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A pocos días de presentarse documento que reconstruye la memoria histórica de Rio Blanco

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CESPAD publicará en septiembre el documento “Río Blanco: una reconstrucción de hechos y experiencias aprendidas en la defensa del Río Gualcarque”

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Gustavo Irías director de CESPAD asegura que se está rediseñando el Estado para reelegir a JOH

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Gustavo Irías,  director de Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), dice que el actual gobierno está rediseñando el Estado con miras a propiciar las condiciones para la reelección de Juan Hernández. Para ello, asegura Irías,  están diseñando el clientelismo político a base de programas sociales asistencialistas que les permita […]

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Gobierno rediseña el Estado para consolidar el proyecto reeleccionista de JOH: CESPAD

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Actualmente en Honduras se lleva a cabo  un  proceso de rediseño del Estado que impulsa una nueva generación del modelo neoliberal  y una política asistencialista basada en la  distribución de bonos  y que concentra el poder en el Presidente de la República, con el propósito  de consolidar su proyecto reeleccionista. […]

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Alerta: GOBIERNO APROBARÁ “LEY DE CONSULTA” MARGINANDO A PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS DE HONDURAS

Luego de su participación en la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, que se llevó a cabo en el mes de junio de este año, en Ginebra, Suiza, el gobierno de Honduras informó de la conformación de una mesa técnica interinstitucional del Convenio 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la elaboración de una Ley de Consulta. Se trata de una Ley que el gobierno aprobará 21 años después de que el Estado de Honduras ratificara el Convenio 169 y de que, como nunca en la historia del país, se registraran conflictos territoriales en poblados indígenas, negros y no indígenas (que han dejado líderes y lideresas asesinados), propiciados por el fortalecimiento de una política de concesiones que ha puesto a merced de las grandes corporaciones internacionales y nacionales, los bienes naturales y comunales del país, de forma inconsulta.

– See more at: http://cespad.org/?q=alerta-gobierno-aprobar%C3%A1-%E2%80%9Cley-de-consulta%E2%80%9D-marginando-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-negros-de-honduras#sthash.4ZPBcSMW.15MO5Gjd.dpuf

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CESPAD: Arrecia la profundización de los conflictos socio territoriales y ambientales.

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ALERTA: LEYES REDOBLAN CONFLICTO AMBIENTAL EN HONDURAS

La periodista Claudia Mendoza del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), ha alertado este día que puede arreciar en el país el ya crítico conflicto social, territorial y ambiental entre pueblos originarios y la inversión capitalista neoliberal.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. En Honduras, la aprobación de dos leyes han fortalecido las concesiones de los recursos naturales, en la última década: la Ley General de Minería y la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. La primera, permite la masiva concesión de territorios para la instalación de empresas mineras (metálicas y no metálicas), mientras que la segunda, la concesión de ríos para la construcción de represas hidroeléctricas en el país.

Ambas leyes ceden los recursos naturales a las empresas nacionales y transnacionales, en el marco de un modelo extractivista excluyente que genera conflictos entre las comunidades y organizaciones ambientalistas con las compañías mineras e hidroeléctricas, por el daño ambiental y la violación de derechos humanos de las comunidades.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1572-alerta-leyes-redoblan-conflicto-ambiental-en-honduras

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Sin la derogación de la ley de secretos oficiales, la MACCIH será una farsa más –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Sin la ratificación del convenio que le da vida por el Congreso Nacional, se instaló en Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el 22 de febrero del 2016. La Misión se ha constituido para un sector de la población, en una “esperanza” […]

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El pacto histórico entre nacionalistas y liberales sigue incólume: CESPAD –

Por Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.- Una alerta lanzada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), analiza el papel del bipartidismo en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, encontrando que el pacto entre Liberales y Nacionalistas sigue firme en su afán de no perder el poder ante la oposición que cada […]

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A manos llenas presupuesto de militares y migajas para proteger derechos de las mujeres en Honduras

Un incremento de al menos tres mil ochocientos millones de lempiras para el sector defensa y seguridad, mientras que en un país lleno de violencia  las organizaciones que atienden y velan por los derechos de la mujer continúan recibiendo las sobras del presupuesto general de la República contemplado para el próximo año, es la denuncia que han hecho esta semana tanto el Centro de Estudios de a Mujer Honduras (CEM-H) como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y otras organizaciones de sociedad civil.

En conferencia de prensa realizada en un hotel de Tegucigalpa, ambas organizaciones cuestionaron lo que llaman el sostenido proceso de militarización del presupuesto público” mientras que los femicidios y la violencia contra las mujeres siguen en aumento en el país.

Son alrededor de tres mil 817 millones, una cantidad que en términos porcentuales representa un 40 %, mencionaron las organizaciones. Mientras que diferentes espacios de mujeres han reprochado la falta de consulta a la población para justificar este incremento a los rubros de Defensa y Seguridad.

En un estudio reciente hecho por CESPAD analizó la tendencia que ha tenido el presupuesto Nacional y en ese sentido, resaltan datos tales como que desde el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), entidad encargada de velar por los derechos de las mujeres, sufrió una reducción presupuestaria a partir del 2014 producto de la reestructuración en el gabinete del actual gobierno.

Para el año 2013, ese instituto contaba con 29 millones 21 mil 760 lempiras, sin embargo para el año 2016, su presupuesto será únicamente de 22 millones 519 mil 584 lempiras. Ese dato representa un 0.012% del total del Presupuesto General de la República próximo a aprobarse, mostró el estudio.

Por otra parte, las organizaciones condenaron el incremento en las muertes violentas hacia las mujeres ya que con éstas “se genera un grave problema nacional”, lo que deja como resultado un nivel de impunidad del 95 por ciento y el fracaso de la política de la militarización de la sociedad como estrategia para combatir la criminalidad en nuestro país.

La Comisión de Asuntos Económicos para América Latina (CEPAL), por medio del Observatorio de de Equidad de Género de latinoamérica y El Caribe, en un estudio realizado en el año 2014, sitúan a Honduras con un 32 por ciento, en el primer lugar,en donde existen un índice mayor de muertes violentas contra las mujeres.

Continúan demandas al cumplimiento de recomendaciones del EPU 2015

En el comunicado realizado por las diferentes organizaciones, apuntaron que el Estado tiene pendiente el cumplimiento de un amplio número de recomendaciones realizadas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mismas que van orientadas a atender la problemática de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia.

Por ejemplo de las 152 recomendaciones realizadas a Honduras, 34 son orientadas a la temática de mujeres y de ellas 13 se encuentran en observación por parte del Estado, hasta el momento no existen signos positivos para su adopción.

Una de ellas es la ratificación y adopción del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés), misma que acapara la atención de las organizaciones de mujeres dado que en una insólita opinión solicitada por el Estado hacia la Confraternidad Evangélica de Honduras en la que solicita su no aceptación.

En una nota enviada a  Karla Cueva,  Sub Secretaria de Gobernación, Justicia y derechos Humanos, este sector que representa a la jerarquía de la iglesia evangélica señaló como criterios para desconocer dicho protocolo que “se crearía un precedente jurídico inaudito e inadmisible como es el de introducir en un convenio contenidos como el aborto, que fueron excluidos de lo aprobado y firmado por gran número de Estados”.

Por tener un daño colateral hacia el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres, otra de las recomendaciones, aún hechas de forma general es la despenalización de los delitos contra el honor (injuria, difamación y calumnia), para que sean dirimidas por la vía civil. Mientras se mantiene en observación por el Estado, se continúa un proceso contra Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, quien fue querellada en el año 2010 por denunciar un caso de acoso laboral y sexual por Juan Carlos Reyes, ex director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda en Honduras (FUDEVI).

Como parte del abuso que se hace desde el poder de esta herramienta penal, en noviembre pasado se inició una querella contra  Lesbia Pacheco.

Las exigencias al Poder Legislativo

Las mujeres organizadas le exigen al Congreso Nacional, en el marco de la aprobación del próximo presupuesto es la inclusión de fondos para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas y Femicidios, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el Ministerio Público. En la que como punto inicial se solicitan  30 millones de lempiras.

Otro de los puntos de exigencia es la inclusión de las reformas hechas por las organizaciones de mujeres, a las disposiciones presupuestarias del Presupuesto General, concretamente al artículo 10.

En ese apartado se establece, entre otros aspectos, la realización de audiencias públicas para asegurar la perspectiva de género en la implementación del presupuesto nacional.

Asimismo y dentro de las reformas a la Ley de Presupuesto, se demanda que se asegure el cinco por ciento de las transferencias municipales destinadas a mujeres, también  que se asigne al menos un dos por ciento de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) a proyectos relacionados con la seguridad de la mujeres, y el destinar 150 millones de lempiras para el funcionamiento del Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER) que fue aprobado en el mes de septiembre en el parlamento.

Origen: Pasos de Animal Grande – A manos llenas presupuesto de militares y migajas para proteger derechos de las mujeres en Honduras

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Director CESPAD: Decepcionante escenario de cumplimiento a las observaciones de Misión electoral de la UE

Con un proceso de reformas estancado por las principales fuerzas políticas del país y en las mismas condiciones que en el último proceso electoral de 2013, es el actual escenario con el que se encontró  la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (MOE- UE),  según lo expresó el Director Ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia,(CESPAD), Gustavo Irías.

La Misión de Observadores arribó esta semana al país para conocer y evaluar los avances de las recomendaciones realizadas  sobre el pasado proceso electoral, el cual fue muy cuestionado por sectores de sociedad civil y los principales partidos políticos de oposición.

La delegación la encabeza la actual Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, además  Tony Reissebastian, Sylvain Schultze, Marco Morettini y Duarte Valente.

Ante el escenario actual, el analista en materia electoral afirmó que la única reforma realizada en el país y que se efectuó en 2014 fue el concentrar las elecciones internas y generales en un solo año (2017.

“El escenario es decepcionante ya que no se ha avanzado en las recomendaciones y que esto nos llevase a elecciones más creíbles, más transparentes y que realmente puedan servir para que esta democracia de baja intensidad pueda avanzar y sobrepasar sus grandes debilidades”, sostuvo Irías.

En estos tres días, la misión se ha reunido con presentantes del Poder Legislativo, organizaciones de Sociedad Civil y de los partidos políticos. Sus primeras impresiones han sido de decepción por el lento avance presentado. De igual forma sostendrá encuentros con representantes de organizaciones de mujeres, pueblos afro descendientes y de la diversidad sexual.

Este  viernes 04 de diciembre, los observadores brindarán una conferencia de prensa en hotel de la capital para dar a conocer los resultados de la visita de cinco días a Honduras.

La reestructuración del TSE Y el RNP ¿es posible?

Dentro de las observaciones que dejó la Misión de UE, se encuentra la nueva conformación de los dos organismos partícipes como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas, de los cuales deben desaparecer las afiliaciones partidarias y prevalecer criterios técnicos en quienes conduzcan los destinos de los mismos.

Para el Director de CESPAD este punto está  determinado por las voluntades políticas dentro de los partidos, tanto quien ostenta el poder como la oposición  y no ha existido en este proceso, comentó.

La recomendación realizada por la UE fue que el Tribunal Supremo Electoral se despolitizara, y que sus nombramientos se hiciesen de acuerdo a criterios legalmente establecidos de neutralidad política y competencia técnica. Establecen una especie de consejo de selección, integrado por representantes de la Sociedad Civil, los cuales presenten un listado de candidatos idóneos para su elección por una mayoría cualificada del Congreso Nacional. Similar al que se sigue para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La reforma al TSE es clave aunque existen diversos imaginarios, tiene que ver con la polarización del país y que la dinámica electoral ya no se mueve en base al bipartidismo tradicional y hace más difícil que se pueda avanzar en las reformas.

“Esto es necesario porque si no avanzamos en un nuevo padrón electoral, si no avanzamos en una tarjeta de identidad aunque es difícil para este proceso que se avecina y por la integración de un nuevo Tribunal electoral, entraremos en un proceso electoral más difícil que en 2013, mas polarizado y estaremos reproduciendo los déficit de poca credibilidad y transparencia que ha caracterizado a nuestro país”, sentenció Gustavo Irías.

En la misma línea, la UE consideró importante que el Registro Nacional de las Personas modernice sus sistemas de registro civil por medio de una mayor computarización y de reforzar la capacidad y la imparcialidad institucional de su personal en las oficinas del registro municipal contribuirían a un servicio público seguro y fiable.

Elecciones altamente costosas y desiguales

“Las elecciones en Honduras son completamente desiguales, no solo en cuanto al acceso a medios de comunicación sino que en cuanto a recursos  y todo se concentra desde el partido que controla el poder. Esta desigualdad se profundiza cuando el partido oficialista hace uso de los recursos públicos y el acceso a medios depende mucho de esto. Es opaca y no existe regularización en las campañas”, recalcó.

En ese sentido, la MOE UE recomendó la adopción de criterios legales para asegurar que la publicidad institucional se reparte de modo equitativo y no discriminatorio entre los diferentes medios de comunicación, dado que ésta supone una importante fuente de ingresos para los mismos.

Este tema fue analizado en un informe presentado por CESPAD en 2014, por lo que Irías  hizo énfasis en el contenido informativo que ofrecen los medios de comunicación, es totalmente desequilibrado y favorece ampliamente a los partidos tradicionales,  y es aquí donde la ley electoral debe asegurar que estos tengan un enfoque crítico y que ofrezcan un balance informativo en materia electoral, destacó.

Tanto la Misión de la UE  como CESPAD coinciden en que el Tribunal Supremo Electoral sea el ente encargado de manejar los fondos y contrate la pauta propagandística para el proceso electoral y que los medios de comunicación que deseen obtener dicha propaganda se inscriban bajo los parámetros que ofrezca el TSE.

También sobresale la desigualdad para los pueblos originarios y afrodescendientes y para las mujeres. En el primer caso, la Unión Europea recomienda traducir los instrumentos que rigen el comportamiento electoral a sus lenguas maternas y en el caso de las mujeres que se garantice el 40 por ciento de participación en cargos de elección o en su defecto que se aumente la cuota a su favor.

Irías calificó este sistema electoralconstruido para el funcionamiento de dos partidos y lo que se daba tanto en el TSE y en el RNP es una distribución matemática en estos organismos, “y ahora la realidad que tenemos hemos avanzado en 2013 con las nuevas fuerzas de oposición pero siempre está controlado por y para el dominio azul y rojo-blanco- rojo”.

Autonomía versus impacto internacional

“Hay que reconocer que en estos aspectos la élite política en nuestro país ha ganado una cuota de autonomía para asegurar sus intereses y no necesariamente un organismo internacional que han planteado preocupaciones puede representar una influencia determinante para modificar el rumbo de las reformas políticas”, expresó el también Economista.

Irías apostó a un proceso de incidencia a lo interno desde los movimientos sociales, desde sociedad civil para tomar este tema como relevante y de discusión permanente en su agenda  político-social para el futuro del país y que en  un próximo proceso electoral lleguen al poder las que el pueblo demanda.

Es importante además, recalcó para así poder realizar un cambio de rumbo y empujar un proceso del país en materia democrática, “de cambiar las reglas del juego y que así se plantee la llegada al poder de las fuerzas progresistas pero con este actual marco electoral, las condiciones para este sector es bastante adverso”.

Para realizar un nuevo proceso de reformas, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional tienen de plazo todo el año entrante para realizarlas ya que hasta el momento solo existe la unificación del proceso electoral primario y general para el 2017.

Origen: Pasos de Animal Grande – Director CESPAD: Decepcionante escenario de cumplimiento a las observaciones de Misión electoral de la UE

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El impacto del TLC con los Estados Unidos en la agricultura hondureña

El jueves 15 de octubre del 2015, en el marco de la celebración del día mundial de la alimentación, La Vía Campesina y FIAN Honduras realizaron el foro: “Impacto del Cambio Climático y los TLC en la pequeña y mediana agricultura campesina”.

En el foro, el Centro de Estudio para la Democracia presentó el estudio: “El impacto del CAFTA-DR en la agricultura hondureña, a diez años de su vigencia”.

En este estudio se presentan evidencias como el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) ha debilitado la economía campesina productora de granos básicos, incrementado la dependencia del país de las importaciones de alimentos y potenciado la producción para la exportación de monocultivos como la palma africana y caña de azúcar, altamente depredadores del medio ambiente y factor esencial en la reconcentración de la tierra en beneficio de la gran empresa agro industrial.

Se resalta la necesidad de que el movimiento campesino hondureño continúe con su lucha por un modelo de desarrollo que priorice la vida y el derecho a la alimentación antes que los mercados.

La Presentación del estudio estuvo a cargo de su Director Ejecutivo del CESPAD, Gustavo Irías.

Para leer documento completo, haga clic en el PDF

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Diálogo Nacional: ¿Fracasó la facilitación de la OEA?

A partir de ahora y en los subsiguientes meses, el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, pone a disposición de la población una serie de crónicas en las que se analiza lo que acontece alrededor del Movimiento Ciudadano de Las y los Indignados. Se pone en perspectiva, además, la cronología de las noticias relacionadas con ese fenómeno social.

En esta primera entrega, que contempla el periodo del 1 al 13 de septiembre, se analizan los resultados de la segunda visita realizada por el facilitador de la OEA para la preparación del diálogo nacional, John Biehl del Río, esta vez acompañado por dos asesores de las Naciones Unidas.

Al tenor de ese tema, se hace un breve análisis de contexto, para finalmente, de forma literal y de manera cronológica, presentar las noticias relacionados con las y los Indignados durante el periodo en cuestión.

Les dejamos en el adjunto, el primer documento denominado: Cronologías de la Indignación Ciudadana.

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Facilitador de la OEA empeoró posibilidad de diálogo en Honduras

Publicado: 16 Septiembre 2015

A pesar de las reservas que varios sectores de la oposición indignada han tenido sobre esta facilitación y el mismo diálogo, no dejaba de representar expectativas como una vía para posicionar las demandas ciudadanas por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Edición Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), pone a disposición de la población una serie de crónicas en las que se analiza lo que acontece alrededor del Movimiento Ciudadano de Indignados.

 

Se pone en perspectiva, además, la cronología de las noticias relacionadas con ese fenómeno social.

 

En esta primera entrega, que contempla el periodo del 1 al 13 de septiembre, se analizan los resultados de la seguncorruda visita realizada por el facilitador de la OEA para la preparación del diálogo nacional, John Biehl del Río, esta vez acompañado por dos asesores de las Naciones Unidas.

 

Al tenor de ese tema, se hace un breve análisis de contexto, para finalmente, de forma literal y de manera cronológica, presentar las noticias relacionados con las y los indignados durante el periodo en cuestión.

 

El periodo de tiempo considerado en esta cronología, continuó marcado por las movilizaciones en las calles de la indignación ciudadana con sus antorchas en Tegucigalpa y otras zonas del país.

Estas movilizaciones estuvieron combinadas con formas de lucha directas, tales como tomas de carreteras, a cargo de movimientos sociales identificados con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y las Mesas de Indignación Ciudadana.

La cronología destaca estos hechos el día 1 y 7 de septiembre en varias localidades del norte del país, que involucró a centenares de manifestantes.

Sin embargo, el acontecimiento más significativo en este período lo constituyó la segunda visita de John Biehl del Río, facilitador de la OEA para la preparación del diálogo nacional, esta vez acompañado por dos asesores de las Naciones Unidas.

A pesar de las reservas que varios sectores de la oposición indignada han tenido sobre esta facilitación y el mismo diálogo, no dejaba de representar expectativas como una vía para posicionar las demandas ciudadanas por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y por reformas sustantivas del sistema de justicia.

De ahí que fue una sorpresa que estos facilitadores en lugar de plantear la aproximación de una ruta para un diálogo incluyente, presentaran al Ejecutivo, sin presencia de sectores de la oposición política y social, una propuesta en la cual se niega la posibilidad de la instalación de la CICIH y que, en gran medida, valida la propuesta del Ejecutivo orientada a crear el denominado Sistema Integrado Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).

La propuesta completa presentada por la OEA no se conoce, pues solamente fue expuesta y entregada al Ejecutivo y este la someterá para su consideración al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Con este último dato, no queda ninguna duda del avance de la militarización en el país y de la centralidad de los militares en la conducción del Estado hondureño.

A pesar de la secretividad, la prensa hondureña filtró los puntos esenciales de esa propuesta. De un total de nueve puntos, seis están destinados a la realización de diversos diagnósticos sobre el sistema de justicia (Corte Suprema y Ministerio Público).

Es necesario destacar que esta labor ya ha sido realizada a lo largo de muchos años por varios proyectos de la cooperación internacional sin que ello haya significado reformas sustantivas al sistema de justicia.

De los tres puntos restantes, el primero, está orientado a la “Instalación de Mecanismos de Monitoreo y de la implementación de los sistemas de justicia”; el segundo, a la “Transparencia activa del órgano judicial y el Ministerio Público”, simples instrumentos y ninguna reforma de fondo. Y el tercero, destinado a la ejecución de costosos estudios y consultorías a ser pagados al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo de la OEA.

Se trata de una decepcionante propuesta técnica que no aporta elementos de importancia para superar la crítica situación del sistema de justicia y la baja calidad de su democracia. Tras esa propuesta se esconde la ineficiencia de un organismo regional incapaz de gestionar los conflictos de la democracia en América Latina y de hacer frente a realidades políticas y sociales complejas como la de Honduras.

John Biehl del Río, se alejó por completo del rol clásico de un facilitador y/o mediador de conflictos. Abandonó el país ofendiendo, con diversos calificativos irresponsables, a la oposición social y política, lo que implica una clara muestra de la incapacidad de la OEA de viabilizar y facilitar el diálogo social y político en Honduras.

Por el momento, el diálogo se ha alejado como espacio para resolver las diferencias entre los diversos actores sociales y políticos de Honduras.

En estas circunstancias, seguramente la apuesta gubernamental será continuar desarrollando acciones para desarticular la oposición, especialmente la oposición de la ciudadanía indignada.

¿Qué es lo que queda? Mantener en alto la lucha ciudadana contra la corrupción y por la transformación democrática, así como continuar trabajando por la articulación de la oposición social y política en torno a una sola agenda y plan de lucha.

 

La crisis actual de la democracia hondureña sólo será posible superarla con más democracia y más participación social y política. (Centro de Estudios Para la Democracia).

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/522-facilitador-de-la-oea-destruyo-posibilidad-de-dialogo-en-honduras

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Honduras: Más préstamos internacionales para financiar el programa de bonos para una vida mejor

miércoles, 9 de septiembre de 2015

: Miércoles, 09 de septiembre de 2015

¿Es el endeudamiento para el financiamiento del programa de bonos para una vida mejor, del gobierno de Juan Orlando Hernández, una medida para disminuir o erradicar la pobreza en Honduras?
El informe del Banco Mundial denominado: “Gasto Público Social y sus Instituciones”, presentado el 17 de agosto, resalta los limitados logros obtenidos por Honduras en la lucha contra la pobreza. Este informe precisa que en el 2013 el “64,5% de la población, casi dos terceras partes de los 8,5 millones de hondureños, vivía por debajo de la línea oficial de pobreza y 42,6% en pobreza extrema”.
En un cuadro estadístico del informe se detalla que la pobreza en Honduras “alcanzaba 58% en 2007, subió a 66,5% en 2012 y posteriormente bajó levemente en 2014. Entre tanto, la pobreza extrema alcanzaba 37,5% en 2007 y 46% en 2012, mientras que en 2013 bajó levemente”.
Según el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), el gobierno de Honduras ha gastado como presupuesto público más 343 mil 416 millones de lempiras en los últimos 14 años. Pero es un hecho que la pobreza no se reduce, en todo caso se mantiene estancada en términos porcentuales, pero en cifras reales cada año que pasa es mayor el número de personas afectadas por la pobreza.
Pese al contexto anterior, el actual gobierno de Juan Orlando Hernández avanza con su política de fortalecimiento al programa de bonos para una vida mejor. Se trata de un programa en el cual se invierten muchos fondos del Estado e incluso, mantiene un alto endeudamiento del país con organismos de crédito internacional.
Desde el CESPAD les compartimos algunas valoraciones al respecto, en el siguiente documento.

Más préstamos internacionales para financiar el programa de bonos para una vida mejor

www.cespad.org

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Proponen más parches a Ley Electoral

19 de Abril de 2015

09:48PM  –  Redacción  

Hay falta de voluntad de los partidos políticos para formular una reforma integral, pese a los compromisos.

Tegucigalpa, Honduras

Los diputados al Congreso Nacional continúan proponiendo parches a la ley ante la falta de voluntad de los partidos políticos de formular una reforma integral al estamento que rige los procesos electorales.

Hace dos semanas, la diputada liberal Aracely Leiva propuso una reforma para darle independencia financiera al Tribunal Supremo Electoral, la bancada del Partido Anticorrupción (Pac) propuso que se instaure el voto electrónico, en tanto el partido Libre introdujo una propuesta de nueva Ley Electoral.

La semana anterior, el diputado nacionalista Renán Inestroza, por su parte, presentó una reforma para dilucidar los empates en los procesos eleccionarios.

En su exposición de motivos, Inestroza expresa que el Congreso Nacional es consciente de que los temas electorales marcan una coyuntura muy importante en el desarrollo de la democracia y la participación ciudadana, porque es sin duda que a través del voto libre, directo y secreto, se eligen las autoridades más propicias para el pueblo.

Tras el cómputo de votos correspondientes a las elecciones pasadas, en el caso dado en el municipio de San Luis, Comayagua, y dando como resultado un empate técnico entre los candidatos, observando la crítica situación que se vivió en dicha comunidad y la polémica por resolver dicha disputa, inclusive con la participación de la Corte Suprema de Justicia, es necesario dejar claro este aspecto en la ley, sostiene el congresista.

En su proyecto de ley, Inestroza propone reformar el artículo número 196 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, quedando de la siguiente forma:

Articulo 196. EMPATE EN LAS ELECCIONES. Los casos de empate en las elecciones o en los residuos de votos en el procedimiento de declaratoria de elecciones, serán resueltos por el Tribunal Suprema Electoral, convocando a una nueva elección en un termino de treinta (30) días calendario. Es preciso recordar que existe una propuesta encaminada a reformar unos 45 aspectos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) propone en primer lugar la despolitización del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la eliminación de prácticas nocivas como la entrega credenciales en blanco a los partidos políticos.

También se propone incorporar la figura de la ciudadanización de las mesas electorales, entre otras reformas como el voto electrónico y la separación de las elecciones presidenciales de las municipales.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/832525-331/proponen-m%C3%A1s-parches-a-ley-electoral

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Informe “Tensiones y contrastes del contexto actual de Honduras”

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Compartimos con ustedes el tercer monitoreo de contexto del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), titulado “Tensiones y contrastes del contexto actual de Honduras”, en el marco del Proyecto: Fortaleciendo Capacidades de los socios de TROCAIRE.

Este informe-monitoreo es parte de la serie “Informes del Contexto de Honduras”, en el marco del Proyecto: “Fortaleciendo capacidades de los socios de TROCAIRE”

Los informes contienen dos partes.

La primera, es una valoración analítica del CESPAD considerando los hechos más importantes registrados por el monitoreo de medios de comunicación. Se destacan los puntos más relevantes del período en el cual se realizó el monitoreo.

Y la segunda parte, es el monitoreo de medios propiamente dicho. Se acentúan los componentes de la noticia como el titular, parte del cuerpo noticioso y la fecha de publicación. Para cada noticia se proporciona el enlace digital/link, con el cual se puede acceder directamente a la noticia completa.

Ver informe completo

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3406:informe-tensiones-y-contrastes-del-contexto-actual-de-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Cespad propone “reformas urgentes” a Ley Electoral de Honduras

viernes, 28 de noviembre de 2014

Autor del artículo: Proceso Digital / Viernes, 28 Noviembre 2014 -13:04.
Tegucigalpa – Una propuesta encaminada a reformar unos 45 aspectos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, planteó en un evento público el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad). Se trata de reformas que para la organización, han venido propiciando la manipulación y corrupción en los procesos electorales de Honduras.

Luego de haberse reunido con los distintos grupos de la sociedad civil organizada, incluyendo entre estos los representantes de los partidos políticos para socializar la propuesta, el Cespad propone la reforma de unos 45 aspectos concernientes a la despolitización del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la eliminación de prácticas nocivas como la entrega credenciales en blanco a los partidos políticos.

También se propone incorporar la figura de la ciudadanización de las mesas electorales.

La organización expuso la necesidad de evolucionar a la introducción del voto electrónico, al igual que a la modernización del sistema de elaboración y entrega de tarjetas de identidad del Registro Nacional de las Personas (RNP) y su despolitización de activistas.
Se propone la creación de un nuevo censo electoral, o en su defecto una real depuración, es otro aspecto vinculado al RNP planteado como reforma.
El Cespad considera que la autorización a un ente de veeduría social integrado por el Estado y la sociedad civil, que fiscalice los fondos de los partidos políticos antes, durante y después de las campañas electorales y que supervise que tanto los procesos electorales primarios o internos, se financien por los mismos partidos políticos, también es importante incluirlo como reforma a la ley.
Por otro lado, se perfila el desarrollo de un marco exhaustivo para reclamaciones, para asegurarse de que los partidos políticos, la opinión pública general y las instituciones relevantes conozcan dónde y cómo se pueden presentar requerimientos con respecto a distintos elementos del proceso electoral, desde el censo de votantes y la campaña hasta el voto y los procesos relativos a los resultados, forma parte también de las propuestas.
Las reformas planteadas incluyen mecanismos eficaces que garanticen los porcentajes fijados para la participación de las mujeres en las cuotas para los cargos de elección popular, al igual que mecanismos para que los partidos políticos promuevan la participación, representación, igualdad y no discriminación de los grupos sociales más excluidos en la sociedad hondureña, como las personas con discapacidad, las personas lésbicas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales y los pueblos indígenas.
La tan discutida segunda vuelta, cuando ninguno de los candidatos o candidatas en la papeleta presidencial o de alcaldías no obtengan el cincuenta por ciento (50%) más un voto, se suma a las reformas. En la segunda vuelta únicamente participarían los dos candidatos o candidatas más votados. Y finalmente, entre muchos aspectos más, el Cespad propone el establecimiento del mandato revocatorio, figura que recaerá sobre todas las autoridades electas por el voto popular.
Los 45 aspectos de reforma que se plantean se continuarán socializando con otras organizaciones de la sociedad civil. Una vez finalizada esa jornada se pretende presentarlas ante el Congreso Nacional, para someterlas a su aprobación e inclusión dentro de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
El Cespad propone 45 aspectos que se someterán a la aprobación como reformas y que continuará socializando con otras organizaciones a efecto de lograr, su inclusión dentro de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

 http://www.proceso.hn/component/k2/item/92183-cespad-propone-%E2%80%9Creformas-urgentes%E2%80%9D-a-ley-electoral-de-honduras.html

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Honduras: CESPAD: Violencia contra las mujeres, un tema excluido dentro del Presupuesto del Estado

miércoles, 29 de octubre de 2014

Autor del artículo: Proceso Digital / Miércoles,29 Octubre 2014 – 11:32
Tegucigalpa – El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó esta semana el informe: “Las mujeres contamos en el presupuesto. Análisis etiquetado en Género”, en que se señala que la violencia que cobra la vida de féminas en este país centroamericano, está excluido del Presupuesto estatal.
– Las mujeres organizadas demandan del Estado una línea presupuestaria específica para la investigación de asesinatos contra este segmento de la población dentro del presupuesto estatal, además demandan la creación de juzgados especializados en violencia contra ese género.

De acuerdo al documento, el presupuesto es un instrumento técnico y político que define las grandes prioridades del país, asignando los recursos financieros. Sin embargo, las mujeres organizadas se preguntan: ¿en qué se gasta?, ¿quién gasta?, y ¿para qué se gasta?
Además, el informe presenta datos importantes que clarifican el comportamiento del presupuesto nacional, mismo que da prioridad a los rubros: la Deuda Pública (25%), la Secretaría d Educación (21%), la Secretaría de Seguridad y Justicia (12%) y la Secretaría de Salud (12%).
El Presupuesto no es congruente
De acuerdo con el estudio, dentro de la institucionalidad estatal, la Secretaría de Seguridad y Justicia, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia son los entes más interrelacionados con el acceso a la justicia de las mujeres en el país. En ese sentido, al escudriñar en el presupuesto y accionar de cada uno, se observa, para el caso, que entre el 2009 y el 2014, el presupuesto en materia de seguridad y justicia presentó una tasa de crecimiento promedio anual para el Ministerio público en un 11%, para la Corte Suprema de Justicia hubo un ascenso en un 5%, mientras que en Seguridad y Defensa de un 14%.
Pero, ¿qué tanto las mujeres se están beneficiando? Una de las primeras situaciones que se destacó en el evento, es el hecho de que a pesar del incremento del presupuesto en el sector Seguridad y Justicia, el problema de la violencia contra las mujeres, traducido en violencia doméstica, muertes violentas y feminicidios, no disminuye.
De acuerdo con las estadísticas que presentaron las mujeres, entre el año 2005 y 2013 ocurrieron 3 mil 487 asesinatos de mujeres, una cifra que va en aumento año tras año. Ese dato posiciona a Honduras entre los 12 países con la tasa más alta de femicidios en el mundo. Sin embargo, hay que diferenciar las muertes violentas de mujeres y los femicidios. Estos últimos se estima que representan más del 50% del total de muertes violentas.
Otro de los elementos que se destacó es la desproporción que persiste entre el presupuesto que designa para las entidades antes descritas, encargadas para enfrentar la violencia en el país, y la gravedad que representan los asesinatos de mujeres en Honduras.
Entre el año 2009 y el 2014, la fiscalía de la mujer, encargada de trabajar coordinadamente con la Dirección de Investigación Criminal para investigar los asesinatos, incluyendo entre estos los de mujeres, ascendió de 9.4 millones de lempiras, como presupuesto anual, a 21.5 millones. Sin embargo, el ascenso de asesinatos de mujeres y la debilidad en la investigación de casos, guardan una distancia considerable.
Gustavo Irías, director del CESPAD, y expositor de la investigación, subrayó que ese problema tiene uno de los asideros en el hecho de que en Honduras apenas se cuenta con una unidad especial de investigación de feminicidios, operando con 3 fiscales y 3 analistas. Mientras que en San Pedro Sula, apenas hay un fiscal y dos agentes de la DNIC. Por otro lado, en La Ceiba también sólo hay un fiscal asignado a esa unidad, pero opera sólo ya que se carece de agentes y analistas para coordinar esfuerzos.
Por otro lado y no menos preocupante resulta que la propia Fiscalía de la Mujer en Tegucigalpa tiene 23 fiscales y ningún analista. En San Pedro Sula cuenta con 6 fiscales y dos analistas, mientras que La Ceiba tiene 3 fiscales y cero analistas. Otras ciudades como Santa Rosa de Copán, Comayagua, Danlí y Choluteca, tienen también déficit de personal.
Apenas dos juzgados especializados
en género operan en el país
En Honduras operan sólo dos Juzgados especializados contra la violencia. El presupuesto asignado para ambos es de 18.5 millones de lempiras anuales: uno en Tegucigalpa (12. 3 millones) y el segundo en San Pedro Sula (6.2 millones).
Un dato importante se refleja al revisar las demandas ingresadas a los tribunales de justicia y que se presentan en el siguiente cuadro, desagregado por número de asesinatos por año, casos ingresados o judicializados ante los tribunales y el número de sentencias obtenidas:
tabla
Dentro de la demanda de las mujeres organizadas se cita la necesidad de abrir más juzgados especializados en el tema mujer en otras zonas del país, particularmente en donde se registran una alta tasa de agresiones, abusos y asesinatos contra las mujeres.
Seguridad sin líneas de
investigación de feminicidios
Dentro del presupuesto de la Secretaría de Seguridad, sub dividido por rubros, las mujeres organizadas señalaron la ausencia de una línea de acción y de presupuesto, establecida específicamente para la muerte violenta de mujeres; ese es uno de los déficits, señalaron.
Apenas un 11% del total del presupuesto se designa para un rubro denominado “Servicios de Investigación Delictiva”, mismo que comprende servicios de investigación criminal, servicios de investigación del crimen organizado y el rubro de Investigación, protección y captura de delitos contra menores.
El rubro que más absorbe el presupuesto de la secretaría de seguridad es el de servicios de prevención y protección policial, con un 47%. Sin embargo, no se señala ningún renglón específico para los feminicidios o crímenes de mujeres.
Una de las denuncias en la conferencia de prensa, fue precisamente el hecho de que la institucionalidad estatal de investigación y justicia está entregando resultados deficientes y preocupantes, y entre muchos, un factor que ayuda a explicar esos resultados, es el tema presupuesto, sostuvieron.
Propuestas de mujeres organizadas
El estudio propone la creación de una línea específica para la investigación de asesinatos contra las mujeres a lo interno de la Secretaría de Seguridad. El costo de la misma sería de 27 millones de lempiras.
Se propone, además, el fortalecimiento de la fiscalía de la mujer, en cuanto a su capacidad investigativa y de formulación de requerimientos fiscales. Para ello se sugiere incrementar en un 20 por ciento el presupuesto de esa dependencia dentro del Ministerio Público.
El establecimiento de más juzgados especializados en violencia doméstica en ciudades como La Ceiba, Comayagua y Yoro y otras zonas en donde la violencia contra las mujeres presenta datos alarmantes, es otra de las propuestas de las mujeres organizadas.
Por último, se propone al Estado de Honduras el desarrollo de una campaña, a nivel nacional, de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. El costo de la campaña, sugiere el estudio, sería del 3 por ciento (48 millones de lempiras) y debe provenir de los fondos de la Tasa de seguridad.
La presentación del informe formó parte del desarrollo del foro “Las mujeres contamos en el presupuesto general; Análisis etiquetado en género” con el auspicio de la agencia de cooperación Oxfam y la participación de La Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, Grupo Sociedad Civil, Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), Fundación Simiente y Calidad de vida.

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Mujeres piden judicializar más casos de violencia

28 octubre, 2014 – 9:15 pm

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cuadro

La alta incidencia de asesinatos de mujeres y la falta de procesos de investigación y de judicialización de los casos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedó evidenciada en el foro que realizaron las mujeres organizadas para demandar del Estado un presupuesto mayor para la investigación de femicidios en el país.

En el evento se dio a conocer el estudio “Las Mujeres contamos en el presupuesto. Análisis etiquetado en Género”, que realizó el Centro de Estudio para la Democracia -CESPAD-, a través del cual se conocieron datos importantes que evidencian la debilidad del sistema de justicia para investigar y llevar a prisión a quienes cometen femicidios.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/10/28/mujeres-piden-judicializar-mas-casos-de-violencia/

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Dos informes, una realidad: Mujeres siguen siendo víctimas de violencia e impunidad

Oct 24, 2014

Hasta septiembre de este año, al menos 289 mujeres han perdido la vida de forma violenta en Honduras, sin embargo un estudio realizado por el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, indica que el Sistema Estadístico Policial en Línea no registra 45 casos de mujeres muertas en hechos violentos ocurridos entre enero y junio, lo que implica un 17 por ciento del total de los casos.

Neesa Medina, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de mujeres del CDM, detalla que en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, es donde se concentra el 70 por ciento de las muertes violentas de  mujeres. “La ciudad que mayor tiene muertes violentas de mujeres es San Pedro Sula, pero también se ve mucha concentración de esta violencia en las ciudades aledañas; Tegucigalpa y Comayagüela”.

La característica de esas muertes es que se están presentando con mayor frecuencia en el área urbana, en su mayoría son mujeres jóvenes, asesinadas con arma de fuego, por hombres.

De acuerdo al estudio, la impunidad en los asesinatos o muertes violentas de mujeres en Honduras, alcanza el 94 por ciento. “Para mostrar algo, 1 de cada 2 homicidios son femicidios, tienen características femicidas, esto implica que desde hace un año  que se aprobó la figura penal del femicidio, a la fecha, habrán más de 300 casos de femicidios, sin embargo solo existen 7 requerimientos fiscales por este delito”, explicó Medina.

Por su parte el comisionado de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, manifestó  que los resultados del ejercicio de auditoría social sobre la muerte violenta de mujeres realizado por el CDM, solo indican que se debe establecer mecanismos de intercambio de información, ya que  es probable que dicha organización  no conozca la fuente estadística.

“No hay en el país una institución que tenga mayor representatividad que la Policía Nacional en todo el país, entonces de repente es válida la inquietud de ellas en que no se registran, tendrían que ir a los laboratorios nuestros, a los lugares donde llevamos nuestras estadísticas, para que puedan hablar de esos casos y ver si están registrados, y si no están, pues registrarlos, como también si se han registrado con un número o nombre  equivocado, hacer las correcciones”.

¿Cuál seguridad y justicia para las mujeres?

A pesar del incremento del presupuesto del sector de seguridad y justicia el problema de la violencia contra las mujeres no disminuye, señaló Gustavo Irías, presidente del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, al presentar los primeros hallazgos de la investigación “Acceso a justicia de las mujeres y presupuesto público en Honduras”.

El estudio realizado por la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios y el CESPAD,  reveló que de las denuncias presentadas en el Ministerio Público por violencia doméstica apenas el  29 por ciento  logran ser judicializadas.

Gustavo Irías señaló que la mora judicial en relación a violencia doméstica y femicidios en Honduras alcanza el 60 por ciento. “De las denuncias que se presentan por violencia doméstica en el Ministerio, apenas del 100 por ciento, un 29 logra ser judicializado, y a estas dentro del sistema judicial apenas un 41 por ciento logran tener una sentencia final. Y en el caso de los asesinatos de mujeres y femicidios la situación es aún más grave porque estamos con niveles de impunidad de un 70 por ciento, es decir que apenas un 30 por ciento están siendo ingresados al sistema judicial, y los que ingresan están experimentando una mora de más de un 60 por ciento”.

Por su parte,  las organizaciones de mujeres estiman que el nivel de impunidad en los casos de femicidios  es del 93.5 por ciento, cuestionando de esta manera la incapacidad de las autoridades de la  Secretaría de Seguridad de garantizar la seguridad de las mujeres en el país.

Las organizaciones denuncian además que en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, no se registra una línea precisa para la investigación de la muerte de mujeres, a pesar del incremento de los femicidios en los últimos años, estos hechos han sido invisibilizados en materia investigativa.

“A pesar que el Congreso Nacional en marzo del año anterior, reformó el Código Penal e introdujo el femicidio como delito con penas de 20, 30 y hasta 40 años, llama la atención que en este momento en los tribunales de justicia no existe ningún caso que esté calificado como femicidio”, explicó Irías.

Gladis Lanza de la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios expresó que el actual sistema o política de país no se preocupa porque se garantice el acceso a la justicia y la vida de las mujeres hondureñas.

Según Lanza, cada año aumenta la situación violenta para las mujeres debido a la indiferencia y decidía que mantienen los operadores de justicia y los tomadores de  decisiones, pero además el presidente Juan Orlando Hernández quien debería estar pendiente de cómo se ejecutan las acciones, compromisos y mecanismos que el Estado ha hecho en relación a garantizar la igualdad de las mujeres, y como se ejecuta también los compromisos internacionales que son prácticamente leyes en el país.

Las estadísticas de Organizaciones no Gubernamentales indican que de enero a septiembre del presente año 289 mujeres han perdido la vida de forma violenta, es decir, que en Honduras se asesina a una mujer cada 17 horas.

Sumando al sub registro de la Secretaría de Seguridad, el CDM    supone que a finales de 2014 serán más de 500 mujeres hondureñas las que habrán perdido la vida de forma violenta en nuestro país.

Fuente:http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1418-dos-informes-una-realidad-mujeres-siguen-siendo-v%C3%ADctimas-de-violencia-e-impunidad


 

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Honduras: Grave Situación para comunidades afectadas por hidroeléctrica: GERSA ataja el río y les deja sin agua

lunes, 29 de septiembre de 2014

“Como la toma del agua está arriba del pueblo, ellos secan todo el río, entonces a nosotros nos toca acarrear el agua de más largo entonces resulta que para nosotros en el verano es triste”, dijeron pobladores de la comunidad de Chiquila en los Valles del Norte de Santa Bárbara, en una encuesta realizada por el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, para documentar la investigación “Represas hidroeléctricas y exclusión: El conflicto social en los valles del Norte de Santa Bárbara.
Y eso no es todo, las más afectadas son las mujeres que ahora tienen que caminar largas distancias para poder encontrar agua, lo que vino a aumentar su trabajo en el hogar.
El Congreso Nacional aprobó en el año 2010, los contratos para concesionar a la empresa Generación Eléctrica S.A. de C.V, GERSA , tres ríos para los proyectos Chamelecón 280; Río Blanco Los puentes y Río Tapalapa, siempre en el sector de los valles del Norte de ese departamento de Santa Bárbara, por 30 años cada uno.
Las comunidades que se verán afectadas con estos proyectos son, Chiquila, Ojos de Agua, Zapotalito, Playa del Zapotal, Monte Largo, Laguna Seca, San Luis, Chiquila, Macuelizo y San Marcos, en los municipios de Macuelizo y San Marcos, en Santa Bárbara.
CESPAD presentó los resultados del estudio antes mencionado el 26 de agosto pasado ante medios de comunicación, líderes y lideresas de las comunidades afectadas y otras personalidades, en la ciudad capital. Ver datos de esta presentación.  http://cespad.org/node/76
GERSA nos atrapa el río rio
Según los pobladores de Chiquila a quienes se les aplicó la encuesta, el problema es que cuando la turbina no alcanza a dar las revoluciones para Chamelecón 280, lo que hace GERSA es “trancar el río”, entonces éste se seca. Por lo menos son tres horas en que la comunidad se queda sin agua.
Esto quiere decir que la compañía pensando solamente en el lucro y no importándole que deje sin agua a la comunidad, procede a hacer una presa para retener el agua.
 Al principio la comunidad se sentía contenta porque atrapaba pescados para comer, pero eso era mera ilusión pues en la medida que se fue haciendo eso una y otra vez los peces se murieron, “quedaban los pescados revolcando en lo seco, ahora ya no porque ahora ya no hayan que ir a agarrar porque ya no hay nada. Ya se murió todo, entonces ahora la gente se preocupa cuando mira aquello seco, hasta que ya ella adquiere la velocidad que el agua, entonces así ya vuelven”, relataron las personas encuestadas.
 Agregaron que GERSA les ofreció 80 mil lempiras para instalar el proyecto de agua en playas la comunidad de Zapotalito, pero allí es donde hay más daño de la represa, porque el agua se ausenta hasta dos horas, no hay corrientes de agua y cuando la misma baja ya no sirve ni para bañarse, “ya viene pura lejía el agua. La verdad que es un daño que está causando a la comunidad pero ya, por amor de que le dan un sueldito, recibiendo un sueldito no mencionaban nada”.
Lo anterior demuestras que para las comunidades solamente hay perjuicios, el Estado se hace de la vista gorda y ha dejado en completo abandono a esta comunidad de Chiquila que está siendo afectada en su derecho humano al agua y por ende a la vida.  
Ahora no solamente deben carecer de agua sino a su derecho a la libre locomoción pues la empresa GERSA no solo atrapó el río sino que ha colocado unos gruesos candados para que la población no pase a la montaña a la que por años subieron sin ningún problema.
 Estado de Honduras podría enfrentar demandas internacionales
Eso violenta la resolución número 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, aprobada el 28 de julio de 2010. En su artículo uno expresa que , “Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos..”
 El 28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una nueva resolución que lleva el derecho humano al agua potable y a un saneamiento saludable un paso más allá. El Consejo daba, así, la bienvenida a la compilación de buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y a un saneamiento saludable.
En marzo de 2008, mediante la Resolución 7/22, el Consejo de Derechos Humanos decidió “nombrar, por un período de tres años, a un experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento”. En abril de 2011, mediante la Resolución 16/2, el Consejo de Derechos Humanos decidió extender el mandato por un periodo de tres años.
El Experto Independiente supervisa e informa sobre la implementación por parte de los Estados del derecho humano al agua así como sobre las violaciones relacionadas.
 En relación al medio ambiente, el Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, en su Artículo 11 señala que “1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.
 Las comunidades podrían hacer uso de estos convenios internacionales para demandar su derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo, los cuales han sido fuertemente afectados a poco más de un año de puesta en funcionamiento del primer proyecto hidroeléctrico de GERSA, el Chamelecón 280, que está en funcionamiento, y los otros dos más que estaría implementando, con resultados similares de nefastos como lo sufre la comunidad de Chiquila y otras aledañas.
Lea los contratos leoninos otorgados a GERSA
Lea los contratos leoninos otorgados a GERSA   http://cespad.org/node/83

Resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho al Agua  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S

Fuente:  http://cespad.org/node/86#sthash.sAHij7m3.dpuf    

                                                                     

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Por primera vez se presenta Informe sobre derechos políticos electorales ante el EPU

El Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, envió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un informe para el Examen Periódico Universal, EPU, el primero en su género sobre el país dirigido ante este organismo, sobre los derechos políticos electorales donde se describen elementos críticos del procesos electoral de noviembre de 2013, realizado en Honduras.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto” Propuestas de reformas electorales desde una perspectiva de derechos humanos”, apoyado por la organización internacional DanChurchAid .

El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, se establece en 2006 como un órgano subsidiario de la Asamblea General. Tiene la responsabilidad de realizar un Examen Periódico Universal (EPU), basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

Cada año se someten 48 países al examen, 16 en cada uno de los tres periodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el EPU, a Honduras le toca el turno en los primeros meses de 2015, donde debe demostrar que ha cumplido con 120 recomendaciones que diferentes Estados del mundo le hicieron el 04 de noviembre de 2010, en relación a la situación de derechos humanos del país, agudizada desde el golpe de Estado de junio de 2009.

El Informe de CESPAD

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En el marco del Examen Periódico Universal a Honduras (EPU-Honduras) 2015, el Centro de Estudios para la Democracia presenta, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los aspectos críticos más relevantes sobre el respeto y cumplimiento de los derechos políticos en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013 en Honduras. También se hacen recomendaciones para mejorar la situación de los derechos políticos en futuros procesos electorales.

Este informe se inspira en la recomendación 1, del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a Honduras, que dice: “Examinar su legislación nacional para garantizar el goce pleno y sin restricciones de los derechos humanos por todos los miembros de la sociedad, incluidos los grupos más vulnerables, como las mujeres, las personas lésbicas, gay, bisexuales y transexuales, y los pueblos indígenas”; y en la 82.94 que recomienda: “Poner en práctica una política activa de prevención de la violencia y los actos de intimidación contra los medios de difusión y los miembros de la oposición política, y dotar a los mecanismos establecidos de los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en la esfera de la protección de los derechos humanos”.

El informe que fue enviado el 14 de septiembre anterior, describe el contexto de violencia, la ausencia de independencia y autonomía de los organismos electorales, competencia política inequitativa y desigual, acceso desigual a los medios de comunicación, falta de transparencia y rendición de cuentas, de procedimientos claros de denuncia ciudadana, de resolución de conflictos y de investigación de delitos electorales, así como las debilidades del censo electoral que limitan el libre ejercicio del sufragio, violentando con ello el principio de cada ciudadano al voto.

La organización hace un breve resumen del contexto de los procesos electorales que se han realizado después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y señala que en noviembre de 2009, año del golpe de Estado mediante el cual se derrocó al Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, se realizaron elecciones generales mediante las cuales fue electo como Presidente de la República, el ciudadano Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional.

Estas elecciones se realizaron en un contexto de un Gobierno de facto, con serias restricciones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Además, más del 50 por ciento de los hondureños y hondureñas no participaron en las votaciones e impugnaron sus resultados. También estuvo ausente la comunidad internacional que, en su mayoría, desconoció los resultados.

Agrega que uno de los impactos políticos más relevantes de la ruptura constitucional del 2009 para la democracia hondureña, es que abrió un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos.

Los derechos políticos durante el proceso electoral de noviembre de 2013

Las elecciones se celebraron en un ambiente de alta violencia y criminalidad, que limitó la libertad de movilización, reunión y expresión de la ciudadanía y en especial, de las personas que optaban a cargos de elección popular. Esta situación afectó más a las personas candidatas con menos recursos.

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Durante el proceso de las elecciones primarias, de mayo a noviembre de 2012, se presentaron 27 casos de violencia política electoral directa sobre candidatos, dirigentes o activistas de partidos políticos. Entre los 27 casos, 13 fueron homicidios, 6 amenazas a muerte y 8 atentados. El partido más afectado fue LIBRE con 7 homicidios, 5 amenazas y 3 atentados; el Partido Liberal sufrió 4 homicidios y 2 atentados y el Partido Nacional 2 homicidios, 1 amenaza y 3 atentados En el año 2013, sólo de enero a julio, se produjeron 17 casos de violencia política; 10 homicidios (4 de Libre, 3 del Partido Liberal, 2 del Partido Nacional y 1 del Partido Anticorrupción); 5 amenazas (3 de Libre, 1 del Partido Nacional y 1 del Partido Anticorrupción); y 2 atentados (1 a Libre y 1 al Partido Nacional).

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) funcionó de forma parcializada y controlada por los dos partidos políticos tradicionales, Partido Liberal y Partido Nacional. Esto dejó a los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), al Partido Anticorrupción (PAC) y a las otras fuerzas políticas excluidas del TSE en una situación de competencia política desventajosa.

Se utilizaron los medios estatales y los recursos públicos para favorecer al partido de gobierno. Se observó el pago del llamado Bono 10.000 para familias en situación económica precaria, por parte de funcionarios del Estado en actos en los que se pidió de manera más o menos directa el voto para el Partido Nacional. En otros casos se observó el reparto de bienes de consumo, como materiales de construcción y alimentos, e incluso servicios médicos.

La distribución de los espacios en los medios de comunicación obedeció a la afiliación política e intereses económicos de los dueños de los medios y la amplia mayoría de los medios de comunicación aplicaron a la propaganda electoral tarifas distintas de las de la propaganda comercial, favoreciendo a los partidos afines a sus intereses.

Se detectaron numerosos anuncios electorales denigratorios contra el Partido LIBRE desprovistos de la identificación del autor responsable de la cuña electoral y en ninguno de los casos observados se registró una intervención por parte del TSE. Y la cobertura de la campaña electoral por sexo muestra que las candidatas tuvieron un acceso limitado a los medios de comunicación observados.

Ninguno de los partidos políticos que participaron en las elecciones del 24 de noviembre cumplió plenamente con su obligación de proporcionar información sobre la financiación de su campaña. El marco legal e institucional vigente no reúne las condiciones necesarias para permitir una contienda electoral transparente.

No existió un reglamento y procedimiento claro de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre quejas e impugnaciones electorales por parte de los ciudadanos (as) y los mismos partidos políticos.

El censo electoral tiene problemas significativos que constituyen una debilidad del marco electoral. Actualmente, un 30% de las entradas son de fallecidos o emigrantes. Además, durante el proceso electoral proliferaron denuncias creíblesde cambios fraudulentos de residencia, en las que siempre estaban implicados el Partido Nacional y el Partido Liberal.

La actual cédula de identificación ciudadana posibilita que un votante pueda hacerlo varias veces, si dispone de las ocasiones. Esto se debe, entre otras cosas, a que la fotografía no está actualizada y los registros electorales no captan la huella dactilar, como en los modernos sistemas de voto electrónico.

El CESPAD envió al EPU una serie de recomendaciones donde se resalta que debe hacer una representación equitativa de las fuerzas políticas en los organismos electorales, depuración el padrón electoral, transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las campañas políticas, igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos en la competencia política.

También destacó que es necesaria la participación en igualdad de oportunidades de las mujeres, participación y representación política de los grupos sociales más excluidos, participación más activa de la sociedad civil y de la ciudadanía como veedores de todo el proceso electoral.

En el EPU 2010 Honduras recibió 120 recomendaciones de los diferentes países, entre las que destaca en relación a este tema de los derechos políticos de la ciudadanía, la señalada por Indonesia donde describió que valoraba los esfuerzos realizados por Honduras para estabilizar el país y emprender las reformas democráticas necesarias después del golpe de Estado de junio de 2009.

Y El Salvador expresó que el proceso del examen periódico universal proporcionaba al país la oportunidad de intensificar sus esfuerzos por lograr la reconciliación entre todos los hondureños y superar la situación que había afectado a los derechos humanos en Honduras.

Vea el informe completo enviado por CESPAD:

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Honduras: Jóvenes de Olancho reflexionan sobre perspectivas de democratización en Honduras

jueves, 18 de septiembre de 2014

Unos 40 jóvenes entre mujeres y varones de entre 15 a 23 años, participaron en un taller de actualización en la Escuela de Liderazgo Juvenil del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, donde reflexionaron sobre qué alternativas hay sobre la democratización en Honduras.
La Escuela de Liderazgo Juvenil inicia desde el año 2011, y anteriormente los talleres se realizaban en la ciudad de Tegucigalpa con la participación de jóvenes de distintas partes del país organizados en los movimientos sociales, pero ya para ese año CESPAD decidió cambiar la dinámica, esta es ir directamente a las comunidades dónde se necesita.

Actualmente se desarrolla en el departamento de Olancho, con el Movimiento Ambientalista de Olancho, MAO.

Los y las jóvenes que participaron en esta ocasión son del municipio de Manto, Olancho, que abordaron no solo las perspectivas de la democratización en un contexto de golpe de Estado sino acerca de la democracia, sino de los movimientos sociales, y la crisis de éstos en Honduras.

La jornada se llevó a cabo el 08 de agosto pasado, por la importancia de sus objetivos es que se comparte este tema y cuestionaron que el Estado de Honduras no les garantiza sus derechos a pesar que desde sus funcionarios se habla que existe democracia.

El módulo cuatro de la Escuela de Liderazgo que contempla Democracia y Participación Ciudadana, se desarrolló el 08 y 09 de agosto en Salamá, con la participación de jóvenes de Guayape, Silca, Manto y Salama, en la sede del MAO, en Salamá siempre en el mismo departamento.

La situación de la población joven en Honduras está en un momento delicado, las violaciones a los derechos humanos son el pan de cada día. El derecho a la vida es uno de los más vulnerados, decenas de jóvenes aparecen asesinados y sus crímenes están en la impunidad. El derecho a la educación no es respetado por el Estado hondureño que no lo garantiza.

Esa preocupación se expresa en las diferentes capacitaciones con jóvenes, hay una demanda de inclusión en las políticas públicas donde está ausente la voz de esta población. Desde el golpe de Estado la exigencia es más fuerte, ya es difícil que el Estado ignore que debe asumir su responsabilidad de atención a las juventudes.

Es por eso que hablaron en ese taller de democracia y qué oportunidades hay para lograr una democratización verdadera en el país. Sus reflexiones las hicieron a través de trabajo en grupo resultados que compartieron en una plenaria. Convención internacional para demandar derechos Honduras ratificó La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes por lo tanto debe ponerla en práctica. Esta es un tratado internacional que entró en vigencia el 01 de marzo del 2008 reconoce a los y las jóvenes iberoamericanos de entre 15 y 24 años como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo de sus países y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. . Según lo estipula esta Convención los Estados se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.  

http://cespad.org/node/84#sthash.emmYU0GZ.dpuf

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Honduras: Pequeños proyectos hidroeléctricos con grandes problemas para las comunidades de Santa Bárbara‏

domingo, 14 de septiembre de 2014

 Las consecuencias negativas ya empezaron a más de un año de operaciones de uno de los proyectos, de acuerdo a lo que señala la investigación “Concesiones de ríos, represas hidroeléctricas y exclusión: el conflicto social a partir de las represas en los valles del norte de Santa Bárbara”, realizado por el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, entre los meses de enero a junio de este año, tomando como punto de partida la comunidad de Chiquila, en el municipio de Macuelizo en el departamento antes mencionado. CESPAD presentó los resultados de esta investigación el 26 de agosto pasado ante distintos medios de comunicación, líderes y lideresas de las comunidades afectadas, organizaciones de sociedad civil, entre otros.
Vea detalles de esta presentación en este link: 

El proyecto Chamelecón 280 y Rio Blanco Los Puentes, están ubicados en el Municipio de Macuelizo; y el de Rio Tapalapa, en los Municipios de San Marcos y San Luís. Los tres fueron adjudicados GERSA, a través de la licitación No. 100-1293/2009, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, en el mes de junio de 2010, por el Congreso Nacional a un plazo de 30 años cada proyecto. Estos proyectos entran en la categoría de “Pequeños Proyectos Hidroeléctricos”, debido a que la capacidad instalada es inferior a 20 Mega Watts. La clasificación en el caso de las represas, corresponde a dimensiones asociadas con la altura de la cortina y la capacidad del embalse. El criterio generalmente aceptado es el de considerar una represa “pequeña” cuando su altura es menor de 10 metros y su embalse tiene una capacidad inferior a 100,000 metros cúbicos. Cuando el caudal del rio es considerable y de carácter permanente, los pequeños proyectos hidroeléctricos se diseñan con una represa denominada a filo de agua; la cual consiste en una represa de baja altura, suficiente para desviar una parte del caudal del rio hacia el canal de derivación y, por tanto, no requiere embalse, señala la investigación de CESPAD llevada a cabo por Francisco Saravia, Claudia Mendoza y Paola Pineda.

El Proyecto Chamelecón 280 es el único en operación desde septiembre de 2013, los proyectos Rio Blanco los Puentes y Rio Tapalapa aún están en proceso, aunque ya cuentan con contrato de venta de energía suscrito con la ENEE, describe el capítulo dos del estudio, el cual se puede leer más abajo en detalle. Afecta a las comunidades de Chiquila, Ojos de Agua, Zapotalito, Playa del Zapotal, Monte Largo, Laguna Seca, todas en Macuelizo, donde ya escasea el agua, hay problemas en el medio ambiente como contaminación del agua; muerte de animales y enfermedades en adultos y niños. El proyecto “Rio Blanco Los Puentes” estará operando siempre en los Valles al Norte de Santa Bárbara y llevará múltiples problemas a las poblaciones de Los Puentes, Masicales, siempre en Macuelizo. Mientras que “Rio Tapalapa”, abrirá operaciones e impactará en las comunidades de La Presa, Zapote No,1, Zapote No,2 en el Municipío de San Marcos y también el Buen Ejemplo y Las Palmas, en el municipio de San Luís, porque están localizadas en las proximidades donde operará la represa y aguas debajo de ésta. CESPAD llevó a cabo un proceso de socialización de los resultados de la investigación, por medio de foros de discusión en las comunidades y quedó evidenciado el desconocimiento de los habitantes sobre las consecuencias de los proyectos en la vida comunitaria, así como la carencia de acciones y propuestas concretas ante la problemática planteada.

El objetivo de la organización aparte de empoderar a las comunidades de la información necesaria fue el de aportar conocimiento crítico y propositivo en auxilio de los pobladores a través de sus estructuras comunitarias. GERSA lanzó campaña mediática apoyada por Juan Orlando Hernández La empresa GERSA hizo una campaña bien montada de medios previo a la apertura de Chamelecón 280, la venta de imagen y promesas de grandes beneficios que no han llegado a las comunidades fue la nota del día, el 15 de septiembre de 2010, en noticia públicada en Diario La Prensa. Fue el propio presidente del Congreso Nacional y ahora presidente de la república quien acompañó a los ejecutivos de la empresa para presentar una buena imagen del proyecto y acusó a quienes se oponían al mismo de tener “sesgos ideológicos” e impulsar una campaña de mala información. Hernández dijo en ese momento que “después de una ardua lucha finalmente se logró inaugurar el proyecto, contando con el apoyo del sector privado y las comunidades aledañas a la zona cuya mano de obra fue fundamental para dar marcha a la edificación”. Según declaraciones de Eddy Noel Juárez, Gerente de GERSA a Diario La Prensa, como parte de la responsabilidad empresarial la obra daría electricidad a “12 mil familias hondureñas ubicadas en el occidente del país”. Además que la empresa llevaría a cabo una reforestación de la zona, construcción de escuelas, kínderes y el cuidado de las fuentes de agua en las comunidades cercanas de Laguna Seca, La Playa, Ojo de Agua, Chiquila, Sula Zapotalito, se evitaría la contaminación ambiental, logrando reducir la emisión de más de 30,000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Aparte de eso generaría empleo directo para 200 personas y a unas mil en forma indirecta.

Vea noticia en La Prensa. 
 GERSA mintió 
 En lo que va de año y medio de operaciones del proyecto Chamelecón 280 las poblaciones no han visto ni un beneficio que signifique desarrollo, “lo que les dan son confitios para el día de la madre y alguna vez pinturita para un kinder”, dijo Francisco Saravia en el lanzamiento de los resultados de la investigación de CESPAD, en agosto pasado. Las comunidades de San Luís y San Marcos donde se aperturarán los proyectos Río Blanco Los Puentes y Río Tapalapa señalaron en conferencia de prensa el pasado 26 de agosto de este año día en que CESPAD presentó los resultados de la investigación, que la experiencia de la comunidad de Chiquila donde se ubica Chamelecón 280 les ha servido de mucho porque no permitirán la réplica de mentiras que GERSA le hizo a esa población. Alcalde se opone que las comunidades ejerzan su derecho a la consulta Eunice Ramírez de la Juventud del Patronato Regional de Occidente, PRO y actual regidora de la alcaldía de Macuelizo, en Santa Bárbara, por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, expresó que mucha gente se emocionó al principio que llegó la compañía GERSA, pensando que iba a haber energía y empleo, pero la comunidad de Chiquila, es la más pobre del municipio de Macuelizo .

Ella llegó en enero de este año a la Alcaldía de Macuelizo pero no recibió un informe sobre este proyecto hidroeléctrico que opera en su municipio. Relató que hace unos tres meses también se quería organizar una mina artesanal en el mismo sector de Chiquila, “ he preguntado al alcalde si se realizaría una consulta sobre este tema, pero él me dijo que no, que ya las comunidades habían decidido , en tres ocasiones he insistido porque formo parte de la Comisión de Salud y Medio Ambiente dentro de la Corporación y uno debe estar pendiente de lo que está pasando en estos temas”. Ramírez denunció que “nos están negando todo tipo de información acerca de las minas y las represas, pero como ya hemos estado de cerca con las comunidades ya sabemos lo que está pasando”. La regidora aclaró que a lo interno de la Alcaldía hay represión política hacia los cuatro regidores de LIBRE , el Alclade que es del Partido Nacional junto a los regidores del Partido Liberal hacen mayoría, “y cuando les planteé la consulta previa ganaron con el voto liberal”: La integrante de la juventud del PRO anunció que haría una propuesta en la Alcaldía igual que lo hizo con el tema de minas, “pero es vital la presión de las comunidades junto a nuestra demandas ante la Corporación municipal”.

 Vea aquí completo el Capítulo 2 de la investigación de CESPAD 

Lea los contratos leoninos que el Estado le otorgó a GERSA:

application/msword iconchamelecon 280.doc 

application/msword iconRIO BLANCO.doc 

application/msword iconRIO TAPALAPA.

doc Caricatura – 

Fuente:  http://cespad.org/node/83

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/09/honduras-pequenos-proyectos.html

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