian police force by progressively defunding it in favor of increased funding to the militarized police force it is building up from scratch.  Honduras is therefore unlikely to take steps under its current government to comply with this condition of funding.

The Secretary of State will have to certify that the government of Honduras is taking effective steps to “protect the rights of political opposition parties, journalists, trade unionists, human rights defenders, and other civil society activists to operate without interference”.

In the Honduras of today, reporters, trade unionists, human rights defenders, and members of the opposition party all regularly receive death threats via text messages.  Many of those threatened either quit, or get killed.  The Honduran police don’t have the staff to pursue something as high tech as tracing a text message source. The Honduran military intelligence group probably could do this, since they effectively have a tap on all Internet and telephone connections in the country, but haven’t done anything about it.  Opposition parties in Congress are shut out of the public debate of bills by the leadership.

The Secretary of State must certify that the governments of these countries, including Honduras, are  taking steps to “increase government revenues, including by implementing tax reforms and strengthening customs agencies”.

Finally, the Secretary must certify the government of Honduras is taking effective steps to “resolve commercial disputes, including the confiscation of real property, between United States entities and such government.”

Given the situation on the ground, it should be difficult for the Secretary of State to certify the Honduras of today is taking effective steps to meet these criteria. Unless it makes changes, Honduras might not have access to the funding it thinks it is going to receive under this program.

Origen: http://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2015/12/can-honduras-meet-certification-goals.html

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A Diario La Prensa no le gustó que Miss Honduras pidiera la CICIH

Origen: A Diario La Prensa no le gustó que Miss Honduras pidiera la CICIH

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EE.UU. dará fondos a Honduras si instala Comisión Antiimpunidad

Si Honduras no cumple con lo estipulado, el gobierno de EE.UU. detendrá hasta el 75 por ciento de la asistencia financiera, que asciende a unos 93 millones de dólares que han sido asignados para evitar la migración masiva de personas al país del norte.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El gobierno de EE.UU. ha condicionado la donación de 750 millones de dólares a Honduras, Guatemala y El Salvador, si hacen más eficiente la lucha contra la corrupción.

En el caso de Honduras, según Washington, deberá instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la que opera en Guatemala que ha desarticulado redes criminales dirigidas por altos funcionarios.

El Congreso estadounidense ha dispuesto que la condición para liberar fondos a Honduras, es que la Comisión Antimafias, patrocinado por la ONU, sea instalada a la brevedad.

Uno de los apartados del decreto que da recursos, en el marco del programa denominado “Alianza para la prosperidad”, determina que en Honduras se debe “promover y reforzar la democracia” y consideran que la llegada de la Comisión “es apropiado”.

Si la nación centroamericana no cumple con lo estipulado, el gobierno de EE.UU. detendrá hasta el 75 por ciento de la asistencia financiera, que asciende a unos 93 millones de dólares que han sido asignados para evitar la migración masiva de personas al país del norte.

Cabe recordar que los presidentes del denominado Triángulo Norte de Centroamérica pidieron a Estados Unidos una partida de mil millones de dólares (22 mil millones de lempiras) para asistir en la reducción de migraciones, control del crimen organizado y programas sociales.

Barack Obama se comprometió con los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador a gestionar los fondos; no obstante, la promesa fue trastocada por los legisladores estadounidenses, quienes quitaron 250 millones de dólares y lo aprobado será supervisado por Washington para que sean utilizados de manera correcta.

A la fecha, el presidente Juan Hernández se ha resistido a implementar la Comisión Antiimpunidad, por considerarla que no dará los resultados y apuesta por el Mecanismo de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciado por la OEA y rechazado por la oposición política e integrantes del movimiento Indignado.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/856-ee-uu-dara-fondos-a-honduras-si-instala-comision-antiimpunidad

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EE.UU condiciona fondos y sugiere a Honduras una CICI tipo Guatemala

Origen: EE.UU condiciona fondos y sugiere a Honduras una CICI tipo Guatemala

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EE.UU: Sí Honduras pide la CICIH, apoyaremos con 2 millones de dólares

Origen: EE.UU: Sí Honduras pide la CICIH, apoyaremos con 2 millones de dólares

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Honduran Civil Society and US Members of Congress Call for Independent Body to Address Corruption and Impunity in Honduras

Last summer, massive protests erupted in Honduras following revelations that hundreds of millions of dollars belonging to the country’s national health service had been siphoned off by officials from the ruling National Party. In neighboring Guatemala, similar protests, sparked by a similar corruption scandal, raged for much of the summer and led to the resignation and arrest of President Otto Pérez Molina. Following a far-reaching investigation by Guatemala’s International Commission Against Impunity (CICIG, by its Spanish acronym), Pérez and former Guatemalan Vice President Roxana Baldetti were charged with running a vast customs corruption network, and were jailed pending their respective trials.

In Honduras, President Juan Orlando Hernández remains firmly in place despite evidence that much of the embezzled public funds had been used for his 2013 presidential campaign. To try to placate the protesters, Hernández worked with the Organization of American States (OAS) on a joint proposal for a so-called Support Mission Against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH, by its Spanish acronym). But protest leaders, and most Honduran human rights organizations, have rejected Hernández’s proposal, considering it far too weak to effectively take on Honduras’ rampant corruption and impunity, and not sufficiently independent. Instead, they have called for the creation of a United Nations-backed International Commission Against Impunity in Honduras (or CICIH), modeled on Guatemala’s CICIG.

Critics of the OAS/Hernández proposal have pointed out that, in contrast with a CICIG-like entity, the MACCIH — as it is currently proposed — would lack the mandate and capacity to carry out judicial investigations and prosecutions, and instead would merely offer recommendations of reforms that the government is unlikely to ever implement (if past experience is any guide).

On December 4, Congressman José Serrano and 53 of his colleagues in the U.S. House of Representatives backed these demands in a letter to U.S. Secretary of State John Kerry, urging him to support the creation of a CICIH. In a separate statement Serrano said:

We cannot expect to fully address issues of violence and instability in Honduras when people do not feel as though they can trust their government or judicial system. It is time to establish an independent commission to root out corruption and restore trust.

Indeed, the extreme levels of corruption and violent crime in Honduras are matched by appalling rates of impunity. The northeastern Honduran city of San Pedro Sula has the highest homicide rate in the world and dozens of journalists, lawyers, and activists have been killed in recent years. The Inter-American Commission on Human Rights has said that impunity for these and other crimes “ranges between 95 and 98 percent.” The country’s security forces are widely recognized to be deeply infiltrated by organized crime groups and involved in extrajudicial killings and other human rights violations. The country’s judiciary is considered to be weak and is largely controlled by the ruling National Party, which illegally replaced top judges with allies in late 2012.

Perhaps most troubling of all is the fact that the Honduran administration has shown no interest in taking real measures to reform its security forces or the country’s corrupt judiciary. A widely respected independent police reform commission was dissolved by the ruling party in January of 2013, and none of its proposals were taken into account. Under increasing international pressure, the Hernández government has repeatedly announced its own police reform, which appears to mostly involve a partial administrative reshuffling of Honduras’ law enforcement institutions.

Despite all these problems, the U.S. government has continued to throw its support behind Hernández, and sources indicate that they back the MACCIH proposal as well, despite the overwhelming opposition of Honduran human rights advocates. Many of the groups that oppose the MACCIH and support a CICIH are part of the Coalition Against Impunity, which includes the Committee of the Families of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH), Judges for Democracy, the Center for Women’s Rights (Centro de Derechos de Mujeres — CDM), the Committee for the Relatives of Disappeared Migrants of El Progreso, the Freedom of Speech Committee (C-LIBRE), Team of Reflection, Investigation and Communication (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación — ERIC), the National Network for Honduran Women Human Rights Defenders, and many others.

In a November statement the Coalition argued that a MACCIH would:

[be] limited in its ability to attack corruption and impunity in the country. Its main purpose is to supervise and give technical support to the Public Ministry and the Justice System through the support of a group of ex-prosecutors and international jurists; preparing a diagnosis of the current situation of justice in Honduras; accompanying the implementation of the Interamerican Convention against Corruption; and the creation of a justice observatory.

And

[lack] an effective mandate to strongly and decidedly attack the scandalous corruption that is corroding the public institutions of Honduras, not to mention the tremendous limitations — that have been laid out — to attack impunity and dismantle criminal structures that function parallel to the state apparatus.

The Coalition also notes that the MACCIH proposal has been developed without consultation of, or input from civil society groups other than those that have close relations with the ruling National Party.

The statement explains:

Instead of a MACCIH, the Coalition Against Impunity, together with other organizations, advocates for a mechanism like the CICIG, underscoring the importance of a similar mandate and the transfer of experience that we could use in our country. We demand an International Commission Against Impunity, with a mandate that includes the following:

-Political independence and financial autonomy to avoid any interference or limitation of its actions.

-Capacity to investigate and gather evidence of criminal acts and illegal structures that function in the state apparatus. These should be provided to the Public Ministry to strengthen its prosecution abilities.

-The capacity for criminal prosecution together with the Public Ministry in emblematic cases of corruption, impunity, or extreme human rights violations.

-Building capacity of the Public Ministry and Judicial apparatus.

-Development of proposals to support the necessary reforms in the Honduran judicial system.

The marked weaknesses of the institutions in the Honduran judicial system currently demand the installation of an independent International Commission with a high level of technical and legal capacity to contribute to an efficient and committed struggle against corruption and impunity.

Some U.S. analysts have argued that a CICIG-like entity wouldn’t be able to quickly address Honduras’ rampant corruption and impunity.

The reality is that there are no quick fixes for Honduras, and simply painting over the country’s problems with ineffective measures will not improve the situation. And, as the Coalition Against Impunity has pointed out, a CICIH, rather than starting completely from scratch, would be able to benefit from a “transfer of experience” from the CICIG.

Origen: Honduran Civil Society and US Members of Congress Call for Independent Body to Address Corruption and Impunity in Honduras

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54 congresistas de EE.UU piden a Kerry apoyar la CICIH en Honduras

Origen: 54 congresistas de EE.UU piden a Kerry apoyar la CICIH en Honduras

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Celebramos la posición pública de 54 Congresistas de Estados Unidos coincidente con la demanda de la mayoría ciudadana del pueblo hondureño

Washington, DC.

El Congresista José E. Serrano—junto a 53 miembros de la Cámara de Representantes—enviaron hoy una carta al Secretario de Estado John Kerry exigiéndole que apoye la creación de una comisión auspiciada por la ONU para reducir la impunidad y corrupción en Honduras.  La propuesta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), basada en el modelo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), traería un equipo internacional e independiente de fiscales e investigadores para ayudar a erradicar la corrupción y a reducir la impunidad.  Un número abrumador de hondureños y una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil apoya esta iniciativa. Desde hace varios años, Honduras ha estado plagada por niveles extremos de violencia—lo que ha provocado la fuga de miles de hondureños a los Estados Unidos—y por una situación de corrupción rampante involucrando a partidos políticos, empresarios y funcionarios gubernamentales.  Una comisión independiente y respaldada internacionalmente ayudará a consolidar la justicia y a restablecer la confianza de los hondureños en su gobierno.

“Este es un asunto clave para el futuro de Honduras”, dijo el Congresista José E. Serrano.  “No podemos esperar resolver los problemas de violencia e inestabilidad en Honduras cuando el pueblo no siente que puede confiar en su gobierno o en el sistema judicial.  Es hora de crear una comisión independiente para acabar con la corrupción y restablecer la confianza”.

“La dimensión del problema no puede ser subestimada. Ha habido acusaciones graves de corrupción, involucrando a partidos políticos, empresarios y funcionarios gubernamentales. Sin embargo, el gobierno de Honduras no investiga de manera adecuada y carece de suficiente independencia para abordar la gravedad de estas cuestiones. Por esta razón, cientos de miles de hondureños de todos los sectores han protestado para exigir justicia. Una demanda principal de este movimiento—apoyada por una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil—es que Honduras establezca una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por la ONU y basada en el modelo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El objetivo de la comisión es llevar un equipo internacional e independiente de fiscales e investigadores para ayudar a erradicar la corrupción y a reducir la impunidad.  Creemos que eso es la única manera de asegurar que haya justicia y estado de derecho en Honduras”, dice la carta.

La carta fue firmada por los Representantes Kaptur, Ruppersberger, Hank Johnson, Speier, Schakowsky, Rangel, DeFazio, Slaughter, Lofgren, Conyers, DeLauro, McDermott, Capuano, Gutiérrez, Lowenthal, Honda, Grijalva, Ellison, Nolan, Pocan, Loretta Sanchez, Huffman, David Price, Rush, Moore, Waters, McCollum, Hastings, Tonko, Cárdenas, Edwards, Schrader, Lynch, Danny Davis, Norton, Quigley, Keating, Matsui, Bonamici, Garamendi, DeSaulnier, Chu, Bass, Pingree, Becerra, Yarmuth, Susan Davis, Kind, Cleaver, Clay, Cartwright, Lieu, Bordallo

TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

3 de diciembre de 2015

Estimado Secretario Kerry:

Le escribimos para expresar nuestra preocupación acerca de la situación cada vez más deteriorada de los derechos humanos y del estado de derecho en Honduras, y le pedimos apoyar el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, siguiendo el modelo de la ya existente Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Como usted ya sabe, desde hace varios años Honduras ha estado plagada por niveles extremos de violencia—lo que ha provocado la fuga de miles de hondureños a los Estados Unidos—y por una situación de corrupción rampante. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y grupos de monitoreo de los derechos humanos han notado, la mayoría de los crímenes se quedan sin juicios e impunes. Cabe destacar que el sistema judicial hondureño carece de la independencia necesaria ante los otros poderes del gobierno.

La dimensión del problema no puede ser subestimada. Ha habido acusaciones graves de corrupción involucrando a partidos políticos, empresarios y funcionarios gubernamentales. Sin embargo, el gobierno de Honduras no investiga de manera adecuada y carece de suficiente independencia para abordar la gravedad de estas cuestiones. Por esta razón, cientos de miles de hondureños de todos los sectores han protestado para exigir justicia. Una demanda principal de este movimiento—apoyada por una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil—es que Honduras establezca una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por la ONU y basada en el modelo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El objetivo de la comisión es llevar un equipo internacional e independiente de fiscales e investigadores para ayudar a erradicar la corrupción y a reducir la impunidad.  Creemos que es la única manera de asegurar que haya justicia y estado de derecho en Honduras.

Este modelo ha tenido mucho éxito en Guatemala. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha llevado ante la justicia a altos funcionarios gubernamentales y miembros del crimen organizado, mientras también ayuda a Guatemala a desarrollar instituciones judiciales más independientes y profesionales. La CICIG, trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio Público, tiene un historial sólido de investigaciones y enjuiciamientos de funcionarios corruptos en un periodo de tiempo razonable. Los primeros logros incluyeron impulsar la remoción del Fiscal del Ministerio Público días después de su nombramiento en 2010 por actos de corrupción. En abril de este año, la CICIG descubrió una red de corrupción llamada “La Línea” que se extendió hasta los niveles más altos del gobierno de Guatemala. Después de esas revelaciones, hubo protestas masivas que llevaron a la eventual renuncia y el arresto del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Un número abrumador de hondureños apoyan la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (o CICIH), que funcione independientemente bajo los auspicios de la ONU. Por una cantidad de dinero modesta—en comparación al enorme costo económico y social de la impunidad persistente—una CICIH podría fortalecer el estado de derecho en Honduras y ofrecer al pueblo hondureño una dosis de esperanza de que la situación no seguirá deteriorándose.

Le alentamos a apoyar el establecimiento de una CICIH e invertir en su éxito futuro, como los Estados Unidos han hecho en otras partes. Creemos firmemente que una comisión independiente y respaldada internacionalmente ayudará a consolidar la justicia y restablecer la confianza de los hondureños en su gobierno.

Agradecemos su atención a este asunto importante.

Sinceramente,

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El Congresista José E. Serrano ha representado a El Bronx en el Congreso de los Estados Unidos de América desde el 1990 y es un miembro del Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Asignaciones.  El Bronx es el lugar de residencia para una de las poblaciones más grandes de Hondureños-Americanos en EE.UU.

Origen: Celebramos la posición pública de 54 Congresistas de Estados Unidos coincidente con la demanda de la mayoría ciudadana del pueblo hondureño

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2015: año del despertar ciudadano y la ofensiva de un sistema opresor

El año 2015 trajo consigo una de las mayores sorpresas del siglo XXI: la reacción ciudadana contra la impunidad y la corrupción que se tradujo en miles de indignados e indignadas saliendo a las calles, pidiendo la renuncia del presidente y una Comisión Internacional contra la Impunidad similar a la de Guatemala. Sin embargo, Honduras no dejó de ser un país violento este año, un país con altos índices de pobreza y desempleo, y donde la clase política y empresarial se esfuerzan por mantener un sistema de impunidad inamovible, según analistas. 

Violencia

Honduras sigue en los peores puestos de las listas mundiales. San Pedro Sula, al norte de Honduras, por cuarto año consecutivo se impuso como la ciudad más violenta del mundo. Le siguen llamando la “capital mundial del crimen”, con una tasa de 171.20 homicidios por cada 100 mil habitantes. San Pedro Sula ha sido escenario frecuente de buena parte de las 80 masacres que en 9 meses se perpetraron en Honduras.

“Se registran 282 víctimas en 79 escenas de homicidios múltiples y se han incrementado cuatro eventos en relación al año anterior donde se contabilizaron 75 hechos en el mismo periodo de tiempo”, expresó Migdonia Ayestas a medios nacionales hace dos meses cuando presentó estas cifras sangrientas.

Sin embargo, datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH que contabiliza los homicidios en Honduras con datos de Medicina Forense y Policía Nacional, muestran una baja de 15.1% en dicha tasa. Solamente se asesinan 14 personas diarias actualmente en Honduras. Esa violencia toma saña con las mujeres, y también se dice que Honduras es el país más peligroso para sobrevivir siendo mujer con un promedio de un femicidio cada 13 horas.

Contar que en Honduras va reduciendo la violencia contrasta con la realidad que miles de personas viven a diario. Transportistas, pequeños comerciantes, hombres y mujeres jóvenes en zonas urbanas y rurales, cuyo nivel de riesgo ha aumentado con los años, contrarrestan las cifras.

El experto en temas de seguridad, el doctor Joaquín Mejía dice que  la medición de esta tasa es en homicidios, no en las diversas formas de violencia que se expresan en el país que son las que causan mayor daño.

“Habría que ver si realmente hay un aumento de las desapariciones, porque esos no entran en las estadísticas oficiales que luego redundan en la tasa publicada. Por ejemplo se sabe que en algunos lugares cuando existe un homicidio, la propia comunidad no permite el levantamiento del cadáver porque saben que tiene que trasladarse a Medicina Forense de Tegucigalpa y San Pedro y ésta solo tiene cobertura de 60% a nivel nacional. Hay que ver el sub registro”, expresa.

Actualmente en Honduras funcionan 14 fuerzas de seguridad del Estado diferentes, tanto que en muchos casos no trabajan coordinadas. Mejía asegura que hay dos elementos con el tema de seguridad que marcan la línea del actual gobierno: la militarización y la privatización de la seguridad. En 2015, de acuerdo a la ONU, en Honduras existen entre 70 mil y 150 mil guardias de seguridad frente a 12 mil policías. Un guardia por cada 103 habitantes, pero solo 1 policía por cada 1103 habitantes. Se ha demostrado que la depuración policial ha sido un fracaso, con millones de lempiras invertidos para apenas 7 expedientes de policías enviados al poder judicial. En teoría se han depurado más de 2 mil policías, pero alrededor de 1000 siguen en la policía trabajando aun cuando no salieron bien evaluados en el proceso.

Mejía asegura que la ciudadanía sigue clamando por seguridad, sin embargo las estrategias de seguridad del gobierno son erróneas.

“Se debe reconocer que en cuanto a golpes contra el narcotráfico  hubo avances importantes, el acuerdo de extradición con Estados Unidos por ejemplo, sin embargo hay que recordar que una verdadera política de seguridad debe tener cobertura en las diversas violencias que se viven en las calles. Cuando existen esos niveles de inseguridad, lo que tenemos es una ciudadanía de baja intensidad, con miedo a retomar el espacio público como parte de la cultura democrática. El estado de derecho no puede combatir el crimen utilizando los mecanismos de los criminales o reduciéndose a criminales, en ese sentido existen los mecanismos democráticos que son a través de políticas públicas integrales, que tengan continuidad, con normativa adecuada, un presupuesto adecuado pero lo que vemos es la tasa de seguridad que en un 70% va para los militares, sin fortalecer la investigación y la aplicación de justicia”, explicó.

Cifras que pesan a los más empobrecidos

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, la región aumentó su número de personas en nivel de pobreza e indigencia como no lo hacía desde 2011.

Honduras, por su parte, ocupa el puesto número uno entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza con 60%, seguido de Guatemala (54%), México (52.3%) y Bolivia (45%).

El economista Hugo Noé Pino habla de dos aspectos en la economía hondureña que hay que analizar: el aspecto macroeconómico donde cabe destacar la continuación de la reducción del déficit fiscal que el año pasado terminaba en 4.1% este año se proyecta en 3.8%, con un nivel de inflación bajo, establecida principalmente por una reducción de los precios de los derivados del petróleo muy fuerte, más del 50%. Cifras que podrían mostrar una mejora en la economía que sigue sin reflejarse en el bolsillo de los hondureños y hondureñas más empobrecidos.

“Casi el 70% de los 282 productos de la canasta básica han aumentado de precio, solo un 30% han mantenido reducciones. En lo que respecta al crecimiento económico sigue siendo muy moderado, 3.5% del PIB cuando el año pasado fue de 3.1% y este crecimiento no resuelve los problemas principales de Honduras. Es un crecimiento del sistema financiero, rubros de energía y telecomunicaciones que generan poco empleo, no lleva más ingresos a las familias, no resuelva el 50% de desempleo abierto o subempleo que tiene Honduras”, explicó Pino.

A nivel microeconómico hay problemas, la capacidad adquisitiva ha reducido en las familias, y eso trae como consecuencia de que la situación de bienestar del pueblo hondureño no haya mejorado en 2015.

La reducción del déficit fiscal que se señala como gran logro, se ha hecho en base a mayores impuestos para los pobres, mientras que existen exoneraciones fiscales a grupos de poder. “Este logro ha recaído sobre las espaldas del pueblo hondureño”, apuntó.

El analista ha insistido que una reformulación del presupuesto es necesaria, porque la prioridad actual es defensa y seguridad que aumentó 53% para el próximo año, al ejército se le aumenta 25%  más el 60% de la tasa de seguridad va para las FFAA. “Estamos dedicando una gran cantidad de recursos en defensa y seguridad cuando ellos dicen que se reduce la violencia. Mientras educación y salud solo aumentan 19%”, concluyó.

Débil institucionalidad

Diversos analistas coinciden en que el  panorama que se nos pinta es el fortalecimiento de las estructuras militares y la continuidad del debilitamiento institucional especialmente tras la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que conocerá de 3 gobiernos siguientes. El debate actual de la instalación de una CICIH y la propuesta gubernamental de la MACCIH, materializan esa realidad de impunidad que quiebra al Estado por dentro y quien tiene el control sigue siendo el presidente de la república.

El analista político Eugenio Sosa asegura que este año terminó de evidenciarse la corrupción e impunidad de una manera alarmante en el país, no solo el caso del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que fue la punta del iceberg, pero luego se fue descubriendo toda una podredumbre de corrupción e impunidad demostrada con declaraciones como la del juez Echenique, la injerencia del presidente en el Consejo de la Judicaturas a través de jueves como Teodoro Bonilla, etc.

Un reportaje realizado por Infobae demuestra que Honduras es el país con el instituto electoral con menor credibilidad en América Latina acompañados en el sótano por el Salvador y Venezuela. Este informe se presenta en el marco de un gobierno que presenta proyecto de reformas electorales y que aprueba la reelección presidencial en medio de cuestionamientos de control del presidente a los tres poderes del Estado.

“Lo que uno ve es que no hay posibilidades de una reforma electoral seria, profunda, pueden haber cosas cosméticas, hablar de transparencia, porque así como se plantean las reglas del juego electoral, favorecen al partido en el gobierno, al presidente si siguiera aspirando a una reelección. Sumado a esto, no se avizora que queden generados candidatos idóneos para la Corte Suprema de Justicia, todas las denuncias apuntan a que dejaremos servida la mesa al presidente para que ponga la CSJ a su medida. Otro hecho que no podemos desconocer, mas allá de la subordinación de la institucionalidad y la presencia avasallante de Estados Unidos en temas de seguridad”, dijo Sosa.

Despertar ciudadano

Sin embargo, a pesar del terreno movedizo en que Honduras se encuentra, tanto en situación de violencia, inequidad, pobreza y débil institucionalidad, este año fue del despertar ciudadano y el resurgir de actores sociales. El año comenzó con la lucha de estudiantes de secundaria que se oponían a un modelo educativo antidemocrático, le siguieron los estudiantes de la universidad. La represión en ambos casos no se hizo esperar, pero de allí surge el movimiento de indignados e indignadas.

“El año empezó con un cuestionamiento interesante cuando en enero no se aprobó la Policía militar y eso generó expectativa de una oposición política articulada, pero ahora vemos que eso está  muy lejos de poderse encontrar en una propuesta coherente”; explica Sosa.

El analista además se pregunta ¿por qué la ciudadanía no avanzó más en cambios sustanciosos tras el movimiento de la indignación y la elección de fuerzas políticas de oposición?

“Para mí, después del golpe de Estado, los poderes en términos generales conservadores, oligárquicos de este país se han articulado comió nunca para evitar que el Estado cambie. Uno puede leer un alineamiento perfecto en torno al presidente Juan Orlando Hernández, no solo de los tres poderes controlados por él, sino de un empresariado cómplice con la impunidad, corrupción y subordinados a las ideas del presidente. Medios de comunicación timoratos y cómplices, poderes alineados como las cúpulas religiosas que dejaron a la ciudadanía sola y no podemos olvidar una embajada de Estados Unidos alineada al presidente en conjunto con una  comunidad internacional. Estos poderes ven en el liderazgo del PN como la tabla de salvación de continuidad de sus privilegios”, explica.

Los retos de la ciudadanía activa son muchos ante estos escenarios. “Hoy tenemos un movimiento ciudadano junto a la resistencia, ambos en el siglo XXI y con profundas dificultades de construir consensos internos, dificultad para dialogar internamente, plantear una verdadera propuesta de lo que queremos de la CICIH. Hay un gran malestar ciudadano pero con liderazgos que no han encontrado la forma de trascender. Los cosenos internos son más importantes que estar pidiendo diálogos externos”; finalizó.

Origen: 2015: año del despertar ciudadano y la ofensiva de un sistema opresor

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Demócratas piden a Kerry que EEUU apoye comisión anticorrupción en Honduras

Washington – Un total de 54 congresistas demócratas estadounidenses solicitaron hoy al secretario de Estado, John Kerry, que EEUU apoye la creación de una comisión patrocinada por la ONU para reducir la impunidad y la corrupción en Honduras.

En una misiva, los legisladores respaldaron la propuesta de un sector de la sociedad y la oposición hondureña, que solicitan la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), un modelo espejo de “la exitosa” Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“La iniciativa es apoyada por la abrumadora mayoría de los hondureños y una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil”, argumentan los legisladores.

Los congresistas alegan que los niveles extremos de violencia que vive el país centroamericano, así como “la corrupción desenfrenada” de sus partidos políticos, empresarios y funcionarios del Gobierno, han impulsado a miles de sus ciudadanos a huir a EE.UU.

“Sin embargo, el Gobierno de Honduras no investiga de manera adecuada y carece de suficiente independencia para abordar la gravedad de estas cuestiones. Por esta razón, cientos de miles de hondureños de todos los sectores han protestado para exigir justicia”, apuntan en su carta a Kerry.

“Una demanda principal de este movimiento -apoyada por una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil- es que Honduras establezca una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por la ONU y basada en la CICIG”, añaden.

Los legisladores argumentaron además que el coste financiero de la creación de una comisión de tal calado es “muy modesta” en comparación “al enorme costo económico y social de la impunidad persistente en Honduras”.

“Una CICIH -insisten- podría fortalecer el Estado de derecho en Honduras y ofrecer al pueblo hondureño una dosis de esperanza de que la situación no seguirá deteriorándose”.

“Le alentamos a apoyar el establecimiento de una CICIH e invertir en su éxito futuro, como Estados Unidos ha hecho en otras partes. Creemos firmemente que una comisión independiente y respaldada internacionalmente ayudará a consolidar la justicia y restablecer la confianza de los hondureños en su gobierno”, concluyeron.

Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha apoyado la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) junto al Gobierno hondureño, aunque un gran sector de la población continúa reivindicando la existencia de la CICIH.

Origen: http://www.proceso.hn/actualidad/item/114846-dem%C3%B3cratas-piden-a-kerry-que-eeuu-apoye-comisi%C3%B3n-anticorrupci%C3%B3n-en-honduras.html

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12 congresistas estadounidenses solicitan CICIH

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn;

Tegucigalpa.-El Congresista estadounidense, José Serrano, ha iniciado una cruzada para conseguir que otros de sus compañeros se sumen a la iniciativa de pedir una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que desde ya cuenta con el apoyo de otros once diputados.

José Serrano, congresista.

José Serrano, congresista.

El Diputado demócrata ha enviado una carta a sus colegas en el Poder Legislativo de los Estados Unidos,  donde les solicita que se unan para enviar una petición al  Secretario de Estado John Kerry, instándolo a apoyar la creación de una comisión patrocinada por la ONU con el fin de reducir la impunidad y la corrupción en Honduras.

Esto es el resultado de 3 meses de intenso e imparable trabajo diplomático y comunicativo de la hondureña Fernanda López Aguilar, mediante el cual ella logró transmitir a un gran número de congresistas estadounidenses y altos oficiales diplomáticos, tanto en el Departamento de Estado como en las Naciones Unidas, la realidad de indefensión social, política, económica y jurídica en que se encuentra el pueblo hondureño.

Fernanda López Aguilar

Fernanda López Aguilar

Su lucha por traer justicia para los hondureños no cayeron en oídos sordos, y es así como el Congresista José Serrano, Demócrata del Distrito 15 New York, ha decidido levantar su antorcha por el pueblo hondureño, liderando el esfuerzo dentro del Congreso de Estados Unidos para que todos los Congresistas se unan para exigir al Secretario de Estado John Kerry utilice sus buenos oficios para solicitar a las Naciones Unidas el proceso de instalación de la CICIH en Honduras.

Junto al Congresista Serrano ya se encuentran los Congresistas Kaptur, Ruppersberger, Hank Johnson, Speier, Schakowsky, Rangel, DeFazio, Slaughter, Lofgren, Conyers y DeLauro en apoyo de la petición de CICIH para Honduras.

Reproducimos íntegramente el texto de la carta que acaba de enviar el Congresista Serrano a sus colaboradores, a la vez que solicitamos a los hondureños y hermanos latinoamericanos residentes y ciudadanos en Estados Unidos que se unan a la iniciativa compartiendo la carta y escribiendo a sus Congresistas en apoyo de la iniciativa:

Estimado/a colega:

Los invito a que se unan a mí en la entrega de un mensaje al secretario Kerry, instándolo a apoyar la creación de una comisión patrocinada por la ONU con el fin de reducir la impunidad y la corrupción en Honduras. Desde hace varios años, Honduras se ha visto afectada por niveles extremos de la violencia y la corrupción. Numerosos crímenes quedan impunes y el estado de derecho es debilitado debido a la falta de independencia judicial relativo a los otros poderes del Estado. Esto ha resultado en niveles desenfrenados de impunidad y ha bajado la confianza del pueblo hondureño en su gobierno significativamente.

Una nueva iniciativa debe de ser implementada si el fin es tener un gobierno honesto y responsable, fortalecer al Estado de Derecho, y reducir a la corrupción.

La mejor manera de lograr esto es a través de una Comisión patrocinada por la ONU contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH, siguiendo el modelo de la comisión que ha funcionado tan bien en erradicar la corrupción en Guatemala). Trabajando mano a mano con los fiscales locales, esta comisión ha logrado que se investiguen a los funcionarios corruptos responsables de sus acciones ilegales en Guatemala.

Espero que puedan co-firmar esta carta bipartidaria para el Secretario Kerry instándolo a apoyar la creación de un CICIH patrocinado por la ONU. Si usted tiene alguna pregunta o le gustaría firmar la carta, por favor póngase en contacto con Ángel Nigaglioni.

Sinceramente,

José E. Serrano

Origen: 12 congresistas estadounidenses solicitan CICIH –

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Los indignados no se desmovilizan, antorchas cobran vida cada fin de semana

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

Tegucigalpa. Los indignados no se desmovilizan, sus luchas, sus marchas y peticiones de “Fuera JOH” y que venga la Comisión Internacional Contra la impunidad+Honduras (CICIH), siguen vigentes cada fin de semana en todo el país.

El pueblo exige una Corte Suprema de Justicia sin corrupción y al servicio de la justicia

El pueblo exige una Corte Suprema de Justicia sin corrupción y al servicio de la justicia

Ayer viernes 20 en Tegucigalpa, la movilización fue desde las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) hasta la sede del poder judicial para exigir que la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia sea limpia transparente y que se elija a los y las  profesionales del derecho más probos y comprometido con la aplicación de la justicia.

Esto no se detiene, la luz que se encendió con la antorcha nadie la apaga, defendemos nuestro país con amor y decisión, por la familia, por el presente por el futuro”, dijo Miguel Briceño, coordinador de “Honduras,  Indignados Somos Todos”

Hoy sábado en San Pedro Sula a las 4 y treinta de la tarde, la lucha sigue y la marcha sale de la fuente luminosa en la primera calle hasta llegar al Parque  Central dijo Julio Guerrero de los indignados de la capital industrial del país, como se conoce a San Pedro Sula.

Julio Guerrero

Julio Guerrero

Guerrero dice, “Disculpen si no nos rendimos, pero tenemos un país que defender tenemos un país que defender, un país que a gritos nos pide auxilio. Cada marcha demuestra que existimos personas que ya no aceptamos conformarnos con la desgracia de país que nos ofrecen.

El movimiento de los indignados nació el dos de mayo del presente año y desde entonces cada viernes en la capital, cada sábado en San Pedro Sula y cada fin de semana en el resto del país salen a las calles a protestar contra la corrupción, la militarización de la sociedad, el robo al Seguro social y a exigir la CICIH y la salida del actual presidente que cada día va en picada en las encuestas.

Nunca en la historia de Honduras,  un presidente había tenido tanta gente que lo adverse y que lo señale por actos de corrupción como a Juan Hernández. Y el movimiento no solo es en Honduras, las marchas y la petición “Fuera JOH” y “Que venga la CICIH” se dan en ciudad de los Estados Unidos como Washington, Miami, New York, Atlanta, Los Ángeles, Giorgia y Chicago.

Los Hondureños en la plaza Cataluña en la ciudad de Barcelona pidiendo la CICIH y fuera JOH

Los Hondureños en la plaza Cataluña en la ciudad de Barcelona pidiendo la CICIH y fuera JOH

El repudio se replica en Italia, Alemania, España, Austria, Bruselas, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Australia entre otras ciudades y países.

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Indignados hacen “bullying” a JOH en San Pedro Sula

Como ya es costumbre donde acude el presidente Juan Hernández, los Indignados aparecen con sus pancartas y consignas rechazando su gobierno y exigiendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH).

Los indignados de San Pedro Sula frente al mall Galerías del Valle

Los indignados de San Pedro Sula frente al mall Galerías del Valle

Este martes 10 los indignados de San Pedro Sula se plantaron frente al   Mall Galerías del Valle en el bulevar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Valle de Sula (UNAH-VS).

Los ciudadanos sampedranos gritaban que quieren la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) y la salida del mandatario hondureño.

Un fuerte grupo de manifestantes se dieron cita a pesar que el centro comercial lucía lleno de policías y militares como ya es costumbre cuando llega el presidente Hernández.

Los manifestantes, jóvenes y personas maduras gritaban consignas como “fuera JOH” y “Queremos la CICIH”.

El mal parecía un campo de batalla con tanto militar que cuidaba al mandatario.

El mal parecía un campo de batalla con tanto militar que cuidaba al mandatario.

El mandatario inauguró este día una oficina municipal de atención al contribuyente junto al alcalde de san Pedro Sula, Armando Calidonio.

 

Origen: Indignados hacen “bullying” a JOH en San Pedro Sula –

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Medidas sustitutivas pide MP para líder de Indignados, Miguel Briceño

Wednesday, 04 November 2015 19:34 Sandra Rodriguez

Tegucigalpa.

Con grilletes en los pies y esposas en sus manos, fue traído al Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa acusado por el delito de daños en contra de Delmer Omar Godoy Guifarro.

La Fiscalía pide medidas sustitutivas de cárcel. En este instante se desarrolla audiencia de declaración de imputado.

En el requerimiento la fiscalía omite mencionar que la supuesta víctima es policía de contrainteligencia desde el 20 de octubre pasado, según acuerdo DGPN-EMP 5679-2015.

La Fiscalía relata en la acusación que el policía -al que tratan como un civil- pasaba por casualidad frente a la protesta estudiantil.

La juez número 12 podría dictar una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, en los próximos minutos.

Tal como lo indica el procedimiento, la jueza fijaría fecha para la audiencia inicial donde la fiscalía pediría auto de prisión y la defensa carta de libertad, según lo establece el Código Procesal Penal.

Briceño ha encabezdo la petición de instalar una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) por el saqueo de 3,000 millones de lempiras del IHSS.

Origen: Medidas sustitutivas pide MP para líder de Indignados, Miguel Briceño

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Con tomas de carreteras población indignada sigue lucha contra corrupción e impunidad

“Desarrollamos las acciones ante la grave crisis económica, política y social que vive el país. Por la instalación de la dictadura que encabeza Juan Orlando Hernández y el grupo económico que representa. Estamos aquí porque estamos cansados de tanta corrupción e impunidad”, manifestó María Reyes, en la toma de carretera que se desarrolló en la salida de El Progreso, hacia Atlántico hondureño.

La toma fue parte de la jornada nacional de lucha que se desarrolló el pasado 4 de noviembre, cuando los principales ejes carreteros de Honduras  amanecieron tomados por  parte de las bases de las  organizaciones de indignados y de la resistencia que reclaman la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) y otros derechos.

En las acciones las organizaciones y comunidades plantearon otros temas, entre los que descatan: la no privatización del agua potable, el repudio a la entrega del territorio y los bienes naturales, el rechazo a la instalación de empresas mineras e hidroeléctricas  y seguridad ante el alto índice de criminalidad.

Las tomas iniciaron a alrededor de las 5:30 de la mañana en los ejes carreteros de mayor tráfico vehicular, donde los manifestantes quemaron llantas y colocaron piedras y palos. La primera acción se desarrolló en la carretera que de El Progreso conduce a Santa Rita, a la altura del puente de la aldea La Guacamaya. Mientas a las 6:30 de la mañana se registró la segunda toma de carretera en la salida de la ciudad ribereña hacia al atlántico hondureño.

Otras tomas se registraron en la carretera CA5 que conduce de la zona norte hacia Tegucigalpa, específicamente a la altura de la aldea Las Flores en el departamento de  Comayagua, al igual que en Siguatepeque y en el sector 6 de Mayo en Santa Bárbara, La Entrada, Copán, y en el tramo que conecta a San Pedro Sula con el sector occidental.

A esa misma hora se desarrolló la toma del peaje en la salida de San Pedro Sula  hacia Puerto Cortés. Mientras en Francisco Morazán en el desvío de Ojojona, a la altura del Río Dulce en Talanga.

En Tegucigalpa se toma fue en Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en horas de la tarde se desarrolló una protesta que inició en la Universidad Pedagógica pasando por Casa Presidencial y finalizando en el Congreso Nacional.

En Choluteca, la toma de carretera se realizó salida a San Marcos de Colón a la altura del triángulo. En Comayagua, la toma de carretera fue a las 6 de la mañana a la altura de la aldea Las Mercedes en la Villa de San Antonio. Mientras en Saba, Colón, la toma se realizaró frente al instituto 4 de septiembre desde donde inició una marcha que finalizó a la altura del puente sobre el río Aguán.

Amenazas y brutalidad

En todas las manifestaciones y tomas de carretera se contó con el acoso policial que a cada instante amenazaba con desalojarlos sino habilitaban las vías de comunicación y no atendían el llamado policial.

La brutalidad se hizo presente en Tegucigalpa, en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e incluso al interior de la máxima casa de estudios, donde con garrotes, bombas lacrimógenas y tanquetas fueron desalojados los manifestantes.

“Protestamos contra el gobierno de JOH y los grupos económicos que lo apoyan, contra esos grupos que saquearon las instituciones del Estado y se prepara para continuar aplicando sistemáticamente acciones violatorias los derechos humanos”, indicó  uno de los estudiantes que participó en la protesta.

Además “protestamos contra la criminalización de la lucha estudiantil de la que somos objeto, exigimos que se deroguen las unidades valorativas que solo sirven para cerrar las puertas a la clase pobre que quiere estudiar una carrera en la universidad pública”.

Así mismo dijo que condenaban la brutalidad policial con la que fueran reprimidos los estudiantes, en la que por más de dos horas se dispararon contra los estudiantes centenares de bombas lacrimógenas, acción que se cometió luego de lograr acuerdo de desalojo pacífico de la vía pública.

“Nos solidarizamos con el dirigente Miguel Briseño, del Movimientos de Indignados que fue puesto en prisión por más de 24 horas por la policía sin que pesara sobre él ninguna acusación formal, reafirmando las arbitrariedades con las que continua actuado esta fuerza represiva al servicio del régimen”, aseguró el estudiante.

Por su parte Fredy Membreño de la Mesa de Indignación en la ciudad de El Progreso, dijo que “continuaremos nuestra lucha hasta lograr las transformaciones que el pueblo demanda,  al tiempo que anunciamos que la movilización y protesta en la calles serán permanentes”.

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“Indignados Somos Todos” reitera que no quieren MACCIH de la OEA sino la CICIH de la ONU –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

En un comunicado emitido este dia, el movimiento “Honduras, Indignados Somos Todos”, reiteró su total rechazo a la MACCIH propuesta por la OEA. Y pide una Corte Suprema Independiente y que actuales funcionarios no se conviertan en magistrados.

Indignados

También exigen reformas electorales que para eliminar los fraudes electorales y que se respete la voluntad soberana expresada en las urnas.

A continuación el comunicado:

El movimiento Honduras, Indignados Somos Todos, al pueblo hondureño, a la prensa nacional e internacional informamos lo siguiente:

Como movimiento no aceptamos ni avalamos por ningún punto la MACCIH Misión que viene a defender únicamente al presidente de la República, queda claro que la lucha es de todo un pueblo y la gran mayoría está pidiendo la instalación de la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN HONDURAS CICIH, y por ende nos debemos a lo que pide el soberano desde Mayo del 2015.

Como movimiento denunciamos que la OEA siempre se ha interpuesto para apañar gobiernos y llevándose de encuentro al pueblo.

Exigimos una Corte Suprema de Justicia independiente, no aceptamos que personajes que están en cargos dentro del gobierno sean magistrados, directamente señalamos la intención de la presidencia de la República en seleccionar de forma ilegal como es su costumbre imponer guardando sus intereses muy personales.

Es momento de que los diputados hagan las reformas electorales para evitar que con esta ley actual continúen los fraudes y que sea una ley donde el pueblo elija y no se elijan solos usando al pueblo para avalar fraudes a grandes escalas como el caso inmediato.

El movimiento Honduras, Indignados Somos Todos continuará en protesta contra la impunidad y la corrupción, en las calles, llamamos a la unidad en todo el pueblo para lograr el país justo que todos merecemos.

Tegucigalpa M.D.C 3 de Noviembre de 2015

Origen: “Indignados Somos Todos” reitera que no quieren MACCIH de la OEA sino la CICIH de la ONU –

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