ALERTA A LOS PUEBLOS CENTROAMERICANOS POR EL AUMENTO DE ARMAMENTO EN LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REGIÓN. Tegucigalpa, 29 de agosto. «En principio Nicaragua tiene derecho a la autodeterminación y como estado Honduras debe respetarlo», manifestó el coronel Luis Alonzo Galéas del ejército hondureño la semana pasada, en una entrevista exclusiva para El Pulso, agregando […]
Honduran President Juan Orlando Hernández announced that he is requesting congressional approval for a new military cooperation agreement with Israel, raising human rights concerns given past experiences of Latin American countries receiving security assistance from the Mediterranean nation.
Támara (Francisco Morazán) – Las Fuerzas Armadas de Honduras recibirán fortalecimiento a través de la firma de convenios con Israel y Colombia, con lo que se espera intensificar la lucha contra la criminalidad organizada en el país, anunció hoy el presidente Juan Orlando Hernández.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández apuntó que llevará al Poder Ejecutivo los pactos firmados con Colombia e Israel, en beneficio de la seguridad pública. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que planteará al Congreso Nacional un acuerdo firmado con Israel, con el objetivo de robustecer las Fuerzas Armadas […]
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Lo que venía siendo una petición a gritos por parte de la sociedad hondureña y los organismos internacionales, así como el gobierno de Estados Unidos, por fin ha sido tomado en cuenta y el gobierno de Juan Hernández ha anunciado la retirada de los militares de las calles para el […]
Alerta 115-16 | Honduras, domingo 3 de julio de 2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El Ministerio Público pidió presencia policial y militarización permanente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para evitar la protesta social.
Por ahora, la manifestación para un grupo de estudiantes fue prohibida en la principal universidad pública de Honduras por vía judicial, utilizando el derecho penal como instrumento de censura del derecho a la libertad de expresión.
La juez de letras de lo penal, Karla Vásquez, denegó la solicitud de militarizar la UNAH, pero le impuso a 22 estudiantes una prohibición judicial para manifestarse. Además, sin que se lo pidiera la Fiscalía que tiene el impulso procesal, como lo manda la ley, la juez decidió prohibir a los universitarios comunicarse con sus compañeros de la UNAH, informó la defensora de derechos humanos, la abogada Kenia Oliva.
Las otras medidas cautelares sustitutivas son que los jóvenes deben asistir periódicamente al juzgado y no salir del país para evitar ir a prisión.
Vásquez será denunciada por el delito de abuso de autoridad, informó Oliva. La militarización de la UNAH no es una facultad del Ministerio Público ni de las autoridades universitarias, esto también debe denunciarse, dijo la tarde de este sábado Oliva al salir de la audiencia de declaración de imputado de los 22 estudiantes.
Los jóvenes fueron presentados ante el juez, a la Audiencia de Declaración de Imputado, después de las 2:00 de la tarde del sábado aunque se les había detenido desde la madrugada del viernes, estuvieron más de 24 horas en poder de la Policía y de la Fiscalía.
Acoso penal en centros universitarios regionales
Además de los 22 universitarios de Tegucigalpa, hubo cuatro detenidos más que fueron puestos en libertad; tres criminalizados en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), en Choluteca. Los universitarios de Choluteca se presentaron a la 1:30 de la tarde de este viernes al juzgado y les aplicaron medidas cautelares sustitutivas de cárcel, no pueden salir del país y tienen una prohibición judicial para protestar. La audiencia inicial será el 25 de julio.
También, seis estudiantes del Centro Universitario Regional del Centro (CURC), en Comayagua, tienen una nueva orden de captura, no obstante que ya se habían presentado voluntariamente a los tribunales.
La portavoz de la Vía Campesina, Lennys Fajardo, informó que este sábado, la Fiscalía acusó criminalmente en el Juzgado Primero de Letras de Juticalpa a seis estudiantes del Centro Universitario Regional del Nororiente (CURNO).
Asimismo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI, policía de investigación criminal) detuvo al presidente del Frente de Reforma Universitaria (FRU), Alirio Argueta, del Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA), escenario de la desaparición forzada del sindicalista de la UNAH, Donatilo Jímenez.
“El imputado fue detenido en la colonia Gracias a Dios de la Ceiba, Atlántida, por un equipo conformado por la DPI y unidades de inteligencia e investigación de la Policía Nacional, por tener orden de captura en su contra por el delito usurpación del derecho real, en perjuicio del derecho que tienen todos los estudiantes y docentes universitarios de utilizar el Centro Universitario del Litoral Atlántico”, divulgó Fajardo.
En la misma línea, diario La Prensa informó que el Poder Judicial reveló la lista de los 19 estudiantes con orden de captura. “El abogado Neptalí Mejía, juez de letras de Tegucigalpa, giró orden de captura contra de siete mujeres y doce hombres, todos estudiantes de la máxima casa de estudios de Honduras”, informó el periódico.
Sin precedentes
Las autoridades universitarias, encabezadas por la socióloga Julieta Castellanos, permitieron que en medio de llantos y gritos de indignación, esta sede de estudio se convirtiera el viernes 1 de julio de 2016, en un centro de operaciones policiacas para desalojar a los estudiantes que mantenían tomadas los edificios hace 27 días, en protesta por las normas académicas y por falta de participación en la toma de decisiones de la academia.
Durante el desalojo hubo estudiantes lesionados, detenidos sin el debido proceso, torturados sicológica y físicamente y trasladados a instalaciones policiales. En las redes sociales denunciaron que las tropas policiales ingresaron con órdenes de captura en blanco para llenarlas en el momento de la detención, la misma denuncia ha trascendido durante otros desalojos en la UNAH.
La estudianbte Flor Euceda estuvo temporalmente desaparecida, mientras en las redes sociales se reportaba su presunto secuestro por parte de supuestos policías. Después de divulgar su desaparición, la joven fue reportada como una de las personas liberadas, apareció con golpes.
Es la primera vez en la historia reciente de la educación superior que se criminaliza con esta magnitud y usando el derecho penal para frenar la protesta social en la UNAH.
El antecedente más peligroso de represión de la protesta social estudiantil fue la desaparición forzada sufrida por el universitario, Eduardo Becerra Lanza, en la década de los ochenta. Su caso permanece aún en la impunidad.
En conferencia de prensa, luego de la operación policial, la rectora de la UNAH utilizó un lenguaje estigmatizador resaltando que no se puede tolerar la impunidad, advirtió que investigará si hubo maestros que colaboraron con los alumnos, calificó como “encapuchados” a los estudiantes.
Unas horas después la página de Facebook Unah Estudiantes aparecía sin contenido, pero 24 horas después volvió a ser habilitada.
A esta nueva lista seis estudiantes, acusados criminalmente a inicios de junio por manifestarse, entre los universitarios criminalizados está el periodista Cesario Padilla. El lenguaje estigmatizador y la amenazas de querellas ha sido utilizado por parte de diferentes autoridades de la UNAH en contra de los estudiantes y de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn WASHINGTON – Varios diputados estadounidenses presentaron este mièrcoles un proyecto de ley para que el Gobierno de EE.UU. retire los fondos de financiación destinados a Honduras a raíz de las últimas violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. La iniciativa es conocida como “Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos”, […]
Históricamente en Honduras nunca se ha implementado una política de seguridad eficaz para combatir a la criminalidad. En diferentes épocas lo que han hecho los distintos gobiernos hondureños es atacar a la criminalidad, imponiendo medidas que ya han fracasado en varios países del mundo tales como: disminuir la edad punible, aumentar la acción punitiva, privatizar las cárceles, y finalmente involucrar a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.
Por: Glenn Flores*
En Honduras actualmente estamos viviendo lo que es una remilitarización de la seguridad. Esta militarización ha fracasado en el pasado, sigue fracasando en el presente y fracasará en el futuro porque eso no va a parar la violencia y la criminalidad. Lo único que podría detener esta espiral de descontrol en la seguridad del país sería la aplicación de un enfoque amplio de derechos humanos y no el que actualmente está ejecutando el gobierno, que es uno reductivo que nos lleva a la remilitarización.
Este artículo desarrolla cómo la implementación de una doctrina de seguridad basada en los derechos humanos puede reducir y revertir los efectos nefastos de la remilitarización de la seguridad del país.
El problema de la inseguridad es el resultado no solo de violencia y criminalidad sino de múltiples factores. Por lo tanto es imperativo que se apliquen políticas públicas que giren alrededor de: (1) centrarse en la construcción de mayores niveles de ciudadanía,(2) colocar a la persona humana como objetivo central y (3) reconocer que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones necesarias para garantizar la seguridad humana.
Contexto
A) El Estado hondureño tiene todas las características de la democracia representativa neo liberal de occidente, pero en la praxis Honduras se encarrila hacia un régimen extremadamente autoritario.
Una democracia representativa tiene como su pilar la elección de representantes para que estos gobiernen en nombre de ellos. En Honduras no sucede esto ya que en nuestro país los que deberían de representar a los ciudadanos de a pie, en realidad, no siguen el clamor de sus electores, sino que siguen las órdenes de los poderes fácticos. También para que funcione este sistema se tiene que tener un sistema electoral que sea transparente y democrático. Lamentablemente en nuestro país el Tribunal Supremo Electoral es de las instituciones más cuestionadas.
B) El territorio hondureño está dividido por diferentes grupos del crimen organizado. En Honduras ya se cuenta con ciertos territorios que están bajo el poder político del crimen organizado. En este gobierno se han arrestados a un buen número de autoridades políticas coludidas con el crimen organizado, la mayoría de ellos son miembros del ya desfasado bipartidismo.
C) Honduras sigue sufriendo las secuelas del golpe de Estado del 2009 que cometieron las élites políticas del país en confabulación con los militares. El golpe provocó que se destruyera la poca institucionalidad que se tenía en el país. Honduras retrocedió más de 50 años en su institucionalidad. La independencia de poderes se fue fraccionando poco a poco desde el golpe hasta terminar bajo el puño del actual presidente.
Desde el gobierno de Ricardo Maduro al presente, la respuesta de los gobiernos hondureños ha sido, la de la aplicación de un enfoque reductivo o limitado a la seguridad.
La aplicación de un enfoque amplio holístico a la seguridad
Cuando un Estado se concentra en aplicar un enfoque amplio u holístico a la seguridad se fundamenta en tres ejes:
La construcción de mayores niveles de ciudadanía en el Estado.
El ser humano es la figura central de la seguridad y no el Estado.
Reconocer que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones necesarias para garantizar la seguridad humana.
Todo lo anterior conlleva a que la ciudadanía avance a un mejor nivel de vida ya que un Estado basado en justicia y en valores universales es una garantía para tener a un pueblo sano de manera integral.
The United States has reiterated its disapproval of militarizing citizen security in Central America’s Northern Triangle countries, a somewhat problematic stance given critical violence levels and weak police institutions in the region.
En Honduras, tuvo que filtrarse un informe a la prensa nacional señalando a la Policía Nacional involucrada en crímenes de alto impacto para que se vuelva a hablar de depuración policial, aunque este tema estaba en deuda desde hace muchos años. Ya se aprobó en el Congreso Nacional un decreto de emergencia en materia de seguridad que deja en manos del presidente Juan Orlando Hernández la depuración policial, y él mismo podrá hacer despidos de agentes policiales.
Analistas coinciden en que detrás de la crisis en la policía existe una estrategia para desaparecerla y fortalecer los entes militares y represivos. Una apuesta clara del presidente, incluso desde que era presidente del Congreso Nacional de cara a su proyecto continuista.
Aunque la policía, desde su inicio es conocida como una institución violenta y represiva, y escándalos de corrupción y vinculación con el crimen organizado ya se habían develado desde que la comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas era jefa de asuntos internos en el gobierno de Ricardo Maduro, los gobiernos han dado largas a la situación hasta llegar al punto de perder el control sobre esta institución.
En 2011, se destapó de nuevo la podredumbre de la Policía cuando el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos y el hijo de Aurora Pineda fueron asesinados por policías en Tegucigalpa que operaban casi como un cartel de sicariato y narcotráfico. Sin embargo, cinco años después la depuración, en ese entonces prometida por el mismo Juan Orlando Hernández como titular del Congreso Nacional, sigue siendo una deuda.
Aldo Oliva, comisionado de policía en condición de retiro, recuerda que en su momento la policía fue investigada pero los secretarios de seguridad hicieron caso omiso, los propios periodistas, empresarios y hasta políticos se opusieron a la verdad que tenían en sus manos cuando estaba María Luisa Borjas a cargo de Asuntos internos.
“La depuración no ha funcionado porque no han querido, tenemos una ley orgánica en estos momentos que va a ser cambiada aduciendo que esta nueva si se va a cumplir ¿Por qué la anterior no? Nunca han querido aplicar la ley orgánica. Lo que va a pasar es que separarán a unos que después van a reintegrar porque no tendrán pruebas suficientes”, expresa este policía quien fue retirado por no pasar las pruebas de confianza en 2014 cuando él mismo denunció a su jefe, el entonces director de la Policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, víctima directa de la Policía corroída por el crimen, asegura que la filtración de información a un medio de comunicación nacional que vincula a la policía con crímenes de alto impacto es señal de que la gente está hastiada y no haya más que hacer para que los temas avancen en Honduras. “Este informe debe ser sustantivo como para generar acciones posteriores. Veamos lo que hizo Alfredo Landaverde, quien al dar declaraciones señalando culpables, prácticamente se inmoló”, dijo.
VEA esta historia de jóvenes asesinados por policías
Esto pasa mientras la Policía Militar sube su perfil
El abogado penalista Celso Alvarado asegura que en la coyuntura actual, en que la sociedad puede estar tan indignada con la Policía que apoyaría desaparecerla, hay que tomar en cuenta el contexto general.
“Las policías militares creadas por el actual gobierno han tenido participación fuerte en las masacres, ha habido una evidente intención de levantar el perfil a éstas y bajarle el perfil a la Policía Nacional, esto debe servirnos para intuir algo que va más allá planeado por las estructuras del poder del Estado. Ya vemos el ausente proceso de depuración, con ello se presenta que no ha habido ni la más mínima intención de poder depurar el órgano policial que es a lo que se debe apuntar en la coyuntura actual y no fortalecer el militarismo que se ha venido dando desde el golpe de 2009”, Celso plantea que todo esto fue planificado.
Pese a la inversión de 159 millones de lempiras recibidos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial- DIECP- para el periodo 2013-2015, la depuración ha sido un proceso fallido, así lo reveló un informe de la cooperación internacional. Y la situación se agrava cuando el Ministerio Público revela que de cada 100 casos donde se investiga la actuación de policías, solamente el 4% cuentan con requerimiento fiscal, el 60% se encuentra en etapa de estudio, investigación o cierre, 6% en remisión a otras fiscalías por ser casos civiles.
En una entrevista en marzo de 2015, la analista en temas de seguridad, Leticia Salomón decía que desaparición de la policía estaba calculada. LEA la entrevista
“Somos un pueblo que olvida su pasado muy fácilmente y no aprende las lecciones y seguimos repitiendo y repitiendo los errores como eliminar la Policía Nacional. Lo que necesita el país es una policía democrática, constitucional y de derecho. Ahora tenemos tantos cuerpos policiales y militares pero ni licuados hacen uno solo bueno”, expresa Alvarado.
“Con el tratado marco de seguridad centroamericana se dijo no a la militarización de las policías, sino civilizar las policías en 1995 allí tenemos un marco para tener una policía nacional de corte diplomático, y eso es justamente lo que el actual presidente quiere tirar al cesto de la basura”, concluyó.
La Policía Militar del Orden Público ha sido una apuesta clara de Juan Orlando Hernández, a pesar que la población ha rechazado que este ente se eleve a rango constitucional. Es por eso que la coyuntura actual podría permitir esta apuesta y hasta que la misma gente la acepte.
A criterio del director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, esta estrategia le funcionó bien al actual presidente.
“Primero quisieron elevar a rango constitucional la policía militar y en ese sentido no lo pudieron hacer pero vinieron y se metieron al tema de seguridad pública y el gobierno no depuró a la policía, dejó a los miembros vinculados con el crimen todavía allí. Había una estrategia de profundizar la crisis dentro de la Policía, una instancia necesaria en un estado de derecho”, expresó.
El actual gobierno presume de reducir la violencia como en ningún país del mundo se ha podido en tan poco tiempo. Esto, debido a sus políticas de seguridad militaristas.
Ebal Díaz, asesor de gobierno asegura que el gobierno quiere que la Policía Nacional recobre la confianza y que los policías se sientan orgullosos de pertenecer a esta institución prestigiosa.
“No hemos resuelto la inseguridad pero bajar de 86 muertos por cada 100 mil a menos de 60 no lo han hecho en ningún país del mundo. Hasta el presidente de Colombia lo ha reconocido, claro que sigue habiendo el problema y por eso debemos fortalecer las instituciones, la tarea es enorme, en ninguna parte del mundo en 2 años se resuelve un problema como este. Yo aspiro como hondureño que cuando logremos alcanzar estos problemas las portadas de los medios invitarán a la gente a venir a invertir al país”, dijo a Radio Progreso.
Por su parte el exministro de Seguridad, señalado por la comisionada María Luisa Borjas como uno de los que daba órdenes a escuadrones de la muerte, dice que se ha tergiversado lo que el presidente Juan Orlando ha dicho sobre la posibilidad de eliminar la policía.
“Están equivocados quienes piensan que es para militarizar, lo que se busca es potenciar la PN y con una depuración se va a poyar a los policías honestos. El trato a lo que él dijo no fue bueno, él dijo que nos unimos todos para solventar el problema. La idea es fortalecer la institución, sacando los malos policías. La policía militar va a continuar los espacios donde la PN no puede. Con este decreto de emergencia será más eficiente y podríamos tener una PN operativa y con mayor confianza en el menor tiempo posible”, dijo el actual diputado por el departamento de Francisco Morazán.
¿Un decreto de emergencia a beneficio de quién?
Gabriela Núñez, diputada por el partido Liberal e integrante de la comisión de finanzas, dijo que la depuración estaría costando alrededor de 300 millones de lempiras, tomando en cuenta que hay un aproximado de 1500 a 3000 policías que estarían siendo despedidos. Cada policía despedido podría costar entre 150 mil y 200 mil lempiras en promedio.
Lo que no queda claro en la ley es si los policías separados, lo son por cometer actos ilícitos, seguirían gozando de los mismos derechos laborales.
Walter Banegas, diputado del Partido Anticorrupción (PAC) asegura la emergencia en materia de seguridad pública data de hace muchos años pero no ha dado resultado por la incapacidad del presidente, los ministros y los altos mandos porque sería auto incriminarse.
“El problema de este decreto es que se le conceden facultades excesivas al Poder Ejecutivo de despedir sin tomar en consideración garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia. La ley orgánica de la policía ya contempla las causas de despido de un miembro de la carrera policial pero no se cumple por la incapacidad y la autoincriminación, no aplican los despidos que están implicados en actos criminales”, explicó.
Por su parte el diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon asegura que si con toda la información que emitió El Heraldo sobre asesinatos perpetrados por la Policía, el MP no redacta un requerimiento fiscal y lo presenta en los tribunales para solicitar órdenes de captura, el objetivo no era desenmascarar a estos altos oficiales de la policía sino eliminar la Policía Nacional para sustituirla por la Policía Militar. “Esto es algo absurdo porque la PM no es un ejemplo a seguir. Hay que ver los incontables procesos penales que tienen también en sus filas, asesinatos, violaciones, secuestros, etc”.
Aracely Leiva, diputada del Partido Liberal afirma que crear un instrumento para la depuración de la policía amerita decisiones adecentadas y no unilaterales. Que sea un equipo que le permita a la PN alcanzar la depuración.
“Nosotros hemos acompañado los procesos que han llevado a la legislación con temas de seguridad, pero consideramos que sea dentro de la constitución de la república y por eso hemos hecho observaciones al Ejecutivo para que permita las responsabilidades y roles que tendrán para deducir responsabilidades. Nosotros creemos que debe establecerse en la ley quienes van a integrar la comisión y qué instituciones lo harán. Este es un proceso que no se ha conseguido en seis años y no se debe delegar a una sola persona”, dijo.
Darío Banegas, diputado liberal por su parte resaltó que el decreto de emergencia permitirá que haya un mecanismo de protección a personas que contribuyan con la depuración policial (incluyendo periodistas, Ong’s, particulares, etc).
La diputada del PAC, Fátima Mena dijo que “el único mal sabor es la falta de voluntad política de querer transparentar la tasa de seguridad, era pertinente el debate de este tema de tan alto impacto para la sociedad ya que son unos fondos específicamente para seguridad pública. Eso fue lo único que quedó allí incluso se violentó el proceso parlamentario al no aprobarse aunque había mayoría de acuerdo. Sabemos que esto no es una varita mágica y estamos en la discusión para que deje de existir inseguridad no solamente es la policía, hay que también poner los ojos sobre la policía militar, el MP y otros entes”.
El analista en temas de seguridad, Omar Menjívar quien además fue candidato para dirigir la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial en 2014, dijo a Radio Progreso que nunca se ha hecho algo con la depuración de la policía y que esta policía ya no tiene solución.
“Yo soy un convencido que la actual policía no es posible depurarla, lo que procede es la eliminación de esa policía, crear una nueva que tenga 4 cualidades: altamente profesional, eminentemente civil, respetuosa de los derechos humanos, y fundamentalmente que esté sometida a control ciudadano. Es la única manera que se garantizará el proceso permanente de vigilancia, control, de una nueva policía que es la que debemos crear, no se puede depurar la actual definitivamente”, expresó.
Por su parte el analista político Hermilo Soto afirmó que está comprobado que el gobierno no tiene voluntad política de adecentar la policía y esto lo demuestra el hecho que el gobierno reacciona a ciertas denuncias pero no toma iniciativa propia, no es coherente y no llega a la profundidad de esta situación.
“La ciudadanía está inconforme, indefensa, ya que al más alto nivel de la cúpula policial se está cometiendo crímenes como los mencionados en los medios, eso da una sensación de total indefensión, a nadie pueden convencer que ese informe no se conocía. La apuesta del presidente JOH es la militarización de la sociedad hondureña. En conclusión, la población hondureña no confía en las intenciones del presidente de la república alrededor de este tema, porque si no se actuó en su momento, ahora que se están planteando unas reformas se despiertan sospechas porque está ligado a su proyecto político de 50 años que ya lleva a anunciando”, culminó.
Ante la emergencia en materia de seguridad nos preguntamos ¿será solución a la crisis de una policía corrupta o solo un respiro al actual gobierno en su proyecto militarista?
DECRETO DE EMERGENCIA
ARTÍCULO 1. Declarar situación de emergencia por razones de seguridad nacional y de interés público la depuración de la Policía Nacional por el término de doce meses.
La relación legal que los miembros de la misma tienen con el Estado, es de confianza, en virtud de que se les otorga en nombre de este el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes.
La idoneidad, pérdida de confianza y demás términos establecidos en el presente decreto se aplicaran según las definiciones establecidas en la Ley de Superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza y su reglamento.
ARTÍCULO 2. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda.
Son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza.
El Poder Ejecutivo, en el caso de retiro voluntario, procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales siempre que el solicitante no sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de un delito, para los cuales podrá establecer convenios de pago.
ARTÍCULO 3. El Poder Ejecutivo nombrará una comisión especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, la cual estará integrada por personas de reconocida honorabilidad y trayectoria, y presidida por el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en esta tarea.
El secretario de Estado en el Despacho de Seguridad cancelará el acuerdo de los miembros de la Policía Nacional que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el presente decreto, al tenor de lo dispuesto en el artículo cinco (5).
ARTÍCULO 4. La comisión especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones siguientes:
Determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial.
Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados.
Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.
Rendir informes trimestrales al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.
ARTÍCULO 5. La comisión especial de depuración presidida por el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, debe conceder a los miembros de la Policía Nacional audiencia de descargo para que hagan, en el marco de la Constitución y los convenios internacionales y leyes especiales, ejercicio del derecho de defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se le imputen.
Debe establecerse el mecanismo de notificaciones de manera personal, por tabla de avisos o medios electrónicos.
Las acciones de la comisión no acarrearan responsabilidad patrimonial, administrativa y penal en ningún tiempo.
ARTÍCULO 6. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, en el cumplimiento del pago de los derechos laborales de los miembros de la Policía Nacional, cuando proceda, pueda suscribir empréstitos, emitir bonos soberanos en el mercado doméstico o internacional, titularizar en condiciones de mercado por medio de la banca estatal o privada, flujos de efectivo propiedad del Estado de Honduras y colocarlos en el mercado por medio de la bolsa de valores o en forma directa, así como contratar el banco o ente estructurador y el banco pagador y en general a suscribir los contratos que sean necesarios para obtener los recursos financieros que se requieran para garantizar dicho pago.
ARTÍCULO 7. Autorizar a la Secretaría de Finanzas crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente decreto.
Para el cumplimiento del pago de los derechos laborales, la Secretaría de Finanzas lo cargará al límite de crédito interno autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.
ARTICULO 8. Durante la vigencia del presente decreto, se procede a la suspensión de la vigencia de los artículos 114 del capítulo V, contentivo de la “Terminación de la carrera policial”; artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del capítulo VI, que contiene “Las medidas disciplinarias y del régimen del despido”, ambos capítulos del título IV de la “Carrera de servicio policial”, contenidos en el decreto legislativo No. 67-2008 y sus reformas, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como de la Ley del Servicio Civil, contenida en el decreto 126, y todas sus reformas, a fin de permitir de manera expedita realizar la destitución de miembros de la Policía Nacional, sin menoscabo de las garantías constitucionales.
ARTÍCULO 9 (NUEVO). Se establece un mecanismo especial de protección a los ciudadanos, a los familiares de las víctimas directas y los testigos que hayan intervenido en las denuncias que originaron esta emergencia. También a las personas que aporten pruebas a lo propósitos de la depuración que incluye también a los mismos policías.
ARTÍCULO 10 El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La política militarista dio un nuevo paso este jueves en Honduras al tomar el control del hospital de Puerto Lempira, ubicado en el postergado departamento de Gracias a Dios en la zona de la Mosquitia. El presidente Juan Hernández, expresó este jueves que a partir de la fecha el hospital será […]
El portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Mario Rivera, expresó este lunes que 45 institutos públicos de la capital poseen presencia de elementos del Ejército para advertir a los jóvenes sobre los daños ocasionados por las drogas.
“Es un programa orientado a la capacitación de los jóvenes de 45 institutos de la capital para que ellos conozcan los perjudicial que representa el consumo de las drogas para el organismo, la familia y para el país”, subrayó.
Asimismo, manifestó que “tenemos una presencia bastante grande en estos institutos y el objetivo es dar ese mensaje preventivo, ese mensaje de esperanza para que jóvenes que están metidos en las drogas”.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Una nueva masacre sacudió la noche de este viernes a Honduras con la muerte violenta de cuatro jóvenes que resultaron víctimas de un ataque perpetuado en Tegucigalpa, en una zona que está bajo el control de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). La escena violenta se registró en la colonia […]
Sambo creek, 29 de marzo de 2016.- Las 390 masacres y más de 40 mil muertos que se han dado en Honduras a partir del año 2009, demuestran que el país se encuentra en una guerra no declarada, en la
que es incierto identificar enemigo o bando alguno.
A partir del golpe de Estado impulsado por la administración Obama-Clinton, el narcotráfico acabó de apoderarse de Honduras, país que suplantó a Guatemala como la bodega de estupefacientes en Centroamérica. La costa norte se convirtió en un feudo de los cárteles de la droga, los que fueron apoderándose paulatinamente de enormes franjas de territorio, además de municipalidades y registros de la propiedad.
La utilización de la violencia como una forma de control social y político, es lo que Achille Mbembe, filósofo oriundo del Camerún, denomina necropolítica, pesadilla que se ha sido oficializada en Honduras desde el 2009. Las estadísticas de las muertes son irrefutables, y han colocado a nuestro país deplorablemente como el más violento del planeta.
La fusión entre empresarios, políticos y narcotraficantes, ha dado lugar a lo que se puede denominar la república mafiosa. La endeble cutícula que separaba el crimen organizado de la administración pública se diluyó, al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad fueron sucumbiendo ante los cañonazos de millones de dólares surgidos del pingue negocio del trasiego de estupefacientes.
Para el año 2012, la violencia llegó a su más alto nivel, al mismo tiempo que los “nacionalistas” emprendieron la subasta de franjas territoriales del país, bajo el nombre de ciudades modelo. A pesar que las estadísticas maquilladas emitidas por la administración de Juan Orlando Hernández tratan de minimizar el número de homicidios, en lo que va del año se han dado trece masacres y un sinnúmero de asesinatos selectivos, destinado a mantener la zozobra entre los hondureños.
La farsa de la guerra contra las drogas.
Desde 1971, durante el mandato de Richard Nixon, los Estados Unidos asumió una guerra contra los estupefacientes que se remonta al Acta Harrison (1914), cuando el gobierno federal impuso restricciones a los opiáceos y la cocaína, sustancia que eran ampliamente utilizada en los medicamentos de consumo popular. Con el surgimiento de la contracultura en la década de los años 60 del siglo pasado, se dio inicio a una masificación del consumo de estupefacientes, situación que generó un enorme problema de salud pública al cual se le dio una respuesta militar.
Después de 40 años de guerra, miles de millones de dólares malgastados, las cárceles de Estados Unidos repletas de negros y latinos; los estupefacientes son de mayor pureza, menor precio y con el agravante del aumento descontrolado de acceso a la heroína. Estos hechos ponen en cuestionamiento la efectividad de la farsa de la guerra contra las drogas, que en América Latina ha implicado la ocupación militar de territorios en su mayoría indígenas y el desplazamiento de pueblos y comunidades.
El cinco de mayo del año 2012 apareció un artículo en el New York Times, intitulado “Lecciones de Irak ayudan a Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”. Unos días después helicópteros de la Drug Enforcement Administration (DEA) arremetieron contra un grupo de Miskitos, asesinando cuatro personas, entre ellas dos mujeres en estado de gravidez.
El repentino cambio de actitud de los Estados Unidos en relación al tráfico de drogas, no altero la putrefacción estatal en Honduras. En las elecciones del 2013,
las que fueron alabadas por la OEA y la embajada de Estados Unidos, se perpetró además de un descarado fraude, un asalto del crimen organizado a la gobernabilidad al apoderarse de muchas de las alcaldías del país, las que fueron ocupadas por siniestro personajes.
Para muchos, el contubernio que se ha dado entre la narco política y la estrategia de control imperial de los Estados Unidos, demuestra que realmente el trasfondo de la supuesta guerra contra las drogas va más allá de la supresión del trasiego de estupefacientes y el trasfondo es el control territorial. Basta Pensar en la relación del ex presidente colombiano Alvaro Uribe, señalado por la DEA como aliado de Pablo Escobar y posteriormente convertido en la mano derecha de Washington en Sudamerica.
La Desmilitarización del territorio Garífuna
El asesinato de dos jóvenes Garífunas en la barra de Iriona, acontecido en diciembre de 2015, conllevó a la OFRANEH a demandar una desmilitarización inmediata de nuestro territorio, ya que el ataque perpetrado a un grupo de Garinagus totalmente inocentes, forma parte de una estrategia para despoblar la costa Garífuna, donde ya de por sí el crimen organizado se apropió de algunas de las municipalidades
El pueblo garífuna está convencido de la urgencia de impulsar nuevas estrategias en la problemática de las drogas, y reafirmar la importancia de los derechos humanos, haciendo en un enfoque de salud, abandonando la visión militar. Es urgente la desmilitarización de nuestras comunidades, evitando la criminalización de la población, al mismo tiempo que se erradique las estructuras de poder económico y político contaminadas por el narcotráfico, de las cuales las fuerzas de seguridad y agencias extranjeras poseen suficiente información.
Es por eso que nos plegamos a la Caravana por la Paz la Vida y la Justicia, que se encamina hacia Estados Unidos, para hacer escuchar nuestra voz en la reunión de la UNGASS, en las Naciones Unidas, donde los Estados debatirán el futuro de las nuevas estrategias sobre las drogas, reunión que se llevara a cabo entre los días 19 al 21 de abril próximo.
Redacción – Un reciente informe llama la atención sobre la crítica problemática al interior de las cárceles de Honduras, donde la prevalencia de la violencia pandillera y las deplorables condiciones indican que el sistema penal no hace nada por rehabilitar a los delincuentes.
Después de una visita a Honduras en diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), encontró que los detenidos a menudo ejercen más poder que el personal de las prisiones. La CIDH también encontró casos de hombres y mujeres que comparten celdas y armas militares durante los disturbios.
El consiguiente informe, titulado «Situación de derechos humanos en Honduras» (pdf), llama la atención sobre las graves deficiencias y las desacertadas iniciativas del sistema penitenciario de Honduras.
La población carcelaria
aumentó 25% en 3 años
En noviembre de 2014, a las cárceles de Honduras llegaron 14,805 detenidos, lo que representa un incremento del 25 por ciento desde el 2012. Esto llama la atención especialmente, dado que la población penitenciaria de Honduras fue relativamente estable en la década entre 2002 a 2012, según señala el informe. La gran mayoría de los reclusos son hombres: sólo el 4,5 por ciento de la población penitenciaria de Honduras son mujeres.
En general, el sistema penitenciario es incapaz de albergar a este número de internos, dado que las 25 cárceles del país en la actualidad sólo tienen aproximadamente 10,500 cupos. Un 11 por ciento de la población carcelaria duerme en el piso.
Otro aumento significativo está relacionado con el número de personas recluidas en prisión preventiva. Mientras que en 2012 la proporción de presos que estaban en espera de juicio era del 48 por ciento, para 2014 era del 54 por ciento, es decir, más de 8,000 personas. La CIDH señaló que había fallas en la separación de los condenados por algún delito de aquellos aún en espera de juicio.
La anarquía y el uso de AK-47
Dado que las autoridades son incapaces de ejercer suficiente control en las cárceles hondureñas, la violencia sigue siendo rampante. El informe indicó que entre 2006 y 2012 se presentaron unas 641 muertes violentas en las cárceles del país, lo que significa un promedio de 92 personas por año.
La violencia en las prisiones incluye desde «homicidios con armas de fuego y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra”, dice el informe.
Por ejemplo, un tiroteo en la cárcel de San Pedro Sula el 11 de marzo de 2014 dejó como resultado tres reclusos muertos y más de 30 heridos, incluyendo ocho miembros de la policía militar. Tras el tiroteo, las autoridades decomisaron «armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos».
Este tipo de violencia está estrechamente relacionada con lo que la CIDH considera una «deficiencia estructural» en las cárceles de Honduras: o el hecho de que los internos manden.
En Honduras, el 85 por ciento de las cárceles «se rigen por sistemas de ‘autogobierno’ o ‘gobierno compartido’ descontrolados, en los cuales son determinados reclusos denominados ‘coordinadores’ los que ejercen el control interno y dirigen actividades esenciales para la vida de la generalidad de la población reclusa sin control o criterios decididos por parte de la administración penitenciaria».
Durante su visita a la prisión de San Pedro Sula, la CIDH dijo que a su delegación sólo se le permitió ingresar a ciertas áreas con el permiso del «coordinador general» de la penitenciaría.
Fuerzas de seguridad:
militarización y tortura
Las cárceles de Honduras siguen siendo controladas por los «coordinadores», a pesar de que la seguridad en las cárceles se ha vuelto más militarizada. La delegación de la CIDH observó que las tropas del ejército estaban siendo utilizadas para tareas de seguridad en las prisiones, incluyendo los centros de detención juvenil.
Según los informes, altos oficiales militares están asumiendo cargos directivos en las prisiones, y muchos de los directores de las cárceles más grandes son miembros de las fuerzas armadas, a pesar de que ello viola la ley del sistema nacional de prisiones.
Las fuerzas de seguridad también son acusadas de torturar y maltratar a los prisioneros. Según información del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, seis de cada 10 reclusos fueron presuntamente sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención en algunas ciudades. La fuerza nacional contra la extorsión fue presuntamente la responsable de los casos más graves de tortura.
Sin embargo, de los 253 informes de tortura presentados ante la defensoría de los derechos humanos entre 2009 y 2014, sólo el 15 por ciento llegaron a acusaciones.
Mujeres, población LGBT
y menores en riesgo
El informe llama la atención sobre los riesgos a los que se ven expuestos los hombres y mujeres que conviven en algunas de las instalaciones. Al visitar una cárcel de San Pedro Sula, la CIDH encontró que, aunque había un pabellón específico para las reclusas, en otro pabellón había 26 mujeres con 300 hombres, y en otro había una mujer con 54 hombres.
Los llamados “coordinadores” fueron los encargados de la mezcla de géneros en la prisión.
Esta situación parece haber afectado más a los presos de la población LGBT en San Pedro Sula, donde son más vulnerables dada «su resistencia a participar en la dinámica de sumisión y control ejercida por los presos». Los reclusos LGBT son recluidos por separado o con los presos con discapacidades mentales, y padecen violencia física y sexual por parte de los demás internos.
La CIDH informó además que los jóvenes reclusos en los centros de detención juvenil carecen de actividades educativas o de atención médica, y sólo se les permite una hora y media de recreación al aire libre por semana. En un centro visitado por la CIDH, gran parte de las instalaciones todavía no se han recuperado de un violento motín en 2012.
Análisis de InSight Crime
El excesivo uso de la prisión preventiva ha contribuido claramente al caos y la disfunción en el sistema penitenciario de Honduras. Así ha sido desde 2009, cuando una reforma penal limitó las opciones diferentes a las penas de prisión para los presuntos criminales. Junto con las políticas de “mano dura”, mediante las cuales muchos sospechosos fueron detenidos con base en escasas evidencias de «asociación» con las pandillas, ello ha contribuido a saturar las cárceles del país.
De esa manera, no sólo se ha puesto un gran número de civiles no condenados en condiciones potencialmente mortales, sino que además ello puede permitir la formación de grupos criminales organizados, según la abogada Linda Rivera, diputada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Estas pandillas luchan entre sí por el control de las prisiones y de sus economías ilegales, por ejemplo, «cobrándoles a los presos por ocupar espacios privilegiados… [con la] complicidad de los guardias».
Este clima violento ha hecho que las cárceles se conviertan en los lugares más peligrosos de Honduras, con una tasa de mortalidad promedio de 780 por cada 100.000 detenidos entre 2004 y 2014.
Una cuestión especialmente preocupante es la que se refiere a los centros de detención juvenil, donde según informes recientes hay un violento control por parte de las pandillas, lo que incluye asesinatos y desmembraciones. Las condiciones inhumanas y la falta de rehabilitación de los jóvenes problemáticos han creado un ambiente que es quizás incluso más hostil que el de las calles de Honduras. De hecho, la mayor parte de los casos de violencia entre pandillas ocurre en centros de detención juvenil más que en las cárceles de adultos, según Rivera.
Las autoridades penitenciarias han tratado de mantener estos conflictos bajo control al dividir las pandillas en instalaciones o pabellones independientes, pero este método conlleva el riesgo de permitir que las pandillas consoliden su poder en las prisiones. En cambio, el informe de la CIDH ofrece soluciones alternativas, al sugerir que los detenidos organicen sus propios grupos culturales, deportivos o religiosos, en lugar de conformar asociaciones basadas en las pandillas.
La corrupción entre los empleados de las prisiones ha aumentado a medida que el sistema penal se ha saturado cada vez más y ha sido incapaz de controlar a sus empleados. Rivera le dijo a InSight Crime que el personal de las prisiones, así como los oficiales militares que fueron llevados para poner orden en el sistema, a menudo son ineptos, inexpertos y propensos a las malas conductas. A cambio de regalos y grandes sumas de dinero, los funcionarios permiten que continúe el flujo de contrabando y les proporcionan armas de uso militar a los internos.
Los diversos intentos que ha realizado Honduras para reparar su tambaleante sistema penitenciario han tenido poco éxito. En primer lugar, la militarización generalizada no ha logrado llevar la seguridad a las cárceles. Por el contrario, la falta de entrenamiento profesional de los militares puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.
En segundo lugar, el Estado ha tratado de aumentar la capacidad de las prisiones mediante la construcción de las polémicas megaprisiones, una de las cuales se inauguró a principios de 2015 en el municipio de El Porvenir, y que puede albergar hasta 2.000 presos. Sin embargo, el informe de la CIDH encontró que estas megaprisiones pueden ser difíciles de administrar.
«Los centros penitenciarios más pequeños tienden a ser menos violentos, más seguros y menos susceptibles a ser controlados por grupos criminales; contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos.», señala el informe de la CIDH.
Podría decirse que la sola construcción de más prisiones son sólo pañitos de agua tibia. Como señala el informe, una medida más efectiva consistiría en promover estrategias de prevención del crimen, fortalecimiento del sistema de justicia y control del excesivo uso de la prisión preventiva.
Sin este tipo de iniciativas, y mientras Honduras continúe reforzando sus enfoques de mano dura, las cárceles del país seguirán siendo caldo de cultivo de grupos criminales más organizados y peligrosos.
Un contingente de infantes de Marina de los Estados Unidos llegará a Honduras el próximo mes de junio con ayuda humanitaria y respuesta de alivio para hacer frente a los desastres naturales.
Los marines de la Fuerza de Tarea Sur de Propósito Especial Autoterreste (SPMAGTF-SC por sus siglas en inglés), estarán en Honduras hasta el mes de noviembre, coincidiendo con la temporada de huracanes.
“Estamos complacidos con la bienvenida a los infantes de Marina del SPMAGTF-SC y esperamos trabajar muy de cerca con ellos en varios proyectos de construcción en el departamento de Gracias a Dios”, anunció el secretario de Defensa, Samuel Reyes.
Durante su estadía, el contingente realizará varios proyectos de construcción y desarrollará varios ejercicios de entrenamiento con su contraparte hondureña.
Reyes señaló que las obras realizadas el año anterior por los infantes de Marina tuvieron un “impacto duradero” en las comunidades.
“Estamos seguros que la proyectos de construcción de este año, igualmente serán de mucho provecho al pueblo hondureño” manifestó el funcionario.
El embajador de los Estados Unidos en Honduras, James Nealon, dijo que la llegada de los marines es uno de los muchos ejercicios conjuntos que se realizan regularmente entre los dos países.
Nealon aseguró que estas prácticas “son un indicador de la fuerte y duradera relación entre nuestros dos países”
“En ejercicios conjuntos como estos aprendemos y nos ayudamos unos a otros. Nuestras fuerzas proveen asistencia necesaria, tal como materiales de construcción y mano de obra para los proyectos, mientras que las fuerzas hondureñas ofrecen una oportunidad para que nuestros infantes de Marina puedan cooperar y utilizar sus habilidades en un entorno real”, añadió el embajador.
Como parte de estos ejercicios, los infantes de Marina estarán disponibles para proveer apoyo en caso de un huracán o de otro desastre natural de “gran escala” si es solicitado por el gobierno de Honduras.
Durante esos cinco meses, los infantes de Marina permanecerán en la base aérea Enrique Soto Cano, en Comayagua, donde se encuentra la Fuerza de tarea Conjunta-Bravo.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn El actual régimen hondureño ha perpetuado la maquinaria del golpe de Estado, orquestado en 2009 con la venia de Estados Unidos. El caso del asesinato de la activista Berta Cáceres, es el claro reflejo de la política exterior estadounidense que se ha mantenido en Honduras y el resto de Latinoamérica. A […]
Un contingente de 300 militares asaltaron esta mañana las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), evitando que los empleados realizaran sus labores, los sacaron de sus oficinas y cerraron el edificio en el centro de Tegucigalpa, y ocho edificios más a nivel nacional.
La DEI es dirigida por Miriam Guzmán, quien hasta el momento no se había pronunciado ante los hechos cometidos en los edificios de la institución a su cargo. Días antes declaró que «se le pagarán todos los derechos laborales a los empleados que por razones de no cumplir con los requisitos profesionales y técnicos que se están contemplando sea despedido de la institución».
Más de 1500 personas fueron notificados de una forma irregular que ya no trabajarán más en la DEI, ellos aseguran que no se les sometió a pruebas de concomimiento, y que más bien han sido capacitados por la institución de cobro tributario.
Y esta mañana, mediante empleados de cuadrillas de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se les entregó una nota sin membrete en que se le notificaba a cada empleado su cancelación de contrato debido a supresión y liquidación de la DEI.
El despido masivo fue para todo el personal que comprende empleados a punto de jubilarse, madres solteras, hombres cuyo ingreso es el único en la familia y mujeres embarazadas.
La DEI ha sido tomada por asalto con más de 300 policías militares violentando nuestros derechos laborales y humanos, quitaron la energía eléctrica y despidieron más de 1000 compañeros que laboramos en el área de Tributos, denunció Darwin Barahona, presidente del Sindicato de Trabajadores de la DEI (SITRADEI).
Con este hecho, continuó Barahona, es para demostrar la fuerza que tienen a través de la policía militar, pero nos mantenemos firmes en nuestras demandas, si es posible llegaremos a instancias internacionales por la violación al fuero sindical, a los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Las instalaciones han sido militarizadas y han sacado al personal como si fueran vándalos, aunque lo de hoy venía resonando desde diciembre, si es que la DEI va a cambiar de nombre, a Servicio de Administración Tributaria (SAT), no se debe cambiar de personal, en que se ha invertido mucho dinero en capacitarlo, y es ilógico que traigan uno nuevos empleados.
Hoy hemos sido notificados de nuestro despido por activistas de la AMDC no ha sido nada formal, además nos han levantado calumnias que somos extorsionadores y que estamos ligados con el crimen organizado, cosa que desmentimos y exigimos que investiguen y si es cierto que se deduzca responsabilidades, aseveró el sindicalista.
Más de ocho edificios a nivel nacional están militarizados, los empleados van a seguir el procedimiento legal, “pues hoy nos han ultrajado, estigmatizado y nos están mandando a la calle, por lo que están concentrando el poder, nos estaba sacando porque somos un estorbo para ellos”.
También denuncio que a partir de este momento, le personal despedido de la DEI, no se hace responsable de cualquier “borrón” o “apagón” en el sistema tributario, pues están utilizando la corrupción como pretexto para despedirnos a nosotros, pero son ellos –gobierno- los que hacen cosas ilegales, apuntó Darwin Barahona, presidente del SITRADEI
El malestar en los y las empleadas es notorio, aun en aquellas que son activistas del Partido Nacional de Honduras, al cual pertenece Juan Orlando Hernández, y por quien trabajó para que llegara a la presidencia, y hoy es una de las despedidas, denunció María Pío, quien trabaja como conserje.
No nos vengan a decir que “con chamba vivís mejor” (uno de los programas del gobierno) porque yo soy de las que le ayudé a Juan Orlando a estar en el poder, o es que nos está corriendo porque somos “ricardistas” (seguidores de Ricardo Álvarez, designado presidencial), nos ha despedido a todos, es una sorpresa, no lo esperaba, yo mantengo mi familia, solo dependemos de mi salario ¿o es que es lo que quiere que hagamos ahora? Se preguntó la mujer.
Dijo que “los militares nos registraron todo lo que sacamos hoy de la oficina, si no somos delincuentes, Juan Orlando me conoce bien, como conserje no me llevo nada, y quiero denunciar que en la DEI vivíamos un hostigamiento increíble, nos pasaban lista, y si nos atrasábamos un minuto nos deducía, pero si trabajábamos los domingos no nos pagaban el tiempo extra, y dicen que hay nuevo personal, pero a nosotros no nos dijeron nada”.
Si el presidente no nos responde vamos a tener que ir a buscarlo a la casa de él, así como nos buscaba a nosotros para que lo apoyáramos en campaña.
Este es un ataque político “el hombre dijo que se iba la DEI porque era de Ricardo, a mí que no me venga con pajas Juan Orlando” expresó María. También le dice a Juan Orlando Hernández que “no ande pidiendo la reelección porque así como nosotros lo pusimos nos encargamos que no se vaya a reelegir”.
Y lo afirmó la auditora Elsy Chávez, otra de las despedidas de la DEI, “que no piense en reelección, después de este día tan drástico, hemos sido reprimidos, nos apagaron la luz, no podíamos ni salir, y no nos dejaron sacar nuestras cosas privadas, no dijeron que estuviéramos sentadas que ahí nos iban a ir a cancelar. En este momento es difícil quedar sin empleo pues pienso en mis hijos que dependen de mí, y que laboro aquí desde hace 21 años.
Y con cinco meses de embarazo y madre de tres hijos, Juana Mendoza, es una de las despedidas de la DEI, tienen once años de laborar allí, y hoy empleados de limpieza de la alcaldía le entregaron un papel que le notifica su cancelación, “agarraron a cualquier personas y nos notificaron, desconozco quien lo hizo porque ahí solo dice que es una junta de transición pero no sabemos nada”.
La ministra Mirian Guzmán, nos ha señalado como corruptos, extorsionadores, borra saldo, si ella estaba trabajando con gente criminal, que rebasamos el índice de tributación, ahora que ella traiga a su gente “va a triplicar” la recaudación, y si ella dijo que iba a cerrar la DEI porque solo trabajan corruptos, pues ella es la principal porque es quien nos dirige, declaró Mendoza.
Por su parte la DEI se expresó en los siguientes términos:
1. La DEI va a proceder a demandar al gobierno de Honduras por el reintegro, a la libre sindicalización y fuero sindical.
2. Proceder a denunciar al mandatario por las acusaciones hacia los trabajadores de atracadores y formar parte del crimen organizado nacional en internacional.
3. Llamar a los órganos de DDHH a pronunciarse sobre las violaciones a los derechos de los trabajadores el 16 de marzo del 2016.
4. Pedir una investigación para la DEI de los actos del 2014 hasta la fecha, en actos administrativos debido al cierre de hoy, cual es el fondo de cierre de la DEI, amparados en el artículo 80 de la Constitución de la República.
5. Hacer un llamado a los empresarios, políticos, iglesia, centrales obreras, sindicatos, sociedad civil apoyar esta petición de investigación nacional e internacional, esta acción pone en peligro el Estado, ya que la DEI es una institución de seguridad nacional según el decreto 17-2010.
Esta es una forma de cómo el gobierno resuelve los problemas, la autoridades encargadas no dan la cara, sino que envían militares a irrumpir en las instituciones públicas, allanado los lugares de trabajo de cientos de trabajadores y trabajadoras quienes han denunciado este día, de les ha registrado sus cosas personales y en algunos casos no se les permitió sacar sus pertenencias.
Asimismo no se respetan las garantías que tienen los empleados afiliados a un sindicato de trabajadores, mejor conocido como Fuero Sindical, ya que, según los integrantes del SITRADEI, no se les convocó para una reunión informativa previa, negándoseles el derecho a informar sobre las decisiones tomadas a los demás empleados.
Por tales razones más de 1000 empleados despedidos hoy en la DEI, se irán a manifestaciones públicas exigiendo el respeto de sus derechos laborales y denunciaran las violaciones a sus derechos humanos, y contarán con el apoyo de otros sectores obreros.
Unos 1000 trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), hoy se les notificó que estaban despedidos, porque hay una liquidación de la institución, sin embargo la noticia los tomó por sorpresa ya que no hubo ningún diálogo previo, sino que llegó un contingente de la Policía Militar y del Orden Público a tomarse las instalaciones.
Los empleados, a lo largo del día han estado acompañados por dirigentes sindícales, laborales y sociales quienes han dado muestra de su solidaridad y total respaldo ante la irrupción militar y despidos masivos en una institución gubernamental que recauda los ingresos del erario público.
En representación dela Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) Juan Barahona, aseguró que este es un momento difícil para los trabajadores de la DEI, y comprende lo que están pasando, porque él lo vivió el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), se lo que significa un despido y más cuando es injusto atropellando el derecho laboral, individual y colectivo de los trabajadores.
Las fuerzas armadas se han tomado por asalto las instalaciones de la DEI para humillar a las personas sin darles el margen de protesta, pero la labor suya es cuidar de la ciudadanía, reprimir el crimen organizado.
¿Por qué tienen que estar en esa instituciones, si es un problema laboral? Se preguntó Barahona; a quien le corresponde atender es al Ministerio de Trabajo y no al de Seguridad.
Llamó a las personas a la calma, porque el despido es arbitrario, la DEI va existir siempre que exista el Estado para cobrar los ingresos, entonces no la están cerrando, le están cambiando el nombre, mañana aparecerá la misma institución con diferente nombre.
También mencionó que la Constitución de la República les garantiza el derecho al trabajo en el artículo 127 al 129, (Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo…) por lo que es necesario diseñar una estrategia de esos despidos ya que no tienen una base legal, sino un abuso de poder dictatorial, por parte de la FUTH tendrá todo nuestro apoyo, afirmó.
Asimismo Jony Barahona del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SITRAINSEP), expresó que el gobierno les está violentando el derecho al trabajo, porque estos despidos amparándose que los empleados son corruptos, están desapareciendo a los sindicatos, a los trabajadores. Los empleados no son los corruptos, sino ese grupo organizado que tiene en cada institución, los ministros y los jefes, a ellos hay que investigar.
Al ver las instalaciones militarizadas es digno de decir a la sociedad que el gobierno no tiene la razón, porque si hace uso de las armas y la violencia es cuando no se tiene la razón, y ellos lo saben. La razón está de parte de los trabajadores, esos despidos los han hecho al margen de toda la legalidad en el país. El sector de trabajadores públicos vamos a estar unidos en esta lucha la que vamos aganar con audacia, talento y creatividad, denunció Miguel Mejía, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys).
Es momento de juntarnos y levantar la banderea dela unidad, el trabajo y como llevar la comida a nuestros hijos, dijo Elvin Canales, del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe. Manifestamos a este gobierno represor que no estamos dispuestos a seguir sufriendo. Los trabadores no podemos quedarnos de rodillas ante este gobierno violatorio a los derechos de los trabajadores, solicitamos y tarificamos que se investigue a la DEI, los delincuentes no son los trabajadores, sino los del crimen organizado que saquean a este país.
Mayra Zelaya, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH) manifestó el apoyo y solidaridad, porque no es cierto que los trabajadores de bajo estatus realicen acros de corrupción porque esos hechos se dan en los cargos de dirección.
También el economista Nelson Ávila, declaró que, hemos buscado –con Darwin Brahona- ese documento sobre justificación de reestructuración de la DEI que como mínimo son cerca de mil millones de lempiras gastados, los medios solamente plantean el costo directo, supuestas prestaciones y al mismos tiempo la instalación de un sistema informático, pero al mismo tiempo hay que considerar que esto es pérdida para la sociedad, mientras faltan medicinas y aumenta la pobreza. Esto es igual que la decisión sobre la Corte de la Judicatura, es pretender controlar y simplificar el poder para continuar con el abuso.
Tenemos que hacer las acciones en el plano de las ideas, asesinaron a Berta Cáceres como han asesinado a otra gente, y eso es una medida de represión porque gran parte del pueblo se queda callado frente a la injusticia, por lo que es momento para avanzar.
Hay necesidad de visitar a la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así mismo a la Organización Internacional del Trabajo, ya que cualquiera que sea su posición es una violación a los DDHH que va más allá de un problema gremial porque que afecta a todos los hondureños, y en este contexto es irracional, ilógico e injusto pretender más de 1000 millones de lempiras en un país donde tenemos que ser inteligentes en el uso de los recursos.
El SITRADEI es dirigido por Darwin Barahona, quien denunció el asalto de parte de los militares, y además las campañas de desprestigio y estigmatización contra los empleados que él representa, como líder sindical.
Desde hace un par de años, empleados de esa dependencia han denunciado el marginamiento, despidos arbitrarios y hostigamiento de parte de la ministra Mirian Guzmán, titular de la DEI, como estrategia para provocar desarticulación de los obreros.
Como parte de la represión que realiza el ejecutivo contra las organizaciones sociales y populares, califican sindicalistas, el hostigamiento que enfrentan día a día, en la defensa de sus derechos laborales y sociales.
Desde que asumió funciones la ministra directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI Estela Guzmán, en diciembre del 2013, la represión ha aumentado más contra los compañeros directivos del sindicato de trabajadores, a quienes se les aplica sanciones extremas, denunciaron integrantes del SITRADEI. Leer mas
La DEI se manifestará de la siguiente manera:
1. La DEI va a proceder a demandar al gobierno de Honduras por el reintegro, a la libre sindicalización y fuero sindical.
2. Proceder a denunciar al mandatario por las acusaciones hacia los trabajadores de atracadores y formar parte del crimen organizado nacional en internacional.
3. Llamar a los órganos de DDHH a pronunciarse sobre las violaciones a los derechos de los trabajadores el 16 de marzo del 2016.
4. Pedir una investigación para la DEI de los actos del 2014 hasta la fecha, en actos administrativos debido al cierre de hoy, cual es el fondo de cierre de la DEI, amparados en el artículo 80 de la Constitución de la República.
5. Hacer un llamado a los empresarios, políticos, iglesia, centrales obreras, sindicatos, sociedad civil apoyar esta petición de investigación nacional e internacional, esta acción pone en peligro el Estado, ya que la DEI es una institución de seguridad nacional según el decreto 17-2010.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn La calles aledañas a la sede del Poder Legislativo amanecieron llenas de militares y policías que no le permitían a los hondureños de a pie circular por las mismas y mucho menos ejercer su derecho a protestar por la ilegal elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. El Centro de […]
La tarde-noche de este día 05 de enero de 2016, los tribunales de Trujillo, Colón, dictaron Auto de Formal Procesamiento contra militares que mataron a dos garífunas el pasado 27 de diciembre de 2015, sin embargo la Organización Negra de Honduras, OFRANEH, rechazó la militarización en sus comunidades y condenó el hecho que el presidente Juan Orlando Hernández y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas hayan avalada el crimen colocando como héroes a los responsables de la masacre.
Una balacera propiciada por militares de la Fuerza Naval de Honduras dejó como resultado el asesinato del joven garífuna Jostin Palacios Lino de 24 años y de Elvis García de 19 años, en la comunidad de Barra de Iriona, departamento de Colón, después de una balacera provocada por los uniformados que dispararon a mansalva contra varias personas de la comunidad garífuna.
Alfredo López ,Vicepresidente de OFRANEH, denunció que en los últimos meses del año que recién terminó al menos dos comunidades garífunas, Limón y Pla-Playa fueron objeto de militarización lo que ha dejado una estrategia de represión hacia sus respectivas poblaciones.
Pero Alfredo López opinó que el resultado de esta audiencia no genera satisfacción ni en OFRANEH ni mucho menos en la comunidad de Iriona ya que aún y cuando se ha efectuado un proceso en contra de ellos, funcionarios de gobierno y el propio Presidente de la República los ha elevado al grado de héroes que cumplían con su deber.
“El hecho de que los miembros de la Naval tengan como medida la prisión forma parte del inicio de una deuda que tienen que pagar con la comunidad. Continuaremos con la denuncia para que este caso no quede impune y sobre todo para que también puedan ser condenados los altos oficiales que ordenaron atacar a nuestros hermanos”, mencionó López.
Denunció el papel de instituciones del Estado que se han llamado al silencio ante el abuso de la fuerza militar en contra del pueblo garífuna, como es el papel de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) que “actúa en complicidad de nuestro sufrir y es por ello que resentimos este comportamiento de esquiroles de quienes asesinan a nuestro pueblo”.
En más de 100 años de bipartidismo hondureño, el pueblo garífuna ha sido objeto de una política violenta hacia la reivindicación por sus derechos. Para el caso en 1937, durante el gobierno del dictador nacionalista Tiburcio Carías Andino, se ejecutó la masacre de San Juan y como puente en el tiempo otro gobierno de corte azul y estrella solitaria, en el marco de su apoyo en los militares ejecuta la misma política al igual del dictador de los años 30.
Los nombres de los militares son Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los anteriores fueron acusados por el delito de homicidio simple.
Comunicado emitido por OFRANEH este día:
Honduras: Garifunas exigimos la desmilitarización de nuestras comunidades y sus territorios
Sambo Creek, 5 de enero de 2015.- El ataque a mansalva a un grupo de Garífunas perpetrado por elementos de la Fuerza Naval el pasado domingo 28 de diciembre, hecho acontecido en la Barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, los que se encontraban en horas de la madrugada desatascando un vehículo enterrado en la playa.
Los elementos de la Fuerza Naval sin mediar palabra dispararon supuestamente porque confundieron a los Garífunas con narcotraficantes. Entre los Garifunas se encontraban mujeres y menores de edad, ya que el lugar de los hechos es frecuentemente transitado por vehículos que cubren la ruta entre Tocamacho e Iriona, ante la inexistencia de vías de comunicación en esa zona.
Desde meses atrás el corredor entre las comunidades garífunas de Limón y Plaplaya fue militarizado, existiendo una estrategia de represión hacia la población local por parte de los militares, a pesar que las Fuerzas de Seguridad poseen la información precisa de quienes integran las bandas al servicio del crimen organizado, en su gran mayoría conformada por mestizos que no habitan en nuestras comunidades.
Como es de conocimiento público, el narcotráfico se apoderó de Honduras en las últimas dos décadas, incrementándose el flujo de estupefacientes a partir del golpe de estado del año 2009; situación que afectó severamente a las comunidades Garifunas ante las presiones territoriales que se dieron por parte del crimen organizado que no cejaron en la “compra” de tierras, y la infiltración de municipalidades y juzgados, hasta el punto que Honduras se convirtió en un narco estado.
La Resolución del Juzgado de Trujillo
En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidio presentar requerimientos fiscales en contra de los militares por homicidio simple a Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los sindicados fueron acusados de homicidio simple y confinados a la base naval en Puerto Castilla.
En el caso de Honduras las Fuerzas de seguridad se blindaron a través del decreto 168-2012, el que en su artículo 13 señala que los militares, policías y miembros de la Policía Militar de Orden Publico, “en caso que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso judicial”.
Un nutrido grupo de Garífunas provenientes de las comunidades de Iriona y de la bahía de Trujillo, hicieron presencia frente al Juzgado de letras de Trujillo, protestando por los homicidios perpetrados por los militares y la militarización que padecen las comunidades Garífunas, las que son islas de paz en el mar de sangre en que se ha convertido Honduras
Militares y asesinatos de Garífunas
Desde la masacre de San Juan Tela, consumada por las tropas del dictador Tiburcio Carías en el año de 1937, los Garífunas hemos sentido el yugo de las fuerzas castrenses y hasta la fecha la mayoría de nuestro pueblo asimiló el terror hacia los militares hondureños sinónimo de despotismo.
En la última década se han dado situaciones que corroboran la aprensión que siente nuestro nuestro pueblo a los militares. Las ejecuciones de Epson Andrés Castillo y de Eligio Lopez, ocurrida en la Laguna Negra, en marzo del 2006, y la muerte de Guillermo Norales, asesinado por la Fuerza Naval en las inmediaciones de Cuero y Salado, en septiembre del 2007, además de la “desaparición” de Domitilio Arzu ocurrida en el archipiélago de los Cayos Cochinos en el año 1996, forman parte de las agresiones sufridas por nuestro pacífico pueblo a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.
Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos salvaguardar a los oficiales. Como ejemplo está el caso de los Garífunas asesinados en Laguna Negra, en el cual el oficial que dio la orden de ejecución aparentemente lo convirtieron en testigo protegido de la Fiscalía.
El ataque de los Navales ocurrido en la Barra de Iriona, no tiene justificación alguna, ya que los asesinados en ningún momento han estado relacionados el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad poseen suficiente información sobre el crimen organizado en la zona, pero hasta la fecha han sido incapaces de desmantelar las bandas existentes, muchas de ellas asentadas en las comunidades de Palacios y el Sico, donde la población es casi en su totalidad mestiza.
La Falsa Guerra contra las drogas y la exigencia de la desmilitarización de las comunidades Garífunas
A pesar de la cuantiosa cifra invertida por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra las drogas, durante los más de 40 años en que viene manteniendo la fallida estrategia, los pueblos indígenas somos de los más afectados tanto por las fuerzas punitivas de los gobiernos como por las bandas de asesinos financiadas por el crimen organizado.
En enero del año pasado la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo intitulado “La guerra contra las drogas: El fracaso de un trillón de dólares”, en el cual analizan la disfuncionabilidad de la supuesta guerra y su alto costo economico. Mientras tanto los gobiernos de los países del triángulo de la muerte (Guatemala, Salvador y Honduras) y México, han sufrido una putrefacción de sus sistemas judiciales y de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que las víctimas son incontables.
La Asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en N.Y, es una oportunidad para revisar la criminalización de las drogas y sus efectos; además de buscar nuevos enfoques que superen la visión impuesta desde la época de Richard Nixon, de ver a los drogadictos como criminales, y rellenar las cárceles de los Estados Unidos de minorias raciales a través de la política de sentencias mínimas mandatorias.
Es inconcebible que los Estados Unidos exporte armas a doquier mientras de forma moralista asuma combatir las drogas. Paises ocupados militarmente como Afganistán y Colombia continúan de forma no tan misteriosa siendo los mayores productores de drogas en el mundo.
El pueblo Garífuna y la OFRANEH exigimos la desmilitarizacón de nuestras comunidades y sus territorios, Ademas solicitamos a los funcionarios estatales y militares que cesen de criminalizar a nuestro pueblo, ya que la generalización de acusarnos de traficantes carece de fundamento y es risible puesto que la elite política de Honduras se encuentra cuestionada por los agentes imperiales, ante la enorem corrupacion y complicidad con el narcotráfico
Sambo Creek, 5 de enero de 2015.- El ataque a mansalva a un grupo de Garífunas perpetrado por elementos de la Fuerza Naval el pasado domingo 28 de diciembre, hecho acontecido en la Barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, los que se encontraban en horas de la madrugada desatascando un vehículo enterrado en la playa.
Los elementos de la Fuerza Naval sin mediar palabra dispararon supuestamente porque confundieron a los Garífunas con narcotraficantes. Entre los Garifunas se encontraban mujeres y menores de edad, ya que el lugar de los hechos es frecuentemente transitado por vehículos que cubren la ruta entre Tocamacho e Iriona, ante la inexistencia de vías de comunicación en esa zona.
Desde meses atrás el corredor entre las comunidades garífunas de Limón y Plaplaya fue militarizado, existiendo una estrategia de represión hacia la población local por parte de los militares, a pesar que las Fuerzas de Seguridad poseen la información precisa de quienes integran las bandas al servicio del crimen organizado, en su gran mayoría conformada por mestizos que no habitan en nuestras comunidades.
Como es de conocimiento público, el narcotráfico se apoderó de Honduras en las últimas dos décadas, incrementándose el flujo de estupefacientes a partir del golpe de estado del año 2009; situación que afectó severamente a las comunidades Garifunas ante las presiones territoriales que se dieron por parte del crimen organizado que no cejaron en la “compra” de tierras, y la infiltración de municipalidades y juzgados, hasta el punto que Honduras se convirtió en un narco estado.
La Resolución del Juzgado de Trujillo
En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidio presentar requerimientos fiscales en contra de los militares por homicidio simple a Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los sindicados fueron acusados de homicidio simple y confinados a la base naval en Puerto Castilla.
En el caso de Honduras las Fuerzas de seguridad se blindaron a través del decreto 168-2012, el que en su artículo 13 señala que los militares, policías y miembros de la Policía Militar de Orden Publico, “en caso que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso judicial”.
Un nutrido grupo de Garífunas provenientes de las comunidades de Iriona y de la bahía de Trujillo, hicieron presencia frente al Juzgado de letras de Trujillo, protestando por los homicidios perpetrados por los militares y la militarización que padecen las comunidades Garífunas, las que son islas de paz en el mar de sangre en que se ha convertido Honduras
Militares y asesinatos de Garífunas
Desde la masacre de San Juan Tela, consumada por las tropas del dictador Tiburcio Carías en el año de 1937, los Garífunas hemos sentido el yugo de las fuerzas castrenses y hasta la fecha la mayoría de nuestro pueblo asimiló el terror hacia los militares hondureños sinónimo de despotismo.
En la última década se han dado situaciones que corroboran la aprensión que siente nuestro nuestro pueblo a los militares. Las ejecuciones de Epson Andrés Castillo y de Eligio Lopez, ocurrida en la Laguna Negra, en marzo del 2006, y la muerte de Guillermo Norales, asesinado por la Fuerza Naval en las inmediaciones de Cuero y Salado, en septiembre del 2007, además de la “desaparición” de Domitilio Arzu ocurrida en el archipiélago de los Cayos Cochinos en el año 1996, forman parte de las agresiones sufridas por nuestro pacífico pueblo a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.
Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos salvaguardar a los oficiales. Como ejemplo está el caso de los Garífunas asesinados en Laguna Negra, en el cual el oficial que dio la orden de ejecución aparentemente lo convirtieron en testigo protegido de la Fiscalía.
El ataque de los Navales ocurrido en la Barra de Iriona, no tiene justificación alguna, ya que los asesinados en ningún momento han estado relacionados el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad poseen suficiente información sobre el crimen organizado en la zona, pero hasta la fecha han sido incapaces de desmantelar las bandas existentes, muchas de ellas asentadas en las comunidades de Palacios y el Sico, donde la población es casi en su totalidad mestiza.
La Falsa Guerra contra las drogas y la exigencia de la desmilitarización de las comunidades Garífunas
A pesar de la cuantiosa cifra invertida por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra las drogas, durante los más de 40 años en que viene manteniendo la fallida estrategia, los pueblos indígenas somos de los más afectados tanto por las fuerzas punitivas de los gobiernos como por las bandas de asesinos financiadas por el crimen organizado.
En enero del año pasado la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo intitulado “La guerra contra las drogas: El fracaso de un trillón de dólares”, en el cual analizan la disfuncionabilidad de la supuesta guerra y su alto costo economico. Mientras tanto los gobiernos de los países del triángulo de la muerte (Guatemala, Salvador y Honduras) y México, han sufrido una putrefacción de sus sistemas judiciales y de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que las víctimas son incontables.
La Asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en N.Y, es una oportunidad para revisar la criminalización de las drogas y sus efectos; además de buscar nuevos enfoques que superen la visión impuesta desde la época de Richard Nixon, de ver a los drogadictos como criminales, y rellenar las cárceles de los Estados Unidos de minorias raciales a través de la política de sentencias mínimas mandatorias.
Es inconcebible que los Estados Unidos exporte armas a doquier mientras de forma moralista asuma combatir las drogas. Paises ocupados militarmente como Afganistán y Colombia continúan de forma no tan misteriosa siendo los mayores productores de drogas en el mundo.
El pueblo Garífuna y la OFRANEH exigimos la desmilitarizacón de nuestras comunidades y sus territorios, Ademas solicitamos a los funcionarios estatales y militares que cesen de criminalizar a nuestro pueblo, ya que la generalización de acusarnos de traficantes carece de fundamento y es risible puesto que la elite política de Honduras se encuentra cuestionada por los agentes imperiales, ante la enorem corrupacion y complicidad con el narcotráfico
Tegucigalpa.-Nuevamente la prioridad del gobierno hondureño es la militarización del Estado a través del apoyo financiero que este 2016 recibirán las secretarías de Defensa y Seguridad, que alcanza cerca de 13,000 millones de lempiras, según lo estipulado el Presupuesto de Ingresos y Egresos.
Los militares se han convertido en la prioridad del gobierno de Juan Hernández.
La administración de Juan Hernández, argumenta el excesivo gasto, en las acciones de combate a la violencia. En ese sentido el Congreso Nacional aprobó en el marco del presupuesto, un poco más de 5,900 millones de lempiras para seguridad, en contraste con 3,800 aprobados en 2015.
En tanto, el renglón de defensa contará para su operación en 2016 con el respaldo de alrededor de 6,700 millones de lempiras, una cantidad mayor que los 5,400 millones otorgados para el período fiscal del presente año.
El presupuesto ambas áreas contempla un incremento de más de 3,000 millones de lempiras, puesto que seguridad experimentará un incremento de más de 2,000 millones de lempiras y la partida de defensa observa un alza de 1,291 millones.
DESPROPORCONALIDAD EN ASIGNACIONES
Como reflejo de la prioridad se constata que las asignaciones para ambas áreas se han incrementado en unos cinco mil millones de lempiras en los últimos dos años, en contraposición de los recursos económicos destinados al sector social.
Esta es una escuela improvisada ubicada en la Mosquitia hondureña que devela las condiciones precarias del sistema educativo, mientras el gobierno prioriza los gastos en seguridad.
Por el lado del gasto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) destaca la fuerte desproporción entre el gasto en defensa y seguridad y los recursos asignados a la política social. En efecto, el gasto de las secretarías de Defensa y Seguridad aumenta el próximo año en 25% y 58%, respectivamente. En contraste, las secretarías de Salud y Educación solo aumentan 11% y 9%, respectivamente. A estas asignaciones se suma un bajo nivel de inversión pública en infraestructura, con un magro 1.2% del PIB.
La desproporcionalidad en la asignación de los fondos públicos ha sido cuestionada por expertos en economía y finanzas, quienes consideran que los resultados en materia de seguridad no están acorde a los exagerados gastos en defensa y seguridad.
En los últimos tres años, en Honduras se han creado al menos 13 unidades militares que se han sumado a las tareas de seguridad, sin embargo las muertes violentas siguen enlutando a las familias hondureñas.
Las críticas se dan, mientras el gobierno insiste que las políticas de seguridad están dando resultados porque los homicidios se han reducido a 65 por cada 100 mil habitantes luego de registrarse 90 por cada 100 mil habitantes en años recientes.
Sin embargo el Observatorio de la Violencia de la UNAH, registró hasta el 30 de noviembre pasado 95 masacres y 352 muertes durante 2015.
La anarquía y el uso de AK-47
Más de ocho edificios a nivel nacional están militarizados, los empleados van a seguir el procedimiento legal, “pues hoy nos han ultrajado, estigmatizado y nos están mandando a la calle, por lo que están concentrando el poder, nos estaba sacando porque somos un estorbo para ellos”.
Asimismo Jony Barahona del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SITRAINSEP), expresó que el gobierno les está violentando el derecho al trabajo, porque estos despidos amparándose que los empleados son corruptos, están desapareciendo a los sindicatos, a los trabajadores. Los empleados no son los corruptos, sino ese grupo organizado que tiene en cada institución, los ministros y los jefes, a ellos hay que investigar.
Honduprensa 