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Consulta indígena expone más violaciones a los derechos del pueblo Lenca

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Los que amenazan al pueblo indígena de La Paz, son los mismos que en los 70 y 80 servían de “orejas” a policías y miliares

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En marco de foro internacional balacean campesino en Tegucigalpa

Por Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En el marco del Foro Internacional contra la criminalización de los campesinos la noche de este martes ha sido atacado a balazos el dirigente campesino del departamento de La Paz, Carlos Geovany López. La información fue brindada por el diputado de Libre y coordinador de la Vía Campesina en Honduras, Pedro […]

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Asesinan a otra ambientalista y luchadora social en La Paz

Tegucigalpa.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),  Bertha Oliva, lamentó profundamente el asesinato de la ambientalista y luchadora social, Lesbia Yaneth Urquía Urquía.

En estos momentos corren riesgo los liderazgos locales en el país, porque la apuesta es muy clara y es la de atemorizar a los pueblos desde sus bases para inmovilizar a las comunidades, sostuvo la defensora de los derechos humanos.

Bertha Oliva dijo  a http://www.defensoresenlinea.com que el tema del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) es muy sensible porque asesinaron a su máxima dirigente Bertha Cáceres y luego se ha presentado este asesinato.

Creo que hay una apuesta a desmovilizar al pueblo que se levanta a reclamar y a defender derechos,  sostuvo Oliva.

“Yo estoy preocupadísima por los defensores de territorios, de las defensoras del medio ambiente, de los que hacen la defensa de la tierra en el interior del país; mi preocupación ahí radica, en esos defensores y en esas defensoras, subrayó la Coordinadora General del COFADEH.

El dirigente del Movimiento Independiente Indígena de La Paz (MILPAH), expresó que Lesbia Yaneth era una mujer muy solidaria, que colaboraba con víveres a los indígenas lencas en las reuniones que llevaban a cabo y que expresaba su rechazo a la construcción de represas en la zona.

Lesbia Yaneth era una mujer empresaria, emprendedora y luchadora social de origen lenca, era maestra de profesión, se opuso al golpe de Estado y se declaraba en contra del represamiento de los ríos.

Desde el exilio el periodista Félix Molina se refirió a Lesbia Yaneth y escribió en su cuenta de facebook: “….En 2009 y hasta 2014 exigía a Carlos Galeas que retransmitiera el programa RESISTENCIAS en Radio Marcala. Y lo logró. Un día fui a conocerla a instancias de Suyapa, Laura, Carlos y Lorena, y me hospedó en su hostal; nos invitó a comer en su casa con su familia, y ahí declaró su compromiso total con la transformación de Honduras. Aquella noche conocí a una mujer empresaria con visión de futuro, alegre y optimista, fuerte y decidida, defensora de la sierra. Un ser libre constructora de Matria cuya muerte me hiere en el fondo….” !No al represamiento de sus ríos, compita!

En un comunicado el COPINH subraya que:…”La compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López”..

Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del concesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz.

El asesinato de Lesbia Yaneth se produjo a 4 meses del crimen de Berta Cáceres

El asesinato de Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5 de julio, sostiene el comunicado.

Añade que este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH, expresa el comunicado.

“Conociendo los riesgos que implica cada día más hacer un trabajo de defensoría de derechos humanos, debemos aplicar medidas de precaución, conocer el entorno y conocer los niveles de criminalidad e impunidad, esa es la tarea”, advirtió Bertha Oliva.

El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía Urquía presentaba un trauma encéfalo craneal abierto producido por un objeto contuso cortante y fue encontrado el miércoles 6 de julio  en un lugar conocido como Mata Mulas, cerca del botadero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz.

Según la policía, Lesbia Yaneth salió de su casa en una bicicleta el martes 5 de julio alrededor de las 5:00 de la tarde y nunca regresó a su hogar.

La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta.

Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

El COPINH exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y miembras y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato del Lesbia Yaneth y de Berta Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad.

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Presidente de “Vida Mejor” de La Paz amenaza a muerte a Indígenas

Indígenas de la comunidad de Simpinula, Santa María, departamento de La Paz, interpusieron una denuncia por las amenazas a muerte recibidas de Jorge Adalberto Aguilar presidente del programa “Vida Mejor” de ese lugar.

Vida Mejor es un programa asistencialista del gobierno de Juan Orlando Hernández que tiene como objetivo mantener una imagen ficticia de la realidad que viven las  familias pobres en Hondura, con fines político-electorales.

El coordinador del Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Víctor Vásquez , se presentó a la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público, porque afirmó que es la segunda vez que el activista nacionalista amenaza su vida y la de cinco más de sus compañeros.

Narró que un día que se encontraron con Aguilar, los indígenas le pidieron que les hicieran la carretera; ya que a otros cafetaleros se la habían hecho y que ellos la necesitaban para trabajar, porque Vásquez es cafetalero y pertenece a la Asociación de la que Aguilar es el presidente.

Debido a los conflictos que han existido entre el gobierno local y los indígenas, una de las personas que no está de acuerdo con la existencia del “Consejo Indígena” es Aguilar, “van dos veces que me amenaza, la primera nos llamaron de los juzgados para conciliar y lo perdone porque andaba borracho, pero ya no se puede, sino puede llegar a matarme, la vez que nos encontramos se me vino encima con un machete, rozo a mi hermano y a mi hermana le quebró los dientes, porque ellos se metieron a defenderme”, expuso Vásquez.

Los indígenas del lugar a través del Consejo Cívico tienen un cogobierno dirigido por su cosmovisión; tienen el control de los territorios ancestrales y se oponen a las concesiones de los ríos, montañas y minería a cielo abierto, para que las empresas extractoras o hidroeléctricas no se aprovechen de sus recursos naturales, sin la debida consulta a las comunidades; “Jorge va a sacar arena y piedra del rio Caña, para ir a venderla” alegó el dirigente.

Vásquez continúo con su relato diciendo que después del atentado en contra de su persona, Aguilar interpuso una denuncia contra él y cinco personas más, de las que tres ni siquiera se encontraban en el lugar que sucedió el hecho; pero que por ser del movimiento MILPAH, los “metió en el mismo saco”.

La denuncia de Aguilar interpuso en los Juzgados de Paz, es que supuestamente quisieron quemarle un tractor, contra Víctor Vásquez, José Santos Nicolás (ha denunciado las irregularidades de la alcaldía), Esteban Castillo Lorenzo (no estaba), Pastor López Cabrera (no estaba), Marcos Efren López (no estaba) y José Martin Gonzales (subcoordinador del movimiento). La citación en los juzgados de Paz fue para el 17 de junio del presente año.

“Jorge tiene medidas sustitutivas porque formó un grupo para usurpar nuestras tierras y agarrarse el título, otro que se aprovecha es Henry Padilla que con fotocopias de títulos despoja a los indígenas y vende las tierras” denunció el lenca.

Vásquez mencionó que otro de los personajes que los sigue para “desarmar” al Consejo es Julián Cálix Lorenzo, es reservista activo en los años 80s.

Discriminación y Vida Mejor

El coordinador Vásquez describió que existe discriminación en contra de las y los indígenas especialmente si pertenecen a MILPAH, porque Jorge Adalberto Aguilar los desestima del “Programa Vida Mejor”, les niegan los beneficios que otorga esta actividad.

¿Qué es Vida Mejor?, En una entrevista a un medio de comunicación la periodista Roxana Guevara dijo que Vida Mejor “Es el sentido y el espíritu de la campaña del Partido Nacional”, Prensa digital del 18 Septiembre 2013.

¿Carnada?, Mientras que criterio.hn otro periódico digital público que “la encuesta se realizó el pasado fin de semana y mientras se desarrollaba, los líderes de base del partido en el poder, repartían la “Bolsa Solidaria”, como una medida para atraer a sus adeptos, especialmente a aquellos de bajo estrato social, que en agradecimiento cedieron en responder las interrogantes”.

La metodología usada por los nacionalistas va abiertamente dirigida para incidir en la reelección de Hernández, ya que las preguntas lo hacen ver como el mejor gobernante que Honduras ha tenido en la historia y por lo tanto se crea la necesidad que debe ser reelecto de inmediato.
“Nos hemos dado cuenta que están llegando a las comunidades para ofrecerles el bono diez mil, ponen a los indígenas a firmar listas, les piden la identidad, y esto es para completar las un millón de firmas para la reelección de Juan Orlando Hernández”, denunció Vásquez.

Convenio 169

Uno de los conflictos en las comunidades de La Paz es que quieren que catastro ingrese al territorio. La Dirección General de Catastro y Geografía, como tal, tiene su origen con la emisión de la Ley de Propiedad, Decreto 82-2004, que forma el Instituto de la Propiedad, del cual depende esta Dirección. Sin embargo la estructura técnica de la DGCG; ya estaba formada, ya que en su origen esta surge de la fusión del Instituto Geográfico Nacional y la Dirección Ejecutiva del Catastro.

A lo cual los indígenas invocan el Convenio 169 de la OIT que contiene un capítulo dedicado a la cuestión de la tierra, término que contiene al concepto de territorio, que implica la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera.

En ese capítulo, se indica los derechos de los pueblos indígenas a: La propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, y en casos particulares, de tierras en las que realizan sus actividades tradicionales y de subsistencia como los pueblos nómadas y agricultores itinerantes. Los gobiernos tienen la obligación de proteger esos derechos, y delimitar esas tierras (Art. 14).

A utilizar, administrar y conservar los recursos naturales existentes en sus tierras; y en caso de que los minerales o recursos del subsuelo sean propiedad del Estado, a ser consultados y otorgar, o no consentimiento a los gobiernos antes de que emprendan cualquier proyecto de explotación, a participar de los beneficios y a ser indemnizados por los daños que puedan generar (Art. 15).

A no ser trasladados de las tierras que ocupan. Y en los casos que hayan sido trasladados por causas mayores y con su propio consentimiento, tienen derecho a: recibir tierras de calidad igual o mejor a las anteriores, que garanticen su desarrollo y con títulos de propiedad; o a ser indemnizados; y a regresar a sus tierras tradicionales cuando cesan esas causas.(Art. 16).

Obligación Estatal

El Convenio 169 contiene un capítulo dedicado a la cuestión de la tierra, término que contiene al concepto de territorio, que implica la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera. En ese capítulo, se indica los derechos de los pueblos indígenas a: Respetar la relación de los pueblos indígenas con sus territorios, y los aspectos colectivos de esa relación (Art 13); Proteger los derechos de propiedad de las tierras por parte de los pueblos indígenas, y delimitar esas tierras (Art. 14).

Sancionar las intrusiones no autorizadas a tierras indígenas, y todo uso no autorizado de sus tierras por personas ajenas a ellos (Art. 18); y Garantizar mediante los programas agrarios nacionales condiciones equivalentes a las de otros sectores de población, asignando tierras adicionales a los indígenas en caso de que éstas sean insuficientes para su existencia o para hacer frente a su crecimiento, y otorgar los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que ya poseen (Art. 19).

Respuesta Fiscalía

La profesional del derecho de la Fiscalía de las Etnias procedió a elaborar un escrito en donde le piden a la Jueza Nesly A. Hernández García del Juzgado de Paz de Santa María, La Paz, que envié: “la copia certificada del expediente que se lleva en el juzgado por denuncias de supuestas faltas contra las personas interpuesta por Jorge Adalberto Aguilar interpuesta en contra de Víctor Vásquez”.

Origen: Presidente de “Vida Mejor” de La Paz amenaza a muerte a Indígenas

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Aumenta la criminalización en comunidades indígenas Lencas de La Paz

En los últimos días se ha incrementado la criminalización de parte del Estado y autoridades locales a raíz de que la población se está empoderando de sus derechos y reclaman la liberación del territorio de las empresas transnacionales mineras, hidroeléctricas y eólicas, ya que al no consultar al pueblo lo consideramos como una intervención, represión o criminalización, y salimos a las calles a decirles que se retiren, que ahí no tienen nada que hacer, y vienen los conflictos, denunció Martín Gómez Vásquez, sub coordinador del Movimiento Indígena Lenca de La Paz- Honduras, MILPAH.

“Por ejemplo en Chinacla –municipio de La Paz- la presidenta del Partido Nacional y diputada  Gladys Aurora López  y su esposo Arnold Castro, pretenden la construcción de una represa hidroeléctrica, por ese proyecto hay personas a favor y en contra del Consejo indígena”, denunció Vásquez.

Entre las inseguridades es que, hace dos semanas, personas encapuchadas dispararon en cuatro ocasiones con arma de fuego, durante la noche en la casa de la lideresa Ana Iris Romero y su esposo Rosalío Vásquez. Cabe mencionar que días después Ana Mirian, viajó a Irlanda a recibir el reconocimiento “Defensores en Riesgo” que otorga Front Line Defenders, por su constante lucha en la defensa de los derechos del pueblo indígena Lenca en Honduras.

Esta familia ha sufrido varios intentos de asesinato, incluso a inicios de este año, les quemaron su vivienda, y por temor los niños debieron dejar la escuela;  pero eso no es suficiente ya que hay personas extrañas viviendo en su misma comunidad, y se les toma como infiltrados de parte de quienes apoyan los proyectos sin consulta previa, que afecta nuestro territorio, manifestó Martín.

Nos han dicho que hay demandas contra grupos indígenas, esto se origina por un enfrentamiento de parte de las autoridades del municipio de Aguanterique, quien demandó al Consejo Indígena que lucha por sus derechos y la defensa a los derechos humano, a nosotros nos protegen convenios y Tratados Internacionales.

Otro caso donde el alcalde ha atacado arbitrariamente a comunidades indígenas es en San Pedro de Tutule, a quienes los acusan de “roba tierras” pero nosotros vivimos ahí desde siempre, ellos, los que llegan son los roba tierras.

Cuando hay empresarios y gobiernos que no respetan ni a su familia, son hechos de unos sistema capitalista que racista, etnocida y ecocida, incapaz de respetar los derechos humanos.

“Nosotros tenemos que fomentar la defensa de los bienes comunes y tener en cuenta que los ricos sólo buscan que los pobres desaparezcan, hay que levantar una misma voz, que nos unamos, porque los ricos nunca van hacer un proyecto que nos favorezca, solo les interesa el montón de dólares que vienen del extranjero”, afirmó el defensor indígena Lenca.

El pueblo lenca que ha sido invisibilizado ahora tienen compañeros criminalizados, presos, asesinados y desaparecidos, para el caso en el municipio de Santa Elena, La Paz, a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Los Encinos hubo cinco muertos solo en el mes de diciembre ya aproximadamente 20 en el departamento el año 2015 por la defensa de su territorio.

La realidad Lenca está llena de pobreza, constante violación de derechos humanos, indignación, una vida que no se le desea a nadie,  “si bien es cierto que somos Lencas, pobres y humildes, que ellos no crean que solo somos para ser parte de una exposición, sino que tenemos derechos ya establecidos, no les pedimos ningún regalo,  sino algo ya establecido2 reiteró el representante de MILPAH, quien ha documentado estos hechos en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Aunque el pueblo Lenca de La Paz, al centro-occidente de Honduras, aspira a la vida que los “ladinos o allegados” les han arrebatado por siglos, en paz y armonía, con sus ideales y creencias, hasta los líderes religiosos católicos y evangélicos, los atacan siguiendo órdenes de los políticos o interés privados, ya que el sacerdote Ángel Galeano de la parroquia de Santa Elena y otro de nombre Ronal, no parecen pastores sino técnicos municipales o un técnico en investigación criminal; hasta puede ser que hasta las confesiones de la feligresía lo transfieren a otro lado, porque lo que hacen es un trabajo de investigación.

Ellos los han sentenciado con excomulgarlos si siguen en afiliados a grupos de defensa de los bienes comunes, y en ese municipio el trabajo de MILPAH es plenamente visibilizado, explicó Martín.

Por lo tanto, nos sentimos desprotegidos, aunque haya personas que tienen medidas  cautelares no se ven efectivas, el caso claro es el de Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de habitación hace tres meses y no se le brindó protección, igual que Ana Mirian y Rosalío Vásquez que tienen medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y son atacados en su propia vivienda.

En La Paz, hay 12 municipios afiliados en MILPAH, en cada uno hay aproximadamente 1000 personas, lo que podríamos llegar a ser 12 mil integrantes, ya que la organización llega a comunidades de forma directa, siendo así fácilmente identificar a las personas ajenas a nuestra lucha.

Si el gobierno quiere hacer algo, que respete nuestros derechos ancestrales

MILPAH ha buscado acercamiento para exponer sus problemas a través del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, con personas de toma de decisión desde el poder político, y es que esas entidades son las encargadas de brindar asistencia técnica, educativa y financiera a las comunidades indígenas lecas, declaró Martín.
Las comunidades están reprimidas, excluidas, criminalizadas, abandonadas y sin ninguna ayuda, por lo tanto queremos exponer nuestras preocupaciones, por ejemplo hay una comunidad que no tiene energía eléctrica, si quieren solucionar el problema pues que empiecen a poner la energía.

Si hay medidas en los pueblos indígenas, son represivas e imponiendo sin previa consulta a las comunidades, como lo establece el marco jurídico internacional y ya están claros los derechos individuales y colectivos,  patrimoniales, indígenas y los de los bienes comunes, en esa parte solo nosotros podemos tomar decisiones, pero se nos está imponiendo un catastro municipal en cuanto a los territorios.

Las comunidades indígenas no necesitan títulos ni personería jurídica para hacer que se respete su territorio, es un derecho ancestral porque nosotros no hemos venido de ningún lado, hemos, vivido aquí, nacimos aquí, nuestros ancestros nacieron, crecieron y murieron aquí, por lo tanto los únicos dueños de nuestros bienes comunes somos nosotros.

Hay un servicio de energía eléctrica a cambio de que los compañeros den permiso a la medición catastral y el pago de impuestos, por lo que ese proyecto viene a dividir la comunidad, territorio, la organización, unidad comunitaria, cosmovisión y su organización, por eso no aceptamos ese proyecto, además que no lo consultaron con nosotros y no aceptamos esa ley.

Los causantes de las divisiones son los alcaldes municipales, así mismo hay una represa hidroeléctrica generando energía que se construyó sin nuestra aprobación, por lo que hemos demandado y esperamos que en cinco o diez años pase a poder de nosotros y decidiremos si sigue o no, porque cada uno de esos proyectos están violentando nuestros derechos ancestrales, así como las 11 empresas mineras en el departamento de La Paz: Cane, La Paz, Yarumela y la zona de San Antonio del Norte que son las que tienen más agua, puntualizó el defensor.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4140:aumenta-la-criminalizacion-en-comunidades-indigenas-lencas-de-la-paz&catid=71:def&Itemid=166

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Denuncian desalojo en Tutule

Este es el escenario que se aprecia después del violento desalojo en la empresa campesina 9 de Julio, de San Pedro de Tutule, La Paz, donde militares, policías y custodios penintenciarios irrumpieron a las 6:00 am el pasado jueves, quemando diez viviendas y destruyendo todo a su paso.

Dos jóvenes resultaron heridos por balas y dos mujeres detenidas, pero al no presentárseles acusaciones, puestas en libertad horas después.

Procuradoras de DDHH del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, fueron a documentar los hechos, así mismo observadores internacionales de DDHH acompañaron el momento en que la CNTC de la cual es miembro el grupo campesino del pueblo Lenca, interpuso una denuncia contra los agresores.

Los hechos inhumanos se dieron en el marco que una delegación internacional de observadores de DDHH de más de 12 países de Europa y América acompañados por el COFADEH, realizaban un gira en La Esperanza y el Bajo Aguán, y que en una de sus conclusiones es que la situación en DDHH en los últimos años, sigue igual o peor, sin que el Estado haga algo por respetarlos.

El pasado 11 de mayo el grupo campesino 9 de julio, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) fue desalojado violentamente de sus tierras, por miembros de la Policía Nacional y el Ejército.

Este grupo campesino está ubicado en el municipio de Tutule en el departamento de La Paz, tiene siete años de estar en el proceso de recuperación de esas tierras.

Durante el desalojo llegaron al menos 12 patrullas de la Policía Nacional y 80 efectivos del Ejército con maquinaria y con órdenes de destruir todo lo que la empresa tenía, Casas y cultivos.

Más de 50 manzanas de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares que hay en cada casa están siendo destruidos totalmente, sin que nadie pueda hacer nada contra el poder que tiene este supuesto dueño de nombre Carlos Arriaga.

El contingente policial y militar destruyo las casas de más de 50 socios de esta empresa campesina.

“Arriaga es apoyado por las autoridades políticas y militares del gobierno en turno y especialmente de las autoridades de la Paz. Las tierras que ocupa la empresa campesina son de naturaleza jurídica ejidal totalmente comprobado por las diferentes inspecciones de campo realizada, la empresa ocupa la tierra por muchos años por tal razón son los verdaderos y únicos dueños, no de este tipo que pretende adueñarse de ellas ya que es familia del alcalde de Tutule Wil Guevara, a quien hemos denunciado en varias ocasiones ya que es un violador de los derechos de los campesinos e indígenas del municipio de Tutule y alrededores” denuncio el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

El desalojo tuvo como consecuencia dos campesinos heridos de bala,” Johnny Alfredo Mejía Torres, Secretario General de la base campesina 9 de Julio y Edwin Murillo, quienes se encuentran fuera de peligro, y Delma Calix y Dania Isabel Reyes Calix quienes fueron detenidas, ellas ya liberadas.

“Esta mañana llegamos a los Juzgados de La Paz, para interponer la denuncia en contra de los policías y militares y el supuesto terrateniente que desalojaron a los compañeros de la empresa campesina 9 de julio” dijo Franklin Almendares, secretario general de la CNTC.

“Las compañeras que fueron detenidas, cuentan como fueron maltratadas sicológicamente por los policías, nos comentaron que sienten temor porque pueden ser perseguidas por parte de los órganos represores de este departamento” argumento Almendares.

Origen: Denuncian desalojo en Tutule

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Discriminación contra indígenas: En Santa Elena, La Paz, solo existe el “dios” de las hidroeléctricas

La iglesia católica de Santa Elena, La Paz, a cargo del “padre Ángel”, no permite que los indígenas lencas aglutinados en el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz, (MILPAH), reciban la hostia, su identificación con el rechazo a que sus ríos sean desaparecidos les deja fuera del “cielo”, en un lugar donde impera el “dios de las hidroeléctricas”.

La hostia conforma el ritual católico  y es una de las partes de la misa. En ella el sacerdote enuncia la institución de la eucaristía por Jesús en la Última Cena.

En la mayoría de las comunidades indígenas prevalece esta religión. En Honduras se utilizó en el tiempo de la conquista española para torturar a los indígenas. En el Occidente de Honduras los chortís cuentan que eran golpeados en la iglesia si usaban su lengua y el despojo se estableció.

El Dios de la diputada Gladys Aurora López

“En Santa Elena el Padre Ángel ya dijo  que quién sea de MILPAH no tiene derecho a recibir la hostia, pero no se queda allí sino que los cabildos que deben servir para consultar a la población son realizados en la iglesia, él cierra el portón a los de MILPAH porque ya nos tiene bien identificados y solo deja entrar a gente que pueden manipular para que diga sí a la hidroeléctrica con la cual estamos en contra porque nos despojan de nuestros ríos”, señaló uno de los pobladores del sector que pidió no mencionar sus nombre por temor a represalias.

El padre Ángel llegó a Santa Elena hace unos dos o tres años, durante su período ha hecho una fuerte alianza con la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López y su esposo Arnold Sánchez, este último aparece como dueño de la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V, una compañía hidroeléctrica que está dejando sin agua al departamento de La Paz y tiene la concesión por más de 30 años, que fue aprobado durante la estadía de la diputada en el parlamento, o sea ha utilizado su influencia para beneficiarse con esta y otra concesión.

El padre Ángel también ha excluido de las actividades de la iglesia a quienes se oponen a esta hidroeléctrica y les conmina a no pertenecer a MILPAH para que tengan los favores del “cielo”.

El año pasado Bertha Cáceres, Coordinadora del COPIN, asesinada el 03 de marzo de este año, denunció que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez había prohibido a los indígenas organizarse en el COPINH o escuchar las radios comunitarias de esta organización.

El artículo 321 del Código Penal establece que: “Será sancionado con reclusión de tres a cinco años y multa de 30 mil a 50 mil  quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena”.

Hasta ahora no hay ninguna persona que haya sido sancionada por ejercer actos de discriminación, a pesar de existir un proceso judicial como es el caso del pastor Evelio Reyes cuyo caso fue sobreseído. Él fue denunciado por discriminar a la comunidad LGTBI.

“Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales” señaló Victoria Tauli-Corpuz, en conferencia de prensa, el 10 de noviembre de 2015, después de una visita a las comunidades indígenas y negras de Honduras.

A pesar de que este informe ha sido público y que le Relatora Tauli-Corpuz expresó tener la esperanza de que se resolvieran estos problemas, el Estado de Honduras dejó en la línea muerta su investigación y seis meses después no ha tomado ninguna medida, eos ha propiciado impunidad y más crímenes contra indígenas por la defensa de sus territorios.

Cardenal ordenó a los feligreses a no organizarse en el COPINH ni escuchar las radios comunitarias:

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Heridos y sin viviendas dejan militares y policías a campesinos en Tutule, La Paz

Desde horas de la mañana llegó un contingente numeroso de policías, militares y custodios del centro penal de La Paz, a desalojar de forma violenta a indígenas campesinos Empresa Campesina 9 de julio en el municipio de San Pedro de Tutule, departamento de La Paz..

Los jóvenes Johnny Alfredo Mejía Torres, Secretario General de la base campesina 9 de Julio y Edwin Murillo, fueron heridos con arma de fuego, posteriormente llevados a clínicas privadas por temor a represalias en el hospital público, ya que los policías y militares les dieron seguimiento, y se teme por su vida.

Mientras que las campesinas Delma Cálix y Dania Isabel Reyes Cálix fueron detenidas en la jefatura departamental de La Paz, y posteriormente liberadas al no presentarse denuncia en su contra.

Al menos diez familias se quedaron sin vivienda producto del fuego propagado por los uniformados, que sin presentar una orden de desalojo irrumpieron en la zona de recuperación a las seis de la mañana en la comunidad La Huerta, que es territorio indígena Lenca y de carácter ejidal, según los registro de Catastro Municipal, informó el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CONTC, Franklin Almendares.

Se denunció la presencia de 12 patrullas de la Policía Nacional y 80 efectivos del Ejército con maquinaria y órdenes de destruir todo lo que la empresa tiene, casas y cultivos. Lo que quedó en las casas que no se incendiaron, fueron recogidas en camiones que llevó el supuesto dueño de las tierras, Carlos Arriaga.

La tierra que cultivan desde hace siete años comprende más de 50 manzanas de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares que hay en cada casa están siendo destruidos totalmente, sin que nadie pueda hacer nada contra el poder que tiene este supuesto dueño de nombre Carlos Arriaga, quien además es pariente del alcalde municipal de Tutule, Wilfredo Guevara, denunciaron los afectados.

Hasta este momento, se informó que las tierras siguen custodiadas por más de cien soldados, y no hay modo de como rescatar algo, si es que aún existen bienes y cultivos, ya que el fuego arrasó con las cosechas próximas como el repollo y otras hortalizas.

“Arriaga es apoyado por las autoridades políticas y militares del gobierno en turno y especialmente de las autoridades de la Paz. Las tierras que ocupa la empresa campesina son de naturaleza jurídica ejidal totalmente comprobado por las diferentes inspecciones de campo realizada, la empresa ocupa la tierra por muchos años por tal razón son los verdaderos y únicos dueños, no de este tipo que pretende adueñarse de ellas ya que es familia del alcalde de Tutule Wil Guevara, a quien hemos denunciado en varias ocasiones ya que es un violador de los derechos de los campesinos e indígenas del municipio de Tutule y alrededores” denuncio el Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores delo Campo (CNTC).

De igual manera, Almendares denuncio que, “llegaron 5 patrullas a la casa del Secretario General regional de La Paz de la CNTC Wilman Chávez, hace unos 20 minutos y lo andan buscando para capturarlo” por lo que el llamado es a los defensores de Derechos Humanos para que se apersonen a la zona y den protección a los compañeros ya que ellos en estos momentos se encuentran huyendo, para salvar su vida y la de sus familiares.

Según información del Instituto Nacional Agrario, las tierras en recuperación pueden ser pagadas por un monto simbólico al supuesto dueño, por 900 mil lempiras, pero Arriaga solicita tres millones de lempiras, pese a que se ha demostrado que no es su auténtico propietario.

Unos 150 hombres armados prendieron fuego a las casas de
Wilman Chavez
Fabricio Velasquez
Melvin Lopez
Inocencio Galeas
Dolores Chica
Carlos Yovany
Johnny Alfredo Mejía Torres
Alejandro Chávez
Esaú Salinas y
Samuel Martínez

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4108:heridos-y-sin-viviendas-dejan-militares-y-policias-a-campesinos-en-tutule-la-paz&catid=54:den&Itemid=171

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Crean patronato paralelo al Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula

Tegucigalpa.

El alcalde del municipio de Santa María, departamento de La Paz, Gabino Argueta, impuso un patronato paralelo al Consejo Indígena Lenca de la comunidad de Simpinula, con el que unas 80 familias no se beneficiarían con el proyecto servicio de energía eléctrica, recién finalizado en ese municipio, por no estar de acuerdo con algunas medidas que ha tomado la corporación municipal en el evalúo de las propiedades de los vecinos de dicha comunidad.

Defensores en linea

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Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca en Taulabé, Sulaco y La Paz

Defensores en linea

Origen: Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca en Taulabé, Sulaco y La Paz

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