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Presiones territoriales en la Costa Garifuna: fallo a favor de Barra Vieja e intento de desalojo en Santa Fe.

El juicio contra la directiva de Barra Vieja tuvo lugar después de haber sido juzgados 64 miembros de la comunidad en junio del año pasado, los que fueron absueltos del delito de usurpación. La se…

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Policía desaloja violentamente a comunidad garífuna de Santa Fe, Colón

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Ayer 8 de septiembre, en horas de la tarde ocho agentes de la Policías Nacional acompañado de un grupo de 12 hombres civiles, aparentemente vándalos de la zona, llegaron de forma violenta, portando armas de fuego, palos y piedras, hasta la comunidad de Santa Fe donde miembros y miembras de […]

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Ley de Consulta previa es engaño del Estado de Honduras para proteger transnacionales

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ESTADO HONDUREÑO VIOLA DERECHO DE CONSULTA PREVIA A PUEBLOS INDÍGENAS

A partir del golpe de Estado en Honduras del 2009, se aceleró el proceso de entrega de ríos y el territorio boscoso para la instalación de proyectos extractivitas. Sin embargo el Estado ha tomado decisiones desconociendo  los derechos colectivos de pueblos indígenas, tales como el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el país existe un total de 837 concesiones  mineras aprobadas, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño. En la actualidad la industria se ha convertido en la principal fuente de conflictos territoriales, persecución, agresiones, amenazas y homicidios, de acuerdo a un recién estudio realizado  por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús,  de la ciudad de El Progreso.

“Uno de los sectores más golpeados con estas concesiones somos los pueblos indígenas. El gobierno ha otorgado los permisos para proyectos mineros e hidroeléctricos a espaldas de las comunidades”, aseguró  Margarita Pineda del Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH).

El derecho a la Consulta Previa, libre e informada  está siendo conocida en las comunidades del interior del país. Desde las comunidades organizadas en defensa de los bienes comunes están  luchando para que  antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero se instale,  den a conocer la información necesaria para que desde su autodeterminación, sea el pueblo quien tome la decisión de aceptarlo o rechazarlo.

“Lo que pesa aquí en el país es que nos quieren consultar hasta que ya están otorgadas las concesiones y  cuando las empresas se están desarrollando la exploración para iniciar la explotación, y eso así no es válido porque están distorsionando el tema de la consulta previa”, manifestó la dirigente indígena.

“El asesinato de nuestra  líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas”, aseguró Cesar de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

 

Recordó que con todo esto el estado está violando  el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Propuesta y contra propuesta 

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el Estado presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte en una simple socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso.

“Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas”, denunció Mirian Miranda de la Ofraneh.

Indicó que “fue a partir del Golpe de Estado del 2009 se ha venido dando una avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual las leyes emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre otras más, un destrozo para nuestros pueblos, los que cada día corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios”.

¿Qué es una consulta previa, libre e informada?

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas reconocido tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional. Los principios que deben fundamentar una consulta a pueblos y comunidades indígenas son:

Previa a la toma de decisiones que los pueden afectar. Libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo. Informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad, realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo.

De acuerdo a los convenios internacionales son los gobiernos nacionales quienes deben consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su calidad de vida.

 

“Nosotros  insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Además del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas”, concluyó Mirian Miranda.

Origen: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3093-estado-hondureño-viola-derecho-de-consulta-previa-a-pueblos-ind%C3%ADgenas

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EN EL LUGAR EQUIVOCADO

Caso López Álvarez Vs. Honduras

El señor Alfredo López Álvarez no sabía, ese día, que en el transcurso de las horas su vida cambiaría radicalmente. Residía cómodo en la aldea de Triunfo de la Cruz, ciudad de Tela, Departamento de Atlántida. Se dedicaba a realizar trabajos independientes como electricista y en construcción. Era dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y de la Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), así como del Comité Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT).

Al momento de su detención, el 27 de abril de 1997, Alfredo López era presidente de CODETT y vicepresidente de OFRANEH.

Indican los antecedentes de la demanda presentada en contra del Estado de Honduras por el caso del señor Alfredo López Álvarez, que 31 de marzo de 1997 la Dirección de Investigación Criminal recibió una llamada telefónica de una persona no identificada, quien indicó que «el señor Sunny Loreto Cubas era vendedor de cocaína en grandes cantidades». Inmediatamente, oficiales de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico «empezaron a realizar las pesquisas del caso». El 27 de abril, la DIC recibió una nueva llamada telefónica de «fuente no identificada», que señaló que ese mismo día «el señor Sunny Loreto Cubas se encontraría con dos personas en la playa». Consecuentemente, los oficiales Fabricio Lupiac, Darwin Valladares, Alex Wilmer Bejarano, Roberto Cabrera, Omar Discua y Angel Reyes montaron vigilancia en las inmediaciones del Hotel Puerto Rico, ciudad de Tela, Honduras.

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Alfredo López Álvarez tenía varios días de presentar problemas con su carro. Buscó al mecánico Luis Ángel Acosta, con quien en otras ocasiones había negociado la reparación de su vehículo. Luis Ángel Acosta le informó que sería preciso remolcar el automóvil para repararlo. Alfredo López Álvarez  comprendió que no era posible trasladar el vehículo en ese momento a la ciudad de Tela, así que «tomó un jalón» con el señor Acosta, hacia las cercanías del Hotel Puerto Rico en donde, en ese momento y sin ellos imaginarlo, estaba en proceso la operación encubierta de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico.

En horas de la tarde, oficiales de la Lucha contra el Narcotráfico detuvieron y revisaron el vehículo en el que viajaban los señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta y encontraron y decomisaron dos paquetes que contenían un polvo blanco. Seguidamente detuvieron a dichos señores en el estacionamiento del Hotel Puerto Rico. Ese día los Oficiales de la DIC detuvieron también al señor Sunny Loreto Cubas en las cercanías del Hotel.

En la noche la señora Teresa Reyes Reyes, compañera de hogar de Alfredo López Álvarez, se enteró de la detención. Dado que éste no regresó de la ciudad de Tela, sus familiares y miembros de la comunidad se preocuparon y salieron a buscarlo. Lo encontraron en la oficina de la Dirección de Investigación Criminal. Intentó verle, pero no se le permitió hablar con su compañera.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención, el señor Dennis H. Rodríguez Rodríguez, oficial de investigación de la Dirección de Investigación Criminal, puso «a la Orden del Juzgado de Letras Seccional a los señores: Luis Ángel Acosta, Sunny Loreto Cubas y Alfredo López, por suponérseles responsables del Delito de «POSESION Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES en perjuicio de LA SALUBRIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS», y remitió como «prueba de convicción» lo que supuestamente eran «DOS KILOS DE COCAINA, Y UN CARRUCO DE ‘MARIHUANA’, y UNA BOLSITA CONTENIENDO UNA PIEDRA SUPUESTAMENTE DE CRACK».

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El Juzgado admitió la remisión de los encausados y de las pruebas de convicción, las cuales remitió al Departamento de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro de Sula, a fin de determinar la pureza de la cocaína, y si la cantidad decomisada supuestamente de cocaína, marihuana y la piedra supuestamente de crack, se le considera para consumo o para tráfico».

En el dictamen del análisis, oficio de 2 de mayo de 1997 se indica lo siguiente:

A) Peso neto de la muestra: 1.8 gramo; resultado: positivo por cannabinoides; conclusión: según la cantidad incautada la evidencia se considera para consumo personal inmediato.

B) Peso neto de la muestra: 1.5 gramos; polvo blanco: positivo para cocaína 94.7% pureza; piedra blanca: positivo para cocaína 95% pureza; conclusión: según la cantidad incautada en el oficio. 2 kilogramos, la evidencia se considera para tráfico.

Alfredo López Álvarez estaba desesperado. Según declaró en el proceso en contra del Estado de Honduras, en la cárcel se le prohibía hablar su idioma y se le acusaba de un delito que no había cometido.

El Ministerio Público determinó que se procediera a destruir la droga. El 28 de abril de 1998, fecha fijada para la destrucción, cuando «se procedía a incinerar los dos kilos de cocaína, al realizar la prueba de campo que determinaba la Ley por peritos del Laboratorio Criminalístico y Ciencias Forenses del Ministerio Público el resultado fue «negativo».

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Los dos dictámenes no coincidían. Sin embargo el 7 de noviembre de 2000, el Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó sentencia condenatoria por el delito de posesión y tráfico de estupefacientes en perjuicio de los procesados, señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta, y de sobreseimiento en relación con el señor Sunny Loreto Cubas, quien había fallecido el 25 de junio de 1999.

El fallo se fundamentó en la descripción testimonial de lo ocurrido el 27 de abril de 1997 y en el análisis realizado el 14 de mayo de ese año a la sustancia incautada en la detención.

La sentencia condenó a los procesados Luis Ángel Acosta y Alfredo López Álvarez «a cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, previo abono del tiempo que han permanecido en efectiva prisión, la pena de quince años de reclusión y les impuso una multa de un millón de lempiras».

Los abogados de Alfredo López Álvarez comenzaron entonces una carrera en su caso, buscando por todos los medios posibles su libertad. Procediendo con cuanto recurso estuviera a su alcance. Y finalmente, el 2 de mayo de 2001, la Corte de Apelaciones de la Ceiba resolvió declarar, de oficio, la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del auto de fecha 8 de octubre de 1997 por irregularidades procesales en virtud que «no se determinó la participación de cada uno de los imputados en la comisión del delito».

Dicha Corte determinó que se devolviera la causa al Juzgado de origen, a efecto de que se subsanaran las faltas apuntadas.

El 26 de noviembre de 2002 el señor José Luis Mejía Herrera, defensor público del señor Alfredo López Álvarez solicitó al Juzgado de Letras Seccional de Tela que se dictara a su favor sentencia absolutoria con base en que, entre otros argumentos, la supuesta droga incautada había sido encontrada dentro de un vehículo que no pertenecía al señor López Álvarez ni era conducido por éste; que no puede considerarse como el propietario ni poseedor ilegítimo de la sustancia que se dijo que era cocaína; que como lo expresa la fiscalía únicamente se le decomisó una piedra de crack, que una vez analizada resultó para consumo personal, y que se había planteado duda razonable sobre la existencia de la supuesta droga, ya que el primer dictamen no había establecido ninguna cadena de custodia sobre los dos supuestos kilos de cocaína.

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Alfredo López, líder garífuna de OFRANEH.

El 13 de enero de 2003 el Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó sentencia absolutoria a favor de los señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta, y sobreseyó la causa seguida en contra del señor Sunny Loreto Cubas, con fundamento en que «no se estableció la cadena de custodia con la evidencia decomisada, por lo que a la fecha no existe la certeza de si la muestra enviada al laboratorio toxicológico y que resultó positivo se sustrajo de los dos kilos de polvo blanco decomisados a los imputados o si fue suplantada posteriormente y al practicase nuevamente la prueba resultó que no era cocaína. Existiendo en consecuencia dos dictámenes toxicológicos con resultados distintos y tratándose aparentemente de la misma evidencia no quedando en esta forma comprobado el cuerpo del delito. Al existir dos dictámenes toxicológicos distintos, existe duda para determinar cual de los dos es el que efectivamente fue practicado a la evidencia decomisada en la presente causa».

La Corte de Apelaciones confirmó más adelante la sentencia absolutoria con fundamento en que «de la valoración de la prueba agregada al juicio no se derivaba la conclusión de que los imputados hubiesen participado en un hecho constitutivo de delito…» Agregó el fallo que «aún cuando es cierto que en el proceso aparecen las declaraciones de los agentes policiales que participaron en la captura de los procesados, las mismas difieren en detalles o accidentes esenciales y por consiguiente no merecen crédito».

El señor Alfredo López Álvarez fue puesto en libertad hasta el 26 de agosto de 2003. Estuvo privado de libertad durante seis años y cuatro meses.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en favor del señor Alfredo López Álvarez el 1 de febrero de 2006. Se condenó al Estado de Honduras y se le ordenó, entre otras medidas, crear las condiciones que permitan asegurar a los reclusos la alimentación adecuada, atención médica y condiciones físicas y sanitarias consecuentes con los estándares internacionales. También señaló que se deben llevar a cabo actividades de capacitación en derechos humanos dirigidas a los funcionarios penitenciarios.

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Texto tomado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006.

Origen: http://elpulso.hn/en-el-lugar-equivocado/

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In Depth Conversation with Miriam Miranda of OFRANEH about the Garífuna Indigenous People in Honduras 

Origen: In Depth Conversation with Miriam Miranda of OFRANEH about the Garífuna Indigenous People in Honduras 

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CSJ DEJA FIRME SENTENCIA A FAVOR DE FAMILIAS DE BARRA VIEJA EN TELA, ATLÁNTIDA

Desde hace varios años la comunidad Garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, Atlántida, al norte de Honduras enfrenta un proceso de despojo de tierra, mismo que ha sido acompañado de persecución judicial y amenazas.

Como parte de la persecución desde el año 2014, alrededor de 60 familias de la comunidad fueron procesadas, acusadas de usurpación de tierra, por la Empresa Nacional Portuaria y por el Proyecto Hotelero Indura Beach and Golf Resort.

La acusación emprendida por la Empresa Nacional Portuaria en contra de la comunidad Garífuna se convirtió en una seria amenaza para las familias, porque sufrieron desalojos, e intimidaciones de los organismos de seguridad del Estado.

El día 5 de junio del 2015, y después de muchas horas en los tribunales, el Tribunal de Sentencia se reunió en el antiguo edificio de la contaduría en el centro de Tela.  Ese Tribunal emitió una sentencia, ese mismo 5 de junio a favor de las comunidades, dejando sin valor la acusación realizada por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), y dejando en libertad a las más de 60 familias que habitan el lugar.

Sin embargo la misma fue apelada a través de un recurso de casación interpuesto por la ENP ante la Corte Suprema de Justicia.

No pasó ni un mes, cuando apareció una nueva acusación contra la comunidad. El 30 de junio del 2015, surgió una acusación contra los líderes del patronato de la comunidad, por el delito de usurpación de tierras, siempre por la ENP.

ACTUALIDAD

El pasado lunes 18 de julio, en los juzgados de Tela, Atlántida, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas contra 10 directivos del patronato de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, mismos que fueron acusados en el 2015 acusados de ser invasores de un terreno que forma parte del territorio ancestral Garífuna.

El abogado Carlos Velásquez, apoderado legal de la comunidad, manifiesta que en la audiencia se propuso las pruebas y se señaló una nueva  fecha para el debate, mismo que se realizará el próximo 17 de agosto a las diez de la mañana en los Tribunales de Tela.

El profesional del derecho señala que en la audiencia fueron notificados que la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de casación interpuesto por el proyecto Indura y la Empresa Nacional Portuaria en el caso  de una sentencia dictada por un Tribunal en Tela, y que la misma era a favor de las familias de la comunidad.

Carlos Velázquez dice que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es un revés para el sistema de desojo de tierras y criminalización de los pueblos indígenas y originarios que mantiene el Estado hondureño.

En ese contexto de despojo de tierras, criminalización y persecución a las comunidades Garífunas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en diciembre del 2015  una sentencia a favor de la comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela.

La sentencia encuentra al Estado hondureño internacionalmente responsable por violación a varios derechos de la comunidad garífuna.

La situación de las comunidades de Barra Vieja y El Triunfo de la Cruz, no dista mucho de la que viven otros pueblos originarios en el país, que son perseguidos y criminalizados por empresas que en complicidad con el Estado buscan despojarlas del territorio que ancestralmente les pertenece.

Origen: http://radioprogresohn.net/~rprog/index.php/comunicaciones/noticias/item/3061-csj-deja-firme-sentencia-a-favor-de-familias-de-barra-vieja-en-tela-atlántida

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Honduras: El reality show de la muerte de los corales en el caribe.

Mientras en los Cayos Cochinos una vez más se graba uno de los tantos realties shows que utilizan el archipiélago como escenario, los corales en el caribe como en el resto del planeta sufren del le…

Origen: Honduras: El reality show de la muerte de los corales en el caribe.

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ACCION GLOBAL, Justicia para Berta Cáceres. La Ceiba, Honduras

El pueblo Garífuna se moviliza el día de hoy, para exigir la aplicación de Justicia en el caso del asesinato de nuestra hermana de lucha Berta Cáceres, la que fue asesinada por defender los derech…

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Nuevamente se suspende Juicio contra “Rey del Porno” canadiense por usurpación de tierras del pueblo Garífuna.

El día de hoy, en el juzgado de letras de la ciudad de Trujillo, se suspendió por motivos desconocidos, una audiencia programada en relación al caso de usurpación incoado en contra del Sr Randy Roy…

Origen: Nuevamente se suspende Juicio contra “Rey del Porno” canadiense por usurpación de tierras del pueblo Garífuna.

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IFC investments through financial intermediaries linked to human rights abuses in Honduras, again – Bretton Woods Project

A new complaint was lodged with the CAO regarding an IFC financial intermediary investment in Honduras, while another financial intermediary case, previously linked to the IFC, escalate into violence.

 

In October 2015 a Honduran indigenous Garifuna community, with support of local NGO the Black Fraternal Organisation of Honduras (OFRANEH), lodged a complaint with the Compliance Advisor Ombudsman (CAO), the accountability mechanism of the International Finance Corporation (IFC, the World Bank’s private sector arm). The complaint alleged a number of breaches stemming from the Tela Bay Tourism development project in Indura, including “land grabbing, community displacement, lack of economic benefits and environmental degradation”. The CAO found the complaint eligible for further assessment in December and is currently assessing the case further. One of the project’s financiers is Banco Ficohsa, Honduras’ third largest bank, in which the IFC has made several investments since 2008, including trade finance, housing and SME loans as well as an equity investment in May 2011. The IFC’s investments through financial intermediaries (FIs) have been repeatedly criticised by the CAO and NGOs claiming that the IFC is unable to determine the development impact of the investments and to ensure they do no harm (see Observer Spring 2015, Winter 2015, and  Spring 2014).

In the complaint OFRANEH sets out the deleterious impact of World Bank involvement in Honduras since the 90s in promoting the “restructuring of land registration systems and cadastre through [development] programmes that affect the rights of Garifuna communities”. OFRANEH concluded “that a set of World Bank projects promoted massive encroachment of Garifunas’ land on the north coast, facilitating illegal [land] titles to third parties of ancestral Garifunas’ land and the IFC financed investments in private sector projects built on this stolen land.” It requested that the CAO investigate the IFC investment in Ficohsa and undertake a “broader review of the World Bank policies and practices that have contributed to the dispossession of large-scale land in Honduras and in particular the Garifunas communities”.

Repeated human rights concerns, same suspects

This is not the first time that the IFC’s investments in Ficohsa have come under scrutiny by the CAO. In August 2013 the CAO initiated a compliance appraisal, triggered by Ficohsa’s significant exposure to Corporación Dinant, a controversial palm oil producer in Honduras, also subject to a CAO audit that was initiated in 2012 due to allegations of human rights violations (see Observer Winter 2014, Bulletin Aug 2014, Update 86).  In January 2016 the CAO released its monitoring report of the Ficohsa investigation, citing repeated concerns about IFC’s management of environmental and social risk in relation to Ficohsa’s lending to Dinant. The CAO concluded that “to date IFC has not assured itself that Ficohsa’s ongoing financing for Dinant is contingent on binding commitments to implement the performance standards, either through its loan agreements or the environmental and social action plan.” The CAO will continue to monitor the IFC’s supervision of Ficohsa and aims to release a follow up monitoring report no later than December 2016.

World Bank projects promoted massive encroachment of Garifunas’ land…, facilitating illegal [land] titles… and the IFC financed investments in private sector projects built on this stolen land.OFRANEH complaint letter to CAO

Honduran activists murdered

In early March Berta Cáceres, leader of Honduran NGO the National Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras (COPINH), was murdered. Cáceres had led the peaceful opposition to the construction of the Agua Zarca dam, arguing it would destroy local indigenous Lenca communities’ farmland and limit their access to drinking water, and received continuous threats, harassment and persecution by the state and others. In October 2013 COPINH registered a complaint with the CAO concerning the Agua Zarca hydropower project, carried out by the company DESA, following the killing of an indigenous protestor, allegedly by the army and the building company, and intimidation of activists and local communities opposing the project (see Bulletin  Dec 2013, Observer Autumn 2013). However, the case did not come to conclusion, as CAMIF, IFC’s client, pulled out its investment in DESA and the Agua Zarca project. CAMIF’s withdrawal was followed by China’s Sinhydro, which cited publicly that its withdrawal was due to conflicts between the company and communities.

Following Cáceres’ murder numerous CSOs, such as COPINH, and  Both ENDS, called on all investors to pull out of the Agua Zarca project and do everything in their power to stop the violence and intimidation against activists. The Netherlands Development Finance Company (FMO) and the Finnish Finnfund suspended their support for the project one day after Nelson García of COPINH was also shot and killed in late March. On the website ‘Justice for Berta’, her children and COPINH demand “immediate cancellation of the Agua Zarca project, justice for the Berta’s murder, an end to the persecution of the Lenca community and justice for projects that threaten the environment and the lives of indigenous communities in Honduras”.

Killings of environmental activists a global trend

In April 2015 Global Witness, a UK based NGO, argued in its report How many more? that 2014 saw an increase in the killings of environmental activists. At least 116 environmental activists worldwide were killed, 40 per cent of which were from indigenous communities, with most working against hydropower, mining and agribusiness projects. The report described Honduras as “the most dangerous country to be an environmental defender” and “emblematic of the systematic targeting of defenders”. Three-quarters took place in Latin America, with South Asia the second-deadliest region. Victoria Tauli-Corpuz, UN special rapporteur on the rights of indigenous peoples, urged governments to give protection to environmental defenders. In March she told Climate Home, a global news agency: “The pattern of killings in many countries is becoming an epidemic definitely.” Tauli-Corpuz called for recognition of land rights and a robust legal system to prosecute perpetrators.

In late March the UN Human Rights Council approved a new resolution on the protection of human rights defenders addressing economic, social and cultural rights. An earlier draft version included a paragraph highlighting the human rights obligations of international financial institutions. This paragraph was removed in the final version due to calls for removal from the EU, China and Canada.

Origen: IFC investments through financial intermediaries linked to human rights abuses in Honduras, again – Bretton Woods Project

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Tácticas dilatorias y falta de voluntad política del gobierno para cancelar Proyecto Agua Zarca

Las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, respondieron con evasivas y tácticas dilatorias la petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,COPINH  y de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, ante la demanda de que se cancele el proyecto Agua Zarca, en Río Blanco, Intibucá, que ha ocasionado asesinatos, amenazas y hostigamientos contra las comunidades de la zona y el crimen contra la coordinadora de la organización indígena, Bertha Cáceres.

Ni el fuerte sol pudo con las ganas de cruzar las calles capitalinas de los pueblos originarios y las diversas fuerzas de la Articulación del Movimiento Popular “Bertha Cáceres”, quienes se movilizaron este viernes 18 de marzo de 2015 por segundo día consecutivo en Tegucigalpa y visitaron varias instituciones estatales  en demanda de respuestas ante la violencia en  su contra  y de los  territorios.

El jueves fue el primer día y culminó con una jornada cultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los representantes de los pueblos indígenas y afrohondureños iniciaron desde las nueve de la mañana del viernes 18 de marzo  una movilización que tuvo como punto de partida la sede del Sindicato de Trabajadores de Industria de la bebida y Similares, (STIBYS),en esta ciudad.

En el trayecto, igual que el jueves , la movilización pasó por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y después a las instalaciones de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, (SERNA).

Al interior de la sede del palacio de justicia, un equipo de abogados y defensores de derechos humanos interpusieron un recurso de “Habeas Corpus” a favor del defensor de derechos humanos y sociólogo mexicano Gustavo Castro, víctima y testigo en el asesinato de Berta Cáceres, quien está retenido forzosamente en el país después de emitirse una alerta en su contra.

Tienen 15 minutos para recibirnos, ¡nosotros llevamos años de sometimiento!

Cerca de las 11 de la mañana la movilización concluyó en las oficinas de SERNA, en la ciudad capital, y al instalarse frente al portón de acceso, inmediatamente una comisión de dirigentes de los pueblos indígenas así como de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), exigió una reunión con las autoridades de esa secretaría de Estado.

La dirigencia de los pueblos originarios denunciaron a los medios de comunicación que cubrían toda la actividad, que son objeto de burlas por parte de empleados de esta dependencia, según  lo denunció la coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda.

Uno de los empleados públicos de SERNA,  de nombre Carlos Izaguirre, informó a las y los manifestantes que sería el Sub Secretario Elvin Rodas que estaría en la reunión, ya que el titular del ramo no se encontraba en la ciudad.

En tanto que el Coordinador de COPINH Tomás Gómez Membreño, aseguró que la acción de no querer establecer un acercamiento es producto del miedo que tienen porque aprobaron concesiones hidroeléctricas sin la opinión de los pueblos.

“Queremos que hoy nos atiendan, así como nos han estado asesinando a nuestros líderes y dirigentes de base, exigimos hoy que abran estos portones o si no, nosotros los vamos a abrir”, dijo Miranda.

04 de abril, fecha importante

Nosotros exigimos que los proyectos hidroeléctricos sean retirados de nuestros territorios, haciendo énfasis en la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad de Rio Blanco, Intibucá, cuya iniciativa encuentra desde hace seis años un proceso de defensa del recurso del agua y  del Rio Gualcarque.

Por espacio de más de dos horas estuvo  la comisión delegada en reunión con las autoridades de esta entidad, pero los resultados no muestran una voluntad política de respeto al derecho a decidir que se les reconoce.

El vice ministro de SERNA argumentó que no podía dejar clara una salida del proyecto Agua Zarca, ya que “es necesario establecer un estudio previo y no es de la noche a la mañana que se hace”. Lo único que se acordó fue realizar un segundo encuentro para el próximo 04 de abril.

Paradójicamente a la actitud tomada por el Banco Holandés parel Desarrollo (FMO) y el Fondo de Inversión Finlandés (Finnfund) que anunciaron el  16 de marzo de 2016,  la suspensión de todas sus actividades en Honduras “con efecto inmediato”, a raíz de la situación de violencia en contra las comunidades indígenas que defienden su territorio y sus recursos naturales, el Gobierno hondureño se resiste a tomar la decisión .

Esta respuesta evidencia que al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández lo que le importa es la protección del capital y no la vida del pueblo lenca que resiste a sangre y fuego. El 03 de marzo la sangre derramada por Bertha Cáceres quien fue asesinada de cuatro balazos ha despertado la condena mundial, pero el mandatario hondureño se hace de oídos sordos ante el grito de justicia.

Anta la negativa estatal Miriam Miranda, de OFRANEH,  acotó que  de no ser tomada en cuenta la exigencia por ellos planteada volverán a las calles para hacerse sentir.

Una táctica dilatoria es la muestra del desinterés que muestra el Estado ante las demandas, quejas y solicitudes de respeto a los derechos humanos de estos luchadores y luchadoras por la vida. La palabra y resistencia ya está planteada, y aseguraron que regresarán a la capital si el Estado no responde a su petición de cierre sin dilaciones del Proyecto Agua Zarca.

Origen: Tácticas dilatorias y falta de voluntad política del gobierno para cancelar Proyecto Agua Zarca

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Por qué nos movilizamos junto a Berta

Los pueblos indígenas de Honduras nos movlizamos a Tegucigalpa, protestando por el asesinato de Berta Cáceres y exigimos la aprobación de la Ley de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI).

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Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria

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Comunidad Garífuna de Sambo Creek y la Denegación del Derecho a la Consulta Previa.

Origen: Comunidad Garífuna de Sambo Creek y la Denegación del Derecho a la Consulta Previa.

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Instalación de hidroeléctrica violenta derecho a consulta en comunidad garífuna

Origen: Instalación de hidroeléctrica violenta derecho a consulta en comunidad garífuna

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Indigenous Rights Win Major Steps Forward in Honduras

In a major win for Indigenous and Afro-descendent peoples in Honduras, the Inter-American Court of Human Rights issued a judgment in January declaring the State of Honduras responsible for the violation of collective ownership rights and the lack of judicial protection. The case was brought by OFRANEH, the Black Fraternal Organization of Honduras which has been working for years to defend the territory of the Indigenous Garifuna peoples and a partner of a broad coalition of Indigenous and campesino rights organizations across Honduras.

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Rechazamos la presencia de militares y narcos en el territorio Garífuna

Sambo Creek, 13 de enero de 2015.- El ataque por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras a un grupo de Garífunas, el pasado 27 de diciembre en la barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes, que se encontraban auxiliando a un vehículo atascado en la arena, en el cual transportaban familias desde Tocamacho hacia Tocoa.

Como es de conocimiento público, la inexistencia de vías de comunicación en el municipio de Iriona, obliga a sus habitantes a utilizar la playa como la única vía para movilizarse entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios.

El fatídico asalto con armas automáticas perpetrado por los militares forma parte de la estrategia de militarización que sufren las comunidades Garífunas cercanas a la Moskitia. Las comunidades Garífunas reaccionaron demandando una inmediata desmilitarización, ante los crímenes cometidos por los uniformados y los constates abusos a los derechos humanos que se han venido dando en los últimos meses.

Desafortunadamente el clamor de desmilitarización por parte de las comunidades ha sido tergiversado por algunos funcionarios y militares los que han insinuado de forma mailintencionada un contubernio de nuestro pueblo con el crimen organizado.

Durante las últimas dos décadas Honduras se convirtió en un trampolín para el trafico de estupefacientes desde los países productores en Sudamérica hacia el mercado estadounidense. A partir del golpe de Estado del año 2009, Honduras se convirtió en un narco estado, donde existe una fina cutícula entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

Es partir de mayo del 2012, cuando Estados Unidos finalmente interviene, y ocurre la masacre de Ahuas, en la que helicópteros de la DEA masacran a siete Miskitos inocentes, percance que hasta la fecha, tanto las autoridades de los Estados Unidos como de Honduras han eludido investigar de forma fehaciente y apegarse a derecho. Casualmente días antes de la masacre el periódico New York Times publico un artículo intitulado “ Lecciones de Irak ayudan a los Estados Unidos en su guerra contra las drogas en Honduras”.

El cambio de enfoque de los Estados Unidos de una cierta permisibilidad al desmatelamiento de las bandas de crimen organizado, conllevó a la represión directa de los pueblos indígenas que habitamos la costa caribe de mesoamérica. Sin embargo, la represión aplicada a los pueblos no hizo mella alguna al contubernio existente entre crimen organizado y funcionarios estatales.

La putrefacción del aparato judicial causada por la politización, especialmente después del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12) promovido por el actual presidente de Honduras, consolidó los espacios adquiridos por el crimen organizado.

La criminalización del pueblo Garifuna emprendida por los militares y funcionarios estatales, no es más que una cortina de humo para ocultar la alianza existente entre alcaldes, jueces y narcos. Las Fuerzas de Seguridad poseen suficiente información sobre quienes son y como actúa el crimen organizado en el país. Las comunidades Garífunas se han mantenido al margen del lucrativo y espeluznante negocio. Si bien hay algunos Garífunas involucrados, la gran mayoría de nuestro pueblo se mantiene fuera de la esfera de influencia del narcotráfico, y podemos señalar de forma contundente que ejercito y policía conocen bien quienes son los involucrados, pero se abstienen de desmantelar las estructuras criminales.

Como hemos repetido de forma frecuente, las comunidades Garífunas son islas de paz en un mar de sangre. La desmilitarización que exigimos no implica en ningún momento contubernio con el narcotráfico, el cual ha afectado a nuestro pueblo a través de la apropiación ilegal de tierras y el control de las municipalidades y juzgados.

La guerra santa contra las drogas emprendidas por los Estados Unidos hace mas de cuatro décadas ha fracasado de forma contundente, sirviendo más a los intereses de banqueros y empresarios que se han involucrado en lo que se puede llamar el negocio más lucrativo en el planeta.

Afganistan y Colombia son ejemplos de ese costoso fiasco, y a pesar de encontrarse militarizados y en guerra, las drogas continúan siendo producidas y exportados a los países industrializados. De no cambiar Estados Unidos el enfoque, son las comunidades más pobres las que pagaran el precio de la desacertada política esgrimida desde la época de Richard Nixon.

Uno de las problemáticas más graves que afecta a Honduras además del narcotráfico es la putrefacción y colapso de la policía y la conversión del ejercito en fuerza policial, labor que no corresponde con su verdadera misión y da lugar a violaciones a los derechos humanos.

Mientras tanto, las comunidades Garífunas reportan un incremento de la presencia militar en Iriona y un acoso permanente al pueblo Garinagu, que lo podemos relacionar más con una estrategia para impulsar un desplazamiento de la población en aras del experimento neoliberal de las Ciudades Modelo que del control del narcotráfico.

Exigimos además de la desmilitarización, una intervención judicial efectiva para desmantelar las estructuras políticas y económicas de los narcos, así mismo que cese el hostigamiento a los líderes Garifunas, entre ellos al Dr. Luther Castillo, y los testigos de la matanza acontecida en la Barra de Irona, los que vienen siendo hostigados por las fuerzas militares.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: Rechazamos la presencia de militares y narcos en el territorio Garífuna

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Pasos de Animal Grande – Dictan auto de formal procesamiento a militares que mataron a garífunas, mientras OFRANEH rechaza militarización de sus comunidades

La tarde-noche de este día  05 de enero de 2016, los tribunales de Trujillo, Colón, dictaron Auto de Formal Procesamiento contra militares que mataron a dos garífunas el pasado 27 de diciembre de 2015, sin embargo la Organización Negra de Honduras, OFRANEH,  rechazó la militarización en sus comunidades y condenó el hecho que el presidente Juan Orlando Hernández y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas hayan avalada el crimen colocando como héroes a los responsables de la masacre.

Una balacera propiciada por militares de la Fuerza Naval de Honduras dejó como resultado el asesinato del joven garífuna Jostin Palacios Lino de 24 años  y  de Elvis García de 19 años, en la comunidad de Barra de Iriona, departamento de  Colón, después de una balacera provocada por los uniformados que dispararon a mansalva contra varias personas de la comunidad garífuna.

Alfredo López ,Vicepresidente de OFRANEH, denunció que  en los últimos meses del año que recién terminó al menos dos comunidades garífunas, Limón y Pla-Playa fueron objeto de  militarización lo que ha dejado una estrategia de represión hacia sus respectivas poblaciones.

Pero Alfredo López opinó que el resultado de esta audiencia no genera satisfacción ni en OFRANEH ni mucho menos en la comunidad de Iriona ya que aún y cuando se ha efectuado un proceso en contra de ellos, funcionarios de gobierno y el propio Presidente de la República los ha elevado al grado de héroes que cumplían con su deber.

“El hecho de que los miembros de la Naval tengan como medida la prisión forma parte del inicio de una deuda que tienen que pagar con la comunidad. Continuaremos con la denuncia para que este caso no quede impune y sobre todo para que también puedan ser condenados los altos oficiales que ordenaron atacar a nuestros hermanos”, mencionó López.

Denunció el papel de instituciones del Estado que se han llamado al silencio ante el abuso de la fuerza militar en contra del pueblo garífuna, como es el papel de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) que “actúa en complicidad de nuestro sufrir y es por ello que resentimos este comportamiento de esquiroles de quienes asesinan a nuestro pueblo”.

En más de 100 años de bipartidismo hondureño, el pueblo garífuna ha sido objeto de una política violenta hacia la reivindicación por sus derechos. Para el caso en 1937, durante el gobierno del dictador nacionalista Tiburcio Carías Andino, se ejecutó la masacre de San Juan y como puente en el tiempo otro gobierno de corte azul y estrella solitaria, en el marco de su apoyo en los militares ejecuta la misma política al igual del dictador de los años 30.

Los nombres de los militares son Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los anteriores fueron acusados por el delito de homicidio simple.

Comunicado emitido por OFRANEH este día:

Honduras: Garifunas exigimos la desmilitarización de nuestras comunidades y sus territorios

Sambo Creek, 5 de enero de 2015.- El ataque a mansalva a un grupo de Garífunas perpetrado por elementos de la Fuerza Naval el pasado domingo 28 de diciembre, hecho acontecido en la Barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, los que se encontraban en horas de la madrugada desatascando un vehículo enterrado en la playa.

Los elementos de la Fuerza Naval sin mediar palabra dispararon supuestamente porque confundieron a los Garífunas con narcotraficantes. Entre los Garifunas se encontraban mujeres y menores de edad, ya que el lugar de los hechos es frecuentemente transitado por vehículos que cubren la ruta entre Tocamacho e Iriona, ante la inexistencia de vías de comunicación en esa zona.

Desde meses atrás el corredor entre las comunidades garífunas de Limón y Plaplaya fue militarizado, existiendo una estrategia de represión hacia la población local por parte de los militares, a pesar que las Fuerzas de Seguridad  poseen la información precisa de quienes integran las bandas al servicio del crimen organizado, en su gran mayoría conformada por mestizos que no habitan en nuestras comunidades.

Como es de conocimiento público, el narcotráfico se apoderó de Honduras en las últimas dos décadas, incrementándose el flujo de estupefacientes a partir del golpe de estado del año 2009; situación que afectó severamente a las comunidades Garifunas ante las presiones territoriales que se dieron por parte del crimen organizado que no cejaron en la “compra” de tierras, y la infiltración de municipalidades y juzgados, hasta el punto que Honduras se convirtió en un  narco estado.

La Resolución del Juzgado de Trujillo

En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidio  presentar requerimientos fiscales en contra de los militares por homicidio simple a Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los sindicados fueron acusados de homicidio simple y confinados a la base naval en Puerto Castilla.

En el caso de Honduras las Fuerzas de seguridad se blindaron a través del decreto 168-2012, el que en su artículo 13 señala que los militares, policías y miembros de la Policía Militar de Orden Publico, “en caso que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso judicial”.

Un nutrido grupo de Garífunas provenientes de las comunidades de Iriona y de la bahía de Trujillo, hicieron presencia frente al Juzgado de letras de Trujillo, protestando por los homicidios perpetrados por los militares y la militarización que padecen las comunidades Garífunas, las que son islas de paz en el mar de sangre en que se ha convertido Honduras

Militares y asesinatos de Garífunas

Desde la masacre de San Juan Tela, consumada por las tropas del dictador Tiburcio Carías en el año de 1937, los Garífunas hemos sentido el yugo de las fuerzas castrenses y hasta la fecha la mayoría de nuestro pueblo asimiló el terror hacia los militares hondureños sinónimo de despotismo.

En la última década se han dado situaciones que corroboran la aprensión que siente nuestro nuestro pueblo a los militares. Las ejecuciones de Epson Andrés Castillo y de Eligio Lopez, ocurrida en la Laguna Negra, en marzo del 2006, y la muerte de Guillermo Norales, asesinado por la Fuerza Naval en las inmediaciones de Cuero y Salado,  en septiembre del 2007, además de la “desaparición” de Domitilio Arzu ocurrida en el archipiélago de los Cayos Cochinos en el año 1996, forman parte de las agresiones sufridas  por nuestro pacífico pueblo a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.

Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos salvaguardar a los oficiales. Como ejemplo está el caso de los Garífunas asesinados en Laguna Negra, en el cual el oficial que dio la orden de ejecución aparentemente lo convirtieron en testigo protegido de la Fiscalía.

El ataque de los Navales ocurrido en la Barra de Iriona, no tiene justificación alguna, ya que los asesinados en ningún momento han estado relacionados el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad poseen suficiente información sobre el crimen organizado en la zona, pero hasta la fecha han sido incapaces de desmantelar las bandas existentes, muchas de ellas asentadas en las comunidades de Palacios y el Sico, donde la población es casi en su totalidad mestiza.

La Falsa Guerra contra las drogas y la exigencia de la  desmilitarización de las comunidades Garífunas
A pesar de la cuantiosa cifra invertida por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra las drogas, durante los más de 40 años en que viene manteniendo la fallida estrategia, los pueblos indígenas somos de los más afectados tanto por las fuerzas punitivas de los gobiernos como por las bandas de asesinos financiadas por el crimen organizado.

En enero del año pasado la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo intitulado “La guerra contra las drogas: El fracaso de un trillón de dólares”, en el cual analizan la disfuncionabilidad de la supuesta guerra y su alto costo economico. Mientras tanto los gobiernos de los países del triángulo de la muerte (Guatemala, Salvador y Honduras) y México, han sufrido una putrefacción de sus sistemas judiciales y de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que las víctimas son incontables.

La Asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en N.Y, es una oportunidad para revisar la criminalización de las drogas y sus efectos; además de buscar nuevos enfoques que superen la visión impuesta desde la época de Richard Nixon, de ver a los drogadictos como criminales, y rellenar las cárceles de los Estados Unidos de minorias raciales a través de la política de sentencias mínimas mandatorias.

Es inconcebible que los Estados Unidos exporte armas a doquier mientras de forma moralista asuma combatir las drogas. Paises ocupados militarmente como Afganistán y Colombia continúan de forma no tan misteriosa siendo los mayores productores de drogas en el mundo.

El pueblo Garífuna y la OFRANEH exigimos la desmilitarizacón de nuestras comunidades y sus territorios, Ademas solicitamos a los funcionarios estatales y militares que cesen de criminalizar a nuestro pueblo, ya que la generalización de acusarnos de traficantes carece de fundamento y es risible puesto que la elite política de Honduras se encuentra cuestionada por los agentes imperiales, ante la enorem corrupacion y complicidad con el narcotráfico

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Antecedentes del crimen contra garífunas

http://goo.gl/PMZp7Q

http://goo.gl/8AU4vh

http://goo.gl/ajf5c5

http://goo.gl/DuFjkR

http://goo.gl/vtnrCB

Origen: Pasos de Animal Grande – Dictan auto de formal procesamiento a militares que mataron a garífunas, mientras OFRANEH rechaza militarización de sus comunidades

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Honduras: Garifunas exigimos la desmilitarización de nuestras comunidades y sus territorios

Sambo Creek, 5 de enero de 2015.- El ataque a mansalva a un grupo de Garífunas perpetrado por elementos de la Fuerza Naval el pasado domingo 28 de diciembre, hecho acontecido en la Barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, los que se encontraban en horas de la madrugada desatascando un vehículo enterrado en la playa.

Los elementos de la Fuerza Naval sin mediar palabra dispararon supuestamente porque confundieron a los Garífunas con narcotraficantes. Entre los Garifunas se encontraban mujeres y menores de edad, ya que el lugar de los hechos es frecuentemente transitado por vehículos que cubren la ruta entre Tocamacho e Iriona, ante la inexistencia de vías de comunicación en esa zona.

Desde meses atrás el corredor entre las comunidades garífunas de Limón y Plaplaya fue militarizado, existiendo una estrategia de represión hacia la población local por parte de los militares, a pesar que las Fuerzas de Seguridad  poseen la información precisa de quienes integran las bandas al servicio del crimen organizado, en su gran mayoría conformada por mestizos que no habitan en nuestras comunidades.

Como es de conocimiento público, el narcotráfico se apoderó de Honduras en las últimas dos décadas, incrementándose el flujo de estupefacientes a partir del golpe de estado del año 2009; situación que afectó severamente a las comunidades Garifunas ante las presiones territoriales que se dieron por parte del crimen organizado que no cejaron en la “compra” de tierras, y la infiltración de municipalidades y juzgados, hasta el punto que Honduras se convirtió en un  narco estado.

La Resolución del Juzgado de Trujillo
En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidio  presentar requerimientos fiscales en contra de los militares por homicidio simple a Cristian Joel Chirinos (24), Briand Jassman Hyde Velasques (19), Ángel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escober (23), Luis Alexis Aguilera Zuniga (23), Edim Joasiel Martínez Castellanos (23) y Rubén Darío Andino Rivera (34). Los sindicados fueron acusados de homicidio simple y confinados a la base naval en Puerto Castilla.

En el caso de Honduras las Fuerzas de seguridad se blindaron a través del decreto 168-2012, el que en su artículo 13 señala que los militares, policías y miembros de la Policía Militar de Orden Publico, “en caso que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso judicial”.

Un nutrido grupo de Garífunas provenientes de las comunidades de Iriona y de la bahía de Trujillo, hicieron presencia frente al Juzgado de letras de Trujillo, protestando por los homicidios perpetrados por los militares y la militarización que padecen las comunidades Garífunas, las que son islas de paz en el mar de sangre en que se ha convertido Honduras

Militares y asesinatos de Garífunas
Desde la masacre de San Juan Tela, consumada por las tropas del dictador Tiburcio Carías en el año de 1937, los Garífunas hemos sentido el yugo de las fuerzas castrenses y hasta la fecha la mayoría de nuestro pueblo asimiló el terror hacia los militares hondureños sinónimo de despotismo.

En la última década se han dado situaciones que corroboran la aprensión que siente nuestro nuestro pueblo a los militares. Las ejecuciones de Epson Andrés Castillo y de Eligio Lopez, ocurrida en la Laguna Negra, en marzo del 2006, y la muerte de Guillermo Norales, asesinado por la Fuerza Naval en las inmediaciones de Cuero y Salado,  en septiembre del 2007, además de la “desaparición” de Domitilio Arzu ocurrida en el archipiélago de los Cayos Cochinos en el año 1996, forman parte de las agresiones sufridas  por nuestro pacífico pueblo a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.

Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos salvaguardar a los oficiales. Como ejemplo está el caso de los Garífunas asesinados en Laguna Negra, en el cual el oficial que dio la orden de ejecución aparentemente lo convirtieron en testigo protegido de la Fiscalía.

El ataque de los Navales ocurrido en la Barra de Iriona, no tiene justificación alguna, ya que los asesinados en ningún momento han estado relacionados el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad poseen suficiente información sobre el crimen organizado en la zona, pero hasta la fecha han sido incapaces de desmantelar las bandas existentes, muchas de ellas asentadas en las comunidades de Palacios y el Sico, donde la población es casi en su totalidad mestiza.

La Falsa Guerra contra las drogas y la exigencia de la  desmilitarización de las comunidades Garífunas
A pesar de la cuantiosa cifra invertida por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra las drogas, durante los más de 40 años en que viene manteniendo la fallida estrategia, los pueblos indígenas somos de los más afectados tanto por las fuerzas punitivas de los gobiernos como por las bandas de asesinos financiadas por el crimen organizado.

En enero del año pasado la revista estadounidense Rolling Stone publicó un artículo intitulado “La guerra contra las drogas: El fracaso de un trillón de dólares”, en el cual analizan la disfuncionabilidad de la supuesta guerra y su alto costo economico. Mientras tanto los gobiernos de los países del triángulo de la muerte (Guatemala, Salvador y Honduras) y México, han sufrido una putrefacción de sus sistemas judiciales y de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que las víctimas son incontables.

La Asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, que se llevará a cabo el próximo mes de abril en N.Y, es una oportunidad para revisar la criminalización de las drogas y sus efectos; además de buscar nuevos enfoques que superen la visión impuesta desde la época de Richard Nixon, de ver a los drogadictos como criminales, y rellenar las cárceles de los Estados Unidos de minorias raciales a través de la política de sentencias mínimas mandatorias.

Es inconcebible que los Estados Unidos exporte armas a doquier mientras de forma moralista asuma combatir las drogas. Paises ocupados militarmente como Afganistán y Colombia continúan de forma no tan misteriosa siendo los mayores productores de drogas en el mundo.

El pueblo Garífuna y la OFRANEH exigimos la desmilitarizacón de nuestras comunidades y sus territorios, Ademas solicitamos a los funcionarios estatales y militares que cesen de criminalizar a nuestro pueblo, ya que la generalización de acusarnos de traficantes carece de fundamento y es risible puesto que la elite política de Honduras se encuentra cuestionada por los agentes imperiales, ante la enorem corrupacion y complicidad con el narcotráfico

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: Honduras: Garifunas exigimos la desmilitarización de nuestras comunidades y sus territorios

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Asesinato de garífunas a manos de militares es catalogado como parte de exterminio del pueblo

Autoridades del Ministerio Público, presentaron hoy requerimiento fiscal para siete de los diez militares que participaron en tiroteo contra civiles en Iriona, Colón, donde fallecieron dos jóvenes garífunas. Ciudadanos del municipio han protestado después de los hechos para que retiren la presencia militar y denuncian que por mucho tiempo, estos miembros de la Fuerza Naval venían comportándose de forma violenta.

Fue la mañana del domingo 27 de diciembre, cuando dos carros express que viajaban de Iriona a Tocoa, Colón fueron interceptados por militares de la Fuerza Naval, quienes sin mediar palabra comenzaron a disparar. En los vehículos se trasladaban jóvenes y niños, resultando muertos Jostin Palacios de 24 años de edad y Elvis García de 19 años de edad.

Ciudadanos y ciudadanas de Iriona dicen sentirse indignados por el asesinato a manos de quienes prometieron velar por la seguridad del pueblo.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado asegurando que lo que ocurrió en Iriona fue un enfrentamiento, aduciendo que hubo cruce de fuego por parte de las víctimas.

Por su parte, el director de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Celeo Casildo asegura que es indignante cómo las FFAA dicen que hubo cruce de fuego aun cuando no fue así. “Ellos mataron a gente inocente, civil”. Además informó que harán una denuncia formal contra estos militares.

Mirian Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) asegura que esto es parte del exterminio contra el pueblo garífuna que ha traído a los militares a velar por el capital trasnacional que se quiere quedar con sus playas. Esta organización también se une a la denuncia formal contra los militares.

Juan Almendarez, del Centro de Tratamiento y Prevención de la tortura y similares (CPTRT), aduce que esto demuestra lo equivocada que está la política de seguridad promovida desde el gobierno, basada en la violencia de entes armados de seguridad del Estado que constantemente violan los derechos humanos. Además agregó que este fue un acto claro de racismo, ya que el pueblo garífuna siempre ha sido excluido y discriminado por las políticas de Estado.

Origen: Asesinato de garífunas a manos de militares es catalogado como parte de exterminio del pueblo

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Muere herido por militares: Mientras Secretaría de Defensa supuestamente justifica ataque armado contra garífunas

La mañana de este lunes 28 de diciembre de 2015 se reportó la muerte del joven Elvis García de 19 años, quien había resultado herido de bala en su costado derecho producto del tiroteo realizado por militares de la Fuerza naval hondureña ayer domingo, pero  en un comunicado Las Fuerzas Armadas justificó la acción y acusó a garífunas de haber iniciado ataque.

García falleció en horas de la madrugada en el Hospital Atlántida de la ciudad de La Ceiba,  donde fue trasladado después  de permanecer en un centro asistencial del municipio de Toco,  en donde fue dejado por los uniformados .

Ya son dos muertes las que deja este criminal acto en contra de la población garífuna el cual se desarrolló en la madrugada del 27 de diciembre  en la Barra de Iriona, Departamento de Colón, en la que se transportaban por la zona en dos vehículos y uno de ellos se atascó. Al llegar otros garífunas  a su auxilio para remolcarlo,  una patrulla de la Fuerza Naval disparó en contra de los pobladores y resultó muerto al instante el joven Jostin Palacios Lino de 24 años.

La historia se repite, en el 2012 fue la DEA y las fuerzas de seguridad hondureñas que dispararon contra miskitos, matando a varias personas entre ellas dos mujeres embarazadas. En esa ocasión también se tildó a las víctimas de narcotraficantes y los Estados Unidos montó una campaña mediática para proteger a sus agentes.

Aquí no tenemos armas,  lo que manejamos son lazos y fuerza humana

Ante estos hechos, Arnulfo Mejía,  vocero de la comunidad de Iriona,  expresó la consternación y la indignación en la que se encuentra la población de esta localidad, en donde “se lucha por sobrevivir diariamente,  sin participar en acciones del crimen organizado”.

“Realmente la comunidad está consternada ya hoy son dos jóvenes los que mueren producto de la irresponsabilidad de las Fuerzas Armadas, ellos se ganaban la vida transportando gente en sus lanchas. Aquí no tenemos armas,  lo que manejamos son lazos, fuerza humana para llevar el pan diario a nuestras familias” aseguró Mejía.

En respuesta Fuerzas Armadas proceden a ocultar los crímenes de sus agentes

Como si se tratara de una broma de mal gusto, la Secretaría de Defensa justificó este acto por medio de un comunicado de prensa al mencionar que hubo un enfrentamiento entre la población de Iriona y la Fuerza Naval y “al ver a los elementos militares se dieron a la fuga”.

Durante el desarrollo de los hechos en la madrugada de ayer domingo, en lo que ellos catalogaron como “Operativo Antidrogas”, atribuyeron la muerte de los dos jóvenes a los supuestos disparos que realizaron los garífunas contra la patrulla.

En uno de los puntos, las llamadas fuerzas del orden incluso aseguraron tener información que existe un grupo de personas “ligadas a actividades ilícitas, que manipulan e incitan a la población a enfrentarse a la autoridad que cumple su misión de garantizar el orden y la seguridad”.

De forma enérgica, Arnulfo Mejía aseguró que ni los jóvenes asesinados ni mucho menos en la comunidad se manejan armas de fuego. Agregó que ellos poseen pruebas de que no forman parte de ninguna red criminal y existen testimonios de la población de que estos jóvenes no tienen nada que ver con el narcotráfico.

Afirmó que “esta es una típica reacción de las fuerzas armadas, ya hay antecedentes como ocurrió con nuestros hermanos de Ahuas en 2012, en donde los ligaron con el narcotráfico cuando lo único que hacían era utilizar sus lanchas como instrumento de trabajo”.

OFRANEH demanda investigación seria en crímenes

A través de un pronunciamiento, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) condenó las muertes de Palacios y García, las cuales surgen  del estado de indefensión en el que se encuentran la población garífuna de Iriona, departamento de Colón.

“Si bien el día de ayer los garífunas fueron atacados por elementos de la Naval, en un pasado no muy lejano, los militares fueron cómplices en el trasiego de las drogas”, citó la organización en su sitio web.

Ante la balacera que ocasionó ya dos muertes, los pobladores y las pobladoras de la comunidad de Iriona realizaron una toma de carretera que conecta los municipios de Limón y Bonito Oriental en rechazo a este tipo de actos y contra el proceso de militarización en el que actualmente se encuentran y cuyos resultados para combatir el crimen han sido nulos.

De igual forma OFRANEH exige una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos, donde los militares no continúen gozando de la impunidad que han mantenido hasta la fecha.

De igual forma, se realizarán a partir del próximo mes de enero una serie de denuncias, tanto a nivel nacional como internacional para que se deduzcan responsabilidades a los elementos que están obligados a velar por la seguridad de la población y no para atacarla, según confirmó el vocero de la comunidad Arnulfo Mejía.

Los hechos y las justificaciones de las Fuerzas Armadas

Lea a continuación el comunicado de OFRANEH donde relata los hechos vividos , después vea las justificaciones de las Fuerzas Armadas por medio de la Secretaría de Defensa de Honduras para tapar con el velo de la impunidad los crímenes cometidos por sus agentes, a través de un supuesto comunicado emitido, pero el mismo NO fue publicado en el sitio web de esta institución localizado en:  http://sedena.gob.hn/

Comunicado de OFRANEH

Asesinato de Garífunas en Iriona y la farsa de la guerra contra las drogas

Sambo Creek, 28 de diciembre de 2015.- En la madrugada del pasado domingo 27 de diciembre, elementos de la Fuerza Naval atacaron a un grupo de Garífiunas que se encontraban en la barra de Iriona (Departamento de Colón), tratando de remover un carro atascado en la arena. Los elementos de la naval sin mediar palabra dispararon contra los tres vehículos que se encontraban en el lugar.

Como resultado del ataque falleció Joel Palacios Lino (24 años) y resultó herido Elvis Armando García (19 años ) el cual ante la gravedad  de sus heridas fue trasladado por los militares al Hospital de Tocoa, los que sin proporcionar explicación alguna entregaron el herido al personal hospitalario. Posteriormente  García fue remitido al Hospital Atlántida de La Ceiba, donde falleció el día de hoy.

La precipitación con que actuó el grupo de aproximadamente de 20 militares pudo haber tenido un resultado aún más desastroso ya que en los vehículos se encontraban familias que se trasladaban entre las comunidades de Tocamacho y San José de la Punta. La inexistencia de vías de comunicación en la zona, obliga a los habitantes de la región a utilizar balsas para cruzar las barras de los ríos, siendo muy frecuente el desplazamiento nocturnos en vehículos de doble tracción.

Los Garífunas en el municipio de  Iriona han manifestado en los últimos meses un repudio a la militarización que padece la zona, como respuesta a la tardía reacción al crimen organizado que se apoderó de la costa norte de Honduras en las últimas décadas. Existen denuncias de jóvenes Garífunas que han sido interrogados y torturados por los militares en la comunidad de Plaplaya además de la intervención de la comunidad de Limón, la que en varias ocasiones han efectuado manifestaciones públicas de repudio a la presencia militar.

El corredor de la costa norte de Honduras ha sido controlado desde hace décadas por  individuos asociados al narcotráfico, los que contaron con un apoyo irrestricto de las autoridades militares y civiles, hasta el punto que  su influencia abarca alcaldías y juzgados.

A partir del golpe de estado del año 2009, en los departamentos de Gracias a Dios y Colón se recrudeció el arribo de avionetas y lanchas, sin que en ningún momento las fuerzas de seguridad hiceran presencia, demostrando de esta forma el patético contubernio existente entre las “autoridades” y el crimen organizado.

Es a partir del año 2012, cuando los Estados Unidos interviene con su fuerza FAST (Foreign-Deployed Advisory Support Team) compuesta de elementos de la DEA y Policía Nacional, los que comenzaron a efectuar  sobrevuelos nocturnos  a ras, culminando la campaña de guerra psicológica con el ataque del 11 de mayo de ese año en Ahuas, donde fueron masacrados desde los helicópteros  de Estados Unidos. El operativo militar tuvo como resultado cuatro indígenas miskitos muertos además de siete heridos.

Después de cuarenta años de la supuesta guerra contra las drogas librada por los Estados Unidos, parece ser que los resultados son contradictorios. El negocio de las drogas continúa siendo próspero, mientras las cárceles se encuentran repletas de las denominadas minorías raciales, siendo particularmente castigada la población negra de ese país. Mientras en América latina se vive un desangre como producto de  la feroz guerra.

El colapso institucional que padece Honduras, forma parte de la ambigua supuesta guerra contra las drogas que predica el gobierno estadounidense, la que ha sido utilizada para afianzar la intervención militar en el continente; mientras tanto los paraísos fiscales prosperan y el movimiento de precursores químicos para la elaboración de las drogas continúa su flujo habitual.

Las comunidades Garífunas de Iriona se han mantenido al margen del narcotráfico, y ciertamente la presencia de los narcotraficantes radica en el régimen de terror que han impuesto, además de haberse apropiado de franjas de territorio que han adquirido de forma dolosa y a precios irrisorios. A pesar de las denuncias presentadas por nuestra organización ante las autoridades en relación a las presiones territoriales causadas por el crimen organizado, nunca los operadores de justicia han dado respuesta alguna a las denuncias.

La muerte de los  jóvenes Joel Palacios y de Elvis García es un indicador del estado de indefensión que se encuentra la población Garífuna de Iriona. Si bien el día de ayer los garífunas fueron atacados por elementos de la Naval, en un pasado no muy lejano, los militares fueron cómplices en el trasiego. La actitud asumida por las Fuerzas Armadas en un comunicado que supuestamente emitieron, donde señalan que hubo fuego cruzado, no es más que un infundio por parte de las Fuerzas Armadas, la que utiliza esta estrategia para eludir asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos.

La farsa denominada guerra contra las drogas seguirá cobrando su cuota de sangre inocente, mientras las drogas seguirán su flujo habitual a través de otras rutas. Lo amos y señores del narcotráfico son los menos afectados, mientras las poblaciones indígenas pagamos tributo tanto a los narcos como a los militares.

La población Garífuna de las comunidades de Iriona se encuentran enardecidas y se tomaron el día de ayer la carretera entre Limón y Bonito Oriental, protestando por los asesinatos en la barra de Iriona y la militarización que padecen los habitantes de esa zona.

La OFRANEH exige una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos, donde los militares no continúen gozando de la impunidad que han mantenido hasta la fecha. De paso, es hora que los Estados Unidos revisen la fracasada farsa denominada guerra contra las drogas, y se busque soluciones adecuadas para un problema social, al que le han dado una respuesta bélica.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Vea publicación de OFRANEH:

https://ofraneh.wordpress.com/2015/12/28/asesinato-de-garifunas-en-iriona-y-la-farsa-de-la-guerra-contra-las-drogas/

Comunicado Secretaría de Defensa 

El día domingo 27 de diciembre de 2015, a las 4:30 a.m. se dio un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Naval apostados en la base de Puerto Castilla y ciudadanos de Iriona, Colón , que se conducían en dos vehículos y al ver a los elementos militares se dieron a la fuga.

2.    Durante el operativo antidrogas, los ocupantes de ambos vehículos comenzaron a disparar a la patrulla de la Fuerza Naval, lo que dejó como resultado un civil muerto y un herido.

3.    La Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas confirmó que ese sector es considerado “zona caliente” por el trasiego de drogas en horas de la madrugada, usando para ello las embarcaciones de los pobladores.

4.    A eso de las 11:00 a.m. personal de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía se movilizaron a la zona, debido a que algunos pobladores incendiaron una de las unidades militares que participaba en el operativo.

5.    Las Fuerzas Armadas están a la espera del informe final para proceder contra las personas involucradas en el hecho.

6.    Es un hecho reiterativo que desde embarcaciones particulares se dispare contra patrullas de la Naval al ser descubiertos en operaciones de trasiego de drogas.

7.    Autoridades de la Fuerza Naval de Castilla aseguran que hay un grupo de personas, ligadas a actividades ilícitas, que manipulan e incitan a la población de Iriona, Colón, a enfrentarse a la autoridad que cumple su misión de garantizar el orden y la seguridad en ese sector del país.

Este comunicado fue publicado en el  Diario La Tribuna: http://www.latribuna.hn/2015/12/27/militares-matan-a-un-hombre-al-confundirlo-con-narco/

En las últimas se ha informado que siete elementos de la Fuerza Naval han sido detenidos este lunes,  en  la base de Puerto Castilla, en Trujillo, Colón,  por las autoridades policiales, de acuerdo a una publicación de Diario La Prensa (http://www.laprensa.hn/sucesos/914978-410/detienen-a-siete-naveles-por-ataque-a-gar%C3%ADfunas-en-iriona)

También se ha informado de manifestaciones de protesta por parte de la comunidad garífuna en repudio a los asesinatos.

Origen: Pasos de Animal Grande – Muere herido por militares: Mientras Secretaría de Defensa supuestamente justifica ataque armado contra garífunas

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OFRANEH: un garífuna asesinado y otro herido por ataque de Fuerza Naval de Honduras

Esta madrugada un joven  de la comunidad Garífuna de Sangrelaya, fue asesinado por una patrulla de elementos de la  Fuerza Naval de Honduras, quienes dispararon contra varios vehículos que se dirigían a la ciudad de Tocoa, Colón, (Zona del Bajo Aguán), a comprar hielo y transportar personas, así lo denunció la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

“Compañeros, Noticia de Última hora, la Naval mató un Garífuna en la Barra de Sangrelaya o la de Iriona, el se llama Jostin Palacios Lino, de 24 años, hay un herido grave q lo están trasladando para Toco a, se pusieron a disparar en la barra, cuando varios carros se estaban ayudando porque se pegó uno en la Barra, y mandaron un informe q era una lancha q estaban moviendo. Exactamente lo q hicieron con los Miskitos” expresa la denuncia hecha a través de redes sociales.

Cabe mencionar, que las personas que se transportaban en los vehículos no son narcotraficantes, son personas honradas que van y vienen de Sangrelaya a Tocoa, porque se dedican al comercio, compran hielo, guineos o cualquier otra cosa para vender, manifestó don Arnulfo Mejía, duelo de uno de los vehículos tiroteados y miembro de la OFRANEH.

Jostin Palacios, era el ayudante de uno de los vehículos que transporta pasajeros y se detuvieron en la carretera porque había un compañero suyo vehículo estaba atascado en la calle, entonces como muestra de solidaridad fueron auxiliarlo, cuando llegó una patrulla con al menos 15 hombres uniformados y les dispararon. Un disparo el la yugular acabó con su vida.

Los de la Fuerza Naval dicen que los muchachos de los carros les dispararon, eso es falso, son personas honradas y trabajadoras, no tienen armas; este caso se va a aquedar en la impunidad, porque más patrullas de la Naval se llevaron a los responsables, aseguró Mejía.

Mientras tanto, el paciente Elvis García (19), también garífuna, fue herido por arma de fuego en costado derecho por fuerza naval en barra de la aldea Iriona. Puerto en Iriona. Colón, según familiares del herido, explicaron en las noticias de Colón “Ellos viajan en carros expres de iriona a Tocoa. Pasaron por la barra y cambiaron de carros. Y eso la fuerza naval los confundieron con narcotraficantes quienes les dispararon sin previo aviso hiriendo a García, resultado muerto el joven Joel Palacios” En el hospital de Tocia se conoció que el herido fue referido para un hospital de la Ceiba Atlántida “La Fuera Naval lo vino a dejar sin dar detalles y se fueron sin dar explicaciones dijo un empleado del hospital. Paciente se fue con familiares en ambulancia de emergencia”, expresa la información emitida por OFRANEH.

Cuando sucedieron los hechos, la comunidad y otros vecinos se asentaron en la carretera, cerraron los caminos y se manifestaron para que los miembros de la Fuerza Naval de Honduras, responsables del atentado, no huyeran del lugar, y se les deduzca responsabilidades.

La toma fue en el puente del pueblo de Limón pidiendo la salida del ejército de la comunidad, además en solidaridad con la familia de Jostin, y vecinos de Iriona, atacados esta mañana por militares de la fuerza Naval, denunció la OFRANEH.

Caso similar sucedió en mayo de 2012, cuando militares de tropas hondureñas y estadounidenses, atacaron a un grupo de misquitos que viajaban en horas de la noche a bordo de un pipante, en el Río Patuca, municipio de Gracias a Dios, donde habita la comunidad indígena misquita.

Trascendió que los efectivos de la DEA atacaron con armas automáticas a un cayuco (pequeña embarcación de motor)  que transportaba en las aguas del río Patuca a unas  15 personas ,de las cuales murieron 2 pescadores y 2 mujeres embarazadas  al recibir ráfagas de disparos desde un helicóptero que atacó a la embarcación presumiendo que se trataba de narcotraficantes.

El trágico suceso ocurrió El 11 de mayo pasado alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando  los viajeros se conducían desde Roatán (Islas de la Bahía) en el barco “DAGO“, que les llevó hasta la Barra del Rio Patuca, lugar en el que en  abordaron en las primeras horas de la madrugada, el cayuco de motor que había llegado a la Barra del Patuca a dejar unos buzos.

En esta embarcación viajaban varias personas de diferentes comunidades del municipio de Ahuas y de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios en la mosquitia hondureña. Leer mas:

En su momento también los militares denunciaron que habían confundido al grupo con narcotraficantes, ahí fallecieron cuatro personas, en cuenta dos mujeres embarazadas y un menor de edad, y resultaron heridos dos jóvenes, uno menor de edad y una señora casi pierde su pierna.

El caso ha sido presentado ante instancias internacionales por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos de los 16 tripulantes y sus familias, quienes ha sufrido daños físicos y sicológicos, además acoso de parte de autoridades nacionales y extranjeras, incluso que les ofrecen dinero a cambio de su silencio, como lo han denunciado las mismas víctimas. Leer mas:

Origen: OFRANEH: un garífuna asesinado y otro herido por ataque de Fuerza Naval de Honduras

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Fallece segunda víctima herida por elementos de la Fuerza Naval de Honduras

Esta mañana falleció Elvis Armando García Martínez (19), el joven que resultó herido en un atentado de parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras, siendo la segunda víctima mortal después de Jostin Joel Palacios (24), que falleció ayer, en el municipio de Iriona, Colón.

Ambos eran de la comunidad Garífuna, ubicada en la costa norte de Honduras, y estaban ayudando a empujar un vehículo que se quedó atascado en la arena, cuando una patrulla de la Fuerza Naval de Honduras, le empezó disparar, según versiones de los militares, presumían que eran narcotraficantes.

Somos personas honradas, viajamos de Iriona a Tocoa, transportamos personas, compramos y vendemos mercadería como hielo y guineos (bananos), afirmamos que somos personas trabajadoras, afirmó Arnulfo Mejía, ex alcalde de Iriona y miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Elvis Armando García Martínez, ayer fue trasladado al hospital Atlántida de la ciudad de La Ceiba, pero no logró sobrevivir, por lo que sus parientes exigen que su muerte no quede en la impunidad.

Según fuentes locales, las autoridades policiales se han apersonado al lugar de los hechos para investigar el atentado, y se les dijo que al menos siete agentes navales más el encargado de la misión, fueron remitidos a la Fiscalía de Trujillo, Colón, para ser investigados.

Pobladores y familiares de los  jóvenes asesinado irán hasta Trujillo a interponer formalmente las denuncias y exigir que se deduzca responsabilidad a los militares que dispararon contra varias personas ayer en la madrugada, porque esos hechos no son aislado, y los de la Fuerza Naval viven en las comunidades garífunas, declararon algunos parientes de García, a través de los medios de comunicación.

Ayer los pobladores de Iriona y otras comunidades vecinas se tomaron algunos tramos en protesta por los abusos de autoridad de parte de las fuerzas militares como la Fuerza Naval y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA).

La OFRANEH denunció que “Compañeros, Noticia de Última hora, la Naval mató un Garífuna en la Barra de Sangrelaya o la de Iriona, el se llama Jostin Palacios Lino, de 24 años, hay un herido grave q lo están trasladando para Toco a, se pusieron a disparar en la barra, cuando varios carros se estaban ayudando porque se pegó uno en la Barra, y mandaron un informe q era una lancha q estaban moviendo. Exactamente lo q hicieron con los Miskitos”.

Ese caso de tiroteo contra una embarcación que transportaba a 16 personas de comunidad Misquita, fue en mayo de 2012, cuando militares de tropas hondureñas y estadounidenses, atacaron vía aérea a los viajeros en horas de la noche en el Río Patuca, municipio de Gracias a Dios.

Trascendió que los efectivos de la DEA atacaron con armas automáticas a un cayuco (pequeña embarcación de motor)  que transportaba en las aguas del río Patuca a unas  15 personas ,de las cuales murieron 2 pescadores y 2 mujeres embarazadas  al recibir ráfagas de disparos desde un helicóptero que atacó a la embarcación presumiendo que se trataba de narcotraficantes.

En esta embarcación viajaban varias personas de diferentes comunidades del municipio de Ahuás y de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios en La Mosquitia hondureña.

El caso ha sido presentado ante instancias internacionales por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos de los 16 tripulantes y sus familias, quienes ha sufrido daños físicos y sicológicos, además acoso de parte de autoridades nacionales y extranjeras, incluso que les ofrecen dinero a cambio de su silencio, como lo han denunciado las mismas víctimas.

La comunidad garífuna desmiente el comunicado emitido por la fuerza naval, el cual dice lo siguiente:

COMUNICADO SECRETARÍA DE DEFENSA

El día domingo 27 de diciembre de 2015, a las 4:30 a.m. se dio un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Naval apostados en la base de Puerto Castilla y ciudadanos de Iriona, Colón, que se conducían en dos vehículos y al ver a los elementos militares se dieron a la fuga.

2.    Durante el operativo antidrogas, los ocupantes de ambos vehículos comenzaron a disparar a la patrulla de la Fuerza Naval, lo que dejó como resultado un civil muerto y un herido.

3.    La Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas confirmó que ese sector es considerado “zona caliente” por el trasiego de drogas en horas de la madrugada, usando para ello las embarcaciones de los pobladores.

4.    A eso de las 11:00 a.m. personal de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía se movilizaron a la zona, debido a que algunos pobladores incendiaron una de las unidades militares que participaba en el operativo.

5.    Las Fuerzas Armadas están a la espera del informe final para proceder contra las personas involucradas en el hecho.

6.    Es un hecho reiterativo que desde embarcaciones particulares se dispare contra patrullas de la Naval al ser descubiertos en operaciones de trasiego de drogas.

7.    Autoridades de la Fuerza Naval de Castilla aseguran que hay un grupo de personas, ligadas a actividades ilícitas, que manipulan e incitan a la población de Iriona, Colón, a enfrentarse a la autoridad que cumple su misión de garantizar el orden y la seguridad en ese sector del país.

Por su parte los garífunas afirman que ellos son personas trabajadoras, honradas, no andan  armados, tampoco son narcotraficantes por lo que condenan las acciones de parte de la Fuerza Naval de Honduras y su forma de actuar contra la población, pues en esta ocasión ha perdido la vida dos jóvenes que a esa hora de la madrugada estaban trabajando.

Origen: Fallece segunda víctima herida por elementos de la Fuerza Naval de Honduras

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Asesinato de Garífunas en Iriona y la farsa de la guerra contra las drogas

Sambo Creek, 28 de diciembre de 2015.- En la madrugada del pasado domingo 27 de diciembre, elementos de la Fuerza Naval atacaron a un grupo de Garífiunas que se encontraban en la barra de Iriona (Departamento de Colón), tratando de remover un carro atascado en la arena. Los elementos de la naval sin mediar palabra dispararon contra los tres vehículos que se encontraban en el lugar.

Como resultado del ataque falleció Joel Palacios Lino (24 años) y resultó herido Elvis Armando García (19 años ) el cual ante la gravedad  de sus heridas fue trasladado por los militares al Hospital de Tocoa, los que sin proporcionar explicación alguna entregaron el herido al personal hospitalario. Posteriormente  García fue remitido al Hospital Atlántida de La Ceiba, donde falleció el día de hoy.

La precipitación con que actuó el grupo de aproximadamente de 20 militares pudo haber tenido un resultado aún más desastroso ya que en los vehículos se encontraban familias que se trasladaban entre las comunidades de Tocamacho y San José de la Punta. La inexistencia de vías de comunicación en la zona, obliga a los habitantes de la región a utilizar balsas para cruzar las barras de los ríos, siendo muy frecuente el desplazamiento nocturnos en vehículos de doble tracción.

Los Garífunas en el municipio de  Iriona han manifestado en los últimos meses un repudio a la militarización que padece la zona, como respuesta a la tardía reacción al crimen organizado que se apoderó de la costa norte de Honduras en las últimas décadas. Existen denuncias de jóvenes Garífunas que han sido interrogados y torturados por los militares en la comunidad de Plaplaya además de la intervención de la comunidad de Limón, la que en varias ocasiones han efectuado manifestaciones públicas de repudio a la presencia militar.

El corredor de la costa norte de Honduras ha sido controlado desde hace décadas por  individuos asociados al narcotráfico, los que contaron con un apoyo irrestricto de las autoridades militares y civiles, hasta el punto que  su influencia abarca alcaldías y juzgados.

A partir del golpe de estado del año 2009, en los departamentos de Gracias a Dios y Colón se recrudeció el arribo de avionetas y lanchas, sin que en ningún momento las fuerzas de seguridad hiceran presencia, demostrando de esta forma el patético contubernio existente entre las “autoridades” y el crimen organizado.

Es a partir del año 2012, cuando los Estados Unidos interviene con su fuerza FAST (Foreign-Deployed Advisory Support Team) compuesta de elementos de la DEA y Policia Nacional, los que comenzaron a efectuar  sobrevuelos nocturnos  a ras, culminando la campaña de guerra psicológica con el ataque del 11 de mayo de ese año en Ahuas, donde fueron masacrados desde los helicópteros del Departamento de Estado. El operativo militar tuvo como resultado cuatro indígenas miskitos muertos además de siete heridos.

Después de cuarenta años de la supuesta guerra contra las drogas librada por los Estados Unidos, parece ser que los resultados son contradictorios. El negocio de las drogas continua siendo próspero, mientras las cárceles se encuentran repletas de las denominadas minorías raciales, siendo particularmente castigada la población negra de ese país. Mientras en Amercia latina se vive un desangre como producto de  la feroz guerra.

El colapso institucional que padece Honduras, forma parte de la ambigua supuesta guerra contra las drogas que predica el gobierno estadounidense, la que ha sido utilizada para afianzar la intervención militar en el continente; mientras tanto los paraísos fiscales prosperan y el movimiento de precursores químicos para la elaboración de las drogas continúa su flujo habitual.

Las comunidades Garífunas de Iriona se han mantenido al margen del narcotráfico, y ciertamente la presencia de los narcotraficantes radica en el régimen de terror que han impuesto, ademas de haberse apropiado de franjas de territorio que han adquirido de forma dolosa y a precios irrisorios. A pesar de las denuncias presentadas por nuestra organización ante las autoridades en relación a las presiones territoriales causadas por el crimen organizado, nunca los operadores de justicia han dado respuesta alguna a las denuncias.

La muerte de los  jóvenes Joel Palacios y de Elvis García es un indicador del estado de indefención que se encuentra la población Garífuna de Iriona. Si bien el día de ayer los garifunas fueron atacados por elementos de la Naval, en un pasado no muy lejano, los militares fueron cómplices en el trasiego. La actitud asumida por las Fuerzas Armadas en un comunicado que supuestamente emitieron, donde señalan que hubo fuego cruzado, no es más que un infundio por parte de las Fuerzas Armadas, la que utiliza esta estrategia para eludir asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos.

La farsa denominada guerra contra las drogas seguirá cobrando su cuota de sangre inocente, mientras las drogas seguirán su flujo habitual a través de otras rutas. Lo amos y señores del narcotráfico son los menos afectados, mientras las poblaciones indígenas pagamos tributo tanto a los narcos como a los militares.

La población Garífuna de las comunidades de Iriona se encuentran enardecidas y se tomaron el día de ayer la carretera entre Limón y Bonito Oriental, protestando por los asesinatos en la barra de Iriona y la militarización que padecen los habitantes de esa zona.

La OFRANEH exige una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos, donde los militares no continúen gozando de la impunidad que han mantenido hasta la fecha. De paso, es hora que los Estados Unidos revisen la fracasada farsa denominada guerra contra las drogas, y se busque soluciones adecuadas para un problema social, al que le han dado una respuesta bélica.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: Asesinato de Garífunas en Iriona y la farsa de la guerra contra las drogas

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