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PONEN TRABAS AL PROCESO PARA REPETIR JUICIO A “CHABELO” MORALES

El abogado defensor del campesino Isabel Morales, Omar Menjívar denunció esta semana ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en la Ceiba, a los integrantes del Tribunal de Sentencia de Trujillo por negarse a cumplir con sus obligaciones, acusándoles de incurrir en el delito de violación a los deberes de los funcionarios por la falta de voluntad para realizar el juicio a Morales nuevamente, disposición de la Corte Suprema de Justicia tras un recurso de casación interpuesto por la defensa.
Tras 5 años en prisión, el campesino José Isabel Morales podría salir en libertad la próxima semana, luego de la sentencia de casación dada por la Sala Constitucional de lo Penal donde se ordena repetir el juicio y anular la condena.

Morales ha sido símbolo de lucha por una justa distribución de la tierra en Honduras. Sus compañeros campesinos y organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, le han mostrado toda la solidaridad, denunciando al Estado de Honduras de haberlo encerrado injustamente por razones políticas.

“Espero que el lunes o martes de la próxima semana, estemos realizando la audiencia en la que se le tenga que restablecer la libertad a Chabelo” expresó Omar Menjivar abogado defensor de “Chabelo” Morales.

José Isabel Morales fue capturado el 17 de octubre de 2008, luego que se hiciera efectiva una orden de captura librada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, donde se le acusaba de asesinato, homicidio, tentativa de asesinato, incendio y robo.

La parte defensora de Chabelo presentó una solicitud al Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, para que cumpla la sentencia de la Sala Constitucional de lo Penal donde se ordena anular la sentencia y también el juicio.

“Hemos presentado una solicitud para que sea modificada la medida cautelar que ha venido sufriendo José Isabel Morales desde el 2008, es decir la prisión preventiva. Además exigimos la libertad inmediata por efecto de casación dictada por la Sala de lo Penal” añadió Menjívar.

Dificultades en el cumplimiento de la sentencia de casación

El tribunal de Trujillo no le ha dado cumplimiento a dejar en libertad a “Chabelo” para realizarle un nuevo juicio alegando que tiene que ser otro el tribunal que resuelva el caso.

Cosa que no comparte la parte apoderada de Isabel Morales que establece que lo único que debe hacerse es poner a nuevos jueces, ya que uno de los que dictó la sentencia condenatoria anterior permanece en la escena.
“La sentencia de casación dispone, tal y como lo establece el Código Procesal Penal, que se repita el juicio de Chabelo, porque el anterior ya está anulado. Establece también que el nuevo juicio debe conocerlo otro tribunal. Pero acá en Trujillo ya no son aquellos mismos jueces que conocieron el juicio de Chabelo por primera vez, son otros jueces, a excepción de uno que ya presentó su excusa,” manifestó el abogado defensor de Chabelo.

La parte defensora añadió que el único juez que había conocido el caso, y que actualmente integra el tribunal, ya mandó una excusa a la Corte de Apelaciones de la Ceiba. Una vez hecho esto, el tribunal de Trujillo no tendrá más excusa para resolver la solicitud.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/519-ponen-trabas-al-proceso-para-repetir-juicio-a-chabelo-morales

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MUJERES LE APUESTAN A UN NUEVO AÑO DE LUCHA POR VIVIR “NI ENCERRADAS NI CON MIEDOS”

La muerte de seis mujeres una misma noche, en dos actos criminales distintos en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, refleja el balance con que terminamos este 2013 en materia de seguridad, pero de manera específica la violencia que enfrentan las mujeres.

El informe más reciente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, da cuenta de al menos 3 mil 613 mujeres asesinadas de forma violenta, entre el 2002 y junio de 2013. Más del 90 por ciento de los casos se encuentran en total impunidad por falta de investigación.

Carolina Sierra (CS) del Foro de Mujeres por la Vida cree que finalizamos este año con un mal sabor de boca, ya que ha sido un año complejo para el pueblo hondureño, además de los problemas agudizados producto del sistema de pobreza y exclusión.  Sin embargo se visualiza un nuevo año de lucha de las mujeres por vivir “Ni encerradas ni con miedos”.

AMC. ¿Las mujeres cómo ven las situación de violencia en Honduras?
CS/ La violencia e inseguridad es una tarea doblemente pendiente, porque lejos de mostrar avances se tuvo retrocesos. Todas las acciones emprendidas por este gobierno saliente sirvieron para debilitar la institucionalidad. Desde la elección de los titulares del Ministerio Público hasta el fallido proceso de depuración policial son la muestra de la ineficacia de la actual administración.

AMC. ¿Cómo cerramos el año en muertes violentas contra mujeres?
CS/ Las proyecciones que tuvimos desde las organizaciones de mujeres en el golpe de Estado, sobre el deterioro inminente de la situación del país lastimosamente se ha cumplido. Desde el mismo CONADEH se habla que finalizaremos el año con el asesinato de una mujer cada 12 horas, cifras que nos revela la situación de vulnerabilidad en que se encuentran nuestras mujeres.
Lastimosamente todas las instancias del Estado se quedan en acciones declarativas, cuando deberían de estar cuestionando el papel del Ministerio Público, la policía y la misma Corte Suprema de Justicia, quienes son incapaces de investigar estos crímenes, los cuales el 97 por ciento está en impunidad.

AMC. ¿Cómo podemos interpretar el incremento de la violencia, cuando fue en este gobierno que se tipificó la figura de femicidio en el Código Procesal Penal?
CS/ Los avances formales en material legal son importantes, sin embargo nosotras fuimos bastantes enfáticas en que eso no resolvía nada en el país. Se dio una coyuntura en el marco que el Estado, y el Estado quería mostrar avances en derechos de las mujeres y sale aprobando esta reforma para lavarse la cara, cuando la realidad de Honduras nos dice del incremento de las violencias contra mujeres.Lastimosamente para que la figura marche tiene que haber toda una estructura, un ensamblaje que realmente funcione. Eso nos llama a tener una policía depurada y un Ministerio Público y Corte de Justicia eficiente.

AMC. ¿Qué acciones están planteando para realizar el próximo gobierno que encabezará Juan Orlando Hernández, promotor de la policía militar?
CS/ Desde el golpe de Estado la situación de seguridad entró en muchas agendas. Varias de las defensoras de ddhh vivieron los atropellos de los años  80, ellas guardan en sus cuerpos, en sus memorias aquellos años de abusos y violaciones a mano de militares, ellas son víctimas de ese sistema represivo y violador. Es por eso que para las mujeres la problemática de seguridad y militarismo es un punto fundamental.

Hemos construido una agenda que es un reto con este nuevo gobierno, cuya única apuesta es la inversión en militarización y armas, sin embargo creemos que existe un tejido social a nivel de las mujeres, una nueva visión para entender que la seguridad es de manera integral, desde el espacio privado hasta el público.

AMC. ¿Qué propuestas hacen frente a esta realidad?
CS/ Este año 2013, iniciamos junto al ERIC y Radio Progreso una campaña “Ni encerradas Ni con miedos”, un espacio que buscar desconstruir el concepto de seguridad basado en armas y represión que nos han vendido a través de los año. Ni encerradas ni con miedos busca repensar la seguridad para las mujeres desde distintos enfoques, garantizando sus derechos.

Esta campaña ha sido una experiencia que nos ha acercado mucho más como organizaciones y mujeres que luchamos porque las cosas cambien no únicamente a nivel de país, sino las condiciones en que las mujeres se desarrollan desde sus hogares hasta los lugares públicos.

AMC. ¿Dónde deben recaer las esperanzas en estos momentos de aumento de la conflictividad en Honduras?
CS/ En la lucha cotidiana que hacen hombres y mujeres para construir una Honduras distintas, donde se garanticen los derechos de la ciudadanía en general y tengamos la convicción de brindar lo mejor a nuestras presenten y futuras generaciones.

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/513-mujeres-le-apuestan-a-un-nuevo-a%C3%B1o-de-lucha-por-vivir-ni-encerradas-ni-con-miedos

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Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado

Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado
“El Estado de Honduras ha dicho que  los defensores de derechos humanos creemos que tenemos inmunidad para cometer  delitos y que eso es lo que nosotros le estamos invocando. Eso hay que  rechazarlo rotundamente porque no estamos apelando ninguna inmunidad o a  demandar impunidad. El ejercicio de los defensores de derechos humanos, es una  labor que supera el papel de los ciudadanos y ciudadanas y nos exponemos a las  prácticas represivas del Estado, entre ellas el discurso que nos viene  criminalizando”, dijo el abogado Víctor Fernández, coordinador del Movimiento  Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj.

Agregó que la raíz del problema es  por un conflicto que es generado por el mismo Estado de Honduras, por la  concesión de un rio que está en el pueblo lenca y que fue otorgado a una  empresa privada, violando los derechos del pueblo lenca, entre ellos el derecho  a ser consultados, disposición que está contemplada en instrumentos jurídicos  internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del  Trabajo, OIT.

Para el profesional del derecho, el Ministerio  Público y los Juzgados de Intibucá se acomodan para proteger a la empresa  Desarrollos Energéticos, S.A, pues es evidente que son los documentos de la  empresa y las declaraciones de sus empleados y no se escuchó a ninguno de los  habitantes de la comunidad de Rio Blanco, por lo tanto el Ministerio Público es  un instrumento que solo favorece los intereses de la empresa que criminaliza al  pueblo que se opone a la concesión donde se construye el proyecto  hidroeléctrico Agua Zarca y a los defensores de los bienes naturales.

“El Ministerio Público debería hacer  una investigación seria y rigurosa, que le asegure darle cabida a la denuncia y  saber que los acusados Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño también  tienen derecho en ese proceso orientada a establecer que los tres señalados son  miembros de una organización indígenas. No escuchó a ningún testigo de la  comunidad de Rio Blanco, por qué está opuesta al proyecto. Por tanto nuestra  afirmación, que el Ministerio Público es el instrumento que favorece los  intereses de la empresa, tiene peso porque lo delata su propia investigación”,  explicó Fernández.

Esa misma institución que acusa a  estos tres defensores de derechos humanos tiene una contradicción insalvable,  porque ha determinado que el alcalde de Intibucá,  lugar donde está asentada la comunidad lenca  de rio blanco, otorgó el permiso de operaciones de esta empresa violando el  derecho a la consulta libre, previa e informada de esa comunidad y por eso  acusó al alcalde. Además ese mismo Ministerio Público estableció que el vice  ministro de Recursos Naturales y Ambiente Jonatán Laínez, otorgó el  licenciamiento ambiental de ese proyecto violando el derecho a la consulta que  tiene el pueblo de Rio  Blanco. “Por  tanto, no se entiende como esa institución entra en ese tipo de contradicciones  e  incoherencias que lo evidencia  justamente lo que es, una institución que está al servicio de los grandes  intereses económicos del país”, indicó el abogado.

Las dos  acusaciones que están en contra de los funcionarios públicos por violar el  derecho de los pueblos indígenas están paralizadas. Sin embargo las acusaciones contra Berta, Aureliano y Tomás si tienen un gran nivel de persecución.

También le persiguen
La Coalición contra la impunidad  denunció esta semana que los defensores y defensoras de derechos humanos, entre  ellos el abogado Víctor Fernández y Bertha Oliva del Comité de Familiares y  Desaparecidos en Honduras, Cofadeh también están siendo objeto de una campaña  de odio y estigmatización, y que en  los últimos días varios funcionarios públicos y personajes políticos, a través  de medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno de turno,  han expresado comentarios peyorativos y estigmatizantes en contra de la labor  de defensa de derechos humanos realizada por Berta Oliva, y Víctor Fernández,  Coordinador General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Estas declaraciones de funcionarios y  políticos son generadas por el malestar que les ha ocasionado la labor de  denuncia que han realizado recientemente ambos defensores ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y ante el Congreso de los Estados Unidos en  la ciudad de Washington, D.C, agrega el comunicado de la Coalición contra la  Impunidad.

“Desde la Coalición  Contra la Impunidad, condenamos enérgicamente estas declaraciones que incitan  al odio y colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a nuestros  compañeros y exigimos al Estado hondureño que cumpla con su deber de protección  impulsando las acciones necesarias para evitar las posibles consecuencias  derivadas de estas reprochables actuaciones provenientes de funcionarios y políticos  de este país”

Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin314/plantillacompleta/index.html#ir1

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Entrega de bono Diez mil se convierte en propaganda política

Entrega de bono Diez mil se convierte en propaganda política
En   la mayoría de los departamentos del país pueden observarse largas filas de  madres luchando por conseguir a toda costa “el bono diez mil”. Este bono es parte  de un “Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición” impulsado por el gobierno  de Porfirio Lobo Sosa; que debería ser entregado por funcionarios  del Estado, pero está siendo repartido por activistas del Partido Nacional que  incitan a los beneficiarios a votar por el candidato presidenciable Juan  Orlando Hernández.

El  “bono diez mil” se entrega en forma de cheque a las madres que tienen a sus  hijos en centros educativos públicos o a las que viven  en condiciones de extrema pobreza. Pero el  dinero no se les entrega completo, esto levanta muchas sospechas, ya que no se  sabe a dónde va parar el resto del dinero.

“Solo  nos entregan mil 600 lempiras. Nos dicen que la otra parte nos la van a dar después pero si gana Juan Orlando Hernández” expresó un oyente a través de  Radio Progreso. Añadió que los activistas del Partido Nacional están “jugando  con la dignidad de la gente”.

Las  filas en algunos lugares alcanzan hasta 3 o 4 cuadras, y en municipios grandes  como San Pedro Sula, calles enteras han sido cerradas. Para recibir este   beneficio las madres deben escuchar las casillas y el nombre de Juan Orlando  Hernández, dando entender que es un dinero que él está regalando.

Uno  de los escándalos más recientes de la politización de los bonos, sucedió en el Instituto Oficial Perla del Ulúa ubicado en la ciudad de EL Progreso, Yoro, al  norte de Honduras, con capacidad para 5 mil estudiantes. El gimnasio de dicho  instituto lucía abarrotado de madres, en el fondo, en una tarima, había cinco  personas gritando a través de altoparlantes, uno de ellos era Marvin Panting, candidato  Alcalde del Partido Nacional en la Ciudad de EL Progreso, Yoro, y el otro,  Ricardo Bermúdez, candidato a diputado por el departamento de Yoro. Ambos  lanzaban sus propuestas de gobierno ante la vista cansada de cientos de madres  y estudiantes.

Mientras  las madres firmaban los “Boucher” del  “bono diez mil”, desde la tarima, los activistas del Partido Nacional, que  vestían camisetas propagandísticas, lanzaban discursos mencionando la casilla  de X o Y candidato, violando con inmensa frescura la polémica Ley Fundamental  de Educación, aprobada por el mismo gobierno, que en su artículo 98 prohíbe  realizar propaganda política dentro de los centros educativos públicos.

Marvin  Panting aspirante a alcalde por el Partido Nacional en EL Progreso, Yoro dijo, mientras  entregaba los cheques, que “el próximo bono se va pagar en  diciembre. Ahorita solo se está dando mil 600  lempiras a las madres y padres de familia que matriculan a sus hijos; lo demás  lo entregaremos después” apuntó.

El  asesor de campaña del Partido Nacional en el departamento de Yoro Gabriel Rubí,  quien también es diputado suplente por el Partido Nacional, manifestó que “hemos  entendido lo que Juan Orlando nos ha explicado, que en las ciudades hay muchas  más necesidades que en las aldeas”.

Para  el historiador Guillermo Pineda esto es jugar con la dignidad y estómago de la  gente ya que “resuelven tal vez un día de comida, pero no son reformas o  transformaciones que vengan a hacer de Honduras un país incluyente. Este tipo  de cuadros solo aparecen en estos países donde los politiqueros hacen su agosto  con el estómago y las necesidades de la gente” apuntó.

Debido al temporal irregular,  algunos ciudadanos y ciudadanas resisten horas bajo la lluvia o sino bajo el  inclemente sol, todo para poder cambiar este cheque del “bono diez mil”, que en  realidad es de mil 600 lempiras. Por su parte, el presidente de la república  Porfirio Lobo Sosa, se jacta diciendo que a través de este programa ha reducido  la pobreza, pero es desmentido por organismos económicos que expresan que la  brecha entre ricos y pobres, cada vez se hace más grande

Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin314/plantillacompleta/index.html#ir2

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Hemos de dar razón de “Nueva Esperanza”

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Nueva Esperanza : una comunidad en campo minado

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Expropiación de tierras a empresas azucareras sigue vigente

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La CIDH ha otorgado 300 medidas cautelares en Honduras

CIDH medidas cautelares

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Indígenas de Río Blanco denuncian violación a su derecho de consulta libre

LINK DEL VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=h5lr_SL98qk&feature=player_embedded

En la defensa territorial y la dignidad del pueblo Lenca, las comunidades del sector de Río Blanco, Intibucá, llevan más de dos meses en la toma de la carretera en el lugar conocido como el Roblón, en rechazo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

 

La decisión de continuar en la lucha permanente ha sido ratificada en asamblea general. El Pueblo Lenca exige la salida del Proyecto Agua Zarca el cual ha servido para privatizar el Río Gualcarque por 20 años, favoreciendo a las empresas Desarrollo Energético DESA, FICOHSA, COPRECA, beneficiadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE y del Banco Mundial.

 

El proyecto se desarrolla por parte de la compañía china SINOHYDRO, y consiste en el represamiento del río Gualcarque que alimenta de agua a varias comunidades lencas en el occidente del país y cuyas operaciones han sido detenidas por la lucha de los pobladores y pobladoras del sector quienes expulsaron al personal de la compañía junto con la maquinaria.

“Este río es sagrado para los que habitamos en estas comunidades lencas y lo hemos conservado durante siglos. Es por esa razón que lo vamos a defender si es posible con vidas”, dijo Adelaida Sánchez del Consejo indígena de Intibucá.

“Como comunidades indígenas denunciamos la ilegalidad del procedimiento ejecutado para otorgar licencias en la ejecución del proyecto, pero sobre todo en su ilegitimidad ante la demanda indígena y la violación del derecho de consulta libre, previa e informada, al Convenio 169, títulos antiguos, derechos históricos y acuerdos firmados entre el Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Honduras, COPINH, y el Estado de Honduras”, indicó Adelaida Sánchez.

Por su parte Nicolás Domínguez hizo un llamado a la solidaridad activa, al pueblo hondureño a sumarse a este proceso por la emancipación y la dignidad y a las comunidades a profundizar la defensa territorial y los derechos del pueblo Lenca.

“En un cabildo abierto y en asambleas indígenas, las comunidades hemos rechazado el proyecto hidroeléctrico y el gobierno tiene toda la información de nuestra posición adoptada. También interpusimos la denuncia de rechazo al proyecto en la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público, SERNA y en el Congreso Nacional”, indicó Nicolás Domínguez.

 

Denuncian al Batallón de Ingenieros de las FFAA

Las comunidades también denuncian que soldados del Primer Batallón de Ingenieros con asiento en Siguatepeque, Comayagua, están amenazando, acosando y acorralando a los habitantes de las comunidades de Río Blanco.

Estas acciones están generando los movimientos de resistencia y de lucha de las comunidades. Desde que se sale del casco urbano, en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara, se encuentra el primer retén militar donde están chequeando qué vehículos y quienes van rumbo al sector río Blanco.

Luego en la carretera se ven agentes militares en los montes o transitando en vehículos particulares.

 

52 concesiones

El Congreso Nacional aprobó concesiones de 52 ríos en varias regiones como Atlántida, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuera y Río Blanco, Intibucá.

El 17 de septiembre de 2010 los diputados y diputadas del Congreso Nacional que apoyaron el golpe de Estado, entregaron el río Gualcarque al capital transnacional para provocar su represamiento y convertir el cauce en energía eléctrica de capital privado.

http://radioprogresohn.net/contentrp/index.php?option=com_content&view=article&id=3390%3Aindigenas-de-rio-blanco-denuncian-violacion-a-su-derecho-de-consulta-libre-&catid=42%3Anoticias&Itemid=99

 

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A petición de la población la corporación municipal de El Negrito decretará municipio libre de minería

Jueves, 25 de Abril de 2013 11:04

Debido a que la mayoría de su población no está de acuerdo con la explotación minera,  en un cabildo abierto a realizarse el próximo mes de mayo se decretara al Negrito, Yoro, como municipio libre de minería.

La Corporación Municipal ha recibido cuatro solicitudes para la explotación minera entre metálicas y no metálicas. Oro, hierro, plata y otros minerales que se pretenden explotar.
La población consultada en los primeros dos cabildos abiertos aseguran estar en contra de la explotación minera debido a que las compañías interesadas son quienes se llevan las mayores utilidades a cambio de un pequeño impuesto que pagan a las comunidades y el daño ecológico que causan  es muy grande.

La regidora Modesta Morales indica que al alcalde Delvin  Salgado recibe  grandes presiones  por parte  de empresas interesadas, las que van  desde ofrecimiento de dinero hasta envío de emisarios para que convenzan a la Corporación y les permitan las concesiones.

La regidora indicó que ya se han dado los primeros pasos para la protección de los recursos naturales del municipio de El Negrito, Yoro.

http://radioprogresohn.com/contentrp/index.php?option=com_content&view=article&id=3301%3Aa-peticion-de-la-poblacion-la-corporacion-municipal-de-el-negrito-decretara-municipio-libre-de-mineria-&catid=42%3Anoticias&Itemid=99

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“La Policía Nacional es una institución absolutamente irreformable”

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Fuente: aMercate Corto, Abril 2013

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Con Ley Minera se entregará el 15 por ciento del territorio hondureño

La nueva Ley General  de Minería conlleva  a la entrega de las  riquezas naturales y  la depredación sin límites de  los bosques, “se entregará el  15% por ciento del territorio  nacional a las trasnacionales  a través de más 300 conce-siones, situación que traerá  un costo sin precedentes en  la destrucción de la vida del  pueblo hondureño”, indicó  Pedro Landa de la Coalición  de Redes Ambientalistas de  Honduras.

La normativa minera fue apro-bada por el Congreso Nacional  el 25 de enero de 2013. El país  ya tenía siete años de contar  con una ley minera incom-pleta, ya que en el año 2005  la Corte Suprema de Justicia  derogó 13 artículos de dicha  legislación por considerarlos  inconstitucionales.

La presión social de grupos  ambientalistas y comunida-des produjo que el gobierno  de Ricardo Maduro decretara  en el 2004 una moratoria o  veda al otorgamiento a nuevas  concesiones mineras, luego el  presidente Manuel Zelaya dio  continuidad a esa moratoria.

“Al entrar en vigencia la nue-va Ley de Minería, permitirá al  gobierno, otorgar concesiones  a diestra y siniestra. Ahora  el Estado vuelve a abrir las  puertas a la minería metálica,  explorando las sustancias na-turales de las cuales se puede  extraer un elemento metálico”  indicó Landa.

“La nueva Ley de Minería es  una amenaza contra la vida,  la soberanía, biodiversidad,  salud, agua y dignidad, par-ticularmente de los pueblos  indígenas, negros y pueblo  hondureño en general”, indi-có Berta Cáceres del Consejo  Cívico de Organizaciones Po-pulares e Indígenas de Hondu-ras, Copinh.

La dirigente dijo: “no vamos a  permitir que vengan a acabar  con los pocos recursos natu-rales de nuestros territorios  indígenas, y peor la minería  que destruye todo lo que está  a su paso”.

Violaciones a DDHH

La minería es una de las acti-vidades económicas que más  violentan los derechos hu-manos a pueblos enteros. En  Honduras muchas ciudades y  pueblos son territorios depri-midos y con un legado de con-taminación muy alto.

Casos en Honduras

En San Andrés Minas, Copán,  la compañía Minerales de Oc-cidente, utiliza hasta mil tone-ladas de cianuro al año. Una  sola cucharadita de cianuro  puede matar a una persona.  Los deshechos de cianuro y  de metales pesados, están al-macenados en cuatro piscinas  al lado del Río Lara, afluente  del Río Higuito. Estas piscinas  contienen más de 50 millones  de galones de deshechos y un  accidente podría contaminar  hasta el departamento de Cor-tés, porque las aguas del río  Higuito desembocan en el río  Ulúa.

Causas de un accidente

Un fallo de la represa dete-niendo las piscinas, un fallo  en el plástico cubriendo la  cancha de rocío de cianu-ro, un accidente de trans-porte, podría ser fatal para  millones de personas en el  occidente y norte del país.

Valle de Siria

La contaminación de las fuen-tes de agua por la minería  canadiende Goldcorp afectó la  salud de la mayoría de la gente  de los municipios del norte de  Francisco Morazán, donde son  frecuentes problemas en la  piel, ojos y hasta la muerte de  recién nacidos, problemas en  el sistema nervioso, caída de  cabello, abortos e infertilidad,  denunció, Carlos Amador del  Comité Ambientalista del Valle  de Siria.

Intereses detrás de la minería

“Detrás de la explotación mi-nera están los intereses de  Chile y Canadá, de un grupo  de empresarios hondureños  que han estado siempre es-condiendo la realidad de lo  que está sucediendo detrás  de la minera. Y aquí hay va-rios personajes, uno de ellos  es Santos Gabino Carbajal  que ha sido el gerente de la  empresa American Pacific,  más conocida como Minera El  Mochito. Santos Gabino Car-bajal ha contribuido a que se  generen grandes negocios de  corrupción en este país y en el  año 2009 amenazó a muerte  a varios ambientalistas y este  personaje sabe que la Ameri-can Pacific tiene 15 años de  estar contaminado el Lago de  Yojoa”, explicó el ambientalista  Landa.

Más atentados

Pedro Landa indicó que con la  nueva Ley Minera también se  está atentando con el pueblo  miskito, porque el gobierno de  Pepe Lobo ya firmó un contra-to con una empresa británica  que se llama Britis Gas para  explotar el petróleo que hay  en la zona de la Mosquitia.  “Se ha creado un proceso  muy rápido que es la iniciati-va de transparencia para las  industrias extractivas, esto  supuestamente es un espacio  para poder auditar o controlar  lo que van a pagar las em-presas mineras y petroleras y  en que se van a invertir, pero  en el fondo lo que hay es un  proceso de cooptación a favor  de Pepe Lobo y a favor de los  empresarios para que esta in-formación sea manejada por  ellos y darnos a nosotros lo  que ellos quieren”, agregó.

 

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Fuente: aMecate Corto, Abril 2013

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Honduras:un país repleto de armas busca aprobar nueva ley de portación

Luego de cuatro años de es-tar engavetada una nueva ley de control de armas de fue-go, municiones, explosivos y otros, el Congreso Nacional anunció que con el nuevo an-teproyecto de ley se busca re-gular la edad de portación, los calibres y la cantidad de armaspermitidas por persona.

El diputado Mario Pérez, pre-sidente de la Comisión de Se-guridad del Congreso Nacional detalló que han trabajado con diversas organizaciones de la sociedad civil para aprobar un nuevo reglamento de portacio-nes de armas, ya que el actual marco jurídico sostiene la in-seguridad existente en el país.

Desde la comisión de seguri-dad del Congreso se tendrá que analizar dos propuestas de ley. Una elaborada por la comisión de Defensa del Con-greso, que preside el diputado Rodolfo Zelaya, que contiene 122 artículos y una hecha por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, que contempla 160 artículos.

La abogada Leila Díaz de Ci-prodeh informó que con su propuesta de ley buscan in-crementar a 25 años la edad de los portadores, además de reducir la cantidad de armas permitidas por personas, el
realizar un test psicológico al momento de otorgar un per-miso de portación de armas. Otra de las reformas incluye el contar con un mejor registro de armas, aquí se incluye mo-niciones, explosivos y materia-les relacionados.

La propuesta también especi-fica el tipo de armas prohibi-das y de usos exclusivo de la Secretaría de Defensa y Seguridad.

Las armas de uso prohibido son el fusil automático Kalas-hnikov-1947 (AK-47) calibre 7.62x39mm en todas sus ver-siones, fusiles FAL y FAP cali-bre 7.62x51mm, subametralla-dora UZI y mini-UZI en todas sus versiones, patentes y mar-cas, calibre 9mm, fusil M-16, M-16-A1, Galil y Beretta calibre 5.56mm ó 223 en todas sus versiones, patentes y marcas.

La aprobación de la ley cobra vigencia cuando Honduras tie-ne la tasa más alta de homi-cidios, 85.5 por cada 100 mil habitantes, y cuando se sabe que en el territorio nacional circulan alrededor de 1.5 mi-llones de armas de las cuales un millón circulan de manera clandestina o ilegal.

Fuente: aMecate Corto, Abril 2013

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