El caso del alcalde del municipio de Yoro en el departamento de Yoro, Arnaldo Soto, su hermana Diana Urbina y demás hermanos enciende la preocupación de la ciudadanía y revive cuestionamientos anteriores sobre la participación activa de narcos en la política hondureña. Omar Rivera director del Grupo de la Sociedad Civil, manifiesta la preocupación que en general provoca a la población la vinculación del narcotráfico en la política y la necesidad de que la ciudadanía sea más exigente con los partidos políticos.
Según Rivera “es decepcionante que los políticos estén entretenidos en defenderse de acusaciones por vínculos con narcotráfico y el crimen organizado, en lugar de estar atendiendo el mandato que la ley les da. Yo creo que es esencial que nosotros reflexionemos acerca de, si otros sectores de la institucionalidad pública, operadores de justicia, Congreso Nacional, etc, están también involucrados en este tipo de actos, y su mal desempeño se debe precisamente a estar distraídos”.
Para la Sociedad Civil es importante que los operadores de justicia, especialmente, la Policía y el Ministerio Público, inicien una investigación rigurosa a todos los funcionarios públicos, especialmente aquellos que se asientan en zonas de paso de la droga y zonas donde opere el narcotráfico para determinar si estos funcionarios son dignos de confianza o no.
Después que las supuestas actividades ilícitas del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, salieran a la luz pública, supone un llamado de atención a los Partidos Políticos señala Omar Rivera. “Nadie se convierte en alcalde, en diputado, regidor, sino es formando parte de una estructura partidaria, formando parte de una planilla que es presentada por un partido en un proceso electoral. Los partidos políticos tienen que tener mayor cuidado, saber a quién nombran como candidato para evitar actos bochornosos como los del fin de semana”.
Sobre los delitos de la banda Urbina Soto
El alcalde del municipio de Yoro, Yoro, Arnaldo Urbina, quien por los momentos está detenido en el batallón de la 105 brigada de infantería en San Pedro Sula, es acusado por posesión ilegal de armas y lavado de activos. Pero según la Fiscalía del Ministerio Público se están haciendo investigaciones para determinar si el edil de Yoro lidera una banda criminal dedicada al narcotráfico, expropiación de tierras y sicariato.
“La operación que lanzó el Estado de Honduras el día domingo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial contra el Crimen y la Fusina, es de vital importancia para tratar de seguir alejando estas amenazas para la población, y en ese sentido y mediante unos 10 allanamientos se ha logrado incautar 6 propiedades y capturar nueve personas a quienes se les está imputando el primer delito que es portación ilegal de armas” informó a los medios de comunicación Germán Alfaro, comandante de la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA) esta semana en San Pedro Sula.
Según informes policiales, el alcalde de Yoro Arnaldo Urbina, su hermana, la diputada por Yoro en el Congreso Nacional y sus hermanos integran una temida banda denominada “Urbina Soto”, banda que en los últimos años se ha encargado de inyectar el terror en los pobladores de la zona por la participación en el narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, habilitación de narcopistas, desplazamiento forzado de personas y además se les vincula en el asesinato de más de 137 personas. En el caso de la diputada del Partido Nacional Diana Urbina, la fiscalía no ha girado orden de captura, pero las investigaciones siguen abiertas.
Según informó una canal de televisión local de Yoro, la agrupación criminal está integrada por más de 37 personas, quienes han operado por varios años sin ser descubiertos. Se detalló que sus acciones delictivas fueron notorias desde el 2009 cuando Arnaldo Soto ganó la alcaldía de Yoro.
Por lo momentos en la Penitenciaría de San Pedro Sula, guardan prisión los hermanos del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, Mario Roberto y Miguel Ángel Urbina Soto, al igual que Santiago Meraz, Mario Roberto, Miguel Ángel, José Ángel Urbina, Pablo Noel Urbina, Héctor Rolando Burgos, Fátima Ramírez Puentes, Josué Hamil Burgos y César Antonio Díaz, a quienes se les dictó la detención judicial.
“Somos inocentes”
Esta semana la diputada nacionalista Diana Urbina compareció ante un medio televisivo alegando inocencia. “Realmente estamos muy consternados con lo que nos pasa a nosotros los hondureños, somos víctimas de atropellos, de malos tratos a hondureños honrados, honestos que hemos trabajado toda la vida, tenemos nuestro capital, y lo digo con mucha propiedad nuestro capital de muchos años atrás desde que mi padre murió nosotros somos declarados herederos en representación de mi madre Lila Soto” señaló Diana Urbina.
La congresista añadió que condenan la actuación de los órganos profesionales al asegurar que no hubo un proceso profesional en el caso de su familia. Manifestó que los representantes legales de la familia Urbina Soto se encargarán de desvirtuar las acusaciones presentadas por las autoridades de investigación.
El TSE se lava las manos
En Honduras la auditoría social hacia los partidos políticos es materia pendiente y lo confirman las autoridades del Tribunal Supremo Electoral quienes fácilmente se lavan las manos al asegurar que la Ley Electoral vigente no les faculta investigar los fondos con que son financiadas las campañas políticas en Honduras.
David Matamoros Batson, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, expresa que la ley no obliga a los candidatos, y mucho menos a los partidos políticos, a dar cuentas del dinero con el que financian sus campañas.
Batson dijo además, que las probabilidades de que los partidos políticos hayan recibido dinero del narcotráfico en las pasadas elecciones de noviembre de 2013 son muchas, porque cada uno de los partidos presentó a 2 mil 500 candidatos y candidatas.
Varios analistas del país coincidieron el año pasado que los partidos políticos recibían inyección de fondos del narcotráfico, producto de ello, fue el derroche de dinero en las campañas electorales.
Estados Unidos presiona y el sistema de justicia actúa
La institucionalidad hondureña está tan débil que es necesaria la presión extranjera para que el sistema de justicia actúe, dijo el abogado penalista Celso Alvarado a Radio Progreso reaccionando sobre los últimos allanamientos de la OABI contra supuestos grupos criminales y de narcotráfico.
El jueves de esta semana, sorpresivamente la Fiscalía especial contra el Crimen Organizado aseguró varios inmuebles de Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del extraditado Juan Ramón Matta Ballesteros, a veintiséis años de la extradición por tráfico de drogas.
Investigaciones del Ministerio Público determinaron que los bienes fueron adquiridos de forma ilícita. Ante esto, Juan Ramón, quien ha dado la cara por su familia en diversos medios de comunicación, asegura que es un atropello y que algunas propiedades fueron adquiridas por herencia.
«Vamos a demostrar inocencia como lo dice la ley, estamos con la frente en alto ante este gobierno que ha hecho tantos atropellos», expresó Matta Waldurraga a Radio Progreso.
Estas acciones son catalogadas por el gobierno actual como un duro golpe contra el crimen en el país aunado a la captura del llamado «clan Urbina-Soto».
Para el abogado penalista, Celso Alvarado es un tanto extraño el actuar del sistema de justicia hondureño, actuando en contra de gente que usualmente no lo haría, como el alcalde de Yoro.
«Creemos que esto obedece a presiones externas, el ex ministro de seguridad (Óscar Álvarez) aparece ahora diciendo que él conocía desde antes estos hechos y cuando estuvo en la Secretaría no actuó», dijo Alvarado.
Este togado también dijo que todo esto se puede ver desde una perspectiva del abogado del diablo, como un llamado de atención por parte de los Estados Unidos hacia Honduras.
«Hay una institucionalidad débil que no responde a los intereses de país y tenemos un sistema de justicia que es político, parcializado y no independiente por eso se ocupa en ocasiones de estas presiones para que se cumpla con la ley», especificó.
Para Alvarado, este vínculo Estado-Narco viene de mucho tiempo atrás y se necesita voluntad política interna para sanear todas las estructuras.
La institucionalidad sigue extraviada en Honduras
La poca institucionalidad en el país permitió que el narcotráfico se colara en la política hondureña, manifiesta el director del Grupo de la Sociedad Civil, Omar Rivera. A su criterio, la presencia de los narcos en la política supone nuevos retos para la ciudadanía, es decir que a partir de ahora la gente debe ser más exigente con los partidos políticos.
Por su parte el analista Eugenio Sosa, asegura que el caso del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina y su hermana, la diputada Diana Patricia Urbina, supuestamente ligados al narcotráfico, no debe ser tomado como un hecho aislado, al contrario, debe servir para iniciar un proceso profundo de investigación para saber cómo fueron financiadas las elecciones generales de 2013.
“Esto está relacionado con varias cosas, un primer factor general, que el Estado tiene en la completa impunidad y con relaciones clientelares donde se desarrolla una política carísima y donde se utilizan recursos sin importar de donde vengan y sin ningún control. Todas estas características hacen que el narcotráfico se meta en la política, inclusive envolviendo al Estado de manera muy fácil”, detalla Eugenio Sosa.
Audiencia
Esta semana se le dictó detención judicial en los Juzgados con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, Cortés, a Arnaldo Urbina Soto, alcalde municipal de Yoro.
Para mañana sábado está programada la audiencia inicial, misma que iniciará a las 8:00 a.m. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentará las evidencias recabadas durante los allanamientos, así como los resultados de investigaciones previas realizadas al funcionario municipal y a sus familiares. Por su parte la defensa deberá rebatir las pruebas acreditadas por el ente acusador.