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Infographic: Abortion in Honduras

Fecha de publicación: 26-10-2015

 

 

Origen: http://derechosdelamujer.org/noticias/items/infographic-abortion-in-honduras.html

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La Verdad sobre el EPU: Mujeres evidencian al Estado de Honduras por retrocesos que las ponen en precario

Wednesday, 20 May 2015 04:33 Written by  Published in Contexto Read 8 times

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Las organizaciones de mujeres campesinas y feministas desnudaron la realidad que escondió el Estado de Honduras al presentar ante el Examen Periódico Universal, EPU, el 08 de mayo anterior,  supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres.

En conferencia de prensa las mujeres salieron al paso del discurso del actual gobierno que pregona respeto de los derechos humanos en el país con una calificación ficticia, pues los funcionarios estatales lo que no dijeron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es que aunque se obtuvieron 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres),no dijo que en ese período ocurrieron 2 mil 670 femicidios, o sea que solamente un pírrico siete por ciento de los crímenes obtuvieron sentencia.

 

Otro hecho que ocultó la delegación de gubernamental en Ginebra es el desmantelamiento de los mecanismos de la mujer; la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres; el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginación  con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

A continuación el comunicado distribuido en la conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, Honduras por la Plataforma 25 de Noviembre:

La Plataforma 25 de Noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres integrada por organizaciones campesinas y feministas ante la reciente presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Estado de Honduras en Ginebra, Suiza expresamos lo siguiente:

 

Que en la  segunda evaluación realizada el 8 de mayo del 2015, Honduras recibió un total de 152 recomendaciones relacionadas con diferentes temáticas de gran relevancia para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, en relación a los resultados de la primera evaluación se incrementaron en 23 recomendaciones, dado que en el primero periodo fueron emitidas 129. De las 152 recomendaciones 11 se refieren exclusivamente a respetar los derechos humanos de las mujeres.

 

Expresamos nuestro respeto por aquellos países miembros de la ONU que asumieron su responsabilidad mostrando sus preocupaciones y haciendo recomendaciones para el respeto a los derechos de las mujeres, a la vez reconocemos que esto no hubiera sido posible si la incidencia internacional realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres del país en articulación y alianzas con las diferentes expresiones del movimiento feminista en el ámbito internacional.

 

Expresamos nuestra inconformidad por el informe presentado por la delegación gubernamental al plantear supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres tales como: la Policía Militar del Orden Publico, función de la secretaria de Derechos humanos, reducir algunas secretarías al rango de direcciones como el caso del Instituto Nacional de Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos, militarización en el Aguán entre otras.

 

A las mismas no se les ha destinado un presupuesto tampoco se cuenta con la institucionalidad necesaria para su implementación, es por eso que aunque se tipificó el femicidio, estos crímenes de odio continúan, el gobierno de Honduras reportó 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres, pero no dijo que en ese período ocurrieron 2, 670 femicidios lo que implica que solo el siete por ciento (7%) de los crímenes obtuvieron sentencia.

 

Además no se ha  informado del desmantelamiento de los mecanismos de la mujer muestra clara de ello es la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginidad con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

 

Tal y como lo informó la delegación gubernamental, en efecto se abrió la unidad de investigación de muertes violentas en al Aguán (UMVIBA), pero no se dijo que 815 mujeres han sido criminalizadas en la lucha por el acceso a la tierra, siendo víctimas de desalojos violentos y , detenciones ilegales y asesinatos.

 

No se dijo que las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica y que al contrario su lucha ha sido criminalizada y que solo en el 2014 cuatro mujeres campesinas fueron asesinadas.

 

Aunque se han realizado esfuerzos desde las organizaciones campesinas para  elaborar y presentar proyectos de Ley como CREDIMUJER y la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género al Congreso Nacional, éstas se encuentran estancadas en la comisión de dictamen, lo que demuestra el desinterés y la falta de compromiso del gobierno para resolver la problemática agraria en Honduras.

 

Algunas de las recomendaciones emitidas por 60 países a favor de las mujeres están: adoptar nuevas medidas para la investigación efectiva; enjuiciamiento y castigo para los crímenes de odio contra las personas de LGTB y las mujeres; actuaciones efectivas en caso de violencia contra la mujer; implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de género 2010-2022 asignando recursos técnico y financieros para alcanzar los objetivos previstos entre otros.

 

Finalmente las organizaciones de la Plataforma 25 de Noviembre instaron al Estado de Honduras a aceptar e implementar todas las recomendaciones que los países del sistema de la Naciones Unidas emitieron para el avance concreto hacia los derechos humanos de las mujeres campesinas y feministas del país.

 

A continuación el comunicado distribuido en la conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, Honduras por la Plataforma 25 de Noviembre:

La Plataforma 25 de Noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres integrada por organizaciones campesinas y feministas ante la reciente presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Estado de Honduras en Ginebra, Suiza expresamos lo siguiente:

 

Que en la  segunda evaluación realizada el 8 de mayo del 2015, Honduras recibió un total de 152 recomendaciones relacionadas con diferentes temáticas de gran relevancia para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, en relación a los resultados de la primera evaluación se incrementaron en 23 recomendaciones, dado que en el primero periodo fueron emitidas 129. De las 152 recomendaciones 11 se refieren exclusivamente a respetar los derechos humanos de las mujeres.

 

Expresamos nuestro respeto por aquellos países miembros de la ONU que asumieron su responsabilidad mostrando sus preocupaciones y haciendo recomendaciones para el respeto a los derechos de las mujeres, a la vez reconocemos que esto no hubiera sido posible si la incidencia internacional realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres del país en articulación y alianzas con las diferentes expresiones del movimiento feminista en el ámbito internacional.

 

Expresamos nuestra inconformidad por el informe presentado por la delegación gubernamental al plantear supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres tales como: la Policía Militar del Orden Publico, función de la secretaria de Derechos humanos, reducir algunas secretarías al rango de direcciones como el caso del Instituto Nacional de Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos, militarización en el Aguán entre otras.

 

A las mismas no se les ha destinado un presupuesto tampoco se cuenta con la institucionalidad necesaria para su implementación, es por eso que aunque se tipificó el femicidio, estos crímenes de odio continúan, el gobierno de Honduras reportó 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres, pero no dijo que en ese período ocurrieron 2, 670 femicidios lo que implica que solo el siete por ciento (7%) de los crímenes obtuvieron sentencia.

Además no se ha  informado del desmantelamiento de los mecanismos de la mujer muestra clara de ello es la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginidad con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

 

Tal y como lo informó la delegación gubernamental, en efecto se abrió la unidad de investigación de muertes violentas en al Aguán (UMVIBA), pero no se dijo que 815 mujeres han sido criminalizadas en la lucha por el acceso a la tierra, siendo víctimas de desalojos violentos y , detenciones ilegales y asesinatos.

 

No se dijo que las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica y que al contrario su lucha ha sido criminalizada y que solo en el 2014 cuatro mujeres campesinas fueron asesinadas.

 

Aunque se han realizado esfuerzos desde las organizaciones campesinas para  elaborar y presentar proyectos de Ley como CREDIMUJER y la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género al Congreso Nacional, éstas se encuentran estancadas en la comisión de dictamen, lo que demuestra el desinterés y la falta de compromiso del gobierno para resolver la problemática agraria en Honduras.

 

Algunas de las recomendaciones emitidas por 60 países a favor de las mujeres están: adoptar nuevas medidas para la investigación efectiva; enjuiciamiento y castigo para los crímenes de odio contra las personas de LGTB y las mujeres; actuaciones efectivas en caso de violencia contra la mujer; implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de género 2010-2022 asignando recursos técnico y financieros para alcanzar los objetivos previstos entre otros.

 

Finalmente las organizaciones de la Plataforma 25 de Noviembre instaron al Estado de Honduras a aceptar e implementar todas las recomendaciones que los países del sistema de la Naciones Unidas emitieron para el avance concreto hacia los derechos humanos de las mujeres campesinas y feministas del país.

Fuente: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/802-la-verdad-sobre-el-epu-mujeres-evidencian-al-estado-de-honduras-por-retrocesos-que-las-ponen-en-precario

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Mujeres organizadas exigen más protección

Martes, 19 Mayo 2015 22:50

Las mujeres pidieron frenar la violencia contra ellas. Las mujeres pidieron frenar la violencia contra ellas.

TEGUCIGALPA- Representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres expresaron su inconformidad contra el Estado de Honduras, porque no expusieron ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Américas su compromiso por proteger a este sector de la sociedad.

En conferencia de prensa, Deysi Flores, de la organización JASS; Wendy Cruz, de Vía Campesina; Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer y Carolina Reyes, del Foro por la Vida-San Pedro Sula, expusieron sobre lo que no dijo Honduras ante el Examen Periódico Universal (EPU).

Las mujeres expresaron que el Estado no dijo  ante el Consejo que en los últimos años hubo 2, 670 asesinatos y parricidios de mujeres y que únicamente el siete por ciento obtuvo sentencia.
Exigieron mayores políticas que las protejan;  que no se cometan crímenes y que cumplan las recomendaciones hechas por el Consejo sobre violaciones a sus derechos.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/31743-mujeres-organizadas-exigen-mas-proteccion

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Vía decreto, mujeres hondureñas ganarán igual que los hombres

4 de Marzo de 2015

06:04PM  –   Redacción  

Según parlamentarios, tanto en el sector público como en el privado las mujeres no devengan el mismo salario que los hombres por pura discriminación.

Un decreto prohibirá las diferencias de salarios por razones de género en Honduras. (Foto: Archivo)
Un decreto prohibirá las diferencias de salarios por razones de género en Honduras. (Foto: Archivo)

TEGUCIGALPA, Honduras

Los diputados al Congreso Nacional iniciaron la discusión de un polémico decreto que prohíbe las diferencias de salarios por razones de género.

El proyecto de ley, que fue presentado por el diputado Antonio Rivera Callejas, fue dictaminado favorablemente por las Comisiones de Equidad de Género y el de la Familia, que introdujeron cambios a la propuesta.

En vista de que la iniciativa fue mejorada en su dictamen, el diputado Rivera Callejas retiró el proyecto a fin de que el pleno se limite a debatir y aprobar el dictamen.

“Mi propuesta es sencilla y busca prohibir las diferencias entre el hombre y la mujer que desempeñan el mismo trabajo”, señaló Rivera Callejas.

Agregó que la motivación de su propuesta se sustenta en que “hay en el sector público y privado discriminación por la mujer, ya que éstas no devengan el mismo salario que un hombre por pura discriminación”.

La propuesta contempla penas severas para el sector privado y público que no cumpla con la premisa de igualdad, enfatizó el proyectista.

Según algunos estudios citados por el parlamentario en América Latina, la mujer gana un 17 por ciento menos que los hombres en trabajos iguales.

El parlamentario añadió que tiene que ser por ley porque si no se deja en libertad al empresario o cualquier patrono y no se cumple.

Por tanto, para el 8 de marzo se pretende tener aprobada dicha legislatura.

Por su parte la diputada Doris Gutiérrez, dijo que ningún gobierno le ha regalado derechos a las mujeres, si no que estos se han ganado por la lucha de féminas valientes.

En cuanto a la propuesta del diputado Callejas dijo que se debe reconocer que es positiva.

Sin embargo lo que se debe buscar es que se respete las capacidades de la mujer porque sigue existiendo una gran dosis de machismo y discriminación y eso se puede ver desde los requisitos que piden para la contratación porque a las mujeres les piden buena presentación y que no pasen de 30 años y a los hombres les establecen otros requisitos.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/817136-331/v%C3%ADa-decreto-mujeres-hondure%C3%B1as-ganar%C3%A1n-igual-que-los-hombres

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La CSJ declara procedente la separación de bienes igualitaria en la separación matrimonial.

La iniciativa de ley busca brindar un porcentaje de 50 por ciento para ambas partes, para que ninguna quede sin derecho a la obtención de sus bienes respectivos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió como procedente el proyecto de ley que el diputado nacionalista, Mario Pérez, introdujo en el seno del Congreso Nacional (CN), el que se enfoca en reformar el Código de Familia en relación a la distribución equitativa de bienes en caso de realizarse una separación.

La iniciativa de ley busca brindar un porcentaje de 50 por ciento para ambos, para que ninguna de las partes involucradas quede sin derecho a la obtención de sus bienes respectivos.

El congresista dijo que la comisión de dictamen del Poder Legislativo ya emitió una resolución favorable.
“Este proyecto de ley acabará con la injusticia en donde las mujeres por mucho tiempo han sido las menos favorecidas, porque cuando se da una separación matrimonial los hombres se quedan con la mayoría de los bienes, que algunas veces es producto del trabajo de ambos y apenas cumplen con una pequeña alimentación a sus hijos” indicó Pérez.

La excepción que posee la reforma del Código de Familia será cuando se acuerde una separación previa de bienes, es decir, antes que se efectué el acto conyugal, de lo contrario en caso de terminar el matrimonio, el patrimonio familiar será repartido igualitariamente.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/la-csj-declara-procedente-la-separaci%C3%B3n-de-bienes-igualitaria-en-la-separaci%C3%B3n-matrimonial

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Honduras encabeza crímenes contra mujeres en Centro América

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En el marco de un debate centroamericano para evaluar el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las integrantes del Movimiento de Mujeres se reunieron en Tegucigalpa este 11 y 13 de diciembre.
Durante esta actividad, la secretaria de organización de la Unión Nacional de Mujeres Panameñas, Dalys Batista, indicó que la seguridad alimentaria, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres han sido temas prioritarios para el desarrollo de las mujeres centroamericanas desde la Conferencia de Beijín en 1995.
“Entonces nosotros nos hemos reunido para analizar los informes de nuestros países y hemos llegado a la conclusión que no sólo no se han logrado sino que no se crearon las condiciones para la transformación del modelo de exclusión y de desigualdad y por tanto son inviables los ODM”, describió.
A juicio de Batista, el análisis muestra el retroceso que tiene Honduras en condiciones de vida para las mujeres.
Aunque en general hay retraso en toda la región, la realidad en Honduras –con todo respeto- es trágica, este país encabeza las cifras de muerte contra mujeres en Centro América, según las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), advirtió.
Retroceso estructural de vida de las mujeres
“Estoy aterrada de todos los informes que he escuchado en este encuentro que efectivamente demuestran que ha habido un retroceso estructural en la vida de las mujeres hondureñas, se han revertido conquistas y se ha vuelto a un régimen fundamentalista en materia de visión de desarrollo”.
Describió que la enajenación que se está alcanzando por el aumento de la violencia en todas sus expresiones, el aumento de la violencia, la exclusión femenina en la toma de decisiones, la disminución de la participación política, es impresionante.
“Nos vamos preocupadas por la situación de las mujeres hondureñas”, alertó.
Según Batista, esto es más impresionante si se analiza el papel que han realizado las organizaciones de mujeres para sacar adelante el país, tal es el caso del Movimiento de Mujeres  Visitación Padilla, apuntó.
El análisis “El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y El Caribe, Informe Anual 2013-2014” revela que en otros países, como el Ecuador, Honduras y el Perú, se observa que las mujeres sin educación muestran mayor incidencia de violencia. En Honduras, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que habían enfrentado situaciones de violencia en los últimos  12 meses y solicitado ayuda a familiares o amigos ascendía al 29,3%, mientras que en El Salvador, el 65,5% había pedido ayuda.
Las organizaciones deberán presentar informes en la Conferencia Beijin+20 que se realizará en 2015 para visibilizar la situación de las mujeres.

Manifestaciones de violencia

• Impunidad
• Femicidios
• Insestos
• Retraso en derechos sexuales y reproductivos
• Sin educación
• Falta de presupuestos para dar oportunidad a las mujeres
“En derechos sexuales y reproductivos, Honduras está más atrasada que África”
Secretaria de organización de la Unión Nacional de Mujeres Panameñas, Dalys Batista.

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“Las Chonas”, 30 años de pedir igualdad para las mujeres hondureñas

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” celebró el cierre de sus 30 años de lucha en contra de la discriminación de la mujer hondureña.  La directiva del movimiento, popularmente conocido como “Las Chonas”, Merly Eguigur e, recordó este 2 de diciembre que durante tres décadas han luchado porque las mujeres sean respetadas en la sociedad hondureña.
En los 80’s protestaban contra la invasión de tres ejércitos extranjeros que entrenaban en Honduras, el de El Salvador, la contra de Nicaragua y el de Estados Unidos. Aunque no había guerra directa, Honduras fue un país que sirvió para entrenamiento de muchos ejércitos con las consecuencias que eso traía, la desaparición de ciudadanas y ciudadanos, muerte y tortura; ahora piden justicia social para que las hondureñas tengan dignidad y vida.
“Nuestra lucha está centrada en la erradicación de la violencia de la vida de las mujeres y en el derecho que tenemos a organizarnos”.  En los 80´s había persecución directa, ahora las mujeres sufren detenciones ilegales, acecho, vigilancia y persecución, describió Eguigure.
“Las Chonas” presentaron una galería histórica para recordar su proceso de transformación de comité de mujeres, con 10 integrantes, hasta convertirse en un movimiento que está en varias ciudades del país como Marcala, Comayagua, La Ceiba, Tegucigalpa, entre otros.
La exposición que presentaron Las Chonas para cerrar con la conmemoración de sus 30 años inicia con la imagen de un árbol con raíces, dibujado en la pared, frente a la entrada, con la leyenda: la única mujer que puede ser; es la que sabe que su vida comienza ahora, significa el despertar de la mujer porque el actual modelo ha educado a las mujeres para vivir como hombres, entonces cuando las mujeres empiezan a crecer y a identificarse como tales ahí es cuando viven, comentó Eguigure.

Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/%E2%80%9Clas-chonas%E2%80%9D-30-a%C3%B1os-de-pedir-igualdad-para-las-mujeres

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La prohibición del aborto es un acto de violencia contra las mujeres

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París. En todos los continentes, persisten las legislaciones represivas que criminalizan el aborto. Esto constituye una violencia contra las mujeres, denuncia la FIDH, previamente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Nicaragua, en El Salvador, en Chile y en la República Dominicana, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está totalmente prohibida. En Irlanda, Senegal, Costa de Marfil o Bangladesh sólo está permitido el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro. En Malta, la IVE es ilegal salvo en los casos de violación o anomalía en el feto. En Polonia la IVE está prohibida desde 1997, a excepción de los casos de violación, incesto, malformación del feto o peligro para la vida de la mujer. En España, gracias a una movilización masiva de los defensores del derecho al aborto, no se ha llevado a cabo una reforma similar. En otros muchos países como Marruecos, la IVE sólo se permite para « proteger la salud » de la mujer. Además, todas estas legislaciones conllevan restricciones en el procedimiento lo que, en la práctica, impide a las mujeres recurrir al aborto incluso en los casos previstos por la ley.

Karim Lahidji, presidente de la FIDH ha declarado que: “estas leyes son violentas e incluso, a veces, mortales. Además de regir el cuerpo de las mujeres, les empuja a practicar un aborto clandestino, lo que conlleva riesgos considerables para su salud y su vida. En las adolescentes, continuar con el embarazo provoca desastres tanto en su cuerpo como en su futuro”.

Además de afectar al derecho a la salud y a la vida de las mujeres, ya que limitan o inhabilitan su derecho a decidir sobre su cuerpo, la mayoría de los países han decidido imponer sanciones penales a las mujeres que recurran a este tipo de intervenciones y al personal sanitario que las practique. Por ello, en todos los continentes hay mujeres y médicos pudriéndose en la cárcel, condenados por aborto clandestino. En Senegal, las mujeres que recurren al aborto se exponen a 2 años de prisión. Según las cifras oficiales, durante los seis primeros meses del año 2013, cuarenta mujeres han estado en prisión provisional por haber practicado una IVE.

En Nicaragua, la IVE conlleva una pena de prisión de hasta 8 años. En Irlanda, las mujeres se exponen a una pena de 14 años de prisión. En El Salvador, a veces tras un aborto involuntario, las mujeres son condenadas por homicidio y cumplen penas que duran décadas.

Según Khadija Cherif, coordinadora del Grupo de Acción para los Derechos de las Mujeres de la FIDH, “las sanciones penales impuestas en caso de aborto clandestino acentúan la victimización de estas mujeres que se encuentran en situaciones intolerables. En conformidad con las exigencias de las Naciones Unidas, estas leyes insensatas deben ser inmediatamente derogadas”.

La FIDH está igualmente preocupada por el creciente número de estados en los Estados Unidos de América, que están adoptando leyes que restringen el acceso al aborto legal y seguro.

La FIDH está preocupada por la persistencia de la política de ayuda al desarrollo de los Estados Unidos que incita la prohibición del aborto. De hecho, la enmienda Helms de la ley de Asistencia Exterior (Foreign Assistance Act) prohíbe destinar los fondos de financiación para casos de interrupción voluntaria del embarazo como método de planificación familiar. En la práctica, dicho texto se interpreta como una prohibición absoluta del uso de dichos fondos para la realización de cualquier aborto.

A principios de noviembre, la FIDH realizó una encuesta en Senegal sobre los derechos sexuales y reproductivos, cuyos resultados se publicarán con motivo de la  XV Cumbre de la Francofonía, que tendrá lugar en Dakar.

El 25 de noviembre marca el inicio de 16 días de activismo contra la violencia ejercida hacia las mujeres. La FIDH dará el último de estos días, el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, un seminario regional que se desarrollará en Túnez sobre buenas prácticas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Esta actividad se realizará en el marco de la elaboración de parte de las autoridades tunecinas de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3329:la-prohibicion-del-aborto-es-un-acto-de-violencia-contra-las-mujeres&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Durante 12 años: Honduras rehúye ratificar el protocolo facultativo de Cedaw

jueves, 20 de noviembre de 2014

El Protocolo Facultativo de la CEDAW, que da acceso a mayor justicia, es lo que se ha negado a firmar y a ratificar Honduras.
 Escrito por Redacción |

Secciones: Mujeres
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).– “Asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades”, el primer artículo del Protocolo Facultativo  de la Cedaw, un instrumento de la Convención, que permite reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar las denuncias de particulares.
 Esta es la normativa a la que Honduras ha rehuido ratificar durante doce años, pese a que desde el 2005 hasta el 2013, la muerte violenta de mujeres en Honduras aumento en un 263.4%, pasando de 2.7 en el año 2005 a 14.6 en el 2013; una cifra mayor que las tasas totales de homicidios de países que actualmente están oficialmente en guerra o conflicto armado.
De acuerdo con la Unidad de Género del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde el 2005 hasta el 2012, la Muerte Violenta de Mujeres mantiene una tendencia creciente; que pasó de 175 muertes a 606 muertes de mujeres para el 2012, lo que representa un aumento de 246.3% en los últimos ocho años. Es necesario señalar que en el año 2012, mueren asesinadas mensualmente un promedio de 51 mujeres y una cada 14 horas con 30 segundos.
¿Por qué el retraso?

Regina Fonseca, defensora de los derechos de las mujeres en Honduras.

De acuerdo con Regina Fonseca del Centro de Derechos de la Mujer (CDM) “llevamos 12 años no esperando sino haciendo cosas para que el gobierno ratifique el protocolo facultativo de la Cedaw, un instrumento que nos permite que se realicen esas visitas para que vengan a conocer que ocurre con los derechos humanos de las mujeres”.

“En estos doce años observamos una falta de voluntad política de las autoridades y la mano invisible de los grupos fundamentalistas que han obstaculizado durante este tiempo la ratificación”, lamentó.
A su criterio “esta mano invisible son los grupos antiderechos, que se han opuesto históricamente a cualquier derecho humano de las mujeres, lamentablemente muchas veces representados por las altas jerarquías eclesiásticas, de cualquier denominación. Esa mano invisible ha estado presente como un poder fáctico como una cara que nosotras no vemos pero que está ahí”.
“Ellos dicen que avanzar en los derechos humanos de las mujeres atenta contra que las mujeres efectivamente busquen sus espacios, como que trabajen, o el hecho que las mujeres decidan cuantos hijos tener y cuanto tenerlos, pues atenta contra la voluntad Divina quizás por no tener todos los hijos que Dios nos mande, el hecho de que las mujeres demandemos la igualdad de derechos es para ellos como atentar contra la preminencia del hombre y el paradigma del humano que es masculino, en ese sentido estos grupos conservadores se constituyen en antiderechos de la mujer y resumen el papel tradicional como la que reproduce la sociedad en el espacio doméstico, sin ninguna otra oportunidad y que para mantener ese ámbito hay que soportar violencia o discriminación”, explicó Fonseca.
Por otro lado, estudios realizados en Honduras, por cada 6,651 lempiras de salario que devengaba un hombre durante el 2011 en Honduras, una mujer percibía 5,866 lempiras, lo que refiere que las mujeres devengan un salario 17% menor que el de los hombres en Honduras. La información, que fue brindada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica además que la tasa de participación a nivel nacional en el mercado laboral es de 51.9 %. Esta relación es mucho más alta en los hombres que en las mujeres, siendo de 70.4 y 34.9% respectivamente.
Beneficios de ratificar el  Protocolo
El Protocolo Facultativo fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1999 y entró en vigencia el 22 de diciembre de 2000, luego de recibirse la décima ratificación. Hasta la fecha Honduras no lo ha ratificado.
Ratificar el protocolo internacional que establece un mecanismo de exigibilidad, que permite a las mujeres a buscar justicia más allá de las fronteras, de forma individual o colectiva, cuando se cierran los espacios o se desconocen los derechos de las mujeres en los estados partes.

Alda Facio,  Relatora especial sobre la 
Violencia contra la Mujer de la ONU.

Este mecanismo de protección y de justicia extrarregional podría ser la razón principal, que impide la firma y la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW por parte del gobierno. Honduras es miembro pleno de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), un instrumento internacional que solamente siete países en el mundo no han ratificado: Irán, Estados Unidos de Norteamérica, Sudán, Somalia, Palaos, Nauru y Tonga. El resto de los países del mundo, 186, son estados parte de la CEDAW.

Para la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU, Alda Facio, “no se sabe exactamente por qué no se ha ratificado el Protocolo Facultativo, pues las mujeres cuyos derechos han sido violados pueden denunciar esa violación al Comité de Cedaw y si se este encuentra que si hubo una violación se hacen recomendaciones al Estado, que le ayudarán mucho pues es el camino para solventar esa problemática, por ejemplo con la alta tasa de femicidios en el país”.
Según datos de la Fiscalía de la Mujer cada año se registran aproximadamente 16,000 denuncias de violencia contra las mujeres, cifra que debería ser una señal de alerta de la alta incidencia de la problemática en la vida de las mujeres.
“El país necesita de apoyo internacional para acabar con este flagelo y el Protocolo Facultativo le permitiría buscar mayor ayuda internacional”, señaló Facio.
En diciembre de 1999 surgió el Protocolo Facultativo, un instrumento internacional que sin crear nuevos derechos a los establecidos en la CEDAW, establece un mecanismo de exigibilidad. ¿Qué significa esto?, son unos instrumentos que permiten por ejemplo a las mujeres presentar casos, quejas, denuncias, ya sea de forma individual o colectiva, a través de procedimientos de comunicación, ante el Comité como se les llama. Eso, cuando no se encuentra justicia en su país.
Procedimiento para su ratificación
La escritora y jurista internacional sostuvo una serie de reuniones con diferentes legisladoras hondureñas con quienes –según informó- “hay disponibilidad de por lo menos darle el visto bueno al Protocolo”.
Sin embargo, es la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene que enviarlo al Congreso Nacional, pues sino se envía el CN no puede ratificarlo, indicó.
“Lo que no entendemos es porqué en todos estos años no se ha enviado, pues la mayoría de los países de Centroamérica ya lo han hecho e inclusive quienes ya lo han hecho han demostrado que no es necesario enviar quejas sobre su incumplimiento, sino que se ha podido comprobar que las condiciones en los países mejoran, porque primero se tiene que agotar la vía interna y si no se resuelve el problema se va a la vía internacional, en este caso al Comité de la Cedaw”, concluyó.


Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm

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Alcalde de Tocoa revierte decisión de despojar del terreno donado a Casa Luna

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• Alcalde municipal de Tocoa se comprometió a cancelar acuerdo y a darle a Casa Luna documentos de la propiedad.
Tocoa, Colón (Conexihon).- A poco más de una semana de conocida la intensión de despojar de parte del terreno donado a la organización defensora de los derechos de las mujeres, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, anunció que revertirá su determinación.
Para la Junta Directiva de la Asociación Casa Luna la abrupta decisión era “un atropello no solo contra la asociación Casa Luna sino también contra todas las mujeres del municipio de Tocoa y el departamento de Colón, ya que esta asociación tiene como objetivo la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en esta región del país, este posicionamiento fue conocido por las autoridades del país  y diferentes Instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos tanto nacionales e internacionales”.
El conflicto sobreviene luego de que la corporación municipal actual en sesión ordinaria realizada el 1 de agosto del año 2014 acordó “instruir a la Comisión de Tierra para que se encargue de hacer las escrituras de Casa Luna en calidad de usufructo y la escritura de la Dirección Distrital se hace en calidad de donación a nombre de la Secretaria de Educación y la Comisión de Educación solicitara por escrito la solicitud del predio para la construcción de la Dirección Distrital de Educación”.

La determinación obvió la sesión ordinaria realizada el 15 de noviembre del año 2002, cuando se acordó donar un solar a la Asociación Casa Lana para la construcción de sus oficinas, este acuerdo dice textualmente: “Donar un solar para la construcción de Casa Luna en la Lotificadora Norteña, previo la revisión de otros solares donados en el predio que por ley le pertenecen a la municipalidad en la Lotificadora Norteña, medidas, colindancias y condiciones serán especificadas en el documento que se le otorgue”.
En busca de una solución
Según se informó el día sábado 4 de octubre el alcalde municipal Adán Fúnez Martínez, la vicealcaldesa Vilma Dubon acompañados de los regidores del Partido Libertad y Refundación, Marcos Madariaga y Danira Meléndez, Reina Sánchez, llegaron a las instalaciones de Casa Luna y se reunieron con varias líderes comunitarias de la organización.
En comunicación con Conexihon, la presidenta de la Junta Directiva de Casa Luna, Ericelda Guardado y la vicepresidenta, Glenda Ramos, indicaron que en dicha reunión se expuso a los miembros de la corporación municipal los objetivos y acciones en los que trabajan, al igual que sus planes y proyectos.
“Aprovechamos la ocasión que aprovecharon para entregarle a el alcalde el perfil de la Casa Refugio que se quiere construir en el área que por ahora no está siendo utilizada”, indicaron.
En esta reunión también participaron los representantes de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralización (SDHJGD), Kenia Irías y Roberto López, quienes  conocieron la problemática y fueron testigos del compromiso hecho por el alcalde municipal y los regidores presentes en la reunión.
El alcalde municipal, después de escuchar la exposición de las dirigentes, manifestó que el objetivo de asistir a esta reunión no es seguir con la confrontación, sino buscarle una solución a la problemática que ocasionó el acuerdo tomado por esta corporación y se comprometió a convocar a una reunión de corporación.
“En los próximos días abordaremos nuevamente el tema de Casa Luna y pediré la anulación del acuerdo tomado en la reunión anterior y que se le entregue las escrituras de la propiedad, donde están ubicadas las oficinas de Casa Luna”, sostuvo el edil de Tocoa al tiempo que se comprometió a incluir en el presupuesto del año 2015 una partida para la construcción de la Casa Refugio proyecto del que ya se tiene elabora el perfil elaborado.
La Asociación Casa Luna, trabaja desde el 2000 en Tocoa, Colón, “con mujeres rurales y de bajos ingresos para fortalecer la comprensión de sus derechos y enseñarles a defender esos derechos en varios frentes”.
Igualmente, la organización ofrece apoyo legal a las sobrevivientes de la violencia doméstica, que acompañan a las mujeres a los tribunales y les asisten en todo el proceso legal. El grupo también ayuda a reubicar las mujeres y sus hijos a casas de seguridad cuando sus situaciones se vuelvan demasiado peligrosas para que permanezcan en sus casas.
Además de estas actividades, Asociación Casa Luna produce programas de radio sobre la violencia doméstica y los derechos de las mujeres, ofrece servicios psicológicos a las mujeres, y acoge numerosas actividades que celebran las mujeres incluyendo Honduras Día de la Mujer, la No Violencia Semana y el Día Internacional de la Mujer, entre otros.


Opiniones

Elicelda Guardado
Presidenta junta directiva Asociación Casa Luna
“Gracias a Dios hoy el señor alcalde y los regidores que pertenecen a su partido se comprometieron a concertar con los regidores de los otros partidos para realizar una nueva reunión de corporación donde nos invitaran a nosotros para retomar el tema con el objetivo de anular el acurdo anterior y para luego entregarnos la escritura del predio”.
“Esperamos que el compromiso verbal se cumpla, creo que esta es una oportunidad tanto para nosotros como para los miembros de la corporación municipal, ya que a través de esta situación podemos acercarnos y avanzar en muchos proyectos que tiene entre sus objetivos la asociación Casa Luna”.
Adán Fúnez Martínez, 
Alcalde Municipal de Tocoa
“Creemos que la confrontación no ayuda a la imagen del país y tampoco de nuestra región por eso hoy hemos venido a esta reunión y la decisión es regresar al acta del mes de noviembre del año 2002, para luego iniciar con un verdadero dialogo con las compañeras de Casa Luna y buscarle una solución a la problemática”.
“Sé que lo podemos lograr vamos a hablar con los regidores que hoy no estuvieron presentes en esta reunión para realizar una reunión que nos permita no solo entregarle la escritura de este predio a las mujeres de casa luna y luego veremos a donde se encuentra una área para la construcción de las instalaciones de la dirección distrital de educación del municipio de Tocoa”.
Kenia Arias,
Representante de la  SDHJGD
“Nos vamos muy contentos en primer lugar al ver la voluntad política del Alcalde, en querer encontrar una oportunidad frente al planteamiento y el derecho que corresponde a las compañeras de casa luna reconociendo que el trabajo de las mujeres de casa luna es muy importante”.

“Hoy el alcalde se comprometió a invitar a las compañera a una reunión de corporación para retomar el tema y hacer entrega de la escritura a las compañeras para que la asociación siga funcionando con toda normalidad, estaremos pendientes de que el compromiso echo este día se cumpla para bien de todas y todos”.

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En apoyo a PAE: festival “en mi cuerpo decido yo”

Sábado, 04 Octubre 2014 23:22

En apoyo a las PAE activistas feministas realizaron el primer Festival “en mi cuerpo decidió yo”.  En apoyo a las PAE activistas feministas realizaron el primer Festival “en mi cuerpo decidió yo”.

TEGUCIGALPA.- La fuerza y la esperanza llenaron una vez más los espacios de la historia en Honduras. Corrientes de lucha se deslizaban por el aire. La tarde caía y el sol con ella, siguen siendo el preámbulo de la jornada que defina la libertad como derecho o la coerción como estatus.

Bajo ese escenario, se realizó en el centro de la capital, el Primer festival  por el derecho a decidir que se llamó “En mi cuerpo, en mi vida, decido YO” y que tuvo como esencia el apoyo vehemente por la legalización de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE).

El evento convocado a vasto esfuerzo, fue en consecuencia y organización del grupo estratégico para la legalización de las PAE  donde confluyen el Centro de Derechos de Mujeres (CDM); GoJoven Honduras; Médicos Sin Fronteras; Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla; Grupo Sociedad Civil;Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.

La jornada se ocupó de transferir información a la ciudadanía sobre el acceso a la educación integral en sexualidad y afectividad; acceso a la información relacionada la sexualidad y reproducción, así como la necesidad de políticas públicas en pro de la mujer hondureña.

APOYO
El grupo de mujeres que llevaron a cabo este importante festival, erigieron a voz de lucha,  ante quienes pretenden ignorarlo, su convicción e irrestricto apoyo al proyecto de ley –para permitir de nuevo el uso de las PAE- presentado por el diputado por el Partido Nacional, Ramón Leva Bulnes.

De manera enfática, las feministas acuerpadas por otras organizaciones explicaron a través de la música y el arte, que la PAE como cualquier otro mecanismo de planificación familiar, solo impide la unión de un óvulo con un espermatozoide.

Es decir, carece de la capacidad de interrumpir un embarazo ya implantado, por lo cual argumentaron las organizaciones, que debe relacionarse con consecuencias de salud o efectos secundarios, ya que este es únicamente un método de emergencia que puede utilizarse en la ausencia o falla de algún otro método de planificación familiar de uso regular.

INVESTIGACIONES
Según estudios del CEM en 2014, dicha prohibición ha impactado considerablemente en la salud de la población, sobretodo en la vida de las mujeres.

A juicio de las defensoras de derechos esta realidad es visible en los altos números de embarazo en adolescentes generando deserción escolar, el abandono por parte de la familia o la pareja, y las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva un embarazo no deseado o no planificado.

En tal sentido, el grupo estratégico para la legalización de las PAE, bajo su esquema de arte popular expresada en el escenario del parque central, aseguró que “reconocemos la necesidad de un compromiso real del Estado para asegurar el acceso a la educación integral en sexualidad.

Por lo cual refirieron que mantener la prohibición del medicamento, acorrala a la mujer a la búsqueda de alternativas clandestinas y de alto riesgo para interrumpir un embarazo;  así como todas las consecuencias sociales y de salud mental que conllevan tener un embarazo que pudo haber sido prevenido antes de la fecundación.

El 02 de abril de 2009 mediante decreto No. 54-2009, el Congreso Nacional resolvió prohibir la promoción, uso, venta y compra, así como su distribución pagada o gratuita y cualquier programa vinculado con las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia.

EL DATO
El Presidente Manuel Zelaya envió un veto presidencial el 15 de mayo de 2009 al Congreso Nacional objetando la violación de los derechos y declaraciones contenidos en los artículos 18, 60, 68, 76, 77, 112 y 145 de la Constitución de la República. (250 C).

PROHIBICIÓN
El acuerdo ministerial 2744 dice: “Prohibir la promoción, el uso, venta, compra relacionada con la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE)”.

FESTIVAL F2

Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/3721-en-apoyo-a-pae-festival-%E2%80%9Cen-mi-cuerpo-decido-yo%E2%80%9D

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Honduras avanza en equidad de género

23 de Septiembre de 2014

10:48PM  –  Faustino Ordóñez  

Toca a los partidos políticos abrir espacios para las próximas elecciones y a las mujeres aprovecharlos.

En el seminario internacional se está evaluando el papel de la mujer en la política.
En el seminario internacional se está evaluando el papel de la mujer en la política.

Tegucigalpa, Honduras

Las mujeres hondureñas tienen que aprovechar la histórica coyuntura que se les presentará en las próximas elecciones porque tendrán derecho a una cuota de participación del 50 por ciento, según analistas que participan en un seminario internacional.

Con la presencia de expositoras de México, Holanda, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Argentina se desarrolla en la capital el seminario internacional “un camino por recorrer: equidad e igualdad política de las mujeres”.

En las diferentes exposiciones se ahondó sobre los progresos que ha tenido la participación de la mujer en la política, siendo el de Honduras uno de los más relevantes.

El Congreso Nacional aprobó el año pasado una cuota de participación de un 40 por ciento para las elecciones de 2013 y de un 50 por ciento para las de 2017.

Mariela Peña Pinto, diputada ante la Asamblea Legislativa de El Salvador, destacó la importancia de la presencia de la mujer en los partidos políticos. “Somos el 52 y 53 por ciento de todos los países centroamericanos, tenemos que empoderarnos como mujeres, tenemos la capacidad, la honestidad y la transparencia para accesar (acceder) a cualquier puesto político”, dijo.

Abriendo espacios

Por su parte, Heleen Schroyen, directora para América Latina del Instituto Holandés para la Democracia Partidaria, dijo que lo se busca no necesariamente es un número determinado de mujeres en la política, sino que ocupen posiciones relevantes como en el ministerio de Defensa, Finanzas, Economía.

En Honduras “se están abriendo espacios y sería bueno que las mujeres aprovechen”, destacó. “Honduras ha tenido muchísimo avance con la ley de cuotas, pero solo con la ley de cuotas no hace que la realidad cambie. Si la legislación no va mano a mano con la educación, que muestre la importancia de la equidad, podremos tener una ley de cuotas, pero la gente no vota por las mujeres”, añadió.

Para Isabel Torres García, representante del Centro de Estudios en Derechos, con sede en Costa Rica, afirmó que “la participación de las mujeres en la política es fundamental porque estamos hablando de la mitad de la sociedad”.

“Es fundamental que los partidos políticos tomen el papel importante de seleccionar a las candidatas y las mujeres tienen que estar en disposición de llegar a contender por un puesto público. Es muy importante el liderazgo, la preparación política, la formación política y democrática”, añadió.

Por su parte, la hondureña Guadalupe Jerezano, exdesignada presidencial, dijo que los partidos políticos tienen por delante toda una responsabilidad con las mujeres. “Hay que comenzar a hacer todo un trabajo para todas las mujeres jóvenes, para los relevos generacionales que quieran participar en política”, dijo.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/750822-331/honduras-avanza-en-equidad-de-g%C3%A9nero

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Organismos internacionales exigen garantías para derechos de mujeres y niñas en Centroamérica

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Del 12 al 15 de agosto de 2014, tuvo lugar el 152º periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México. La Comisión decidió convocar por iniciativa propia a representantes de la sociedad civil y de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Guatemala y Nicaragua.

La CIDH busca conocer preocupaciones particulares, avances y obstáculos que enfrentan en materia de derechos humanos. Dos temas recurrentes en las sesiones fueron los derechos de las mujeres, las agresiones a personas defensoras y la grave situación de la niñez migrante.

En la audiencia sobre Honduras, JASS Mesoamérica integró la delegación  de organizaciones civiles conformada para abordar la situación de la violencia contra las mujeres junto con el Foro de Mujeres por la Vida, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, CLADEM-Honduras y CEJIL.

La delegación  denunció que tan solo en 2013 fueron asesinadas 636 mujeres, con una tasa de impunidad en casos de violencia sexual y asesinatos de mujeres de 95%; a pesar de ya existe la figura penal del “femicidio” solo hay registro de 5 casos. Además denunció que desde el golpe de Estado la anticoncepción de emergencia fue prohibida, y que no existe el derecho al aborto en el país.

En la audiencia de Guatemala, en cuya delegación de organizaciones de la sociedad civil participaron nuestras aliadas de UDEFEGUA, se denunció que entre enero y julio de 2014 se produjeron 691 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo el uso de la fuerza en protestas sociales pacíficas y contra comunidades indígenas y campesinas. También se habló de la militarización de las instituciones democráticas, la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de multinacionales y los abusos y hostigamiento a las comunidades indígenas y LGBTI.

En la audiencia de El Salvador, en la que participaron representantes de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, se trató el tema de la violencia y los crímenes de odio contra la población LGBTI, de la preocupante situación migratoria de los niños y niñas  salvadoreñas, y de la criminalización absoluta del derecho al aborto.

En el marco de este 152º Periodo de Sesiones, JASS Mesoamérica, en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, incluida la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y CEJIL, coordinó el conversatorio regional “Defensoras de Derechos Humanos: retos para su protección efectiva en la región mesoamericana”, celebrado el 15 de agosto. Más información sobre el conversatorio está disponible gracias al ISHR y la Embajada de Noruega.

Finalmente, el martes 19 de agosto, JASS Mesoamericana organizó el Foro “Violencia contra las Mujeres en México: Retos y Pendientes para Cumplir con las Obligaciones Internacionales en la Materia”, en el marco del cual también se conmemoraron los 20 años de la Convención de Belém do Pará. Este foro contó con la presencia de la comisionada Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora sobre derechos de las Mujeres./ Fuente:  Asociadas por lo Justo (JASS).

Participantes

Foro de Mujeres por la Vida, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo (JASS), CLADEM-Honduras / Fundación San Alonso Rodríguez y Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) / Asociaciones LGBT Arcoiris de Honduras y el grupo de mujeres lesbianas y bisexuales y personas trans /Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Radio Progreso (ERIC-RP), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-mujeres/organismos-internacionales-exigen-garant%C3%ADas-para

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Sin opciones más que el aborto inseguro, muchas víctimas de violación en Honduras-Médicos Sin Fronteras

Fecha de publicación: 11-09-2014

MSF, hace esfuerzos para que el gobierno conservador derogue la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia y así las sobrevivientes a una violación no sean forzadas al riesgo de un aborto inseguro

 

BOGOTA (Thomson Reuters Foundation) – Mientras Aurelia caminaba temprano  una mañana hacia el trabajo en Tegucigalpa, capital de Honduras, un conductor sosteniendo una pistola le dijo que entrara en su carro.

 

“Me dijo: entra o te disparo. Uno de los hombres iba atrás y a mí me hicieron sentarme enfrente.  Me amarraron las manos,  me taparon la boca y me dijeron que no gritara o me matarían.” Dijo Aurelia a los doctores de la Organización Médicos Sin Fronteras, después de haber sido violada a punta de pistola.

 

Los doctores le dieron tratamiento y consejería pero como muchas sobrevivientes de violación, se enfrentó luego a un embarazo no deseado- una peligrosa y difícil situación en un país donde el aborto está penalizado, la pastilla anticonceptiva de emergencia ha sido prohibida desde 2009, y el aborto clandestino es la única salida para algunas de las muchas víctimas de violación.

 

“Una de las consecuencias de la prohibición total de la pastilla anticonceptiva de emergencia, es que las víctimas de violación pueden recurrir a abortos inseguros e ilegales, lo cual pone a las pacientes en riesgo” Dijo a Thomson Reuters Foundation,  Bertrand Rossier Jefe de Misión de Médicos Sin Fronteras  en Honduras, en una entrevista telefónica desde la capital Tegucigalpa.

 

“…nuestro equipo tiene que lidiar con pacientes que han sufrido violencia incidental, quienes después tienen que enfrentar un embarazo no planeado. Esto claramente tiene consecuencias psicológicas  para las víctimas”, dijo Rossier.  Honduras es el único país de América Latina donde la anticoncepción de emergencia  es prohibida, ha dicho.

 

MSF, hace esfuerzos para que el gobierno conservador derogue la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia y así las sobrevivientes a una violación no sean forzadas al riesgo de un aborto inseguro.

 

“En marzo, un diputado propuso un  cambio en la legislación que prohíbe la anticoncepción de emergencia. Para MSF, ésta es una oportunidad que estamos tratando de usar para hacer visibles las consecuencias de la prohibición”, dijo Rossier.

 

La mayoría de las víctimas de violencia sexual en Honduras son niñas, de 2832 investigaciones por  violación  emprendidas por el Ministerio Público  en 2013, la mayoría involucraba niñas entre 10-14 años ha dicho MSF. Ésta es probablemente la punta del iceberg, solo una pequeña proporción de las violaciones son denunciadas a la policíadebido a la represión y el  estigma asociado con la violación,”  agregó.

 

En el mundo, la muerte por abortos inseguros se estima en 47,000 mujeres al año, y  la tasa de  muertes por complicaciones derivadas  de abortos inseguros es de casi el 13% de todas las muertes maternas, ha dicho la Organización Mundial de la Salud OMS.

 

Honduras es uno de los siete países de América Latina que penaliza el aborto sin excepción, en una región donde el 95% de todos los abortos son considerados inseguros,  de acuerdo a la OMS.

 

 

Sin Protocolo para Sobrevivientes de Violación

 

Como muchos en América Latina, Honduras  es predominantemente  Católica Romana.  La influencia de la Iglesia Católica, junto a los grupos evangélicos y legisladores conservadores, sostienen que el aborto violenta los derechos del  no nacido, quién debe ser protegido por la ley a toda costa.

 

En la cúspide de la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia y el aborto,  las sobrevivientes de violación en Honduras reciben una pobre atención médica, en un país donde  los insuficientes  hospitales públicos tienen dificultades para hacer frente a las víctimas de la violencia por  las pandillas de drogas,  en uno de los países más peligrosos del mundo.

 

“Honduras es uno de los pocos países en América Latina que no tiene normas y protocolos que definan cómo deben ser tratadas y atendidas las víctimas de violencia sexual. Para MSF, esa es una emergencia”, dijo Rossier.

 

“Estamos pidiendo al gobierno que proteja las víctimas….poniendo en orden protocolos para víctimas de violencia sexual”, ha dicho, agregando que MSF es parte del comité de trabajo del Ministerio de Salud, que elabora los lineamientos nacionales para el tratamiento de víctimas de violación.

 

MSF junto al Ministerio de Salud, han dispuesto servicios de atención prioritaria en 2011 en algunos sitios de Tegucigalpa que ofrecen consejería y tratamiento de emergencia para prevenir la infección de VIH dentro de las 72 horas consecuentes a un asalto sexual, así como la protección contra otras infecciones de transmisión sexual.

 

Pero elevar la preocupación al máximo nivel sobre la violencia sexual  contra las mujeres en Honduras es todavía un desafío, en parte por los altos niveles de violencia generalizada.  En la capital, Tegucigalpa, ocurre un asesinato cada 74 minutos, Honduras tiene las más altas tasas de asesinato en el mundo.

 

“Parte del problema es que la violencia sexual es un problema invisible en Honduras y porque al no existir protocolos sobre cómo tratar a las víctimas de violencia sexual, no hay datos  reales en el asunto “, dijo Rossier.

 

“Los altos niveles de violación en Honduras están ciertamente  relacionados con los altos niveles de violencia en general. MSF en Honduras está también respondiendo a las consecuencias de diferentes tipos de violencia, incluyendo la provisión de apoyo psicológico a víctimas de extorsión o secuestro”, dijo.

 

 

Traducción libre por el Centro de Derechos de Mujeres

Fuente original: http://www.trust.org/item/20140909174405-khgtc/?source=jtOtherNews1

Fuente: http://derechosdelamujer.org/noticias/items/aborto-inseguro-honduras-MSF.html

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Médicos Sin Fronteras pide a Honduras legalizar la píldora del día siguiente


  • Viernes, 29 Agosto 2014 12:56

Honduras aprobó la venta libre, sin receta médica, de la píldora del día siguiente en 1999 y ese mismo año reglamento su uso en las Normas de Atención Integral de la Mujer. Honduras aprobó la venta libre, sin receta médica, de la píldora del día siguiente en 1999 y ese mismo año reglamento su uso en las Normas de Atención Integral de la Mujer.

Autor del artículo: Agencias

Tegucigalpa – La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) exhortó hoy al Gobierno de Honduras a legalizar de nuevo la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) con el objetivo de prevenir embarazos no deseados en mujeres víctimas de violación.

“Sin una medida de contracepción de emergencia disponible, las niñas y mujeres con embarazos resultantes de una violación tienen que enfrentarse a la decisión de dar a luz a un niño no deseado o arriesgarse a recurrir a un aborto ilegal y muy peligroso”, alertó la organización humanitaria en un comunicado.

Estas dos opciones, según MSF, tienen “enormes consecuencias médicas, psicológicas y sociales” para las mujeres.

En ese sentido, la organización humanitaria indicó que “está presionando” para que la PAE, conocida también como píldora del día siguiente, “se legalice en Honduras otra vez” para que las víctimas de violación “no teman un embarazo no deseado ni se arriesguen a optar por un aborto inseguro y peligroso”.

En 2009 durante el mandato interino de Roberto Micheletti, que reemplazó al ex presidente Manuel Zelaya, tras la crisis política de junio de ese año, se aprobó un decreto que prohíbe y penaliza el uso de la PAE, bajo el argumento de que la anticoncepción de emergencia es abortiva, situación que han rechazado en varias ocasiones organizaciones feministas y médicos locales.

Honduras aprobó la venta libre, sin receta médica, de la píldora del día siguiente en 1999 y ese mismo año reglamento su uso en las Normas de Atención Integral de la Mujer.

Para los responsables de MSF “es extremadamente frustrante” no poder proporcionar a las mujeres víctimas de una violación un método anticonceptivo de emergencia.

“Es muy difícil explicar por qué no podemos ofrecer una píldora anticonceptiva de emergencia a una persona que ha sufrido una agresión sexual”, dijo en el comunicado una de las doctoras de MSF, que se identificó solo como Diana.

Como profesional “me siento frustrada sin poder hacer nada. Me siento impotente, porque yo sé que existe y ellas saben que existe, pero hay esta barrera”, subrayó.

Entre 2013 y junio de 2014, la organización humanitaria proporcionó tratamiento médico a 1,008 sobrevivientes de violencia sexual y atención sicológica a 1.230, según la nota de prensa.

Médicos Sin Fronteras y el Ministerio de Salud de Honduras crearon en 2011 el programa “Servicio Prioritario” orientado a proporcionar a las víctimas de violencia sexual “los cuidados médicos que necesitan”, de forma gratuita y confidencial.

En la actualidad, el servicio prioritario está disponible en tres centros hospitalarios de Tegucigalpa, mientras el equipo móvil de MSF ha ampliado el servicio a otras zonas de la capital hondureña.

“El ‘Servicio Prioritario’ es vital para las víctimas de la violencia sexual”, cuya principal preocupación es desarrollar un embarazo no deseado, pero el equipo de MSF “no puede proporcionar” la píldora del día siguiente porque “está prohibida en Honduras” desde 2009, destaca la organización.

Un total de 2,832 casos de violaciones sexuales, la mayoría de ellas mujeres entre edades de 10 y 14 años, fueron investigados por la Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras en 2013, según el comunicado de Médicos Sin Fronteras.

Fuente: http://www.proceso.hn/index.php/component/k2/item/86817-m%C3%A9dicos-sin-fronteras-pide-a-honduras-legalizar-la-p%C3%ADldora-del-d%C3%ADa-siguiente

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RELATORA DE LA ONU SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VISITA HONDURAS Y SE REÚNE CON ORGANIZACIONES FEMINISTAS DEL PAÍS.

Centro de Estudios de la Mujer added 2 new photos.

 

Rashida Manjo, Relatora de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres, se reunió este 1 de julio 2014 con diversas organizaciones feministas y de mujeres para escuchar sus preocupaciones en cuanto a la situación de las mujeres en Honduras. Entre las organizaciones presentes se encontraban: Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), Red Nacional de Defensoras, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Red de Mujeres de la colonia Cruz Roja, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y CPTRT.

Dentro de los planteamientos presentados a la Relatora se encuentran:

La preocupación por el alto número de femicidios en el país que ha aumentado en un 263.4% entre el 2005 y 2013, y la tasa de femicidios pasó de 2.6 en el 2005 a 14.6 en el 2013, cada 13.8 horas es asesinada una mujer en Honduras, siendo el principal instrumento del crimen el arma de fuego con un 70%, mientras en el país circulan más de un millón de armas, cada persona puede tener 5 armas sin que a la fecha exista un control sobre esta problemática.

Las políticas de seguridad fuertemente dirigidas hacia la militarización en el país más bien agudizan la problemática de inseguridad de las mujeres.
Representantes de mujeres de los barrios manifestaron la necesidad de la seguridad humana para las mujeres, dado que enfrentan situaciones de pobreza, exclusión y violencia en su vida cotidiana, la presencia de grupos que atemorizan y violentan a las mujeres, abusando sexualmente de ellas en solares baldíos o zonas sin alumbrado público. Además mujeres que han sido asesinadas por sus parejas cuando ya tenían denuncias de violencia doméstica en los juzgados respectivos.

Más de 2851 denuncias anuales de violencia sexual contra niñas y mujeres se registran en el país, mientras se les sigue negando el acceso a las mujeres a las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y en el Congreso Nacional se alarga cada vez más el debate sobre si se legalizan o no.

El desmantelamiento institucional de los mecanismos de la mujer se da en todos los ámbitos nacional y local, tal es el caso del Instituto Nacional de la Mujer ya desaparecido, que ha bajado de perfil convirtiéndose en una simple Dirección que no podrá cumplir con su labor de rectorar la política pública en materia de derechos de las mujeres, además en el ámbito local la marginalización y casi desaparecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM), que han sido convertidas en oficinas de Gerencia Social que atienden diversas poblaciones como niñez, adulto mayor, juventud y en la última fila mujeres.

También se planteó la falta de voluntad política de los gobiernos al no ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas la formas de Discriminación contra la Mujer, que lleva más de 14 años de creado sin que los funcionarios desengaveten el documento del Poder Ejecutivo y lo pasen al Poder Legislativo para que sea ratificado.

Finalmente se le propuso a la Relatora, que exhorte al Estado de Honduras a incluir en las reformas a la Ley de Municipalidades, acciones afirmativas que garanticen la institucionalidad de las Oficinas Municipales de la Mujer y otras medidas como recursos etiquetados para las mujeres, paridad en los patronatos, comisiones de transparencias, alcaldías auxiliares y la obligatoriedad de cabildos abiertos para mujeres. Asimismo, que el Estado honre el compromiso adquirido con las organizaciones feministas para crear una comisión al más alto nivel en contra de los femicidios, garantizar mecanismos de vigilancia y control de actuaciones de funcionario/as públicos, en todos los niveles a fin de que se dé cumplimiento a las disposiciones encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres considerando atender las recomendaciones emanadas de organismos internacionales.

Desde nuestras organizaciones se espera, que el informe que elaborara la Relatora y que será presentado en Ginebra y en New York, sirva para que el gobierno recoja las valiosas recomendaciones de la Relatoría y pague la deuda histórica que el Estado tiene pendiente con las mujeres hondureñas, reconociendo que somos la mayoría de la población.

Centro de Estudios de la Mujer's photo.

Fuente: https://www.facebook.com/centrode.delamujer/posts/10152534175693966?_fb_noscript=1

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Derogación del inciso 5 y 8 del Artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Tegucigalpa. Honduras

Esta petición está pendiente de aprobación por parte de la comunidad Avaaz

 

Por qué es importante

Porque vulnera los derechos humanos de las mujeres, la Constitución de la República y diferentes convenciones internacionales como ” Belem do Pará” y ” CEDAW”.
Vulnera los siguientes derechos fundamentales de las mujeres:
– Libertad de Expresión.
– No discriminación.
– Derecho de acceso a la información, auditoría social e investigación.

– Vulneración a la garantía de no discriminación por parte del estado.

 

Acá les dejamos el documento que presentamos en la Corte Suprema de Justicia:

 

SE INTERPONE GARANTIA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIA DE ACCION EN FORMA PARCIAL Y POR RAZON DE CONTENIDO CONTRA LOS INCISOS 5 Y 8 DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA, REFORMADOS MEDIANTE ADICIÓN POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 35-2013 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.- PODER.

Sala de lo Constitucional

Corte Suprema de Justicia

Yo, , mayor de edad , con tarjeta de identidad No., y de domicilio en; en tránsito por esta ciudad, con el respeto debido comparezco ante Vos Honorables Señores(as) Magistrados(as) de la Sala Constitucional, interponiendo garantía de inconstitucionalidad por vía de acción en forma parcial y por razón de contenido contra los incisos 5 y 8 del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica reformado mediante adición por el Decreto Legislativo nº 35-2013 del 27 de febrero del 2013, violentando también la Constitución de la República que ratifica en su cuerpo los convenios internacionales y los hace suyos como parte del derecho interno y que son de orden público, acción que de acuerdo a los hechos y fundamentos de derecho expongo a continuación:

DECRETO CUYA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEROGACION TOTAL E INAPLICABILIDAD SE PRETENDE

Esta Acción de Inconstitucionalidad se interpone contra los numerales 5 y 8 del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica reformado mediante el Decreto Legislativo Nº 35-2013 de fecha 27 de febrero del año 2013, la que literalmente establece: “Articulo 23.- Sin perjuicio de los principios básicos procesales establecidos en la ley, las personas que sufran de violencia doméstica tendrán derecho a: (1) ….; (2) …..; (3)….; (4)…..; (5) No ser sometida a confrontación con el(la) denunciado(a); si no está en condiciones emocionales para ello, conforme el dictamen del Médico Forense o de la Consejería de Familia; (6)….; (7)….; (8) A la protección del derecho a la intimidad de la víctima y de su familia, en tanto se determina que sus asuntos de violencia doméstica interpuesto ante las autoridades administrativas y judiciales serán estrictamente confidenciales, por lo que el contenido de los respectivos expedientes, como de cualquier otra información, sólo podrá ser conocido por las partes y por los(as) empleados(as) o funcionarios(as) directamente intervinientes en su tramitación. Los medios de comunicación se abstendrán de hacer publicaciones o divulgar información relacionada con los procesos de violencia doméstica ya sean estos realizados en sede administrativa o judicial, la transgresión a esta disposición será sancionado con multa de diez (10) a veinticinco (25) salarios mínimos en su valor más alto. El(la) funcionario(a) administrativo(a) o judicial que revele información que viole a la intimidad de la víctima o la secretividad declarada del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad, laboral, administrativa o penal a que hubiere lugar, será sancionado(a) con multa de tres (3) a cinco (5) salarios mínimos en su valor más alto” .

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Esta reforma recae de manera expresa en el artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica, pero tácitamente, afecta también disposiciones irreformables como los relativos a las garantías y derechos sociales establecidos en la Constitución de la República y colisiona con los tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son, La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención de Belém Do Pará”, La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”, y El Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, cuya naturaleza es evolutiva o progresiva y jamás restrictiva o por acción involucionada. Es así que, todos estos tratados o declaraciones ubican la problemática de violencia contra la mujer como un problema social, cultural, estructural y político, y cuyo deber de los Estados Altaparte es desarrollar programas suficientes y eficientes para visibilizarla, ya que su ocultamiento bajo la sombra de ser “problema íntimo o privado” coloca a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad y no es coherente ni en correspondencia con los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad; Honduras como suscriptor de estos, adquirió compromisos internacionales para que mediante acciones afirmativas y de políticas públicas a favor de la mujer, transversales, lograr acortar las brechas de desigualdad y de discriminación entre hombres y mujeres, pero esto choca con nuestra realidad nacional –pongo de ejemplo la reforma contra la cual se insta este control de constitucionalidad- ya la misma contribuye a la legitimación política y social de la violencia contra la mujer para mantener el orden social opresivo y patriarcal[1],

La reforma a la Ley contra la Violencia Domestica mencionada colisiona con las disposiciones fundamentales establecidas en el artículo 59 de la Constitución de la Republica que dice “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable” Además del artículo 60 igualmente de la normativa constitucional “Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, que no hay clases privilegiadas y que todos los hondureños son iguales ante la ley” por ende colisionando con los derechos de dignificación de la persona humana y al derecho a la igualdad, que el caso de la mujer, no debe entenderse como “la igualdad de jure”

La protección o dignificación de la persona humana y el derecho a la igualdad lleva consigo la convivencia en un estado de derechos, con pleno goce de los derechos individuales y colectivos, en ámbitos públicos y privados e íntimos, en contra sentido, estamos ante un escenario nacional de falta de plena ciudadanía, discriminación directa e indirecta, marginación y violencia, entre otros, específicamente contra la mujer que históricamente sobrevive situaciones de vulnerabilidad y que ha sido y continúa siendo imperante que El Estado ejecute las acciones afirmativas o de discriminación positiva para asegurarle el derecho a una vida libre de violencia, y mediante la responsabilidad del Estado de generar políticas públicas, de infraestructura para garantizar el pleno acceso a la justicia, la reparación, la no repetición y la generación de leyes equitativas que permitan apreciar a la mujer en su condición de sujeta política a la cual se deben garantizar la vigencia y el ejercicio de sus derechos humanos, luego entonces hablaremos de igualdad y de dignificación de la persona humana.

Y también colisiona con lo dispuesto en las declaratorias y obligaciones suscritas por Honduras ante los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, para asegúrales a las mujeres mediante acciones y políticas afirmativas su pleno goce a una vida libre, sin ningún tipo de violencia, a una protección efectiva de sus derechos tanto en los ámbitos privado, íntimo y público, y al pronto acceso a la justicia, por consiguiente, la ley no puede ir en detrimento de los derechos y garantías de las personas, especialmente de aquellas en condiciones de desigualdad, al contrario, los cuerpos normativos deben mejorarse a partir de reformas más eficaces y garantistas del goce de todos los derechos, por tal motivo, en el caso de las mujeres “la igualdad de jure” no es garantía de gozarla sin discriminación, en condiciones de igualdad substantiva[2] y de pleno acceso a la justicia, puesto que sociocultural y políticamente la mujer se encuentra en situación de inequidad, tal como es el compromiso internacional con los preámbulos y articulado de los Convenios o Declaraciones Internacionales en materia de derechos humanos. Luego entonces, que las reformas deben ser bajo los objetivos de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías no solo constitucionales sino también de los Convenios Internacionales a los que Honduras se ha adherido.

Con dicha reforma inconsulta se puede inferir que el Congreso Nacional dejó de lado los principios teóricos de los derechos humanos, en cuanto a su universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, y su progresividad, especialmente de la generación de derechos económicos, sociales y culturales, como en efecto lo ha hecho el decreto legislativo que se impugna. Tiene esta acción de control constitucional otro sustento en el artículo No. 64 constitucional que expresa “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, en este caso, la reforma tergiversa el resguardo a la intimidad, promoviendo una mordaza al derecho humano de libertad de opinión y de libertad de información.

Sobre los Convenios y Tratados Internacionales, la norma constitucional declara en el artículo No. 18 “En caso de conflicto entre el Tratado o Convención y la Ley, prevalecerá el primero”; por tanto, Honduras es suscriptor de compromisos serios en la defensa de los derechos de las mujeres en todas las áreas de su vida. El cumplimento de LaConvención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención de Belém Do Pará”, La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”, y El Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”

Del Protocolo de aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica elaborado y publicado por el Ministerio Público, de Honduras y la Fiscalía Especial de la Mujer, se extrae lo siguiente “De cada 100 mujeres que son maltratadas, solo entre 10 y 15 se atreven a interponer una denuncia en la policía o en el juzgado y cuando se deciden a hacerlo la mayoría ya superan los 8 ó 10 años de soportar esta violencia llegando en situaciones psicológicas e incluso físicas muy deterioradas. Decimos sin temor a equivocación, que la violencia que sobreviven las mujeres dentro de la familia u otras relaciones afectivas, es solo uno de los extremos más dramáticos a que da lugar la situación de desigualdad estructural en la que se encuentra inmersa en nuestra sociedad. La violencia doméstica no es, pues, un fenómeno nuevo sino que tiene largas raíces en el tiempo. La consideración de esta situación como “privada” no ha favorecido el conocimiento de su magnitud real. La violencia doméstica ha sido, y todavía lo es, un hecho oculto del que solo conocemos una mínima parte de la realidad, debido a los roles establecidos en las sociedades patriarcales que refuerza el dominio del varón en todas las esferas de la vida, quedando la mujer sometida al ámbito privado, es decir, al rol reproductivo. Este reparto injusto de roles ha permitido que la mujer sea considerada una propiedad privada del varón”

La igualdad no supone el colocar a la mujer víctima y a su victimario en igualdad de condiciones, tampoco es negar el derecho de defensa del victimario; he aquí con la reforma se constituye en un retroceso en la justicia equitativa consignada en los convenios internacionales a favor de la mujer, reconocidas además por Honduras y ratificadas por el Congreso Nacional.

MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR RAZON DE CONTENIDO

Las consideraciones que viabilizan este recurso de inconstitucionalidad tienen como fundamentos el hecho de que El Congreso Nacional al reformar expresamente La Ley Contra Violencia Doméstica en su Artículo No. 23 numerales 5 y 8, infringe las prohibiciones constitucionales establecidas en el Artículo 18 ya previamente establecido; por lo tanto, persiste la falta de armonización de las leyes, así como la poca atención a los compromisos adquiridos internacionalmente sobre prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, mediante esta función legislativa se reforzaron las figuras discriminatorias, en las leyes, como en los procedimientos y las prácticas –conculcando los derechos humanos de la mujer y generándole al Estado hondureño un incumplimiento a los Convenios y Declaraciones Internacionales en materia protección a los derechos de las mujeres y de acceso a la información y a la libre expresión- y que se expresan en los motivos siguientes por cuestiones de contenido, así:

VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión en algunas ocasiones colisionan por sus límites y sus exigencias. El derecho a la intimidad permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras turbaciones a la vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos, en tanto, el derecho a la opinión y a la información es esencial para el desarrollo del ser humano. No sólo es el derecho pasivo a recibir información, ni la posibilidad individual de expresar las ideas por la prensa. Se trata de un fenómeno más amplio que comprende a la sociedad en su conjunto, y es indispensable para el sistema democrático. La posibilidad de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones contribuye de manera vital al desarrollo de cualquier sociedad que intenta acercarse a lo que debería ser un sistema democrático.

La secretividad general impuesta por esta reforma sirve de velo para otras violaciones tácitas de derechos humanos porque, aunque se especifique, en el norma que los medios tienen límites de publicación y los operadores(as) de justicia no puedan hacer declaraciones acerca de litigios pendientes, por extensión esta mordaza es también para la mujer sobreviviente de violencia doméstica, esto por añadidura o detrás la cortina, protege al agresor quien asume como “natural” la protección de la ley y del Estado, sin restricción alguna, que le permite ejercer dominación, sodomía e incluso explotación hacia la mujer; esta disposición también violenta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

La aplicación de esta reforma implica un retroceso en la apreciación de la mujer víctima de violencia al trasladar un proceso de interés nacional a un espacio privado, porque las dimensiones de los daños a la seguridad e integridad personal, así como también al posicionamiento social, cultural, político e histórico sobrepasan los límites de la familia y se prolongan a toda la sociedad, perpetuando la discriminación, el olvido y la falta de respuesta estatal.

Pudiéndose apreciar entonces, que su finalidad ulterior no es la protección de la intimidad y los derechos de la víctima, al contrario, es la maquinaria del Estado al servicio del varón y su protección “al honor”, aún cuando es agresor contra la vida de la mujer e incluso de sus hijos e hijas.

Esta reforma igualmente colisiona con El Principio de Publicidad de los Procesos Judiciales, ya que pretende minimizar el rol que cumplen quienes producen la información de justicia, los periodistas y los medios de comunicación. El periodismo, tanto audiovisual como escrito, es un actor indispensable para tratar la información sobre la integridad personal y la justicia con respeto de los derechos humanos, en particular el debido proceso y la reparación de daño, como observador para su evaluación y transparencia. En un sistema democrático todas las personas tienen derecho al acceso a la información, la libertad de expresión y de opinión. Los Sistemas de Protección de Derechos Humanos reconocen la trascendencia que las herramientas de la comunicación representan para una sociedad más igualitaria y justa, y asume el rol en pos de su democratización y propone a los medios de comunicación como herramientas óptimas de observancia para el desempeño de la justicia y como potenciales instituciones de la sociedad que cumplan funciones de rendición de cuentas a las instancias de justicia.

VULNERACION AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 3 DE LA CEDAW: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” De acuerdo a La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”, se entiende por discriminación contra la mujer, toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro aspecto.

Una investigación sobre participación de la mujer publicada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH, refiere que la igualdad y la prohibición de la discriminación son las dos piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad. El respeto a los derechos humanos y a estos principios fundamentales, constituyen la base para el desarrollo de una sociedad democrática y de la vigencia de un Estado de Derecho. Señalando además “Las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas sobre determinados grupos o personas. Esta discriminación también se manifiesta encubiertamente en la ley”[3], categóricamente con esta reforma expuesta a control constitucional porque la discriminación se basa en la existencia de una percepción social que tiene como característica el desprestigio considerable de una persona o grupo de personas, ante los ojos de otras. Constituye en esencia, una relación de poder en la cual está presente una concepción de superioridad inferioridad. Estas percepciones negativas tienen consecuencias en el tratamiento hacia esas personas, en la manera de ver el mundo y de vivir, las relaciones sociales en su conjunto; por tanto, ello influye en las oportunidades y por consiguiente, en la realización de capacidades y en el ejercicio de sus derechos. La discriminación tiene un impacto en el ordenamiento y en las modalidades de funcionamiento de cada sociedad en particular y aún cuando las expresiones de la discriminación hayan variado a lo largo del tiempo y en los diferentes contextos históricos sus bases se mantienen y se producen en nuevas actitudes, por consiguiente, se mantendrán las desigualdades de poder entre hombres y mujeres principal motor de los hechos de violencia en contra de la mujer.

Si bien los derechos humanos nacen con vocación universal, las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales y, la discriminación hacia las mujeres está profundamente asentada en ellos. Por ello, la práctica social determinó la ampliación de los derechos humanos en clave masculina: el hombre como centro del pensamiento humano del desarrollo histórico, protagonista único y parámetro de la humanidad. Los derechos de las mujeres fueron pensados como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como minoría.

Esta reforma y su aplicabilidad tendrán como consecuencia que la víctima o sobreviviente de violencia no tendrá un papel trascendental en el proceso, desde su etapa investigativa hasta el proceso judicial y sentencia, porque no le permite el libre ejercicio de opinión y derecho de libertad de expresarse, denegándole reiteradamente el goce total de la ciudadanía y de leyes que le protejan su integridad y hasta la vida.

Para las mujeres es una cuestión de vida que las problemáticas de violencia sufrida dentro de los ámbitos privados e íntimos, no se traten privadamente o bajo un sigilo judicial, ya que la visibilización de la violencia doméstica y sus diversas modalidades, así como sus devastadoras consecuencia, por sus altos índices, deba ser reconocida como un problema social que hace necesaria la creación de políticas públicas para asegurarle a la mujer acciones afirmativas para acortar las brechas de desigualdad entre los sexos y, especialmente el derecho de la mujer a ser valorada y educada – socializada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, de acuerdo a la Convención Belém Do Pará.

Esta reforma no le asegura a la mujer el acceso real a la justicia en condiciones de equidad suponiéndola sujeta de derechos, el concepto de igualdad que establece la “Cedaw” no implica la necesidad de igualar a las mujeres con los hombres sino que es una igualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de ambos, por consiguiente y entendidas de la condición sociocultural y económica de la mujer; esta reforma y su aplicación, en consecuencia, favorece las acciones de violencia perpetuada a mujeres por parte de los hombres.

Es paradójico que el legislador o la legisladora y los jueces y las juezas interpreten que hombres y mujeres socioculturalmente diferentes sean tratados y tratadas ante ley y ante la justicia como iguales, esto al contrario amplía la brecha de desigualdades entre los géneros.

Constituye también una discriminación hacia la mujer y de su condición sociocultural, en cuanto que en los casos de violencia doméstica, ese sigilo judicial es la regla y no la excepción, ya que el poder de manifestarse públicamente, también es un derecho. El ejercicio de opinar y manifestar personalmente su problema de violencia, le pudiese significar a la mujer el cese de la violencia e incluso salvaguardar su vida, la de sus familias y de cualquier otra persona que conozca de los hechos de violencia contra ella; esta medida también en interpretación y en la práctica, favorece y refuerza las acciones de violencia histórica y considerada “natural” ejercida por los hombres.

Ese mismo sigilo judicial y su aplicación discriminatoria a la vida y a la historia de la mujer, contraviene el principio de gratuidad que establece la Ley contra la Violencia Doméstica porque anteriormente a esa inadecuada reforma las sobrevivientes de violencia doméstica contaban con acompañamiento gratuito proporcionado, tanto por instituciones del Estado, con serias limitaciones de infraestructura al interior del país y de promotoras sociales e incluso de abogadas de organizaciones de defensoría de derechos humanos; perjudicando en consecuencia la asesoría y acompañamiento gratuito y el ejercicio pleno de las acciones y atribuciones de las organizaciones de mujeres, de organizaciones civiles sociales y populares pro defensa de los derechos de la mujer, como es nuestro caso, es decir, la potestad otorgada y expresa en la plataforma de Beijing en sus numerales 20, misma que fue reconocida y ratificada por el Estado de Honduras, y que establece la autonomía con la que estas organizaciones cooperan con los gobiernos son importantes para la aplicación y seguimiento efectivo de las acciones en la defensa de los derechos de las mujeres. Por tanto, desconocer el acompañamiento que hasta ahora ha demostrado por su historia estadística y de hecho las diversas organizaciones en pro de las mujeres, es negar y violentar los Convenios y Tratados Internacionales que como el mismo numeral 23 de Beijing refiere sobre las obligaciones del estado de garantizar a todas las mujeres los derechos humanos y libertades fundamentales.

VULNERACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, AUDITORIA SOCIAL E INVESTIGACIÓN: Una norma interna (una ley) que imponga un sigilo judicial como parte del derecho a la información; es inaceptable a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos que regula la libertad de expresión, misma que no puede ser entorpecida y condena cualquier medida que tenga como finalidad afectar el goce de ese derecho por medios directos e indirectos restrictivos, Artículo 13 numeral 3 “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”

La reforma por adición a la Ley contra la Violencia Doméstica revictimiza a la mujer y crea nuevas figuras que la condenan por el ejercicio de un derecho humano, en otras palabras, establece una doble sanción a su condición, de unir su sobrevivencia de los hechos de violencia que causan lesiones físicas y emocionales, entre otras, y de manera legal, el Estado les impone una mordaza carente de legalidad que impide abordar públicamente una problemática de interés social, como lo es la violencia, ya que su conocimiento permite evidenciar y reeducar a la sociedad sobre los riesgos de la violencia, y la desconstrucción de los roles (poderes) impuestos a los hombres por estas sociedades dominadas por el pensamiento de la supremacía del hombre por sobre la ley.

Además, por regla general todas las ejecutorias y actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los secretarios y, aquellos otorgados ante funcionario o empleado público legalmente facultados para dar fe en ejercicio de sus atribuciones, son documentos denominados por ley, documentos públicos, véase artículo 271 del Código Procesal Civil.

La libertad de acceso a la información de los expedientes de violencia doméstica no debería impedirse de manera disfrazada porque se conculca el derecho de acceder a la justicia y que las instancias de justicia rindan cuenta de los procesos judiciales bajo su custodia. El acceso sin restricción es igualmente una garantía de vida para las mujeres y de la libertad de obtener información para auditoria social e investigación sobre esta problemática que violenta el derecho a una vida libre de violencia, esto con la finalidad focalizar hallazgos de problemas sociales y señalar conclusiones para resolver y dar opciones, mismas que devienen de compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Honduras mediante la Convención Belém Do Pará que señala como una prioridad de los Estados, la prevención y la erradicación de la violencia y para ello se deben implementar leyes garantes y políticas públicas para investigar la problemática, visibilización de la misma con la finalidad de priorizar en la eliminación de los roles de género que fomentan la sumisión y discriminación de la mujer, tanto en los ámbitos públicos y político y el ámbito privado. Véase el artículo 8 “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”

VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN DE PARTE DEL ESTADO: La CEDAW establece la obligación de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres en cualquier esfera que se dé, así como de promover la igualdad entre mujeres y hombres, mediante medidas legislativas, administrativas y judiciales. Dicho de otra manera, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial son responsables, jurídicamente, ante la comunidad internacional y ante la ciudadanía y especialmente ante las mujeres hondureñas, por sus acciones y omisiones en relación con la erradicación de las distintas formas de discriminación y por consiguiente el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y entre toda la ciudadanía.

Es importante recordar que la primera obligación de los Estados Altaparte mencionada en la oración introductoria del artículo No. 2, es la obligación de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Los Estados tienen la obligación inmediata e ininterrumpida de condenar la discriminación. Están obligados a proclamar ante su población y la comunidad internacional su total oposición a todas las formas de discriminación contra la mujer en todos los niveles del gobierno y poderes del Estado.

“discriminación en todas sus formas” obliga claramente al Estado parte a estar alerta y condenar todas las formas de discriminación, incluso aquellas que no se mencionan en forma explícita en la Convención o que puedan aparecer con posterioridad. Pero el reto sigue siendo que muchos Estados no entienden que la convención debe leerse de forma integral y que el artículo 2 de la Convención versa sobre las obligaciones estatales

La reforma vigente y su aplicación restrictiva y discriminatoria hacia la mujer se convierte en una violencia institucional ejercida por las estructuras del Estado contra la mujer, en tanto la desvalora y deslegitima desde la norma jurídica y la expone a mayor riesgo de sufrir agresiones físicas, emocionales, patrimoniales y sexuales, porque no le asegura el goce pleno de todos sus derechos, ni asegura el cumplimiento a una vida libre de violencia puesto que como Estado regulador se desliga de su observancia al tornar la misma a la esfera privada, contraviniendo expresamente ambos tratados internacionales que obligan a los Estados a implementar acciones afirmativas para evidenciar y eliminar la violencia de la vida de las mujeres en cada uno de los aspectos de la vida pública, privada e íntima.

También necesitamos mencionar el tema de impunidad, ya que esta reforma tendría como consecuencia el recrudecimiento de la falta de protección y de justicia en aquellos casos conocidos en sede administrativa y judicial, entendiendo que para las mujeres implica mucha estima y fortaleza denunciar su situación de violencia y así exponer lo que históricamente le han dicho “que es parte de su vida privada”, pero que al denunciar se encuentra con un sistema o maquinaria del Estado que “obliga” a proteger la intimidad de los agresores volviéndose cómplice al mismo tiempo.

INTERES DIRECTO, PERSONAL Y LEGÍTIMO QUE MOTIVA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

La vulneración de los derechos humanos y garantías fundamentales que quedan explicados, violan el interés público en general y sin duda alguna también nuestro interés directo, personal y legítimo, por cuanto, una ley que impone un sigilo judicial general y limita los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, como son el derecho de opinión, de información, de justicia y de acceso, y regula una igualdad de jure no real, puesto que los hombres y las mujeres tenemos diferencias de trato, social, cultural, económico y político, lesiona los derechos de todas las mujeres y de aquellas organizaciones de defensoría de derechos humanos, atentando contra la plena ciudadanía, la libertad y de convivencia en una sociedad democrática, en tal sentido, esta reforma lesiona mis derechos y garantías constitucionales y limita mi capacidad de ejercerlos. Todos los seres humanos, pero especialmente las mujeres como población vulnerable, tienen derecho a una vida digna, donde pueda ser respetada totalmente en cada uno de los espacios en que se desenvuelve y consecuentemente a las condiciones previstas y definidas en su momento por una Asamblea Nacional Constituyente, que reunida como autoridad suprema determinó las garantías y la responsabilidad del Estado, la razón y propósitos de la autoridad pública, las condiciones de desarrollo de nuestra relaciones públicas y privadas, teniendo como eje central a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado (art. 59 Constitucional). Como tal, cualquier modificación normativa y de relaciones que conlleven una limitación como personas y que provoquen un trastorno o coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad, y una disminución de nuestros derechos y a la forma de ejercerlos, legitiman nuestro interés como seres humanos y especialmente como ciudadana de este país, para que de manera individual o junto a otras personas naturales o jurídicas ejerzamos las acciones que correspondan.- La Garantía Constitucional como la que en este acto interpongo, es precisamente la que el Constituyente, previó en protección de nuestros intereses contra los actos producidos por el Congreso Nacional cuando acarrean una modificación de las garantías e imponen limitaciones al ejercicio de una libre ciudadanía. El encubrimiento de los hechos de violencia y la restricción de derechos de las mujeres, afectan nuestro interés personal, de ciudadano y de grupo social, al cercenar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, su ejercicio y el acceso pleno a una justicia retributiva que asegure igualmente la garantía de no repetición; afectan nuestro interés personal y de la colectividad y nos legitiman para actuar porque implica que las autoridades públicas dejarán de cumplir los compromisos adquiridos internacionalmente y que comprometen al Estado de Honduras a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación de la vida de las mujeres, mandato igualmente establecido y otorgado para gobernar, artículo 1 constitucional “…. goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”;afectan también nuestro interés personal y nos legitiman para accionar en el ámbito jurisdiccional en que en este momento lo hacemos, porque la reforma refuerza las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, al imponer a la mujer sometida en una relación desigual de poder con el agresor a una “igualdad de jure” no cierta, puesto que socioculturalmente y de posición política, existe una brecha de desigualdad, limitándole a la mujer sus derechos a una vida libre de violencia, de no discriminación, de leyes equitativas y de un Estado de derecho. Y en definitiva, porque esa reforma coloca en una situación de mayor peligro a la mujer, al tratar de invisibilizar y esconder bajo la secretividad, una problemática social con altos índices de repetición en nuestra sociedad, y que necesita de inversión social y estatal para prevenir, sancionar y erradica la violencia de la vida de las mujeres e incluso prevenir su muerte a manos de un agresor impune.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Baso esta acción en los siguientes artículos: 18, 59, 60, 61, 63, 64 y 68 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (a) (b) (c) (d) (e), 8 (a) (b) (c) (g) (h), 9 de LaConvención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención de Belém Do Pará”; 1, 2, 3, 4, 5 (a), 10 (c) de La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”; 1, 3, 4 de El Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador; 74 y subsiguientes relativos al control de la constitucionalidad y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

P E T I C I O N

A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pido: Admitir la presente acción de inconstitucionalidad, señalo los archivos de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) como el lugar donde se encuentran en sus archivos, el ejemplar de La Gaceta No. 33,222 del 06 de septiembre del año 2013 que contienen la publicación del Decreto Legislativo Nº 35-2013 relativo a la reforma de la Ley contra la Violencia Doméstica; darle el trámite que corresponde y tener como nuestra apoderada a la profesional del derecho mencionada y en lo demás proceder de conformidad con la ley declarando inconstitucional los incisos 5 y 8 del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica impugnados, se decreten inaplicables por razón de contenido y consecuentemente, sean derogados.

Tegucigalpa, MDC, 05 de junio del 2014.

 

[1] “El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Marta Fontenla”

[2] La igualdad substantiva no debe confundirse con la semejanza o la similitud entre los sexos, está busca que mediante medidas especiales de carácter temporal o acciones afirmativas para asegurar el logro de la igualdad. Dra. Alda Facio

[3] Véase La Igualdad Substantiva, de la Dra. Alda Facio

Fuente: https://secure.avaaz.org/es/petition/Sala_de_la_constitucional_Corte_Suprema_de_Justicia_Tegucigalpa_Honduras_Derogacion_del_Articulo_23_de_la_Ley_de_Violenc/?nRwQZcb

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Honduras y Brasil impulsan los dos proyectos de protección de derechos más exitosos de América Latina

28 junio, 2014 – 11:59 AM

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Según la Unión Europea el “Centro de Apoyo y Protección de los Derechos de las Mujeres (Caprodem)” de Honduras y “Casa de Derechos” de Brasil son las prácticas en políticas públicas más exitosas en Latinoamérica.

En la más reciente reunión de los miembros de gobierno de América Latina y de la Unión Europea realizada en Bruselas, Caprodem de Honduras, creado en el pasado mes de marzo es uno de los más exitosos de América Latina en lo que se refiere a la práctica de políticas públicas en favor de grupos vulnerables.

En este cónclave, se compartieron los logros y resultados en la superación de la desigualdad social, y se debatieron situaciones sobre el futuro de la cooperación entre estas dos regiones.

En este proceso de revisión de buenas prácticas, a través de conferencias, visitas de estudio, intercambio de experiencias, de asistencia técnica y proyectos pilotos, 2,354 instituciones públicas (1,570 de América Latina, 593 de los Estados miembros de la Unión Europea y 191 de organismos internacionales), han tenido la oportunidad de compartir con los representantes de los demás países las mejores prácticas en políticas públicas para aumentar la cohesión social.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/06/28/honduras-y-brasil-impulsan-los-dos-proyectos-de-proteccion-de-derechos-mas-exitosos-de-america-latina/

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HONDURAS: Presentan más de 200 recursos de inconstitucionalidad en contra de reformas a la Ley Contra la Violencia Domestica.

jueves, 5 de junio de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital  Jueves,14 de Junio 2014 – 14:49
Tegucigalpa – Diferentes organizaciones defensoras de mujeres y de Derechos Humanos presentaron 210 recursos de inconstitucionalidad en contra de reformas hechas a la Ley contra la Violencia Doméstica.

Los recursos de inconstitucionalidad fueron presentado en contra las reformas aplicadas a artículo 23 de la Ley Contra la Violencia Domestica.

La coordinadora del Comité de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, Gladys Lanza, confirmó que son 210 los recursos presentados este día.
Al mismo tiempo anunció que la próxima semana estarán presentando más, aunque no especificó el número de ellos.
Indicó que con estas acciones, buscan “poner un alto a lo que hicieron los legisladores en septiembre del año pasado dónde se establece que se reforma el artículo 23 de la Ley Contra la Violencia Domestica, atentando contra la mujer”.
Arguyó que dicho artículo “nos niega el derecho a la justicia porque está aplicando a asunto de secretividad un asunto que es meramente público”.
Especificó que son dos los incisos de dicho artículo, los que están declarando inconstitucionales.
Mencionó que uno de ellos impide que una mujer maltratada por violencia domestica, se haga acompañar por una organización de las que defienden estos derechos, al presentar el caso judicialmente.
Asimismo indicó que el otro inciso, sanciona a los medios de comunicación y a periodistas por divulgar el nombre del agresor por violencia domestica.

Fuente. http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/honduras-presentan-mas-de-200-recursos.html

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Trabajadoras protestan porque gobierno les adeuda más de 100 millones por maternidades

May 30, 2014

“Hay mujeres a las que se les deben 70 mil lempiras, porque han tenido hasta dos o tres hijos y aún no han recibido el pago de sus maternidades e incapacidades,” expresó María Luisa Regalado integrante de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, conmemorado el 28 de mayo.

Por medio de bocinas, consignas y pancartas frente a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula las mujeres exigieron el pago de las indemnizaciones y pidieron al gobierno que no privatice el servicio. Las manifestantes también reclamaron que se pague lo más pronto posible el pago de maternidades.

El Estado de Honduras le debe el pago prenatal a 10 mil trabajadoras hondureñas; y el pago postnatal a 8 mil 500. La suma total de la deuda por maternidad asciende a más de 100 millones de lempiras.

María Luisa Regalado dijo que le exigen al presidente Juan Orlando Hernández que haga efectivo el pago de incapacidades y maternidades que le adeudan a las trabajadoras de la maquila, y a las demás derechohabientes del Seguro.

Regalado añadió que si el presidente está combatiendo la corrupción, que ponga tras las rejas a los verdaderos responsables de la quiebra de la institución, que haga público el contenido íntegro de la Ley del Seguro Social, y que además, no se privatice el servicio que brinda este centro hospitalario.

La trabajadora Ester Padilla afirmó que trabajó por muchos años en una empresa maquiladora, y que producto de las extensas jornadas resultó con una enfermedad profesional, pero a pesar que se le deducía dinero para el Seguro Social, éste aún no le paga el dinero que le corresponde.

“Cuando yo salí con problemas de salud, el Seguro Social me dio una indemnización del 68%, debido a mis constantes problemas de salud; pero este 2014 yo me retiré de la empresa, y aún se me deben las incapacidades de mi enfermedad profesional,” expresó Padilla.

Nueva propuesta privatizadora del Seguro Social

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dice que pronto presentará ante el Congreso Nacional una nueva propuesta del modelo de seguridad social en el país que es catalogada como privatizadora por el sindicato de dicha institución.

La propuesta consiste en extender el servicio a la mayoría de los sectores de la población hondureña, incluyendo a algunos extranjeros que residen en el país o que estén de paso, y contemplando la posibilidad de que también puedan cotizar compatriotas que no trabajen para el sector público o privado, utilizando una figura conocida como “monotributo” en la cual comerciantes individuales pasarían a formar de este sistema de salud. Sin embargo, muchas clínicas privadas, a las cuales el gobierno pagaría por brindar este servicio, encarecerían los precios, advirtió el sindicato.

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, SITRAIHSS, advierte que con la universalización de los servicios, habrá más demanda de pacientes, y se beneficiará a los dueños de clínicas privadas porque no se va a reforzar a las regionales del seguro sino que se le dará esta función a algunas clínicas privadas que no ven la salud como un servicio sino como un lucro.

“Este modelo que propone Juan Orlando Hernández es un modelo privatizador. Él propone que donde va la esposa del presidente a consulta, va ir también la señora más humilde que hace tortillas, y sabemos que eso no es así, porque las clínicas privadas (que prestarían servicios subrogados) no van a conformarse con 200 lempiras al mes; esto a lo que vendría es a encarecer más la cotización,” expresó Cristian Lazo del SITRAIHSS en El Progreso, Yoro.

Según Lazo, un derechohabiente cotiza en tres regímenes: Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM) y Régimen de Riesgos Profesionales (RP); pero EM está en quiebra porque no hay dinero para pagarle a las madres cuando vienen a consulta. Y el gobierno no muestra interés en reforzar las clínicas, las regionales etc., que son propiedad del IHSS.

El miércoles 14 de mayo, un juez natural dictó auto de prisión con medidas sustitutivas contra los exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quienes fueron señalados de actos irregulares y  mala administración de fondos públicos y privados y abuso de autoridad, en lo concerniente al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al régimen de Maternidad (RM).

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/978-trabajadoras-protestan-porque-gobierno-les-adeuda-m%C3%A1s-de-100-millones-por-maternidades

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Diputado Mario Pérez introduce proyecto de ley para beneficiar a la mujer con el 50% de bienes en caso de divorcio

Pérez manifestó que espera que en la discusión de ese proyecto no vaya a aflorar el machismo de parte de los diputados.

El diputado nacionalista, Mario Pérez, presento este día a la cámara legislativa, una iniciativa de ley, que consiste en reformar el Código de Familia, con el objetivo que los bienes que sean obtenidos durante el matrimonio, sean compartidos en un 50 por ciento, al momento de una divorcio.

Esta iniciativa “Busca beneficiar a la mujer hondureña, es darle ese derecho a la mujer como lo existe en todos los países del mundo de que exista esa figura de la sociedad ganancial y a la hora de una separación, le toque a la mujer el 50 por ciento que se hicieron juntos dentro del matrimonio“ dijo el parlamentario.

Pérez manifestó que espera que en la discusión de ese proyecto no vaya a aflorar el machismo de parte de los diputados a la hora que se discuta esa iniciativa a fin de apoyar a las mujeres en esa justa demanda

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/diputado-mario-p%C3%A9rez-introduce-proyecto-de-ley-para-beneficiar-la-mujer-con-el-50-de-bienes

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Desconocimiento, principal freno para el uso de las PAE´s en Honduras

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Serie 1 de 3
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Cinco años después de emitido el decreto ministerial 2744-2009, que prohíbe el uso y comercialización de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) el desconocimiento sobre su uso por parte de la mayoría de la población hondureña y los tabús alrededor del tema que frenan su uso en el país, más allá de una prohibición estatal. 
Un pequeño sondeo realizado por Conexihon a inicios del 2012 y en abril del 2013, en el parque central capitalino revela que de 40 personas consultadas el 62.5% desconoce que son las PAE´s, mientras que un 20% reconoce que ha escuchado del fármaco, pero nunca lo ha usado o ignora su forma de usarlo.
La puesta en escena de esta discusión surge tras la introducción de una moción de ley, que el diputado por el departamento de Atlántida, Antonio Leiva Núñez, propusiera al Congreso Nacional para revertir el decreto que prohíbe la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la AOE, así como la distribución pagada o gratuita y la comercialización de los anticonceptivos de emergencia, conocidos también como Píldoras Anticonceptivas de Emergencia (PAE´s) o Píldoras del Día Después.
Luego de la moción, una comisión ordinaria de salud que preside el diputado liberal por Yoro, doctor José Vivian Portillo, sostuvo la primera reunión de trabajo con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y dirigentes del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla para analizar la iniciativa presentada por el diputado nacionalista.
Según investigaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y del Banco Mundial, entre otras, la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) no es abortiva, aunque hay otras organizaciones y especialistas como la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) que opinan lo contrario.
“No hemos tomado ninguna decisión como comisión, ni mucho menos en el pleno de la Cámara Legislativa, pero vamos a estudiar el tema para llegar a conclusiones”, señaló Portillo.
Mortalidad materna y derechos reproductivos
Por su parte, la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, afirmó que la Comisión Legislativa de Salud está recibiendo insumos para poder hacer un mejor dictamen, en ese sentido, planteó que el diálogo ha sido muy bueno porque se pretenden respetar los derechos de las mujeres. Lanza considera que la píldora ayudaría también a disminuir la mortalidad materna, que en 2013 fue de 76 por cada 100 mil embarazos, e instaron a los diputados a que “deroguen” el decreto ejecutivo que prohíbe y penaliza la Anticoncepción de Emergencia.
“Para nosotras debe usarse la píldora porque garantizamos el rescate de un pequeño derecho de las mujeres y por lo menos en esta primera reunión se están respetando nuestras opiniones. Veremos en unos días como camina esa propuesta”, puntualizó Lanza.
En el mismo sentido se pronunció la  Colectiva de Mujeres Hondureñas –CODEMUH-  que en un pronunciamiento público reiteró su apoyo a la suspensión del decreto que entró en vigencia hace cinco años.
“Mediante la acreditación biológica podemos decir que, es totalmente falso que una mujer pueda quedar embarazada inmediatamente después de haber sostenido una relación sexual  consensuada no protegida ó luego de haber sido víctima de una agresión sexual, la PAE es utilizada para prevenir un embarazo no deseado. La movilidad del espermatozoide desde el útero hasta las trompas de Falopio, dónde ocurre la fecundación, puede tardar hasta 5 días. La PAE que contiene Levonorgestrel tomada a tiempo impide la fecundación, por lo tanto, no provoca abortos, aun cuando la mujer desconociera estar embarazada”, sostienen.
El documento sostiene que “la vigencia del decreto No. 2744-2009 es una discriminación jurídica de la mujer, porque le impide la autonomía sobre su cuerpo y el libre ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Al estar penalizado el uso de la PAE, el estado de Honduras de manera ininterrumpida está infringiendo los Derechos Humanos de las mujeres a la integridad física y psíquica al obligarla a quedar embarazada no deseándolo”.
Un decreto ¿político – religioso?
La medida, que prohíbe la Píldora del Día Después y sanciona a quien contravenga esas disposiciones con penas tipificadas en el Código Penal, surge a iniciativa de la diputada liberal, Marta Lorena Casco Alvarado, directora de la Organización “Pro-Vida”, una organización estrechamente ligada a la iglesia católica, que se declara defensora de la vida humana desde el momento desde la concepción y durante todas las  etapas de desarrollo del ser humano.
En mayo de 2009, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, respaldado por el Colegio Médico vetó el decreto 54-2009 aprobado por el Congreso. Meses después Micheletti, introdujo el anteproyecto de ley “para el fortalecimiento de  la familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral del ser humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales, sobre todo de aquellos que están en situación de pobreza extrema o riesgo social”. El mismo fue firmado por el entonces gobernante y publicado en el Diario Oficial el 24 de octubre de ese año.
Ante la controversia a inicios de abril de este año, la Iglesia Católica expresó su “consternación”, solicitando a las autoridades responsables la prohibición de la promoción, venta y uso de esa píldora, citando ejemplos en Argentina y Chile, países que eliminaron el programa anticonceptivo.
Al respecto cardenal, Oscar Andrés Rodríguez, sostiene que al uso de la píldora “hipócritamente lo llaman sexo seguro, a lo que deberían de llamar sexo irresponsable”, pero con eso se pretende “confundir a la opinión pública y engañar con medias verdades”.
Subrayó que “lo más triste es lo que hemos escuchado, la intención de hacer un plebiscito para preguntarle al pueblo” pero “no podemos ser fariseos, no podemos celebrar la fiesta de la resurrección si en nuestro corazón está el proyecto de aprobar la muerte para otras personas”.
En su homilía del pasado domingo 6 de abril, el cardenal Rodríguez subrayó que legalizar el uso de la PAE sería una “agresión contra la vida (pues) no es matando como se previenen embarazos en niñas adolescentes, es educando”.
Aumento de embarazos adolescentes
En esta nación centroamericana, el 46 por ciento de las mujeres adultas jóvenes dio a luz antes de cumplir 20 años de edad. La tasa de fecundidad adolescente es de 102 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, más alta que el promedio para América Latina y el Caribe: 80 por cada mil. Independientemente de su estado civil, 87 por ciento de las mujeres sexualmente activas de entre 15 y 24 años no desea ser madre en los próximos dos años.
De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, entre las casadas de 15 a 24 años, el 62 por ciento que aún no tiene hijas o hijos desea aplazar su primer embarazo; 38 por ciento tiene una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna; 47 por ciento de las mujeres solteras viven más dificultades para acceder a servicios de anticoncepción.
De acuerdo con Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) “cuando se trata de un varoncito o un niño solemos celebrar el inicio temprano de las relaciones sexuales, mientras que si se trata de una niña, las jóvenes no tienen acceso a un método anticonceptivo adecuado para ellas, para que se evite un embarazo no deseado”.
Fonseca explicó que las estadísticas en demografía y salud desde la década de los 80´s en Honduras revelan que la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es a los 18 años y que ese mismo promedio no ha cambiado significativamente en la última década.
“Así fue en la encuesta de 2011-2012, lo mismo era en la anterior del 2005-2006, la misma edad promedio era antes. Entonces no es cierto que vayamos a iniciar las relaciones sexuales antes porque haya pastillas. Lo que si va a pasar  es que con mayor educación las personas van a actuar de forma informada y evitar consecuencias no deseadas como una enfermedad de transmisión sexual, o no tener hijos muy jóvenes. Pensar que esto va a depravar es ridículo”.
Lamentablemente, una niña tiene cuatro veces más posibilidades de muerte que una adulta que sale embarazada y no solamente corta sueños, pone en riesgo la salud de las menores, sino que también la puede llevar a la muerte. “Este es un problema serio porque tiene que ver directamente con la falta de educación sexual”, comentó.
De acuerdo con los registros hospitalarios de las menores embarazadas en 2008 hubo 14 mil casos de niñas menores de 18 años embarazadas, en 2010 la cifra subió a 22 mil y en 2012 se estima que fueron más de 50 mil. Lo que convierte a Honduras en el segundo país de América Latina con el mayor número de embarazos adolescentes.
Legislación nacional y compromisos internacionales
La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer de 2003 menciona (artículo 19) el derecho de la mujer a ejercer sus derechos reproductivos, decidir la cantidad de hijas e hijos que desea tener junto con su pareja y a espaciar los embarazos, pero no menciona la responsabilidad del gobierno respecto a la prestación de servicios.
Entre los compromisos internacionales firmados por Honduras están: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada en 1983; Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, firmada en 1994; IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, firmada en 1995, y Objetivos del Desarrollo del Milenio, firmados en 2000.
Sin embargo, el aborto está prohibido, sin importar la causal, inclusive si se trata de un embarazo no deseado o producto de una violación. Las modificaciones al Código Penal, que entraron en vigor el 28 de febrero de 1997, endurecieron la definición de aborto al considerarlo “muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”, sanción igual a la de aborto y parto inducido prematuramente. También se derogaron las disposiciones del Código Penal (artículos 130 y 131) que despenalizaban el aborto bajo ciertas circunstancias. 




OPINIONES SOBRE LAS PAE, 
Parque Central de Tegucigalpa
Tatiana Ramos (Ama de casa)
“He escuchado sobre esas pastillas pero no las he usado, yo pienso para que no haya embarazos no deseados estoy de acuerdo en eso pero depende mucho a quien se le proveen al menos vendérselas a mujeres mayores de edad con regulación aunque existen otros métodos de anticoncepción”.
Sagrario Rubio (profesora)
“Conozco que esas pastillas, las prohibieron en el país y estoy de acuerdo en que se distribuyan legalmente para que no haya muchas mujeres embarazadas especialmente adolescentes y tantas violaciones”.
Joselyn Godoy (vendedora ambulante)
“No conozco sobre esas pastillas”.
Gabriel Roque (albañil)
“Si las he escuchado, pero desconozco, como se usan, cuando se usan, y si escuche la medida que quiere tomar la ministra de salud y estoy de acuerdo con ello”.
Leonor Soriano 
“No eso nunca las he usado  y no estoy de acuerdo porque es un pecado usar eso”.
José Douglas Marroquín (conductor de vehículos)
“Nunca las he usado y hay que ir al médico para que unos las use por que a veces el cuerpo ya nos  da”.
Marjorie Solís (secretaria)
“Si las conozco en ocasiones las uso, y si estoy de acuerdo con esa medida para la misma prevención de embarazos no deseados”.
Eulario Rivera (vendedor)
“No las conozco y no podría dar una opinión al respecto”.
Jazmín López (Estudiante)
“Si las conozco, la verdad no estoy de acuerdo porque es una licencia para tener una vida sexualmente activa sin pensar en los riesgos y consecuencias en enfermedades de transmisión sexual”.
Roberto Díaz (Jefe de Producción)
“Fíjese que no las conozco si estaría bien si quitan la prohibición que está actualmente”.
Eugenia Espinal (empleada de funeraria)

“No se información de esas pastillas, y si estoy de acuerdo para evitar más embarazos no deseados”.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/mujeres/desconocimiento-principal-freno-para-el-uso-de-las-pae%C2%B4s-en

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Grupos de Sociedad Civil aprueban uso de Pastillas de Anticoncepción de Emergencia

Abr 25, 2014

Mientras en el Congreso Nacional sigue sin entrar a debate la propuesta de derogación al decreto que prohíbe el uso y venta de las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia –PAEs-, hecha por el diputado nacionalista Ramón Antonio Leva, los distintos grupos que integran la sociedad civil de Honduras se manifiestan a favor del uso de las PAEs. Mientras otros sectores de la sociedad, incluyendo religiosos, han hecho pública su oposición a que el Congreso apruebe su venta libre.

El Grupo Sociedad Civil –GSC- manifestó que las Pastillas Anticonceptiva de Emergencia –PAEs- no son un fármaco con propiedades abortivas, sino un método anticoncepción de emergencia, que contribuye al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.

Los grupos que conforman el GSC se respaldan en los estudios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia –FIGO- y el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia –ICEC-, los que indican que inhibición o el retraso de la ovulación es el principal y posiblemente único mecanismo de acción de las PAEs, y que además pueden  impedir que los espermatozoides y el óvulo se encuentren, justo la opiniòn contraria a quienes adversan su aprobaciòn.

“El derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos son derechos humanos que todas las mujeres de Honduras, deben ejercer sin ningún tipo de obstáculo e injerencia oficial”, expresaron representantes del GSC.

Sociedad de Ginecología de Honduras: las PAEs no son abortivas. 

Diferentes opiniones –a favor y en contra- se vierten, desde que el tema volvió a la mesa discusión, sobre los efectos de las PAEs, sin embargo, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras y el Colegio Médico de Honduras señalan que “la anticoncepción de emergencia no es abortiva, no impide la implantación de un óvulo fecundado ya que no tiene efecto sobre el endometrio y no produce ningún efecto sobre la futura fertilidad de las usuarias”.

“En términos sencillos, cómo le puedo yo asegurar que eso es correcto: porque se embarazan las mujeres después de tomar la píldora anticonceptiva de emergencia; no es cien por ciento efectiva, hay aproximadamente un 15 por ciento de mujeres que después de la píldora anticonceptiva de emergencia se embarazan”, explicó el ginecólogo, Cristian Navarro, miembro de la Sociedad de Ginecología y obstetricia de Honduras..

El Colegio Médico de Honduras, asegura que la anticoncepción de emergencia es un método seguro para la salud de las mujeres. Agregan que “no existen condiciones médicas conocidas en las cuales no se deban usar los anticonceptivos de emergencia”.

Diputados a la espera de dictamen final de la Comisión Especial

A criterio de algunos diputados y diputadas antes de emitir un posicionamiento si las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia son abortivas o no, debe esperarse el informe final de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional.

La diputada liberal, Gabriela Núñez, considera que el tema de las PAEs es un tema con una serie de opiniones de diferentes sectores de la sociedad, “algunos de tipo científico, médico, religioso y desde el punto de vista de los derechos de las mujeres”.

“Nosotros estamos, en primer lugar, esperando la respuesta del análisis de la Comisión de Dictamen, que entendemos se ha reunido con cantidad de sectores interesados en el tema, y para mí es importante conocer todos los ángulos para poder tomar una decisión final”, dijo Núñez.

Al igual que la liberal Núñez, el secretario del legislativo, Tomás Zambrano, dijo que como diputado y ciudadano no podría “pronunciarse” sobre el tema hasta que tenga la opinión legal y científica que dará la Comisión Especial del Congreso Nacional.

“Yo no estoy a favor ni en contra, estoy esperando el dictamen y la opinión que va a emitir esta Comisión, que está integrada por todo los partidos y confió que van a hacer un trabajo positivo que reúna el sentir y pensar de la mayor parte del pueblo hondureño”, aclaró Zambrano.

Por su parte, el diputado anticorrupción, Luis Redondo, cree que las y los diputados están obligados a investigar y a no dejarse llevar por “lo que se dice”.

“Hay muchos vídeos e informantes que dicen que si son beneficiosas y que no provocan aborto, pero otras dicen que si provocan aborto. Créame que en mi opinión no va a pesar el hecho de una religión, el prejuicio de algún tipo”, comentó el congresista.

Cabe destacar que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, aseguró que como institución académica se rigen por los resultados de los estudios realizados por los médicos del Hospital Escuela Universitario, los que indica que las PAEs no son abortivas.

“En ese sentido lo que hace la Universidad es trasladar la información de lo que hace la Píldora Anticonceptiva de Emergencia, lo que se puede esperar, si provoca daños, y el estudio dice claramente que no es un método anticonceptivo permanente es de emergencia. No es abortivo, eso ya está dicho desde el 2009 y ratificado en 2013 por la FDA”, señaló Castellanos.

Datos

Según los estudios realizados las PAEs tienen dos mecanismos de acción para evitar el embarazo:
1.    Dificultar que los espermatozoides lleguen hasta las trompas de Falopio y así no puedan fertilizar un óvulo, y
2.    Retrasa o evita el fenómeno de ovulación cuando es administrado antes de la ruptura del folículo, de forma que no hay un óvulo disponible para la fertilización, siendo éste su efecto principal.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/866-grupos-de-sociedad-civil-aprueban-uso-de-pastillas-de-anticoncepci%C3%B3n-de-emergencia

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Conadeh en contra de plebiscito por la PAE

12 de Abril de 2014

10:48PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, expresó un derecho no se puede hacer en perjuicio de otros derechos humanos.

Roberto Herrera, comisionado nacional de los Derechos Humanos.
Roberto Herrera, comisionado nacional de los Derechos Humanos.

Tegucigalpa. El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, expresó su desacuerdo con que se recurra a un plebiscito para aprobar o rechazar el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).

“Hay que dar el balance y para eso estimo que este no es un tema de plebiscito, sino de documentación científica de las grandes organizaciones internacionales, que constituyen para nosotros la excelencia en materia de información en sistemas de salud”, declaró.El ombudsman hondureño se refirió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como organismos especializados que pueden dar una opinión científica.

Sin embargo señaló que por un lado las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos que pueden invocar, pero por otro está el derecho del que está por nacer.

Expresó que un derecho no se puede hacer en perjuicio de otros derechos humanos.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/641520-96/conadeh-en-contra-de-plebiscito-por-la-pae

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LA PAE PODRÍA PREVENIR ABORTOS CLANDESTINOS E INSEGUROS

10 de Abril del 2014

 

La representante del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gabriela Díaz, expresó que la legalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) podría reducir el número de abortos clandestinos e inseguros que ponen en riesgo la vida de las mujeres que se los practican.

Las referidas declaraciones las brindó la feminista en el marco del Foro anticoncepción de emergencia: Un debate científico y académico desarrollado en Ciudad Universitaria.

Díaz señaló que la despenalización de las PAE vendría a evitar abortos clandestinos en el país, ya que las mujeres tendrían acceso a anticonceptivos de emergencia que impedirían los embarazos.

“La prohibición de la anticoncepción de emergencia  repercute en el derecho a la vida debido a que la falta de acceso a la anticoncepción contribuye a un incremento de las tasas de abortos inseguros entre las niñas… en muchos casos acudimos a abortos clandestinos que también están penalizados en el país, en condiciones de insalubridad que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, lamentó.

Además una de cada cuatro mujeres hondureñas entre las edades de 15 y 19 años ya son madres o estuvieron alguna vez embarazadas y datos brindados por la Secretaría de Salud, indican que en  2011, unas 11 mil mujeres con diagnóstico de aborto egresaron de los hospitales públicos del país.

En 2013, continuó, en Honduras se presentaron ante el Ministerio Público 2,149 denuncias por violencia sexual, de las cuales 1,000 correspondieron, de manera coincidente, a mujeres entre 15 y 19 años de edad.

El costo

Por otra parte, fue del parecer que el precio elevado de la píldora anticonceptiva de emergencia tiene que ver con el contrabando y la venta ilegal, porque no se vende en cualquier farmacia. Entonces, se puede decir que si hay intereses económicos en cuanto a su comercialización, por lo tanto la pregunta es ¿Quién está ganando con la ilegalidad de este fármaco?

Es importante informar que aún con la penalización de la venta y consumo de la píldora, existen lugares en los que se vende a precios que oscilan entre 150 y 500 lempiras, cifras que de acuerdo con la representante de CDM “son cinco veces más que lo que costaba cuando era legal”.

Por otra parte, reconoció como un aporte la postura emitida por la UNAH respecto a la legalización de las PAE, lo cual evidencia la defensa de la ciencia por parte de la  Máxima Casa de Estudios

“El aporte de la UNAH ha sido importante en tanto se ha desmarcado de posturas morales religiosas y asume una posición científica que echábamos de menos y debemos reconocer una academia que sale en la defensa de la argumentación científica”, manifestó Díaz.

 Fuente: http://www.presencia.unah.edu.hn/salud/articulo/la-pae-podria-prevenir-abortos-clandestinos-e-inseguros

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