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Viene una Misión de Observación de la UE a conocer las reformas

La Misión hizo recomendaciones precisas para mejorar la transparencia de los procesos electorales.

Faustino Ordóñez Baca 10.11.2015

Tegucigalpa, Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, encabezada por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, llegará al país a finales de mes a evaluar el nivel de cumplimiento de una serie de recomendaciones sobre reformas políticas que la delegación hizo después de las elecciones generales de 2013.

Estas recomendaciones tienen que ver con la elaboración de una nueva tarjeta de identidad, financiamiento, reformas profundas en los organismos electorales, en la estructuración de las mesas electorales receptoras y en la transmisión de resultados, entre otras.

La misión estuvo en el país alrededor de un mes visitando varios centros de votación y reuniéndose con dirigentes políticos y representantes de organizaciones civiles.

El proceso electoral también fue observado por la OEA y otras organizaciones, nacionales y extranjeras.

El embajador de la UE en Honduras, que representa los intereses de 28 países, Ketil Karlsen, confirmó a EL HERALDO la llegada de la misión que viene con la finalidad de indagar qué pasó con las recomendaciones políticas hechas hace dos años.

Tarjeta de identidad

Entre las recomendaciones está la elaboración de una nueva tarjeta de identidad para darle mayor transparencia al proceso electoral.

“Para fortalecer la confianza de los partidos políticos y de la opinión pública en general hacia la administración electoral y sus componentes en todos los niveles, el Tribunal Supremo Electoral se beneficiaría de una despolitización, con nombramientos que se hiciesen de acuerdo a criterios legalmente establecidos de neutralidad política y competencia técnica”.

Sugiere la UE “un mecanismo inclusivo y responsable para nombrar a los magistrados del TSE, podría ser el establecimiento de un comité de selección o postulación compuesto por una amplia gama de miembros de la sociedad civil que, tras un análisis de sus cualificaciones y trayectoria profesional, propondrían candidatos idóneos para su elección por una mayoría cualificada del Congreso Nacional”, dice en las recomendaciones.

Origen: Viene una Misión de Observación de la UE a conocer las reformas

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EXCLUSIVO: Del INE se drenaron Fondos para la Campaña de JOH

PLANILLALa noche de este lunes el destacado periodista, Esdras Amado López, Director de los Noticieros Así Se informa, reveló documentos exclusivos obtenidos por el equipo profesional de investigación de Cholusat Sur, los cuales revelan cómo se drenaron fondos del Instituto Nacional de Estadísticas para la campaña de Juan Orlando Hernández.

En la documentación presentada, se evidencia el uso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Censo Nacional de Población para beneficiar directamente a la campaña del actual Presidente.

Las planillas dadas a conocer, muestran la manera en la que del INE se destinaron fondos para el alquiler de edificios, alquiler de carros, alimentación y movilización de activistas del Partido Nacional, honorarios a periodistas, viáticos entre otros.

También los documentos revelan la existencia de varias cuentas a nombre del Comité de Campaña del Partido Nacional, a las que se depositaron cheques con las mismas intenciones.

AQUÍ LA DOCUMENTACION EXLUSIVA DE CHOLUSATSUR.COM

http://cholusatsur.com/noticias/wp-content/uploads/2015/08/PLANILLA-INE-001.pdf

http://cholusatsur.com/noticias/wp-content/uploads/2015/08/PLANILLA-INE-002.pdf

 

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11787

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A pesar de las Denuncias de Corrupción en el INE, el CNA se niega a investigar de Oficio

La Directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, aseguró que la entidad no tiene líneas de investigación en los casos de corrupción en el Instituto Nacional de Estadísticas denunciados por Cholusat Sur.

“El Consejo Nacional Anticorrupción actualmente no tiene esa línea de investigación, no tiene información, se conoce del tema por los medios de comunicación, pero estamos pendientes de todo lo que sucede en temas de corrupción”, dijo la abogada.

A su vez, Castellanos sostuvo que “no existe denuncia” sobre el tema, a pesar que a través de Cholusat Sur se han evidenciado claros actos de corrupción en la institución.

AQUÍ LA ENTREVISTA

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11783

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Hace falta transparencia en elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, concluye misión de juristas

Ago 14, 2015

Tras concluir su misión, un grupo de juristas internacionales  y hondureños determinó que el proceso de elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia-CSJ- está marcado por la falta de transparencia y un reglamento que defina los criterios para dicha elección.

En ese sentido, Alejandro Cacace, abogado constitucionalista y diputado de la provincia de San Luis en Argentina, sugiere que la representación de la sociedad civil en la junta nominadora debe exigir el principio de publicidad durante cada una de las etapas de la elección.

“La sociedad civil debe de abogar por la transparencia dentro del proceso de selección, debe de abogar por que haya un principio de publicidad con audiencias públicas donde se puedan valorar los méritos de los candidatos, formular adhesiones y también impugnaciones respecto a los candidatos y que estos puedan defenderse efectuando sus descargos”, explica Cacace.

Cacace apunta que otra de las debilidades en el proceso de selección es que la junta nominadora presenta al Congreso Nacional candidatos y candidatas no vinculados a la defensa de los derechos humanos: “El derecho internacional de los derechos humanos atraviesa a todas las ramas del derecho, esto por supuesto en adhesión a todos los requisitos constitucionales básicos como para poder ser juez y la competencia de orden profesional y formación que un juez de una alta Corte debe tener”.

El jurista y parlamentario argentino comenta que se deben elegir a los nuevos magistrados y magistradas de la CSJ tomando en cuenta las “crisis institucionales” de los últimos años.

“Es necesario que haya jueces comprometidos con la independencia de la judicatura y de Poder Judicial, pero, sobre todo, con un compromiso y lealtad muy fuerte hacia el sistema democrático y el Estado de derechos, es decir que ante cualquier tipo de intento de vulneración de las instituciones republicanas se sientan en el deber y en el compromiso de custodiarlas”, puntualiza.

Se necesita un reglamento para la elección

Ivania Galeano, hondureña y asesora jurídica de la Comisión Internacional de Juristas –CIJ-, detalla que la misión propone que los representantes de la sociedad civil en la junta nominadora deben insistirle al  Congreso Nacional para que apruebe un reglamento que defina los criterios para la selección de magistrados y magistradas de la CSJ.

“En primer lugar que establezcan mecanismos de impugnación a las candidaturas que son presentadas y que además establezca mecanismos que fundamenten por qué ciertas personas se eligen o por qué otras no se eligen; muchos de los sectores nos manifestaban esta preocupación,  que en casos anteriores se miraba que descartaban personas pero sin ningún tipo de valoración”,  puntualiza  Galeano.

Enfatiza que la misión llegó a la conclusión “que es fundamental contar con estos criterios de evaluación con un proceso de impugnación, con procesos de adhesiones, con procesos de defensa que permitan a las personas establecer las acciones que consideren cuando crean que se les ha descartado sin ningún tipo de objetividad”.

Este viernes 14 de agosto, las organizaciones de sociedad civil deben acreditar a sus representantes ante la Secretaría de Derechos Humanos, Gobernación y Justicia, quienes participarán en la Asamblea donde se elegirá a un propietario y un suplente, ante la junta nominadora de magistrados a la CSJ.

Recomendaciones de la misión

La misión de juristas, integrada en su mayoría por argentinos y chilenos, deja en claro que en la medida que el plazo de discusión de los perfiles de los candidatos en el “Congreso de la República” sea más amplio “contribuiría a garantizar la elección más idónea de los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia”.

Omar Palermo, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina, comenta que “si es el Congreso quien elige a los miembros de la Corte Suprema se le debe otorgar amplias facultades para analizar y discutir sobre la totalidad de las candidaturas para que su decisión sea tomada de forma responsable”.

En relación al perfil de los magistrados, los juristas y jurista recomendaron que “al menos”  deba de ser una persona con independencia e imparcialidad; conocimiento legal importante; honorabilidad y una historia de conducta intachable; compromiso con la protección de los derechos humanos; y, compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial.

La cámara legislativa  elegirá de una nómina de 45 candidatos y candidatas,  propuesta por la junta nominadora, a los 15 magistrados y magistradas que integrarán la Corte Suprema de Justicia a partir del 25 de enero de 2016.

Esos 15 magistrados y magistradas deberán ser con el voto de al menos 86 de los 128 diputados y diputadas propietarios.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2307-hace-falta-transparencia-en-elecci%C3%B3n-de-magistrados-a-la-corte-suprema-de-justicia-concluye-misi%C3%B3n-de-juristas

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Honduras: vinculan a estratega presidencial de recibir dinero sustraído del INE

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. El subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), René Soler, reveló en la carta donde señala la sustracción de dinero del organismo, que el asesor del presidente Juan Hernández, el venezolano Juan José Rendón, más conocido como “JJ Rendón” también recibió recursos.

En la publicación divulgada la noche del jueves, y reproducido por Radio Globo Tv el funcionario reveló que Hilda Hernández, hermana del gobernante y Rendón, llegaron a recoger cada semana, hasta 450 mil lempiras, para ser utilizados en la cuestionada campaña proselitista.

Asimismo, de los fondos despilfarrados del INE, se pagaron cuantiosas cantidades de dinero a los diarios El Heraldo y La Prensa, señaló Soler en la misiva.

Ante la gravedad de las denuncias, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha pedido al INE y a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) información certificada para corroborar la veracidad de la denuncia interpuesta por el funcionario.

Cabe recordar que se señala al titular de la institución, Ramón Espinoza, de haber sustraído más de 11 millones de lempiras, que fueron a parar a cuentas del Partido Nacional.

Por ahora, el Ministerio Público no ha emprendido acción penal contra el funcionario, ni contra Rendón, quien reside en Miami y es perseguido por la justicia venezolana, acusado de violencia contra la mujer.

Fuente: http://criterio.hn/honduras-vinculan-a-estratega-presidencial-de-recibir-dinero-sustraido-del-ine/

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Juan Orlando Hernández dreno también millones de lempiras del INE

INEANTONIOEn un documento privado al cual tuvo acceso el periodista y director de los Noticieros Así Se Informa, Esdras Amado López, el sub director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Antonio René Soler, revelo que Juan Orlando Hernández, Hilda Hernández, Oscar Álvarez, José Rendón, recibieron millones de lempiras asignados al presupuesto general del INE para la campaña política del presidente Juan Orlando Hernández.

A continuación los documentos

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CAMPINE

 

 

 

 

 

 

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INE CARRO Y MANSION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11713

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Funcionario confirma saqueo deI INE para beneficiar campaña de JOH

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

El funcionario indica que los fondos del INE fueron trasladados a las cuentas del director de campaña de Hernández, Oscar Álvarez e Hilda Hernández, quienes “manejaban fondos y chequeras del Partido Nacional.

El subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Antonio René Soler Orellana, reveló cómo presuntamente se drenaron 13 millones de lempiras de los fondos de esa institución para beneficiar la campaña política del ahora presidente Juan Hernández.

Mediante una carta en poder del director de Canal 36, Esdras Amado López, Soler Orellana, cuenta la forma en la que supuestamente se sacó los fondos y se trasladaron a las cuentas de la comisión de campaña de Hernández.

El funcionario, quien fue nombrado, mediante acuerdo ejecutivo número 008-2001 del  17 de enero de 2001, señala que parte de los recursos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Secretaría de Finanzas.

Soler Orellana asegura que su voluntad fue “torcida” y que escribió la carta para hacer la denuncia porque es un hombre temeroso de las leyes y de Dios, pero que está consciente que al haberlo hecho está expuesto a cualquier cosa.

Asimismo indica que por motivos de protección personal, “plasmo para un futuro que en pasados anteriores 2012-2013, se me obligó a autorizar cuatro desembolsos del Censo Nacional de Población y Vivienda y cinco desembolsos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples”.

Especificó que,  los desembolsos fueron de más de 13 millones de lempiras, once millones de fuentes del BID y fondos nacionales, correspondientes al  Censo Nacional de Población y Vivienda y dos millones 354 mil lempiras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Apuntó que dichas transacciones son del conocimiento del administrador y contador del INE, Jorge Guerra y Rigoberto Barrientos, respectivamente, quienes manejan las cuentas del Partido Nacional.

Señaló que los recursos fueron destinados a gastos de la propaganda del entonces candidato presidencial, Juan Hernández, específicamente para el pago de transporte, compra de banderas, camisetas y pago de publicidad en los periódicos La Prensa y El Heraldo.

El funcionario indica que los fondos del INE fueron trasladados a las cuentas del director de campaña de Hernández, Oscar Álvarez e Hilda Hernández, quienes “manejaban fondos y chequeras del Partido Nacional”.

“Entregué órdenes de desembolsos para procedencias dudosas, como la construcción de una mansión en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, sumas que comprenden un millón 300 mil lempiras de fuentes del BID y otra cantidad de 850 mil lempiras de Finanzas”, precisa en la carta.

Asimismo señala que son testigos de ese hecho, Gloria Vásquez, hija del exdiputado Ramón Velásquez Nazar y el administrador, Jorge Guerra y el personal de apoyo de las gerencias, censos y encuestas sociales.

Soler Orellana apuntó que los días sábados en tiempos de la campaña política, el INE era sede de reuniones al más alto nivel del Partido Nacional.

Precisó que a las citas acudía el expresidente Porfirio Lobo;  el entonces presidenciable, Juan Hernández y su asesor de campaña, el venezolano Juan José Rendón, así como su hermana, Hilda Hernández y su director de campaña, Oscar Álvarez.

En las reuniones también participaba el director del INE, Ramón Espinoza, quien fue ratificado en su cargo, una vez que Hernández, asumió la presidencia de la República.

Durante las reuniones, los cabecillas de éstas recibían en efectivo hasta 450 mil lempiras semanales, para eventos de la semana posterior.

LA TRAMA

El funcionario dice mediante la misiva, que el entonces presidente Porfirio Lobo y el presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial por el Partido Nacional, Juan Hernández, convinieron realizar la actualización para el censo nacional, con  fondos del BID y recursos nacionales, los que jamás fueron  revelados por Ramón Espinoza, hombre de confianza de ambos funcionarios.

Añadió que el censo fue un “fracaso total”, porque fue ejecutado por personal no calificado, pues se contrató a activistas del Partido Nacional, para que realizarán dicha tarea, amañando así las planillas y firmas.

El denunciante, también dijo que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples,  son una “verdadera falsedad”.

Ahondó que de todo lo anterior puede dar fe su compañero Gerardo Torres.

También pidió que se investigue las cuentas bancarias de la empresa consultora, “Ideas y Desarrollo Gerenciales”, que funciona dentro del edificio del INE y que se ha beneficiado de todas las encuestas de opinión, ejecutadas por esa institución.

Fuente: http://criterio.hn/funcionario-confirma-saqueo-dei-ine-para-beneficiar-campana-de-joh/

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Fondos del INE fueron desviados para campaña de JOH

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Más de once millones de lempiras habrían sido drenados del presupuesto del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y dirigidos a  una cuenta bancaria de la campaña del ahora presidente Juan Hernández y a depósitos personales de funcionarios del gobierno que trabajaron en el movimiento del mandatario hondureño.

Aparentemente los movimientos financieros fueron propiciados por el director del INE, Ramón Arturo Espinoza Guzmán, quien  armaría una red para sacar los recursos y llevarlos a la cuenta de Amigos de JOH, del banco Atlántida y a una cuenta a su nombre y de otras personas que manejaron la campaña de Hernández.

Para hacer las fraudulentas transacciones, Espinoza Guzmán habría creado   la empresa Centro de Estudios y Prospectiva Socioeconómica, S.R.L de C.V.  (CESP) que mediante supuestos contratos de servicios y consultorías brindadas al INE, firmados a partir de enero de 2012, recibió millonarias cantidades de dinero.

Espinoza Guzmán es uno de los principales asesores del presidente Hernández y se hizo acompañar por reconocidas figuras que manejaron la campaña de Hernández, entre ellas la salvadoreña, Suleyma Zablah y Lourdes Martínez.

Lo anterior fue revelado  por el director de Radio y TV Globo, David Romero, Ellner, quien aseguró que la información que él maneja está en poder del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pero misteriosamente no lo ha revelado ni presentado ante el Ministerio Público (MP) para que se proceda a hacer la investigación.

Como evidencia de la forma en la que se drenaron los fondos del Estado, el medio de comunicación mostró una copia de un contrato de consultoría “para el estudio de la situación laboral de la mujer y los jóvenes en Honduras”, firmado entre el INE y la empresa CESP en enero de 2012.

DEPÓSITOS

La empresa CESP, que se creó en el 2010, abrió la cuenta 108-730054441 en el banco Bac Bamer, desde donde se recibieron los fondos del INE y a la vez se hicieron varios depósitos a la cuenta Amigos de JOH en el banco Atlántida y a cuentas personales de Zuleyma Zablah y Lourdes Martínez.

Una auditoría practicada a la empresa CEPS, reveló los cheques número 173 y 177 a favor de Zuleyma Zablah, el primero por 95,000 lempiras, emitido el 29 de febrero de 2012 y el segundo por 97,000 lempiras, del 28 marzo de 2012 y el número 175 a nombre de Amigos de JOH por 100,000 lempiras, del 16 de marzo 2102.

Asimismo se emitió un cheque a favor de Lourdes Martínez, por  54,290 lempiras. Se encontró que los cheques a nombre de Zablah, quien labora como estratega de imagen y comunicación  en  Casa Presidencial, fueron depositados a la cuenta Amigos de JOH.

También se descubrió depósitos en las cuentas 910022705 y 910022704 del banco Bac Bamer, a nombre de Ramón Arturo Espinoza Guzmán. El cheque número 193 por 500 mil lempiras, depositado el 10 de julio de 2012; el 179 por 100 mil lempiras, depositado el 2 de abril de 2012 y el número 180 por 500 mil lempiras, depositado el 13 de abril de 2012.

El informe, además establece que en las cuentas de Espinoza Guzmán se encontró depósitos por más de 17 millones 468 mil  lempiras, de fuentes no identificadas;  siete millones 510 mil lempiras, de fuentes identificadas e  ingresos en efectivo por ocho millones 527 mil lempiras, para un total de 34 millones 102,657 lempiras.

La auditoría establece que existen cheques vinculados a empresas del director del  INE,  por más de ocho millones de lempiras y cheques por más de 10 millones de lempiras, sin justificación y otros valores millonarios de cheques que urgen documentar.

El drenaje de fondos del INE, que se estima en más de once millones de lempiras, se estructuró desde que asumió el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa, al constituirse en febrero de 2010 la empresa CESP, que consta en la escritura pública bajo instrumento 14 y otorgada por el abogado y notario, Luis Alfredo Galeano Ordóñez, con colegiación 2359 y con domicilio en la colonia Alameda, de Tegucigalpa

Mediante la escritura pública figuran como socios,  Alejandra Lizeth Mencía Lara y Marco Antonio Valladares Godoy.

La empresa se ubica en la colonia Lomas del Guijarro y extrañamente luego de recibir millonarias cantidades de lempiras, ahora solo cuenta con tres millones de lempiras.

Aparentemente los servicios fueron prestados al INE, utilizando los medios (vehículos, combustibles)  y equipos de esta institución, por lo que se deduce que la empresa es de maletín, y se creó con el propósito de drenar los recursos de la institución del Estado.

Fuente: http://criterio.hn/fondos-del-ine-fueron-desviados-para-campana-de-joh/

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Scandal in the Social Security Institute in Honduras: Key Witness Shot This Afternoon in San Pedro Sula

Thursday, May 14, 2015

Today in San Pedro Sula, Juan Charles Bográn Velasquez, a key witness in the IHSS scandal was shot 14 times while driving in his vehicle with his body guard, Julio César España Chinchilla. It is suspected that Bográn Velasquez will not survive given the extent of his injuries.

David Romero of Globo TV announced this information over his radio and TV program this afternoon. The man that was killed was a witness in the IHSS corruption scandal that involved the looting of $350 million dollars from the Social Security Institute (IHSS) in 2012 and 2013 during the Porfirio “Pepe” Lobo administration. The IHSS provides medical care and pensions to approximately 600,000 public and private sector workers and their families around the country.

Photo caption: Banner reads, “Punishment for the corrupt individuals that looted the IHSS funds to finance the political campaign of the National Party.” Source: El Heraldo

The IHSS scandal is not new in Honduras but has received a lot of national and international attention over the last few days because of new evidence that has emerged that allegedly proves that the money stolen from the IHSS was transferred to the National Party. The money was then suspected to have been used to finance the National Party’s campaign in the 2013 Elections. The evidence that has recently emerged via David Romero from Globo TV includes a series of cheques – some actually written to the National Party of Honduras – and others in the name of ghost companies that were suspected to have been created to launder the money. The evidence also includes the names of individuals involved with the ghost companies, many of which are closely tied to the National Party. Bográn Velasquez – the man just killed today – was involved himself in one of the ghost companies and was expected to testify (if the case ever moved forward in the Ministerio Publico) about the link between the stolen money, the high level government officials including the President of Honduras Juan Orlando Hernandez that are allegedly involved in the scandal, and the role of the ghost companies.

Last week, a new Social Protection Law was approved in the Honduran National Congress that dramatically transforms the IHSS and essentially privatizes the institution. The reforms of the IHSS under the new law were one of the Structural Adjustments demanded by the International Monetary Fund (IMF) that approved a loan to the Honduran government in December 2014. Interesting, Mauricio Oliva of the National Party, the current President of the National Congress oversaw the approval of the new IHSS law last week, and was also part of the Health Commission in the Honduran Congress that oversaw the approval of the millions of dollars of contracts to the ghost companies during the last administration.

The new IHSS law passed last week (but that has not been published), reduces the monthly contributions the Honduran state is required to make to the IHSS; dramatically transforms the way that pension funds are managed; and significantly reduces medical and pension benefits for public and private workers. Under the new law, the IHSS will simply act as an administrating body that will subcontract health care services to private clinics and hospitals.

Since the $350 million dollars were stolen from the IHSS, the services in the IHSS hospitals have deteriorated significantly. Once known as the best hospitals in the country, patients and their family members are now required to purchase medications and all medical supplies from private pharmacies and medical supply companies before receiving adequate medical attention in the IHSS. The implications of the $350 million stolen from the IHSS have meant a major deterioration of healthcare services, but also contributed to the public discouragement in the IHSS and most recently, been used as a justification to privatize it’s services.

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Honduran President Called to Resign after Election Finance Theft Exposed

Posted: May 14, 2015 at 9:05 pm by , in Breaking News, Early Morning News

After a scandal exposed by those once allegedly involved in the corruption, the president of Honduras, Juan Orlando Hernandez may be looking at his last days in office if the people on the streets have their way.  Today a key witness in the recently exposed Social Security (IHSS) scandal was shot in San Pedro Sula before he was reported to testify that funds from the Social Security Institute (IHSS) were stolen to finance Hernandez’ National Party election campaign during the 2013 general elections.

During that election KGNU was on the ground and took testimony from dozens of international election observers who documented several election irregularities and discrepancies involving everything from voter intimidation to assassinations of political opposition candidates.  The right wing National Party was the sole party allowed to oversee the election process.

The next day the youth community took to the streets denouncing the election results:

 

Globo TV in the capital Tegucigalpa is reporting this afternoon that John Charles Bogran Velasquez and his body guard were shot more than a dozen times today before he was to testify that $350 million dollars from the IHSS in 2012 and 2013 during the Porfirio Lobo administration were transferred to the National Party.  Today the actual checks written to known National Party members and to fictitious subsidiaries have surfaced.

Civil society has been in the street for weeks following the announcement that Hernandez intended to change the constitution to allow him to seek a second term, a move currently illegal per the constitution.  The 2008-2009 attempt  by right wing parties to accuse the popular President Manuel Zelaya of a similar move never took hold among civil society since a constitutional amendment could only constitutionally take effect after his term had expired.  In addition, his response to the Honduran people who pressed for him to run again resulted in a simple polling of the electorate and not an amendment change.  The oligarch-owned media though was successful in convincing the United States of corruption in the Zelaya administration who then backed his overthrow on June 28, 2009.

On May 7, 2015 a “Social Protection Law” was adopted by Congress that could lead to a blanket privatization of the IHSS.  The privatization reforms were part of a package that became the terms of a 2014 loan from the International Monetary Fund (IMF).  President of the National Congress and National Party official Mauricio Oliva pushed for the new reforms and as member of the Health Commission in Congress, approved millions that ended up with the fake companies.  This new privatization structure has meant the reduction of state payments to the IHSS and the eventual reduction in medical and pension benefits as the previously performed social services will now be completed by private clinics and hospitals.  Patients are now forced to purchase medications and medical/surgical supplies from private companies.   Health care institutions are reported to now provide substandard services with the missing financial resources that were previously in place.

At 9:00 this evening, KGNU received word that Bogran has died from  his injuries.  He had been an administrator at the IHSS and was in charge of booking travel arraignments for other administrators and officials. He owned a Travel Agency, JJ Travel & Tours where he  is alleged to have overcharged the IHSS $1.5 million for airline tickets and then funneling the funds to the National Party. In the Fall of 2014 he had an INTERPOL arrest warrant for his involvement in the alleged embezzlement.  TeleSur News is reporting tonight that he had been involved in the false medical supply businesses where the stolen IHSS money was laundered and sent to the National Party.  Several news outlets have labeled him as a “testigo o tesitigo protegido” witness or protected witness, but TeleSur is not confirming this.

click on pictures to read captions:

 

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Pueblo empobrecido gobernado por dos alcaldes: polvos de lodos electorales

Ene 23, 2015

El conflicto de legitimidad de la alcaldía del municipio indígena de San Francisco de Opalaca, Intibucá,  son polvos de aquellos lodos, consecuencia de las oscuridades del proceso electoral general de noviembre de 2013.  Este próximo 25 de enero  este empobrecido pueblo cumplirá un año de estar gobernado por dos alcaldes.

En este municipio ubicado en la cordillera Puca-Opalaca, que alberga a más de 10 mil habitantes indígenas lencas, resultaron empatados con 1596 votos, los aspirantes a alcaldes;  Entimo Vásquez, de Libertad y Refundación, LIBRE, y Socorro Sánchez del Partido Nacional, PN.

Origen del conflicto 

El conflicto se genera cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio el triunfo a Socorro Sánchez “alterando” el resultado  con la suma de 8 “votos” extras y por tanto, sin seguir el procedimiento que la Ley contempla, es decir, el lanzamiento de la moneda. Mientras tanto el Tribunal Electoral Local con sus representantes en pleno ratificaron el empate de votos entre ambos candidatos.

“Nosotros sacamos esa cantidad de votos con gente nacida en Opalaca, Socorro sacó la misma cantidad, pero trayendo 40 personas de diferentes aldeas de Intibucá, poniéndolos a trabajar aquí en las diferentes mesas de votación, como que si aquí había planillas del Partido Unificación Democrática (UD) y aquí en Opalaca no había planilla de la UD, si nosotros le restamos esos 40 votos que no pertenecen a este municipio, nosotros netamente hemos ganado las elecciones de una manera limpia aquí”, indicó Jesús Rodríguez coordinador del Consejo Indígena de Disciplina Municipal.

Argumentó que siguiendo lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que se respete la autodeterminación de los pueblos indígenas “nosotros  recurrimos al Consejo de Ancianos para instaurar la Alcaldía de la Vara Alta, bajo la dirección de Éntimo Vásquez, quien a nuestro criterio fue el ganador legítimo de las elecciones”, manifestó.

Don Éntimo y don Socorro son dos personajes que, pese a tener la misma idiosincrasia, iguales raíces y los mismos problemas, no dan muestras de reconciliarse ya que cada uno se aferra a su legalidad.

Varios analistas coinciden que el pueblo lenca hizo uso del poder ciudadano para  tomar las riendas municipales, quitándoselas al PN, en el poder, por encima del dictado del TSE, que no fue cuestionado en su momento, tal vez por estrategia o por considerarlo inútil frente al control unipartidista del TSE.

Lea también: San Francisco de Opalaca en conflicto político y en el abandono


¿Legalidad?

Socorro Sánchez,  tiene la credencial que lo acredita como el alcalde electo en las urnas en San Francisco de Opalaca. Para el Tribunal Supremo Electoral, allí no debería haber problema, pero la realidad es diferente.

El Partido Nacional, en apariencia, intenta minimizar el conflicto en San Francisco de Opalaca, al aseverar que la ley da como alcaldía legítima al alcalde electo, Socorro Sánchez, quien en vez de ejercer el poder desde la municipalidad, lo hace de aldea en aldea, generando así incertidumbre para gobernar.

Socorro Sánchez aseguró que ha intentado ir a la alcaldía del casco urbano, pero “los de Libre me siguen impidiendo el paso para entrar. Si yo llego, empieza a llegar la gente con leños, piedras, machetes, entonces, yo para evitar problemas estoy en la aldea de Ojo de Agua”.

Don Socorro está feliz porque es él quien está recibiendo las transferencias municipales. Ese dinero, según sus contrarios políticos, lo anda “en alforjas” lo cual es negado por el alcalde nacionalista.

Un digno ejemplo de resistencia

“El proceso de lucha organizada que impulsa el pueblo indígena en San Francisco de Opalaca, no nació con el fraude electoral de noviembre 2013, ni se limita a eso. Son ya varios años de trabajo organizativo permanentes que los compañeros sostienen y se demuestra en la lucha sin tregua contra la corrupta y asesina argolla del Partido Nacional encabezada por Socorro Sánchez, quien pretende seguir al frente de la alcaldía a como dé lugar”, expresó Domingo Godoy del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Dijo además que el pueblo Lenca es uno de los mejores ejemplos de resistencia contra las políticas de recolonización imperialistas expresadas en el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza, de los territorios, de la privatización de las empresas estatales, de las carreteras, puertos y aeropuertos, la instalación de ciudades modelo y de nuevas bases militares, y muchos otros proyectos neoliberales.

“El ataque contra los indígenas expresa también un plan de exterminio, de irrespeto y desprecio, no se les perdona que existan y menos que tengan derechos a la autodeterminación contemplados en convenios y tratados internacionales que el Estado hondureño como firmante está obligado a cumplir; entre ellos el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Declaración de Viena, entre otros instrumentos del Derecho Internacional reconocido a los Pueblos Indígenas en el mundo”, manifestó.

Argumentó que la lucha del pueblo de San Francisco de Opalaca traspasa totalmente los límites de una lucha electoral. “En esta lucha están presentes todos los motivos de la oligarquía pro-imperialista y también el conflicto nos muestra el camino a todos los luchadores populares y vuelve más necesaria la unidad de todas las organizaciones populares del país”, concluyó.

Historia 

Creado en el año de 1994, el municipio de San Francisco de Opalaca tiene una extensión de 292.40 kilómetros cuadrados y su población en su mayoría es de origen lenca. Cuenta con las aldeas de Monte Verde, cabecera  municipal; Agua Sucia, El Naranjo, El Zacatal, La Ceibita, La Chorrera Áspera, Ojo de Agua y Plan de Barrios. La mayoría de sus habitantes  vive en pobreza extrema.

Celebración 

El pueblo de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá, el  próximo 25 de enero  celebrará el primer año de su lucha. Los actos se llevarán a cabo en la cabecera municipal Monte Verde y comenzarán desde  madrugada con una alborada, luego a las 6 de la mañana se desarrollará  la asamblea lenca y luego el  cabildo abierto popular para  después cerrar con una jornada religiosa. De acuerdo a la dirigencia indígena se espera presencia de delegaciones nacionales e internacionales.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1561-pueblo-empobrecido-gobernado-por-dos-alcaldes-polvos-de-lodos-electorales

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Honduras: TSE debe 55.1 millones a partidos

21 de Diciembre de 2014

06:43PM  –  Faustino Ordóñez Baca  

De no saldarla al 31 de diciembre, sería la primera vez que el ente colegiado pasa más de un año debiéndole a las instituciones políticas. La crisis financiera del Estado ha sido la principal causa

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerrará el año arrastrando una deuda de 55.1 millones de lempiras con los partidos políticos, lo que representa un 42 por ciento del compromiso con estas entidades que participaron en los dos últimos procesos electorales.

Si al 31 de diciembre el Estado no cumple este compromiso con los partidos políticos, sería la primera vez que esta situación se presenta después de un año de haberse practicado las elecciones generales.

Durante el año que está por finalizar, el TSE ha estado haciendo abonos a los partidos hasta completar un monto parcial de 75.8 millones, siendo el Partido Nacional el que más ha recibido por haber obtenido más votos en los dos últimos torneos que el resto de instituciones políticas.

“Ya tenemos una reacción del Ministerio de Finanzas, estamos esperando tener una reunión con ellos para poder tratar de saldar las cuentas por lo menos parcialmente antes de que finalice el año”, dijo a EL HERALDO el presidente del TSE, David Matamoros.

Su mayor deseo, añadió, es por lo menos hacer abonos, tanto a la deuda política como al resto de proveedores, entre los que hay empresas que suministraron tecnologías, licencias, transporte y miembros de los tribunales departamentales y municipales.

En función a los resultados obtenidos durante los dos últimos procesos electorales, el TSE debe pagar a nueve partidos 130.9 millones de los cuales ya abonó (en dos partes) 75.8 debiendo, a la fecha, 55.1 millones.

Nunca en su vida institucional el TSE había estado tan apretado en términos de deudas. A los partidos políticos les debe la parte arriba referida y a los proveedores les adeuda alrededor de 150 millones.

La crisis financiera que ha estado pasando el Estado ha generado este impasse con los organismos electorales porque también está incluido, con un pequeño porcentaje, el Registro Nacional de las Personas (RNP).

La deuda política está distribuida así: Partido Nacional con 39.6 millones; Libre, 30.9 millones; Partido Liberal, 21.8 millones; Partido Anticorrupción, 14.4 millones; Unificación Democrática, 5.9 millones; Democracia Cristiana, 5.9 millones; Innovación y Unidad, 5.9 millones; Alianza Patriótica, 5.9 millones y Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, 200,000 lempiras.

Según el TSE, a estos partidos ya se les dio dos abonos y están pendientes de pagar los siguientes saldos: Partido Nacional, 10.6 millones; Libre, 21.5 millones; Partido Liberal, 3.7 millones y Pac, 10 millones.

A los partidos UD, DC y Pinu únicamente se les adeuda 1.5 millones a cada uno y 4.1 millones al partido Alianza mientras que al partido FAPER se le deben 150 mil lempiras.

La deuda política se calcula en función de 20 lempiras por cada voto obtenido más diez lempiras por cada voto en concepto de transporte.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/779042-331/honduras-tse-debe-551-millones-a-partidos

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TSE transfiere cámaras filmadoras a la Secretaría de Seguridad

17 diciembre, 2014 – 9:14 pm

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El magistrado David Matamoros Batson cuando entregaba las cámaras de seguridad.

» El magistrado David Matamoros Batson cuando entregaba las cámaras de seguridad.

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), transfirió un equipo de seguridad e informática a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, para que sean usadas e instaladas en fin de combatir y reducir los crímenes violentos en el país.

El lote está valorado en 1 millón de lempiras y comprende televisores, videograbadoras ycámaras de seguridad, las cuales fueron usadas durante el último proceso electoral que vivió el país.

Para la formal entrega asistieron los magistrados David Matamoros Batson del Partido Nacional y Erick Rodríguez, representando al Partido Liberal.

En representación de la Secretaría de Seguridad estuvo presente la viceministra Alejandra Hernández, quien agradeció la trasferencia del equipo logístico e informático.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/12/17/tse-transfiere-camaras-filmadoras-la-secretaria-de-seguridad/

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The Situation of Human Rights and Democracy in Honduras Since the Elections of November 2013

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December 2014, Alexander Main

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Written testimony of Alexander Main to the Subcommittee on International Human Rights of the House of Commons of Canada; December 9, 2014.

Thank you for this opportunity to discuss with you the current situation of human rights and democracy in Honduras.  In my work as an analyst for the Center for Economic and Policy Research, I focus primarily on political, economic and social developments in Latin America and the Caribbean.  For the past five years I have been closely monitoring developments in Honduras and have had frequent interaction with human rights defenders, academics, journalists and officials located in that country.

On June 28, 2009, a coup d’Etat led to the forced removal of democratically elected President José Manuel Zelaya.  The coup was followed by widespread repression, media closures and censorship and a prolonged political crisis.  Elections held under the coup government of Roberto Micheletti in late 2009 were boycotted by opposition groups and were recognized by only a small number of the region’s governments, among them the U.S. and Canada.

Honduras has long been plagued by poverty, high levels of crime, and weak and corrupt institutions. The 2009 coup dramatically escalated these problems and has sparked significant regression in other areas.  Following the coup, the Honduran government’s democratic legitimacy was severely compromised; targeted killings, violent attacks and threats against members of at-risk sectors of society escalated; impunity reached record levels; and law enforcement became increasingly militarized.

In November of 2013, new elections were held.  Opposition parties participated, the European Union and Organization of American States sent electoral monitors, and human rights groups expressed hope that the elections would allow the country to begin turning the page on the coup and its bitter aftermath.   This hope was dampened by political violence and reports of irregularities and fraud.

My presentation today will focus on the 12 months that have transpired since these elections.  I’ll offer my assessment of whether or not the country’s negative trends in the areas of human rights and democracy have begun to reverse course under the government of the contested winner of the 2013 elections, Juan Orlando Hernández.  I’ll focus on addressing the issues that the Subcommittee has expressed particular interest in, and will also touch on additional aspects that I believe can help provide a better understanding of the overall situation.

1. Targeted Groups and Individuals

Honduras has, for several years now, been sadly notorious for having the world’s highest murder rate.  The country’s already high rate of violent crime rose sharply after the 2009 coup and has remained at record levels ever since.

Less attention has been paid to disturbing patterns of killings, attacks and threats targeting individuals and groups that may pose a threat to powerful interests.  Though police and judicial officials are often quick to attribute these incidents to gang activity and common crime, their frequency and the available anecdotal and circumstantial evidence suggest that the victims are often targeted because of the work they do.  Among the targeted groups are media workers, human rights defenders, lawyers and other justice sector workers, campesino groups and political opposition activists.

In early December of 2014, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) stated that an astounding 46 media workers were murdered in Honduras between 2009 and 2013, compared to a total of three during the preceding six years.  In 2012 the U.N. Special Rapporteur on the situation of Human Rights Defenders stated that journalists covering “street protests and human rights violations after the coup were particularly vulnerable” as well as those “working on social, economic and cultural rights, particularly indigenous and Afro-Hondurans and those working on land issues.”

Unfortunately, after a lull in the number of killings of journalists in 2013, the pace of homicides in this sector has picked up considerably with at least eight killed in the last 12 months, including the chief correspondent of a TV news program, a TV presenter who had investigated local corruption, and the host of a satirical political radio show.  A number of other journalists have received death threats.  Popular news reporter Alex Sabillón went into hiding in August after being subjected to 11 attacks over three years and after his police escort and an official who had denounced corruption on his show were both murdered.

The situation has also deteriorated for human rights defenders.  Honduran Human Rights NGO ACI-Participa reported in late September that at least five human rights defenders were killed between January 1 and September 17.  Many of the victims were supporting communities opposed to plans for large-scale private ventures, such as hydroelectric dams, mining, logging or large agricultural projects that threatened to displace these communities or damage their habitats. Margarita Murillo, a long-time defender of campesino women’s rights, shot dead as she was working the land on August 27.

Many human rights defenders have been attacked in recent months: On August 22, gunmen blocked the car of Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) director Wilfredo Méndez, pointed guns at him and his colleagues, and threatened to kill them.  A member of the staff of human rights group Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) was kidnapped on June 4 for several hours, beaten on the face with the butt of a gun and stabbed repeatedly with a pencil.  Many other similar incidents have occurred this year.

Violent attacks against lawyers and other justice workers have continued at a steady rate.  Early in the year, the Association of Judges for Democracy estimated that 67 lawyers had been murdered between 2010 and 2013.    Since the beginning of the year at least eight more have been killed, including a judge and a lawyer killed in separate incidents on March 14 and a justice of the peace, who was ambushed and shot dead on his motorbike on June 23.

Other sectors that have suffered disproportionate numbers of attacks are campesino groups engaged in land conflicts with large agro-business enterprises – for instance, in the Bajo Aguán, where more than 100 campesino land rights activists have been killed during a drawn-out conflict with the Dinant Corporation –; indigenous and Afro-Honduran community leaders who oppose their forced displacement from traditional lands by tourism and residential development projects, among them the Canadian-funded Alta Mira project ; and political party activists, a category that I’ll touch on more in regard to Honduras’ elections.

Two points regarding this wide range of targeted attacks are worth emphasizing:  One, in a large number of cases state security forces are alleged to have played a role in the attacks; second, the vast majority of cases are characterized by impunity.

2.  Impunity

Rule of law has traditionally been weak in Honduras, a phenomenon that human rights advocates believe stems in part from the fact that security forces were never held accountable for disappearances and atrocities perpetrated against dissidents during the military dictatorship and the 1980s period of transition to democracy.

In an effort to keep this phenomenon from repeating itself, an OAS-sponsored Truth and Reconciliation Commission identified, in its 2011 report, a number of extrajudicial killings allegedly perpetrated by security forces in the wake of the 2009 coup.  In its recommendations to the Honduran government, the commission called for the investigation and prosecution of all the human rights violations committed from the date of the coup to the date of the inauguration of President Porfirio Lobo, winner of the controversial elections of November 2009, underscoring the need to sanction those at the “highest levels of responsibility.”

With the exception of one case involving the closure of a television channel in the days following the coup, the Honduran government has evidently failed to act on this recommendation and, in general, investigations and prosecutions of human rights crimes allegedly involving state security agents are highly exceptional.

The overall rate of impunity surrounding human rights abuses, whether perpetrated by state or private actors, is stunningly high.  And there is no indication that the situation has genuinely improved under the administration of Juan Orlando Hernández.

While over the last several years prosecutions have been made in a very small number of emblematic homicide cases, including in the cases of killings of members of the LGBTI community and two killings of journalists, the immense majority of killings and attacks of members of at-risk sectors remain in impunity.

The IACHR, which visited Honduras in early December of 2014, stated in its initial findings that, according to civil society estimates, the country’s rate of impunity oscillates between 95 percent and 98 percent.  The IACHR and other human rights organizations have noted that the investigative and prosecutorial capacity of judicial authorities is weak, but also note that there is often little will to carry out investigations and prosecutions, particularly for crimes involving state agents.

The question is: is the Honduran government implementing measures that may improve this situation?  Are its policies overall moving things in a better direction, or are they counterproductive?

3.  Government measures

One recent government-backed measure that initially received support from various civil society groups, is a draft “Law for the Protection of Human Rights Defenders, Journalists, Justice Sector Workers” that is currently in its third reading in the Honduran Congress.  During its recent visit, the IACHR encountered much concern about the legislation among Honduran civil society representatives who considered the draft text to be complex and to have an unclear operational framework, to have an ambiguous model for risk analysis and to be unclear regarding funding sources.  These representatives also stated that, though they were consulted early on in the drafting process, they were no longer aware of the content of the draft law, though it could soon be approved.

The government has claimed to have made great strides in weeding out corruption and organized crime from the ranks of both the police and the judiciary, but – in both cases – the results have been deeply inadequate.

On September 22, National Director of Police Ramon Sabillon reported that around 1,400 police agents had been dismissed since 2012, allegedly for failing trustworthiness tests.  However, the Honduran NGO Alliance for Peace and Justice has alleged that many dismissed officers include agents who passed tests and that few senior officers have been removed.  Other organizations, such as COFADEH, have alleged that, in cases where senior officers have been removed (typically with honorable discharges, despite suspected involvement in criminal activity), other officers with records of alleged involvement in human rights abuses have replaced them.  For instance, Elder Madrid Guerra, recently promoted to the position of commissioner general has been charged with the illegal detention, ill-treatment and torture of 23 individuals during a peaceful protest against the coup on August 12, 2009.

A similar purge of judicial officials has been carried out by a recently-created Judiciary Council, with 66 justice workers suspended from their posts as of July 2014.  But the judicial watchdog group Association of Judges for Democracy (AJD) has challenged many of the dismissals on both legal and procedural grounds and has characterized the purging process as nontransparent and arbitrary.  These concerns were recently echoed by the IACHR in the “Preliminary Findings” that it published following its December 2014 visit to Honduras.

These purging measures also do nothing to remedy the problem of the judicial branch’s lack of independence, which reached its peak in December of 2012 when four out of five judges to the Constitutional Court were removed and replaced with governing National Party allies.  Constitutional experts deemed the move to be unconstitutional and called it a “technical coup.”  Meanwhile, four judges who were dismissed in 2009 for their opposition to the military coup have still not been reinstated despite strong support for their reinstatement from the IACHR and international and Honduran human rights groups.

Other recent measures that the Honduran government has taken have undermined its ability to address human rights abuses:

  • In January of 2014, the Honduran Congress, presided over by president-elect Hernández, dissolved the Public Security Reform Commission (CSRP) that had been created two years earlier.  The commission had, in accordance with its mission, designed plans for a new organic law for the police and a complete re-vamping of the training process for the police; and the investigation of bank accounts of members of security forces, prosecutors and members of the judiciary, which were supported by many human rights groups and systematically ignored by the government and the Congress.  The CSRP’s last project was a National Pact for Security committing presidential candidates to a holistic approach to policing including community policing and a focus on crime prevention.  All of the candidates signed the pact with the exception of Hernández, whose campaign was largely centered on promoting the country’s new military police force.
  • Soon after taking office, Hernández restructured government ministries and, in the process, reduced institutional support for groups subjected to disproportionately high levels of human rights abuses.  The Secretariat of State for Indigenous Peoples and Afro-Hondurans was reduced in status, leaving the office without a director and reportedly without an office location in which to receive members of those communities.
  • In March 2014, the Honduran Congress appointed a new human rights ombudsman with no background in human rights.  Backed by the ruling National Party, the new ombudsman – Roberto Herrera Cáceres – had previously been a spokesperson for the pro-coup group the Democratic Civic Union .

For many human rights advocates, the measure that has had the greatest negative impact on human rights, however, is Hernández’s decision to further militarize law enforcement in Honduras, a development that I will discuss below.

4.  Precautionary measures

In the absence of effective judicial and law enforcement institutions, individuals who are at risk of targeted attacks generally are more reliant than ever on the implementation of precautionary measures in order to enjoy some measure of personal safety.  In the years since the 2009 coup, the IACHR has granted an ever-growing number of precautionary measures to human rights defenders, journalists, justice workers and other individuals deemed under threat of attack.  The IACHR noted, in its recent report on Honduras, “grave deficiencies” and low or completely lacking efficiency in the implementation of the measures by the state.

In many cases, police units are unaware of how to implement precautionary measures, or lack the available resources to do so, or are even allegedly protecting or supporting the very actors believed to be threatening to the grantees.  For instance, a Tolupan indigenous community in the locality of Locomapa – which received precautionary measures from the IACHR over a year ago after several of its members were killed as a result of their opposition to mining and logging interests – continues to endure regular harassment and threats from the individuals allegedly responsible for the killings.  The police are aware of the identities and whereabouts of the assailants but, for over a year, have failed to arrest them.

5.  Elections

Honduras has experienced a prolonged political crisis since the 2009 coup d’Etat.  Given that the subsequent elections of late 2009 were widely regarded, both within Honduras and in the rest of the region, as flawed and illegitimate the international community provided significant funding and technical support to the elections of November 2013 to try to ensure that the outcome would be a government with strong democratic legitimacy.

Though voter turnout was fairly high (61 percent), a number of irregularities were reported and both the LIBRE party, which ended up in second place in the final official tally, and the Anti-Corruption Party, which obtained over 13 percent of the vote, contested the results.  LIBRE petitioned the country’s electoral authority – the Tribunal Supremo Electoral (TSE) – to carry out a full recount of the vote.  Ultimately, the TSE only carried out a partial recount and LIBRE’s appeal was rejected by the Constitutional Court.

Many Hondurans argue that the system is rigged in favor of the ruling party.  Indeed, the electoral system is characterized by important weaknesses, identified by the National Lawyers Guild and other groups, which at the very least contribute to a biased and severely flawed electoral process:

  • The TSE, in its current form, cannot be considered nonpartisan: The majority of its appointed magistrates were either elected officials when appointed or political party officials, even though such appointments are prohibited by the Constitution.  The magistrates were either members of or were strongly identified with the country’s two traditional ruling parties, a particularly problematic fact given that two new political parties with strong popular backing emerged in the last elections.
  • In addition, any appeal of a TSE decision is made to the country’s Constitutional Court, which – as previously mentioned – is tightly controlled by National Party supporters since the aforementioned “technical coup” of December 2012.
  • The practice of selling party members’ electoral credentials, which allows parties to closely monitor the voting process and tally within voting centers, is widespread and has been acknowledged by the OAS, Carter Center and other groups.  This practice can facilitate fraud, since holders of these credentials are tasked with resolving disputes that can take place during the vote and tallying process.
  • Many observers reported that vote-buying took place on a massive scale during the last elections, in the form of discount cards that were distributed by National Party members outside of many voting centers.
  • During the campaign season a significant number of candidates and party activists were killed in impunity, creating a climate of terror that undermines both campaigning and voting.  Shortly before the elections took place,  COFADEH and the U.S./Canadian NGO Rights Action identified at least 35 killings of candidates, candidates’ relatives and campaign organizers from the eight parties.  Of this number, 18 victims were from the LIBRE opposition party.

6.  Militarization

The 2009 coup marked the end of nearly two decades of progressive de-militarization of law enforcement in Honduras, following the transition from the country’s military dictatorship in the 80s.  The repression of peaceful demonstrations against the coup involved the military and, in 2012, then President Porfirio Lobo began deploying the military for domestic policing for increasingly long periods of time, in violation of the constitution.

This re-militarization was reinforced by Hernández when, a few months before the November elections, he pushed a proposal for a military police force through the Congress and built his presidential campaign around a promise to “put a soldier on every corner.” As president, he today backs a constitutional reform that would enshrine the military police in the Constitution as a part of the nation’s armed forces.

Hernández has also supported another militarized police force called the TIGRES which includes army personnel, although it remains within a civilian chain of command.

Human rights defenders across the globe consider that the militarization of law enforcement is a grave threat to rule of law and human rights, particularly in a country like Honduras that was until fairly recently under military rule and whose military forces have a sad record of repression of popular movements with impunity.

Hernández’s Public Order Military Police (PMOP) have already faced allegations of serious abuses.

For instance, shortly before the 2013 elections, the Military Police raided the home of an activist from the opposition LIBRE party.  In spring of last year, Military Police personnel attacked the well-known defender of children’s rights José Guadalupe Ruelas of Casa Alianza.  He was beaten in the face, head, ribs and legs and dragged face down and kicked.

On November 21, a young woman waiting for a bus was allegedly kidnapped by a military police unit and raped by eight of the agents.  To date, no one has been apprehended in relation to the crime, although the woman went public immediately and filed a report with the regular police force.

Conventional military forces have also been involved in an increasing number of state-sponsored tasks normally in civilian hands.  Sections of military bases have been converted into penitentiaries, and soldiers have taken on the role of prison wardens.  They also participate in a new military education program, developed by Hernández, named “Guardians of the Fatherland”, which target children and adolescents.  The minors participate in military-style activities with armed military personnel and are divided into groups with the names of battalions.

Military troops have also been deployed to the Bajo Aguán, a region with ongoing land conflicts, where they have been accused by campesino groups and human rights defenders of supporting the interests of powerful landowners and assisting private security personnel in attacks against land rights activists.

Colonel German Alfaro, who until recently commanded the police/military Xatruch force in the Bajo Aguán and later the joint task force Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional for the north coast, has repeatedly engaged in public, verbal attacks against campesino groups, journalists and human rights defenders, including Annie Bird, then co-director of the Canadian/U.S. organization Rights Action.

Military and government authorities have repeatedly rejected concerns regarding Honduras’ militarization trend from human rights groups and the Inter-American Commission on Human Rights.  On December 4, Hernández was quoted in Honduran newspaper El Heraldo speaking out against those in the U.S. who criticize the military police, saying, “We are not going to tolerate anyone who comes here to question our decisions.”

7.  Conclusion and Recommendations

In summary, Honduras’ human rights situation remains as dire as ever and, in many cases, targeted attacks against members of at-risk sectors – including human rights defenders and journalists – have recently increased in number.  Meanwhile, impunity around these and other crimes remains appallingly high.

The government’s response to this situation over the last 12 months has been grossly inadequate and, in some areas, completely counterproductive.  The processes by which the government claims to address corruption and criminality within the security forces and the judiciary are arbitrary and ineffective.  Genuine police reform appears to be off the agenda, following the dissolution of a reform commission whose proposals were systematically ignored, despite the backing of the human rights community.  The government’s plans to further militarize law enforcement activities, and to involve the military in other traditionally civilian tasks, including state-sponsored extracurricular activities for young people, is an alarming, negative trend that will further undermine human rights and democracy in Honduras.

In short, the government’s record over the last 12 months indicates that it has little real wI’ll to address Honduras’ human rights crisis.

The Canadian government is one of Honduras’ most important trade partners and can and should exercise its leverage in the bilateral relationship to urge the Honduran government to take substantive measures.

  Recommendations:

  • The implementation of the Canadian-Honduran free trade agreement of 2014 as well as bilateral security assistance and Canadian support for IFI programs in Honduras should be contingent on genuine and substantive progress in the prosecution of human rights abuses.
  • Canadian private companies should be urged to ensure that their operations and investments in Honduras are not directly or indirectly contributing to human rights abuses, environmental degradation, or violation of the laws of Honduras.
  • The Canadian government should use its voice and vote in international financial institutions, including the Inter-American Development Bank, the World Bank Group, the International Monetary Fund, and in international organizations including the Organization of American States and the United Nations to uphold the above principles and to make respect for human rights and the rule of law in Honduras the first priority regarding all matters dealing with Honduras. In particular, the Canadian government should use its voice and vote to ensure that the IADB, World Bank and IMF are not contributing to human rights abuses or environmental degradation through funding for projects in Honduras.
  • As the Inter-American Commission on Human Rights and other international groups have noted, there is little dialogue between the Hernández government and most civil society groups, including human rights groups.  Canada should press the Honduran government and Congress to consult and engage more with these groups, particularly when it is elaborating plans that may impact human rights.
  • The government of Canada should urge the Honduran government to implement IACHR precautionary measures in accordance with the wishes of the grantees.
  • Canada should urge the Honduran government to remove military personnel from all domestic policing activities of any kind.
  • Canada should call for the reinstatement of the four judges who were dismissed for their opposition to the coup, and whose restoration has been recommended by the IACHR.
  • Canada should encourage the Honduran Congress to appoint impartial, independent magistrates to the Supreme Electoral Tribunal and impartial and independent judges to the Constitutional Court.

Alexander Main is Senior Associate for International Policy at the Center for Economic and Policy Research in Washington, D.C.

Fuente: http://www.cepr.net/index.php/publications/testimony/the-situation-of-human-rights-and-democracy-in-honduras-since-the-elections-of-november-2013

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Honduras: Confirman legalidad de comicios

4 de Noviembre de 2014

08:36PM  –  Redacción  

Sala Constitucional rechazó amparo de “Mel”.

Manuel Zelaya junto a su esposa y excandidata de Libre, Xiomara Castro.
Manuel Zelaya junto a su esposa y excandidata de Libre, Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras

El Poder Judicial mantuvo vigente la legalidad de las elecciones generales celebradas el 24 de noviembre de 2013.

Por unanimidad de votos de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió rechazar un recurso de amparo interpuesto contra el resultado de las elecciones a nivel presidencial.

El amparo administrativo electoral, con registro SCO-1031-2013, lo interpuso el expresidente Manuel Zelaya Rosales a favor del partido Libertad y Refundación (Libre), quien postulaba a la presidencia a su esposa,Xiomara Castro.

Interpuso el recurso contra la resolución 32-2013 dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 9 de diciembre de 2013, que declara sin lugar la solicitud de nulidad de las elecciones a nivel presidencial. En su impugnación “Mel” adujo detectar vicios de nulidad que afectaron el proceso electoral y los resultados.

Sin embargo, la Sala Constitucional resolvió sobreseer el recurso de amparo, lo cual significa que los magistrados no encontraron vulneración de derechos ni irregularidades en los comicios alegados por el exmandatario.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/764572-331/honduras-confirman-legalidad-de-comicios

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Por primera vez se presenta Informe sobre derechos políticos electorales ante el EPU

El Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, envió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un informe para el Examen Periódico Universal, EPU, el primero en su género sobre el país dirigido ante este organismo, sobre los derechos políticos electorales donde se describen elementos críticos del procesos electoral de noviembre de 2013, realizado en Honduras.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto” Propuestas de reformas electorales desde una perspectiva de derechos humanos”, apoyado por la organización internacional DanChurchAid .

El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, se establece en 2006 como un órgano subsidiario de la Asamblea General. Tiene la responsabilidad de realizar un Examen Periódico Universal (EPU), basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

Cada año se someten 48 países al examen, 16 en cada uno de los tres periodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el EPU, a Honduras le toca el turno en los primeros meses de 2015, donde debe demostrar que ha cumplido con 120 recomendaciones que diferentes Estados del mundo le hicieron el 04 de noviembre de 2010, en relación a la situación de derechos humanos del país, agudizada desde el golpe de Estado de junio de 2009.

El Informe de CESPAD

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En el marco del Examen Periódico Universal a Honduras (EPU-Honduras) 2015, el Centro de Estudios para la Democracia presenta, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los aspectos críticos más relevantes sobre el respeto y cumplimiento de los derechos políticos en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013 en Honduras. También se hacen recomendaciones para mejorar la situación de los derechos políticos en futuros procesos electorales.

Este informe se inspira en la recomendación 1, del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a Honduras, que dice: “Examinar su legislación nacional para garantizar el goce pleno y sin restricciones de los derechos humanos por todos los miembros de la sociedad, incluidos los grupos más vulnerables, como las mujeres, las personas lésbicas, gay, bisexuales y transexuales, y los pueblos indígenas”; y en la 82.94 que recomienda: “Poner en práctica una política activa de prevención de la violencia y los actos de intimidación contra los medios de difusión y los miembros de la oposición política, y dotar a los mecanismos establecidos de los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en la esfera de la protección de los derechos humanos”.

El informe que fue enviado el 14 de septiembre anterior, describe el contexto de violencia, la ausencia de independencia y autonomía de los organismos electorales, competencia política inequitativa y desigual, acceso desigual a los medios de comunicación, falta de transparencia y rendición de cuentas, de procedimientos claros de denuncia ciudadana, de resolución de conflictos y de investigación de delitos electorales, así como las debilidades del censo electoral que limitan el libre ejercicio del sufragio, violentando con ello el principio de cada ciudadano al voto.

La organización hace un breve resumen del contexto de los procesos electorales que se han realizado después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y señala que en noviembre de 2009, año del golpe de Estado mediante el cual se derrocó al Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, se realizaron elecciones generales mediante las cuales fue electo como Presidente de la República, el ciudadano Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional.

Estas elecciones se realizaron en un contexto de un Gobierno de facto, con serias restricciones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Además, más del 50 por ciento de los hondureños y hondureñas no participaron en las votaciones e impugnaron sus resultados. También estuvo ausente la comunidad internacional que, en su mayoría, desconoció los resultados.

Agrega que uno de los impactos políticos más relevantes de la ruptura constitucional del 2009 para la democracia hondureña, es que abrió un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos.

Los derechos políticos durante el proceso electoral de noviembre de 2013

Las elecciones se celebraron en un ambiente de alta violencia y criminalidad, que limitó la libertad de movilización, reunión y expresión de la ciudadanía y en especial, de las personas que optaban a cargos de elección popular. Esta situación afectó más a las personas candidatas con menos recursos.

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Durante el proceso de las elecciones primarias, de mayo a noviembre de 2012, se presentaron 27 casos de violencia política electoral directa sobre candidatos, dirigentes o activistas de partidos políticos. Entre los 27 casos, 13 fueron homicidios, 6 amenazas a muerte y 8 atentados. El partido más afectado fue LIBRE con 7 homicidios, 5 amenazas y 3 atentados; el Partido Liberal sufrió 4 homicidios y 2 atentados y el Partido Nacional 2 homicidios, 1 amenaza y 3 atentados En el año 2013, sólo de enero a julio, se produjeron 17 casos de violencia política; 10 homicidios (4 de Libre, 3 del Partido Liberal, 2 del Partido Nacional y 1 del Partido Anticorrupción); 5 amenazas (3 de Libre, 1 del Partido Nacional y 1 del Partido Anticorrupción); y 2 atentados (1 a Libre y 1 al Partido Nacional).

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) funcionó de forma parcializada y controlada por los dos partidos políticos tradicionales, Partido Liberal y Partido Nacional. Esto dejó a los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), al Partido Anticorrupción (PAC) y a las otras fuerzas políticas excluidas del TSE en una situación de competencia política desventajosa.

Se utilizaron los medios estatales y los recursos públicos para favorecer al partido de gobierno. Se observó el pago del llamado Bono 10.000 para familias en situación económica precaria, por parte de funcionarios del Estado en actos en los que se pidió de manera más o menos directa el voto para el Partido Nacional. En otros casos se observó el reparto de bienes de consumo, como materiales de construcción y alimentos, e incluso servicios médicos.

La distribución de los espacios en los medios de comunicación obedeció a la afiliación política e intereses económicos de los dueños de los medios y la amplia mayoría de los medios de comunicación aplicaron a la propaganda electoral tarifas distintas de las de la propaganda comercial, favoreciendo a los partidos afines a sus intereses.

Se detectaron numerosos anuncios electorales denigratorios contra el Partido LIBRE desprovistos de la identificación del autor responsable de la cuña electoral y en ninguno de los casos observados se registró una intervención por parte del TSE. Y la cobertura de la campaña electoral por sexo muestra que las candidatas tuvieron un acceso limitado a los medios de comunicación observados.

Ninguno de los partidos políticos que participaron en las elecciones del 24 de noviembre cumplió plenamente con su obligación de proporcionar información sobre la financiación de su campaña. El marco legal e institucional vigente no reúne las condiciones necesarias para permitir una contienda electoral transparente.

No existió un reglamento y procedimiento claro de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre quejas e impugnaciones electorales por parte de los ciudadanos (as) y los mismos partidos políticos.

El censo electoral tiene problemas significativos que constituyen una debilidad del marco electoral. Actualmente, un 30% de las entradas son de fallecidos o emigrantes. Además, durante el proceso electoral proliferaron denuncias creíblesde cambios fraudulentos de residencia, en las que siempre estaban implicados el Partido Nacional y el Partido Liberal.

La actual cédula de identificación ciudadana posibilita que un votante pueda hacerlo varias veces, si dispone de las ocasiones. Esto se debe, entre otras cosas, a que la fotografía no está actualizada y los registros electorales no captan la huella dactilar, como en los modernos sistemas de voto electrónico.

El CESPAD envió al EPU una serie de recomendaciones donde se resalta que debe hacer una representación equitativa de las fuerzas políticas en los organismos electorales, depuración el padrón electoral, transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las campañas políticas, igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos en la competencia política.

También destacó que es necesaria la participación en igualdad de oportunidades de las mujeres, participación y representación política de los grupos sociales más excluidos, participación más activa de la sociedad civil y de la ciudadanía como veedores de todo el proceso electoral.

En el EPU 2010 Honduras recibió 120 recomendaciones de los diferentes países, entre las que destaca en relación a este tema de los derechos políticos de la ciudadanía, la señalada por Indonesia donde describió que valoraba los esfuerzos realizados por Honduras para estabilizar el país y emprender las reformas democráticas necesarias después del golpe de Estado de junio de 2009.

Y El Salvador expresó que el proceso del examen periódico universal proporcionaba al país la oportunidad de intensificar sus esfuerzos por lograr la reconciliación entre todos los hondureños y superar la situación que había afectado a los derechos humanos en Honduras.

Vea el informe completo enviado por CESPAD:

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“Yo instauré elecciones democráticas en Honduras”, así se despide embajadora de EEUU Lisa Kubiske

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Lo inesperado ocurrió en el Congreso Nacional de Honduras.

La embajadora saliente de EEUU, Lisa Kubiske, en un ataque de soberbia, se acreditó la instauración de las elecciones generales del pasado 24 de noviembre, volviendo a suplantar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ofendiendo la dignidad y soberanía nacional.

Tras haber sido condecorada por el titular del Legislativo, Mauricio Oliva, la jefa de la delegación diplomática dijo en una breve alocución lo que ningún embajador se había atrevido a decir: “Yo instauré las elecciones democráticas en Honduras”.

Después de la declaración, dijo que el reconocimiento “lo recibía con humildad”.

“Hay que ver hacia el futuro, no mirar al pasado. Honduras tiene la posibilidad de salir de la crisis, involucrarse es la solución”, expresó.

Sólo la bancada de Libre se opuso a la condecoración de la embajadora saliente, por considerarla “entrometida” en los asuntos que competen a las autoridades y pueblo hondureño.

Cabe recordar que Kubiske –desde que asumió el cargo de representante del pueblo estadounidense– hacía injerencia en los temas nacionales y su protagonismo se incrementó en el contexto de las elecciones generales.

Analistas consultados por este periódico, en su momento dijeron que Lisa Kubiske “más bien parecía portavoz del TSE, porque cada vez que hay denuncias de fraude, ella sale a decir que todo está bien”.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/%E2%80%9Cyo-instaur%C3%A9-elecciones-democr%C3%A1ticas-en-honduras%E2%80%9D-as%C3%AD-se-despide-embajadora-de-eeuu-lisa-kub

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TSE pide al gobierno salde la deuda de 118 millones de lempiras

Matamoros dijo que hay partidos que no han recibido nada, tal es el caso de el Partidos Anticorrupción, PAC, y el Partido Refundación y Libertad, Libre.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, TSE, David Matamoros, dijo que la secretaría de finanzas, todavía no ha hecho efectivo el pago de 118 millones de lempiras, que el gobierno debe de las elecciones del 2013.

El funcionario dijo que el TSE tiene una deuda con los partidos políticos y algunos proveedores y que estos recursos son distintos a los de la deuda política que sí se reflejan en el Presupuesto General de la República.

“Este es un tema más complejo que lo de la deuda política. El pago a proveedores requiere otro mecanismo para poder conseguir una ampliación presupuestaria”, finalizó el magistrado presidente del TSE.

Matamoros dijo que hay partidos que no han recibido nada, tal es el caso de el Partidos Anticorrupción, PAC, y el Partido Refundación y Libertad, Libre.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/tse-pide-al-gobierno-salde-la-deuda-de-118-millones-de-lempiras

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En julio será la audiencia inicial contra 36 indígenas de San Francisco de Opalaca

Jun 25, 2014

Los jueces de la Esperanza, Intibucá, prohibieron a  36 indígenas que se acerquen al edificio municipal de San Francisco de Opalaca, además la imposición de medidas cautelares como ser que se presenten cada 15 días a firmar a los juzgados de su localidad.

La audiencia inicial está programada para el 22 de Julio, estas 36 personas están acusados de sedición, y a 8 de ellos, aparte de estar acusados de sedición, los acusan de usurpación de funciones.

“Es importante decir que entre las personas que están acusadas se encuentra la presidenta del Consejo de la Mujer Indígena, también la corresponsal de Radio Progreso sólo por transmitir una noticia y otras personas están acusadas por manifestarse ante esta situación”, expresó el abogado defensor de los indígenas.

Por su parte, Albertina Pérez acusada de sedición y que brinda un servicio de corresponsalía para Radio Progreso, asegura que todo el problema es por el trabajo periodístico que realiza, pero se siente tranquila porque no es verdad lo que se le acusa, además hay muchas irregularidades con los nombres de todos los acusados por eso nadie tiene miedo.

El problema se origina luego del empate en las elecciones municipales en San Francisco de Opalaca, Intibucá, de Éntimo Vásquez y Socorro Sánchez, del Partido LIBRE y Nacional, respectivamente.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) impuso al candidato del Partido Nacional provocando que la gente protestara tomándose la alcaldía municipal.

Fuente: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/1116-en-julio-ser%C3%A1-la-audiencia-inicial-contra-los-36-ind%C3%ADgenas-lencas

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En libertad juzgarán al alcalde del Consejo de Ancianos

24 de Junio de 2014

09:19PM  –  Faustino O. Baca   

39 indígenas comparecen al Juzgado de Letras de Intibucá. Queda en suspenso orden de desalojo de la alcaldía. Nueva audiencia en julio.

Los 39 indígenas, entre ellos don Éntimo Vásquez, hicieron fila para ingresar al juzgado de Intibucá.
Los 39 indígenas, entre ellos don Éntimo Vásquez, hicieron fila para ingresar al juzgado de Intibucá.

Tegucigalpa, Honduras

Don Éntimo Vásquez y 37 indígenas de San Francisco de Opalaca acusados por la Fiscalía de sedición y usurpación serán enjuiciados en libertad y continuarán ocupando temporalmente la alcaldía, según resolución adoptada ayer por el Juzgado de Letras de Intibucá.

Don Éntimo es el alcalde impuesto por el Consejo de Ancianos, un organismo de mando con características ancestrales que desconoció al alcalde Socorro Sánchez, declarado oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Don Socorro, que despacha desde una aldea cercana, denunció ante la Fiscalía que su rival y sus seguidores le impidieron ingresar a la municipalidad el día 25 de enero y que por esa razón opera desde la aldea Ojo de Agua. También acusó a don Éntimo de mandar a hacer sellos de manera ilegal.

Por esta razón, la fiscalía regional acusó a don Éntimo Vásquez de sedición, por haber supuestamente impedido que una autoridad legalmente constituida ejerciera sus funciones, y de usurpación, por estar asumiendo un papel que aparentemente no le corresponde.

Los acusados, entre ellos la presidenta de las mujeres indígenas y representante del Consejo de Ancianos -Blasina Vásquez-, llegaron puntual a la cita del juzgado.

La zona estaba militarmente resguardada para evitar incidentes. Don Éntimo, el alcalde de facto, encabezó una fila para ingresar y comparecer.

Después de varias horas, según el apoderado legal de los indígenas, Farabundo Murillo, “el juzgado decretó que los indígenas tienen que comparecer a firmar y presentarse cada quince días ante el Juzgado de Paz de San Francisco de Opalaca”.

“Y la orden que había de desalojo ha quedado en suspenso y se ha programado una audiencia inicial para el día 22 de julio a las nueve de la mañana en la ciudad de La Esperanza”.

El entrevistado declaró que “tanto el Ministerio Público como el Juzgado se han visto en la obligación de acceder el planteamiento de la defensa en cuanto que a los imputados se les debe seguir un proceso estando en libertad”.

El representante de los lencas alegó en su defensa que el delito de sedición no tiene base por cuanto los indígenas en ningún momento han impedido que la autoridad se constituya.

Lo que ocurrió el día 25 de enero fue que los indígenas le exigían al alcalde electo -que buscaba la reelección- un informe detallado del destino del presupuesto municipal. Al no poder dar explicaciones convincentes, don Socorro Sánchez optó por abandonar el lugar.

Los moradores acusan al alcalde reconocido por el TSE de cometer supuestos actos de corrupción como el pago exagerado de viáticos a una mujer que vive fuera del perímetro urbano y de justificar gastos en proyectos que no existen.

El día 27 de enero, dice la defensa, el pueblo se reunió en el edificio municipal a esperar la llegada del alcalde declarado por el TSE, pero no llegó. Ante esta situación, el Consejo de Ancianos nombró un nuevo alcalde.

En cuanto al delito de usurpación, dijo Murillo, quienes acusan a don Éntimo Vásquez, “desconocen que durante 500 años el pueblo ha contado con una institución que se conoce como alcaldía de la vara alta”, que la nombra el Consejo de Ancianos y que está reconocida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El juez decidió dejar a los acusados en libertad, condicionados a que se presenten a firmar al Juzgado de Paz de San Francisco de Opalaca cada quince días.

El 22 de julio deberán comparecer de nuevo al Juzgado de Letras de Intibucá a una segunda audiencia. Mientras, el pueblo de Opalaca sigue dividido.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/722875-331/en-libertad-juzgar%C3%A1n-al-alcalde-del-consejo-de-ancianos

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¡Imponen medidas sustitutivas contra 36 líderes Lencas de San Francisco de Opalaca, sigue la criminalización de la causa indígena!

El día de hoy se desarrolló la audiencia de imputados contra 36 compañeros y compañeras Lencas de San Francisco de Opalaca, el Ministerio Público y el Juzgado Primero de Letras de Intibucá se lucieron una vez más criminalizando la lucha del Pueblo Lenca, esta vez acusando de “sedición en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras y de usurpación de funciones”, lo solicitado por la Fiscalía y lo que pretendía este Juzgado era orden de captura contra los 36 compañeros y compañeras, orden de desalojo y prohibición de estar cerca de la Alcaldía de Opalaca, recordándonos las descabelladas decisiones de estos tribunales en el caso de Río Blanco, esas pretensiones pudieron ser suspendidas gracias a la labor importante de los abogados Rene Altamirano y Farabundo Murillo y al informe coherente y objetivo del mismo del Comisionado de Policía de Intibucá.

Luego de varias horas de deliberaciones, el Juzgado decidió imponer medidas sustitutivas consistentes en que los 36 líderes Lencas firmen cada 15 días en el Juzgado de Paz de San Francisco de Opalaca y que no se introduzcan en la alcaldía municipal.
Estos procesos de persecución judicial violentan a todas luces el derecho a la autonomía y autodeterminación, a las estructuras de gobiernos propios en Pueblos Indígenas, a los títulos comunitarios, al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, a la cosmovisión misma del Pueblo Lenca.
Informamos, que la toma de la Alcaldía se mantiene en la comunidad de Monte Verde con decisión y lucha y que la próxima audiencia se fijó para el 22 de julio a las 9.00am en el Juzgado de Letras de Intibucá.
Recordamos que entre los compañeros y compañeras acusados están: el Alcalde Legitimo Entimo Vásquez, sus regidores, regidoras y secretarios indígenas, como también Jesús Rodríguez Coordinador de Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Coordinación General del COPINH, quien es originario de Opalaca y que también están liderando este proceso de resistencia indígena, así como también se encuentran dirigentes de otras organizaciones como el Coordinador de Agentes de Pastoral de la Zona 10, dirigentes de la ADRO, de la Cooperativa COCAOPAL, corresponsales de Radio Progreso y del Equipo de Comunicación de nuestra Radio Puca Opalaca y otros líderes claves de las comunidades de Opalaca.
Llamamos al movimiento social, popular, político y de la solidaridad a manifestarse y expresar su acompañamiento activo con esta causa histórica del Pueblo Lenca.

Dado en Intibucá, a los 24 días del mes de junio del 2014.

COPINH
¡Con la fuerza Ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Entepica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

Fuente: http://www.copinh.org/article/imponen-medidas-sustitutivas-contra-36-lideres-len/

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“Me quieren despescuezar”, dice don Éntimo

20 de Junio de 2014

10:39PM  –  Redacción   

Este alcalde, no reconocido por el TSE, fue acusado de sedición y usurpación. Deberá comparecer a Intibucá.

A don Éntimo no le preocupa que le digan alcalde de facto porque lo nombró el Consejo de Ancianos.
A don Éntimo no le preocupa que le digan alcalde de facto porque lo nombró el Consejo de Ancianos.

Tegucigalpa, Honduras

“Hombres que andan con machete me quieren despescuezar”, denunció con su peculiar lenguaje don Éntimo Vásquez, el alcalde de facto de San Francisco de Opalaca, denunciado por sedición y usurpación en los tribunales de Intibucá, donde tendrá que comparecer el martes.

Este alcalde, que fue nombrado por el Consejo de Ancianos, es considerado de facto por el Ministerio de Gobernación y por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que solo reconocen a don José Socorro Sánchez -del Partido Nacional- como el legítimo, electo por voluntad popular.

El problema radica en que el alcalde de facto es quien ocupa la alcaldía municipal, desde donde “despacha” con la normalidad del caso. El otro alcalde, el oficial reconocido por las autoridades, hace su trabajo desde la aldea de Ojo de Agua, desde una casa particular y a media hora del casco urbano.

La imposibilidad de no poder ejercer sus funciones desde la comuna y el hecho de que el edificio sea ocupado por una persona que no es reconocida, ha sido suficiente para que don Éntimo, que pertenece al partido Libre, haya sido acusado por sedición y usurpación.

La Fiscalía considera que don Éntimo está desobedeciendo e impidiendo la gobernabilidad de una autoridad, aparte de que está usurpando las funciones del “verdadero” alcalde.

Por esta razón, don Éntimo está citado para comparecer el martes 24 al Juzgado de Letras de lo Penal de Intibucá para que responda por los delitos que se le imputan.

“Estamos listos para comparecer al juzgado”, dijo don Éntimo, quien se hará acompañar de un abogado y de parte de “las bases”, que dice le apoyan.

En los tribunales de Intibucá, donde estará el martes 24, don Éntimo dice que aprovechará para denunciar a sus rivales políticos de pretender quitarle la vida.

“Me están persiguiendo dos hombres con machete, me siguieron como a ocho metros, aquí puede pasar una masacre”, dijo el alcalde de facto.

Aseguró que sus rivales políticos andan diciendo en las aldeas, en las calles y en los potreros que “para ganar esta lucha, hay que despescuezar a don Éntimo”. De hecho, ya perdió a un hermano: Don Justiniano Vásquez, quien fue asesinado el 21 de febrero en horas de la madrugada cuando regresaba solo a su casa después de participar en la toma de la alcaldía.

También perdió la vida posteriormente don Irene Meza, un hombre que -a pesar de ser nacionalista- estaba con él en su lucha.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/721672-331/me-quieren-despescuezar-dice-don-%C3%A9ntimo

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Persecución judicial y criminalización sufren indígenas en San Francisco de Opalaca

Jun 20, 2014

El  24 de junio del presente año, el Juzgado de Letras de Intibucá, citó a audiencia a más de 30 líderes Lencas del municipio de  San Francisco de Opalaca,  lo que ha sido calificado por los afectados como persecución judicial y  criminalización de la lucha indígena.

Entre las personas que han sido citados para audiencia se encuentra  Éntimo Vásquez, quien  fue nombrado el alcalde del referido municipio por buena parte del pueblo, sus regidores, regidoras y secretarios indígenas, como también la corresponsal de Radio Progreso Albertina Manueles Pérez  y  otros líderes claves de las comunidades de Opalaca.

El conflicto político en San Francisco de Opalaca  se origina  debido a que en las elecciones generales el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador al nacionalista José Socorro Sánchez por un margen de ocho votos a su favor.

Sin embargo, los  seguidores del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) aseguran que en el escrutinio municipal resultó ganador Éntimo Vásquez y que los magistrados del Tribunal le dieron vuelta al resultado.

Esto provocó  la resistencia indígena que incluyó en la toma de la alcaldía, ante lo cual líderes indígenas del municipio convocaron al pueblo a una asamblea y el consejo de ancianos declaró alcalde a Vásquez del partido LIBRE. Ahora la comunidad lenca exige el reconocimiento legal, ya que actuaron amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que les da ese derecho.

Éntimo Vásquez indica que lo anterior ya lo habían advertido, como parte del plan para truncar el proceso en defensa de los derechos del Pueblo de Opalaca, dirigido por las argollas  del Partido Nacional, Ministerio Publico y el gobierno central.

“Nosotros estamos reclamando nuestro derecho, pero sabemos que el partido nacionalista tiene el poder, muchas personas del pueblo me han dicho que si la policía me detiene todos saldrán a las calles y habrá una revolución”, añadió.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson dice que no hay ningún conflicto político  en San Francisco de Opalaca.

“No hay ningún conflicto electoral, el Tribunal emitió una resolución y ganó un partido, además no hubo impugnación ni reclamo en la Corte Suprema,” declaró el funcionario.

Ante estas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Éntimo Vásquez dijo que todos saben que el Tribunal arregló esos 8 votos para que ganara el partido Nacional,  todos ellos se sentaron para hacer arreglos personales pero legalmente él ganó y el pueblo lo sabe.

“Nos quieren callar”

Albertina Manueles Pérez es una comunicadora social de San Francisco de Opalaca, corresponsal de Radio Progreso. Con su bebé en brazos y otro de sus hijos correteando alrededor de ella, nos contó cómo la policía llegó a su casa para citarla al Juzgado Primero de Letras de Intibucá para que declare ante la acusación del delito de sedición.

EL delito de sedición  se refiere a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden constitucional establecido, ya sea la exposición de discursos, el desarrollo de organizaciones, la escritura y distribución de textos u otras acciones. Este delito en Honduras no es fiable.

El 25 de enero de 2014, Albertina tomó su grabadora y se fue para la municipalidad de San Francisco de Opalaca, le habían avisado que la comunidad se estaba tomando la municipalidad porque rechazaba como ganador a Socorro Sánchez del partido Nacional. Como comunicadora se dedicó a dar cobertura al hecho que se hizo noticia en minutos a nivel nacional.

Albertina califica la citatoria que ahora le hacen como censura y una violación a la libertad de expresión. Manueles cuenta que esto ya se veía venir desde hace años, no solo por el conflicto de la alcaldía sino por los intereses que se juegan con respecto a la instalación de una empresa hidroeléctrica que el pueblo ha rechazado.

“Nosotros no le caemos bien a él (Socorro Sánchez) porque también apoyamos al pueblo en contra de las represas. Yo anteriormente había tratado con él y le pedí entrevistas pero me pedía pago por ellas. Él había dado permiso al Grupo Terra a que hiciera el estudio. Buscan callarnos pero nosotros tenemos que contar lo que está pasando en el municipio”, explicó Manueles.

Para el periodista Héctor Becerra del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) esto es una agresión contundente contra la libertad de expresión y libertad de prensa. “Esto es una persecución en vista de que el delito por el cual se hizo la citatoria es por sedición en contra de la seguridad interna del estado de Honduras, es decir que es un delito político. Es aberrante que las autoridades emitan este tipo de citatorio a comunicadores sociales cuya única labor es informar de los hechos sociales que se producen en esta zona”, expresó Becerra.

C-Libre denunció que los comunicadores comunitarios ejercen su oficio en condiciones de alto riesgo, especialmente porque informan de conflictos en que el capital trasnacional se colude con las instituciones del Estado encargadas de brindar seguridad, como la policía y los militares.

Conflictos sobre la explotación de bienes naturales pone en peligro a los comunicadores que con valentía informan lo que sucede, y en San Francisco de Opalaca se mezcla el conflicto político con esta situación.

Así como Albertina varias mujeres líderes de la comunidad lenca están en la lista denunciadas por sedición, en total son 30 indígenas los acusados.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1101-persecuci%C3%B3n-judicial-y-criminalizaci%C3%B3n-sufren-ind%C3%ADgenas-en-san-francisco-de-opalaca

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San Francisco de Opalaca clama por el respeto de sus derechos ancestrales

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Pobladores Lencas de San Francisco de Opalaca permanecen en las instalaciones de la alcaldía y claman por el respeto de la desición del Consejo de Ancianos.
San Francisco de Opalaca, Honduras, (Conexihon-Vía Campesina).- A poco más de seis meses de realizadas recientes elecciones generales en Honduras, los pobladores de San Francisco de Opalaca, una comunidad indígena Lenca, llamaron a una asamblea para reclamar por el derecho al respeto de la soberanía de los pueblos autóctonos frente a  la “poca transparencia, manipulación y fraude” en las pasadas elecciones.
De acuerdo con la coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una de las principales razones para imponer un alcalde a fin al Partido Nacional, es que el “bello Valle de Azacualpa, aquí cerca va hacer destruido, para crear una Ciudad Modelo, así como la construcción de una base militar en los Valles de San Antonio en Erandique”.

A su criterio “vienen más luchas” en la zona, pues se va a “iniciar una criminalización, una persecución judicial muy fuerte”, por lo que animó a los pobladores a  “no tener miedo”, y a defender los recursos naturales del municipio, creado con la primera perenigración indígena, negra y popular.
“Estamos enfrentando muchas amenazas mineras e hidroeléctricas y ese es el fondo, por eso es que el Partido Nacional quiere imponer a Socorro Sánchez en la alcaldía, con él se garantiza sus pretensiones”.
La toma que ha sido sostenida por el pueblo desde hace seis meses, amparados en el  Convenio 169 de los pueblos originarios indígenas y tribales, que ampara a estos pueblos originarios a tener su autonomía y a mantener sus derechos ancestrales, así como la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
¿Irregularidades? En el conteo del TSE
En el proceso del conteo electoral el candidato por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Entimo Vásquez sacó una cantidad de 1,596 votos al igual que Socorro Sánchez alcalde que se reelegía por el Partido Nacional.
“Nosotros sacamos esa cantidad de votos con gente nacida en Opalaca, Socorro sacó la misma cantidad, pero trayendo 40 personas de diferentes aldeas de Intibucá, poniéndolos a trabajar aquí en las diferentes mesas de votación, como que si aquí había planillas del Partido Unificación Democrática (UD) y aquí en Opalaca no había planilla de la UD, si nosotros le restamos esos 40 votos que no pertenecen a este municipio, nosotros netamente hemos ganado las elecciones de una manera limpia aquí en Opalaca” denunció Entimo Vásquez.
Origen del conflicto
Dos cosas originan este conflicto en San Francisco de Opalaca según lo explica el abogado defensor, Farabundo Altamirano, “la primera es el fraude y la violación a la ley, hay un empate de 1,596 votos, que dice la Ley para resolver eso, que debe hacerse un sorteo para dirimirlo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no hicieron sorteo, lo que hicieron fue aparecer en el TSE con ocho votos más en la cuenta de Socorro Sánchez, ahí está el fraude de acuerdo a lo que la Ley plantea”.
El otro fenómeno que origina este conflicto “son los actos de corrupción comprobados por el Estado de Honduras y que la fiscalía evade ejecutar actos de Ley para restablecerlo. En el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, explicó. De acuerdo con el informe, -comentó- “el dinero de la administración pasada de Opalaca de Socorro Sánchez, lo anda en una bolsa y en una mochila, porque así dice el informe y se lo vamos a presentar a los medios de comunicación que les interese la verdad aquí en Opalaca”.
Además, el documento agrega que “Sánchez ha hecho proyectos que sabemos que han sido hechos con dineros del Fondo Cafetero y aparecen en las cuentas como que se gastó de la alcaldía del municipio”, lamentó el jurista. Así también Farabundo Altamirano lamentó una serie de supuestas irregularidades de la pasada administración.
Solidaridad con los indígenas
En días recién pasados se realizó en Tegucigalpa, capital de Honduras una jornada de dos días de solidaridad con Opalaca donde se recaudó 25,947.40 lempiras, alguna ropa, víveres y medicamentos. La entrega de las donaciones se hizo el pasado domingo 8 de Junio del 2014, cuando llegaron a San Francisco de Opalaca las comisiones de la Vía Campesina Honduras, FNRP y del Partido Libre, donde se realizó una asamblea municipal.
Durante la asamblea asistieron el primer regidor Héctor Álvaro Aguilar que acompaña a Entimo Vásquez, la excandidata a la presidencia, Xiomara Castro y el expresidente, Manuel Zelaya así como los miembros del Consejo Indígena de Ancianos de la Alcaldía de la Vara Alta.


Héctor Álvaro Aguilar 

Primer regidor, respaldado por el Consejo de Ancianos
“San Francisco de Opalaca ha emprendido una lucha desde el pasado 25 de enero, donde se mantiene tomada la Alcaldía Municipal, con el objetivo de llevar el desarrollo de las familias. Se terminó el tiempo para los políticos tradicionales, nosotros ahora tenemos una corporación puesta por el pueblo y esto demuestra que Opalaca es otro municipio. Vamos a defender lo que nos pertenece estamos únicamente reclamando nuestros derechos como pueblos originarios”.
Entimo Sánchez, 
Alcalde, respaldado por el Consejo de Ancianos
A mí me dicen “Yo soy el Alcalde del pueblo, y los miembros del Consejo de Ancianos de la Vara Alta fueron quienes gozaron de la autonomía de convocar al pueblo, fueron ellos, porque ellos han sido alcaldes su autoridad se legitima ancestralmente”.
“Que confusión la que tenemos en este pueblo, cuando nosotros desconocemos la cultura nuestra (…) Estamos conscientes de que Juan Orlando Hernández no nos va a dar las transferencias que nos corresponden como alcaldía,  pero tenemos toda la certeza de lograr el triunfo, pero quiero que sepan que vamos por un buen camino, lo único que quiero que lo sepan es que con estos funcionarios no tendríamos sueldo”, enfatizó.
Xiomara Castro, 
Ex candidata presidencial por el Partido Libre
“Nos están dando una lección muy clara, durante estos meses que han estado de pie reclamando sus derechos, exigiendo el respeto. Hoy nos sentimos nosotros también ser parte de esta comunidad y quiero decirles que no están solos, que estamos con ustedes y que vamos a seguir con ustedes de la mano luchando para que se respete esa dignidad de este pueblo, vamos a seguir luchando para que retornen a sus derechos ancestrales, para que se respeten sus tierras, sigan con esta lucha hermanas y hermanos indígenas”.
Bruno Sánchez,
Alcalde de la Vara Alta le entrega Vara Alta a Manuel Zelaya
“La Vara significa, la vara de Moisés con la cual él liberó al pueblo esclavo en Egipto y los llevó a cruzar el desierto, el mar hasta llevarlos a la tierra prometida. Vamos a recibir este símbolo de la lucha de los pueblos indígenas, de las tradiciones históricas, de las raíces de los hondureños que hoy luchan por justicia, este símbolo de los pueblos lencas en San Francisco de Opalaca. Lencas, de las raíces más simbólicas de las luchas de esta tierra”.
“Tengo 67 años, nosotros hacemos lo que hemos podido a favor del pueblo. Cuando estuvo de alcalde Socorro el Consejo de Ancianos interpuso varias solicitudes para ayudar al pueblo y de ninguna obtuvimos respuestas favorables, esas solicitudes se las damos ahora al alcalde Entimo Vásquez”. 
Bertha Cáceres, 
Coordinadora del COPINH
“Hacemos responsables al Estado de Honduras, al Ejército y a la Policía, por los asesinatos y la represión que han sufrido los miembros Lencas que este municipio de Opalaca y denunciamos que el Ministerio Público se prepara para construir y fabricar acusaciones falsa contra toda la Corporación Municipal, contra el Consejo de Ancianos que han sido atacados por los medios de comunicación, como mercenarios de esos grupos de poder que quieren imponer a Socorro Sánchez”.
Agregó que “el Congreso Nacional dio un fondo a  Socorro Sánchez para que construyera la Alcaldía en la Unión, y que se anule como sede municipal Monte Verde, lo que no puede ser anulada porque fue mandato indígena, en 1,994 la población indígena decidió que aquí va hacer la sede municipal. Muchos de esos edificios no les costaron nada al Estado de Honduras, fue trabajo de cada uno de ustedes”.
“Necesitamos que este proceso se sostenga por eso vamos a iniciar con la construcción del plan de gobernanza indígena que está establecido en el convenio 169 esos puede ayudar a sostener, como también no permitir que se construya esa alcaldía en la Unión”, puntualizó.
Isaías Vásquez Lorenzo, 
Coordinador primero del Consejo Indígena de Ancianos de la Alcaldía de la Vara Alta

“Tengo 79 años, recuerdo que cuando Manuel Zelaya fue presidente a mí me nombraron aquí en el pueblo de Opalaca para formar parte del equipo técnico para el proyecto Nuestras Raíces, fui a arrancar este proyecto a Catacamas, Olancho, en ese entonces había trabajo, luego ninguna acción para generar ingresos hay aquí en el pueblo. Como tercera edad estamos defendiendo nuestro territorio, somos humildes pero Isaías tiene boca para hablar y defender nuestra patria, estamos en defensa de la corporación municipal,  y a Entimo Vásquez con toda su corporación”.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-pueblos-indigenas/san-francisco-de-opalaca-clama-por-el

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Desde lo local, Libre apuesta a torpedear la institucionalidad

22:52
09
Junio
2014
Tegucigalpa.- El Partido Libertad y Refundación (Libre), al parecer estaría propiciando un nuevo conflicto político al querer obtener, por la vía del golpe técnico, la municipalidad de San Francisco de Opalaca, en el indígena departamento de Intibucá. Así lo deja evidenciado el propio diputado Manuel Zelaya, quien este fin de semana visitó la localidad para refrendar el golpe que se pretende asestar a la institucionalidad.

Creado en el año de 1994, el municipio de San Francisco de Opalaca tiene una extensión de 292.40 kilómetros cuadrados y su población en su mayoría es de origen lenca.

Cuenta con las aldeas de Monte Verde, donde funciona la comprensión municipal, Agua Sucia, El Naranjo o Santa Lucía, El Zacatal o Zuyapa; La Ceibita, La Chorrera Áspera, Ojo de Agua y Plan de Barrios.

La mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura de subsistencia, es una zona en desarrollo que logra, gracias a la cooperación internacional, apostar a proyectos novedosos que buscan la sostenibilidad agrícola al par de un entorno amigable con la naturaleza.

Tradicionalmente la participación política de la población estuvo regida por el bipartidismo que sentaron los centenarios partidos Liberal, actualmente en la oposición, y Nacional, en el poder. Pero con la irrupción del partido Libertad y Refundación (Libre), un sector de la población se sintió atraída por su oferta electoral, pero no fue suficiente como para alzarse con el gobierno municipal.

En la declaratoria final del proceso electoral recién concluido, el Tribunal Supremo Electoral otorga el triunfo de la alcaldía de San Francisco de Opalaca al Partido Nacional en la figura de Socorro Sánchez, quien se hace acompañar por regidores liberales y de Libre.

Sánchez incluso tiene la credencial que lo acredita como el alcalde legítimamente electo en las urnas en San Francisco de Opalaca. Para el Tribunal Supremo Electoral, allí no debería haber problema, pero la realidad pinta diferente.

El golpe técnico de Libre

El control municipal de esa zona indígena la reclama el ex aspirante político a esa municipalidad por Libre, Éntimo Vásquez, quien a la brava se ha instalado en la sede municipal en la aldea Monte Verde, obligando al alcalde legítimo a migrar de una aldea a otra.

En un reportaje en la zona elaborado por el periodista Mario Landa de TN5, Éntimo Vásquez acepta que Sánchez fue electo “por el voto”, es decir, es el alcalde legítimo, pero asegura que él también tiene otro tipo de legitimidad: la del Consejo de Ancianos del municipio que le favorece.

El problema de San Francisco de Opalaca ya ha dejado más de una escaramuza entre los pobladores simpatizantes de Libre, los nacionalistas y la autoridad policial que se ha visto obligada a dispersar los zafarranchos, al grado que impidieron al alcalde legítimamente electo en las urnas tomar posesión de su período municipal de cuatro años.

Los simpatizantes de Libre, de la noche a la mañana, se sacaron de la manga de la camisa la figura del Consejo de Ancianos para tratar de imponer el golpe técnico municipal que quieren dar al Partido Nacional en San Francisco de Opalaca. El Consejo de Ancianos se inclina porque ese municipio sea rectorado por Libertad y Refundación.

Desde la capital, se asegura que los líderes de Libertad y Refundación aúpan a sus simpatizantes en San Francisco de Opalaca en un afán por obligar al partido en el poder a negociar cuotas de poder, aunque en el fondo, la apuesta de Libre es torpedear desde lo local, la frágil institucionalidad en el país.

La dirigencia de Libertad y Refundación no termina de aceptar que perdieron el triunfo en las urnas y que hoy por hoy son la segunda fuerza política del país, misma que están conduciendo con estrategias erráticas al pretender obtener el control del poder por medio del zafarrancho y la ingobernabilidad.

Legítimo, pero solo

El Partido Nacional, en apariencia, intenta minimizar el conflicto en San Francisco de Opalaca, al aseverar que la ley da como alcaldía legítima al alcalde electo, Socorro Sánchez, quien en vez de ejercer el poder desde la municipalidad, lo hace de aldea en aldea, generando así incertidumbre para gobernar.

Sánchez, por reportes periodísticos más parece un alcalde nacionalista huérfano del apoyo del partido en el poder, porque la dirigencia del partido parece no entender que mediante un golpe técnico local, se busca trastocar toda la legitimidad con que fueron electos en las urnas.

Libertad y Refundación, en cambio, se apresta con su dirigencia a hacer más presencia política de respaldo en la zona, en un desafío al respeto a las leyes y a la institucionalidad del país. Su dirigencia parece que no termina de asimilar la pérdida y desde lo local intenta incomodar al gobierno central y a la institucionalidad de la que tanto se mofa.

En San Francisco de Opalaca no está en juego quién tiene la razón o a quien asiste la ley, el trasfondo puede ser otro, y desde la necesidad y la orfandad en que se han mantenido a los pueblos indígenas, un simple dolor de cabeza al poder constituido puede terminar, en el mediano plazo, en una migraña permanente.

 

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/06/09/Pol%C3%ADtica/Desde.lo.local/87635.html

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