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Testimonio de periodistas evidencia trato violento de la policía y el ejército hacia labor informativa en Honduras

Wednesday, 16 September 2015 06:56 Written by  Published in Amenazas a la Libertad de Expresión Read 21 times

Sus palabras transportaban al lugar de los hechos, en donde las fuerzas policiales y militares reflejaron el desprecio hacia la labor informativa de acuerdo a  los testimonios de los periodistas Dunia Montoya y Cesar Obando,   el pasado lunes 14 de septiembre de 2015, en conferencia de prensa en un hotel de Tegucigalpa, organizada el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y el Grupo de Sociedad Civil (GSC).

Los casos de Montoya y Obando se suman a otros cuatro periodistas que fueron agredidos el pasado martes 01 de septiembre de este año, producto del violento desalojo a una protesta organizada por las Mesas de indignación en las ciudades de El Progreso y en Tocoa, departamentos de Yoro y Colón respectivamente.

Los otros trabajadores de la comunicación afectados ese día fueron Gerardo Chévez de Radio Progreso, Ronmel Paz de Campus TV, a quienes  les fue arrebatada su credencial de prensa por parte de la fuerza policial y militar,  y además sufrieron los efectos del gas lacrimógeno. Eddie Andino de Canal 6, a quien le impactó una bomba lacrimógena en su rodilla derecha y Judith reyes de canal 11.

Obando labora para Radio Popular del Aguán, una estación comunitaria que opera en la ciudad de Tocoa Colón y es corresponsal de Radio Progreso en esa ciudad. Mientras que Montoya, con una experiencia de más de 15 años en el periodismo, es coordinadora de la organización Comunicación Comunitaria (COMUN), que a su vez edita la revista “Vida Laboral ”, en la ciudad de El Progreso Yoro, además de ser directiva de la recién creada Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH).

En un comunicado emitido por C-LIBRE y GSC, condenaron el ataque contra los y las periodistas y se mostraron preocupadas porque no se tiene conocimiento de sanciones penales contra  este  tipo de acciones de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Frente a esta situación hacemos un llamado a nivel nacional e internacional para adoptar todas las acciones correspondientes para revertir esta grave agresividad de agentes estatales que coloca en riesgo la vida de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general”, manifestaron las organizaciones.

Agresión en su contra deja un mensaje de odio

“Hoy nos presentamos ante ustedes compañeros de los medios, tratando de evidenciar la situación que estamos pasando, demostrar la total indefensión que sufrimos los periodistas, comunicadores que nada más tratamos de hacer nuestro esfuerzo para mostrar la realidad de este país… hoy nosotros y mañana puede ser cualquiera de ustedes”.

Esas palabras marcaron el testimonio de Dunia Montoya ante las y los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa de este lunes.

Inicialmente narró el comportamiento hostil por parte de la policía nacional y el ejército durante la manifestación del pasado 01 de septiembre. Junto con el resto de colegas de la zona norte que se presentaron a la protesta, Montoya afirmó que solo el hecho de la presencia puede persuadir para que no se realicen ataques de este tipo hacia la ciudadanía.

“Yo decidí, después de dos horas de permanecer en el lugar cubriendo el desarrollo de la toma, retirarme porque tenía un compromiso para esa hora… solo había caminado quizás 100 metros cuando empezaron las detonaciones, salí corriendo con mi cámara encendida para dar cobertura a lo que ocurría”

Al llegar de nuevo al punto donde ella se encontraba, la fuerza de los elementos armados del Estado había procedido con la brutal acción, al punto de tomar de sus camisetas a los ciudadanos y ciudadanas con fines de ser capturados y capturadas, según comentó Montoya.

“Junto con los otros periodistas estábamos registrando eso cuando yo seguía a un policía que llevaba de la camiseta a un manifestante y de repente quedé en medio de todos ellos y uno de los policía, muy molesto se dirigió a mi persona, tomó mi cámara, quebró la pantalla, su reflector y pretendieron arrebatármela, forcejearon y me tiraron contra el pavimento”.

Al mostrarse en desventaja contra la fuerza física y armamentística, la comunicadora sintió el peso de botas contra diferentes partes de su cuerpo, con énfasis en su rostro, mientras alcanzaba a escuchar el grito de unos protestantes quienes lograron identificarla como periodista. En entrevista exclusiva para www.pasosdeanimalgrande.com, Montoya narró los momentos de represión a los que fue sometida durante esa mañana del 01 de septiembre.

La comunicadora social  tiene que guardar reposo por un período de dos meses, de los cuales ya han pasado 15 días y las huellas de la represión le acompañan en su cuerpo. Dolores frecuentes y su brazo completamente inmovilizado han paralizado su accionar periodístico y de capacitación en el área radiofónica.

La periodista presentó denuncia ante el Ministerio Público para dejar constancia de lo ocurrido pero hasta los momentos no ha recibido respuesta alguna. Ella fue enfática al mencionar que “esto que nos ocurrió, no fue un accidente, fuimos al menos siete periodista agredidos”.

“Esto te pasa por metido”

En un territorio abonado con sangre del campesinado hondureño, se dispuso a ejercer la labor informativa desde Radio Popular del Aguán, el periodista César Obando, la mañana de ese martes 01 de septiembre en su ciudad de origen, Tocoa en el departamento de Colón.

La sede de la radio se encuentra a escasas cuatro cuadras de la posta policial de la ciudad, lo que la hace vulnerable del ojo vigilante de los miembros policiales .

Mientras el ejército hacía gala de su fuerza desproporcionada en contra de la ciudadanía indignada en aquella localidad que se manifestaba pacíficamente, Obando, quien también es corresponsal de Radio Progreso, filmaba el violento desalojo a través de su cámara y relataba a su medio lo que ocurría.

“Yo daba cobertura ese día de lo que hacía la policía, golpeaban y gaseaban a las personas. Me encontraba cerca de los policías y yo describía lo que sucedía, en eso, dos militares encapuchados me dijeron que dejara de transmitir, yo continué trasmitiendo y minutos después un militar encapuchado lanzó una bomba lacrimógena a mis pies y enseguida otro me empujó contra el pavimento. Sufrí varios raspones” , describió en su relato.

Gracias al auxilio de los indignados e indignadas, Obando logró estabilizarse luego de haber sufrido dolor fuerte de cabeza y síntomas de vómito. Por si eso no fuera poco, mientras continuaba su relato para la radio comunitaria, se percató de que dos policías comenzaron a seguirlo con intenciones de quitarles sus herramientas de trabajo.

El joven comunicador se desplazó hacia un barrio popular en la zona hasta donde los y las protestantes eran perseguidos como si se tratara de una cacería humana. César se trasladaba para continuar informando sobre lo que ocurría, sin embargo fue identificado por los elementos armados situación que lo obligó a retirarse del lugar.

“Salí corriendo y agarré un taxi, me dijeron que me fuera para el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH-, llegando al lugar me siguió una patrulla. Ingresé y me quedé hasta que llegaron defensores de derechos humanos y salí con ellos a poner la denuncia en la Fiscalía”.

Pero tampoco ha obtenido respuesta por su denuncia desde el Ministerio Público de la ciudad de Tocoa, al contrarío él considera que “ha sido de más persecución hacia mi persona, porque no se me ha llamado de parte del Ministerio Público para decirme que ya hay una audiencia, por andar denunciando lo que me pasa actualmente siento que hay más persecución hacia mi” declaró.

El clima de represión hacia su trabajo continúa según denunció el periodista,   “se han parado varios carros, camionetas vidrios polarizados, parecidos a los que se usan en las Fuerzas Armadas y se estacionan enfrente de la radio sin preguntar nada. Esto es una amenaza para quienes laboramos allí”.

Estos golpes son herencia del golpe

El comportamiento violento hacia la manifestación pacífica y contra los y las periodistas que realizan la cobertura de los hechos,  son una herencia de los hechos ocurridos durante los siete meses de gobierno de facto de Roberto Micheletti, los cuales iniciaron con el rompimiento del orden constitucional el 28 de junio de 2009, con la expulsión del expresidente Manuel Zelaya de la presidencia.

Precisamente, la revista “Vida Laboral”, en su edición número 49 del año 2011, realizó una edición especial con el objetivo de documentar los casos de violaciones al trabajo realizado por al menos 50 periodistas y comunicadores sociales durante el golpe de Estado, específicamente en los años 2009 y 2011.

Otra de la reacciones violentas de los elementos policiales y militares fue el ataque contra un grupo de mujeres periodistas, quienes en noviembre del año 2011 realizaron una movilización hasta Casa Presidencial exigiendo una respuesta, por parte del Estado al esclarecimiento del asesinato contra la periodista Luz Marina Paz. Las comunicadoras fueron gaseadas y toleteadas por órdenes del jefe de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). También interpusieron la denuncia en el Ministerio Público contra el ex presidente Porfirio Lobo Sosa y su guardia de honor, pero su caso quedó engavetado e inactivo.

Sin duda los y las periodistas están en la mirilla de los cuerpos represivos del Estado de Honduras que debe cumplir compromisos internacionales para la protección de la libertad de expresión, pero la impunidad es creciente y refuerza el penoso segundo lugar de Honduras como el país más peligroso para ejercer el periodismo.

Fuente: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/998-testimonio-de-periodistas-evidencia-trato-violento-de-la-policia-y-el-ejercito-hacia-labor-informativa-en-honduras

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C-Libre y Grupo Sociedad Civil condenan violencia brutal contra la prensa

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Dunia Montoya cuando fue salvajemente golpeada con patadas en el rostro por un soldado de FUSINA en una manifestacion en el Progreso.

Los actos de violencia perpetrados el pasado 1 de septiembre en el norte de Honduras, contra un grupo de periodistas y comunicadores sociales por parte de la Policía Nacional Preventiva y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fueron condenados este lunes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Grupo Sociedad Civil (GSC).

Los señalamientos contra los elementos de la seguridad nacional se originaron en una rueda de prensa en la que participaron dos de las víctimas, quienes narraron el penoso incidente que dejó daños físicos y remarcó un nuevo atentado contra la libertad de expresión.

Los hechos se registraron en la ciudad de El Progreso, Yoro, mientras los periodistas y comunicadores sociales daban cobertura a una toma de carretera que realizaban miembros de la organización social, “Oposición Indignada” y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en repudio al saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y en exigencia a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CICIH).

Dunia Montoya con su brazo vendado y su clavícula dislocada cuando hablaba con la prensa en Tegicugalpa.

PRONUNCIAMIENTO

Mediante un pronunciamiento, C-Libre y Grupo Sociedad Civil, condenaron el ataque contra los periodistas, Dunia Montoya, de la Revista Vida Laboral; Gerardo Chévez, de Radio Progreso; Román Paz, de Campus TV; Eddie Andino, de Canal 6 y César Obando Flores, de Radio Progreso y Radio Popular del Aguán y otros periodistas camarógrafos de Canal 11 y del noticiario Hoy Mismo de la Corporación Televicentro, cuyos nombres no fueron establecidos a petición de los afectados, que temen ser objeto de represalias por parte de sus patronos.

Las organizaciones apuntan que Honduras atraviesa una escalada de violaciones al derecho a la libertad de expresión cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Según estas organizaciones los ataques contra la prensa durante el 2015, se han triplicado, con respecto al 2014. Asimismo que entre enero y febrero del presente año, los policías y militares han cometido 25 agresiones contra periodistas y comunicadores sociales, de los cuales 13 se acreditan a la Policía Nacional y 12 a las Fuerzas Armadas.

LAS VICTIMAS

Una de las periodistas agredidas, Dunia Montoya, directora de la revista Vida Laboral y una de las principales afectadas, narró cómo los elementos de la Policía Nacional y del Ejército, la golpearon y pretendieron arrebatarle la cámara, mientras filmaba el desalojo violento.

Montoya señaló que durante la cobertura constató que los policías y militares actuaron violentamente contra los manifestantes, ya que pese a que estos ya habían dejado el paso libre en la carretera y se ubicaban en las orillas, los tiraban de la ropa y los empujaban y arrastraban, sin razón alguna.

“Mientras yo estaba grabando a un policía que llevaba prendido a uno de los manifestantes, un policía moreno, muy alto se dirigió directamente a tomarme la cámara y me quebró la pantalla de la cámara con su mano. Después otros policías y militares intentaron arrebatármela, en ese forcejeo de proteger y conservar mi equipo, varios de ellos me empujaron, me lanzaron contra el pavimento, ya en el pavimento yo no supe nada, lo único que pude percibir fue el dolor que sentía del peso de las botas sobre mi pecho y cara”, detalló Montoya, quien tiene más de doce años en la labor periodística.

Después de la brutal golpiza, la comunicadora social, fue traslada a un hospital donde los médicos le diagnosticaron una luxación severa en el hombro derecho (desprendimiento), que la mantendrá inhabilitada e incapacitada por dos meses.

Montoya, al igual que el resto de periodistas y comunicadores sociales que fueron agredidos, presentaron una denuncia en el Ministerio Público donde aún no han recibido respuesta.

Pese a que el caso fue publicado en casi todos los medios de cobertura nacional e incluso internacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) no se ha pronunciado.

El corresponsal de Radio Progreso también fue agredido por  miembros de la policía y el ejercito.

Por su parte César Obando, corresponsal de Radio Progreso y director de prensa de Radio Popular del Aguán, contó que ese mismo día de la represión en El Progreso, se suscitó otro incidente violento en la ciudad de Tocoa, Colón, en el atlántico hondureño, durante una toma de pobladores en la que él fue la víctima.

“Yo trasmitía, entonces vinieron dos policías encapuchados, se me acercaron y me dijeron que dejara de trasmitir, pero seguí trasmitiendo y a los pocos minutos me lanzaron una bomba lacrimógena a los pies y vino otro policía y me empujó, entonces caí al pavimento y me dijo un policía que eso me pasaba por metido y que por mi culpa la población se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando”, expresó Obando.

El joven comunicador detalló que producto de la agresión resultó con raspones y heridas, que lo incapacitaron por una semana de su trabajo en los dos medios de comunicación para los que labora.

C-Libre y el GSC establecen que a la impunidad de los asesinatos de 59 comunicadores (as) y trabajadores (as) de medios de comunicación entre 2003 y 2015, por falta de investigación criminal, se suman amenazas a muerte, estigmatización, criminalización, espionaje, levantamiento de perfiles y robo de equipo propiedad de los medios de comunicación y con mayor énfasis, las golpizas policiales y militares y el uso de gas lacrimógeno en contra de los miembros de este gremio mientras realizar sus tareas informativas.

Lamentan que la ola de ataques ocurra pese a la existencia de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, vigente desde mayo de 2015.

Fuente: http://criterio.hn/c-libre-y-grupo-sociedad-civil-condenan-violencia-brutal-contra-la-prensa/

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C-Libre, CEM-H, Arcoíris y GSC integran el Consejo Nacional de Protección

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En asamblea pública celebrada este lunes 3 de agosto las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos eligieron
democráticamente a sus dos representantes propietarios y dos suplentes quienes formarán parte del Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Durante la asamblea de las organizaciones de sociedad civil.

Las personas seleccionadas para ocupar los cargos de propietarios son: Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) y Edy Tábora de C-Libre, mientras que Jessica Sánchez del Grupo Sociedad Civil (GSC) y Donny Reyes de la Organización Lésbico Gay Arco Iris fueron electos como  suplementes.

La Asamblea fue convocada por al Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Rigoberto Chang Castillo; y acompañada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Roberto Herrera Cáceres y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Vincenzo Placco.
Mesa de inscripción.

Entre las organizaciones defensoras de derechos humanos que se acreditaron para participar en la Asamblea están: Visitación Padilla, CODEH, Foro Permanente de Sociedad Civil, Oficina de Asistencia a la Mujer, CPTRT, Foro Nacional del SIDA, Movimiento Diversidad en Resistencia, Casa Hogar Proyecto de Vida y ODECO, entre otros.

La asamblea se realizó en atención a lo que disponen los Artículos 21 y 63 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y conforme a lo acordado en el Acta de la Asamblea General  celebrada en el Salón de Reuniones de las Oficinas  del CONADEH, el día 7 de julio del presente año.
Al respecto, el Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo manifestó que se espera que a mediados del presente mes el Presidente de la República Juan Orlando Hernández juramente a las personas que conformarán el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Momento de la votación

“Una vez juramentados procederán a formular la Política de Prevención y Protección de Derechos Humanos de todos los sujetos a los que la Ley da cobertura, también deberán trabajar en el Reglamento General de la Ley, a fin de que sea publicado y delinear la política de la Dirección General del Sistema de Protección”, agregó.

Por su parte, Suyapa Martínez, quien integrará el Consejo Nacional de Protección refirió que su participación estará orientada a llevar ante el mismo las voces de las y los defensores de derechos humanos.
Entre tanto, Edy Tábora, Director Ejecutivo de C-Libre expresó “asumimos este compromiso siendo una organización vinculada a la promoción y defensa de los derechos de los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales y del resto de defensoras y defensores de derechos humanos en el país”.
Agregó “vamos a impulsar propuestas que tengan que ver con la prevención y la investigación de las violaciones a los derechos humanos que se han producido”.
Entre las funciones que tendrá el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia están actuar como órgano consultivo, deliberativo y de asesoría para garantizar los derechos consignados en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, ejercer funciones de supervisión, control, seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Roberto Herrera Cáceres, Rigoberto Chang Castillo, Karla Cueva y Vincenzo Placco.

También asesorar a los órganos del Estado en el cumplimiento de las Políticas Públicas que garanticen el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos; promover o instruir el diseño e implementación de instructivos, políticas públicas y programas para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la presente Ley; hacer propuestas y recomendaciones para mejorar la implementación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, entre otras.

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Caso de corrupción compromete a Omar Rivera de la Sociedad Civil

Un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con fecha 28 de febrero de 2006 con Oficio No. 175/2006-DPC, donde se realizó una investigación, afirma que Omar Rivera tuvo responsabilidad civil en un reparo cuando fue Gerente Administrativo de la Municipalidad de la Lima, Cortés, al contratar a la Empresa Semáforos y Señales Viales de Honduras para la instalación y reparación de semáforos en algunos sectores de esa municipalidad, quien procedió a contratar una empresa teniendo 2 cotizaciones no válidas de empresas que no existían.

El monto del reparo en su contra es por cincuenta y siete mil lempiras (Lps. 57,500), en dicho informe se indica que no se procedió con lo estipulado en los artículos 148 (inciso e) y 171 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, esto ocasionó que se haya elegido una compañía que no reúne los méritos ni los requisitos formales para realizar este tipo de trabajo, provocando un perjuicio económico al Estado de Honduras.

También existe un segundo caso dentro de este mismo reparo donde se encontró que en dicha contratación no se efectuó una Licitación Privada, si no que se hizo de manera directa, porque la ley estipula que cuando el monto excede los 100 mil lempiras y en este caso el contrato ascendía a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS (Lps. 146,000.00), por tal razón era obligatoria la Licitación Privada.

Omar Rivera incumplió de esta manera con lo estipulado en los artículos 38 (Numeral 2), 59 y 60 de la Ley de Contratación, Artículos 150 y 151 de su Reglamento y Artículo 23 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Sin embargo, Omar Rivera ha salido en diferentes medios de comunicación denunciando actos de corrupción, pero este caso lo implica de manera directa a él cuando fungió como Gerente Administrativo de la Municipalidad de la Lima, Cortés.

Actualmente Rivera lidera la Alianza por la Paz y Justicia, después de conocer este reparo, la opinión pública deberá comprender si es  conveniente tomar en cuenta a Omar Rivera para formar parte de comisiones o entes de la Sociedad Civil para el combate a la corrupción.

Como dice el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, “Caiga quien caiga”, este es otro acto de corrupción que también salpica a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que también merecen ser depuradas.

Aquí puede ver el informe del Tribunal Superior de Cuentas

tsc

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/caso-de-corrupcion-compromete-a-omar-rivera-de-la-sociedad-civil/

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Fabuloso negocio de Tasa de Seguridad hondureña en alquiler de patrullas

Publicado: 09 Junio 2015

Más de 100 millones de lempiras anuales gastará el Estado de Honduras en alquiler de patrullas a la empresa Econo, denuncia la sociedad civil.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Fabuloso negocio de alquiler de patrullas policiales, hecho por una empresa arrendadora de vehículos, es otro escándalo que surge en el contexto de las denuncias de corrupción.

 

El denominado Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, informó que la empresa Econo Renta Car, alquila a 45 dólares (unos 986 lempiras diarios) cada unidad que usará la Policía Nacional.

 

El director del comité Francisco Cosenza, aseguró que alquilar carros, es “un experimento que lo comenzamos a incorporar en este año, si un dado caso la situación sigue igual volvemos al esquema anterior”.

 

Justificó esta acción, ya que el Estado “no tiene la capacidad de dar mantenimiento” a las patrullas, por lo que han optado por alquilar vehículos de doble tracción.

 

Asimismo, detalló que están a la espera que se entreguen 250 carros más para integrarlos a la flota de la Policía Nacional “todavía nos hace falta la entrega de más de 250 patrullas más que están siendo equipadas con las luces, sirenas y radios”.

 

Lo que quieren evitar –justificó– es que si una patrulla resulta con una avería, “no esté más de 60 días estacionado en los talleres”.

 

El funcionario aseguró que dar mantenimiento a las unidades es oneroso y que, en la medida que avanzan los años, salen al mercado mejores carros, con más prestaciones y se adecuan a las necesidades que tiene el cuerpo armado.

 

Esta iniciativa tiene férreos críticos. El representante de la Sociedad Civil, Omar Rivera cuestionó el contrato de alquiler de las patrullas a Econo Renta Car para la Policía Nacional, ya que pagarán más de 100 millones de lempiras anuales en alquileres de patrullas y que no se aplique el método convencional de compra de carros.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/130-fabuloso-negocio-de-tasa-de-seguridad-hondurena-en-alquiler-de-patrullas

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Honduras: Más de cinco mil millones de lempiras ha recaudado Tasa de Seguridad; GSC exige rendición de cuentas

martes, 7 de abril de 2015

Autor del artículo: Proceso Digital / Martes, 07 Abril 2015 – 11:58

Tegucigalpa – De acuerdo a versiones de los Grupos de Sociedad Civil (GSC) hasta el 28 de febrero de 2015 se habían recaudado cinco 495 mil millones 452 mil 610.69 lempiras por concepto de la Tasa de Seguridad, por lo que de nuevo exigieron transparencia y rendición de cuentas de estos recursos.
– Ministerio Público y Poder Judicial apenas reciben “migajas” de los fondos de la Tasa de Seguridad, denuncia Sociedad Civil.

En 2012 fueron recaudados 834.43 millones de lempiras; en 2013, mil 097.74 millones; en 2014, tres mil 173.33 millones (incluye préstamo bancario) y 389.95 millones hasta el 28 de febrero de 2015.

Según GSC, de ese dinero, la mayor parte ha sido destinada a la Secretaría de Defensa (44%), Secretaría de Seguridad (27%) y Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (15%).
Los programas de prevención recibieron el 7% de estos recursos, el Ministerio Público el 3% y la Corte Suprema de Justicia el 2%.
Los gobiernos locales han recibido el 1% del gran total acumulado de recaudaciones de la Tasa de Seguridad, y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), recibió menos de un 1%.
El comunicado de la Sociedad Civil señala que existen unas asimetrías monumentales en la distribución. Por ejemplo, el año pasado solamente le dieron 56.59 millones de lempiras al Ministerio Público, mientras a la Secretaría de Defensa le transfirieron mil 422.19 millones; es decir, 25 veces más dinero para los militares que para los fiscales.
En tanto, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación del Estado, recibió más de 767.90 millones, en los dos últimos años, mientras que el Ministerio Público solamente 163.4 millones y el Poder Judicial únicamente 123.7 millones.
A través de la Tasa de Seguridad, la población contribuye para fortalecer a todas las instituciones del sistema de seguridad y justicia; el pago de esa contribución no se realiza para que las autoridades concentren la mayoría de los recursos en financiar operaciones militares o que potencien algunas nuevas unidades en detrimento del abandono de otras, fustiga el documento de GSC.

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Honduras: Burócratas suspendidos protestan en Tegucigalpa; Sociedad Civil lo hace en SPS por aumento al peaje

miércoles, 14 de enero de 2015

Autor del artículo:Proceso Digital / Miércoles, 14 Enero 2015 11:20
Tegucigalpa – Un grupo de empleados suspendidos de diferentes instituciones del Estado realizan este miércoles una protesta en las principales calles de la capital hondureña, en tanto Grupos de Sociedad Civil (GSC) hacen lo propio en San Pedro Sula en rechazo al incremento al cobro del peaje.
En la capital del país, los manifestantes de las empresas estatales señalaron que tras vencer el proceso de suspensión ellos retornarán a sus labores, tal y como lo indica el escrito que recibieron.

El sindicalista de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Edilberto Ríos, dijo que la protesta es un derecho que ellos tienen y demandó respeto a la relación laboral entre el patrono y los empleados.
Sostuvo que el 5 de febrero, el gerente de Hondutel, Jesús Mejía, tiene que reintegrar a los trabajadores suspendidos, aunque él diga que van todos despedidos porque la empresa no tiene fondos.
“Nadie puede sobrepasar la ley, él tiene que cumplir y pagar a los empleados suspendidos”, indicó.
En la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las autoridades determinaron suspender a dos mil empleados a nivel nacional, mientras que en Hondutel fueron 734 y en el SANAA corrieron la misma suerte al menos 500 empleados.
La suspensión tiene un tiempo de duración de cuatro meses, aunque los titulares de estas empresas estatales han expresado que al cumplirse este tiempo los empleados serán despedidos.
En tanto, este mismo día en San Pedro Sula, Grupos de Sociedad Civil (GSC) protestan frente a la alcaldía de esa ciudad en rechazo al incremento del cobro del peaje.
“100% al peaje es igual a 100% de corrupción”, reza una de las pancartas de los manifestantes.
Desde el pasado 1 de enero la comuna sampedrana incrementó el cobro del peaje de seis a 12 lempiras en la trocha que de San Pedro Sula conduce al centro y occidente del país.

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APJ y Seguridad acuerdan unir esfuerzos para revertir índices de violencia en el país



La Alianza pudo conocer sobre el proceso de formación de los nuevos policías y los planes para la educación continua del personal actualmente contratado por la Secretaría de Seguridad. La Alianza pudo conocer sobre el proceso de formación de los nuevos policías y los planes para la educación continua del personal actualmente contratado por la Secretaría de Seguridad.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – Con el propósito de analizar la actual situación que se vive Honduras, en materia de seguridad y coadyuvar para revertir la dramática espiral de violencia y delincuencia en la que está sumido el país, representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), se reunieron este día con el Secretario de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez.

En la cita, la APJ conoció los avances en el proceso de la depuración policial, en el cuales se destaca que más del 10% del personal de la escala de oficiales y básica ha sido excluida de la institución; en ese sentido, APJ espera que los otros operadores de justicia actúen con igual celeridad para que de comprobarse la participación de alguno de esos elementos en actos ilícitos sean puestos a la orden de los tribunales de justicia.

También, la Alianza pudo conocer sobre el proceso de formación de los nuevos policías y los planes para la educación continua del personal actualmente contratado por la Secretaría de Seguridad; de igual manera, la APJ reiteró su compromiso de apoyar a las autoridades gubernamentales en el fortalecimiento institucional de una Policía Nacional consolidada y transparente, así como de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

Asimismo, los representantes de la Sociedad Civil, compartieron con el Secretario de Seguridad, las expectativas que se tienen desde la ciudadanía en la implementación del Índice APJ, a fin de medir efectivamente el desempeño y el proceso de reforma en los entes operadores de Justicia y Seguridad del país, con énfasis en la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.

El proceso de militarización de los organismos de seguridad, inteligencia e investigación criminal, así como las operaciones para combatir al crimen organizado y la delincuencia común, fueron temas abordados entre el ministro Corrales Álvarez y los directivos de la APJ; de igual forma, el Secretario de Seguridad dio a conocer a los miembros de la APJ el desafío que se tiene en impulsar acciones orientadas a la prevención de la violencia, por medio de programas y proyectos encaminados a generar una cultura de paz.

A la reunión con las autoridades de la Secretaría de Seguridad asistieron Josué Murillo, Coordinador General de la APJ; Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Carlos Hernández, coordinador de Transformemos Honduras; y Kurt A. VerBeek y Omar Rivera de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Fuente: http://www.proceso.hn/index.php/component/k2/item/87860-apj-y-seguridad-acuerdan-unir-esfuerzos-para-revertir-%C3%ADndices-de-violencia-en-el-pa%C3%ADs

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Gobierno de JOH “incapaz” de investigar el origen de masacres

Sep 05, 2014

Honduras, cuenta con los indicadores de inseguridad e injusticia más altos de la región centroamericana; las estadísticas apuntan que en más de una década 47 mil 862 personas han perdido la vida por la modalidad de homicidio.

Los procesos no adecuados y amañados para impartir justicia y la falta de una política de seguridad contundente han contribuido para que durante los primeros ocho meses del gobierno de Juan Orlando Hernández la violencia incremente; una de las nuevas modalidades de los grupos criminales son las masacres, durante 2014 se han registrado 35.

Arabeska Sánchez, investigadora y experta en temas de seguridad, señala que las masacres son una particularidad de la violencia catalogada como selectiva, las que el Estado de Honduras no tiene la capacidad para investigar.

“El Estado necesitaría una fuerte tarea de investigación criminal y de inteligencia para poder predecir los eventos de violencia, predecir quién será víctima, por qué, cuándo y dónde, y de dónde vendría esos hechos de violencia”, puntualizó Sánchez.

Sánchez, que ahora forma parte de la organización no gubernamental: Alianza Por la Paz y la Justicia (APJ), manifiesta que desde la sociedad civil exigen una revisión a los planteamientos de seguridad acordados en la campaña electoral 2013. “Que se haga una revisión de esas propuesta y que temas de esas propuestas pueden ser rescatados y poner en práctica en la actualidad”.

El director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruelas, comenta que la juventud y niñez no han sido la excepción en las masacres que se han registrado en los últimos tiempos.

“Casi en todas las masacres hay personas menores de 18 años. Lo que pasa es que la campaña publicitaria a veces sube o baja el nivel del perfil de la noticia, pero las masacres en el país ha sido un elemento que va acompañando la violencia desde hace tiempo, sólo hace falta recordar el mes de mayo que tres masacres se dieron en los primeros tres días de ese mes”, dijo Ruelas.

Los Observatorios de Violencia, la “gran solución” del oficialismo

Luego de la “guerra” declarada al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), mediante la no facilitación de información estadística de muertes y otras formas de violencia, el ministro de seguridad, Arturo Corrales, anunció con bombos y platillos, ante el Congreso Nacional, la creación de unos 30 observatorios de violencia para que a través de ellos puedan precisar los acciones de los grupos criminales del país.

La diputada y presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López, asegura que la Policía Militar del Orden Público y los observatorios de violencia vendrían a ser solución a los altos niveles de violencia.

“La Policía Militar del Orden Público tiene un 80 por ciento de aceptación y eso es porque las personas cada día ven que ha disminuido la inseguridad en su comunidades. Nadie ha dicho que va a haber cero crímenes –masacres-, estamos en proceso de bajarlos, de 17 que estábamos ahora estamos en 12”, aseguró López.

Para José Ruelas, Casa Alianza Honduras, la idea de los observatorios de violencia estatales es una “aventura sin rumbo” que ha tomado el gobierno de Juan Orlando Hernández.

“Hay que desearle la mejor de las suertes. Sin embargo, hay que decir que de oficio la Secretaría de Seguridad y la Policía deberían de observar lo que pasa en el país; deberían de observar lo que sucede en los 298 municipios del país, en cada pueblo, en cada aldea ese debe ser el trabajo del Estado”, expresó Ruelas.

Agregó que el crear observatorios “lo que vendrá a hacer es dar algunas cifras, pero no va a cambiar en nada la vida de la gente; mientras este gobierno no tenga una estrategia basada en la seguridad de las personas y no en las seguridad de las calles, de las instituciones del Estado no habrán resultados mayores”.

Pacto por la seguridad, demanda Sociedad Civil
La construcción de un pacto de seguridad desde los sectores políticos del país, en un ambiente sin unilateralismo, donde la imposición esté ausente y  en donde los amplios espacios de dialogo se generen, sugiere el Grupo de Sociedad Civil (GSC).

Omar Rivera, director del GSC, recuerda que meses atrás el sector político firmo un pacto por Honduras, pacto hasta el momento ha fracasado. “En tal sentido, nosotros estamos pidiendo que ese pacto se reedite y que se busque la manera de aplicar una reingeniería a esa propuesta de dialogo y que se concentre en un par de temas: pobreza e inseguridad, si nosotros resolvemos esos problemas el país cambia”.

Rivera manifiesta que el actual gobierno debe enfocarse en resolver el problema de investigación criminal: “nueve de cada 100 homicidios son investigados en este país”. Además insta a “darle gobernabilidad a los centros penitenciarios, tiene que de una vez por todas depurar a los operadores de justicia”.

Para Salvador Nasralla, ex candidato presidencial,  los altos niveles de violencia y criminalidad en Honduras difícilmente se podrán disminuir, pues los entes encargados de impartir justicia y seguridad no son de confianza.

“Entonces, los sistemas primero tienen que computarizarse; computacionalmente se tiene que hacer todo un registro, por ejemplo: un registro balístico para todas las armas que andan sueltas; hay que hacer un registro de las personas; hay que ponerle placa a los carros, pero cómo puede un país pretender seguridad si andan 300 mil carros sin placa”, expresó Nasralla.

En datos
De enero a agosto de 2014 se registran 35 masacres.
En los últimos diez años se registra un total 47 mil 862 asesinadas, y más de nueve mil casos de violencia sexual consumada hacia mujeres y niñas.
A causa del no pago de extorciones en el rubro del transporte 185 personas han sido asesinadas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1316-gobierno-de-joh-%E2%80%9Cincapaz%E2%80%9D-de-investigar-el-origen-de-masacres

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En caso de narco alcaldes: Ciudadanía debe ser más exigente con partidos políticos, según analista

Ago 01, 2014

El caso del alcalde  del municipio de Yoro en el departamento de Yoro, Arnaldo Soto,  su hermana Diana Urbina y demás hermanos enciende la preocupación de la ciudadanía y revive cuestionamientos anteriores sobre la participación activa de narcos en la política hondureña. Omar Rivera director  del Grupo de la Sociedad Civil, manifiesta la preocupación que en general provoca a la población la vinculación del narcotráfico en la política y la necesidad de que la ciudadanía sea más exigente con los partidos políticos.

Según Rivera “es decepcionante que los políticos estén entretenidos en defenderse de acusaciones por vínculos con narcotráfico y el crimen organizado, en lugar de estar atendiendo el mandato que la ley les da. Yo creo que es esencial que nosotros reflexionemos acerca de, si otros sectores de la institucionalidad pública, operadores de justicia, Congreso Nacional, etc, están también involucrados en este tipo de actos, y su mal desempeño se debe precisamente a estar distraídos”.

Para la Sociedad Civil es importante que los operadores de justicia, especialmente, la Policía y el Ministerio Público, inicien una investigación rigurosa a todos los funcionarios públicos, especialmente aquellos que  se asientan en zonas  de paso de la droga y zonas donde opere el narcotráfico para determinar si estos funcionarios son dignos de confianza o no.

Después que las supuestas actividades ilícitas del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, salieran a la luz pública, supone un llamado de atención a los Partidos Políticos señala Omar Rivera. “Nadie se convierte en alcalde, en diputado, regidor, sino es formando parte de una estructura partidaria, formando parte de una planilla que es presentada por un partido en un proceso electoral. Los partidos políticos tienen que tener mayor cuidado, saber a quién nombran como candidato para evitar actos bochornosos como los del fin de semana”.

Sobre los delitos de la banda Urbina Soto

El alcalde del municipio de Yoro,  Yoro, Arnaldo Urbina, quien por los momentos está detenido en el batallón de la 105 brigada de infantería en San Pedro Sula, es acusado por posesión ilegal de armas y lavado de activos. Pero según la Fiscalía del Ministerio Público se están haciendo investigaciones para determinar si el edil de Yoro lidera una banda criminal dedicada al narcotráfico, expropiación de tierras y sicariato.

“La operación que lanzó el Estado de Honduras el día domingo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial contra el Crimen y la Fusina, es de vital importancia para tratar de seguir alejando estas amenazas para la población, y en ese sentido y mediante unos 10 allanamientos  se ha logrado incautar 6 propiedades y capturar nueve  personas a quienes se les está imputando el primer delito que es portación ilegal de armas” informó a los medios de comunicación Germán Alfaro, comandante de la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA) esta semana en San Pedro Sula.

Según informes policiales, el alcalde de Yoro Arnaldo Urbina, su hermana, la diputada por Yoro en el Congreso Nacional y sus hermanos integran una temida banda denominada “Urbina Soto”, banda que en los últimos años se ha encargado de inyectar el terror en los pobladores de la zona por la participación en el narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, habilitación de narcopistas, desplazamiento forzado de personas y además se les vincula en el asesinato de más de 137 personas. En el caso de la diputada del Partido Nacional Diana Urbina, la fiscalía no ha girado orden de captura, pero las investigaciones siguen abiertas.

Según informó una canal de televisión local de Yoro, la agrupación criminal está integrada por más de 37 personas, quienes han operado por varios años sin ser descubiertos. Se detalló que sus acciones delictivas fueron notorias desde el  2009 cuando Arnaldo Soto ganó la alcaldía de Yoro.

Por lo momentos en la Penitenciaría de San Pedro Sula, guardan prisión los hermanos del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina,  Mario Roberto y Miguel Ángel Urbina Soto, al igual que Santiago Meraz, Mario Roberto, Miguel Ángel, José Ángel Urbina, Pablo Noel Urbina, Héctor Rolando Burgos, Fátima Ramírez Puentes, Josué Hamil Burgos y César Antonio Díaz, a quienes se les dictó la detención judicial.

“Somos inocentes”

Esta semana la diputada nacionalista Diana Urbina compareció ante un medio televisivo alegando inocencia. “Realmente estamos muy consternados con lo que nos pasa a nosotros los hondureños, somos víctimas de atropellos, de malos tratos a hondureños honrados, honestos que hemos trabajado toda la vida, tenemos nuestro capital, y lo digo con mucha propiedad nuestro capital de muchos años atrás desde que mi padre murió nosotros somos declarados herederos en representación de mi madre Lila Soto” señaló Diana Urbina.

La congresista añadió que condenan la actuación de los órganos profesionales al asegurar que no hubo un proceso profesional en el caso de su familia. Manifestó que los representantes legales de la familia Urbina Soto se encargarán de desvirtuar las acusaciones presentadas por las autoridades de investigación.

El TSE se lava las manos

En Honduras la auditoría social hacia los partidos políticos es materia pendiente y lo confirman las autoridades del Tribunal Supremo Electoral quienes fácilmente se lavan las manos al asegurar que la Ley Electoral vigente no les faculta investigar los fondos con que son financiadas las campañas políticas en Honduras.

David Matamoros Batson,  magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, expresa que la ley no obliga a los candidatos, y mucho menos a los partidos políticos, a dar cuentas del dinero con el que financian sus campañas.

Batson dijo además,  que las probabilidades de que los partidos políticos hayan recibido dinero del narcotráfico en las pasadas elecciones de noviembre de 2013 son muchas, porque cada uno de los partidos presentó a 2 mil 500 candidatos y candidatas.

Varios analistas del país coincidieron el año pasado que los partidos políticos recibían inyección de fondos del narcotráfico,  producto de ello, fue el derroche de dinero en las campañas electorales.

Estados Unidos presiona y el sistema de justicia actúa

La institucionalidad hondureña está tan débil que es necesaria la presión extranjera para que el sistema de justicia actúe, dijo el abogado penalista Celso Alvarado a Radio Progreso reaccionando sobre los últimos allanamientos de la OABI contra supuestos grupos criminales y de narcotráfico.

El jueves de esta semana,  sorpresivamente la Fiscalía especial contra el Crimen Organizado aseguró varios inmuebles de Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del extraditado Juan Ramón Matta Ballesteros, a veintiséis años de la extradición por tráfico de drogas.

Investigaciones del Ministerio Público determinaron que los bienes fueron adquiridos de forma ilícita. Ante esto, Juan Ramón, quien ha dado la cara por su familia en diversos medios de comunicación, asegura que es un atropello y que algunas propiedades fueron adquiridas por herencia.

“Vamos a demostrar inocencia como lo dice la ley, estamos con la frente en alto ante este gobierno que ha hecho tantos atropellos”, expresó Matta Waldurraga a Radio Progreso.

Estas acciones son catalogadas por el gobierno actual como un duro golpe contra el crimen en el país aunado a la captura del llamado “clan Urbina-Soto”.

Para el abogado penalista, Celso Alvarado es un tanto extraño el actuar del sistema de justicia hondureño, actuando en contra de gente que usualmente no lo haría, como el alcalde de Yoro.

“Creemos que esto obedece a presiones externas, el ex ministro de seguridad (Óscar Álvarez) aparece ahora diciendo que él conocía  desde antes estos hechos y cuando estuvo en la Secretaría no actuó”, dijo Alvarado.

Este togado también dijo que todo esto se puede ver desde una perspectiva del abogado del diablo, como un llamado de atención por parte de los Estados Unidos hacia Honduras.

“Hay una institucionalidad débil que no responde a los intereses de país y tenemos un sistema de justicia que es político, parcializado y no independiente por eso se ocupa en ocasiones de estas presiones para que se cumpla con la ley”, especificó.

Para Alvarado, este vínculo Estado-Narco viene de mucho tiempo atrás y se necesita voluntad política interna para sanear todas las estructuras.

La institucionalidad sigue extraviada en Honduras

La poca institucionalidad en el país permitió que el narcotráfico se colara en la política hondureña, manifiesta el director del Grupo de la Sociedad Civil, Omar Rivera.  A su criterio,  la presencia de los narcos en la política supone nuevos retos para la ciudadanía, es decir que a partir de ahora la gente debe ser más exigente con los partidos políticos.

Por su parte el analista Eugenio Sosa, asegura que el caso del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina y su hermana, la diputada Diana Patricia Urbina,  supuestamente ligados al narcotráfico, no debe ser tomado como un hecho aislado, al contrario, debe servir para iniciar un proceso profundo de investigación para saber cómo fueron financiadas las elecciones generales de 2013.

“Esto está relacionado con varias cosas, un primer factor general, que el Estado tiene en la completa impunidad y con relaciones clientelares  donde se desarrolla una política carísima y donde se utilizan recursos sin importar de donde vengan y sin ningún control. Todas estas características hacen que el narcotráfico  se meta en la política, inclusive envolviendo al Estado de manera muy fácil”, detalla Eugenio Sosa.

Audiencia

Esta semana se le dictó detención judicial en los Juzgados con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, Cortés, a Arnaldo Urbina Soto, alcalde municipal de Yoro.

Para mañana sábado está programada la audiencia inicial, misma que iniciará a las 8:00 a.m. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentará las evidencias recabadas durante los allanamientos, así como los resultados de investigaciones previas realizadas al funcionario municipal y a sus familiares. Por su parte la defensa deberá rebatir las pruebas acreditadas por el ente acusador.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1236-en-caso-de-narco-alcaldes-ciudadan%C3%ADa-debe-ser-m%C3%A1s-exigente-con-partidos-pol%C3%ADticos-seg%C3%BAn-analista

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APJ participa en foro internacional sobre seguridad, pobreza y migración

11:38
24
Julio
2014
Tegucigalpa – La violencia, inseguridad, pobreza y falta de oportunidades son algunos de los factores causa que provocan la migración de hondureños hacia Norteamérica, han manifestado, representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en un foro organizado, en Washington DC, por The Wilson Center y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Durante el evento, en el cual participaron más de 120 diplomáticos, dirigentes de sociedad civil, autoridades estatales y periodistas, se desempeñaron como expositores Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Omar Rivera, director ejecutivo del Grupo Sociedad Civil (GSC); Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA; y Tani Adams, académica de The Wilson Center.

Para enfrentar el grave problema de la delincuencia y criminalidad en Honduras, se hace necesario “depurar y después fortalecer el sistema de seguridad y justicia en Honduras; para esto es indispensable el acompañamiento internacional y una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil”, dijo Carlos Hernández.

Asimismo, Omar Rivera, manifestó que “al margen de la emergencia humanitaria generada por la migración de niños no acompañados, se deben implementar estrategias de mediano y largo plazo que reviertan la grave situación de pobreza, desigualdad y exclusión social que afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad”, entre los que destacan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante esta semana, la APJ, ejecuta acciones de incidencia y abogacía ante congresistas, senadores y funcionarios gubernamentales en los Estados Unidos, en torno a tópicos vinculados a la reforma y depuración del sistema de seguridad, justicia y prevención de la violencia en Honduras; históricamente, los estadounidenses han sido uno de los principales cooperantes de Honduras, en los proceso de fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia en el país.

Para este jueves 23 de julio de 2013, los representantes de la APJ, participarán en una reunión de trabajo con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en un panel en el que se harán presentes los cancilleres de Honduras, Guatemala y El Salvador.

La APJ, es una coalición de ONG, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al proceso de reforma de los entes operadores de seguridad y de justicia en Honduras.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/07/24/Metr%C3%B3poli/APJ.participa.en/89779.html

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Continuas intervenciones en instituciones públicas tienen doble intención, según analista

Jun 16, 2014

El gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández ha seguido las líneas de intervención en las instituciones públicas, iniciadas en la anterior administración por Porfirio Lobo Sosa.

Recientemente se intervino el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, IHNFA, que a partir de dicha intervención se ordenó el cierre de esta institución.

En los últimos días el gobierno de Juan Orlando Hernández también anunció intervención en la Dirección General de Migración y Extranjería, por supuestas irregularidades.

Para Omar Rivera del Grupo de la Sociedad Civil, cree que en Honduras las intervenciones no han dado los frutos que deberían dar, porque se hacen con doble intención, ya que se coloca a la gente más cercana en altos puestos del Estado.

“Esto sólo demuestra el mal criterio del presidente en nombrar los altos funcionarios del Estados, porque tuvo la oportunidad de colocar personas correctas personas y responsables; esto de las intervenciones a las instituciones genera inestabilidad y muestra improvisación”, expresó Rivera.

Según Omar Rivera, hasta el momento estas intervenciones muestran incertidumbre y también considera que con estas intervenciones sólo busca tener más control, porque esos comisionados dependen directamente de él y se puede llegar a tener un poder concentrado.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1086-continuas-intervenciones-en-instituciones-p%C3%BAblicas-tienen-doble-intenci%C3%B3n-seg%C3%BAn-analista

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¿Protectores de los niños?

31
Mayo
2014
Tegucigalpa – Las amenazas contra los niños en Honduras no sólo vienen de criminales comunes u organizados; también presuntos protectores de los menores ponen en duda sus actuaciones y con ello dejan ver la vulnerabilidad en la seguridad de los infantes a su cargo.
Los niños hondureños -llámese así a los menores de 18 años- enfrentan varios flagelos que ponen en riesgo sus vidas, pero ahora hay que agregarle, que personas involucradas en defender sus derechos, han sido señaladas por la justicia debido a sus actuaciones.

Tal es el caso de José Guadalupe Ruela, director de la Organización No Gubernamental Casa Alianza, quien hace unas semanas atropelló a dos agentes de la Policía en aparente estado de ebriedad. Las autoridades señalaron a Ruela de cometer la infracción, pero éste se defendió acusando al cuerpo del orden de propinarles una golpiza, un hecho que no se corroboró en los videos que captaron el incidente. Desde entonces el Ministerio Público investiga lo sucedido sin resultados concretos.

Después de ese suceso, vinieron acusaciones y contraacusaciones de ambas partes, pero los hechos aún encierran muchas interrogantes. Ruela aceptó haber cometido la falta e incluso se hizo cargo de los gastos médicos de los elementos policiales.

Pese a ello, esta semana la Misión de Covenant House y Casa Alianza Honduras manifestaron su respaldo decidido a la gestión de José Guadalupe Ruelas como titular de la ONG. Reconocen que el gobierno ha prometido una veraz investigación de los hechos y se pronuncian vigilantes para llegar a la verdad de lo que sucedió esa noche.

Mientras este viernes se conoció de la captura realizada por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) contra el director del centro de rehabilitación “Renaciendo”, acusado por el presunto delito de colusión en el grado de torturas y abusos contra menores recluidos en esa correccional.

El portavoz de la DNIC, Aníbal Baca, confirmó que la captura de Walter Joel Alonso de la Rocha (39), director del Centro Pedagógico Renaciendo, tuvo lugar en la aldea de Támara, Francisco Morazán.

Indicó que de acuerdo con lo estipulado en la orden emitida por la Fiscalía hondureña, a Alonso de la Rocha se le presume responsable de permitir torturas en contra de testigos protegidos.

Baca añadió que se están realizando investigaciones sobre el proceder del director de este centro de rehabilitación, debido a que “según denuncias, éste admitía que internos del Centro Renaciendo fueran objeto de maltrato y tortura por parte de otros menores recluidos”.

De forma inmediata, el Ihnfa procedió a nombrar a Danilo Turcios Cálix como sucesor de Alonso de la Rocha.

Un dato que vale la pena señalar es que a inicios de este mes de mayo, cinco jóvenes murieron durante un enfrentamiento armado en el centro de rehabilitación “El Carmen” de San Pedro Sula. Inexplicablemente los menores tenían armas y granadas, situación que permitió la matanza colectiva.

Ihnfa: Más control de ONG involucradas en temas de niñez


El titular del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Felipe Morales, se refirió a la destitución del ex director del centro de rehabilitación Renaciendo, Walter Joel Alonso de la Rocha, y expresó que desde hacía tres meses habían comenzado las investigaciones acerca de su presunta colusión en torturas de menores recluidos.

Agregó que “tenemos que tener extremo cuidado y hacer los respectivos test sicológicos a las personas que se encargan de dirigir estos centros de rehabilitación”.

Remarcó que las personas que trabajan en asuntos de niñez deben ser objeto de procesos minuciosos de escogencia por parte del Estado hondureño. “Incluso con las ONG que operan en el país y que se encargan de trabajar con menores deben ser cuidadosamente examinadas”, añadió.

Aseveró que como Ihnfa es muy poco lo que pueden hacer en ese sentido; “supervisamos y controlamos a las ONG como instituciones, no tenemos participación en los nombramientos de los que trabajan en estas oficinas, pero deberíamos obligarlos a que hagamos algo similar a las pruebas de confianza porque se involucran en temas de niños que es algo sumamente delicado”, afirmó.

Sin institucionalidad para atender a la niñez


Para el representante del Grupo de Sociedad Civil (GSC), Omar Rivera, la poca institucionalidad del Estado hace que lleguen personas no indicadas a dirigir establecimientos que velan por los derechos de los menores.

“Lo que demuestra toda esta situación es que la institucionalidad que atiende a la niñez, en el caso del Ihnfa está colapsado, la Policía no tiene una unidad especializada de reinserción de menores, la Fiscalía de la Niñez dispone de pocos recursos para atender los casos de infracción de menores y en el país apenas hay 10 juzgados de la niñez”, explicó.

Rivera reiteró que no existe una institucionalidad que atienda la problemática de la niñez.

En otro apartado, Rivera dijo que en Honduras no se sabe quién está matando a los niños y jóvenes; “para el caso la tasa de no investigación en Comayagua anda en un 91 por ciento, es decir que sólo se averigua el 9 por ciento”.

“Se habla mucho que las muertes de menores vienen desde el Estado, también hay otras teorías que acusan al narcotráfico, pero uno no sabe que creer porque simple y llanamente en el país no existe investigación”, lamentó.

Finalmente, recordó que en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), se creó la Unidad de Investigación de Muerte de Menores; “ese cuerpo fue desarticulado y hoy no funciona. Una de las razones porque las que continúan los crímenes contra niños es precisamente por eso. Para el caso la Fiscalía de la Niñez que dirige Nora Urbina trabaja con las uñas, hay muy poco voluntad del Estado hondureña darle la importancia a este tema sensible”, finalizó.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/05/31/Term%C3%B3metro/C.BFProtectores.de/87185.html

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Gobierno de JOH: seis meses de políticas con pocos resultados

May 30, 2014

A pocos días de cumplirse los primeros seis meses del gobierno de Juan Orlando Hernández, periodo que inició el pasado 27 de enero y día en el que prometió que se le “acabaría la fiesta a los delincuentes” y el fin de la inseguridad en Honduras, la pregunta surge: ¿han resultado las políticas para combatir los altos niveles de violencia y corrupción?

Para algunos analistas en la administración de Juan Orlando Hernández lo que ha existido es un incremento de acciones dispersas y multiplicadoras que nunca constituyeron institucionalmente una buena política encaminada a la depuración.
Con la “Operación Morazán”, el gobierno de Hernández pretende poner fin a la delincuencia y crimen organizado, mediante operativos que son ejecutados por la Policía Militar, Policía Nacional y fuerza TIGRES.

Para el analista y sociólogo, Eugenio Sosa, en el actual gobierno el problema en el tema de seguridad es que hay “mucho ruido y pocos resultados”, además de la militarización de la sociedad.

“Esto pareciera que el gobierno lo lanzó más como imagen mediática para tener impacto en los primeros meses; así como hay algunas acciones, hay violencia permanente que desdice que las acciones estén dando resultado”, comenta Eugenio Sosa.

En los últimos días la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), ente que también fue creado en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha capturado supuestas bandas de extorsionadores que operaban en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Sosa considera que, aunque estas acciones no se pueden ver de menos, se siguen capturando sectores intermedios de la criminalidad. Además señala la necesidad de cuestionarse quién forma las bandas de extorsionadores y con que grupos están coludidos.

“Ahí no hay grandes mandos de los grupos capturados. El problema de la violencia en Honduras es que hay personas de muy alto nivel que permitieron, toleraron y se coludieron con esa situación. Entonces qué pasa, que hoy capturan diez sicarios pero si quedan libres los que reclutan sicarios, mañana reclutan 20 y 30 en un país como Honduras con mucha necesidad de empleo”, opina el analista.

El director del Grupo de Sociedad Civil, Omar Rivera, también considera que las acciones y las políticas del actual gobierno son “esfuerzos aislados para impulsar la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad y el ataque contra el narcotráfico”.

Rivera es del criterio que debe iniciarse el diseño de un plan integral de reforma, que implique decisiones que permitan revertir la grave situación de violencia y criminalidad.
“Nosotros valoramos el esfuerzo, la energía, la dedicación que pudieran tener en determinado momento quienes nos gobiernan, pero eso no es suficiente; nosotros hemos podido identificar que no existe mayor coordinación interinstitucional y que a todas luces el proceso de depuración ha fracasado”, señaló Omar Rivera.

“Guardianes de la Patria” fortalece uso de armas

Otra de las políticas en materia de seguridad que ha implementado el gobierno de Juan Orlando Hernández, es el programa “Guardianes de la Patria”, con el que pretende que los niños y niñas se alejen de la criminalidad.

Hernández explicó que “cada sábado, más de 25 mil niños a nivel nacional recibirán formación cívica y religiosa que les permitirá ir formando el sentimiento de amor por Honduras”.

Sin embargo, para el ex fiscal general de la república, Edmundo Orellana Mercado, este programa está dedicado al esfuerzo físico y al manejo de armas.

“Si usted trae jóvenes y niños que son de barrios marginados a enseñarles a manejar armas y luego del programa los vuelve a meter allá –a los barrios- ellos son pasto de las maras, y entonces lo que está haciendo es fortaleciendo a futuros mareros en el conocimiento de las armas”, explica.

Orellana Mercado es del criterio que a las niñas y los niños se les deber proteger y darles un ambiente que evite que las maras los convierta en un elemento más de su organización, y agrega que lo “que hay es una visión equivocada”.

“Paquetazo”

Al final de la última legislatura 2010-2014, diputados y diputadas aprobaron un paquete de medidas fiscales, denominado Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, que según sus impulsores busca aumentar los ingresos y reducir el gasto público.

En este sentido el sociólogo Eugenio Sosa, considera que el gobierno de Juan Orlando Hernández es una continuidad de la administración de Porfirio Lobo Sosa, pues no se puede desconocer que “todo lo que significó el ajuste fiscal” aprobado en diciembre de 2013 era parte del mismo proyecto para generarle condiciones.

“Este paquete le ha permitido a la actual administración contar con algunos recursos, porque más o menos hay estimaciones que el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) está en esa recaudación; pero es un paquete fiscal de carácter regresivo, está golpeando a los sectores más pobres y a los sectores medios”,
dice Sosa.

Agrega que este es un paquete en el que no se ha querido tocar a los sectores privilegiados del país, y aunque hubo un supuesto pacto entre el partido Nacional y Liberal para la gobernabilidad “sucede que esto fue tardío, a tal grado que la inflación ya se había producido”.

“A pesar que el gobierno ha recaudado impuestos, en algunos temas los gastos son excesivos y sobre dimensionados como es el tema de seguridad y en otros aspectos; el gobierno está en crisis, el gobierno es irresponsable porque hace un paquetazo para recaudar impuestos pero el gasto lo hace como si estuviera en bonanza”, señaló.

Para los analistas las políticas en materia económica que implementa el gobierno de Juan Orlando Hernández, no lograran mejorar las condiciones de vida de los hondureños y hondureñas ya que esas políticas son focalizadas, y sólo generan clientela política.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/977-gobierno-de-joh-seis-meses-de-pol%C3%ADticas-con-pocos-resultados

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Políticas de seguridad no están en agenda de Juan Orlando Hernández

Abr 25, 2014

A pocos días de cumplir tres meses de su mandato, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández aún no muestra interés de crear acciones que prevengan y reduzcan los índices de violencia y criminalidad en el país. Está situación sin duda impacta en que diariamente 19 hondureños sean asesinados violentamente.

Hasta el momento Juan Orlando Hernández ha ofrecido como única respuesta a la situación de violencia, la militarización de la sociedad, acción considerada como un verdadero fracaso por las organizaciones que integran el Grupo de Sociedad Civil (GSC)

Según plantea Omar Rivera, director de GSC, el actual gobierno no prioriza las causas que está generando la situación de violencia y criminalidad a nivel nacional.

“Quienes dirigen al país llevan más de cuatro años al frente, Juan Orlando no lleva cien (100) días en el poder, lleva más de cuatro años, recuerden que él cogobernó el país con Porfirio Lobo Sosa, y han tomado una serie de decisiones equivocadas que lamentablemente no han resuelto los grandes problemas del país, y yo creo que eso tiene que ser porque no están priorizando en las causas que generan la grave situación de violencia Honduras”, manifiesta Rivera.

Para Omar Rivera, el narcotráfico es el principal factor que activó en su momento está ola delincuencial y de violencia. “Cuando Honduras no era paso-tránsito de droga desde Sudamérica a Norteamérica,  no teníamos tan elevadas tasas de homicidios, fue el factor determinante de la narcoactividad la que propició esto”, añade Rivera.

La falta de respuestas a esta crisis de inseguridad, sigue provocando dolor en miles de familias hondureñas, que viven presas en sus propias casas. El representante del Grupo de la Sociedad Civil, cree además que sí el gobierno de la República focaliza sus intervenciones en materia de seguridad en desarmar o desarticular ese andamiaje criminal del narcotráfico, seguramente aquí las cosas estuvieran mejor.

En Honduras para nadie es desconocido que el narcotráfico solo se circunscribe a operaciones delictivas, sino que tiene que ver también con lavado de activos, infiltración en los sistemas financieros y hasta una intervención en la actividad política de nuestro país. Según agrega Rivera, esta realidad no es desconocida, ya que en su mayoría la población sabe que, en departamentos como Olancho, el litoral Atlántico, en el occidente del país, y particularmente en la frontera con Guatemala, muchos alcaldes y diputados están siendo influenciados y hasta financiados por narcotraficantes. A pesar de todas las denuncias que han existido, según Omar Rivera,  no se ha realizado ninguna investigación rigurosa por parte de los operadores de justicia.

Observatorios de la violencia

Como otra acción improvisada, esta semana el Ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, anunció la creación de más de 30 observatorios municipales de violencia, según él, para reducir los elevados índices de violencia que a diario ocurren en el país.

Según explicó Corrales, los observatorios operarán a nivel de los municipios y serán liderados por los alcaldes.

Este anuncio sin duda ha despertado preocupación en algunos sectores de la sociedad, porque recordemos que Corrales desde sus inicios en la Secretaría de Seguridad se ha empeñado en maquillar las estadísticas de los hechos violentos. Al asumir en mayo como ministro de seguridad, impuso un bozal a sus subalternos para que no compartieran con los medios de comunicación información sobre muertes u otro hecho de violencia.

Para presentar los alcances que se podrían crear con la fundación de observatorios a nivel municipal, las autoridades invitaron a la colombiana María Isabel Gutiérrez, expositora y directora del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social (Cisalva).

Según dio a conocer  la expositora los observatorios funcionan a nivel municipal y trabajan de manera articulada y coordinada, siendo liderados por los alcaldes, donde se tiene todo un plan de respuesta de manera preventiva, utilizando la información en ese modelo llamado observatorio de prevención a la violencia o delincuencia.

Por su parte Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, exigió a Corrales aclarar el propósito de crear 30 observatorios municipales de la violencia en distintas zonas del país.

Al ser consultada si el ministro pretendía ponerles una paralela y esconder las cifras de criminalidad, Castellanos dijo: “La universidad no tiene paralela y no hay manera de que tenga una paralela, la población va a creer en quien tenga las cifras correctas, no es la función principal de un ministro y de la Policía crear observatorios, sino combatir el delito”.

La rectora, quien recordó ser una  víctima directa de la criminalidad luego que policías mataron a un hijo y un amigo de éste, hace varios años, manifestó que vigilarán el desenvolvimiento de estos observatorios para ver qué pasa.

La rectora se quejó que desde junio del año pasado, luego que asumió como ministro Corrales Álvarez, las cifras sobre muertes violentas y de otros hechos, han sido negadas al observatorio por causas no establecidas, a pesar que desde 2004 la Policía les proporcionaba los datos sin restricciones.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia dijo esta semana que tendrán su papel de ese proyecto, el cual será de vigilantes.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/867-pol%C3%ADticas-de-seguridad-no-est%C3%A1n-en-agenda-de-juan-orlando-hern%C3%A1ndez

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Grupos de Sociedad Civil aprueban uso de Pastillas de Anticoncepción de Emergencia

Abr 25, 2014

Mientras en el Congreso Nacional sigue sin entrar a debate la propuesta de derogación al decreto que prohíbe el uso y venta de las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia –PAEs-, hecha por el diputado nacionalista Ramón Antonio Leva, los distintos grupos que integran la sociedad civil de Honduras se manifiestan a favor del uso de las PAEs. Mientras otros sectores de la sociedad, incluyendo religiosos, han hecho pública su oposición a que el Congreso apruebe su venta libre.

El Grupo Sociedad Civil –GSC- manifestó que las Pastillas Anticonceptiva de Emergencia –PAEs- no son un fármaco con propiedades abortivas, sino un método anticoncepción de emergencia, que contribuye al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.

Los grupos que conforman el GSC se respaldan en los estudios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia –FIGO- y el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia –ICEC-, los que indican que inhibición o el retraso de la ovulación es el principal y posiblemente único mecanismo de acción de las PAEs, y que además pueden  impedir que los espermatozoides y el óvulo se encuentren, justo la opiniòn contraria a quienes adversan su aprobaciòn.

“El derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos son derechos humanos que todas las mujeres de Honduras, deben ejercer sin ningún tipo de obstáculo e injerencia oficial”, expresaron representantes del GSC.

Sociedad de Ginecología de Honduras: las PAEs no son abortivas. 

Diferentes opiniones –a favor y en contra- se vierten, desde que el tema volvió a la mesa discusión, sobre los efectos de las PAEs, sin embargo, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras y el Colegio Médico de Honduras señalan que “la anticoncepción de emergencia no es abortiva, no impide la implantación de un óvulo fecundado ya que no tiene efecto sobre el endometrio y no produce ningún efecto sobre la futura fertilidad de las usuarias”.

“En términos sencillos, cómo le puedo yo asegurar que eso es correcto: porque se embarazan las mujeres después de tomar la píldora anticonceptiva de emergencia; no es cien por ciento efectiva, hay aproximadamente un 15 por ciento de mujeres que después de la píldora anticonceptiva de emergencia se embarazan”, explicó el ginecólogo, Cristian Navarro, miembro de la Sociedad de Ginecología y obstetricia de Honduras..

El Colegio Médico de Honduras, asegura que la anticoncepción de emergencia es un método seguro para la salud de las mujeres. Agregan que “no existen condiciones médicas conocidas en las cuales no se deban usar los anticonceptivos de emergencia”.

Diputados a la espera de dictamen final de la Comisión Especial

A criterio de algunos diputados y diputadas antes de emitir un posicionamiento si las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia son abortivas o no, debe esperarse el informe final de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional.

La diputada liberal, Gabriela Núñez, considera que el tema de las PAEs es un tema con una serie de opiniones de diferentes sectores de la sociedad, “algunos de tipo científico, médico, religioso y desde el punto de vista de los derechos de las mujeres”.

“Nosotros estamos, en primer lugar, esperando la respuesta del análisis de la Comisión de Dictamen, que entendemos se ha reunido con cantidad de sectores interesados en el tema, y para mí es importante conocer todos los ángulos para poder tomar una decisión final”, dijo Núñez.

Al igual que la liberal Núñez, el secretario del legislativo, Tomás Zambrano, dijo que como diputado y ciudadano no podría “pronunciarse” sobre el tema hasta que tenga la opinión legal y científica que dará la Comisión Especial del Congreso Nacional.

“Yo no estoy a favor ni en contra, estoy esperando el dictamen y la opinión que va a emitir esta Comisión, que está integrada por todo los partidos y confió que van a hacer un trabajo positivo que reúna el sentir y pensar de la mayor parte del pueblo hondureño”, aclaró Zambrano.

Por su parte, el diputado anticorrupción, Luis Redondo, cree que las y los diputados están obligados a investigar y a no dejarse llevar por “lo que se dice”.

“Hay muchos vídeos e informantes que dicen que si son beneficiosas y que no provocan aborto, pero otras dicen que si provocan aborto. Créame que en mi opinión no va a pesar el hecho de una religión, el prejuicio de algún tipo”, comentó el congresista.

Cabe destacar que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, aseguró que como institución académica se rigen por los resultados de los estudios realizados por los médicos del Hospital Escuela Universitario, los que indica que las PAEs no son abortivas.

“En ese sentido lo que hace la Universidad es trasladar la información de lo que hace la Píldora Anticonceptiva de Emergencia, lo que se puede esperar, si provoca daños, y el estudio dice claramente que no es un método anticonceptivo permanente es de emergencia. No es abortivo, eso ya está dicho desde el 2009 y ratificado en 2013 por la FDA”, señaló Castellanos.

Datos

Según los estudios realizados las PAEs tienen dos mecanismos de acción para evitar el embarazo:
1.    Dificultar que los espermatozoides lleguen hasta las trompas de Falopio y así no puedan fertilizar un óvulo, y
2.    Retrasa o evita el fenómeno de ovulación cuando es administrado antes de la ruptura del folículo, de forma que no hay un óvulo disponible para la fertilización, siendo éste su efecto principal.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/866-grupos-de-sociedad-civil-aprueban-uso-de-pastillas-de-anticoncepci%C3%B3n-de-emergencia

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Organizaciones defienden venta de pastilla del “día después”

22 de Abril de 2014

05:40PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

Organizaciones sociales, gremiales y académicas hondureñas se pronunciaron este martes a favor de un proyecto legislativo para autorizar la venta y uso de la “pastilla del día después”.

La polémica sobre la PAE se reavivó en Honduras luego de que en marzo pasado el diputado Leva presentó al Congreso un proyecto para suspender la prohibición de la venta de la píldora, vigente desde 2009.
La polémica sobre la PAE se reavivó en Honduras luego de que en marzo pasado el diputado Leva presentó al Congreso un proyecto para suspender la prohibición de la venta de la píldora, vigente desde 2009.

Tegucigalpa, Honduras

Organizaciones sociales, gremiales y académicas hondureñas se pronunciaron este martes a favor de un proyecto legislativo para autorizar la venta y uso de la “pastilla del día después” como método de prevención de embarazos no deseados, a lo que se opone la Iglesia Católica, que la considera “abortiva”.

La iniciativa del diputado Antonio Leva de derogar el Decreto Legislativo que prohíbe la comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), cuenta con el apoyo de organizaciones civiles, gremios profesionales, instituciones académicas y redes feministas, indicaron estas agrupaciones en un comunicado dado a conocer en una rueda de prensa.

“La pastilla no es abortiva sino un tratamiento de emergencia para prevenir embarazos no deseados”, afirmó Omar Rivera, director ejecutivo del Grupo de la Sociedad Civil (GSC), quien participó en la rueda de prensa junto a la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos.

Kristian Navarro, de la Asociación de Ginecólogos de Honduras, otro de los participantes en la conferencia, afirmó a la AFP que la píldora ayudaría a disminuir la mortalidad materna, que en 2013 fue de 76 por cada 100.000 embarazos.

En Honduras, “el 22% de la embarazadas son adolescentes que conciben sin estar preparadas y son embarazos que pudieran evitarse con esa pastilla”, resaltó el médico.

En la rueda de prensa, la organización Médicos Sin Fronteras dio a conocer un informe según el cual el Ministerio Público de Honduras documentó 2.832 sobrevivientes de violaciones en 2013, en su mayoría mujeres menores de 19 años, cuyos muchos embarazos pudieron evitarse con la pastilla.

La polémica sobre la PAE se reavivó en Honduras luego de que en marzo pasado el diputado Leva presentó al Congreso un proyecto para suspender la prohibición de la venta de la píldora, vigente desde 2009.

Las iglesias y sectores conservadores se oponen al proyecto.

“Cuando escuché por primera vez eso (de legalizar la pastilla) en el Congreso, dije: ‘mucho se habían tardado’,” dijo el cardenal hondureño Oscar Rodríguez, recordando que “esto es una recurrencia en todos los países”.

“Hipócritamente (al uso de la píldora) lo llaman sexo seguro, a lo que deberían de llamar sexo irresponsable” y hasta el Colegio Médico “dice que la pastilla no es abortiva”, pero con eso se pretende “confundir a la opinión pública y engañar con medias verdades”, señaló el prelado durante una homilía.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/670340-96/organizaciones-defienden-venta-de-pastilla-del-d%C3%ADa-despu%C3%A9s

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HONDURAS: Sociedad Civil pide cuentas sobre Tasa de Seguridad y exigen derogar Ley de Secretos Oficiales

lunes, 17 de marzo de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital
Lunes,17.03.2014 – 12:28
Tegucigalpa – El Grupo de Sociedad Civil (GSC), pidió este lunes “cuentas claras” en el manejo de recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, al tiempo que demandaron la derogación de la Ley de Secretos Oficiales que recién se publicó en el diario oficial La Gaceta.
– La rectora Castellanos también pidió acciones al IAIP. “No nos gusta que nos pidan sacrificios en el pago de impuestos y luego que nos digan que nos quedemos callados”, apuntó.
El representante de la Alianza por la Paz y la Justica (APJ), Josué Murillo, recordó que desde hace algún tiempo han solicitado información al comité de fideicomiso de la Tasa de Seguridad, sobre el manejo de los recursos recaudados hasta la fecha. “Es un derecho fundamental que tenemos como ciudadanía, pero ante la negativa de acceso a la información, acudimos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por lo que se procedió a citar tres veces a los miembros del comité, sin embargo no hubo resultados positivos”, relató.

Agregó que los miembros del comité de fideicomiso del “Tasón”, expresaron desconocer que estaban sujetos al IAIP y que el órgano competente para proporcionar información era el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“No nos parece correcto que el comité no brinde información oportuna sobre los fondos de la Tasa de Seguridad, que al final de cuentas son los dineros del pueblo”, insistió.
Asimismo, calificó como “nefasta, antitransparencia y procorrupción” la Ley de Secretos Oficiales que hace unas semanas fue publicada en el diario La Gaceta, pese a que la misma había sido suspendida por el Congreso Nacional porque habían algunos puntos que no estaban claros. “Es una ley que le pone una mordaza a los medios de comunicación y a la ciudadanía que pretende hacer auditoría social al más alto nivel”, criticó.
Puntualizó que “estamos cansados que se quiera tapar el sol con un dedo y que se le niegue información al pueblo hondureño”.
En iguales términos se expresó la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien señaló que las cuentas de ahorro están siendo gravadas con el impuesto de la Tasa de Seguridad.
“Tenemos derecho a saber en qué se invierten los dineros de la Tasa de Seguridad, incluso Juan Ferrera (ex coordinador del fideicomiso), debe decirnos por qué se fue. También el Instituto de Acceso a la Información Pública debería dar una explicación sobre en qué se han gastado estos recursos”, dijo.
Finalizó que “no nos gusta que nos pidan sacrificios en el pago de impuestos y luego que nos digan que nos quedemos callados”.

Publicado por Américo Roca Dalton en 17:35

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/03/honduras-sociedad-civil-pide-cuentas.html

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Grupo de Honduras: Sociedad Civil también impugnará la ley de Secretos Oficiales // Califican como retroceso Ley de Secretos Oficiales

miércoles, 12 de marzo de 2014

                                    Omar Rivera, coordinador del Grupo de Sociedad Civil.

Tiempo.hn / Martes, 11 Marzo 2014 – 21:42    / Tegucigalpa, Honduras
El Grupo de Sociedad Civil (GSC) presentará en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, informó Omar Rivera, coordinador de esa organización.
El Congreso Nacional anterior aprobó el decreto el pasado 20 de enero, pero fue publicado hasta el viernes 7 de marzo en el diario oficial La Gaceta, el cual contiene sanciones en el caso de divulgar información clasificada.
“Es una ley que es contraria a garantizar el derecho a la información pública, es contraria a los derechos contenidos en la Constitución de la República y al contenido de instrumentos internacionales como la Convención Iberoamericana Contra la Corrupción”, afirmó.
Manifestó que la ley no tiene otro destino que ser declarada inconstitucional, ilegal y contraria al marco jurídico nacional, ya que se quiere colocar un manto de opacidad a los usos de los recursos de la Secretaría de Seguridad y Defensa.
Asimismo, apuntó que la aprobación de la ley limita el accionar de los medios de comunicación, que hacen auditorías sociales y de todos los hondureños que quieren procurar una administración sana.
“Lamentamos que el discurso de Juan Orlando Hernández, presidente de la República, sea un discurso anticorrupción en pro de la transparencia y se dé con la piedra en los dientes, porque sus actuaciones son contrarias a ese espíritu que nosotros esperamos de los funcionarios públicos”, añadió.

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          Califican como retroceso Ley de Secretos Oficiales

Tiempo.hn /

Miércoles, 12 Marzo 2014 – 06:17 / Tegucigalpa, Honduras

Ante la vigencia de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, el presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción, Rafael Padilla, aseguró ayer que solo representa un retroceso en el libre acceso a la información pública.
“Es una ley que entra en una regresión en la cultura de acceso a la información pública; creemos que la ruta que había seguido con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública se echa por un lado al traste con esta legislación”, afirmó el también diputado del Partido Anticorrupción (PAC).
De igual forma, el profesional del Derecho consideró que la protección de “secretos” solo se deriva de conductas autoritarias, caudillistas que pretenden segregar a la población cuando realmente es un pequeño sector el que accede a los bienes y recursos del Estado.
Pese a que este decreto, mejor conocido como Ley de Secretos Oficiales, quedó en suspenso en el Congreso Nacional al ser objeto de duras críticas por diversos sectores sociales, fue publicada el pasado viernes en la edición número 33, 373 del diario oficial La Gaceta.
En tal sentido, ya fue interpuesto el primer recurso de amparo en su contra por representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quienes llegaron el lunes anterior a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por considerarla que violenta los derechos fundamentales, atentando en perjuicio de la libertad de información.
NOS CIERRA
Padilla enfatizó que “este gobierno hace todo lo contrario y en vez de hacer transparencia estamos haciendo una sociedad, donde estamos subyugados la gran mayoría a los antojos y caprichos de una clase que nos cierra el acceso a la información, transparencia y justicia”.
Evitar la publicación de información que revele “la alta corrupción estatal”, ocultando cómo se gastan los recursos en grandes negocios, incluyendo en beneficios de algunas autoridades son las pretensiones de esta polémica legislación, señaló.
Aunque las organizaciones de la sociedad civil deben de hacer un esfuerzo para impugnar esta ley, el abogado criticó que “es una verdadera tragedia que en Honduras tenemos una Corte Suprema de Justicia que no protege los intereses de las mayorías, sino que es una instancia política que está condicionada a los intereses del Poder Ejecutivo y que antes era el Legislativo.
ESCÁNDALOS
Si bien es cierto, la Ley de Secretos Oficiales establece en su contenido regular y proteger la clasificación de documentos públicos en las materias de Seguridad y Defensa, varios escándalos de inversiones millonarias en estos ámbitos relucieron en publicaciones de los medios de comunicación durante los últimos años.
El “camarazo” es uno de estos casos, en el que la Secretaría de Seguridad invirtió 36 millones de dólares (más de 720 millones de lempiras) en la instalación de cámaras de vigilancia en la capital como parte del proyecto Ciudad Segura, cuya efectividad no ha sido significativa en la resolución de crímenes, de acuerdo a expertos.
Mientras que la compra directa a exorbitantes montos (61 millones de dólares – alrededor de mil 220 millones de lempiras) de varias corbetas a una compañía holandesa es parte del “lanchazo”, otro de los temas que causó revuelo en la sociedad hondureña.
DATO
La Barra de Abogados Anticorrupción no descartó la formalización en los próximos días de un recurso de inconstitucionalidad en oposición a este decreto legislativo que procura “ocultar la información de la gestión estatal ante los ojos de las mayorías”, informó el jurista Rafael Padilla.

Publicado por Américo Roca Dalton en 10:30

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/03/grupo-de-honduras-sociedad-civil.html

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Gobierno se compromete a llevar la Política Pública en Derechos Humanos hasta la comunidad

Artículo | Marzo 3, 2014 – 3:56pm

Tegucigalpa. “Reitero el compromiso del gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández de llevar las políticas públicas a nivel local para que la práctica de los derechos humanos sea una vivencia diaria”, expresó la Subsecretaria de derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Abogada Karla Cuevas en el marco de la clausura de la Escuela de Formación en Derechos Humanos e Incidencia Política dirigida a líderes y lideresas de los pueblos indígenas y afrohondureños, personas con discapacidad y comunidad LGTBI.

La ceremonia contó con la presencia del Coordinador General del gobierno Jorge Ramón Hernández Alcerro, el Embajador de la Unión Europea Ketil Karlsen, Omar Rivera director del Grupo Sociedad Civil, Fanny Erazo coordinadora de proyectos del grupo Sociedad Civil, Reina Rivera Directora País Honduras de Diakonía de Suecia y la Abogada Ana Pineda, exsecretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, instancia creada en el Gobierno presidido por el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria y aporte en el tema de derechos humanos en Honduras.

Este Proyecto académico inició a partir del mes de septiembre de 2013 con la colaboración y el apoyo técnico de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y expertas y expertos nacionales e internacionales.

En el marco de esa iniciativa se impartieron V módulos de capacitación sobre DDHH e Incidencia Política con el objetivo de fortalecer las capacidades individuales y colectivas de estos grupos, el conocimiento pleno de sus derechos y el ejercicio de la ciudadanía activa por medio del diálogo pluralista e inclusivo.

Temas como la Introducción al estudio de los Derechos Humanos, Mecanismos de Defensa y Protección Nacionales e Interamericanas de Derechos Humanos, Derechos Humanos con enfoque a personas con discapacidad, Derechos Humanos con enfoque a Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y Derechos Humanos con enfoque a la comunidad LGTBI, formaron parte de la currícula impartida.

Fuente; http://www.ellibertador.hn/?q=article/gobierno-se-compromete-llevar-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-en-derechos-humanos-hasta-la-comunidad

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El rol del nuevo titular del CONADEH

Imagen de Marvin Palacios

Escrito por Marvin Palacios en Mié, 02/19/2014 – 12:38

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Frente a la virtual escogencia del nuevo comisionado o comisionada nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil ha comenzado a gestar espacios de análisis, discusión, debates y propuestas en torno a un cargo que debe recaer en una persona cuyo primordial compromiso sea la de promover y proteger los derechos humanos de la ciudadanía.
Cumpliendo con este cometido, el doctor Leo Valladares Lanza (primer comisionado nacional de los derechos humanos) a través de la organización que dignamente preside como es la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), reunió el jueves 13 de febrero de este año, a reconocidas y reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos del país.
Entre estos baluartes de la lucha por la vida, figuraron dos de las tres personas propuestas por la Coalición Contra la Impunidad, compuesta por más de 30 organizaciones de sociedad civil, para ocupar la titularidad del CONADEH, la abogada Reyna Rivera Joya, con amplia trayectoria en la defensoría del pueblo y el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez. Se suma a ellos el doctor Joaquín Mejía, otro destacado defensor de los derechos humanos de la ciudad de El Progreso, Yoro, quien se ha destacado por su trabajo desarrollado desde el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús.
Al encuentro se sumaron el Grupo de Sociedad Civil (GSC), presidido por Omar Rivera y la reconocida defensora de los derechos humanos, Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El encuentro denominado: “Rol del CONADEH en la promoción y defensa de los derechos humanos: Reflexiones previas ante la elección del nuevo comisionado o comisionada”, definió el perfil con que debe contar el “ombusman hondureño” (o defensor del pueblo), así como las funciones que está obligado a desempeñar para elevar la dignidad de la vida humana, de la cual en Honduras, no existe el menor respeto en los últimos años.
En su alocución la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda alabó la iniciativa para generar debate y opinión alrededor de un tema que en los últimos años ha estado reservado únicamente para la clase política. “Ha llegado el momento para que las organizaciones de sociedad civil hagan su parte, hagan su proceso de incidencia para que a esos espacios lleguen las personas más calificadas”, dijo Pineda.
Desde 1992 se instituyó la figura del despacho del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ya en 1994 el CONADEH se eleva a rango constitucional y en 1995 se aprueba su Ley Orgánica definiéndole un amplio mandato de acompañamiento y procuración para la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Después del golpe de Estado de 2009, que rompió el orden constitucional y defenestró al presidente Manuel Zelaya, se desató una brutal represión, persecución y criminalización de opositores al golpe y de dirigentes del movimiento social, que desembocó en el asesinato de más de un centenar de personas.
Ante ese crudo escenario de graves violaciones a los derechos humanos, el pueblo fue abandonado por el Estado, que constitucionalmente le corresponde tutelar los derechos humanos y hacer prevalecer el derecho a la vida, como el fin supremo de la sociedad. Aquí, el Estado de Honduras a través del CONADEH, le dio la espalda al pueblo reprimido, golpeado, acusado criminalmente y abandonado a su suerte ante la indefensión manifiesta del actual ombusman hondureño.
Los expertos en este tema dejaron claros sus planeamientos en el sentido que la discusión en el Congreso Nacional el próximo mes de marzo, para la elección del nuevo comisionado o comisionada de derechos humanos debe ser regida por un proceso transparente, profesional y público, sin injerencias políticas motivadas por acuerdos bajo la mesa, sino de cara a la sociedad hondureña que vive cada vez más sumida en un negro manto de impunidad como recientemente lo señaló un informe de Human Rights Watch, cuando apuntó “aquí no hay investigaciones”, en referencia al centenar de muertes violentas surgidas por el conflicto de tierras en el Bajo Aguán.
El próximo titular del CONADEH además de contar con amplios conocimientos de la doctrina de derechos humanos, deberá estar cercano al pueblo, con una política de puertas abiertas y, presto a las denuncias oportunas, sin olvidar que está obligado a preservar la memoria histórica de las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos del pasado y del presente.

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Discapacitados reclaman derechos

Sábado 15 de febrero de 2014

09:08 pm  – Redacción 

Según las estadísticas de las distintas organizaciones de la sociedad civil, en Honduras hay 800 mil personas que tienen algún grado de discapacidad y reciben atención de las ONG.

Los discapacitados no reciben transferencias del gobierno.

Los discapacitados no reciben transferencias del gobierno. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

Organizaciones privadas que trabajan con el sector de los discapacitados reclamaron ayer el pago de siete millones de lempiras que el gobierno debió transferirles en 2013 y no lo hizo.

La transferencia de recursos es un compromiso adquirido por el gobierno en vista que la oferta de servicios de rehabilitación y atención a las personas con discapacidad se genera desde las organizaciones no gubernamentales, dijo el coordinador de la sociedad civil, Omar Rivera.

Estas ONG cuentan con recursos de la cooperación internacional, pero también con el apoyo financiero que el Estado les ha venido otorgando, pero hasta la fecha hay una deuda de siete millones de lempiras correspondientes al año pasado y en lo que va de 2014 no ha transferido un tan solo cinco.

Rivera hizo un llamado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para que instruya a la Secretaría de Finanzas para que cancele los 7 millones de lempiras que se le deben a las ONG del sector discapacidad y que haga las transferencias de 2014.

Igualmente, solicitó que se restablezca la Dirección General de Personas con Discapacidad, que ahora forma parte de la Secretaría Sectorial de Inclusión Social, y que reintegre a todos los empleados que han caído despedidos por algún tipo de discapacidad.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Discapacitados-reclaman-derechos

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En discurso de Juan Orlando: Los problemas están planteados, las soluciones ausentes

Ene 31, 2014

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en un estadio nacional que lucía impecable con sus recién pintadas graderías y un escenario fabricado para la ocasión, asumió su mandato como presidente de Honduras para los próximos cuatro años, Juan Orlando Hernández.

“Yo, Juan Orlando Hernández voy a hacer lo que tenga que hacer para devolver la paz y la tranquilidad al país, dentro de la ley y con el apoyo del pueblo hondureño.” Con estas palabras inició su extenso discurso el nuevo presidente.

Aunque la fiesta estaba lista y preparada, a la misma acudieron representaciones de varios países con una notable ausencia de jefes de estados. Apenas acudieron cuatro presidentes latinoamericanos, y al estadio apenas ingresaron los activistas que fueron invitados a aplaudir a quien dice representar las mayorías de Honduras.

“Ninguno de los presidentes que tienen fronteras con Honduras asistieron a la toma de posesión, hubo un cierto grado de descortesía por parte de esos presidentes por lo que significaba este traspaso de presidencia pero tampoco se contó con el calor popular de un aforo de 30 mil personas en el estadio nacional, apenas un 40% se cubrió”, según Omar Rivera de grupo de Sociedad Civil.

Discurso

El discurso inaugural del presidente Juan Orlando Hernández es un discurso bastante extenso y llama mucho la atención porque toca los puntos torales de la inestabilidad social, política y económica que vive Honduras. Se refirió a las grandes demandas populares sobre salud, educación, seguridad y empleo.

“Es un discurso que reafirma las prioridades de su campaña electoral, las promesas que hizo, especialmente en términos de garantizar seguridad, paz y justicia para los hondureños, de garantizar empleo por la vía de las inversiones del sector privado nacional e internacional”, explicó Omar Rivera.

Las demandas planteadas por el nuevo presidente de Honduras fueron identificadas por el último sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, como los grandes fracasos del ex presidente Porfirio Lobo Sosa y como las principales demandas al nuevo gobierno.

Un gobierno con participación

“Hoy estoy aquí para ratificar esos compromisos. Para decirle a los hondureños, que hoy mismo empezamos a cumplir, que consultaré,  informaré al país un día sí y otro también sobre qué hacemos y cómo lo hacemos en beneficio del pueblo, de los trabajadores y campesinos, los que pertenecen a organizaciones y los que trabajan por su propia cuenta, en las ciudades y aldeas, y tierra adentro, en el interior profundo de Honduras,” dijo Juan Orlando en el escenario de su toma de posesión.

Pero algunos sectores aplican aquel viejo refrán que por “la víspera se conocerá la fiesta”. Y es que hasta ahora el Partido Nacional y en particular Juan Orlando Hernández ha dado muestras que lo que menos les interesa es consultar a la población sobre los grandes temas del país.

El analista político Efraín Díaz Arrivillaga, es de la idea de que si el anterior gobierno no tuvo voluntad de consultar al pueblo, nada diferente habrá en la continuidad que ha garantizado Juan Orlando Hernández.

“Consultaron aquello que les interesaba, consultaron en los espacios donde tenían mayor cantidad de apoyo popular, muchos de los espacios de consultas eran prefabricados, nunca hubo en el pasado gobierno espacios legítimos de participación, y lo que estamos viendo ahora con el llamado pacto por Honduras y las primeras decisiones que se han tomado en el Congreso Nacional, nos indica que nada va a cambiar.

Yo siempre digo que hay que buscar optimismos, pero creo que lo que hay que hacer es que la población, las organizaciones tengan un papel más activo, tienen que participar, ser vigilantes y evitar que haya un excesivo uso del poder”, afirmó.

Militarismo

El nuevo presidente enfrentará los altos niveles de inseguridad y violencia fortaleciendo la presencia militar. “En los próximos meses se reducirán más los homicidios y los actos de violencia, igualmente bajará la incidencia de la extorsión y la del tristemente famoso impuesto de guerra. Habrá mayor presencia de la policía nacional, y de la policía militar en las calles y en el transporte. Se reclutarán y capacitarán más efectivos para ambas fuerzas. Y el día de hoy entrará en operación la fuerza Tigres,” anunció Hernández.

Para Wilfredo Méndez del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, el mismo Juan Orlando se contradice cuando habla de responder al pueblo hondureño sobre el flagelo de la violencia.

“Se plantean contradicciones en materia de seguridad cuando hablan de fortalecer la policía militar y por otro lado hablan de estar interesados en el impulso de la seguridad ciudadana, lo que significa una contradicción porque la seguridad ciudadana tiene que ver con un enfoque integral, tiene que ver con el fortalecimiento de la policía y no con el fortalecimiento militar,” dijo Méndez.

Méndez también agregó que ellos deben de buscar una coherencia en el planteamiento discursivo que tienen porque desde allí hay niveles de confusión y en la práctica lo que se desarrollado es un fortalecimiento militar.

Para el director de Casa Alianza Honduras, José María Ruela, el esquema de militarizar la sociedad y la seguridad en el país no ha dado resultados ni en Honduras ni en otros países.

“Por el contrario seguiremos viendo, desafortunadamente, cómo los jóvenes, niños y niñas siguen pagando con su vida, con su sangre el precio de una estrategia mal montada porque estos gobiernos tratan el tema de la violencia y la seguridad más como un negocio que administran que como un problema a resolver”, dijo Ruela quien además ha venido denunciando los altos índices de violencia que arrebatan la vida de miles de niños y jóvenes en Honduras.

Hasta septiembre del año pasado, Casa Alianza documentaba que solo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa al menos unos 3.435 jóvenes menores de 23 años fueron asesinados en el país.

Narcotráfico y Crimen Organizado

El presidente Juan Orlando Hernández planteó el tema del narcotráfico como un foco generador de violencia, corrupción e impunidad al pasar por estas tierras el 80% de la droga que se consume en Estados Unidos.

“Pero uno se pregunta por dónde pasan si las calles están militarizadas, entonces uno también se pregunta al servicio de quién están las instituciones del país,” se quejó José María Ruela.

Hernández por su parte habló de la doble moral con la que Estados Unidos trata el tema de narcotráfico y en sus propias palabras dijo que ” nos parece un asunto de doble moral, que mientras nosotros ponemos los muertos y peleamos con escasos recursos propios, el tema de la droga para Norteamérica sea solo un tema de salud para su pueblo, mientras que para los hondureños y el resto de los hermanos centroamericanos es un asunto de vida o muerte”.

Más de lo mismo

Aunque es un nuevo presidente, para algunos sectores del país, los próximos cuatro años serán más de lo mismo ya que Juan Orlando Hernández tuvo la oportunidad de gobernar con el ex presidente Porfirio Lobo Sosa y no pudo hacer la diferencia de convertirse en un gobierno que responda a las necesidades y demandas populares.

“Estamos esperando nosotros que nos diga cómo va ser eso, porque tuvo la oportunidad en los últimos cuatros años haciendo cogobierno con Porfirio Lobo Sosa y muchos de los problemas que ahora dice que va a resolver no pudieron ser enfrentados de una forma exitosa,” dijo Omar Rivera del grupo Sociedad Civil.

Para el sociólogo Hermilo Soto, este  gobierno va a seguir con una gestión que va a beneficiar a los grupos históricamente privilegiados y al capital transnacional.

“Va seguir entregando nuestros recursos naturales y va a continuar con su política asistencialista de estar regalando bonos 10 mil que satisfacen necesidades inmediatas pero al final le baja el autoestima a la gente y limita sus capacidades creativas para que puedan resolver sus problemas de manera digna”, dijo.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/666-los-problemas-est%C3%A1n-planteados-las-soluciones-ausentes

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Sociedad Civil insta a nuevos diputados reconsiderar medidas de ajuste fiscal

Martes, 21 Enero 2014 23:41

Miembros de la Sociedad Civil aseguraron AYER que desconocían del paquete de medidas fiscales.

Miembros de la Sociedad Civil aseguraron AYER que desconocían del paquete de medidas fiscales.
Tegucigalpa, Honduras

Miembros de la Sociedad civil urgieron ayer a los nuevos diputados reivindicarse con los más pobres reconsiderando las medidas fiscales aprobadas por el anterior Congreso Nacional.

El pedido fue formulado en el marco de un foro denominado “Impacto Social y Económico de a Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión”.

El director del Grupo Sociedad Civil, Omar Rivera, hizo un llamado a las bancadas de los distintos partidos políticos para que revierta “el paquetazo”

“Nosotros creemos que si no quieren una tragedia social a lo que debemos abocarnos es a no colocar sobre las espaldas de los pobres esos paquetazos”, señaló Rivera.

Recordó que la defraudación fiscal ha perdido 22, 000 millones de lempiras y agregó que si no se combate la corrupción no se resolverá el problema presupuestario del país.

También aseguraron que la reciente declaración conjunta de intención de un pacto por Honduras, promovida por el presidente electo, Juan Orlando Hernández, no constituye un legítimo consenso porque no garantiza la amplia participación de todas las organizaciones de la Sociedad Civil

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/sociedad-civil-insta-a-nuevos-diputados-reconsiderar-medidas-de-ajuste-fiscal

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Sociedad Civil: Impugnarán la normativa

Jueves, 16 Enero 2014 23:29

El director del Grupo de Sociedad Civil, Omar Rivera, dijo que la ley da luz verde para que los funcionarios hagan y deshagan con el erario nacional.

El director del Grupo de Sociedad Civil, Omar Rivera, dijo que la ley da luz verde para que los funcionarios hagan y deshagan con el erario nacional.
Tegucigalpa, Honduras

La Ley de Información Secreta será sometida a recursos de inconstitucionalidad cuando sea publicada en el diario oficial La Gaceta y a acciones en instancias internacionales, aseguró ayer el director del Grupo de Sociedad Civil, Omar Rivera.

El Congreso Nacional aprobó esta normativa argumentando estar salvaguardando información de seguridad nacional.

“Es una ley que brinda todas las condiciones para que los funcionarios públicos hagan y deshagan con el erario nacional”, criticó.

Expuso que ellos desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil procederán ante los tribunales nacionales e instancias internacionales.

“Este es un abuso, pero también están creando las condiciones para que en estos cuatro años tengamos una gestión gubernamental sin frenos”, destacó.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/noticias/sociedad-civil-impugnaran-la-normativa?utm_source=nacionTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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