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Según Analista, la depuración policial no abarca a los altos mandos de esta institución.

May 29, 2014

Las autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) aseguraron que mil miembros de la Policía Nacional de Honduras han sido depurados.

Sin embargo, Josué Murillo coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia se cuestiona si entre esos mil miembros, existe un policía con un cargo de alto nivel.

“Nos preguntamos que tipo de policía se está depurando; sabemos que hay tres niveles, básico, Intermedio y escala superior, entonces la pregunta sería, ¿Cuántos policías de alto nivel han sido investigados por enriquecimiento ilícito y si han sido llevados a juicio por tener relaciones con grupos criminales?”, expresó Murillo.

Josué Murillo, también comentó que el mayor problema es que los pocos malos policías son tan malos y han hecho un grave daño a la institución, provocando que la ciudadanía ya no confié en ellos, pero considera que aún hay reservas morales y profesionales para rescatar y fortalecer la institución.

Por su parte, María Luisa Borjas, comisionada de la policía en retiro, asegura que aún continúan las actividades ilícitas al interior de la Policía Nacional.

“Las capturas de uniformes, pistolas que pertenecen a la Policía y que se le han sido decomisadas a los delincuentes, sólo demuestran que alguien de la institución les está proporcionando esta indumentaria, por eso se tiene que investigar” manifestó Borjas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/973-seg%C3%BAn-analista-la-depuraci%C3%B3n-policial-no-abarca-a-los-altos-mandos-de-esta-instituci%C3%B3n

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HONDURAS: Sociedad Civil pide cuentas sobre Tasa de Seguridad y exigen derogar Ley de Secretos Oficiales

lunes, 17 de marzo de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital
Lunes,17.03.2014 – 12:28
Tegucigalpa – El Grupo de Sociedad Civil (GSC), pidió este lunes “cuentas claras” en el manejo de recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, al tiempo que demandaron la derogación de la Ley de Secretos Oficiales que recién se publicó en el diario oficial La Gaceta.
– La rectora Castellanos también pidió acciones al IAIP. “No nos gusta que nos pidan sacrificios en el pago de impuestos y luego que nos digan que nos quedemos callados”, apuntó.
El representante de la Alianza por la Paz y la Justica (APJ), Josué Murillo, recordó que desde hace algún tiempo han solicitado información al comité de fideicomiso de la Tasa de Seguridad, sobre el manejo de los recursos recaudados hasta la fecha. “Es un derecho fundamental que tenemos como ciudadanía, pero ante la negativa de acceso a la información, acudimos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por lo que se procedió a citar tres veces a los miembros del comité, sin embargo no hubo resultados positivos”, relató.

Agregó que los miembros del comité de fideicomiso del “Tasón”, expresaron desconocer que estaban sujetos al IAIP y que el órgano competente para proporcionar información era el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“No nos parece correcto que el comité no brinde información oportuna sobre los fondos de la Tasa de Seguridad, que al final de cuentas son los dineros del pueblo”, insistió.
Asimismo, calificó como “nefasta, antitransparencia y procorrupción” la Ley de Secretos Oficiales que hace unas semanas fue publicada en el diario La Gaceta, pese a que la misma había sido suspendida por el Congreso Nacional porque habían algunos puntos que no estaban claros. “Es una ley que le pone una mordaza a los medios de comunicación y a la ciudadanía que pretende hacer auditoría social al más alto nivel”, criticó.
Puntualizó que “estamos cansados que se quiera tapar el sol con un dedo y que se le niegue información al pueblo hondureño”.
En iguales términos se expresó la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien señaló que las cuentas de ahorro están siendo gravadas con el impuesto de la Tasa de Seguridad.
“Tenemos derecho a saber en qué se invierten los dineros de la Tasa de Seguridad, incluso Juan Ferrera (ex coordinador del fideicomiso), debe decirnos por qué se fue. También el Instituto de Acceso a la Información Pública debería dar una explicación sobre en qué se han gastado estos recursos”, dijo.
Finalizó que “no nos gusta que nos pidan sacrificios en el pago de impuestos y luego que nos digan que nos quedemos callados”.

Publicado por Américo Roca Dalton en 17:35

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/03/honduras-sociedad-civil-pide-cuentas.html

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Diputados exigirán reforma a la Ley de Clasificación de Documentos

Martes 11 de marzo de 2014

11:44 pm  – Héctor Cálix 

Vicepresidenta del Legislativo, Lena Gutiérrez, afirma que están abiertos a revisar los temas que sean necesarios y creen preocupación, sin que se pierda espíritu de la legislación.

El Congreso Nacional puede ser centro de un agrio debate por la Ley de Clasificación de Documentos.

El Congreso Nacional puede ser centro de un agrio debate por la Ley de Clasificación de Documentos. (El Heraldo)

Tegucigalpa,

Honduras

Sectores de oposición en el Congreso Nacional anunciaron que pedirán reformas a la Ley de Clasificación de Documentos por considerar que violenta la transparencia.

Luis Redondo, parlamentario del Partido Anticorrupción, expresó que ese grupo político “se ha declarado en alerta desde el momento en que la citada ley ha salido publicada sin que se le hayan hecho las reformas prometidas y, en ese sentido, vamos a pedir que se hagan las reformas correspondientes”.

La Ley de la Clasificación de los Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad Nacional fue publicada en el diario La Gaceta el 7 de marzo, pese a que el Legislativo prometió mantenerla en suspenso hasta que se le hicieran ciertos cambios a fin de que no chocara con normas relacionadas a la transparencia.

Esta ley se aprobó primero con el nombre de Ley de Secretos Oficiales a inicios de enero, pero fue suspendida ante la andanada de críticas de varios sectores que apuntaron que la misma violaba convenios de derechos humanos y de combate a la corrupción.

La norma no fue discutida y finalmente se aprobó el 24 de enero con el nombre de Ley para la Clasificación para los Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad Nacional y conserva mecanismos para que el Estado blinde documentos que a su juicio puedan generar “efectos institucionales no deseados” o causen daños a la seguridad del país.

Redondo manifestó que la bancada del Pac se ha declarado en alerta y al igual que otros sectores pedirá la revisión de este decreto, cuya intencionalidad podría ser ocultar información para proteger grupos o actos de corrupción.

“Yo estoy de acuerdo que haya protección a la información cuando esté de por medio la vida de una persona, pero no estamos de acuerdo que bajo esa legislación se puedan argumentar cosas como para que no se destape toda la podredumbre del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por ejemplo”, remarcó.

Blindaje

Según la nueva ley existen cuatro categorías de información que serán objeto de clasificación o secretividad: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el ente autorizado para declarar la secretividad de la información y esta solo podrá ser desclasificada a petición del Ministerio Público cuando se justifique y se requiera acceso a esos documentos para realizar investigaciones.

La información reservada se podrá declarar en caso de que esta pueda producir “efectos institucionales no deseados” en cualquier tema, no solo relacionado a seguridad.

La declaración de reserva desaparecerá luego de cinco años.

Mientras, la información confidencial se decretará cuando la misma potencialmente “dañe o perjudique” la seguridad nacional y permanecerá en opacidad durante 10 años.

Por su lado, la declaración de información secreta se aplicará en casos en que el material “eventualmente cause daños internos y externos a la seguridad”.

La duración de la secretividad será de 15 años.

Finalmente, el nivel de ultrasecreto será para los documentos que posiblemente causen un “daño interno y externo excepcionalmente grave” a la seguridad del país.

Los documentos ultrasecretos estarán bajo privacidad durante 25 años.

Lena lo ve bien

La vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, expresó que la Ley de Clasificación de Documentos no es improvisada, la misma tuvo mucho estudio por parte del Consejo de Defensa y Seguridad y fue aprobada por una mayoría en la legislatura anterior.

Destacó que el Congreso está abierto a cualquier revisión, el presidente de este poder del Estado ha sido claro que hay disposición de revisar los temas que sean necesarios, pero sin que se pierda el norte de esta legislación, que es que el Consejo de Seguridad clasifique la información en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional.

Por su parte, el diputado Jari Dixon, del partido Libertad y Refundación, declaró que esta ley viene a debilitar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ya que le cercena varias de sus atribuciones y por lo tanto exigirá que sea modificada.

El IAIP, según la Ley de Transparencia, puede declarar secreta o pública la información relacional al manejo del erario, pero ahora, la Ley de Clasificación de Documentos establece que el Consejo también tiene esa atribución.

Lo que no deja claro la Ley de Clasificación de Documentos es qué sucederá cuando el Consejo de Defensa y Seguridad declare secreta una información y el IAIP diga lo contrario.

El representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo, calificó como “inmoral” y un hecho “ambivalente” que primero el gobierno firme un pacto con Transparencia Internacional para combatir la corrupción y después publiquen una ley que habíamos detenido nosotros, la sociedad civil, junto con el IAIP y otros sectores.

Murillo consideró que esta ley es una afrenta contra la libertad de prensa porque, ademas de restringir el acceso a la información mediante las declaratorias de secretividad, obliga a que la ciudadanía denuncie cuando un documento restringido esté en poder de un reportero.

Abogados preparan recurso contra ley

La Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción prepara un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Clasificación de Documentos, que entró en vigencia el pasado viernes.

Lo que pretenderá la Barra de Abogados con interponer dicho recurso no es obtener una sentencia, sino significar que existe oposición ante ‘actos dolosos, perversos, de opacidad y ocultismo que tiene el gobierno de la República del Partido Nacional, contra la población en general”, dijo Rafael Padilla, coordinador de la Barra de Abogados y diputado del Partido Anticorrupción.

Un equipo de abogados inició el estudio de dicha ley para detallar los artículos que se contraponen con la Constitución.

“El asidero jurídico es el derecho a la democracia, a la participación ciudadana, el derecho a la igualdad que tenemos todos los ciudadanos a obtener la información de los recursos públicos, decisiones del estado, del actuar de las autoridades”, dijo.

El recurso de inconstitucionalidad se presentará en la próxima semana.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Diputados-exigiran-reforma-a-la-Ley-de-Clasificacion-de-Documentos

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Honduras: impugnarán Ley de Secretos oficiales por considerarlo “mordaza”

Artículo | Marzo 11, 2014 – 12:00pm

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Recurso de amparo contra la nueva Ley de Secretos Oficiales, aprobada el pasado 20 de enero, presentarán organizaciones sociales por valorarla de “ley mordaza” y que favorece la corrupción.

El miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo, aseguró que acudirán a instancias nacionales e internacionales para denunciar la nueva normativa que manda a secretividad documentación relacionada al Estado.

“Tenemos derecho a acceder a la información”, dijo Murillo, al tiempo que lamentó que el nuevo ordenamiento facilite a opacidad de los actos de corrupción de los funcionarios públicos.

Cabe recordar que la Ley de Secretos Oficiales, fue presentada por el exdiputado nacionalista Rodolfo Zelaya, con el pretexto de “proteger los asuntos importantes del país como la defensa y seguridad”.

Esto generó airadas quejas de organizaciones civiles, que orilló al Congreso anterior a retirarla; sin embargo, el diario oficial La Gaceta lo publicó la semana anterior, por lo que ya es oficial la secretividad de documentos oficiales.

En consecuencia, el instrumento jurídico da un tiro de gracia al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y a la ley que la rige.

Esta ley da exclusividad al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a fin que pueda emitir resoluciones de clasificación de la información.

La Ley de Secretos tendrá cuatro categorías: reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta.

Dependiendo de la importancia de la información, esta podrá estar en secreto entre cinco y 25 años, de acuerdo a su categoría.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-impugnar%C3%A1n-ley-de-secretos-oficiales-por-considerarlo-%E2%80%9Cmordaza%E2%80%9D

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Honduras: Interponen recurso de amparo contra Ley de Secretos Oficiales

lunes, 10 de marzo de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital / 10 de Marzo 2014-13:07

Tegucigalpa – Una Organización No Gubernamental (ONG), interpuso este lunes un recurso de amparo en contra de la Ley de Secretos Oficiales, por considerar que la norma viola derechos fundamentales de la población y que atenta contra la libertad de información.

La Ley de Secretos Oficiales fue publicada el pasado viernes en el diario oficial La Gaceta, por lo tanto ya es norma de la República.
El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ),Josué Murillo, expresó que “esta es una violación más a la dignidad del pueblo hondureño y no debemos permitir que se violen derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Explicó que la ley otorga facultades a cualquier ministro para declarar información en secretividad por un plazo de hasta 20 años.
Dijo que los principales afectados con la Ley de Secretos Oficiales son los medios de comunicación y grupos de sociedad civil. “Sin información no podemos ser auditores sociales de las prácticas del Estado”, añadió.

Murillo calificó como “inmoral” que el gobierno haya firmado una carta de intenciones para la transparencia e integridad pública, con el organismo “Transparencia Internacional”.
El joven representante de la sociedad civil afirmó que la referida norma ha sido calificada como “Ley Antitransparencia y Procorrupción en Honduras”.
La Ley de Secretos
La ley de secretos oficiales,también denominada, Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conlleva sanciones en el caso de divulgar información clasificada, además de limitar las funciones de la Ley de Transparencia y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Esta ley se aprobó el 20 de enero de 2014 por el Congreso Nacional anterior y fue publicada el viernes 7 de marzo en La Gaceta.
Ahora el organismo único que podrá reservar este tipo de información es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La información ha sido clasificada en cuatro categorías: reservada, confidencial, secreta y ultra secreta.
En la categoría de reservada se considera aquella información que pueda tener “efectos institucionales no deseados”, en tanto la información confidencial será aquella que al salir a la luz pública pueda “dañar o perjudicar internamente” a la seguridad del Estado. La información Secreta, será aquella que pueda evitar “serios daños internos y externos” al Estado, en tanto la información ultra secreta es aquella que produzca “un daño interno y externo excepcionalmente grave” al Estado y la seguridad nacional.
Esta información será clasificada por períodos de cinco años la reservada; diez años la confidencial; 15 años la secreta y 25 años la ultra secreta, mismos que podrán ser prorrogables si así lo decide el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, único que podrá clasificar y desclasificar esta información.

Publicado por Américo Roca Dalton en 17:49

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/03/honduras-interponen-recurso-de-amparo.html

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Mientras no haya transparencia, depuración policial no dará resultados

Feb 07, 2014

Hay mucha información en la Secretaría de Seguridad, en la DIECP y no digamos en la recién creada Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, bajo la rectoría del general Julián Pacheco Tinoco al mando exclusivo del presidente de la república. Esto lo confirma Aurora Pineda, quien además agregó que organizaciones de la sociedad civil lo saben y lo han denunciado porque esa información también la han obtenido de estas instancias, sin embargo al tenerla se dan cuenta que no pueden actuar pues no son autoridad.

Aurora Pineda es una madre que lucha contra la impunidad en Honduras después que su hijo fuera asesinado por policías en octubre de 2011 junto al hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Pineda nunca pensó que sería víctima de una institución a la que perteneció hace muchos años y que en los últimos días ha sido desnudada en su pudrición.

La semana pasada, el director de la organización Alianza por la paz y la justicia, Josué Murillo denunció que habían 4 o 5 altos rangos de la policía liderando grupos del crimen organizado, lo grave de su denuncia es que asegura que esta información está desde 2012 en manos de las autoridades competentes y los expedientes no habían pasado a investigación. A raíz de hacer pública esta información, el Tribunal Superior de Cuentas conoció de estos expediente, mientras desde la dirección de la policía se toman decisiones como el retiro “honroso” de varios agentes de seguridad y el despido de otros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

Además un artículo de un medio escrito nacional filtró un informe de la policía en el que se revela que por lo menos 200 miembros entre oficiales y policías se volvieron una amenaza para la sociedad. Luego de ser formados, uniformados y armados por el Estado.  Es más, “los Ministros de seguridad y los directores que ha tenido la Policía saben quién es quién en esa institución; sin embargo, por una u otra razón, se volvieron tolerantes, cómplices y hasta partícipes de las fechorías de sus subalternos”.  En un listado de 202 investigados, 196 son policías, cinco abogados y una secretaria.

Julieta Castellanos, también se pronunció ante esta situación en los medios de comunicación nacional diciendo que “todo mundo dice sabemos quiénes son, sabemos que están en tales bandas, pero nadie se atreve a ponerle nombre y apellido… menos rostro”. Al mismo tiempo, indicó que “a quien le corresponde hacer esas investigaciones es a la DIECP, el Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas”.

Murillo presentó su denuncia formal con evidencias tras el señalamiento de Eduardo Villanueva, titular de la DIECP. Hemos intentado contactar a Villanueva, sin embargo no ha sido posible.

Despidos y retiros

Un grupo de 203 ex agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, afectados por los despidos masivos realizados a inicios de este año, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia hace dos semanas.

Los ex agentes argumentaron que con los despidos se violaron garantías otorgadas por la Constitución de la República. Por esa razón, exigen el reintegro inmediato a sus trabajos y le piden al gobierno el pago de sus prestaciones.

El ex agente de la DNIC, Óscar Aguilar explicó que sus demandas son: el reintegro de muchos de sus compañeros y el pago de sus prestaciones fundamentado en que los despidos no fueron realizados de forma legal.

“Esperamos respuesta en los próximos meses considerando que los magistrados se toman su tiempo para deliberar, esperamos que no haya mala voluntad del gobierno central ya que todo esto ha sido impuesto por el actual presidente de la república”, dijo.

En este contexto, en el que unos son despedidos y otros son dados de baja “honrosamente”, se desarrolla una depuración policial que hace 2 años se viene exigiendo desde organizaciones de sociedad civil.

Por otro lado están los oficiales de la Policía que pasan a la condición de “retiro voluntario” luego que la Secretaría de Seguridad autorizara su salida de la institución a partir del 1 de febrero de 2014.

Entre los suspendidos figura un comisario de nombre Constantino Zavala Laínez, quien fungía como jefe departamental de Lempira, en el occidente de Honduras, desde febrero de 2013.

Zavala fue suspendido por el hallazgo de un sofisticado invernadero e instalaciones propias de un laboratorio de procesamiento de droga que fue encontrado por la Policía Nacional en la occidental localidad de La Cumbre, La Iguala, Lempira.

Además de Zavala Laínez, se autorizó el “retiro voluntario” de los subcomisarios Hugo Rafael Alvarado y Jonathan Eloy Sevilla; el comisario Carlos Valdemar Viana; los subcomisionados Ricardo Nicolás Murillo y Jesús Manuel Rodríguez. También el comisionado Walter Flores Mencía.

A pesar de que las investigaciones arrojan irregularidades, no se conoce aun cuántos policías retirados han sido juzgados por sus faltas.

“No nos parece la salida honrosa que se les está dando, lo que nosotros hemos dicho siempre es que la policía estaba coludida con el narco y grupos criminales y las últimas denuncias establecen que no estábamos equivocados pero queremos transparencia en este proceso, el ministro no nos informa sobre cómo se va a trazar el tema de las reformas y las acciones en caso de seguridad”, expresó ante estos hechos Aurora Pineda.

Sin transparencia, la depuración policial solo seguirá siendo una excusa del gobierno, y más aun cuando el mismo gobierno ha aprobado una ley que le atribuye al presidente de la república la potestad de calificar como confidencial la información que le parezca una “amenaza para la nación”.

“Yo estoy de acuerdo con lo que dice Josué Murillo, esta información la hemos conocido todos los que hemos estado en esta lucha contra el crimen, pero nosotros no somos autoridad y las autoridades encargadas no han querido hacer nada, ellos se llaman al silencio y la población no está siendo informada. Si no fuera por los medios de comunicación todo quedara en secretividad”, concluyó Pineda.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/707-mientras-no-haya-transparencia-depuraci%C3%B3n-policial-no-dar%C3%A1-resultados

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HONDURAS: Con acción legal, funcionario amenaza a coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia

viernes, 31 de enero de 2014

Alerta 005-14
31  de Enero del 2014
(Comité por la Libre Expresión C-Libre, Honduras).- El titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, solicitó al Fiscal General del Ministerio Publico (MP), citar a Josué  Murillo coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia para que se le tome una  declaración oficial, por las afirmaciones públicas vertidas en relación a que altos jefes policiales son responsables de la comisión de delitos y faltas constitutivas de responsabilidad penal.
Las declaraciones fueron vertidas por Murillo el martes 28 de enero a través de una entrevista en Radio Cadena Voces en reacción a la reciente entrega del Informe de rendimiento de la Seguridad Pública durante la administración del Presidente Porfirio Lobo Sosa, elaborado por esta organización de sociedad civil.

Durante la entrevista el coordinador de la APJ, expresó que la DIECP no ha “privilegiado la investigación patrimonial la cual es una herramienta esencial en la identificación de los policías involucrados en narcoactividad, crimen organizado y en otras formas de delitos como el robo de armas, robo de vehículos, extorsión, secuestros, asesinatos y sicariato”.
Murillo también denunció que “entre cuatro y cinco oficiales de alto rango lideran bandas del crimen organizado desde lo interno de la Policía Nacional y son los responsables de que el crimen organizado y el narcotráfico hayan permeado este cuerpo policial”.
Según el periódico digital www.proceso.com , Murillo también explico “que las autoridades no actúan en contra de estas personas, no porque no se pueda recopilar pruebas, es porque hay miedo y en muchas ocasiones hay colusión de parte de aquellos que deben impulsar un verdadero proceso de profilaxis”.
En el informe de la APJ se exige al gobierno que se respete el derecho de acceso a la información y que se implemente en conjunto con la sociedad civil, verdaderos métodos para lograr la rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, generando así a la población hondureña credibilidad, confianza, y respeto hacia estos entes.
La petición, del Director de la DIECP de acuerdo con el periódico digital www.proceso.com, “la hizo al Ministerio Público (MP) en vista de que el coordinador de APJ mantiene una crítica carente de objetividad al trabajo realizado por esta Dirección, e incluso ha proferido por medios de comunicación masiva, expresiones insultantes que pudieran concitar el desprecio público en contra de las autoridades de la DIECP”.
Ante tal situación C-Libre considera que la actitud del titular de la DIECP además de ser intolerante e intimidatoria es una clara criminalización de la información y una flagrante violación a la libertad de expresión.

Publicado por Américo Roca Dalton en 22:46

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/01/honduras-con-accion-legal-funcionario.html

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