Archivos para 29 junio 2013

A 4 Años

Ayer viernes el pueblo de Honduras en sus diversas organizaciones populares y movimientos sociales salió a manifestarse de modo contundente.

En las calles la multitud alzó las diversas banderas del Frente. Condenó la impunidad y la violencia, reclamó un cambio político refundacional.

Honduras conmemoró el nacimiento de un movimiento político muy potente:  El Frente Nacional de Resistencia Popular de cuatro años.

Por eso en la gigantesca manifestación conmemorativa del pasado 28 de junio, quedaron plasmados en la calle tres mensajes centrales.

El primero, nítido y claro, lo pronunció el siempre elocuente Carlos H Reyes, quien denunció a Estados Unidos y a la oligarquía local, por estar llevando a Honduras al descalabro total para intervenirla descaradamente.

Honduras violenta, Honduras corrupta e insegura, Honduras insolvente y endeudada, eso basta para imponerle marines a un país o hallar otras formas más sutiles de avasallar la sociedad.

El segundo mensaje fue de Bertha Cáceres, del COPINH, para adelantar la refundación con solidaridad y enfrentar el capital transnacional, que militariza los territorios e impone la represión contra los pueblos que defienden sus bienes comunes naturales, como lo hace el pueblo lenca de Río Blanco frente al capital chino de SYNOHIDRO, desde hace más de dos meses.

El tercer mensaje del aniversario lo colocó Manuel Zelaya. Fue un mensaje claro, testimonial, nos colocó en el día 28 de junio del 2009, para ayudarnos a no olvidar. Y al cierre dejó un telegrama al Ejército que  llamó la atención, le pidió que no se preste de nuevo a dar un golpe de Estado como lo hizo 4 años atrás.

Y aquí terminamos, dejando en el aire con estos mensajes el riesgo que de nuevo este pequeño país vuelva a sufrir una interrupción, antes o después del 24 de noviembre de 2013. En alerta, pues.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2671:a-4-anos&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Defensora de DDHH de la diversidad sexual sobrevive a atentado contra su vida

Tegucigalpa.

Yona Cruz, de 23 años, es una defensora de derechos humanos de la diversidad sexual, quien por denunciar abusos policiales en contra de sus compañeras transexuales, ha sido víctima de amenazas, detenciones, manoseos y hace unas semanas casi pierde la vida a causa de un disparo inferido por desconocidos.

A causa del atentado contra su vida, el pasado 5 de junio, Yona sufrió daños severos en varios órganos de su aparato digestivo, entre ellos sus intestinos, por lo que aun anda varias sondas adheridas a su cuerpo, lo que le dificulta su movilización.

La defensora del comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual, LGTBI, denunció que desde el año pasado fue víctima de detención de parte de agentes asignados a la quinta estación policial de Comayagüela, solo en el mes de noviembre la llevaron a la posta en tres ocasiones.

Los agentes le dijeron que la llevaban porque ella los denunciaba y además les estropeaba le trabajo.

Yona, puso estas denuncias en el Despacho de Derechos Humanos, donde dejó en evidencia que los policías de la posta ubicada en el barrio La Granja de Comayagüela, detenían ilegalmente a sus compañeras, y en reiteradas ocasiones a ella misma.

“Yo manifesté les dije que temía por mi vida, pues las amenazas eran constantes”, denunció Yona, quien aseguró que “los policías me denigraban por ser transexual (arreglada como mujer), y así me lo dijeron la última vez que me arrestaron, el 27 de marzo pasado”.

La administradora de proyectos de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/ SIDA en Honduras (APUVIMEH), Sandra Zambrano denunció que la violencia contra la comunidad LGTBI, es producto del resquebrajamiento del Estado.

Para el caso lo que ha sucedido con la compañera Yona, es un atentado de homicidio y no hay ninguna investigación porque el Estado no responde a  nuestras necesidades de seguridad, dejando vía libre a quienes andan por la calle haciendo daño, sabiendo que ninguna autoridad los va acusar.

Vemos un sistema jurídico completamente inoperante, donde ponen excusa como que no hay combustible para realizar las correspondientes investigaciones, denunció la defensora de derechos humanos Sandra Zambrano.

Se estima que al menos 117 miembros de la diversidad sexual, fueron asesinados en Honduras entre 2008 hasta la fecha, y otras más que han sobrevivido a ataques, pero que han debido abandonar el país para resguardar su vida.

Hace algunos días APUVIMEH, organización a la que pertenece Yona Cruz, emitió la denuncia de este hecho, en ella relata que la noche del miércoles 5 de junio, Cruz recibió un balazo desde un auto en marcha cuando se encontraba en la acera de la casa de una vecina  a graves daños a varios órganos del sistema digestivo. Hasta la fecha, -indicaron- se le han realizado dos cirugías de emergencia.

“Consideramos que el ataque viene precedido de una detención arbitraria que recibió hace un mes por   agentes de la policía del barrio la Granja de Comayagüela , Yona  es una de las defensora de nuestra organización  muy comprometida en la incidencia y la defensora de Derechos Humanos razón por la cual estamos muy preocupados”, lamentaron.

Según APUVIMEH, “la fecha en que sufre el atentado es el día en el cual estábamos enterados de la suspensión de los agentes de investigación (DNIC)”.

“Esta tentativa de homicidio en contra de nuestra compañera se suma a otro caso de impunidad ya que la semana recién pasada fue asesinada una compañera en Progreso”, enfatiza el texto, emitido por la organización.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2670:defensora-de-ddhh-de-la-diversidad-sexual-sobrevive-a-atentado-contra-su-vida&catid=54:den&Itemid=171

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Cura recibe amenazas a muerte por oponerse a minas

29 junio, 2013 – 12:25 AM

“Si viene a las minas con machete te vamos a picar a vos y a las monjas”, es uno de los tantos mensajes que el sacerdote de la Iglesia Católica del municipio de Arizona, Atlántida, César Espinoza, ha recibido a su teléfono celular.

Los sacerdotes de las diferentes parroquias de Atlántida se solidarizaron con el padre César.

Los sacerdotes de las diferentes parroquias de Atlántida se solidarizaron con el padre César.

El religioso de origen guatemalteco, lidera junto a los habitantes de las comunidades Nueva Esperanza y La Florida un movimiento que se opone a la extracción minera, ya que según ellos se ve afectado el entorno natural.

La denuncia la hizo mediante una conferencia de prensa desarrollada en el obispado de la diócesis de esta ciudad, a donde acudieron sacerdotes de las diferentes parroquias de Atlántida, encabezados por monseñor Miguel Leninhan, obispo de la Diócesis de La Ceiba.

Cuando se le consultó de dónde vienen las amenazas, el cura respondió que “es por parte del empresario dueño de la empresa minera La Victoria, de nombre Lenir Pérez, yerno del señor Miguel Facussé, sus trabajadores y Gustavo Urrutia.

Me han mandado mensajes de texto a mi celular y diciéndome que no me quieren ver en el área porque me ven como peligroso para sus intereses”.

El sacerdote César Espinoza ha recibido amenazas a muerte y las autoridades no investigan su caso.

El sacerdote César Espinoza ha recibido amenazas a muerte y las autoridades no investigan su caso.

El también párroco de la iglesia de Arizona, ya interpuso la denuncia en la Fiscalía, sin embargo se quejó ya que las autoridades no se han interesado en su caso.

“No hemos tenido respuesta, no hay investigación por parte del Ministerio Público. La gente de la comunidad dice que la misma Policía ayudó a entrar a estos hombres armados.

El jefe policial Rolando Paz Murillo no hace nada y creemos que están respondiendo a los intereses de los dueños de las minas”, agregó.

En la rueda de prensa, dieron a conocer un comunicado en el cual aseguran que, “hay una avalancha de proyectos mineros en nuestro departamento, que según informaciones llegan a varias decenas y que pretenden explotar zonas con alto valor ecológico”.

El impacto ambiental que todos estos proyectos provocarían y las consecuencias negativas para la vida de las comunidades son enormes.

La falta de transparencia y la secretividad con que se realizan estos procesos de concesiones sin informar y de espaldas a las comunidades que se verán afectadas gravemente”.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/06/29/cura-recibe-amenazas-a-muerte-por-oponerse-a-minas/

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Auditarán extractoras de hidrocarburos

29 junio, 2013 – 12:10 AM

El representante y coordinador nacional para la transparencia, Roberto Herrera Cáceres, informó que el gobierno creará una comisión tripartita para auditar las industrias extractoras de hidrocarburos.

La explotación de hidrocarburos tiene que dejar beneficios a las comunidades locales.

La explotación de hidrocarburos tiene que dejar beneficios a las comunidades locales.

“Con la inclusión de nuestro país como integrante de la Organización Internacional para la Transparencia de las Industrias Extráctiles, la población tendrá acceso a toda la información que desarrolle el Estado en la firma de contratos de extracción de hidrocarburos, explicó.

“Esto solo se referirá al resultado una vez cuando se encuentre petróleo, se van a hacer los ingresos y cómo se monitorearán cómo se están aplicando los contratos”, indicó.

Desde 1920 hasta la fecha se han estado haciendo investigaciones en materia de exploración de petróleo, donde muchos pozos han dado muestras positivas y que ahora se va a investigar si hay cantidades comerciales, añadió.

“Estamos analizando la etapa de exploración y explotación para ver todos los ingresos y saber el tipo de beneficio que dejará en el desarrollo local de la comunidad, aseguró.

“Somos un mecanismo tripartito sector privado, sociedad civil y gobierno que vamos a informar internacionalmente también, finalizó. (YLM)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/06/29/auditaran-extractoras-de-hidrocarburos/

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Lobo advierte riesgos por traslados domiciliarios en las votaciones

29 junio, 2013 – 12:20 AM

Después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha recibido varias denuncias sobre una supuesta falsificación de constancias de vecindad de municipalidades emitidas por miembros del Partido Nacional, el Presidente Porfirio Lobo Sosa advirtió sobre los riesgos adversos que eso generaría durante las votaciones.

El Presidente Porfirio Lobo Sosa, se mostró sorprendido por las denuncias de cambio domiciliarios irregulares y pidió a los partidos que no se compliquen de cara a las elecciones generales.

El Presidente Porfirio Lobo Sosa, se mostró sorprendido por las denuncias de cambio domiciliarios irregulares y pidió a los partidos que no se compliquen de cara a las elecciones generales.

En una improvisada conferencia de prensa, en la cual el mandatario se refirió a varios temas de actualidad del país, interrogado también sobre posibles traslados fraudulentos de domicilio que involucran a instituciones como el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), dijo que ya escuchó al gerente de esa institución, Danilo Alvarado, hablar referente al tema.

“Yo les digo lo siguiente: el hecho que la gente vote en el lugar que reside es un gran avance, pero el político que se mete a hacer traslados y ubica a dónde él quiere la gente que no vive allí, el día de las elecciones me va a contar el chiste”, advirtió.

“No hay capacidad instalada para poder mover la gente de un lugar a otro así como se pretende y eso no puede ser”, agregó. En ese sentido, reveló que le ha consultado al candidato del Partido Nacional (PN), Juan Orlando Hernández, sobre ese asunto, a lo que le contestó que no están de acuerdo como institución política y no han girado instrucciones para que se realicen traslados de domicilio para los votantes.

“ES UNA LOCURA…”

Pero, “si es cierto deben de controlarlo. El día de las elecciones es una locura, que mándelos para allá a los (votantes), que no para allá… desorden”, señaló.

En cuanto al tema con el SANAA sobre si se verificará que se están girando constancias para cambios de domicilio, es una institución del gobierno que no se puede prestarse a  aspectos políticos, advirtió.

En conclusión, Lobo Sosa dijo ser el mayor defensor de la transparencia electoral, porque “para mí lo más importante es, se reconozca o no, lograr llegar a este punto de tener elecciones de nuevo y que el pueblo vaya a elegir a quién considere”.

Consultado sobre la renuncia interpuesta en meses anteriores, por los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, reiteró que está a la espera de que el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), le dé la nómina de candidatos.

Aclaró que en cuanto al tema policial, el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, trabaja en el proceso de depuración de la Policía Nacional y en el histórico problema de falta de coordinación y cooperación entre los operadores de justicia. (SA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/06/29/lobo-advierte-riesgos-por-traslados-domiciliarios-en-las-votaciones/

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Habilitados todos los partidos

29 junio, 2013 – 12:25 AM

Los seis partidos que no fueron a elecciones internas en noviembre de 2012 pasaron su “examen” en el Tribunal Supremo Electoral para participar en las elecciones generales del último domingo de noviembre de 2013.

Muchos de los partidos solo cubrieron lo mínimo de los requisitos que exigió el Tribunal Supremo Electoral.

Muchos de los partidos solo cubrieron lo mínimo de los requisitos que exigió el Tribunal Supremo Electoral.

El pasado lunes venció el plazo para que el partido Alianza, Unificación Democrática (UD), Pinu, Democracia Cristiana, FAPER y PAC  subsanaran sus inconsistencias.

Pero por presión y petición de estas organizaciones políticas, que alegaron un sinnúmero de pretextos, el organismo electoral determinó ampliar el plazo hasta ayer viernes a las 6:00 pm.

Alejandro Martínez, secretario general del TSE, expuso que los seis partidos que no tuvieron comicios internos pasaron el “examen” porque lograron subsanar en su mayoría sus inconsistencias.

“Varios de los seis partidos -afirmó- completaron sus inconsistencias, pero si los sumamos a todos podemos decir que en un 95 por ciento subsanaron sus inconsistencias”.

Agregó que la mayor parte de los dirigentes de estos partidos completaron las solvencias de vecindad y fotografías de sus candidatos.

Aunque en algunos casos no lograron completar la totalidad de las planillas municipales, como las departamentales, pero lograron cubrir el mínimo que dice la Ley Electoral. (JS)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/06/29/habilitados-todos-los-partidos/

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La CIDH ha otorgado 300 medidas cautelares en Honduras

CIDH medidas cautelares

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Fallo a favor de Faper favorece a Ricardo Álvarez

Viernes 28 de junio de 2013

10:32 pm  – Redacción: redaccion@laprensa.hn

147 perdedores de las primarias serán inscritos.

El magistrado Saúl Escobar dio por hecho la inscripción de Ricardo Álvarez.

Fallo a favor de Faper favorece a Ricardo Álvarez

Tegucigalpa,

Honduras

Ricardo Álvarez y otros 147 políticos que resultaron perdedores en las elecciones primarias de noviembre pasado prácticamante tienen vía libre para participar en los comicios generales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio como un hecho ayer la inscripción de Ricardo Álvarez como candidato a designado presidencial y la de otros 147 aspirantes a cargos de elección que estaban esperando en circunstancias parecidas.

Funcionarios electorales hicieron el anuncio después de escuchar una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que concedió un recurso de amparo a Andrés Pavón, candidato presidencial de la alianza UD/Faper (Unificación Democrática/Frente Amplio Político Electoral en Resistencia).

Pavón, líder de Faper, presentó un escrito al TSE en que pedía que se inscribiera a 16 candidatos de su partido (diputados y alcaldes) postulados en las elecciones primarias en representación de otros partidos y que, como el alcalde capitalino, no recibieron el respaldo popular.

El TSE, basado en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, declaró sin lugar la solicitud de Faper, que le bastó a este partido para recurrir en amparo ante la Suprema Corte.

En su artículo 116, la Ley Electoral prohíbe a un candidato que haya participado en las primarias aspirar en las generales siguientes. Posteriormente, el Partido Nacional -según un arreglo con Álvarez para garantizar la unidad partidaria- lo propuso como candidato a designado presidencial en sustitución de Alden Rivera.

Resolución esperada

El TSE estaba deliberadamente esperando la resolución del caso del Faper para emitir una decisión sobre la petición del alcalde capitalino. Hasta ayer, el TSE no había recibido por escrito la resolución de la Sala de lo Constitucional.

No obstante, el magistrado Saúl Escobar Andrade dijo que con la resolución de la Corte se le allana el camino a Álvarez y a los otros candidatos que estaban en las mismas condiciones.
“Sin duda que le da luz verde (a Ricardo) para que también participe y a todos los casos que creo que son unos 140”, expresó el magistrado.

“El Tribunal tiene una función administradora del sistema electoral general y si ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la participación de los candidatos de Faper, no queda más que ser respetuoso y acatar la resolución que ha emitido la Corte”.

¿Además de Faper, otros candidatos que participaron en las primarias tienen derecho a participar?, se le volvió a preguntar a Escobar Andrade. “Claro, porque la aplicación es de carácter general y la resolución de la Sala de lo Constitucional (los) abarca”.

El secretario general Alejandro Martínez dijo: “Si el fallo viene en ese sentido, el Tribunal lo único que debe hacer es acatar el fallo de la Corte e inscribir a todos los candidatos que quieran participar en las elecciones aunque no hayan salido electos”.

Se supo que con el fallo de la Corte el TSE tiene la opción de emitir o no una resolución respecto al caso de Ricardo Álvarez.

La resolución de los cinco magistrados de la Sala Constitucional a favor del reclamo de Faper fue por unanimidad, dijo el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Fallo-a-favor-de-Faper-favorece-a-Ricardo-Alvarez

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Honduras pagará crudo con leche y aceite

Viernes 28 de junio de 2013

08:29 pm  – AFP: redaccion@laprensa.hn

Suministro de petróleo con 17 países, a cambio de un mayor flujo de alimentos y servicios para el desabastecido país sudamericano.

Managua,

Nicaragua

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presidirá este fin de semana la VIII Cumbre de Petrocaribe en Managua, que apunta a fortalecer los acuerdos de suministro de petróleo con 17 países, a cambio de un mayor flujo de alimentos y servicios para el desabastecido país sudamericano.

Un portavoz de la oficina de Prensa de la Presidencia en Caracas confirmó a la AFP la participación de Maduro en el encuentro.

La agenda será consensuada por los ministros de energía y representantes de los 18 países el sábado previo a la Cumbre, que se realizará en la Nicaragua del presidente Daniel Ortega, uno de los principales receptores de la cooperación venezolana en la región.

La cita, que arrancará el sábado en medio de fuertes medidas de seguridad, contará con la participación del presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la primera dama y portavoz del gobierno, Rosario Murillo.

Morales hablará del proceso de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, que posee la segunda reserva de gas en América Latina, indicó el jueves su ministra de comunicación, Amanda Dávila.

El gobierno nicaragüense aún no ha confirmado cuáles otros jefes de Estado acudirán al Foro, del cual forman parte Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Surinam.

El primero en llegar fue el presidente de Haití, Michel Martelly, quien fue recibido con honores este viernes en el aeropuerto de Managua.

Aunque el gobierno nicaragüense no ha dado a conocer detalles de la VIII Cumbre, funcionarios cercanos a la administración explicaron que uno de sus objetivos es crear una Zona Económica Especial en la que los países que reciben el crudo venezolano con facilidades de pago, podrán cancelar la mayor parte de su factura con productos alimenticios.

“Todo el mundo sabe que Venezuela no produce todo lo que se come y por eso necesita un abastecimiento de alimentos contante”, afirmó el diputado sandinista Jacinto Suárez a la televisión local.

Señaló que la Zona que se pretende formalizar es una especie de “comunidad económica” en la que los países miembros también podrán comerciar a “precios justos” y con prerrogativas arancelarias productos de su interés, así como promover inversiones e intercambios tecnológicos en sectores productivos vinculados al acuerdo.

Es un proyecto con “sentido de complementariedad” e integración que Maduro quiere llevar adelante siguiendo el lineamiento del fallecido presidente Hugo Chávez, indicó el funcionario.

La zona de Petrocaribe está conformada por 18 naciones caribeñas y centroamericanas con una población combinada de 85 millones de habitantes, y cuyas economías se sustentan principalmente en la agricultura y el turismo.

Según datos oficiales, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) destina a estos países el 3,5% de los tres millones de barriles diarios de petróleo que produce para la exportación.

Los acuerdos energéticos firmados con estos países establecen el pago de una parte de la factura a plazos altamente concesionales con intereses que van del 1 al 2% anual.

Otra parte son pagados con alimentos, ganado y, en el caso de Cuba, con lo servicios de 30.000 médicos, a través del denominado Mecanismo de Cooperación Energético que contempla Petrocaribe.

Honduras, que se adhirió a Petrocaribe en mayo pasado, se propone importar más de siete millones de barriles de crudo al año, que serán pagados al crédito y con productos como leche envasada y aceite de palma a granel, entre otros.

“Espero que todo lo planteado se resuelva en la Cumbre de Nicaragua”, dijo el secretario de Industria y Comercio de Honduras, Adonis Lavaire, a la prensa de su país.

Nicaragua por su parte planea aumentar las exportaciones de frijoles, café, azúcar, carne, ganado, para cumplir con sus metas de pago, dijo el vicepresidente de Albanisa, empresa que administra el negocio petrolero, Francisco López.

República Dominicana pagará con carne de pollo y los países e islas caribeñas con productos agrícolas.

La Cumbre concluirá el domingo con un homenaje a Chávez.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Mundo/America-Latina/Honduras-pagara-crudo-con-leche-y-aceite

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Honduras entre las ruinas del pasado reciente y la esperanza del futuro

viernes, 28 de junio de 2013

28 junio 2009 Foto G. Trucchi | Rel-UITA

IV° aniversario del golpe. No hay nada que celebrar, pero sí mucho que recordar, para nunca olvidar


Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
 

Ya han pasado cuatro años desde aquella mañana del 28 de junio 2009, cuando un nutrido contingente de militares atacó, disparando, la vivienda del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, forzándolo a abordar un avión y a abandonar en pijama el país rumbo a la vecina Costa Rica, no sin antes hacer una “escala técnica” en Palmerola, la más grande base militar estadounidense en la región centroamericana.

Durante este período, Honduras se ha hundido en una crisis política, económica, social y de seguridad sin precedentes, con un fuerte repunte de los niveles de pobreza, una creciente militarización de la sociedad y un acelerado desmoronamiento de las instituciones y poderes del Estado.

Mientras tanto, los grupos de poder emergentes y aquellos que orquestaron y ejecutaron el golpe han iniciado una lucha interna, para reacomodarse y conquistar espacios en vista del inminente proceso electoral del próximo noviembre.
Un proceso electoral que, por primera vez en más de 100 años, será caracterizado por la ruptura del bipartidismo clásico, cuya crisis se ha acelerado por la creación y participación de un movimiento de base amplio y polifacético y una fuerza política nueva y pujante, cuyas raíces están hondamente enterradas en la lucha contra el golpe de Estado.
En este sentido, el pueblo hondureño se debate entre una crisis estructural de la sociedad, agigantada hoy por los efectos nefastos que ha dejado la ruptura del orden constitucional, y una lucha de resistencia política y social organizada que genera esperanza para el futuro.
“Han sido 4 años caracterizados por la profundización del proceso de resquebrajamiento institucional del Estado, tanto en términos de seguridad, educación, salud y servicios básicos, como de crisis profunda de la política y la justicia”, dijo a Opera Mundi, el sociólogo y analista político, Eugenio Sosa.
Violencia e impunidad
De acuerdo con datos de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Honduras alcanzó en 2012 la mayor tasa de homicidios del mundo (86 por cada 100 mil habitantes), es decir  casi 10 veces el promedio mundial de 8.8 homicidios. La OMS (Organización Mundial de la Salud) califica de “epidemia” la tasa que supera los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El Observatorio de la Violencia de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) calcula un promedio de casi 20 personas asesinadas a diario durante ese mismo año. El Ministerio Público (MP) reconoce que solamente 20 de cada 100 casos de asesinato son investigados y es infinitesimalmente baja la cantidad de los que se judicializan y terminan con una condena.
En abril pasado, el Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora del Ministerio Público, con el objetivo, entre otros, de realizar un diagnóstico integral de la institución y desarrollar e implementar una evaluación y depuración de todas sus estructuras. Como resultado del diagnóstico, la Comisión iba a proceder a contratar, nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal del MP.
Si bien el nombramiento de esta Comisión fue criticado y hasta tachado de ilegal por la forma en que se llevó a cabo, sus miembros siguen investigando y han logrado una prórroga de su mandato que era de 60 días.
“En el país la impunidad es total y el sistema judicial funciona bien sólo para los victimarios, para los que cometieron el golpe, mientras está absolutamente en contra de las víctimas”, asegura el periodista y comunicador social Félix Molina.
Según él, durante estos cuatro años no ha habido sentencias ejemplarizantes que reivindiquen moralmente a las víctimas. “No hay una justicia percibida, y cuando la ciudadanía no percibe la justicia, también tiene dificultad para percibir al Estado”, dijo.
Cuando se habla de violencia e impunidad resulta emblemático el caso de la región del Bajo Aguán, al noreste del país. Ahí, el conflicto agrario que se ha originado por la expansión del monocultivo de palma africana y la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas, ha dejado un saldo de no menos 60 campesinos organizados asesinados después del golpe. “Hasta la fecha, ninguno de estos casos ha sido investigado, ni los responsables han sido asegurados a la justicia. La impunidad es total”, apunta Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).
Durante dos meses, la Comisión Interventora del MP investigó todo acto realizado por cualquier miembro de la institución y después de varios cambios internos, rotaciones de personal y no renovación de contratos, hace dos semanas presentó un informe preliminar ante el Congreso Nacional. En ese informe los integrantes de la Comisión señalaron las graves anomalías cometidas por las autoridades del MP y emprendieron los primeros pasos
para acusar de abuso de autoridad y violación a deberes públicos al Fiscal general, Luis Rubí, y al Fiscal Adjunto, Roy Urtecho.

Como consecuencia inmediata de este informe, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional recomendó ayer (25/6) separar de su cargo a los dos funcionarios por medio del juicio político. En su informe preliminar, la Comisión del Congreso señala que los fiscales cometieron “incumplimiento grave de sus funciones, atribuciones y obligaciones”, y que
no ejercieron la acción penal pública en distintos casos “causando con ello una grave impunidad en perjuicio de la población”.

Además, la Comisión del Congreso recomendó al plenario “iniciar la pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que le permita a la institución cumplir con las funciones y atribuciones que le establece y demás legislación nacional”. Ante la fuerte presión generada en los últimos meses, en la noche de este 25 de junio, Luis Rubí y Roy Urtecho presentaron su renuncia

Sin embargo, la ex directora de Asuntos Internos de la Policía Nacional,  María Luisa Borjas, aseguró a Opera Mundi que la grave crisis de esta institución y del conjunto de órganos encargados de procurar y administrar la justicia aún está lejos de terminar.
Depuración y remilitarización
El nivel de violencia e impunidad en la sociedad hondureña es directamente proporcional al grado de corrupción e infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones y poderes del Estado, incluyendo a los órganos de seguridad pública.
Ante esta situación, el presidente Porfirio Lobo, con el apoyo del Parlamento donde goza de amplia mayoría, lanzó una ofensiva contra el crimen, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, los resultados han sido muy escasos.
En junio del año pasado, se aprobó el decreto de emergencia 89-2012, para iniciar un proceso de depuración policial, durante el cual la recién conformada DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial)  iba a aplicar pruebas de confianza integrales – poligráfica, toxicológica, psicométrica y socieconómicas – a los oficiales de polícia.
De acuerdo con las declaraciones ante el Congreso Nacional del director de la DIECP, Eduardo Villanueva, durante los casi trece meses del proceso de depuración se aplicó un total de 774 pruebas de polígrafo, resultando un total de 230 requerimientos de despido de policías a la Secretaría de Seguridad. De esta cantidad, 33 se convirtieron en órdenes de separación y sólo 7 fueron ejecutados, de un total de casi 14 mil miembros que tiene la institución policial.
“¿Cómo es posible que los oficiales que salieron reprobados en las pruebas de confianza no sólo no fueron separados del cargo, sino que fueron ascendidos al grado inmediato superior o están ostentando cargos de dirección? ¿De qué depuración estamos hablando, entonces?”, se preguntó la ex comisionada Borjas.
Para ella, es evidente que se pretende hacer creer al pueblo que realmente se quiere sanar la institución policial, “pero sus actos demuestran lo contrario”. Cita varios ejemplos, entre ellos los del ex vocero del Ministerio de Seguridad, comisionado Iván Mejía Velásquez, y del director general de la Policía Juan Carlos Bonilla Valladares.
Mejía Velásquez tiene un auto de prisión para violación a los derechos humanos, abuso de autoridad y lesiones, mientras el “Tigre” Bonilla, como le dicen aquí, fue investigado por haber perpetrado tres asesinatos extrajudiciales y por estar relacionado con varios casos de secuestro y desapariciones. Ambos continúan desempeñando altos cargos en la institución.
“Deberían estar suspendidos y hasta presos, sin embargo Mejía Velásquez acaba de ser ascendido al cargo de director de la Policía Preventiva, mientras que Bonilla Valladares ostenta el rango más alto en la institución”, explicó.
Borjas estaba a cargo de la Unidad de Asuntos Internos cuando, en 2002, se investigó a Juan Carlos Bonilla. “Lo estábamos investigando por 13 casos de violaciones graves, incluyendo a ejecuciones sumarias de jóvenes y supuestos pandilleros, pero solamente logramos llevar uno ante la Fiscalía, porque ya no nos dejaron continuar”.
La ex comisionada relató a Opera Mundi que fue separada del cargo en 2003, por el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez . “Nos quitaron la logística, despidieron a mis colaboradores y a los investigadores y finalmente, cerraron la Unidad. Sin embargo, la Fiscalía logró judicializar el caso y el juez emitió orden de captura contra Bonilla Valladares y sus tres acompañantes: Carlos Arnoldo Mejía López, José Ventura Flores Maradiaga y Juan José Zavala Velásquez”, explicó.
Hoy día, los cuatro oficiales siguen ostentando altos cargos en la institución, gracias a una absolución derivada de un “acuerdo extrajudicial” que en 2004 firmaron el ministro Álvarez y la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales. “Bonilla Valladares les sirve para hacer ‘limpieza social’ en todo el país. Esto demuestra que no hay una verdadera voluntad de hacer una depuración, sino temor para actuar y hasta colusión de políticos, fiscales y jueces en actos, tanto de delincuencia común como organizada”, concluyó Borjas.
Además, ese proceso de aparente combate contra el crimen y la impunidad se ha caracterizado por una creciente militarización del país. “Las Fuerzas Armadas están cada día más involucradas en tareas de seguridad y tienen más poder. Se han creado nuevas fuerzas especiales, fuerzas de élite y fuerzas de tarea conjuntas. No hay duda de que, detrás de todo este proceso de remilitarización y de cambio de autoridades de Seguridad, están los Estados Unidos y su proyecto hegemónico en la región”, aseguró el académico Eugenio Sosa.
Proyecto hegemónico
Para el año fiscal 2014, Estados Unidos prevé una ligera disminución de los fondos destinados a la “lucha contra la droga” en México y Colombia, a cambio de un aumento para la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central), para la cual el Departamento de Estado solicitó 162 millones de dólares, es decir 26 millones por encima del presupuesto de 2012. Si bien no es fácil conocer exáctamente qué cantidad de recursos llegará a Honduras a través de diferentes vías y programas, es lógico pensar que ese país gozará de una atención privilegiada.
Recientemente, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la creación de mil nuevas plazas para soldados del Ejército y la conformación del cuerpo élite Tigres (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial). “Se quiere hacer crecer el poderío militar a costillas de la seguridad pública. Hay una intención manifiesta de cerrar la Policía y que el instituto castrense maneje el tema de seguridad pública”, declaró a medios nacionales el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce.
Durante el 2011, el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71% con respecto al año anterior. Pese a la grave crisis económica, político-institucional y social que embistió a Honduras desde el golpe de Estado, a las repetidas denuncias de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el crimen organizado dirigidas a la Policía Nacional, y al fracaso del proceso de depuración policial, Estados Unidos sigue aportando fondos para continuar con sus programas.
En declaraciones a Opera Mundi, la directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional), Laura Carlsen, sostuvo que Estados Unidos “quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina. En este sentido – continuó – Estados Unidos busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la región”, dijo.
Según Félix Molina, ya se estarían viendo varios señales que muestran la progresividad de dicha intervención en el escenario hondureño. “Se inició con la firma de un intercambio de inteligencia y de experiencias entre el régimen de Porfirio Lobo y Colombia y después vino la autorización para crear nuevas bases militares de Estados Unidos en La Mosquitia y el Caribe. Asimismo, estamos asistiendo a la llegada de altos funcionarios del Departamento de Estado y a la intervención directa en el proceso de evaluación del Ministerio Público, de depuración de la Policía y de creación de varias leyes”, asegura el periodista.
Entre las leyes cuestionadas, Molina citó, entre otras, la Ley Antiterrorista, la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Extradición para Hondureños.
En marzo pasado, el subsecretario adjunto de Estado de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, informó sobre la aprobación de un financiamiento de 16.3 millones de dolares para crear una fuerza de tarea policial para combatir los crímenes más graves.
Mantener a Honduras en las primeras planas de periódicos y noticieros como el país más violento del mundo y como un Estado fallido sería, entonces, parte de la estrategia norteamericana para justificar una posible intervención de hecho. “Estados Unidos maneja un doble discurso para garantizar sus objetivos y prioridades estratégicas. Estamos viendo un incremento de su presencia y de sus bases militares en la región, así como de sus proyectos sociales y de cooperación, que ocultan sus verdaderos intereses”, dijo Borjas.
Un protagonismo, en apariencia silencioso y sutil pero muy efectivo en la práctica, que según Molina busca fortalecer institucionalmente el aparato de Seguridad  de Honduras, pero que en realidad “apunta a fortalecer al Ejército, es decir el aparato que monopoliza la violencia en el Estado hondureño, y a garantizar su control hegemónico”.
Recientemente, 21 senadores de Estados Unidos  enviaron una carta al Secretario de Estado, John Kerry, señalando como un “fracaso decepcionante” el proceso de depuración. Asimismo, exigieron “una rendición de cuenta” de los fondos desembolsados por Estados Unidos y destinados al Ejército y la Policía hondureña. “Debemos asegurarnos de que fondos estadounidenses no estén permitiendo violaciones desenfrenadas de los derechos humanos, incluso por miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras que actúan amparados por la impunidad”, señala la carta.
Desastre económico
Según el Observatorio del mercado laboral del Ministerio del Trabajo, en 2012 el 67% de la población – 5.5 millones de personas – estaba en pobreza, de los cuales 3.8 millones en pobreza extrema. Datos del FOSDEH (Foro Social de la Deuda Externa de Honduras) evidencian que del 2009 al 2012, la cantidad de pobres ha incrementado de 2.1 millones.
La actual crisis económica de Honduras es producto de la combinación de dos elementos: la crisis financiera mundial y el golpe de Estado de 2009. Actualmente, la deuda total, calculada en casi unos 14 mil millones de dólares, ha superado el 70% del PIB (Producto Interno Bruto), el déficit fiscal ha alcanzado el 6%, mientras el 63% de los asalariados y el 80% de quienes trabajan por cuenta propia, ganan por debajo del salario mínimo y del equivalente de la canasta básica.
Raf Flores, subcoordinador del FOSDEH, estima que durante los últimos años, “por cada 100 personas en que ha crecido la población, 145 han entrado en pobreza, y los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza no están tocando los factores determinantes que la originan”. Además, hay varios sectores de clase medio-baja que ya han caido en condiciones de pobreza, mientras la tasa de desempleo y subempleo ha alcanzado casi el 80%.
“La situación no sólo es muy complicada, sino que tampoco vemos que el gobierno tenga una visión estratégica integral de cómo enfrentar esta problemática, para generar crecimiento y, a la vez, disminuir la brecha de rezago y exclusión social que ha venido ampliándose, y que se manifiesta con mayor migración, pobreza e inseguridad social”, dijo Flores a Opera Mundi.
Según el economista, la principal actividad económica que ha mantenido un fuerte crecimiento es la financiera. Esto se debe a la emisión de grandes cantidades de bonos soberanos de corto plazo y con alta tasa de interés. “El negocio para el sistema financiero en prestarle al Estado y recibir tasas de interés que se acerca al 15% anual. El mercado está tan saturado que el Banco Central está admitiendo que parte del encaje legal de los bancos sea en bonos soberano, garantizándoles un doble interés y una doble ganancia”, explicó.
Durante los primeros meses del golpe, el gobierno de facto de Roberto Micheletti logró sobrevivir y aguantar económica y financiariamente a costa del aumento desmedido del endeudamiento público. Principales receptores de los bonos soberanos fueron justamente los sectores y grupos financieros que apoyaron el golpe y que, hoy, siguen endeudando al país.
“Con esta situación se está ampliando la brecha en el poder adquisitivo de las personas. El costo de la canasta básica se ha ido incrementando, pero el ingreso de salarios no ha compensado este aumento, empeorando la curva de pobreza”, dijo Flores.
El rubro que genera más divisa al país son las remesas familiares, que el año pasado han alcanzado los 3 mil millones de dólares. Por el contrario, ha habido una fuerte contracción del sector productivo, agrícola e industrial, y de la construcción. Ese último, que historícamente ha encabezado la generación de puestos de trabajo en Honduras, no sólo no se ha podido recuperar de la crisis originada por el golpe, sino que se ha transformado en ámbito privilegiado para el repunte del lavado de dinero.
“Los elementos de inestabilidad político-económica derivados de la crisis de 2009 todavía persisten, así como se acrecentaron los elementos de ingobernabilidad.  El gobierno se ha lanzado en medidas extemporáneas que no han resuelto el problema, profundizando el proceso de privatización o concesionamiento de bienes públicos”, explicó Flores.
En efecto, en la mira de la COALIANZA (Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada) están las carreteras, los puertos, las telecomunicaciones, así como la energía eléctrica, acueductos y alcantarillado, los principales recursos naturales para el desarrollo de megaproyectos mineros e hidroeléctricos, y hasta el propio territorio con la aprobación de las reformas y las leyes que impulsan las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), mejor conocidas como ciudades modelo.
“Son procesos muy poco transparentes, cuyo costo en términos de reducción de entradas fiscales se desconoce. La inversión pública está desapareciendo, en cuanto casi el 50% de las entradas tributarias se van entre el servicio de la deuda y el gasto de salarios. Gane quien gane el próximo noviembre, encontrará un país muy complicado y deberá atacar los factores determinantes de la inmovilidad, exclusión e inequidad social, estableciendo nuevas reglas del juego e impulsando un pacto y un acuerdo económico y social serio en el país”, concluyó Flores.
Proceso electoral y derechos humanos
Ante un escenario electoral seguramente muy complicado y, al mismo tiempo, estimulante, el partido Libertad y Refundación (Libre) realizó el pasado domingo (16/6) su Asamblea Nacional, ratificando los resultados de las elecciones primarias del pasado noviembre y adelantando puntos importantes de lo que sería su programa de gobierno.
“Sólo un año después de su conformación, Libre, un partido que se ha formado y ha crecido en las calles con el pueblo, se ha convertido en la primera fuerza política del país. Nuestra candidata de consenso Xiomara Castro, ha sido la candidata presidencial más votada en toda la historia del país”, dijo Enrique Flores Lanza, ex ministro de la presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya y actual candidato a diputado.
Según la última encuesta realizada en mayo por Cid Gallup, Castro encabeza la lista de los siete candidatos que participarán en las elecciones del 24 de noviembre con el 28% de las preferencias. Le siguen el presentador de televisión Salvador Nasralla, del PAC (Partido Anticorrupción) con el 21%, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández del PN (Partido Nacional) con el 18% y el candidato del PL (Partido Liberal,, Mauricio Villeda con el 14%.
Durante su intervención ante miles de simpatizantes, Castro prometió refundar a Honduras convocando a “un nuevo pacto social a través de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, incluyente y de profunda participación popular”. De esa manera, pretende “iniciar un camino de reconciliación y de transformación democrática y pacífica del país, derogar las leyes neoliberales aprobadas después del golpe, devolver los militares a sus cuarteles, acabar con la impunidad y reformar el entero aparato de seguridad y justicia”.
Sin embargo, no previendo la legislación electoral hondureña una segunda vuelta de balotaje, los resultados de la última encuesta de Cid Gallup por un lado entregarían la presidencia a la ex Primera Dama, pero, por el otro, determinarían una profunda división en el Congreso Nacional y en la distribución de los gobiernos municipales.
“Nuestra candidata tiene 14 meses de estar creciendo de manera ininterrumpida y ésto tiene con suma preocupación a la derecha y la oligarquía golpista, y la está haciendo reaccionar”, señaló Flores Lanza.
A ese propósito, Bertha Oliva manifestó fuerte preocupación ante una previsible profundización de los ataques físicos contra miembros o simpatizantes de Libre.
“Estamos ante una estructura muy bien organizada para crear terror y la violación de los derechos humanos está aumentando a medida que se acercan las elecciones. De las personas que estuvieron acompañando al ex presidente Zelaya en la embajada de Brasil, ya son 8 las que fueron asesinadas en menos de dos años”, dijo Oliva.
La coordinadora del COFADEH reveló que en estos primeros 6 meses del año ha habido un fuerte aumento de la cantidad de denuncias presentadas ante esta organización, en su mayoría de parte de miembros del partido de Xiomara Castro y de la Resistencia en general.
Para ella, existiría “un verdadero odio colectivo de parte de la gente que dio el golpe”, lo cual, sumado a la creciente militarización de la seguridad pública y la proliferación de los cuerpos privados de seguridad  – se contabilizan más de 700 empresas de seguridad y unas 70 mil guardias privadas -, estarían llevando a Honduras hacia el caos.
“Si las encuestas continúan apuntando a una posible victoria de Xiomara Castro, los sectores golpistas van a hacer cualquier cosa para sembrar el caos y justificar una suspensión del proceso electoral”, aseguró la defensora de derechos humanos.
Para Flores Lanza, las fuerzas aglutinadas en Libre no se están enfrentando solamente al poder oligárquico nacional, “sino a los intereses del imperio norteamericano y de toda la derecha internacional, que actúa como una sola fuerza, al igual que en Venezuela durante las últimas elecciones”, dijo.
Es por eso, que el nuevo partido está enfocado en la formación y capacitación de sus cuadros y militantes  para la defensa del voto. “La fuerza del pueblo es lo único que puede derrotar estos intentos de los partidos tradicionales y de la oligarquía de perpetuarse en el poder”, concluyó.
Criminalización de la protesta
La violencia político-electoral se mezcla también con la criminalización de la protesta social. Es ese el caso de Bertha Cáceres, dirigente indígena del COPINH (Consejo de organizaciones populares e indígenas de Honduras), quien el pasado 24 de mayo fue detenida ilegalmente por efectivos del ejército y la policía, junto con el comunicador social y miembro de la misma organización, Tomás Gómez, mientras viajaban en vehículo hacia la zona de Río Blanco, donde desde hace casi 3 meses las comunidades indígenas lencas están protestando y deteniendo la ejecución del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Después del sobreseimiento provisional dictado por el tribunal de Santa Bárbara, la Procuraduría de la República apeló la sentencia y Cáceres deberá enfrentar otro juicio  por los supuestos delitos de posesión ilegal de armas y por estar atentando contra la seguridad del Estado.
La lucha contra los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la minería, la expansión de monocultivos, así como contra el concesionamiento de recursos naturales y de territorios de parte de las organizaciones sociales y populares que participaron activamente contra el golpe de Estado, sigue siendo criminalizada.
“Se trata de un juicio político, a través del cual se pretende seguir criminalizando la lucha histórica que el pueblo lenca está librando contra el saqueo de recursos y territorios. Sin embargo, pueden encarcelarnos o hasta asesinarnos, pero la lucha no se va a detener. Las comunidades están listas y decididas y no van a permitir otro atropello a su territorio ancestral”, dijo Cáceres.
La ex comisionada Borjas confirmó este análisis al declarar que los policías que integrarán la Unidad Tigres ya están siendo entrenados en tres unidades militares, en lo que es combate de baja intensidad y contrainsurgencia. “Su función es la persecución de líderes sociales, con la que se pretende desarticular a las organizaciones sociales. No es más que la réplica del nefasto Batallón 3-16, que funcionó en los años 80 para perseguir, secuestrar, torturar y ejecutar a personas con ideología diferente a la del gobierno y los grupos de poder. La ciudadanía continúa en una situación de alto riesgo y de precariedad extrema, pero seguimos trabajando para cambiar las cosas con propuestas serias y concretas”, concluyó Borjas.
II
“Los sectores que dieron el golpe son torpes y están afuera de la historia”, dice ex ministro de Zelaya
Cuatro años después del golpe de Estado que derrocó al  presidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras no ha podido recuperarse. Sin embargo, algo que los sectores de la “oligarquía golpista” no habían previsto fue la espontaneidad de la reacción popular, que desembocó en una masiva protesta social en defensa de los derechos y los bienes comunes. Tampoco creyeron en la posibilidad de que surgiera y se consolidara un nuevo partido político, como es Libre (Libertad y Refundación), cuya candidata presidencial, la ex Primera Dama, Xiomara Castro, lidera las encuesta para las elecciones del 24 de noviembre próximo.
Sobre estos y muchos otros temas, Opera Mundi conversó con Victor Meza, ex ministro del Interior y pieza clave de la delegación que representó a Zelaya en la negociación post-golpe, es también director y fundador del CEDOH (Centro de Documentación de Honduras). El año pasado, el nombre de este intelectual prestado a la política apareció en unos cables enviados por el entonces embajador estadounidense, Larry Palmer y publicados por Wikileaks.
En ellos, el diplomático lo señalaba como informante de la embajada estadounidense. Meza siempre ha rechazado esta versión, denunciando la manipulación de los periódicos hondureños y el intento de desprestigiarlo por señalar el involucramiento norteamericano en el golpe.
Opera Mundi: ¿Cuál es la situación de Honduras cuatro años después del golpe de Estado?
Víctor Meza: La Honduras que tenemos hoy es la consecuencia directa del golpe y es muy diferente de la Honduras pre golpe. Antes del 28 de junio de 2009, el país tenía relativa estabilidad interna, con niveles de seguridad alarmantes, pero todavía controlables, con índices de crecimiento económico aceptables y con una deuda interna manejable.
La Honduras de hoy es exactamente lo contrario. El país está sumido es su peor crisis de inseguridad, con una deuda interna inmanejable que constituye el 43% de la deuda total, la cual ya ha alcanzado casi el 40% del PIB (Producto Interno Bruto).
Es una Honduras en crisis de institucionalidad, con fuertes conflictos sociales y a punto de desembocar en un proceso electoral que va a ser el más complicado de los últimos 30 años.
OM: ¿Por qué va a ser el más complicado?
VM: Por varios factores. En primer lugar porque se produce en condiciones post golpe, es decir en medio de una nueva polarización político-social en el país. El enfrentamiento ya no va a ser entre los viejos adversarios tradicionales de la política hondureña, sino entre golpistas y anti golpistas. Además, el sistema bipartidista, que fue una de las primeras víctimas institucionales del golpe, ha dejado de existir. Hoy tenemos por lo menos tres partidos grandes disputándose el poder y nueve partidos participantes, lo cual es algo absolutamente nuevo en la historia contemporánea de Honduras.
Una cosa es cierta: las fuerzas de ultraderecha, concertadas entorno a las élites conservadoras hondureñas que son, sin duda alguna, las más conservadoras de América Latina, están pagando las consecuencias del golpe. Están sumidas en un estado de verdadero pánico ante la posibilidad de que el partido Libre, surgido de las entrañas de la resistencia contra el golpe de Estado, pueda triunfar en las próximas elecciones.
OM: ¿Si los efectos del golpe fueron tan negativos para estos sectores, ¿por qué cree que tomaron esta decisión?
VM: El golpe de Estado es el resultado del miedo de las élites conservadoras ante una creciente dinámica de inclusión social de los sectores más pobres. El proyecto que animaba al gobierno zelayista no era un proyecto revolucionario, sino de elemental justicia social, que inició a tomar forma sólo después de la mitad del período de gobierno.
La gran pregunta que nos hacíamos era cómo hacer incluyente un sistema diseñado para ser excluyente. El gobierno estuvo buscando formas de inclusión y de movilización social, y el proyecto de la Cuarta Urna fue una de las expresiones de esta búsqueda. Queríamos que la gente dejara de ser el tradicional objeto de los procesos electorales, sino que participara y que comenzara a convertirse en un sujeto social, con autonomía propia y con dinámicas sociales movilizadoras.
Eso provocó el miedo en estos sectores de la élite político-económica del país, animada ideológicamente por el fundamentalismo religioso y respaldada por militares herederos de la Guerra Fría y congelados en el tiempo, que fingían ser subordinados ante las autoridades democráticamente electas.
OM: ¿Cuáles son las características de estas élites?
VM: Son élites asustadizas, poco ilustradas y torpes, que recibían con entusiasmo los consejos de grupos ultraderechistas de Washington, particularmente del lobby de los sectores vinculados a los grupos de exiliados cubanos de Miami y a los grupos de venezolanos antichavistas.
La combinación y la mezcla de estos elementos producen esa aberración histórica que fue el golpe, generando las consecuencias ya mencionadas, es decir la ruptura del bipartidismo y el surgimiento de una tercera fuerza política importante en el país.
Fueron tan idiotas que no se dieron cuenta que derrocando a un gobierno constitucional generaban un nuevo escenario político, en donde las nuevas dinámicas sociales se traducirían en nuevas opciones políticas.
Creo que aún no han entendido lo que significó realmente el golpe, ni el movimiento social que se generó y que sorprendió hasta el mismo gabinete de Zelaya. Fue nuestro Mayo francés.
OM: Sin embargo, el sector financiero salió ganando con el golpe
VM: El sector financiero siempre sale ganando. Desde 1990, este sector es el grupo económico más beneficiado de la economía hondureña. Ese grupo nunca pierde, porque siempre le apuesta a los ganadores.
Durante el golpe fue el grupo que le prestó el dinero al gobierno de facto de Micheletti. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares diario y hoy este sector está cobrando con creces su dinero y sus intereses. Es por eso que la deuda interna de Honduras se ha vuelto inmanejable.
OM: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la crisis de seguridad que está viviendo Honduras?
VM: Es una combinación de factores. En primer lugar es una crisis determinada por el crecimiento alarmante de las redes delincuenciales y del crimen organizado en todo el país. Esto se traduce en penetración institucional, fuerte debilitamiento de las mismas instituciones estatales, incluyendo a las de seguridad, y en un peligroso proceso de erosión y evaporación de la presencia del Estado.
Honduras, por su posición geográfica, tiene 3 fronteras terrestres y 9 marítimas, y está muy expuesta a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, lo cual genera consecuencias muy graves en términos de violencia. Además, la Policía hondureña permaneció 35 años como una unidad subordinada dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Es hija del militarismo y, por lo tanto, tiene una profunda cultura militar y un gran déficit de cultura policial.
Esto hace que sea una Policía fácilmente convertible en un órgano de represión interna, siempre a la búsqueda de un enemigo  para destruirlo y no de un ciudadano para protegerlo.
Esta Policía, militarizada culturalmente y corrompida institucionalmente, se convierte en una arma contra la ciudadanía y no es auto reformable, sino que hay que reformarla desde afuera, con voluntad política, valentía, decisión y conocimiento.
Si a eso le agregamos una Fiscalía y una Corte Suprema de Justicia en proceso de contaminación política permanente, que las degrada y las vuelve ineficientes y corruptas, el resultado es una crisis de seguridad nunca antes vista.

OM: En varios sectores de la sociedad hay fuerte preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública.
VM: El militar está preparado para la guerra y educado para aniquilar al enemigo, no para proteger al ciudadano. Por el contrario, el policía debería estar preparado para evitar la muerte y proteger la vida de las personas. Esto explica los altos niveles de virulencia y de brutalidad con que la Policía reaccionó después del golpe contra la población. Ahí vimos los policías actuar por lo que son: apéndices de los militares.
Es por eso que debemos acelerar el diseño de una reforma de la Policía, para lograr una profesionalización que rompa, de una vez, la cultura castrense, reemplazándola con una cultura comunitaria.
OM: ¿Por qué ha fallado la depuración de la Policía?
VM: Por varias razones. La depuración comenzó de abajo hacia arriba, mientras debería ser lo contrario, es decir comenzar a depurar la cúpula policial porque después va a ser más fácil depurar la base. Además, la depuración fue concebida como un proceso muy largo, prolongado y lento, recubierto de un manto de secretividad que lo volvió sospechoso y poco creíble, quitándole legitimidad pública.
Tampoco fue parte de un proceso de reforma integral mucho más amplio, que incluya un cambio radical del sistema de selección, nombramiento, educación y promoción de los policías. Visto solamente como un componente aislado, el proceso de depuración no va a poder impedir de que haya un retroceso.
Es por eso que decimos que puede haber depuración sin reforma, pero nunca reforma sin depuración.
OM: ¿Quién gana al fracasar la depuración policial?
VM: Los primeros que ganan son los actores vinculados al crimen organizado. Son grupos fácticos informales que operan en la sociedad hondureña, que tienen influencia, que financian campañas políticas,  que controlan eslabones importantes de la economía y que influyen en el sistema institucional y político de Honduras.
Son los primeros beneficiarios de la ausencia de una real política de depuración y por lo tanto, son los que alimentan, estimulan y financian la contrarreforma. En medio de esta situación hay que enfocar el tema de la politización partidaria y sectaria de las instituciones. En la medida que sigue este proceso, las instituciones son inútiles.
Tenemos un Estado paquidérmico, lento, contaminado, vulnerable, que en lugar de caminar avanza casi arrastrándose, incapaz de enfrentar el desafío de la inseguridad.
Hay que cambiar toda la estructura y el sistema, y no solamente reaccionar ante la coyuntura aprobando nuevas medidas y nuevas leyes, o cambiando personas. Es por eso que la consigna es la Asamblea Nacional Constituyente, para refundar un Estado que está diseñado para no cambiar y perpetuar el statu quo.
OM: ¿Qué rol está jugando Estados Unidos en Honduras?
VM: Estados Unidos es un país que tiene su propia agenda y sus prioridades en términos de seguridad. Por la importancia estratégica que tiene nuestro país para Washington, frecuentemente la agenda de Honduras queda supeditada a la de Estados Unidos, y muchas veces las prioridades de los dos países no coinciden.
Los norteamericanos, por ejemplo, privilegian la formación de grupos élites y de fuerzas de tarea, y ya hay unos 10 grupos dentro la fuerza de seguridad hondureña controlados, dirigidos y estructurados por Estados Unidos. Cuando Honduras pretende diseñar y poner en práctica una agenda propia inevitablemente entra en choque con estas tendencias y prioridades norteamericanas.
Además, durante los años 80, la política norteamericana dejó a Honduras como un territorio poblado por habitantes y no un país poblado por ciudadanos. La situación fue cambiando poco a poco a partir de los años 90, pero el golpe le dio un impulso inesperado a este proceso y generó una dinámica de vocación ciudadana como nunca antes visto. Esta situación le preocupa a Estados Unidos.
Espero que tengan la capacidad de buscar y construir una relación relativamente respetuosa con un posible gobierno de Xiomara Castro, así como de cooperación más intensa a nivel económico.
La Honduras de hoy es consecuencia de la firma del Acuerdo Tegucigalpa-San José Diálogo Guaymuras, que condujo a diversificar el sistema político y a enterrar el viajo equilibrio en el país. Con una dosis suficiente de pragmatismo, los norteamericanos tendrán que saber negociar este proceso de construcción de un nuevo equilibrio, que supone la aceptación de un tercer invitado en la mesa.
OM: ¿Qué elecciones van a ser las del 24 de noviembre?
VM: Elecciones difíciles y complicadas, con un sistema electoral diseñado para dirimir la disputa entre dos fuerzas políticas iguales y sin diferencias ideológicas, y con un aparato militar y de seguridad que fue parte del golpe. Ahora la situación ha cambiado y este sistema electoral no está preparado.
Siento que el pueblo es más despierto, más exigente, con demandas sociales más consistentes. Hay como un deseo de expresarse en las urnas para vengarse del golpe.
 III
“Vamos a defender el voto en las urnas y en las calles”, dice Juan Barahona
El 4 aniversario del golpe de Estado que en 2009 derrocó al presidente constitucional de Honduras, Manuela Zelaya Rosales, se enmarca en una coyuntura electoral que, el próximo 24 de noviembre, llevará a unos 5.3 millones de hondureños a las urnas para elegir el futuro presidente de la República, 128 diputados y los alcaldes de los 298 municipios con que cuenta el país.
La profunda crisis político-económica y social derivada del golpe ha sacudido y dividido la sociedad y las familias hondureñas. Juan Barahona, actual subcoordinador del FNRP(Frente Nacional de Resistencia Popular) y candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Libre (Libertad y Refundación), asegura a Opera Mundi que la mañana de aquel 28 de junio de 2009 el pueblo se volcó a las calles de manera espontánea, para luchar contra el quiebre del orden constitucional en el país.
Según el también secretario general de Libre e histórico dirigente sindical, nadie se esperaba que el FNRP pudiese organizarse y crecer tanto a nivel nacional, dando vida, sólo tres años después, a un partido cuya candidata, Xiomara Castro, encabeza todas las encuestas de preferencia de voto.
Opera Mundi: Faltan cinco meses a las elecciones nacionales. ¿Cómo se está preparando el partido Libre ante esta cita?
Juan Barahona: Somos un partido nuevo, que tiene poco más de un año de vida, y ya contamos con estructuras en todos los municipios y departamentos del país. Fuimos capaces de ir a elecciones primarias para elegir a nuestros candidatos en vista de las elecciones nacionales de noviembre.
Estamos creciendo y nuestra candidata de consenso, Xiomara Castro, está encabezando todas las últimas encuestas. Eso nos indica que tenemos el apoyo y el respaldo de la mayoría del pueblo, porque hemos sabido interpretar sus aspiraciones de cambio y presentar propuestas concretas.
OM: ¿Cuáles son los elementos que más caracterizan la propuesta política de Libre?
JB: Sin lugar a duda la propuesta de impulsar y gobernar con un modelo diferente al modelo neoliberal, que históricamente concentra riqueza y reproduce pobreza.  Además, durante su discurso en la Asamblea Nacional de Libre el 16 de junio pasado, Xiomara Castro ha dicho que quiere promover un socialismo democrático, es decir avanzar hacia un cambio del modelo capitalista.
Son propuestas que el pueblo está apoyando firmemente, no porque somos un partido nuevo, sino porque tenemos propuestas concretas para cambiar la situación económica, política, social y cultural de nuestro país. Libre es una esperanza para el pueblo y una mayor responsabilidad para quienes lleguemos a ocupar cargos de elección popular en el gobierno y en la conducción del partido.
OM: ¿Cómo se va a cambiar un modelo que está hecho para mantener el statu quo y para que nada cambie?
JB: Nos es posible si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y no aprobamos una nueva Constitución Política. Todo está legislado para garantizar y legalizar los intereses de los oligarcas que han mantenido el control del país, así que es necesario un proceso de refundación, que rompa ese estado de concentración de poder y de recursos.
OM: No sería, entonces, suficiente ganar la Presidencia, sino tener también una mayoría en el Congreso.
JB: Estamos trabajando para tener una fuerza significativa en el Congreso y para controlar un número importante de alcaldías. Solamente de esta manera podremos generar cambios en las instituciones y poderes del Estado, y en la sociedad en general.
OM: Tu trayectoria personal está marcada por una larga historia de lucha sindical al lado de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la propuesta de Libre en el ámbito laboral? 
JB: Libre ha prometido respetar las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, que están reflejadas en la legislación laboral nacional y los Convenios internacionales ratificados por Honduras, tal como el derecho de sindicación y de negociación colectiva. También ha prometido derogar la Ley de Empleo Temporal, que cercena muchas de las conquistas logradas en más de 50 años de lucha.
OM: Ya han pasado 4 años del golpe de Estado. En esos días tan difíciles, ¿cuáles eran las expectativas y qué tanto se han hecho realidad?
JB: En aquel momento estábamos en las calles, desafiando el estado de sitio y la suspensión de los derechos constitucionales, luchando para revertir el golpe y restituir al presidente Manuel Zelaya en la Presidencia.
Aun así no dejamos ni un solo día de salir a las calles en todo el país, Fue un desafío a todas estas medidas represivas de los golpistas, sin pensar que íbamos a llegar a una situación de fuerza como la que tenemos ahora. El FNRP está organizado en todo el país y ha dado paso a la organización de una fuerza política que le está disputando el poder al bipartidismo, que ha gobernado por más de cien años.

OM: Ya hay señales preocupantes en cuanto al aumento de la violencia contra miembros del FNRP y de Libre. ¿Tiene temor de que la situación pueda empeorar a medida que se acercan las elecciones?
JB: Desde el día del golpe de Estado hemos estado bajo una represión salvaje, una violación sistemática de los derechos humanos y muchos compañeros y compañeras han sido reprimidos, perseguidos, encarcelados y hasta asesinados de manera selectiva.
Un día antes de la celebración de nuestra Asamblea Nacional asesinaron a Marvin José Rivera, un joven militante del partido Libre, quien acababa de salir del lugar donde se estaba montando la estructura para la actividad. El 24 de este mes fue secuestrado el periodista Aníbal Barrow, quien estaba comprometido con la Resistencia, y todavía no se sabe nada de él.
Creemos que, a medida que se acercan las elecciones, vamos a enfrentarnos a una profundización de la represión, porque los golpistas apuntan a meter miedo y generar terror, para que el pueblo retroceda y deje de respaldar a nuestro partido.
Prueba de eso es el hecho de que el principal asesor del candidato oficialista, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, es J.J. Rendón, el mismo que asesoró al candidato de la derecha venezolana, Henrique Capriles, y que enfocó su campaña en la confrontación, la violencia y el terror.
OM: ¿Se están preparando para defender el voto en las urnas?
JB: No solamente estamos preparándonos para defender el voto en las urnas, sino también en las calles si pretenden robarnos el triunfo. Asimismo, estamos preparándonos permanentemente para conservar nuestras vidas, porque estamos en este proyecto político para cambiar la situación en nuestro país, no para morir.
OM: ¿Cuáles son tus planes en caso de salir electo como Designado Presidencial el próximo 24 de noviembre?
JB: Actualmente soy secretario general de Libre y en la fórmula presidencial de Xiomara Castro voy como primer Designado. Yo vengo de los sectores sociales y populares y voy a representarlos en el marco de un futuro gobierno. Mi responsabilidad va a ser seguir al lado de estos sectores, que históricamente han sido abandonados y excluidos, escuchando sus necesidades y demandas, y tratando de dar respuestas concretas desde el gobierno.


Fuente original: Opera Mundi 1 2 3

Publicado por Américo Roca Dalton en 08:40

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/06/especial-honduras-entre-las-ruinas-del.html

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Honduras: Agentes de EUA se unen a búsqueda de Barrow

Viernes 28 de junio de 2013

01:40 pm  – Redacción: redaccion@laprensa.hn

Hallan cadáver flotando en el crique de Urraco Pueblo, según información preliminar sería de un joven.

San Pedro Sula,

Honduras

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, confirmó hoy que agentes de investigación Estados Unidos participan en la búsqueda del desparecido periodista hondureño, Aníbal Barrow. La ayuda es facilitada por medio de la Embajada de Estados Unidos.

En uno de los brazos del río Ulúa cerca del puente García, en Urruco Pueblo, en Yoro, fue encontrado por los pobladores un cadáver flotando y se investiga si se trata del desaparecido periodista Aníbal Barrow quien fue privado de su libertad el lunes en horas de la tarde. Según información preliminar, el cuerpo sería de un joven de 20 años y no el cuerpo de Barrow.

El cuerpo sin vida está en estado de putrefacción y viste únicamente una camisa negra. Las autoridades del Ministerio Público no han acudido a la escena, ni tampoco se han hecho presentes familiares del comunicador para descartar o confirmar si es el comunicador.

Más de 250 militares buscaron ayer indicios que conduzcan al paradero del periodista Aníbal Barrow , en la colonia Clavasquín en el municipio de Potrerillos.

El coronel René Ponce Fonseca, comandante de la 105 Brigada de Infantería, informó que se han identificado seis puntos en los cuales se buscó, pero sin éxito.

Los militares cavaron en una fosa, tras recibir información de que había una recién hecha, pero no se encontró nada.

Ponce comentó que el sector está dominado por miembros de maras y pandillas y posiblemente en la zona haya un cementerio clandestino, pero será la Fiscalía quien autorice para que se hagan las excavaciones.

Ayer se cumplió el cuarto día consecutivo de la búsqueda de Barrow, quien fue plagiado la tarde del lunes cuando se conducía en su camioneta, una Honda CRV, junto a su motorista, nuera y un nieto en las cercanías del estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Retrato hablado

Militares de la 105 Brigada de Infantería rastrearon la zona del ingenio en el sector de El Bálsamo, Búfalo, Villanueva, pero la búsqueda ha sido infructuosa.

Mientras tanto un grupo de agentes de la Policía Preventiva “peinaron” la zona de las cañeras de San Manuel y buscaron por los quineles y desagües. Elementos del cuerpo de Bomberos recorrieron en una lancha el Canal Maya en La Lima, pero no lograron encontrar ningún indicio.

Las investigaciones policiales están avanzadas, se conoció que cuentan con bastantes datos de los presuntos plagiarios del periodista, incluso que ya hay posibles causas del por qué lo habrían privado de su libertad.

Hay dos equipos de agentes de la Policía de Investigación trabajando con el Ministerio Público que busca resolver crímenes de periodistas, abogados, extranjeros y de personas de diversidad sexual.

Desde el primer día que privaron de su libertad a Barrow se elaboró un retrato hablado de uno de los hombres que habría participado en el hecho .

Con ese retrato se han hecho las investigaciones y están atando cabos. Los agentes encargados del caso confirmaron que los indicios encontrados en el vehículo del periodista son fragmentos de cráneo, cabello, sangre y una prótesis dental.

Albergan esperanzas

“Continuamos con los esfuerzos de búsqueda, con los esfuerzos de rescate, pero seguimos albergando la esperanza, la probabilidad de que nuestro amigo Aníbal Barrow se encuentre con vida.

Eso es lo que estamos haciendo en conjunto con la Policía Nacional, estamos en diferentes lugares y continuamos aquí en el sector donde fue encontrado el vehículo porque las probabilidades siguen ahí y eso es lo que estamos haciendo: rastreando las zonas aledañas a las cañeras”, dijo el comandante.

Indicó que también están buscando en las riberas de los ríos Chamelecón y Ulúa.

“Ojalá no sea el caso, pero podríamos encontrarlo en las riberas de los ríos y es por ello que el trabajo lo estamos  haciendo de forma coordinada con la Policía Nacional.

La intención del alto mando es que debemos continuar con la búsqueda como siempre lo hemos hecho en otros casos, pero este es muy particular”.

Explicó además que están empleando bastante recurso humano y logístico para esclarecer el plagio del comunicador, quien lleva cuatro días privado de su libertad.

“Lo que esperamos encontrar es una posible solución a este problema y confiando siempre en Dios que esté vivo”, señaló Ponce Fonseca.

Dentro de la logística que las fuerzas de seguridad pública están empleando para dar con el paradero del periodista, ingeniero agrónomo y docente universitario, está el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

“Hemos andado marcando muchos puntos de tal forma de tener referencias principales y al momento de que estamos sobrevolando ir directamente a esos puntos donde creemos que hay una probabilidad de que esté”, explicó el comandante de la 105 Brigada.

Claves

1 La familia de Aníbal Barrow está dispuesta a negociar con sus captores quienes aún no se han comunicado con ellos.

2 Diferentes organizaciones se han manifestado en contra del plagio del comunicador y exigen su liberación.

3 El hijo del periodista , Aníbal Alejandro Barrow Maradiaga , pidió la intervención de la Embajada Americana en el caso del secuestro de su padre.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Policiales/Honduras-Agentes-de-EUA-se-unen-a-busqueda-de-Barrow

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Vocabulary Lessons

Dana Frank

[from The Baffler ]

Before, my Spanish wasn’t so bad; but it wasn’t so good, either. I could go a month in Honduras without speaking English and more or less communicate anything I wanted, if dubiously, although every once in a while I’d land in a pit where I didn’t know the words at all—kitchen implements, say, or anything related to the legal system. I specialized: I could do a three-hour historical interview with a trade union leader in his eighties and catch every word. I had mastered gerente (manager) and contrato colectivo (collective bargaining agreement) and, of course, sindicato (labor union). I’d get stumped only by amusing leftover words from the United Fruit Company if I couldn’t see them in print, like watchiman or los nylon (gloves) or, my favorite, bulldozero (bulldozer operator).

Then, at 5:30 a.m. the morning of June 28, 2009, I plunged into a pit so huge and so dark and so endless that it was—and still is—far beyond any words I had ever learned or imagined having to learn.

I already knew the biggest, most important word: golpe (coup, or blow). But that morning, the radio said golpe de estado—the full phrase, “a blow to the state”—a coup d’état. As in, a violent overthrow of constitutional order.

Three months earlier, in April 2009, I’d learned encuesta (survey) when Honduran President Manuel Zelaya put a public opinion poll on the ballot for that Saturday, June 28, asking voters in a cuarta urna (fourth ballot box) if they wanted to elect delegates the following November for a constituyente, or constitutional convention, to take place in 2010 or 2011. Zelaya, a member of the Honduran elite himself, had been democratically elected in 2005, and gradually inched leftward to ally himself with the other Left and Center-Left governments in Latin America, including those in Bolivia, Ecuador, Nicaragua, and Venezuela. When he pushed too far for many in his own party, the oligarchs and military leaders who had long ruled Honduras balked, and sent in the troops that morning—invading Zelaya’s house before dawn and packing him off in his pajamas to Costa Rica, with the full collusion of the Supreme Court and most of the Honduran Congress.

With golpe de estado also came golpista—which translates, clunkily, as “coup perpetrator”—the all-purpose word Hondurans suddenly spat out to describe anyone on the other side of the chasm that opened up in one day, tearing apart families and neighborhoods and the whole country. I myself came to use it so much that I kept forgetting non-Spanish speakers didn’t know what it meant.

Opposing the golpistas, a movement arose to combat the coup and defend constitutional order: la Resistencia (the Resistance). Suddenly millions of Hondurans sounded like an underground movement in France during World War II. From that morning forward, much to absolutely everyone’s surprise on all sides, people poured into the streets to try to reverse the coup. A mass social movement came together within hours, naming itself the Frente Nacional de Resistencia Popular. I learned movimiento amplio (broad movement) to describe this new coalition, unprecedented in Honduran history, of the labor, women’s, indigenous rights, LGBTI, and Afro-Indigenous movements; human rights groups; Zelaya’s loyalists from the traditional Liberal Party; and people of all class backgrounds committed to the rule of law. I learned movimiento pacífico—peaceful movement, with no guns. I learned words for the tactics they began to deploy: toma—takeover or blockade; paro cívico—a kind of general strike.

“Draconian” and “illegally detained” rolled off my tongue.

But as the days of the coup stretched into weeks of crackdowns by the new government against the opposition, I learned the vocabulary of repression, too. It began with easy words, militares (military) and policías (police), but soon escalated to toque de queda (curfew), gas lacrimógeno (tear gas; it took a while to get that accent right), and old-fashioned weapons like toletes (batons) that were shoved into women’s crotches or whacked with full force across people’s faces during peaceful demonstrations. The police and military, I read, were contundente (forceful) when they attacked demonstrations (manifestaciones) full of my longtime friends and colleagues, who would be rodeados (surrounded) by the police and brutally golpeados (beaten)—that word again. The fifth day after the coup, my closest friend was capturado by the army during a peaceful march and thrown into the back of a truck.

The weeks turned into months. I learned of mujeres violadas (women raped) by the police. I learned about the cerco mediático, the media blockade, that kept the repression out of the Honduran news. When President Zelaya secretly returned to the country and popped up in the Brazilian embassy on September 21 demanding his restoration, the military and police poured tear gas over the embassy walls until, I learned, the people inside were echando sangre por la nariz—blood was pouring out of their noses.

But the Resistencia, miraculously, stood its ground, and grew and grew. I learned long beautiful phrases as they constructed a nationwide movement, and with it a new culture of resistance. The best, Nos tienen miedo porque no tenemos miedo (They are afraid of us because we are not afraid), from the song by Liliana Felipe and Jesusa Rodríguez, took me forever to unpack grammatically and even longer to say quickly. When I visited Honduras for the first time after the coup I saw posters with Ni golpe de estado ni golpe a las mujeres (Neither blows to the state nor blows to women). Later I saw a wonderful T-shirt from Feministas en Resistencia (Feminists in Resistance) that read Exigimos Democracia en el País y Democracia en la Casa. (Easy: “We Demand Democracy in the Country and Democracy in the Home.”) The new verbal humor of the Resistance was spraypainted everywhere. I liked Nadie Ama a Cristo como el Cardenal Ama el Pisto (No One Loves Christ Like the Cardinal Loves Cash), a reference to the loathed Cardinal Rodríguez Maradiaga, who endorsed the coup on its sixth day. I learned tufoso—stinky—every time we crossed over a local river smelling of sewage known as Rio Tufoso, but popularly renamed after the coup as Rio Micheletti in honor of the post-coup de facto president, Roberto Micheletti.

I found plenty of humor at home, too, when I tried to describe in English my own new role. People would ask what I was up to lately, and I would reply that I had a new life as an Honduran Expert since the coup. But that sounded totally far-fetched, even if it was true. So eventually I gave up and laughingly went for, “I have a new life as a Honduran Freedom Fighter.”

I knew I’d learned a ton of new Spanish. But it turned out I was also learning and deploying a whole new English vocabulary. As I talked about Honduras on the radio, in opinion articles in the papers, and on TV, I became someone who talked about “human rights,” about “state security forces” that were committing “state-sponsored repression.” I learned the hard-to-grasp word “impunity,” which, over the next three years, extended into “complete impunity.” “Draconian” and “illegally detained” rolled off my tongue and into my op-eds. But the technical precision of those words masked the hours and hours I spent crying over what they described.

The Obama administration, in its own wordplay, called it a “coup” but refused to use the phrase “military coup,” which would have legally required an immediate cut-off of all non-humanitarian assistance to Honduras. In negotiations, the United States recognized post-coup dictator Micheletti as an equal to President Zelaya and never condemned the new regime’s vicious repression of the opposition. Honduras’s previously scheduled presidential elections went forward as planned in November, although almost all the opposition candidates withdrew their names in protest and all major international observers—except two groups financed by the U.S. government, the International Republican Institute and the National Democratic Institute—refused to participate. So I learned to write “No Fair Election in Honduras Under Military Occupation” in the Huffington Post. I endlessly debated with a friend from a policy think tank the nuanced usage of “bogus” versus “fraudulent” versus “illegitimate” election (I thought all three applied; he thought only the last).

I learned the vocabulary of true evil, full of hissing sounds: amenazas de muerte (death threats), sicarios (hired assassins), asesinos (killers), and asesinatos (assassinations).

The U.S. government immediately recognized the results of the election everyone knew was illegitimate. In January 2010, new President Porfirio Lobo came into office, and the repression continued as he reappointed the same military figures that had perpetrado (perpetrated) the coup. By a year and a half after the coup, more than ten thousand denuncias had been filed with the government for human rights violations. Denuncias were everywhere, translated as “complaints”—but that was way too mild-sounding, losing the power of “denunciations.” I learned to say “ongoing coup regime.” I learned the vocabulary of true evil, full of hissing sounds: amenazas de muerte (death threats), sicarios (hired assassins), asesinos (killers), and asesinatos (assassinations). In English, I had nuanced discussions with my various editors about which deaths of opposition activists qualified as “assassinations” and which were merely—merely—“killings,” as in “more than three hundred killings by state security forces.” Every day, reading the Honduran papers, I was assaulted by a long barrage of verbs—ultimar, matar, liquidar, tirotear (to shoot up), ametrallar (to machine gun)—all of which meant to kill, including ultimar a machetazos (to slice up with machete blows).

But the Hondurans kept fighting. The teachers’ unions, and the Resistance with them, poured into the streets in mass demonstrations in March and April 2011 in protest against the privatization of education. Now I learned to say “use of tear gas as a lethal weapon” when the police fired a canister at the face of fifty-nine-year-old teacher, who fell to the ground, was run over by a media truck, and died. Campesinos (small farmers, or peasants) began staging what they called recuperaciones (recuperations) of lands in the Aguán Valley granted to them by agrarian reform in the 1970s and ’80s but gradually seized by elites in subsequent years. In response, more than 104 campesinos were killed by state security forces and sicarios (the assassins, again), many of them allegedly working for Miguel Facussé, the biofuels magnate and übergolpista (to throw a bit of German in there) who is one of the richest and most powerful men in the country. In December 2011, while I watched, his alleged security guards, the military, and the police harassed the entire campesino town of Guadalupe Carney, while helicopteros hovered and francotiradores (snipers) dressed in black crouched in the surrounding hills.

I bought trim little suits and went to Washington, D.C., where I learned to speak the language of the United States Congress. I learned “approps” as shorthand for “appropriations” and could soon rattle off “State and Foreign Ops,” as in “Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs of the Senate Committee on Appropriations.” (Eventually I learned to say “s-fops,” even deeper insider-speak.) I was taught not to talk about “power,” but instead “the ability to get things done.”

I learned the acronyms in both Spanish and English for human rights groups and anyone else who would care about what was going on, and then talked to them, from the IACHR (Inter-American Commission on Human Rights) of the OAS (Organization of American States) to HRW (Human Rights Watch), the CEJIL (Center for Justice and International Law), and, most importantly, COFADEH (Committee of Families of the Detained and Disappeared of Honduras), not to mention the acronyms of all the other allies I came to work with and which I’ll spare the reader from spelling out—CCR, CEPR, CRLN, LAWG, SOAW, WFP, and many others, including social justice nuns, whom I learned to call “the Sisters.”

The river of horror didn’t stop. On October 22, 2011, Honduran police killed the son of the rector of the big university in Tegucigalpa and a friend of his, and dozens of other police were implicated in a cover-up. As former police inspectors and many others bravely came forward to denounce massive police corruption—and one of them was then assassinated for doing so—public outrage erupted, and during all the subsequent year and a half the headlines were full of the language of corruption and potential reform: I learned patrullas, as in the patrol cars that had openly passed through four police peajes (checkpoints) with the two young men’s bodies. I learned podrido, rotten. I learned depuración, purge. I learned the acronyms for three different new comisiones (commissions) charged with cleaning up the police, and eventually the corrupt military, prosecutors, and judiciary as well. And over the next year and a half I learned seventeen different ways to say the comisiones were going nowhere.

The worst moment was on February 14, 2012, when a fire broke out in a prison in Comayagua. Most of the prisoners were locked in, and their guards deliberately held back firefighters for thirty minutes. Three hundred sixty men and one woman died in the worst prison fire in modern history. I learned reos and deprivados de libertad (prisoners); I learned incendio (fire), en llamas (in flames), and perecieron (perished). To grasp the full terror of what I was watching, on live TV and in the most chilling photographs I have seen in my entire life, I learned siniestro (evil), wore out asesinos, and debated whether it was limpieza social (social cleansing).

The military and police poured tear gas over the embassy walls until, I learned, the people inside were echando sangre por la nariz—blood was pouring out of their noses.

The horror didn’t stop, either, in every day’s papers. “Vorágine de violencia cierra semana sangriente de Honduras” (Vortex of violence closes bloody week in Honduras), one paper reported matter-of-factly, and I picked up another word, vorágine. By then it was already old news that Honduras had the highest murder rate in the world. Nor was this random violence. It was thick with death squads (escuadrones de muerte) and deliberate assassinations (not just “killings”) of resistance activists. When I interviewed deposed President Manuel Zelaya on May Day, 2012, I learned another word, when he described a deliberate campaign by the elites to infundir (instill) terror.

I got an op-ed into the New York Times criticizing U.S. support for the ongoing coup regime. In response, I got letters on behalf of Miguel Facussé, the biofuels magnate, threatening to sue me for difamación de carácter (character defamation). Letters to the Times from the Honduran Ambassador to the United States and from a former U.S. Ambassador to Honduras attacking me were reprinted in the derechista (right-wing) Honduran newspapers. I had to cancel my upcoming trip to Honduras, and thought I might never return. I learned No te aflijas (Don’t get upset) from a friend who wrote me that “When things calm down you can come back.” Another wrote, in English, “Now you know a new word, desterrado”—exiled. But what I felt was just a tiny inkling of what the real exiles, thousands of Hondurans, were going through.

Finally, there were the things for which there were no words in either English or Spanish. What did I say to my close, beloved friend when his daughter and son-in-law were shot and killed in one of those incidents of “random violence” that happen when there is no functioning judicial system, the police are largely corrupt, and you can kill anyone you want and nothing will happen to you? What did I say to another close friend, who’d been sheltering a young victim of domestic violence, when drug traffickers who were tight with the abuser showed up one day and told my friend she had twenty-four hours to leave the house and no one from her family could ever live there again, and she had to flee across the border to Mexico, with no money? What did I say to the sweet, loving young man who finally found a good job in his cousin’s new shop, and six months later the gangs showed up and demanded a tax, and she said no, and after five days they came back and killed her, and he lost his job in her shop, and the family lost all their investment? For every word I learned, there was a new horror, a new atrocity report to write.

I wasn’t the only one who was learning. My words joined with those of hundreds, thousands, all over the U.S., Honduras, and beyond—until 94 Members wrote the Secretary of State to demand that all police and military aid to Honduras be suspended, and the Senators and Members on State and Foreign Ops put human rights conditions on part of the aid, State itself began finally to respond to the pressure, and over fifty million dollars in police and military aid was, indeed, suspended.

It turned out I’d known the most basic word all along. I learned it in college, from the classic Latin American song: “Basta ya, basta ya, basta ya que el Yanqui mande.” Basta! “Enough!”

Fuente: http://thebaffler.com/past/vocabulary_lessons

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TSE aprueba inscripción de candidatos que no fueron electos en internas

Viernes 28 de junio de 2013

03:18 pm  – Redacción web: redaccionweb@laprensa.hn

La Corte Suprema de Justicia aprobó este viernes la inscripción de candidatos que no fueron electos en los comicios internos.

La CSJ aprobó este viernes la inscripción de candidatos que no fueron electos en los comicios internos.

La CSJ aprobó este viernes la inscripción de candidatos que no fuer…

Tegucigalpa,

Honduras

La Corte Suprema de Justicia aprobó este viernes la inscripción de candidatos que no fueron electos en los comicios internos.

El Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper) interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, que resolvió a favor de la institución política por unanimidad de votos.

Los magistrados argumentaron que la “Constitución de la República indica como un derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser electos”.

“Este recurso es sumamente importante porque abre las puertas de participación de todos los ciudadanos y deja que los partidos políticos puedan elegir a quienes quieran que participen en diferentes cargos de elección popular”, declaró Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

Explicó además que la resolución está amparada en convenios internacionales, la Constitución de la República así como en los tratados de derechos humanos de los que Honduras es signataria.

Por su parte Andrés Pavón, candidato presidencial del Faper, aseguró que “hemos recibido con agrado esta comunicación. Somos un partido respetuoso de la ley y agotamos los recursos legales, con esto se repara el daño de todas aquellas personas que se les viola el derecho de elegir y ser electoral”.

La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe inscribir a los candidatos a cargos de elección popular para que participen en las elecciones generales aunque hayan participado en los comicios internos.El recurso de amparo fue interpuesto por el partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER) ante la Sala de lo Constitucional que por unanimidad de votos resolvió a favor de la institución política.

En los argumentos establecidos por los magistrados constitucionales se indica que la Constitución de la República indica como un derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser electos.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, declaró que “este recurso es sumamente importante porque abre las puertas de participación de todos los ciudadanos y deja que los partidos políticos puedan elegir a quienes quieran que participen en diferentes cargos de elección popular”.Explicó que la resolución está amparada en convenios internacionales, la Constitución de la República así como en los tratados de derechos humanos de los que Honduras es signataria.Al respecto Andrés Pavón, candidato presidencial del FAPER, aseguró que “hemos recibido con agrado esta comunicación. Somos un partido respetuoso de la ley y agotamos los recursos legales, con esto se repara el daño de todas aquellas personas que se les viola el derecho de elegir y ser electoral”.

El pasado mes de mayo, Pavón pidió al TSE que se permitiera la inscripción de candidatos que participaron en las elecciones internas con otro partidos, pero que para las generales lo harían con su partido, pero esto le fue denegado por el organismo electoral ya que iba en contra de lo establecido por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/TSE-aprueba-inscripcion-de-candidatos-que-no-fueron-electos-en-internas

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Con nueva Ley del MP elegirán al fiscal general de la República

28 junio, 2013 – 3:00 AM

Tras la forzada renuncia del fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, y del fiscal general adjunto, Roy David Urtecho, los diputados han sido convocados a una reunión de emergencia el lunes próximo, para conocer este tema e iniciar la discusión de una nueva Ley del Ministerio Público, que permita elegir a sus nuevos titulares.

El fiscal general de la República, Luis Rubí, al ser interpelado en el Congreso Nacional.

El fiscal general de la República, Luis Rubí, al ser interpelado en el Congreso Nacional.

La primera vicepresidenta, Lena Gutiérrez, adelantó la sesión para el lunes a las 8:00 de la mañana, a fin de abordar las renuncias de Rubí y Urtecho. Además se convocará a diversos sectores para iniciar la discusión de una nueva Ley del Ministerio Público y bajo este nuevo esquema poder sustituir a los renunciantes.

Como se recordará, el secretario del Congreso Nacional (CN), Rigoberto Chang Castillo, había convocado para el martes 2 de julio, en medio del receso por vacaciones que concluía el 16 de julio. Sin embargo, en vista de la emergencia ocasionada por la renuncia de los titulares del Ministerio Público, se interrumpe el periodo de descanso de los legisladores.

La renuncia de Rubí y Urtecho fue forzada por el informe preliminar, presentado el martes pasado, por la comisión especial de seguridad del Congreso Nacional, donde se recomendaba al pleno, la destitución, por vía del juicio político, del fiscal general de la República y del fiscal general adjunto al considerarlos “responsables del inadecuado manejo y administración de la institución”.

Los integrantes de la Junta Interventora al prestar juramento en la asamblea legislativa.

Los integrantes de la Junta Interventora al prestar juramento en la asamblea legislativa.

Además, los diputados sugirieron iniciar la pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que le permita a la institución cumplir con las funciones y atribución que establece la Constitución de la República.

En la agenda legislativa del próximo lunes se conocerá las renuncias para iniciar el proceso de sustitución del fiscal general de la República y del fiscal general adjunto, además, se convocará a diversos sectores de la sociedad para comenzar a discutir una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y bajo esta normativa serán elegidas sus autoridades. (NA)

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
La escalada contra las autoridades del Ministerio Público se inició a partir del 10 de abril cuando se abre la “pasarela” de los operadores de justicia en el Congreso Nacional.El primero en comparecer ante los diputados fue el fiscal general Luis Alberto Rubí, quien expuso la alarmante impunidad que hay en el país porque el Estado solo tiene capacidad de investigar el 20 por ciento de las denuncias y el 80 por ciento quedan en la impunidad.Según LA TRIBUNA del 11 de abril, Rubí fue atacado con preguntas de los congresistas y parecía que en ese “tribunal” los diputados los estaban condenando por la falta de resultados en materia penal. Miembros de la Alianza por la Justicia y la rectora Julieta Castellanos, con algunos diputados lo responsabilizaron de los pobres resultados.Con 107 votos a favor, el 17 de abril, el Congreso Nacional aprobó la intervención del Ministerio Público durante 60 días, y la suspensión del fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, pese a la oposición de los diputados del Partido Liberal que consideraron inconstitucional ese decreto porque los interventores asumían una facultad indelegable de ejercer la acción penal en los tribunales.

Tras varias horas de cabildeos, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, obtuvo el apoyo de las bancadas de la Unificación Democrática, la Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad, con la colaboración de algunos legisladores liberales y toda la “maquinaria” de los nacionalistas aprobaron el decreto en el cual se inicia la caída del fiscal.

Además, se improbó la conducta administrativa de Rubí y de los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, señalados de conducta administrativa inapropiada.

Tras intensos cabildeos entre las fuerzas políticas, ese mismo día fue nombrada la comisión interventora, presidida por María Antonia Navarro, e integrada por: Miriam Guzmán, Lino Tomás Mendoza y Ángela Madrid, como suplente.

Durante 60 días, a partir del 17 de abril los interventores iniciaron su trabajo en el Ministerio Público y al vencerse el plazo presentaron un informe el 13 de junio ante el Congreso Nacional donde expusieron el manejo de los recursos en el Ministerio Público y acusaron a sus titulares de malos manejos administrativos. María Antonia Navarro dijo a los diputados que dos cabezas no pueden continuar en la Fiscalía General y recomendó que se ampliara el periodo de la intervención.

Este mismo día, los diputados aprobaron extender por 45 días las atribuciones de la Comisión Interventora y ratificaron la suspensión del fiscal general de la República y del fiscal general adjunto.

El lunes 24 de junio, la Comisión Interventora emitió un comunicado en el cual aconsejó la destitución por la vía del juicio político de Rubí y Urtecho y al día siguiente, la comisión especial de Seguridad del Congreso Nacional emitió un informe preliminar en el cual recomendaban al pleno cumplir con la sugerencia de los interventores.

Ante esta presión, ese mismo martes 25 de junio, Luis Alberto Rubí y Roy David Urtecho pusieron su renuncia al cargo, presionados por los interventores y los diputados ante el inminente sometimiento a juicio político. (NA)

NO DEBE SER FISCAL EL QUE TENGA UN SELLO POLÍTICO EN LA FRENTE
MARIO-PEREZ-220El presidente de la Comisión Especial de Seguridad del Congreso Nacional, Mario Pérez, dijo que a partir de la renuncia empezarán a trabajar en un nuevo esquema de elección de los fiscales del Ministerio Público.“Yo sí estaré de acuerdo que no debe ser una persona con un sello político en la frente la que debe de dirigir esa institución, porque vamos a tener los mismos problemas del pasado, porque vamos a tener un Ministerio Público utilizado de forma política, así como hace cuatro años se utilizó para andar quitando urnas y papeletas un 28 de junio, así como se utilizó en el pasado para perseguir expresidentes, con un sesgo político”.“No debemos permitir esto, debemos de marcar una línea hacia adelante y trabajar en un esquema de proposición que nos permita a los diputados que esa lista que llegue al Congreso Nacional, en su momento, sea integrada por profesionales capaces, idóneos y honestos, justos y transparentes, que permita enrumbar esta institución por el camino que todos queremos”, apuntó. (NA)
Que no lo difamen pide Roy Urtecho
cronologia-2El ex fiscal general adjunto Roy David Urtecho, pidió que no los difamen solo para deslegitimar el accionar del Ministerio Público, tras su renuncia al cargo.“Yo no me he querido referir y no quiero constituir algunas difamaciones que se me han dado en los medios de comunicación por un símbolo contra la impunidad, como ha sido la señora rectora cuando está difamándome y diciéndome que yo viajaba con 9 vehículos a Comayagua”.Urtecho radicaba en Comayagua y era profesor de la universidad regional de Comayagua cuando fue nombrado en el cargo, propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras “y ahora quieren mancharme el nombre solamente para deslegitimar el accionar del Ministerio Público. No empecemos a atacar a las personas. Yo estoy a favor de los cambios, pero de los cambios positivos”, señaló.El también presidente del Colegio de Abogados de Honduras justificó que por un informe de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, en el cual se exponía que su vida estaba en peligro, “yo he andado carros de seguridad del Ministerio Público, pero nunca he andado nueve vehículos y le pido a la rectora que no empiece a denigrar. Yo puse la renuncia para dar lugar a cambios en el Ministerio Público, pero no empiecen a difamar. Me quedo en Honduras y es más, pido mi reintegro para dar mis clases en Comayagua, pero que no lo difamen a uno”. (NA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/06/28/con-nueva-ley-del-mp-elegiran-al-fiscal-general-de-la-republica/

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Preocupa a EUA conflicto en el Bajo Aguán

28 de Junio de 2013
03:56AM
– Redacción:
redaccion@laprensa.hn

Según el Conadeh, al menos 99 personas han perdido la vida en la zona.

 

La situación de los derechos humanos en el departamento de Colón continúa generando preocupación en Estados Unidos.

El Gobierno norteamericano sigue de cerca los acontecimientos que casi a diario suceden en la conflictiva zona del Bajo Aguán, donde no cesan los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes.

En una visita a Colón, la embajadora de EUA, Lisa Kubiske, dijo que el estatus de los derechos humanos en el Bajo Aguán aún preocupa a su gobierno.

“Tenemos mucho interés en lo que pase en el Bajo Aguán y en general en el valle, por ser el Bajo Aguán en parte zona conflictiva y nos preocupa mucho el estatus de los derechos humanos aquí”, dijo la diplomática.

Según la dirigencia campesina, en el Aguán existe un ambiente de “violencia generalizada” producida por problemas agrarios que el Gobierno no ha logrado solucionar en su totalidad.

Según autoridades de la Secretaría de Defensa, existen grupos armados interesados en generar ingobernabilidad en la zona, donde decenas de campesinos, guardias, policías y militares han sido perjudicados.

Kubiske manifestó que el Gobierno debe garantizar el funcionamiento del sistema de justicia para proceder contra personas que alientan a los campesinos a invadir tierras.

Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos establece que alrededor de cien personas ha muerto violentamente en el Bajo Aguán desde 2009 a la fecha.

El documento establece que “el saldo son 99 muertos y al menos 80 heridos, entre campesinos, guardias de seguridad, policías, miembros del Ejército, empleados de empresas que se dedican a la producción de palma africana, asesores legales y particulares”.

Fuente: http://www.laprensa.hn/csp/mediapool/sites/LaPrensa/Honduras/Tegucigalpa/story.csp?cid=333246&sid=275&fid=98#.Uc2l_-uhBwI

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Libre conmemora con marcha cuarto aniversario del golpe de estado

Viernes, 28 Junio 2013 11:03

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San Pedro Sula, Honduras

Unas 100 mil personas, encabezadas por Manuel Zelaya, marcharon hoy en Tegucigalpa a cuatro años del golpe de Estado que lo derrocó de la Presidencia y en conmemoración de la creación del Partido Libertad y Refundación (Libre).

La protesta partió de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, que es de donde salen todas manifestaciones populares que se realizan en Tegucigalpa y que por tradición son convocadas por el gremio magisterial, y concluyó en el parque Central de esta capital.

Ante los manifestantes, Zelaya aseguró que perdonaba a los implicados en el golpe de Estado en su contra, ocurrido el 28 de junio de 2009. “Ya hemos dicho que hemos perdonado a nuestros detractores y hemos dicho que el pueblo se hará justicia en las urnas, cuando acuda a las elecciones generales de noviembre próximo”, en las que participará Libre, advirtió Zelaya.

El partido Libre fundado por los seguidores de Zelaya, tras el golpe de Estado, tiene como candidata presidencial a Xiomara Castro, esposa de Zelaya y que según las encuestas tiene alta preferencia de los hondureños.

En la marcha de este viernes destacaron las carrozas con monigotes de personajes implicados en el golpe de Estado, banderas rojo y negro de Libre.

Además de pancartas condenando las ciudades charter, aprobadas por el Congreso Nacional, cuyo titular hasta abril pasado fue Juan Orlando Hernández, quien es candidato presidencial por el gobernante Partido Nacional.

El dirigente obrero Carlos H. Reyes dijo que Libre representa al pueblo y que los partidos Nacional y Liberal representan a la oligarquía, que impulso el golpe de Estado para seguir saqueando el país a costa de las mayorías que viven en pobreza.

También participó el sector magisterial, columna vertebral de las protestas populares en este país, pese a las advertencias oficiales de que no participara en la manifestación.

El ministro de Educación, Marlon Escoto, advirtió el jueves que el profesor que acudiera a la manifestación de Libre y no impartiera clase, se le descontará un día de salario.

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/libre-celebra-con-marcha-cuarto-aniversario-del-golpe-de-estado

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INEXISTENCIA ATRIBUTIVA PARA SUSTITUIR A TITULARES DE LOS PODERES DEL ESTADO EN HONDURAS // Democracia representativa y el impulso hacia una democracia más participativa

viernes, 28 de junio de 2013

Abogado Darlan Esteban Matute López

 Miembro de la Red Internacional “Para un Constitucionalismo Democrático”
          Para que el Congreso, o cualquier otro poder político, puedan sustituir, destituir, separar o retirar al o los titulares de los otros poderes, en juicio debe estar expresamente determinado en la Constitución, generalmente conocido como juicio político[1]. El sistema republicano presidencialista que hemos adoptado como nación, no permite que eso ocurra, principalmente porque el mandato proviene del pueblo soberano cuando elige a los titulares del Poder Ejecutivo y a los diputados en elecciones universales o departamentales, en su caso. La separación de poderes que establece nuestra Constitución tiene las características de que no existe subordinación entre poderes; por lo tanto ninguno se impone a los otros. Tampoco existe mandato soberano que le haya establecido la facultad al Poder Legislativo de destituir; sustituir, separar o retirar al o los titulares de los otros poderes.

            Ausencia coercitiva y falta de claridad para proteger el orden democrático
No existe un procedimiento de prevención para el control institucional a nivel interno. Aunque la Constitución manda que la Sala Constitucional de la Corte Suprema dirima los conflictos que surjan entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y también entre el mismo Poder Judicial, así como los conflictos que surjan con el Tribunal Supremo Electoral (316.2 C), no existe procedimiento alguno de cómo hacerlo, incluso porque ese mismo mandato involucra a la Corte Suprema, y en caso de un conflicto de ese poder con los otros poderes del Estado provocaría un conflicto de intereses.

Auto otorgamiento atributivo
          Lo más macro que se puede considerar como preventivo de protección institucional es la de una definición clara de atribuciones y facultades para cada poder, de modo que ninguno de ellos invada las prerrogativas de los otros. Eso significa que al momento de invasión de sus atribuciones un poder puede acudir a la Sala de lo Constitucional para dirimir el conflicto. Pero, como ya se expresó ¿cómo se puede dirimir un conflicto que surja entre el Poder Judicial y otro poder si la Sala de lo Constitucional es la llamada a solucionar el conflicto, siendo dicha Sala parte de la Corte Suprema?  Otra situación de potencial conflicto son las excesivas atribuciones auto otorgadas por el Poder Legislativo y que ha significado la invasión de las esferas atributivas de los otros poderes, como por ejemplo la de otorgarse el Legislativo la facultad de interpretar la Constitución, que la doctrina y la Constitución le otorgan al Poder Judicial de manera bajo el término de concentrado. La Corte Suprema, como ya lo hemos mencionado, tiene la facultad de interpretar la constitución mediante el impulso particular por un interés legítimo o los juzgados o tribunales de manera difusa al momento de presentarse un recurso frente al asunto que se está tratando, por creerse que se están violentado garantías o derechos.
          En el caso del Legislativo, la interpretación que hace a la Constitución la realiza al momento de emitir las leyes secundarias -incluidas las reformas a la Constitución misma que caen en esa categoría-, y es en ese momento en que el legislador debe utilizar el marco brindado por la norma primaria, para encontrar la congruencia o armonía entre la norma secundaria a aprobar y la que prima por sobre todas; caso contrario es lo que encontramos en Honduras con la colisión normativa actual, con leyes que rebasan el marco de la constitucionalidad (Ley de Modernización Agrícola, Decreto 90-90, etc., etc., etc.).  Hay que enfatizar que en ningún Estado democrático de derecho se le atribuye al Poder Legislativo, que es un poder derivado sujeto a la soberanía popular,  la facultad de interpretar la Constitución. Por lo tanto, hay que reafirmar que el único poder facultado para interpretar directamente la Constitución es el Poder Constituyente y nadie más.
          En cambio, el Poder Ejecutivo realiza su propia interpretación de la Constitución al momento de emitir el VETO a la ley, que es la forma de decir que una ley es inconstitucional.
                                                        Ultimaron la constitución
          A manera de actos ya consumados, lo más que llega a recomendar la Constitución para que se sostenga la integridad institucional es lo que manda el Artículo 375 constitucional, al normar que se subsane el rompimiento del orden constitucional, dirigido a los responsables de los hechos (del rompimiento o violación del orden jurídico) por acto de fuerza, o sea, el gobierno de facto que se instale para contribuir a restablecer inmediatamente el imperio de la Constitución y a las autoridades que habían sido constituidas conforme a la norma.
          El mismo Artículo 375 manda que en el caso de actos de fuerza que rompa el orden constitucional, o cuando la Constitución fuere supuestamente derogada o modificada por medios y procedimientos distintos a los que ella dispone (como es el caso de las reformas hechas vía interpretaciones y las reformas a los artículos pétreos), todos lo ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar para mantener o restablecer la vigencia efectiva de la Constitución.
Una peligrosa tutela del Estado de derecho
          A las Fuerzas Armadas, en una forma muy peligrosa por sus prácticas antidemocráticas, se le faculta para defender la soberanía de la República (el pueblo), mantener el orden público y el imperio de la Constitución, además para defender los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, todo eso de acuerdo al Artículo 272 constitucional. Con ese artículo se le ha entregado el Estado de derecho a una institución en la que sus miembros sólo saben disparar o matar por su formación de defender usando la violencia. Esto es muy peligroso para la vida institucional del país; eso se demuestra con la cantidad de intervenciones de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país, desde que obtuvo su autonomía en 1957, hasta el 2009 cuando nuevamente interrumpen el orden constitucional en nuestra nación.
          A nivel internacional, aunque no han logrado trascender lo de simples declaraciones, existen instrumentos internacionales que llegan a limitar el principio de autodeterminación de los pueblos[2]. Ese ha sido el caso de la aplicabilidad fallida e inocua de la Carta Democrática Interamericana de 2001, que fue exigencia, en el caso de Honduras, por un grupo de personas que en un acto de fuerza provocaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y exigieron que a Honduras se le debía respetar su autodeterminación: una forma osada de quienes rompen el orden constitucional, desconociendo a todo un pueblo soberano que sí estaba en el derecho de exigir su propia autodeterminación y es más ese pueblo fue reprimido brutalmente en las calles.
Una ilusa normativa contenida en la Carta democrática Interamericana
          El número IV de la Carta Democrática trata del “Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” continental, mediante un articulado encaminado a activar el apoyo de la OEA para sostener la estabilidad de los gobierno democráticos.
          Un gobierno miembro puede recurrir al secretariado General o también al Consejo Permanente en solicitud de asistencia para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática cuando considere que su gobierno se encuentra en riesgo político (Art. 17 CDI). Igualmente, tanto el Secretario General o el Consejo Permanente pueden disponer visitas u otras gestiones, siempre y cuando obtenga el consentimiento de un Estado Parte, para analizar alguna situación que consideren puede estar afectando el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder; luego de la visita o gestión el Secretario deberá elevar un informe al Consejo Permanente explicando la situación apreciada en el país visitado y de ser necesario el Consejo Permanente adoptará otras visitas o gestiones, siempre con la autorización del Estado Parte, para que se continúe preservando la institucionalidad democrática y su fortalecimiento (Art. 18 CDI).
          Si se produce la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente a un Estado Miembro, eso se convierte en un obstáculo insuperable para la participación del gobierno antidemocrático instalado de poder participar en los órganos que constituyen la OEA, y mientras persista esa condición no se le dejará participar (Art. 19 CDI).  Ante esa alteración, cualquier Estado Miembro o el mismo Secretario General pueden solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para analizar la situación del país miembro y adoptar las acciones más conveniente, sean gestiones diplomáticas o buenos oficios con la intención de promover la normalización de la institucionalidad democrática; si las gestiones no dan resultados o la urgencia lo aconseja, el Consejo Permanente convocará a sesiones extraordinarias de la Asamblea General para adoptar decisiones, para igualmente gestionar diplomáticamente incluido los buenos oficios, conforme a la Carta OEA, el derecho internacional y la misma Carta Democrática (Art. 20 CDI).
          Cuando la Asamblea General tenga por constatado que se produjo una ruptura del orden democrático y las gestiones han sido infructuosas para reinstaurar el orden, toma la decisión de suspender al Estado Miembro en su derecho de participar en la OEA. El voto para la suspensión debe ser de 2/3 de los votos de los Estados Miembros y su vigor es de inmediato El Estado suspendido siempre debe observar el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OEA, particularmente lo que corresponde en materia de derechos humanos.  En ese caso, la OEA siempre mantendrá sus gestiones para el restablecimiento democrático (Art. 21 CDI).
          Una vez superados los motivos de la suspensión, cualquiera de los Estados Miembros o el mismo Secretario General pueden proponer a la Asamblea el levantamiento de la suspensión, y la decisión de restablecimiento se tomará con una votación no menor de 2/3 de los votos de sus Miembros, conforme a la carta de la OEA (Art. 21 CDI).
          Todas estas disposiciones reflejan lo ilusorio que significa haber aprobado la Carta Democrática Interamericana, debido a su poca efectividad ante los actos de fuerza de los poderes económicos en una nación forzada que seguir dictados fuera del Estado de derecho. Caen en la simple gestión diplomática y los buenos oficios: no hay fuerza coercitiva, a menos de que se ejecuten actos de imperio (como los producidos en Panamá o en Grenada).
          Se debe presionar a nivel internacional una reformulación del principio de autodeterminación de los pueblos, ya que mismo ha sido usado y aplicado de forma antojadiza cuando convienen a los actos de imperio; a veces se presiona y se intervienen militarmente naciones sin permitirle a los pueblos decidir sobre su destino como nación.  Esos ejemplos los encontramos aquí en Honduras y en todos los movimientos sociales que gestan en naciones que mantienen a sus pueblos oprimidos y dependiendo cual es su ubicación ideológica, así responden a favor o en contra las naciones más poderosas.
          En el ámbito interno, se deben establecer un sistema efectivo para la prevención y protección de la institucionalidad, creando los órganos apropiados para realizar dicha labor y estableciendo instituciones jurídicas que permitan al pueblo soberano decidir sobre las gestiones de los funcionarios públicos cuando estos no están cumpliendo con su labor; como la creación de una Corte Constitucional para que revise la dinámica institucional con la creación normativa y de revisión de actos administrativo públicos que deben tener como marco la Constitución y establecer referéndums revocatorios a nivel nacional (decidir revocar el mandato presidencial y del designado), departamental (decidir revocar el mandato a los diputados) y municipal (decidir revocar el mandato a los alcaldes).

[1]     El Congreso de Honduras realizó reformas al Artículo 205.15 auto otorgándose la atribución de realizar el juicio político, violentando los artículos 2, 4, 5, 374 y 375, relacionados a que la soberanía corresponde al pueblo, autodeterminación, y democracia participativa; la complementariedad, independencia y no subordinación de los poderes del Estado en la forma de gobierno.

[2]      Este principio a veces resulta bizarro en su aplicación, debido a que generalmente grupos dominantes que han actuado mediante actos de fuerza exigen su aplicación a la comunidad internacional para que no se entrometan en sus decisiones. Así ocurrió en Honduras cuando los golpistas solicitaban a los otros Estados agrupados en la ONU y en la OEA que no se entrometieran en los asuntos de Honduras.  Contratando lo anterior con lo que está ocurriendo en algunos países árabes que dependiendo su alineación a algunos de sus gobernantes se les pide que abandonen el poder (Libia, Irán, Siria, etc.), mientras que a otros se les ha tratado de sostener en forma resistente (Jordania, Egipto, Etc.), mediante la política del doble rasero.

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     Honduras:democracia representativa y el impulso hacia una democracia más participativa

Abogado Darlan Esteban Matute López
Miembro de la Red Internacional “Para un Constitucionalismo Democrático”
 
                                La soberanía popular se agota en 12 horas cada cuatro años
          El problema principal de la Democracia representativa es que la misma democracia se agota en el momento en que se realiza la declaratoria de los resultados electorales que se producen cada cuatro años. El único momento en que el Soberano –el pueblo- decide en el país, es al momento en que emite su voto, luego de eso, los ciudadanos electos se olvidan de aquellos que los eligieron y gobierna y legislan para particulares o su beneficio personal: eso bien lo sabe el pueblo soberano. Por ello la población recibió de buena manera el que se discutiera y se aprobaran las reformas que le permitían participar en la aprobación de decisiones importantes para la nación con el establecimiento de las figuras del plebiscito, que se convocará solicitando a los ciudadanos se pronuncien sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa, y el referéndum, con el cual se podrá convocar a la población para decidir sobre una ley ordinaria o una norma constitucional o su reforma, aprobadas para su ratificación o improbación por la ciudadanía.  Sin embargo, la frustración llegó al no ratificarse las reformas al Art. 5 constitucional, luego de la publicación del Decreto 295-93, el cual permitía esas formas de participación ciudadana. Para el año 2003, esas figuras de verdadera democracia participativa han sido promovidas mediante el Decreto 242-2003 (ratificado por el 177-2004), llevando con este último a su impracticable ejercicio, debido a los rígidos y altos requerimientos para su aplicación. Previo y durante el ínterin del gobierno de facto -6 años después-, se reglamentó el decreto pero el mismo se aprobó de manera forzada y muy restrictiva para su ejercicio. Para el 2010 se aprobó el Decreto 275- 2010 (ratificado por el Decreto 3-2011), volviendo más flexible el poder presentar iniciativas. Sin embargo, aprobó una reglamentación del Decreto 275-2010 y nuevamente volvieron más confusa el accionar tales iniciativa de participación ciudadana,  por ello no se ha podido presentar ninguna iniciativa.
Se                    
de             Debe escuchar la voz de quien debe mandar si queremos construir democracia
          Respecto a la democracia participativa, debemos enfatizar que el ejercicio pleno de la libertad en una nación se configura en tres tipos de libertades: las civiles, referidas al imperio de la ley, los derechos individuales, humanos y sociales, la de movilización, la de expresión, etc.; las económicas, relacionadas a una sistema financiero autónomo, un mercado regido por la ley de oferta y demanda, de poder enajenar y poseer bienes, etc.; las políticas, referidas a elecciones limpias y transparentes, el derecho al sufragio universal, respeto al voto, división de poderes, autoridades electorales independientes, etc.  La libertad política es la entrada a la democracia plena por ello es necesario que la democracia deje ser puramente formal y representativa, por manera que facilite una mayor participación ciudadana para configurar un sistema de nación más equitativo.
          Con la democracia participativa se pueden crear mecanismos de deliberaciones comunitarias, de manera igualitaria con puntos de vista mayoritarios y minoritarios, descansando en el pleno respeto a las decisiones mayoritarias y en consenso.
          Como sistema democrático, que ha rebasado al sistema representativo, ya que esté agota la democracia en medio día –al momento de emitirse los votos ciudadano- ofrece a las personas la posibilidad de tomar decisiones acerca del desarrollo económico socialmente justo y esencialmente humano en una nación, en un clima de mucha cooperatividad entre todos y todos y cada uno de los individuos de la sociedad.  El hecho de que las comunidades y los individuos sean escuchados de manera enfática ya de por sí es rebasar a un sistema representativo formal.
“H                                                           
                                                              “Hacia dónde sopla el viento”
          Muchas naciones ya han iniciado el proceso de transformación de sus sociedades democráticas, de manera incluyente, con la promoción de mecanismos prácticos de participación, la creación de mecanismos transparentes de información e investigación, y un alto contenido educativo para la transformación individual, en instituciones educativas de nivel técnico de participación, con la garantía de u programa político estable, definido mediante metas claras, con el fin de promover una energética participación social comunitaria, que esté orientada a la elevación de la calidad de vida y en la toma de decisiones comunales, municipales, departamentales y a nivel nacional, mediante la concertación, la tolerancia y la colaboración entre seres humanos.
          Algunas formas de participación en la democracia participativa son:
Toma de decisiones: esta se manifiesta en los procesos de selección de los integrantes de los órganos de Gobierno, a través de ejercicio del voto emitido en los sufragios universales, o mediante los espacios abiertos de consultas para decidir acerca de los contenidos normativos, y de las políticas y programas de gobierno.
Ejecución de decisiones: se desarrolla al momento de desconcentrar y descentralizar la gestión política, permitiendo una participación más activa de los ciudadanos, que llega a reforzar las capacidades de organización de la sociedad civil.
Control de la ejecución: que se opera con mecanismos de verificación del desarrollo de todo proceso o proyecto en implementación, para luego apoyarlo, corregirlo, mejorarlo o rechazarlo.
Aportes: se produce la evaluación de la totalidad del esfuerzo social -en dinero, trabajo y/o ideas-, produciendo la solidaridad de acuerdo a la capacidad y necesidades ciudadanas.
Beneficios: es el producto obtenido y que se utiliza para mejoras sociales, implementado por el Estado como ente regulador económico y de justicia social. Esta forma participativa le permite a los ciudadanos aportar al desarrollo integral comunitario, desde la residencia de la soberanía, por lo cual,  cada residente debe ser sujeto de satisfacción de sus necesidades, así como las de aquellos que fueron electos como sus representantes.
          La democracia participativa logra potenciar a cada uno de los ciudadanos a que  tomen decisiones desde bases comunitarias y municipales; pero al mismo tiempo los manejos administrativos siempre estarán en manos de mandatarios o funcionarios públicos electos por el pueblo soberano, como mandante, para que desempeñen esas funciones ejecutivas. Además, permite que la comunidad supervise de tales funcionarios, con el establecimiento de procesos derogatorios aplicables a quienes incumplan los mandatos soberanos.
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                    Razones de peso para dirigirnos hacia una democracia plena participativa

          Hay razones de peso para entender que la democracia participativa funciona: con ella se aprovecha las experiencias y la capacidad de todos los ciudadanos, al entender que la sociedad funciona en forma de red interrelacionada al gobierno, que comunica las diversas comunidades, los grupos de intereses, los sectores y las instituciones y se entiende que los ciudadanos tienen un conocimiento, más íntimo y específico a nivel local, de las necesidades poblacionales, desconocido por los grupos políticos con un gobierno altamente centralizado; igualmente, promueve la legitimidad, al motivar a las instituciones, los organismos sectoriales, las empresas y los gobiernos para que acaben por apreciando que tienen mucho que ganar en confianza, con el apoyo y colaboración de parte de los ciudadanos si los incluyen a ellos, de alguna forma, en sus decisiones, ya que a los ciudadanos se les facilita promover iniciativas que eficienten el medio en que se desenvuelven; también, desarrolla nuevas capacidades, de manera participativa en beneficio de las personas al trabajar en colaboración con los demás, e identifica prioridades para lograr que las cosas se hagan y los proyectos se ejecuten de manera eficiente; de manera que la actividad participativa los convierta en mejores ciudadanos; y, mejora la calidad de vida, al permitir que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, al sentirse responsables de sus propios mejoramientos en la calidad de sus vidas, ayudándoles a ser más eficaces en la capacidad de colaboración comunitaria.
          Honduras tiene una gran oportunidad de llegar a una democracia de participación social, no aquella que se agote ahora en las iniciativas y consultas ciudadanas del plebiscito y el referéndum; debe ir más allá, de manera que cada individuo en su localidad tenga el poder de decidir en los asuntos que competen al desarrollo local, luego, esas decisiones sean retomadas y razonadas a nivel regional o departamental para finalmente abstraerlas a nivel nacional mediante la normatización de las mismas.  Además de ser beneficiados de los productos y capacitados sistemáticamente para que el resultado final sea el beneficio y mejoría de la calidad de vida ciudadana. La puerta está abierta debido a la condición de facto de los gobernantes actuales, de acuerdo a lo que establece el Artículo 375 del cuerpo constitucional, violado por los grupos fácticos y los mandatarios en rebeldía de sus mandantes.
El                                               
De                                                 Derecho fundamental a resistirse e insurreccionarse
          La insurrección es un derecho humano universal considerado a nivel de todas las naciones, cuando se nos dice que nadie está obligado a seguir un gobierno opresor o dictatorial, o que surja de la fuerza, impuesto por grupos de poder económico, político o religioso.
          Los derecho de rebelión, de revolución o de resistencia le son reconocidos a los pueblos, frente a aquellos gobernantes ilegítimo, surgidos de procesos no democrático, fuera de las normas legales que mandan constituir gobiernos luego de realizarse procesos eleccionarios basados en ley, y que les autorizan llegar a la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocar a los regímenes ilegales para reemplazarlos por gobiernos legítimos.
          El derecho a la resistencia está incluido expresamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa y se expresa así:
           “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección[1] es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.”
          Igualmente los “padres fundadores” que redactaron el acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, incluyeron implícitamente en su preámbulo el derecho a la insurrección en el famoso párrafo siguiente:
          “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad.[2] La prudencia, claro está, aconsejará que los gobiernos establecidos hace mucho tiempo no se cambien por motivos leves y transitorios; y, de acuerdo con esto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia mediante la abolición de las formas a las que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.”
          Este párrafo resume el sustrato filosofal que justifica una revolución cuando un gobierno viola y vulnera los derechos naturales. Al mismo tiempo históricamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es el primer documento en el cual se reconocen derechos humanos fundamentales.
          En tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, implícitamente incluye el derecho a la insurrección en su Preámbulo, de la siguiente manera:
          “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;”
                                                        Lo que tenemos a la vista
 La humanidad ha dado varios ejemplos de procesos de insurrección y de revoluciones, como el momento cuando se firma la Carta Magna en el Siglo XVII, con la cual los señores ingleses, después de un proceso revolucionario, obligan a Juan sin Tierra que la promulgue, en ella se enuncia el reconocimiento de derechos a los ciudadanos (Bill Of Rights), el hábeas corpus y la inviolabilidad de derechos fundamentales y se condiciona la subordinación del rey al Parlamento, considerado desde ese momento como único representante del pueblo; igualmente, después del desarrollo de la Revolución Francesa, los ciudadanos franceses defenestran la monarquía absolutista que imperaba y que no les brindaba el Estado de bienestar deseado, por lo cual decidieron deponerla; otro ejemplo es la Revolución norteamericana, quienes descontentos deciden revelarse contra la monarquía inglesa que les gobernaba. La independencia de las naciones latinoamericana también es un ejemplo de revelarse ante los gobiernos opresores.
          En el Artículo 3 de la Constitución hondureña de 1982 se encuentra expresamente contenido el derecho a la insurrección y la desobediencia ante un régimen ilegal, constituido por la fuerza. La integridad de dicho artículo se incluye en el párrafo siguiente:
          “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen.  Los actos verificados por tales autoridades son nulos.  El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
          El 28 de junio de 2009 un régimen de fuerza se instaló en Honduras, cuando los poderes Legislativo y Judicial, en actual condición de facto, defenestraron al Presidente Constitucional, legítimamente electo por el pueblo, rompieron formalmente el orden constitucional, materializado en horas de la madrugada por miembros del ejército de Honduras.  Ese mismo día la mayoría del pueblo hondureño se consideró en resistencia y desobediencia civil, al no reconocer al régimen de fuerza que se había instalado.  Debido a los actos de fuerza y a las represiones brutales a que fue sometida la población, ante el desequilibrio armamentista que evidenciaban las fuerzas castrenses, el pueblo se llamó a la resistencia pacífica, debido a que si la confrontación crecía las fuerzas militares estaban en la disposición de eliminar físicamente a todo aquel que se opusiere, lo que hubiera sido una enorme masacre de la población que marchaba de manera pacífica y desarmada, a pesar de ser constantemente desafiados para que entraran en choque, mediante la creación de escenarios violentos.  Los ciudadanos hondureños de acuerdo al Artículo 3 estaban completamente legitimados para recurrir a la insurrección armada. Todas aquellas autoridades responsables están obligadas a responder judicialmente por los hechos acaecidos ese 28 de junio de 2009.

[1]      Las negrillas son nuestras.

[2]      Ibídem

Publicado por Américo Roca Dalton en 17:18

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/06/inexistencia-atributiva-para-sustituir.html#more

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Periodistas, de nuevo en el ojo del huracán

28 Junio 2013, 00:20
Tegucigalpa – Recién había culminado una batalla por la defensa de la libertad de expresión al abortar una propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, conocida como “ley mordaza”, cuando la prensa hondureña nuevamente es llevada al ojo del huracán de la violencia con el registro de atentados y ahora el desaparecimiento del periodista Aníbal Barrow, todo ello en menos de un mes.
La privación de la libertad del periodista Aníbal Barrow, se produjo luego del atentado que fuera objeto el 20 de mayo el corresponsal del medio televisivo Hable como Habla, Ramón Maldonado, en la ciudad de La Ceiba.

También, cuando el 12 de junio, en un hecho aún no esclarecido por la autoridad, es herido de bala el periodista Tony Quintero.

El comunicador social Ramón Maldonado se disponía la mañana del 20 de mayo a cubrir las noticias de la zona cuando junto a su camarógrafo fueron objeto de un atentado, al ser interceptados por un presunto sicario que comenzó a disparar al vehículo en que se conducían, logrando salir ilesos. Nueve disparos fueron hechos por el supuesto sicario, los que impactaron en el radiador del carro y otras partes del mismo, se informó.

Dos días después del atentado, Maldonado denunció que la autoridad policial de la zona poco o nada ha hecho para esclarecer el hecho, que se produjo justo cuando pobladores de la zona habían efectuado una marcha de protesta en contra de la violencia y la inseguridad.

El 12 de junio, en Tegucigalpa, el periodista Tony Quintero había llegado a un taller de electromecánica para arreglar el radio de su vehículo, cuando desconocidos dispararon contra su vehículo, ocasionando la muerte del mecánico e hiriendo al comunicador. La versión preliminar del periodista Quintero es que ese atentado no era contra él, sino quizá contra el mecánico presuntamente por negarse a pagar el mal llamado “impuesto de guerra”. Sobre este caso, la autoridad se ha llamado también al silencio, no hay versión oficial.

Periodismo de riesgo

En el marco de la libertad de expresión, los atentados y el secuestro del periodista Aníbal Barrow sólo develan que el periodismo hondureño sigue siendo un ejercicio de alto riesgo en Honduras, donde las amenazas al derecho a la palabra van desde artimañas legales para regular contenidos informativos e indicar qué es periodismo, hasta la expresión más abominable como es la intimidación con balas y el rapto, entre otros patrones.

Estos episodios no son nuevos para el periodismo hondureño que ha visto caer en los últimos años más de una treintena de periodistas y comunicadores sociales, de cuyas muertes sólo una ha sido judicializada, mientras otras seis tienen un proceso estancado.

Si bien los hechos no son nuevos, no dejan de sacudir al periodismo nacional que ve como estos patrones de criminalidad se repiten con mayor frecuencia. El rapto del conductor del programa “Aníbal, nada más” tiene en vilo a la prensa, en especial ante el silencio de las autoridades policiales en las primeras horas del suceso. Las únicas versiones aisladas que se conocieron fueron de los militares de la 105 Brigada con asiento en San Pedro Sula.

Por ellos se sabe que buscan por aire, mar y tierra al comunicador cuyo vehículo en que se conducía fue encontrado en las zonas de las cañeras entre Villanueva y San Manuel, Cortés. El mutismo de la autoridad hace que crezca la incertidumbre e incluso que corran los rumores atribuidos a “fuentes policiales” que “tienen prohibido hablar”.

Especulación se impone

El impacto del silencio es tal, que determinados sectores políticos intentan llevar agua a su molino aprovechando las mil y una especulaciones, queriendo hacer del comunicador una “víctima política” que les reditúe con fines electoreros. Ante la falta de un informe oficial preliminar, la especulación gana terreno y afecta así la imagen del país y del gobierno del presidente Lobo Sosa.

Datos proporcionados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que Honduras registra del 2009 a la fecha seis casos entre raptos y secuestros de periodistas y comunicadores sociales. El Comisionado es del criterio que esa tendencia no es una buena señal para la prensa ni el clima de libertad de expresión y derecho a la información.

 

Registro de raptos y secuestros

El Conadeh registra el caso del periodista y abogado, Bernardo Paz, raptado el 14 de marzo de 2009, su cuerpo fue encontrado el 9 de julio de ese mismo año en una montaña en Buena Vista Florida, en Copán.

El 15 de mayo de 2009 fue secuestrado el periodista Andrés Torres, quien fue liberado el 2 de junio tras 18 días de cautiverio y el pago de un rescate no determinado.
Como un hecho ligado a la comunicación social, el Conadeh registra el secuestro del hijo del periodista Eduardo Maldonado, el joven José Luís Maldonado, el 10 de enero de 2010, quien fue liberado el 5 de febrero tras 27 días de cautiverio.

El 22 de noviembre de 2011 fue secuestrado el empresario de medios de comunicación de Comayagua y La Paz, René Martínez Vijil, quien fue liberado un día después, desconociéndose los motivos del mismo.

El 9 de mayo de 2012, es raptado el coordinador de noticias de HRN en Tegucigalpa, el periodista Alfredo Villatoro y su cuerpo fue encontrado el 15 de mayo en una zona residencial de la capital con dos disparos en su rostro. Las causas siguen sin conocerse.

A fines de mayo, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vino al país para tomar el pulso a la libertad de expresión en dos sentidos: la amenaza de una ley mordaza que tuvo crispado al país durante cuatro meses y que fuera abortada tras la instalación de una mesa de diálogo y la suscripción de un pacto nacional de autorregulación periodística y el fomento de una cultura de paz.

El otro propósito era la situación de impunidad en la muerte de periodistas y el compromiso del gobierno por crear un programa de protección a periodistas y un equipo especial de investigación, cosas que no se ha cumplido aduciendo razones presupuestarias. La delegación de la SIP al término de su visita dijo irse “muy preocupada” al indicar que las amenazas de censura, atentados e intimidaciones siguen vigentes.

El caso del periodista Aníbal Barrow confirma esas sospechas y nuevamente este organismo internacional pide una investigación exhaustiva, que el caso sea resuelto en forma rápida, en tanto el Comisionado Nacional de Derechos Humanos lanzó un comunicado urgente abogando por el respeto a la vida, una atención médica debida al periodista ante las dolencias que padece y por un pronto retorno a su hogar.

El huracán de la violencia nuevamente ha puesto a los periodistas en el centro de una espiral imparable en un país donde son víctimas de la misma un promedio diario de 20 hondureños y hondureñas.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/06/28/Term%C3%B3metro/Periodistas.C.de/70936.html

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“Ley Orgánica de las ciudades modelos es inconstitucional”

Jueves 27 de junio de 2013

10:21 pm  – César Panting :

La abogada y analista Maribel Espinoza consideró que las Zede les restan autoridad a los poderes del Estado y crearán desigualdad.

La abogada Maribel Espinoza analizó las consecuencias de la aprobación de la Ley Orgánica para las Zede.

Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico

San Pedro Sula,

Honduras

La aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico continúa causando controversia, pues varios sectores consideran que el proyecto deja muchas dudas.

Hace dos semanas, la mayoría de diputados de la cámara legislativa hondureña aprobaron la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), llamadas popularmente ciudades modelos.

La abogada y analista Maribel Espinoza manifestó que esta nueva ley sin duda les restará autoridad a los poderes del Estado de Honduras.

-¿Cómo cree que afecta al país la aprobación de esta Ley Orgánica para las Zede?

Con esa nueva Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico se atomiza el país en zonas autónomas con personalidad jurídica propia, que serán habitadas por quienes determinen las autoridades de cada zona, sobre las cuales no tendrán autoridad el Poder Ejecutivo ni el Judicial de Honduras y el Legislativo, parcialmente.

Tendrán su propia justicia porque la Corte Suprema de Justicia de Honduras solo tendrá la facultad de nombrar jueces para tribunales totalmente autónomos propuestos por un comité de adopción de mejores prácticas, pero la Corte Suprema no conocerá o revisará sus sentencias. Se aprobarán y aplicarán otras leyes, como las anglosajonas, que se emitan en esas zonas y serán distintas a las adoptadas en nuestro derecho. Sus autoridades podrán dictar leyes que restrinjan incluso el ingreso de hondureños a dichas zonas.

-¿Se viola la Constitución?

Tanto la reforma constitucional como la ley orgánica que se acaba de aprobar son inconstitucionales y violentan tratados internacionales como la Carta de las Naciones, pactos internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos garantizan el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación. No se pueden hacer actos como los que está haciendo el Congreso Nacional para restringir el derecho de libre determinación de la nación que constituimos todos los hondureños. Nuestra Constitución proclama que nos gobernamos a nosotros mismo mediante la elección de nuestros gobernantes locales y nacionales con el voto popular y directo, pero ahora, en esas zonas, conforme sus artículos 11 y 12, los gobernantes se llamarán secretarios técnicos y serán electos por un comité para la adopción de mejores prácticas. Este comité es elegido por una sola vez  por el presidente de la República.

-¿Quién elegirá a las autoridades para estas zonas?

Lo que el pueblo hondureño debe tener muy claro es que esas autoridades para esas regiones o zonas no serán electas por el pueblo mediante el voto popular porque quien nombrará a los miembros del comité para la adopción de mejoras prácticas será el presidente de la República a su discreción. Tampoco se dice el período de su nombramiento, por lo que desde los primeros nombramientos que se hagan se perderá automáticamente el control de las decisiones en esas regiones porque la ley no establece ningún período para su elección, vulnerando, entre otros, los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución de Honduras.

-¿Cómo afecta a las municipalidades?

¿Qué pasará con las autoridades municipales? ¿El comité para la adopción de mejores prácticas y los secretarios técnicos en esas zonas serán gobiernos paralelos o suplantarán definitivamente a las autoridades municipales elegidas mediante el voto? Así como esa inquietud, surgen muchas más de esa ley.

-¿Qué otros aspectos de la ley la preocupan?

Me preocupa todo el contenido de esa ley y para demostrar la contradicción de las acciones de algunos diputados basta indicar que algunos en este Congreso, para ganar el apoyo popular, han criticado duramente las exoneraciones o los incentivos fiscales de que han gozado algunas empresas en actividades comerciales, industriales o agrícolas, de las que el propio Congreso ha abusado porque tiene la responsabilidad de aprobar las leyes y luego, en esta Ley Orgánica de las Zede, adoptaron para esas regiones un amplio sistema de exoneraciones fiscales.

Lo más grave es que cuando las empresas que operen en dichas zonas nos vendan sus productos al resto del país vamos a tener que pagar los aranceles o impuestos que establezca el Congreso como si las mercancías vinieran de otro país, creando una repugnante desigualdad y discriminación entre los hondureños.

Eso solo es hipocresía política porque en principio se han valido de las exoneraciones para generar confrontación, hacer política.

Al crear dichas zonas restablecen las exoneraciones en mayores dimensiones y con graves consecuencias por la desigualdad que van a generar para el resto de los ciudadanos de Honduras que se encuentren fuera de esas regiones.

-Los defensores de las Zede dicen que quien se opone a ellas se opone al desarrollo. ¿Qué opina de eso?

Un numeroso grupo de hondureños indicamos que ningún hondureño puede estar en contra del desarrollo económico, pero no se puede vender el país en pedazos escudándose en que se hace para erradicar el hambre y que esa es la única salida, como dicen algunos políticos, porque ese argumento solo demuestra que esos líderes no tienen talento o capacidad para sacar adelante a la nación como lo hacen otros líderes del mundo. Los buenos líderes son aquellos que frente a la adversidad han logrado el desarrollo de sus naciones sin necesidad de vender sus países.

-¿Se compromete la zona de frontera con esta ley?

Está claro que con esas zonas se provoca discriminación y desigualdad con el resto de los hondureños porque, conforme el artículo 29 de la citada ley, a sus habitantes se les establecen impuestos muy inferiores a los que pagamos los demás hondureños.

Poseerán una política monetaria propia, que puede ser distinta al resto del país. Tendrán su propio presupuesto, el derecho de recaudar y administrar sus propios tributos y el Estado no podrá intervenir en ello conforme se establece en el artículo 4 de dicha ley. Me preocupa especialmente que en el artículo 38 de esa ley orgánica se declaran sujetas a dicho régimen zonas ubicadas en los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el mar Caribe, con lo cual ya están disponiendo de nuestras zonas limítrofes con el Atlántico y el Pacífico, que son las zonas de desarrollo para el comercio marítimo de Honduras.

-¿Qué le diría a la población sobre las Zede?

Hago un llamado a todos los hondureños para que despierten y actuemos prontamente antes de que sea demasiado tarde y dentro de las leyes nacionales e internacionales porque sin duda intereses oscuros y perversos nos están distrayendo de otros problemas nacionales que también son muy graves y serios, pero este tema de las regiones o zonas es fundamental porque tiene que ver con la existencia misma de nuestra Honduras como nación.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Ley-Organica-de-las-ciudades-modelos-es-inconstitucional

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Secretaría de Derechos Humanos condena secuestro del periodista Aníbal Barrow

Artículo | Junio 27, 2013 – 9:56pm

Tegucigalpa. La secretaria de Derechos Humanos Ana Pineda lamentó que continúen los riesgos contra miembros del gremio periodístico y de nuevo reclamó la investigación y persecución del delito a las autoridades del Estado que tienen mandato legal y presupuesto para investigar y judicializar estos casos, quienes deben dar resultados en las primeras horas de este hecho, sino se cumple se corre el riego de seguir manteniendo en la impunidad este tipo de delitos.

Asimismo, que esta lamentable situación sigue exponiendo a Honduras como país con los más altos niveles de impunidad.

El periodista Aníbal Barrow también es ingeniero agrónomo y desde 1983 es catedrático de la carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Barrow inició su carrera periodística en radio La Ceiba, de donde después se trasladó a San Pedro Sula para trabajar en los programas deportivos de la desaparecida radio sampedrana La Voz de Centroamérica.

El comunicador social también laboró en la cadena de televisión VICA, donde presentaba un programa matutino. Luego presentó su programa en los canales Hondured y actualmente labora en el canal de televisión Globo TV donde tiene su programa “Aníbal Barrow y nada más”.

Anibal Barrow se ha caracterizado por ejercer un periodismo independiente, crítico y reflexivo sobre el contexto nacional.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/secretar%C3%ADa-de-derechos-humanos-condena-secuestro-del-periodista-an%C3%ADbal-barrow

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Torbellino

Nuestra Palabra  | 27 Junio 2013

El asunto no está en la renuncia de un fiscal embarrado de corrupción hasta los dientes.
El asunto reside en el manejo y negociaciones que existen detrás de esa decisión en el
contexto de un proceso electoral complejo y volátil como el que estaremos encarando en
los meses del segundo semestre del año.

Ya renunció el Fiscal General, y esa ya es en sí misma una muy buena noticia, al tratarse
de un funcionario que convirtió la institución que formalmente defiende los intereses de
la sociedad en un hervidero de corrupción y de impunidad. Sin embargo, quedarse en la
satisfacción  y  entusiasmo  por  esta  renuncia  no  es  para  nada  la  mejor  actitud  en  una
sociedad atrapada en un torbellino de conflictos.

¿Quiénes tienen que ver en directo con la renuncia del Fiscal General? ¿Son acaso solo
los  miembros  de  la  Junta  Interventora?  ¿Quiénes  apadrinaban  al  Fiscal  General  y  que
ahora  han  perdido  terreno  o  le  retiraron  el  apoyo?  ¿Qué  papel  están  jugando  en  esta
renuncia  los  grandes  barones  tanto  del  Partido  Liberal  como  del  Partido  Nacional?
¿Quiénes  tienen  mayor  capacidad  y  poder  para  capitalizar  a  su  favor  la  renuncia  del
Fiscal  General?  ¿Quiénes  apadrinarán  la  elección  del  siguiente  Fiscal  General?  ¿Hasta
dónde la renuncia y la elección del Fiscal están condicionadas o serán condicionadas por
las fuerzas políticas que lideran el actual proceso electoral?

Todas  estas  preguntas  no  son  gratuitas.  Todas  ellas  han  de  estar  en  la  base  para  un
análisis sobre la complejidad y perplejidad en que se sitúa el contexto de la renuncia y
elección del  Fiscal General. Nadie con un mínimo de lectura política puede obviar, por
ejemplo, la participación del candidato oficialista en estos acontecimientos, y el uso de
su  poder  para  incidir  de  manera  directa  en  este  asunto  del  Fiscal  para  revertir  una
campaña electoral que se le ha convertido  en una verdadera cuesta arriba, y que cada
día lo aleja más del caramelo de la presidencia de la República por el que tanto sueña.

La  Junta  Interventora  ha  alcanzado  un  alto  perfil  en  estos  días,  y  el  tema  del  Fiscal
General acapara la atención, al tiempo que baja perfil hasta casi perderse en la nebulosa
el  asunto  de  la  depuración  policial.  Y  de  igual  manera,  la  Corte  Suprema  de  Justicia,
embarrada de corrupción e impunidad como el Fiscal General renunciante, sigue no solo
en la sombra, sino sin siquiera  ser mencionada. Es la gran ausente y la intocable. ¿Por
qué ocurre esto? ¿Quiénes retiraron el apoyo al Fiscal General y sin embargo, sostienen,
protegen  y  apadrinan  al  presidente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia?  ¿Por  qué  tanto
silencio   en  la  depuración   policial?   ¿Qué   papel   juega   en   este   entramado  el   actual
Comisionado de Seguridad y Defensa, caracterizado por tomar decisiones públicas en los
más oscuros corredores de las negociaciones de cúpulas?

Preguntas  y  más  preguntas.  Y  las  hay  muchas  más,  porque  en  este  contexto  de  la
renuncia y elección del Fiscal General existe un verdadero torbellino de intereses entre
los   grupos  enemigos   de  los   pobres,  que   solo   pueden   quedarse   en   las   emociones
superficiales  y  en  la  satisfacción  de  ver  caer  a un  corrupto  aquellas  personas  que  por
falta de datos reaccionan con ingenuidad o aquellas que sabiendo de la complejidad del
torbellino   político   actual,   prefieren   pactar   con   la   irresponsabilidad.   Está   bien   la
mansedumbre  de  la  que  nos  habla  el  Evangelio,  pero  para  estos  días  de  torbellino
político  el  rasgo  evangélico  que  adquiere  más  fuerza  es  la  astucia  para  no  dejarnos
enredar por las trampas de los enemigos de los pobres.

Fuente: http://eric-sj.org/contentsj/index.php?option=com_content&view=article&id=1232:torbellino-27-junio-2013&catid=45:la-honduras-de-hoy&Itemid=63

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Por “revelación divina” juez sentencia a prisión a un pescador de Zacate Grande

Thursday, 27 June 2013 15:08 Sandra Rodríguez
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Tegucigalpa.

Era las ocho de la noche del 12 de enero pasado, cuando Juan Ángel Velásquez, estaba   descansando, de repente  en forma violenta y sin presentar una orden de arresto, ni allanamiento de domicilio , varios  policías entraron a su casa y le informaron que estaba detenido por el delito de usurpación de playa.

Eran agentes asignados a la delegación  de Policía de Puerto Grande, Amapala, ubicada en la península de Zacate Grande, al sur de Honduras, donde habitantes de la zona mantienen desde hace 14 años una constante lucha por la liberación de sus tierras y playas, que poco a poco se la van adueñando algunos terratenientes.

“No les importó que ahí estaba mi hija (2 años), a ella la empujaron, y a mí me llevaron a la posta, y después me trasladaron al juzgado de Amapala, porque Ernesto Antonio Méndez, me denunció por hacer una rampla para estacionar mi lancha”.

Cabe señalar que de esta acusación, Juan Ángel salió en libertad, sin embargo cuando se disponía a abandonar el recinto judicial, tras concluir la audiencia de declaración de imputado, el escuchó que le dijeron que no se podía ir, porque había otra acusación pendiente en su contra.

Esto causó sorpresa en las personas ahí presentes, incluyendo a la defensa, pues al preguntar cuál era la causa, los del juzgado manifestaron que era por “robo” en perjuicio de Himelda Corea, esposa de Ernesto Méndez, quien antes lo acusó de usurpación de playa.

Desde el 6 de mayo del 2012, existía la denuncia de robo de dos motores de lancha y otros instrumentos de pesca, propiedad de Corea, contra desconocidos; Pero 8 meses después  Juan Ángel fue acusado  de ese robo, logrando probar su inocencia.

Juan Ángel Velásquez

Lo más sorprendente, para quienes conocen el caso, es que, Miguel Fúnez Canales, Juez de Letras Seccional de Amapala, Valle, sentencia a prisión preventiva a Juan Ángel, acusándolo  por el delito de robo, en perjuicio de Himelda Corea, partiendo del fundamento de una revelación divina dada a Ernesto Méndez, quien declaró que, tiempo después, y como de costumbre se puso a orar,  para saber dónde estarían los motores robados.

“hasta ese momento no sabía quién había sido, yo andaba investigando bajo a bajo, y una noche en el cuarto me puse a orar y le dije que me iluminara algo”.

Se le reveló, a eso de las dos de la mañana, que fuera a la isla Zacatillo, en la comunidad de La Estufa, El Salvador, que llevara el número de registro del equipo robado, y en una casa de alto iba a encontrar un motor, espero un momento y en eso llegó una lancha, se acercó y ese era su motor.

Según el relato de los hechos, en el expediente legal, uno de los motores estaba en poder de José Vásquez, pero este manifestó que se lo había comprado al señor Santiago Bustillo, y este a su vez que se lo compró al don Guadalupe Membreño, quien dijo que meses atrás, se lo había comprado a un hondureño de nombre Juan Ángel Velásquez, por la cantidad de mil dólares. Y que Himelda Corea debió pagara 1300 dólares a José Vásquez, el 5 de diciembre de 2012, para recuperar su motor.

En el expediente 1703-2013-00004  año 2013, de la seccional de Amapala, existen las declaraciones por escrito de los salvadoreños involucrados en los traspasos del motor, sin embargo, ninguno de ellos ha declarado en las audiencias, por lo que esos testimonios escritos y a mano, han sido válidos,  según  actuaciones  del juez Miguel Fúnez Canales, para dar veredicto de culpabilidad al pescador Juan Ángel, quien está en la granja penal de Nacaome, desde enero pasado, esperándose le decrete su inocencia , “porque soy inocente y con la esperanza de que todo se aclare”, afirmó el acusado.

Este pescador, antes tuvo varios incidentes, como denuncias de parte de esta pareja, Himelda y Ernesto- que lo acusa de usurpación  de playa y robo (Cabe mencionar que estos territorios son del Estado de Honduras, por lo que no puede haber delito de usurpación). Sin embargo hay declaraciones de parte de los vecinos, sobre la buena conducta de Juan Ángel.

“Esos señores se creen dueños de la playa, por eso me tienen aquí, porque me puse a limpiar la playa y hacer una rampla, para la lancha”, aseguró Juan Ángel. En las cercanías hay más ramplas, pues es orilla de playa y zona de pescadores, y estas sirven para estacionar las lanchas pesqueras.

Cristina Carvajal

Miguel Ángel, es un joven que a inicios del año 2000 emigró a Estados Unidos, donde trabajó de cocinero, después de ocho años, volvió a la isla de Amapala, de donde es originario, y se dedicó a negocios familiares y a la pesca.

“Una de las condiciones, según me han dicho, es que si quedo en libertad, debo abandonar la isla” dijo con preocupación el joven, pues es ahí donde tiene su casa, familia y trabajo.

“Volví a mi comunidad porque soy de los que deseo ver una isla desarrollada, con canchas deportivas, donde la juventud tenga espacios de recreación, y sobretodo que volvamos a ser amigos, que tengamos una misma visión y una misma lucha por el cambio”, declaró desde la granja penal, Juan Ángel Velásquez.

Mientras que en estos cinco meses en prisión, él ha aprendido a confeccionar hamacas y atarrayas, con lo que se agencia de algunos medios económicos para el sustento de su esposa e hija.

“Con este proceso, mi familia tiene muchos gastos, por eso no me vienen a ver todos, como quisiéramos, sino que se turnan para las visitas”, declaró Juan Ángel, quien dialogó con defensoresenlinea.com, procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADEH, y unos observadores internacionales de derechos humanos.

Yo sólo quiero el bien para mi país, que exista justicia, que las autoridades no se vayan del lado de los que tienen dinero y poder, sino que sean parciales, que investiguen mi caso, pues aquí están valiéndose sin fundamentos para acusarme, declaró Juan Ángel.

Su madre, doña Cristina Carvajal, manifestó que se han seguido los procedimientos legales requeridos, pero desde un inicio, el juez de Amapala ha negado que se pague las fianzas  ofrecidas por la defensa.

Primero se le acusó de usurpación de playa, y después de robo, así que se propuso el pago de una fianza, mayor a lo que vale el motor marino, y que mi hijo se defendiera en libertad, pero esta fue denegada, lamentó la señora, quien confirmó que no puede ir a visitar a su hijo a la granja penal, porque el gasto es elevado.

“Y prefiero enviarle cosas para que coma, pues no es nada fácil lo que estamos viviendo como familia; A mi hijo lo acusan de cosas que no ha hecho, y las autoridades judiciales no actúan en favor de la inocencia de él, sino coludidos con las personas que lo acusan de robo”, detalló la señora, quien vive a orilla de la playa, con todos su hijos y esposo.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. COFADEH, remitió el 16 de enero pasado, una carta a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para denunciar abuso de autoridad, falta a los deberes de los funcionarios, lesiones y detención ilegal por parte de varios policías, un juez y un fiscal de Amapala en contra del pescador de Zacate Grande, Juan Ángel Velásquez.

En la solicitud expresada ante el Fiscal Especial de Derechos Humanos, German Enamorado, el COFADEH pide realizar una investigación seria y exhaustiva, a fin de que se deduzca responsabilidad a los miembros de la policía preventiva de Puerto Grande que incurrieron en una serie de arbitrariedades y de violación a los derechos humanos del pescador Juan Ángel Velásquez y que se investigue la conducta del Juez de Letras Miguel Fúnez Canales y del fiscal Wilfredo Andino por sus conductas arbitrarias, excesivas y abusivas y que una vez realizada la investigación, se presente requerimiento fiscal ante juez competente a fin de que se deduzcan responsabilidades que en derecho correspondan.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2668:por-revelacion-divina-juez-sentencia-a-prision-a-un-pescador-de-zacate-grande&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Parcelas demostrativas dan primeros frutos y se fortalece el derecho al agua y alimentación

Thursday, 27 June 2013 15:43 Sandra Rodríguez
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Tegucigalpa.

Campesinos organizados del departamento de El Paraíso, han iniciado la cosecha se hortalizas para compartir con su comunidad, esto como resultado del cultivo de parcelas demostrativas agro-ecológicas.

Esta acción es con el objetivo de que los y las campesinas puedan acceder a una alimentación sana y mejor calidad nutricional, como parte del proyecto “Ejercicio pleno del Derecho y reducción de la pobreza de poblaciones indígenas y campesinas”, que ejecuta el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, con el apoyo del   Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, IEPALA.

Olvin Triminio, un joven y entusiasta agricultor, dijo que esta es la primera vez que cultiva hortaliza, lo que le pareció una experiencia muy buena, porque compartió habichuelas, pepino, zanahoria y cebolla con los demás miembros de su comunidad.

“Así ya no compramos estos productos en el pueblo, sino que dedicamos tiempo para que tener una parcela variada, agroecológica y para nosotros una alimentación auto sostenible y nos ahorramos un poco de dinero”.

La familia de Olvin siempre ha cultivado café, maíz y plátano, por lo que ahora han diversificado los cultivos, y expandido sus técnicas de cultivo orgánico, como lo hace desde hace tres años con el café que cosecha.

En Honduras, más de 200 mil familias sufren de hambre, pese a que es un país con tierras de vocación forestal y agrícola, sin embargo éstas se concentran en pocas manos, por lo que, los y las campesinas enfrentan problemas legales y cientos han perdido la vida a manos de grupos armados, por defender las parcelas en las cultivan sus huertos.

Tal es el caso de la empresa campesina Hermanos Unidos del Rancho del Obispo, en Yuscarán, cabecera departamental de El Paraíso, donde latifundistas se quieren adueñar de las tierras que trabaja la comunidad.

Ahí también se tiene una parcela agro-ecológica, y Francisco Suazo, manifestó que “ha sido un experimento muy bueno, pues sabemos qué cultivar y qué no debemos cultivar de acuerdo al clima y suelo con el que tenemos”.

Pese a que hubo inconvenientes durante el cultivo de algunas hortalizas, el grupo aprendió mucho para cuando vuelva a sembrar, “sabremos cómo tratar con cada producto, irnos  a los seguro y aprovechar más los alimentos para el consumo de nuestras familias” afirmó don Francisco.

Mientras que Ana Flores, miembro del grupo de mujeres de la empresa campesina, dijo que han compartido pepinos, culantro y se han extendido en la labor de tener al menos 30 gallinas ponedoras, pues cada uno de estos productos les ayudan a variar su alimentación y contribuyen en disminuir los costes económicos.

En este grupo campesino, hay mucho entusiasmo en seguir sembrando, además implementamos abono orgánico, el cual es hecho por ellos mismos.

Héctor  Grádiz, miembros de la junta directiva de la empresa campesina Hermanos Unidos de Rancho del Obispo, expresó que trabajar en esta parcela demostrativa ha sido de las mejores experiencias, porque han cultivado productos que no habían probado, se ha visto la solidaridad de parte de las personas de esa empresa y lo mejor de todo es que el producto que cultivaron sirvió de alimento a la comunidad.

Asimismo José Domínguez, del municipio de Alauca, pronto recogerá una cosecha de cebolla, además del culantro que aun continua creciendo.

“Ha sido una experiencia interesante, porque sólo había cultivado maíz y frijoles, pero con las parcelas demostrativas se nos dieron semillas de chile, tomate, cebolla, culantro y habichuela, y aunque no todo logró dar fruto, nos queda la experiencia y entusiasmo por volver a sembrar este producto”.

En los cultivos, el clima es un factor muy importante, pues con las parcelas demostrativas los campesinos involucrados en las actividades de este proyecto se enfrentaron a amenazas como plagas, granizos e incluso inundaciones que afectaron la plantación.

Sin embargo, esto sirvió para experimentar con el uso de abono y plaguicidas naturales, y aunque parte del producto no se cosechó, las ganas por seguir sembrando variedad de cultivos están presentes en los y las compañeras campesinas de El Paraíso.

La asistencia técnica es dada por miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, que representa Franklin Meléndez, pues con esa organización se firmó un convenio de cooperación, en este proyecto que da formación en derechos humanos al Agua y Alimentación a miembros de empresas campesinas afiliadas, de los municipios de Alauca, El Paraíso, Trojes, Danlí, Morocelí, Jacaleapa y Yuscarán.

Se espera que las parcelas demostrativas agro-ecológicas se implementen en los demás municipios y grupos campesinos organizados, donde además hay presencia de la red de comunicadores y comunicadoras sociales y red de defensores y defensoras de derechos humanos de El Paraíso, que desde hace un año capacita el COFADEH, diferentes temas sobre sus derechos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2669:parcelas-demostrativas-dan-primeros-frutos-y-se-fortalece-el-derecho-al-agua-y-alimentacion&catid=58:amb&Itemid=181

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“No han podido doblegarnos y resurgimos de las cenizas de nuestras casas”

jueves, 27 de junio de 2013

Dos años después del brutal desalojo, la comunidad de Rigores, en la margen izquierda del río Aguán, sigue de pie e inaugura la nueva escuela que surge sobre los escombros que dejaron las retroexcavadoras de los terratenientes 
Por Giorgio Trucchi | LINyM
El 24 de junio de 2011, cumpliendo con una desconsiderada y amañada resolución judicial a favor de los terratenientes de turno, un fuerte contingente de militares y policías inició un brutal desalojó contra unas 150 familias campesinas de los caseríos colindantes con la comunidad de Rigores, en el Valle del Aguán.
Sus casas, iglesias, cultivos y hasta la escuela fueron quemados o destruidos con retroexcavadoras, mientras los cuerpos represivos del Estado se ensañaban sobre la población, con un saldo de varias personas golpeadas, heridas y detenidas.
Aquel día fueron abatidas no menos de unas 120 casas y fue el inicio de una persecución y represión constante y reiterada. Lo que ocurrió a Adiel Lara, quien fue baleado a un brazo en el patio de su casa por unos policías que pasaban por el lugar, quedando lisiado de por vida, y a Santos Bernabé Cruz, quien fue secuestrado, golpeado y brutalmente torturado, es solamente un ejemplo de lo que le ha tocado vivir y sufrir en los últimos años a la gente aglutinada en el MCR (Movimiento Campesino de Rigores).
Sin embargo, como dice Rodolfo Cruz, dirigente campesino y padre del joven Santos Bernabé, la férrea convicción de defender sus derechos los hizo resurgir de las cenizas y volver a recuperar sus tierras.
“El día de hoy estamos celebrando 13 años de lucha que hemos librado los integrantes del MCR y conmemorando el segundo aniversario del violento desalojo de junio de 2011. Nos estamos pronunciando en contra de todo tipo de desalojo y represión contra las familias campesinas y abogamos para que se respete el derecho de acceso a la tierra”, dijo Cruz.
El dirigente campesino recuerda como los militares y policías llegaron de forma violenta y sacaron a las familias a la calle, sin importarles las consecuencias. “Destruyeron todo, sin ninguna piedad, y continuaron a reprimir por varios meses, pero nunca nos rendimos. Volvimos a levantar nuestras casas y a sembrar nuestros cultivos. Con el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Fundación San Alonso Rodríguez, hasta pudimos levantar tres aulas de la nueva escuela y la casita donde hoy funciona el kínder. Hemos vuelto y no han podido doblegarnos”, aseveró.
En cuanto al tema de la propiedad, Cruz explicó que el problema con los terratenientes Erick Rivera, Francisco Flores y Rufino Flores aún no está resuelto. “Ya hemos presentado la documentación ante el Registro de la Propiedad, para legalizar la tierra que en su momento fue expropiada a los terratenientes por el INA (Instituto Nacional Agrario), pero nos están poniendo muchos obstáculos. Sin embargo seguimos adelante, impulsando nuestro proyecto. Estamos cultivando y cosechando maíz, frijol, arroz, yuca, plátano y otros productos tradicionales que nos alimentan. Cada familia tiene su parcela, pero también tenemos cultivos colectivos para fortalecer la alimentación básica”, explicó Cruz.
Durante las actividades que se desarrollaron en Rigores se presentó el documental “Bajo Aguán: Grito por la Tierra”¹ , en el cual se recoge parte de la trágica experiencia vivida por los pobladores de esta comunidad, así como sus testimonios, en el marco del grave conflicto agrario que se vive en esta región al noreste de Honduras, a raíz de la expansión del monocultivo de palma africana y el acaparamiento y concentración de la tierra.
“Hoy  conmemoramos lo que nos ha tocado vivir y sufrir, pero también celebramos que hemos vuelto a la vida, y esta nueva escuela es una señal de esperanza para toda la comunidad”, concluyó el dirigente campesino.
Notas: ¹ Co-producido por Alba Sud y la Rel-UITA, en colaboración con el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales (WRM), FIAN Internacional y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)

Pubblicato da a 11:59

Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/06/honduras-no-han-podido-doblegarnos-y.html

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Violencia en Honduras cesará cuando haya justicia dice Caritas

Jueves 27 de junio de 2013

07:54 am  – EFE: redaccion@laprensa.hn

La Pastoral Social Cáritas realizó una investigación con el apoyo de Noruega sobre el fenómeno de la violencia.

Fotografía del 21 de abril de 2013 de familiares que lloran al ver a su familiar asesinado y tirado en una calle de Tegucigalpa (Honduras). EFE/

Fotografía del 21 de abril de 2013 de familiares que lloran al ver…

Tegucigalpa,

Honduras

La violencia que sacude a Honduras solamente se podrá revertir con el funcionamiento eficaz de la justicia, el cese de la impunidad, la depuración policial y la prevención social del delito, señaló hoy la Pastoral Social Cáritas.

El señalamiento de Cáritas es recogido en una investigación sobre la naturaleza, causas, efectos, espacios y actores de la violencia en Honduras, a fin de buscar respuestas al fenómeno mediante un abordaje integral.

Como parte de la investigación, que ha sido apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y Cáritas de ese país europeo, se editó un libro y video producido por la organización Comunica, en Tegucigalpa.

El estudio también contó con la participación de las diócesis de La Ceiba, Trujillo, Olancho, Yoro, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Además, para conocer las actitudes, opiniones y prácticas de la juventud en relación con la violencia y otros temas relacionados, se aplicó una encuesta en 42 institutos públicos de los 7 municipios donde operan las diócesis.

El video, que fue presentado hoy a representantes de organismos de derechos humanos, funcionarios, jóvenes y otros grupos de la sociedad civil, hace un repaso de la vida política y social de Honduras desde 1824, incluyendo el flagelo de la violencia y su incremento en las últimas tres décadas.

El director de Cáritas en Tegucigalpa, el sacerdote German Cálix, dijo a Efe que aunque en los últimos días se ha dicho que los índices de violencia en Honduras han bajado y que ya no es el primero, sino el tercer país más violento del mundo, “la situación en el país no ha mejorado”.

“Los últimos acontecimientos -incluido el secuestro de un periodista el pasado lunes-, indican que más que los hechos, es una actitud de violencia que existe en la mente de los hondureños”, subrayo Cálix.

Agregó que “es inconcebible”, por ejemplo, que unos aficionados al equipo de fútbol Motagua, de Tegucigalpa, que protestaban el domingo pasado por el retiro de su capitán, “hayan sido atacados a balazos”, en un hecho en el que resultaron 22 personas heridas, de las que una murió en un hospital público de la capital.

“Eso indica, entonces, que el problema es mucho más grave, que está más en la raíz de la conciencia del hondureño y es lo que tratamos de atacar en el estudio”, acotó el religioso.

Cálix también abogó por el mejoramiento de los sistemas de justicia, la Policía Nacional y la Fiscalía, lo mismo que la familia, la juventud, los espacios donde la gente pueda establecerse y que se abran nuevas posibilidades para una vida de los hondureños de acuerdo con su propia dignidad y en convivencia con los demás.

El estudio indica que el retorno a la democracia en Honduras, en 1980, fue condicionado por el escenario en ebullición y proclive a la violencia que ya primaba en Centroamérica.

La paz se empezó a perfilar en la región a partir de los Acuerdos de Esquipulas I y II, de 1986 y 1987, que marcaron el inicio del cese de algunos conflictos, como el de Nicaragua entre los sandinistas y los “contras”, estos últimos financiados y armados en Honduras por Estados Unidos.

Tras esos acuerdos de paz, “los fusiles se enfriaron, pero no descansaron, por el contrario, su tenencia y uso se ‘democratizó’ en múltiples actores que pronto aprendieron que la violencia era el recurso más expedito para resolver los conflictos y ejercer el poder”, añade la investigación.

La violencia, derivada en parte del crimen organizado y el narcotráfico, ha seguido creciendo y ahora el país tiene un promedio de 20 muertes diarias, según organismos de derechos humanos.

El estudio hace múltiples recomendaciones para frenar la violencia como la aplicación de políticas de prevención y la promoción de una cultura de paz por medio de la educación, entre otras acciones.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Mundo/Estados-Unidos/Violencia-en-Honduras-cesara-cuando-haya-justicia-dice-Caritas

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