El abogado Guillermo López Lone denunció este martes 08 de diciembre en un hotel capitalino que hasta esta fech, el Estado hondureño no ha dado respuesta al cumplimiento de la sentencia de organismo regional de justicia, misma que fue notificada desde el pasado 05 de octubre.
Agregó que los juristas afectados hasta el momento sostuvieron una plática con el Sub Procurador de la República pero sin que exista algo en concreto, además calificó el actuar de parte del Estado como “lamentable y muestra una actitud desinteresada en el cumplimiento”.
El afectado explicó que el carácter de la sentencia es de carácter vinculante, “lo que pasa en nuestro caso es igual que a las víctimas de sentencias condenatorias contra el Estado, éste se toma su tiempo y esto genera una situación de revictimización”.
Junto al entrevistado están los jueces Luís Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza Flores Lanza.
Los anteriores forman parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD), organización que se opuso firmemente al rompimiento del orden constitucional en junio de 2009.
La Corte IDH reconoció en la sentencia que hubo violación entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático. “En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta”.
El abogado López Lone informó que en base a lo estipulado en el Código Civil, existe la figura del principio de repetición, es decir que un funcionario que le causen un daño o un perjuicio al Estado de Honduras por incumplimiento de responsabilidades, este funcionario deberá pagar por los delitos cometidos.
CIDH demanda cumplimiento
Durante la visita al país del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), Emilio Alvarez Icaza, manifestó que el cumplimiento de esta sentencia, mostraría una buena voluntad por parte del Estado hondureño para fortalecer su actual sistema de justicia.
El también jurista destacó que es la primera que este organismo –Corte IDH- se pronuncia “tan claramente” en relación al Golpe de Estado cuando menciona que tanto los jueces como la magistrada no solo tenían el deber sino la obligación de defender la democracia.
“El Estado está obligado en atención a sus principios y compromisos internacionales a atender este tipo de resoluciones y así dar muestras de transparencia y rendición de cuentas” acotó Alvarez Icaza.
Para el actual proceso de la nueva conformación de la Corte Suprema de Justica, (CSJ), en enero próximo, el Secretario Ejecutivo de la CIDH instó a la Junta Nominadora y al Congreso Nacional a que tomen en cuenta esta sentencia y que sirva como medición para la presentación final de la nómina de aspirantes a magistrados y magistradas, ante las constantes denuncias contra quienes participaron en el despidos de los jueces y la magistrada.
Antecedentes
Julio 2009: Los jueces y la magistradas asistieron a una movilización popular, que esperaba el retorno al país del presidente constitucional Manuel Zelaya, quien había sido separado del poder por el golpe de Estado cometido en su contra el 28 de junio de ese mismo año.
Julio 2010: La Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia y el derecho Internacional, (CEJIL), presentan el caso de los jueces y la magistrada despedidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Marzo 2014: La CIDH eleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
02 y 03 Febrero 2015: El esta hondureño comparece ante la Corte Interamericana para responder por el despido de los jueces y la magistrada.
05 Octubre 2015: La Corte emite la sentencia en la que ordenan al Estado el reintegro de los jueces y la magistrada despedidos por su oposición al Golpe de Estado de junio de 2009.
En su Sentencia, la Corte, de manera preliminar, resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos en la Carta de la OEA. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de ilegitimidad internacional se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y la democracia. Estas actuaciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.
Honduprensa 