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Los Bancos BCIE y FMO, el asesinato de Berta Cáceres y el anegamiento de Kiad.

Sambo Creek, 29 de agosto de 2016.- La banca europea,  y el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono han venido promoviendo una serie de hidroeléctricas en el istmo centroamericano, orientadas a la supuesta producción de energía limpia, que han culminado en serias violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en cuyos territorios se pretende implementar los embalses.

A los casi seis meses del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, la comunidad cultural de Kiad -lugar sagrado del pueblo Ngäbe-Buglé- se encuentra camino a ser anegada completamente. A la medida que se llene el embalse de la represa Barro Blanco (Panamá), se cumplirán los seis mese del asesinato de Berta Cáceres, la que fue ultimada por militares hondureños, y un ejecutivo de la empresa DESA, relacionada con la construcción de la represa de Agua Zarca, localizada en el río Gualcarque (Honduras).

Tanto el pueblo Lenca como el  Ngäbe-Buglé se ven afectados por la construcción de represas inconsultas. Casualmente son financiadas por los Banco Centroamericano de Inversión Económica y el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO por sus siglas en inglés), ademas del Banco Alemán DGA, KFW y el finlandés FInnFund.

Las represas viene siendo construidas en el marco del ex Plan Puebla Panamá conocido actualmente como Proyecto Mesoamérica. Las hidroeléctricas son vendidas a la opinión pública como “energía limpia”, desconociendo los efectos del cambio climáticas, el que las rendirá obsoletas ante las alteraciones de los patrones de precipitación fluvial que se están dando en el istmo centroamericano.

Como la OFRANEH señaló con anterioridad, el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada ha sido pisoteado por diferentes administraciones gubernamentales tanto de Panamá como de Honduras y del resto del continente.

Juan Carlos Varela, cuadro del Opus Dei y actual presidente de Panamá utilizó Barro Blanco como parte de las promesas de su campaña política, comprometiéndose a suspender el proyecto en caso de un triunfo electoral. Días después de ascender al poder, negoció con la Cacique Silvia Carrera, la nominación de su hijo como embajador de Panamá en Bolivia, y posteriormente se exhibió en Nueva York en un foro de Naciones Unidas con la cuestionada caciqué, con la cual firmó a inicios de la semana pasada un supuesto acuerdo que no cuenta con el apoyo de los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé.

El asesinato de Berta Cáceres fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un mayor activo, adscrito como instructor de la Policía militar de Orden Público . Hasta la fecha se desconoce los autores intelectuales del asesinato, los que deben estar ubicados posiblemente entre jerarcas militares, banqueros y políticos integrantes de la actual administración de Juan Hernández. Para la sanguinaria élite de poder de Honduras, Berta se había convertido en un grave estorbo, ante su versatilidad en denunciar los atropellos contra el pueblo hondureño, el que padece una dictadura con fachada civil, impuesta desde Washington.

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Los impactos en Honduras de la ”Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos”

Honduras se enfrenta a consecuencias internacionales debido al asesinato de la activista Berta Cáceres y la violencia y la represión estatal a lo largo del país.

 Congresistas de los Estados Unidos introdujeron la “Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos,” en junio pasado, con el objetivo de que cese la ayuda militar y policial a Honduras, decisión que también debe abarcar que los organismos multilaterales que lo hacen con el aval de EUA, no puedan otorgar préstamos relacionados con este financiamiento mientras esta disposición esté en vigencia o haya cesado porque el gobierno hondureño ha castigado a los responsables materiales e intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, asesinada el 03 de marzo de 2016 y centenares de asesinatos y otros abusos cometidos por la policía y el ejército en Honduras.

Los congresistas estadounidenses tras una serie de argumentaciones documentadas del por qué se debe suspender la ayuda a la policía y al ejército de Honduras, señalan en cuanto al crimen contra Cáceres que existen “serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.”

Aunque Ebal Díaz, asesor del presidente Juan Orlando Hernández señaló que hay un juego político en la presentación de la iniciativa de los parlamentarios de USA y que “nosotros seguimos creyendo que los militares deben participar en la seguridad del país,” el mandatario Hernández se vio obligado a viajar al país del norte para tratar de convencer que está haciendo grande logros en materia de derechos humanos para que no le quieten los fondos.

Esta importante iniciativa de Ley de los congresistas deja de manifiesto que la campaña mediática interna del presidente Hernández en cuanto la situación de los derechos humanos en Honduras y el castigo a los culpables de crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, ha fracasado fuera del país, porque Honduras está siendo vista tal como es, un país donde no se aplica el peso de la Ley cuando se trata de militares y policías a quienes les benefician con sobreseimientos.

La situación en materia de derechos humanos en Honduras es cada vez más peligrosa para quienes defienden estos derechos fundamentales, el informe de la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, así lo revela después de que este organismo visitó el país el año pasado.

Es muy importante señalar que este clima de riesgo tiene una relación directa con la forma en que se conduce el sistema de justicia en Honduras donde los operadores de justicia solamente funcionan para criminalizar la defensade los derechos humanos y no actúan contra quienes cometen las violaciones a éstos.

La estigmatización y el irrespeto de la labor de derechos humanos desde las estructuras de poder y de los cuerpos de seguridad del Estado cuando son enviados a reprimir las protestas de ciudadanos y ciudadanas que reclaman derechos, juega un papel bastante peligroso cuando se llega a escenas donde hay represión policial y militar.

Me tocó vivir recientemente un episodio tan violento contra estudiantes en la universidad nacional que reclaman su derecho a la educación, allí llegó la policía a desalojar violentamente a jóvenes a quienes sacaron con la fuerza de los fusiles cuando mantenían una toma pacífica.

Llegamos varios defensores y defensoras de derechos humanos cuando las fuerzas del orden estaban tratando de lanzar gases lacrimógenos en un espacio tan pequeño donde se encontraban los estudiantes , cuando les dijimos a los elementos policiales que respetaran los derechos humanos, un juez ejecutor enviado por un tribunal manifestó “saquenme a esta gente de aquí” y los policías arremetieron contra quienes estábamos allí haciendo nuestra labor por los derechos humanos, nos empujaron con los escudos y toletes, algunos fueron golpeados, a mí me estrellaron contra una pared y la agresividad era tal que temí fueran a hacernos algo fatal.

Así funciona la policía y el ejército cuando traen orden de desalojos violentos son sordos a las peticiones. En los últimos días también ha ocurrido contra varias personas que defienden su derecho legítimo a circular libremente, pero que este derecho es limitado con el establecimiento del pago de peajes en distintas zonas del país. La gente se ha rebelado contra esta medida y a cambio no ha recibido respuestas sino represión.

Este panorama se va a ir agudizando en la medida que las presiones sociales por demanda de derechos también se incrementen. Además de la proximidad de las elecciones generales en Honduras las cuales se realizarán en el 2017, sumado al hecho de que hay aires reeleccionistas del actual presidente Juan Orlando Hernández.

Habrá represión para rato, más agudizada que en el 2013 cuando el actual presidente participó en las elecciones generales, donde se denunció que existió unfraude electoral.

Si se aprobara la Ley Bertha Cáceres el Estado de Honduras para poder echarla abajo tendría que demostrar que en verdad está combatiendo la impunidad castigando a militares y policías involucrados en abusos contra los derechos humanos.

Los ciudadanos y ciudadanas les queda seguir presionando porque sus derechos sean respetados, que no existe un obstáculo para ejercerlos y que quienes quieran obstruir esta labor tengan consecuencias, si el miedo nos inunda perderemos.

Fuente:

Between Bullets and Censorship. A column by Dina Meza. http://www.sampsoniaway.org/fearless-ink/2016/08/15/los-impactos-en-honduras-de-la-ley-berta-caceres-para-los-derechos-humanos/

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“EEUU deportó a mi primo de 12 años y ahora las pandillas quieren matarlo”

En lo que va de año, EEUU ha detenido en su frontera a cerca de 26.000 menores centroamericanos que viajaban solos, según un nuevo informe de UnicefUnicef denuncia que estos niños no tienen acceso a abogados de oficio en EEUU, tienen más posibilidades de ser deportados aunque “corren el riesgo de ser asesinados” en sus paísesA Nakisha, de 15 años, la deportaron junto con su primo: “Él era pandillero, y tiene solo 12 años. Ahora lo están buscando para matarlo”

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URGENTE: AMENAZAN A MUERTE AL PRESIDENTE MANUEL ZELAYA

El mandatario de Honduras (2006-2010) Manuel Zelaya ha dicho esta tarde que sospecha del Partido Nacional y del gobernante, Juan Hernández, pero que no tiene las pruebas suficientes para hacer la denuncia en los organismos correspondientes.

 

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1667-urgente-amenazan-a-muerte-al-presidente-manuel-zelaya

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Fiscal acusa a organizaciones de derechos humanos de incitar a la delincuencia

Alerta 151-2016 | Honduras, lunes 29 de agosto de 2016 La fiscal del departamento de Valle, Kenia Lagos Maldonado, supuestamente estigmatizó a los defensores de derechos humanos al acusarlos de incitar a la delincuencia.

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Why Is Nicaragua 7 Times Less Violent Than Honduras?

A newspaper in violence-plagued Honduras investigated why Nicaragua enjoyed a much lower homicide rate and credited its neighbor’s relatively professional and efficient police force for keeping the peace. But the answer isn’t that simple.

El Heraldo recently traveled to Nicaragua to find out why the homicide rate there is just 8 per 100,000 inhabitants, while Honduras has only recently shed its dubious title as the world’s murder capital. Despite a decline in homicides in recent years, at 57 per 100,000 inhabitants Honduras remains one of the most violent countries in Latin America.

The newspaper attributes Nicaragua‘s low levels of violence to the purging and modernization of its police force, which began in the 1990s and continued until 2007. Following the lengthy reform process, Nicaragua implemented a policy that emphasized community policing and violence prevention.

“It is estimated that the [homicide] rate is just 8 per 100,000,” a video accompanying the article reads. “That is thanks to the ‘Preventive, Proactive and Community’ police model.”

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“De mi emperador supremo JOH”: ciberterroristas amenazan de muerte a expresidente hondureño

TEGUCIGALPA, HONDURAS El terrorismo político proveniente desde el oficialismo emprende ataques y amenazas de muerte contra la cúpula del partido Libertad y Refundación (Libre). Y es que piratas cib…

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Miseria agraria neoliberal

Las políticas redistributivas de tierras, recursos naturales e ingresos, han sido olvidadas por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, con excepción de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Incluso, en el caso de Brasil, la redistribución de la tierra fue aceptada siempre y cuando se hiciera por la vía del mercado, o sea las llamadas reformas agrarias asistidas por el mercado que privilegian los derechos de propiedad individuales y la explotación de rubros para el mercado, no los bienes salarios.

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ALERTA A LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS POR EL AUMENTO DE ARMAMENTO EN LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REGIÓN

ALERTA A LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS POR EL AUMENTO DE ARMAMENTO EN LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REGIÓN. Tegucigalpa, 29 de agosto. «En principio Nicaragua tiene derecho a la autodeterminación y como estado Honduras debe respetarlo», manifestó el coronel Luis Alonzo Galéas del ejército hondureño la semana pasada, en una entrevista exclusiva para El Pulso, agregando […]

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Partido Nacional advierte que sí habrán elecciones, aunque sea con partidos “bisagras”

TEGUCIGALPA, HONDURAS  El vicepresidente del Parlamento, Antonio Rivera Callejas, aseguró este lunes que al Partido Nacional no le preocupa que dirigentes de partidos de oposición se manifiesten qu…

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MACCIH instalará sistema de fiscalización para partidos políticos

El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor en Honduras.

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Honduras: Así vigilan a la criminalidad las cámaras de seguridad instaladas en la capital

EL HERALDO conoció la forma en que opera el Sistema Nacional de Emergencia 911, que es una importante herramienta para combatir el crimen

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Honduras, tercer país en el mundo con mayor vulnerabilidad climática

Honduras figura entre los países de mayor vulnerabilidad climática en el mundo, según un artículo de dos expertos.

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Xiomara: “Sin reformas electorales no habrá elecciones”

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro , aseguró que sin reformas no van a haber elecciones.

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La presión del Estado logró sacar a los muertos de Azacualpa y autorizó la destrucción de la comunidad

Las calles polvorientas son el anuncio de que algo anda muy mal en Azacualpa, Copán, en el Occidente de Honduras. Pero la presencia de altos funcionarios del Esatdo de Honduras que presionaron por la firma de un convenio, es todavía más graves, es un mal presagio.

La comunidad de Azacualpa está en manos de los buitres y ven en el oro la oportunidad para llenar los bolsillos a costa de matar el medio ambiente, enfermar a la gente y sacar a los muertos de su quietud.

En efecto al adentrarse en la comunidad la actividad de la minera Aura Minerals no deja un minuto libre para que los pobladores puedan tener paz. El polvo combinado con metales pesados  pulula en el ambiente.

Esta empresa trabaja 24 horas, los siete días de la semana para arrancar de las entrañas de la tierra el deseado oro que le dejará millonarias ganancias a la compañía, pero destrucción y muerte a las comunidades, así como pérdidas económicas al país, por la falta de control de los recursos  por las instituciones del Estado que deberían hacerlo, sin embargo el poder minero en el país ha logrado muchas cosas, entre ellas esa ausencia de una auditoría estatal la cual sí se aplica a las pequeñas empresas hasta asfixiarlas.

Minerales de Occidente, MINOSA, es subsidiaria de Aura Minerals, una transnacional canadiense que extrae alrededor de 344 mil onzas de oro al mes en una explotación a cielo abierto.

Según lo expresaron varios pobladores helicópteros llegan los fines de semana a traer el mineral, nadie controla cuánto llevan. Ese promedio de onzas  del metal podría ser mayor, pero quién lo sabe?.

Para separar el oro de la piedra  se utiliza agua con cianuro, un proceso llamado lixiviación, práctica utilizada también por otra empresa minera canadiense, “Entremares”, en el Valle de Siria, hace algunos años los que dejó graves problemas de salud a sus habitantes y ha dañado seriamente el medioambiente.

La pobreza del departamento de Copán contrasta con la riqueza natural, el oro se encuentra en la zona, pero la gente le queda como “recompensa macabra” más pobreza, desplazamiento y persecución de líderes.

La presión trabajó igual que la minera 24 horas los siete días de la semana

El 29 de julio recién pasado  pasosdeanimalgrande.com en compañía de la organización ACI-Participa llegaron al sector. El gobierno convocó a una reunión pero la canceló a última hora, ante la presencia de invitados que no considera sus aliados.

Una reunión con los pobladores y la Asociación de Organismos no Gubernamentales, ASONOG,  en las primeras horas de la mañana,  mapearon los tremendos daños que la minera está provocando, con la complicidad de las distintas instituciones del Estado de Honduras, que utilizan el aparato gubernamental para ejercen la presión contra los ciudadanos y ciudadanas para que la empresa no tenga ningún tipo de resistencias y pueda destruir cuanto encuentre a su paso.

La reunión de ese día era que para la comunidad de Azacualpa aceptara y firmara por las buenas o por las malas un documento que le dejaría total control del territorio a la minera Aura Minerals, una empresa canadiense que ha permanecido unos 30 años en el país, durante los cuales ha cambiado de nombre para lavar la cara sucia que ha dejado al convertir en fantasmas a pueblos enteros los cuales desalojó con la complicidad de las autoridades de los diferentes gobiernos.

La impotencia se palpa a cada tramo que se avanza. Guardias de seguridad agitan sus armas cuando ven a gente extraña en el lugar. “Prohibido tomar fotografías aquí”, dijo uno de ellos cuando se estaba pasosdeanimalgrande.com documentaba la destrucción.

La minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de cianuro para separar el oro del material removido, deja un dique de colas repleto de compuestos tóxicos que no son degradables. El cianuro es extremadamente tóxico para las plantas y los animales. Derrames de esta sustancia mata la vegetación, afectar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. El cianuro puede ser absorbido por los animales a través de la piel, ingerido o aspirado, de acuerdo a una publicación de Vida Laboral.

Silencio sepulcral, un cerco informativo ahoga la verdad

La información de lo que realmente está ocurriendo en Azacualpa no circula en medios de comunicación de la zona. El acceso a la información está vedado, los pobladores señalan que por una parte es que hay miedo de los periodistas y por el otro hay muchos contratos de publicidad circulando. Otros periodistas han sido amenazados- El crimen contra el periodista German Rivas en el 2003, sembró el temor para hablar del tema.

Se informó por parte de los líderes de Azacualpa que el gobernador de la zona juramentó un patronato paralelo, pero al ver que no podía ocultarlo, entonces también lo hizo con un comité comunitario municipal, creado por él mismo.

El  Embajador de Canadá, Michael Gort y el Consejero para la Responsabilidad Social Empresarial, llegaron a la zona desde el 29 de julio , el gran interés a qué se debía? , era para respaldar a la empresa y empujar la presión,  o en realidad tenía interés genuino en revisar las actuaciones de la minera de capital canadiense  que violenta la cláusula de derechos humanos establecida a las empresas por Canadá?.

El alcalde de La Unión conformó y juramentó un Comité de Desarrollo Comunitario de Azacualpa, el cual está nombrado de manera impositiva e integrado por personas de la empresa minera y ex-directivos del patronato. Este Comité no tiene derecho de representar la comunidad por varias razones, dijeron los líderes comunitarios.

En la zona hay 24 caceríos afectados,  aparte de San Andrés Minas, San Juan y Platanares

Las tres décadas de permanencia de esa empresa ha dejado pueblos fantasmas e irrespeto a los muertos, “ hace unos años sacaron

El uso del derecho penal para sembrar el miedo

No cabe duda que la empresa jugó con balón adelantado, teniendo a su lado a los jugadores más experimentados para mover la pelota: al Estado de Honduras y a los medios de comunicación. Esa gigantesca ola de presión orilló a que la empresa por fin obtuviera un convenio donde se compromete a darles el sol, la luna y las estrellas a los pobladores.

La destrucción total será rápida, en menos de tres años la transnacional se ha propuesto sacar a  los muertos del cementerio, a los pobladores de sus casas y llevarse el oro de Honduras.

Una comisión estatal nutrida que llegó el 11 de agosto,  ayudó a la empresa  para tal fin, desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, el Ministro de Gobernación Justicia y Derechos Humanos, Leonel Ayala, la designada presidencial Rosana Guevara, entre otros funcionarios del gobierno central sumado al alcalde y el gobernador departamental .

En ninguna parte del convenio se habla de proteger la vida de las personas que estarán sometidas a tragar metales pesados, tampoco se garantiza la protección del medio ambiente, no cabe duda que ganó el capital y se enterró la vida.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1484-la-presion-del-estado-logro-sacar-a-los-muertos-de-azacualpa-y-autorizo-la-destruccion-de-la-comunidad

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El comisionado de DD.HH. dice que la impunidad obstaculiza el desarrollo de Honduras

Tegucigalpa – La impunidad y la corrupción que prevalece en Honduras se han convertido en los principales obstáculos para el desarrollo sostenible del país al reinar sobre los derechos de la población, dijo en entrevista con Efe el Comisionado de los Derechos Humanos en esta nación, Roberto Herrera.

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MASIVO PRELANZAMIENTO PRESIDENCIAL DE LIBRE EN TEGUCIGALPA

El partido Libertad y Refundación (Libre), mostró músculo este día en la capital hondureña, tras convocar a su militancia a un plantón frente a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exigiendo las reformas que permitan el triunfo de su candidata presidencial Xiomara Castro.

 

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1662-masivo-prelanzamiento-presidencial-de-libre-en-tegucigalpa

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IMPUNIDAD ANULA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN HONDURAS

El alto grado de impunidad que impera en Honduras es la causa principal para que no haya procesos garantizados en materia de investigación criminal de los médicos forenses, según el especialista en criminología, Denis Castro Bobadilla.   

“Nunca hubo un concurso para seleccionar personal idóneo, porque todos los que han entrado a la institución forense, han sido por recomendación política”, por eso el experto ve positivo que la Maccih traiga del extranjero el personal idóneo para investigación criminal.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El especialista en medicina forense, el doctor Denis Castro Bobadilla se ha pronunciado sobre el anunció de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), sobre la llegada de médicos forenses extranjeros para investigar casos criminales en el país.

Castro denuncia que en Honduras “nunca se hace la investigación criminal como debe hacerse” y agrega que el anuncio de la Maccih deja entrever que la impunidad es la principal causa del poco interés en llegar al fondo de los temas delictivos.

Asegura que el organismo internacional tiene que solicitar al Colegio Médico de Honduras, un permiso para poder traer a los expertos, ya que es la única institución estatal que puede aprobar la entrada de profesionales de medicina, sobre todo, si entran para ejercer la profesión.

Castro lamenta que la población perdió la confianza en las autoridades por todos sus fallos y “la impunidad creció mucho en casos graves y aún no hay respuestas claras”.

En tanto a la labor de la Maccih para elegir los profesionales que vendrán al país, manifiesta que se siente positivo sobre la decisión del órgano “nunca hubo un concurso para seleccionar personal idóneo, porque todos los que han entrado a la institución forense, han sido por recomendación política”.

Sin embargo lamenta que a pesar de las ventajas que representa tener personal extranjero, no es lo más recomendable, ya que en el país hay muchos profesionales que actualmente están desempleados.

En cuanto a crímenes violentos, el Ministerio Público admite que de todos los procesos criminales que se suscitan en territorio hondureño, apenas investiga el 20 por ciento del total, y esa es una de las principales causas de la impunidad en Honduras, el 80 por ciento de crímenes no se investiga.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1631-impunidad-anula-investigacion-criminal-en-honduras

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ONU critica negligencia del gobierno hondureño por no esclarecer crimen de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Comité Contra la Tortura de la ONU cuestionó hoy a la delegación de Honduras porque no entregó el informe sobre los avances respecto al asesinato de la dirigente indígena y ambientalista Berta Cáceres.

Un cable de la agencia EFE relata que el organismo especializado de Naciones Unidas quedó esperando el informe que debió proporcionar el gobierno hondureño en el que sindica a un militar por la ejecución de la ambientalista ocurrido en marzo anterior.

“El Comité esperaba informaciones adicionales sobre las investigaciones para sancionar a los autores de ese crimen -que conmocionó a la comunidad internacional de derechos humanos- durante la presentación en Ginebra del informe periódico de Honduras sobre la aplicación en este país de la Convención Contra la Tortura”, reseña la agencia española.

Otro aspecto sobre el cual el grupo de expertos se pronunció en sus conclusiones finales, prosigue el cable, tuvo que ver con las continuas “amenazas, agresiones y otros actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, así como la aparente impunidad de la que gozan los responsables”.

Cáceres fue ejecutada por militares la noche del 3 de marzo en un punto de la occidental ciudad de La Esperanza; la ahora occisa se había opuesto de manera rotunda a la construcción de la represa Agua Zarca, propiedad de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).

Por este crimen, cinco personas guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara y están a la espera que sean enjuiciados.

Origen: http://confidencialhn.com/2016/08/12/onu-critica-negligencia-del-gobierno-hondureno-por-no-esclarecer-el-crimen-de-berta-caceres/

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Doris Gutiérrez: “Gobierno le ha metido tres goles a la MACCIH”

La diputada del Congreso Nacional (CN), Doris Gutiérrez, aseguró que el gobierno le está ganando el partido a la MACCIH.

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Por firma de Acuerdo, estudiantes criminalizados reciben carta de libertad definitiva

“Hemos demostrado que no somos ni vagos ni delincuentes, somos estudiantes consientes” expresó este día al recibir su carta de libertad definitiva Daniel Moya, estudiante universitario criminalizado por defender el derecho a la educación pública en Honduras, junto a un grupo de 18 compañeros más.

Los 19 Estudiantes fueron acusados por los delitos de usurpación, sedición y daños en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, donde se realizaba una protesta social, sostenida por dos meses, en exigencia de un diálogo para tratar el tema de las reformas académicas y la no privatización de la educación.

El 1 de julio, tras un desalojo violento, un contiene de policías preventivos entraron a la UNAH, llevándose a 22 estudiantes detenidos a la Dirección Policial de Investigación, DPI, en ese instante también empezó a circular una orden captura contra los líderes estudiantiles Ariel Alejandro Álvarez Cinthia Rosibel Flores, Jorcky Melissa Madrid, José Adonai Pineda, Luis Carlos Rivera, Edwin Adalid Santamaría, Gabriela Berenice Cubas, Génesis Fabiola Chávez.

Defensores en linea

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Alerta: GOBIERNO APROBARÁ “LEY DE CONSULTA” MARGINANDO A PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS DE HONDURAS

Luego de su participación en la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, que se llevó a cabo en el mes de junio de este año, en Ginebra, Suiza, el gobierno de Honduras informó de la conformación de una mesa técnica interinstitucional del Convenio 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la elaboración de una Ley de Consulta. Se trata de una Ley que el gobierno aprobará 21 años después de que el Estado de Honduras ratificara el Convenio 169 y de que, como nunca en la historia del país, se registraran conflictos territoriales en poblados indígenas, negros y no indígenas (que han dejado líderes y lideresas asesinados), propiciados por el fortalecimiento de una política de concesiones que ha puesto a merced de las grandes corporaciones internacionales y nacionales, los bienes naturales y comunales del país, de forma inconsulta.

– See more at: http://cespad.org/?q=alerta-gobierno-aprobar%C3%A1-%E2%80%9Cley-de-consulta%E2%80%9D-marginando-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-negros-de-honduras#sthash.4ZPBcSMW.15MO5Gjd.dpuf

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Estado de Honduras es examinado por el Comité contra la Tortura en Ginebra

Por: Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional (ERIC)

El sistema de protección convencional de derechos humanos de las Naciones Unidas está constituido por un núcleo duro de nueve tratados, dos de los cuales son de carácter general -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, y 7 de carácter específico, entre los que se encuentra la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (la CAT por sus siglas en inglés).

La CAT establece la creación del Comité contra la Tortura que es un órgano de control formado por expertos y expertas independientes, y entre sus funciones se encuentra supervisar la aplicación de la CAT mediante el examen de informes periódicos que los Estados Partes deben presentar ante él y sobre los cuales el Comité realiza las recomendaciones pertinentes en forma de observaciones finales.

El Estado de Honduras ratificó la CAT el 5 de diciembre de 1996 y desde ese momento asumió la obligación de presentar ante el Comité contra la Tortura informes periódicos sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que haya adoptado para implementar las disposiciones del tratado. Honduras presentó su primer informe en el año 2009 y durante los días 27 y 28 de julio el Comité contra la Tortura examinó el segundo informe estatal.

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Indignados piden al TSE revisar acciones del Partido Nacional por violar la Ley Electoral – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Los líderes del movimiento “Honduras Indignados Somos Todos”,  presentaron este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una petición para que se revisen los actos realizados por el Partido Nacional el pasado domingo por ser violatorios a la Ley Electoral. SE SOLICITA REVISION DE ACTOS REALIZADOS POR EL PARTIDO NACIONAL […]

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Tras anuncio de retiro de militares de las calles, política de seguridad de actual gobierno se evidencia fracasada

“El anuncio del retiro militar de las calles hondureñas para el último trimestre del presente año, se podría calificar como un fracaso de la política del gobierno de querer resolver los problemas de seguridad del país, delegándole responsabilidades policiales al ejército, y militarizando la sociedad”, indicó el analista Hermilo Soto.

Aunque no se ha brindado más detalles al respecto, el anuncio fue hecho esta semana por la viceministra de Derechos Humanos,  Karla Cueva,  en la ciudad de Ginebra,  Suiza, donde Honduras presentó su segundo informe al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Con la aprobación del proyecto de Ley para la creación de la Policía Militar del Orden Público, cuyos escuadrones hicieron sus primeras apariciones el 15 de septiembre del 2013 en San Pedro Sula y Tegucigalpa, la polémica no se hizo esperar al extremo de considerar que esta medida significó un retroceso de al menos 35 años en materia de desmilitarización de la sociedad hondureña.

“Esta promesa de retirar los militares de las calles fue hecha a cambio de tener acceso a las ayudas que la comunidad internacional ha prometido al Gobierno y no porque el presidente Juan Orlando Hernández esté interesado en desmilitarizar la sociedad”, indicó la abogada Tirza Flores, de la Asociación de Jueces por la Democracia (ASJ).

De acuerdo a Flores, a pesar de la  promesa genera expectativas y le tocará a la sociedad civil comprometerse y estar vigilante para que desde la administración de Gobierno nacionalista se inicie un verdadero proceso de desmilitarización de la sociedad.

“Que se retiren los militares de las calles ha sido una exigencia permanente del pueblo hondureño, sin embargo la decisión del gobierno, la hizo atendiendo los reclamos de los organismos internacionales defensores de derechos humanos”, indicó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Por otro lado el analista Domingo Godoy, aseguró que la Policía Militar estaría en dudas que desaparezca totalmente  porqe tiene su característica propia, es un brazo armado al servicio de una elite que ostenta el poder absoluto en el país,   señaló que viene de un poder fáctico cuyo discurso público es proteger a la ciudadanía lo cual no es cierto.

Exigencia internacional 

Entre las exigencias internacionales para desmilitarizar el país resalta  la realizada el pasado 14 de junio de 2016 por cuatro congresistas demócratas quienes presentaron a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos  un  proyecto de Ley denominado Ley Berta Cáceres.

La Ley busca suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que paren las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán.

La aprobación de la Ley Berta tendría un impacto directo en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de Estados Unidos, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el país norteamericano actúa como aval.

Esta iniciativa de Ley, exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la República, que proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.

Violadores de derechos humanos 

En Honduras hay evidencias suficientes que indican que con la participación del ejército en acciones policiales a nivel nacional se han incrementado las violaciones a los  de derechos humanos por parte de los soldados. Sin embargo, en la actualidad a pesar del proceso de depuración policial; la corrupta e inefectiva policía del país también se presenta como una alternativa poco fiable para combatir la inseguridad generalizada.

Según datos recolectados  entre los años 2012 y 2014, militares hondureños estuvieron implicados en al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales. Actualmente, al menos 24 soldados están bajo investigación por cargos relacionados con nueve casos de homicidios.

Quienes apoyan la participación de militares en tareas policiales afirman que esto ha contribuido a la reducción de la tasa de homicidios en Honduras, que en el 2012, según estimaciones de las Naciones Unidas, era de 86 asesinatos por cada cien mil personas.

Sin embargo de acuerdo a un reciente informe de Human Right Watch: Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años.

Si bien la participación del ejército hondureño en funciones de policía a nivel nacional no es lo ideal, la solución alternativa resulta ser igualmente funesta con la policía existente. “Esperamos que de aquí a noviembre el proceso de depuración policial tenga los avances esperados y a partir de allí tengamos a policías honestos, responsables, cercanos a la ciudadanía, respetuosos de los derechos humanos y unidos a otras políticas públicas y así  la inseguridad irá desapareciendo, pero como sociedad tenemos que ser vigilantes y exigentes para que esto se logre”, concluyó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Las promesas del Estado quedan en el aire y tanto la sociedad civil como organizaciones populares deben vigilar el proceso de desmilitarización que ya asumió el Estado a partir de esta comparecencia ante los organismos internacionales.

Origen: Tras anuncio de retiro de militares de las calles, política de seguridad de actual gobierno se evidencia fracasada

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