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Articulación 611 demanda suspensión de la aprobación de Nuevo Código Penal por vulnerar derechos fundamentales

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil se auto convocaron para integrar el espacio “Articulación 611” y auscultar los artículos del Nuevo Código Penal que está en discusión en el Congreso Nacional, ya que contiene una serie de figuras penales atentatorias contra los derechos y libertades de las y los […]

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Global civil society alerts UN Committee to risks facing ESC defenders

(Geneva) – A cross-regional coalition of over 300 civil society organisations today called upon the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) to respond to the grave risks and hindering obstacles facing human rights defenders who work on these rights. Threats and obstacles for economic, social and cultural rights defenders, they argue, could amount to a violation of these rights themselves. The Committee’s 58th session begins today in Geneva.

In a letter – led by the International Service for Human Rights (ISHR), the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GIESCR) and Platform Against Impunity – NGOs, communities and social movements pointed to the reports of a range of international experts which show that ESC rights defenders are being killed, threatened, harassed, intimidated, disappeared, jailed, stigmatised and subject to restrictive laws, in attempts to silence them.

‘Whether indigenous leaders opposing land grabs, health workers demanding access to medicines or NGOs denouncing obstacles to clean water provision, defenders of ESC rights often face a backlash which may dissuade them from continuing their activism’, said ISHR’s Ben Leather.

‘In March, States expressed their concern for these defenders through a resolution at the UN Human Rights Council. Civil Society and Special Procedures have repeatedly called for concerted action. Now we hope the UN’s expert body on this issue can also take a stand’.

The organisations accompanied the letter with a briefing paper on the issue, highlighting the important work already done by CESCR to encourage defender protection in countries under review. As Platform against Impunity’s Andrea Bolaños underscored: ‘The Committee has shown awareness and proactivity in speaking out against threats in countries where defenders face heightened risks. However, given the disturbing global trend we are currently seeing, civil society hopes CESCR can take action on the widespread issue as well as on country-specific situations’.

The coalition’s letter expressed concern that the work of CESCR itself may well be undermined if States do not do more to protect local activists.

‘If ESC rights defenders face attacks and restrictions for promoting ESC rights in their country, then they and others may well opt to discontinue this work’, said GIESCR’s Lucy McKernan. ‘It then becomes less likely that they will submit information about the reality on the ground to the Committee, or support States in implementing the Committee’s recommendations. This will hinder the impact of the Committee’s valuable work’.

‘A State which fails to protect human rights defenders is not serious enough about protecting the rights those people defend’, said Mr Leather, ‘We hope the Committee can make that clear to all those who have signed the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’.

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Miembro de la Sociedad Civil asegura que el gobierno miente al decir que ha disminuido la criminalidad en el país

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

Aurora Pineda, miembro de la Sociedad Civil, ha sostenido categóricamente que la criminalidad y homicidios en el país no han disminuido, contrario a lo que sostiene constantemente el Gobierno.

“Los informes que dan el Ministerio de Seguridad y la Policía no son ciertos, la criminalidad no ha bajado, más bien se ha transformado a masacres”, manifestó asegurando que es mentira la campaña que promueve el Gobierno pretendiendo vender la reducción en la tasa de homicidios en Honduras.

En septiembre el observatorio de la violencia informó que el índice de muertes es de 62 y según Pineda, esta cifra se mantiene.

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Sociedad civil y oposición hondureña vigilarán que fondos “gringos” sean utilizados con transparencia

Por: Redacción CRITERIO Redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Lo que se espera es que los fondos aprobados por los Estados Unidos mediante el Plan Alianza para la Prosperidad sean utilizados con la mayor transparencia posible y para ello los defensores de derechos humanos y los movimientos de oposición estaremos vigilantes dijo,  Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH.

Wilfredo Mendez, director ejecutivo de Ciprodeh.

Wilfredo Méndez, director ejecutivo de Ciprodeh.

Para ello se ha creado un mecanismo seguimiento y de estudio a nivel jurídico, a nivel del tratamiento migratorio y a nivel del tratamiento de los Derechos Humanos, para que estos dineros tengan los elementos de rendimiento de cuentas y transparencia en que ha insistido el gobierno estadounidense, dijo Méndez

Una de las condiciones de la Alianza para la Prosperidad, que incluye a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), establece que el 25% de esos fondos serán retenidos hasta verificar las acciones que eviten la migración hacia los Estados Unidos.

Además un 50% deberá ser utilizado en la lucha contra la corrupción e impunidad y la judicialización de los delitos.

Ariel Varela, al parecer toma las decisiones solo porque no se ve un comunicado de la Oposición Indignada.

Ariel Varela

“Este 25% la administración del presidente Barack Obama lo va a retener hasta verificar que Honduras está haciendo las acciones establecidas para contrarrestar la migración y hay un 50% de esos fondos que están fuertemente condicionados a una lucha contra la corrupción y la impunidad al establecimiento de un mecanismo que permita judicializar a los altos funcionarios que han cometido actos de corrupción, lo cual es alentador para la lucha que hemos estado realizando”, dijo Ariel Varela de Oposición Indignada.

El fenómeno migratorio cobró mayor fuerza el año anterior con el crecimiento significativo de la migración de infantes hacia los Estados Unidos, sin embargo el Plan Alianza para la Prosperidad, es claro, la no ejecución de las condiciones establecidas,  llevaría al retiro total de las aportaciones.

Méndez manifestó que,  se debe constatar que los fondos vayan a beneficiar a los hombres y mujeres que al final tienen que abandonar el país por varias razones y sobre todo por la violencia que abate el país y por lo tanto hay que generar condiciones adecuadas y pertinentes, sin olvidar que migrar es un derecho humano cuando la persona quiere,  pero no cuando se ve obligado a salir de su país por la violencia.

Miguel Briceño

Miguel Briceño

Por su parte Miguel Briceño,  de “Honduras, indignados somos todos”, señaló que los recursos financieros son también parte de la lucha sostenida en las calles, pidiendo un alto a la corrupción y la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y seguirán en pie de lucha por el logro de ese objetivo que es una de las recomendaciones del documento del Plan de la Prosperidad.

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Gobierno de Honduras recula con la MACCIH por temor a jueces y fiscales internacionales

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La entrada en vigencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), prometida por el presidente Juan Hernández ha sido alargada por el mismo gobierno, porque aparentemente ya no está de acuerdo con la propuesta de la sociedad civil, que exige la presencia de fiscales y jueces internacionales.

El protocolo de la MACCIH debió ser firmado el 10 de diciembre pasado pero no se dio porque “es una propuesta que se acerca más a lo que sería una comisión internacional contra la impunidad en Honduras y que evidentemente es una iniciativa que no está de acorde a los intereses del gobierno y por lo tanto han pospuesto la firma para el mes de enero”, dijo Wilmer Vásquez miembro de la sociedad civil.

La firma de la instancia, que cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido pospuesta para enero porque el gobierno ya no está de acuerdo con  la presencia de jueces y fiscales internacionales, según analistas políticos y porque el planteamiento de la sociedad civil  se resume en una misión  independiente, transparente y con capacidad de investigar los diferentes actos de corrupción.

Carlos Hernández, también miembro de la sociedad civil apuntó  que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, prometió a la sociedad civil rechazar la nueva propuesta del gobierno porque “no se va a aventurar a una iniciativa que sea un fracaso y eso nos da esperanzas”.

Por su parte, Ariel Varela miembro del movimiento social “Oposición Indignada” reveló que una misión de la OEA llegó el lunes a Tegucigalpa con el propósito de convencer al gobierno para que  firme la propuesta acordada con la sociedad civil. La delegación retornó a Washington al día siguiente.

Según Wilmer Vásquez, la percepción del gobierno  cambió a raíz de la visita de la misión de la OEA, ya que los visitantes se reunieron  con diversos sectores y  recogieron elementos de contrapropuestas.

La postura de Vásquez es la misma que abanderaron varios representantes de la sociedad civil hondureña durante un foro desarrollado ayer miércoles. Todos los miembros de la sociedad civil exigen una comisión “con autonomía, independencia financiera del gobierno y la inclusión y un observatorio ciudadano”, expuso el presidente de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, Carlos Hernández.

La creación de la MACCIH fue anunciada por la OEA el pasado 28 de septiembre, en respuesta a una petición hecha meses antes por el presidente Juan Hernández.

Hernández hizo el planteamiento ante la OEA en rechazo a la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad-Honduras (CICIH) exigida en las calles por los hondureños “indignados” desde mayo pasado, tras descubrirse el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad  Social (IHSS).

Las movilizaciones se originaron ante   el robo de unos 350 millones de dólares del Seguro Social, de los que  unos 94.000 mil  ingresaron a la campaña del ahora presidente hondureño, según lo admitió el mismo Hernández, quien además prometió devolver los fondos, provocando  así el furor de los “indignados”, quienes en las movilizaciones de las antorchas han pedido su destitución.

Origen: Gobierno de Honduras recula con la MACCIH por temor a jueces y fiscales internacionales –

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Honduran Civil Society and US Members of Congress Call for Independent Body to Address Corruption and Impunity in Honduras

Last summer, massive protests erupted in Honduras following revelations that hundreds of millions of dollars belonging to the country’s national health service had been siphoned off by officials from the ruling National Party. In neighboring Guatemala, similar protests, sparked by a similar corruption scandal, raged for much of the summer and led to the resignation and arrest of President Otto Pérez Molina. Following a far-reaching investigation by Guatemala’s International Commission Against Impunity (CICIG, by its Spanish acronym), Pérez and former Guatemalan Vice President Roxana Baldetti were charged with running a vast customs corruption network, and were jailed pending their respective trials.

In Honduras, President Juan Orlando Hernández remains firmly in place despite evidence that much of the embezzled public funds had been used for his 2013 presidential campaign. To try to placate the protesters, Hernández worked with the Organization of American States (OAS) on a joint proposal for a so-called Support Mission Against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH, by its Spanish acronym). But protest leaders, and most Honduran human rights organizations, have rejected Hernández’s proposal, considering it far too weak to effectively take on Honduras’ rampant corruption and impunity, and not sufficiently independent. Instead, they have called for the creation of a United Nations-backed International Commission Against Impunity in Honduras (or CICIH), modeled on Guatemala’s CICIG.

Critics of the OAS/Hernández proposal have pointed out that, in contrast with a CICIG-like entity, the MACCIH — as it is currently proposed — would lack the mandate and capacity to carry out judicial investigations and prosecutions, and instead would merely offer recommendations of reforms that the government is unlikely to ever implement (if past experience is any guide).

On December 4, Congressman José Serrano and 53 of his colleagues in the U.S. House of Representatives backed these demands in a letter to U.S. Secretary of State John Kerry, urging him to support the creation of a CICIH. In a separate statement Serrano said:

We cannot expect to fully address issues of violence and instability in Honduras when people do not feel as though they can trust their government or judicial system. It is time to establish an independent commission to root out corruption and restore trust.

Indeed, the extreme levels of corruption and violent crime in Honduras are matched by appalling rates of impunity. The northeastern Honduran city of San Pedro Sula has the highest homicide rate in the world and dozens of journalists, lawyers, and activists have been killed in recent years. The Inter-American Commission on Human Rights has said that impunity for these and other crimes “ranges between 95 and 98 percent.” The country’s security forces are widely recognized to be deeply infiltrated by organized crime groups and involved in extrajudicial killings and other human rights violations. The country’s judiciary is considered to be weak and is largely controlled by the ruling National Party, which illegally replaced top judges with allies in late 2012.

Perhaps most troubling of all is the fact that the Honduran administration has shown no interest in taking real measures to reform its security forces or the country’s corrupt judiciary. A widely respected independent police reform commission was dissolved by the ruling party in January of 2013, and none of its proposals were taken into account. Under increasing international pressure, the Hernández government has repeatedly announced its own police reform, which appears to mostly involve a partial administrative reshuffling of Honduras’ law enforcement institutions.

Despite all these problems, the U.S. government has continued to throw its support behind Hernández, and sources indicate that they back the MACCIH proposal as well, despite the overwhelming opposition of Honduran human rights advocates. Many of the groups that oppose the MACCIH and support a CICIH are part of the Coalition Against Impunity, which includes the Committee of the Families of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH), Judges for Democracy, the Center for Women’s Rights (Centro de Derechos de Mujeres — CDM), the Committee for the Relatives of Disappeared Migrants of El Progreso, the Freedom of Speech Committee (C-LIBRE), Team of Reflection, Investigation and Communication (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación — ERIC), the National Network for Honduran Women Human Rights Defenders, and many others.

In a November statement the Coalition argued that a MACCIH would:

[be] limited in its ability to attack corruption and impunity in the country. Its main purpose is to supervise and give technical support to the Public Ministry and the Justice System through the support of a group of ex-prosecutors and international jurists; preparing a diagnosis of the current situation of justice in Honduras; accompanying the implementation of the Interamerican Convention against Corruption; and the creation of a justice observatory.

And

[lack] an effective mandate to strongly and decidedly attack the scandalous corruption that is corroding the public institutions of Honduras, not to mention the tremendous limitations — that have been laid out — to attack impunity and dismantle criminal structures that function parallel to the state apparatus.

The Coalition also notes that the MACCIH proposal has been developed without consultation of, or input from civil society groups other than those that have close relations with the ruling National Party.

The statement explains:

Instead of a MACCIH, the Coalition Against Impunity, together with other organizations, advocates for a mechanism like the CICIG, underscoring the importance of a similar mandate and the transfer of experience that we could use in our country. We demand an International Commission Against Impunity, with a mandate that includes the following:

-Political independence and financial autonomy to avoid any interference or limitation of its actions.

-Capacity to investigate and gather evidence of criminal acts and illegal structures that function in the state apparatus. These should be provided to the Public Ministry to strengthen its prosecution abilities.

-The capacity for criminal prosecution together with the Public Ministry in emblematic cases of corruption, impunity, or extreme human rights violations.

-Building capacity of the Public Ministry and Judicial apparatus.

-Development of proposals to support the necessary reforms in the Honduran judicial system.

The marked weaknesses of the institutions in the Honduran judicial system currently demand the installation of an independent International Commission with a high level of technical and legal capacity to contribute to an efficient and committed struggle against corruption and impunity.

Some U.S. analysts have argued that a CICIG-like entity wouldn’t be able to quickly address Honduras’ rampant corruption and impunity.

The reality is that there are no quick fixes for Honduras, and simply painting over the country’s problems with ineffective measures will not improve the situation. And, as the Coalition Against Impunity has pointed out, a CICIH, rather than starting completely from scratch, would be able to benefit from a “transfer of experience” from the CICIG.

Origen: Honduran Civil Society and US Members of Congress Call for Independent Body to Address Corruption and Impunity in Honduras

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Sociedad Civil pide rapidez para reformar Ley de la Policía Nacional

11 November 2015

La comisión ordinaria de seguridad y prevención del Congreso Nacional (CN), que preside el diputado José Tomás Zambrano, conoció los aportes de representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre la propuesta de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policía.

Al respecto, Zambrano apuntó que varias organizaciones de la sociedad civil conocen el contenido de ambas propuestas y han sugerido, en el caso del nombramiento del director general de la Policía, que sea con mecanismos de participación o concurso.

Aclaró que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) no se elimina en la iniciativa de ley enviada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

Al contrario habrá un proceso de transición a lo que será la Superintendencia y Aplicación de Pruebas de Confianza.

“Debe quedar claro que la DIECP dejará de funcionar cuando entre en funciones la superintendencia”, recalcó Zambrano.

Otro aspecto que pide la sociedad civil es establecer en forma clara los procesos para los reglamentos en un periodo de seis meses, con la obligación que la Secretaría de Seguridad tenga planificado el proceso, rol y cronograma de trabajo para la elaboración y aprobación de los reglamentos y evitar errores del pasado.

 

Origen: Sociedad Civil pide rapidez para reformar Ley de la Policía Nacional

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Primero el consenso: Gobierno debe posponer reglamentos y protocolos de Ley de protección

Saturday, 15 August 2015 03:09 Written by  Published in Monitoreo de compromisos internacionales Read 32 times
Primero el consenso: Gobierno debe posponer reglamentos y protocolos de Ley de protección Rigoberto Chang Castillo

Unas 22 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos solicitaron al Gobierno de la República de Honduras, a través de Rigoberto Chang Castillo, Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, posponer  por unos meses la adopción de los reglamentos y protocolos de implementación de la ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el fin de que se inicie un proceso amplio que permita el consenso sobre los textos propuestos y ganar legitimidad en el proceso.

La Ley fue aprobada por el Congreso Nacional, según  Decreto No. 34-2015 y publicada en el Diario oficial La Gaceta el 15 de mayo de 2015. Tiene como objetivo reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas y contenidas en la Constitución de la República y en los instrumentos de derecho internacional, de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad.

En una carta enviada al Ministro Chang Castillo el 13 de agosto recién pasado las organizaciones le manifestaron que  la ley cuenta aún con diversos desafíos que deben ser sorteados en el proceso de creación de sus reglamentos y que, tememos, será difícil atenderlos satisfactoriamente a pocos días de cumplirse el plazo establecido por la ley en su artículo.

Las instituciones antes mencionadas señalan que están atentas a  la manera como diferentes temas puedan ser tratados y a continuación detallan sus preocupaciones:

1.-La asignación de funciones específicas a los diferentes sistemas que crea la ley, tales como el Sistema nacional para la promoción de los derechos humanos y de la prevención de sus violaciones, y el Sistema nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.

2.-El funcionamiento operativo y efectivo de diferentes órganos que crea la ley, tales como los grupos de análisis del Sistema de protección y prevención, el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, la Dirección General del Sistema de Protección y el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, dentro de las estructuras existentes del Estado hondureño.

3.-La forma en que se relacionarán, en el cumplimiento de sus funciones, y dentro del marco de sus atribuciones, cada nuevo órgano con las instituciones existentes del Estado y con la sociedad civil.

4.-La definición de la metodología y criterios aplicables para realizar los análisis de riesgo como aspecto central para la implementación de la ley

5.-Las consideraciones específicas para adoptar las medidas urgentes y ordinarias, teniendo en cuenta la diversidad de potenciales beneficiarios, en específico la situación de las personas que viven en zonas rurales, las mujeres, las personas

indígenas, las personas de las comunidades LGBTI y previendo respuestas particulares para aquellos casos en que los agresores sean integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.

6.-El cumplimiento de las medidas provisionales y cautelares dictadas por órganos del Sistema Interamericano.

7.-La manera como se tramitarán los recursos contra las resoluciones del Comité Técnico, en caso de desacuerdo por parte de beneficiarios, ya que, tal y como figura en la ley, la Dirección General sería órgano decisor y revisor a la vez.

8.-La posibilidad de establecer responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento de las obligaciones que establece la ley, y de las consecuentes sanciones a las que hubiese lugar.

9.-La forma cómo se creará y ejecutará el Fondo de Protección que permitirá financiar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección, así como la necesaria reforma del Decreto 199-2011 (Ley de fideicomiso para la administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional), con el fin de que incluya el financiamiento de acciones de prevención de agresiones en contra, y protección de, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia; además de la inclusión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y los órganos creados por la ley como nueva instituciones fideicomisarias.

“Además de lo expuesto anteriormente, nos preocupa que los reglamentos y protocolos previstos por la Ley no hayan sido creados mediante un proceso transparente, participativo e incluyente de los diversos sectores que son objeto de protección”, detallan .

Por último y a manera de conclusión expresan que  “sugerimos de manera respetuosa interponer sus buenos oficios para que se posponga por unos meses la adopción de los reglamentos y protocolos de implementación de la ley referida, con el fin de que se inicie un proceso amplio que permita la construcción colectiva de tales normas de manera que se cumpla con los objetivos que se persiguen. Un nuevo plazo permitiría una apertura hacia la sociedad civil con el fin de socializar y debatir los textos propuestos, lo que igualmente contribuiría a ganar legitimidad en todo el proceso”.

Las organizaciones que firmaron la misiva son:

Organizaciones nacionales:

Asociación de Jueces por la Democracia -AJD-

Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/ SIDA en Honduras -APUVIMEH-

Casa Alianza Honduras

Centro de Derechos de Mujeres -CDM-

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos -CIPRODEH- Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura -CPTRT-

Colectiva de Mujeres Hondureñas -CODEMUH-

Comité por la Libertad de Expresión en Honduras -C-Libre-

Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación -ERIC-SJ-

Foro de Mujeres por la Vida

Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”

Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras

Organizaciones regionales:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica)

International Service of Human Rights

PEN-Honduras

PEN-International

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Plataforma Internacional contra la Impunidad (Pi)

Protección Internacional (PI)

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Organizaciones populares se unen a ERIC y Radio Progreso en defensa de bienes naturales

Ago 07, 2015

Radio Progreso y el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC) en coordinación con organizaciones populares de Honduras pretende sensibilizar, concienciar y promover la movilización de la población en vigilancia para la defensa de los bienes naturales y del territorio, a través de una campaña de comunicación llamada “Madre tierra, nuestra casa común. ¡Defendámosla!

La campaña se extenderá desde  el Valle de Sula, hasta el atlántico hondureño y el Valle del Aguán así como el occidente de Honduras. La campaña comenzó este mes de agosto y en dos años cubrirá temas como: la minería, acceso al agua, empresas hidroeléctricas, defensa de los territorios (caso de Zonas especiales de desarrollo, desarrollo turístico, parques industriales, etc). También se abordará todo lo referente a monocultivos, depredación de los bosques y tráfico de madera, la militarización con la que se pretende controlar los territorios y sus bienes y sobre el espectro radioeléctrico, la denuncia sobre el control de los medios de comunicación en pocas manos.

Un enfoque principal de esta campaña es la participación ciudadana desde la cual se fortalecerá a la ciudadanía para que ejerza una mejor auditoría social/ambiental en torno a sus bienes naturales y de su territorio. La lucha frontal contra la corrupción e impunidad, que ahora ha sido acuerpada por una gran cantidad de sectores de la sociedad hondureña también es eje de esta campaña ya que el desarrollo de las comunidades se ve truncado por estos males.

Todas estas temáticas estarán cruzadas por unas transversales que le darán unidad a toda la campaña:

• Cultura de paz/ violencia

• Corrupción e impunidad

• La consulta previa como derecho de las comunidades

• Género

• Juventud

• Espiritualidad/ cosmovisión

• Experiencias positivas.

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C-Libre, CEM-H, Arcoíris y GSC integran el Consejo Nacional de Protección

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En asamblea pública celebrada este lunes 3 de agosto las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos eligieron
democráticamente a sus dos representantes propietarios y dos suplentes quienes formarán parte del Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Durante la asamblea de las organizaciones de sociedad civil.

Las personas seleccionadas para ocupar los cargos de propietarios son: Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) y Edy Tábora de C-Libre, mientras que Jessica Sánchez del Grupo Sociedad Civil (GSC) y Donny Reyes de la Organización Lésbico Gay Arco Iris fueron electos como  suplementes.

La Asamblea fue convocada por al Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Rigoberto Chang Castillo; y acompañada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Roberto Herrera Cáceres y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Vincenzo Placco.
Mesa de inscripción.

Entre las organizaciones defensoras de derechos humanos que se acreditaron para participar en la Asamblea están: Visitación Padilla, CODEH, Foro Permanente de Sociedad Civil, Oficina de Asistencia a la Mujer, CPTRT, Foro Nacional del SIDA, Movimiento Diversidad en Resistencia, Casa Hogar Proyecto de Vida y ODECO, entre otros.

La asamblea se realizó en atención a lo que disponen los Artículos 21 y 63 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y conforme a lo acordado en el Acta de la Asamblea General  celebrada en el Salón de Reuniones de las Oficinas  del CONADEH, el día 7 de julio del presente año.
Al respecto, el Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo manifestó que se espera que a mediados del presente mes el Presidente de la República Juan Orlando Hernández juramente a las personas que conformarán el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Momento de la votación

“Una vez juramentados procederán a formular la Política de Prevención y Protección de Derechos Humanos de todos los sujetos a los que la Ley da cobertura, también deberán trabajar en el Reglamento General de la Ley, a fin de que sea publicado y delinear la política de la Dirección General del Sistema de Protección”, agregó.

Por su parte, Suyapa Martínez, quien integrará el Consejo Nacional de Protección refirió que su participación estará orientada a llevar ante el mismo las voces de las y los defensores de derechos humanos.
Entre tanto, Edy Tábora, Director Ejecutivo de C-Libre expresó “asumimos este compromiso siendo una organización vinculada a la promoción y defensa de los derechos de los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales y del resto de defensoras y defensores de derechos humanos en el país”.
Agregó “vamos a impulsar propuestas que tengan que ver con la prevención y la investigación de las violaciones a los derechos humanos que se han producido”.
Entre las funciones que tendrá el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia están actuar como órgano consultivo, deliberativo y de asesoría para garantizar los derechos consignados en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, ejercer funciones de supervisión, control, seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Roberto Herrera Cáceres, Rigoberto Chang Castillo, Karla Cueva y Vincenzo Placco.

También asesorar a los órganos del Estado en el cumplimiento de las Políticas Públicas que garanticen el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos; promover o instruir el diseño e implementación de instructivos, políticas públicas y programas para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la presente Ley; hacer propuestas y recomendaciones para mejorar la implementación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, entre otras.

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Presidente de Honduras y sociedad civil analizan marchas de Las Antorchas

Martes, 09 Junio 2015 23:00

Los líderes de sociedad civil harán propuestas para aplicar justicia a los corruptos. Los líderes de sociedad civil harán propuestas para aplicar justicia a los corruptos.

TEGUCIGALPA- El presidente Juan Orlando Hernández se reunió ayer con líderes diversos sectores sociales, para dialogar sobre la situación política del país en el marco de las protestas exigiendo justicia y acordaron un dialogar para que no haya crispación.

El mandatario expuso los ejes de su Gobierno enfatizando en el de combate a la corrupción que contempla castigar a todos los que salgan implicados en actos irregulares sin importar su posición económica y política.

El presidente de la Cámara de Turismo, Epaminondas Marinakys, dijo que valora la iniciativa del gobernante de escuchar a los sectores sociales y atender sus inquietudes.

Por su lado, el titular de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Oscar Kalona, informó que crearon una comisión de los sectores que hará propuestas para mejorar la aplicación de la justicia, sin influencia política.

Asistentes
Participaron líderes de las iglesias, cooperativas, productores del campo, ganaderos, estudiantes, empresarios, jóvenes y dirigentes de organizaciones no gubernamentales.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/34990-presidente-de-honduras-y-sociedad-civil-analizan-marchas-de-las-antorchas

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Organizaciones de la sociedad civil expresan seria preocupación sobre el propuesto Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte durante la Cumbre de las Américas

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Ahora que inician las reuniones en el marco de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Panamá, 75 organizaciones de la sociedad civil y grupos de todo el hemisferio enviaron una carta colectiva a los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y los EE.UU. para expresar su gran preocupación sobre el propuesto Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Puede leerse en español aquí.

Este plan regional fue desarrollado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo de Estados Unidos. Aunque se creó presuntamente para abordar el flujo de inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, defensores de los derechos humanos, líderes laborales y defensores del medioambiente en toda la región temen que el plan empeorará la pobreza y la violencia.

“Una de nuestras más profundas preocupaciones sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad es que perpetúa las mismas políticas económicas que ya han dado paso a una creciente desigualdad”, dijo Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión para los Derechos Humanos de Guatemala/USA. “Nos alarman especialmente las propuestas de construcción a gran escala de proyectos de infraestructura y la expansión de las industrias extractivas, las cuales han ocasionado mucho desplazamiento forzoso en toda la región, y que con frecuencia están vinculadas a la violencia contra aquellas comunidades que se organizan para defender sus tierras y sus medios de subsistencia”.

Los firmantes de la carta, incluyendo organizaciones de derechos humanos, ambientales, laborales, de fe, como también organizaciones en pro de la mujer y otros grupos comunitarios, denunciaron la falta de una consulta democrática de las poblaciones afectadas, sosteniendo que el Plan se había desarrollado “a puerta cerrada”.

Se identificó la militarización de la seguridad pública, asociada a la guerra contra las drogas, como una de las principales causas de la crisis de derechos humanos y de refugiados de las regiones afectadas, por lo cual organizaciones defensoras de derechos humanos y otros activistas cuestionaron la continuación de dichas políticas bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad.

“Uno de los mayores peligros que presenta el actual Plan es la propuesta de militarizar las fronteras de Centroamérica”, dijo Laura Embree-Lowry, Directora de Programas del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). “Esto no solamente amenaza con violar el derecho humano a la libre locomoción, sino que además conlleva la probabilidad de ocasionar aún más abusos de todo tipo contra migrantes y refugiados a lo largo de México y Centroamérica”.

Las organizaciones hicieron un llamado a los cinco presidentes: a que inmediatamente lleven a cabo procesos de consulta participativos y democráticos con la población antes de seguir adelante con el Plan; a que desmilitaricen las fuerzas de seguridad; a que aborden los problemas de impunidad y corrupción; a que investiguen y enjuicien crímenes y abusos cometidos contra los migrantes; y a que mejoren y aceleren los servicios para los refugiados, especialmente los que se encuentran en Estados Unidos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3461:organizaciones-de-la-sociedad-civil-expresan-seria-preocupacion-sobre-el-propuesto-plan-de-la-alianza-para-la-prosperidad-del-triangulo-norte-durante-la-cumbre-de-las-americas&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Honduras comparecerá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un escenario agravado

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Estado hondureño se enfrentará el 8 de mayo próximo ante el  Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU),  con escenario “agravado” en materia de derechos humanos.
“Desde el primer EPU en 2011, la situación de los derechos humanos  se ha agravado y la impunidad y la violencia gobiernan, controlan y amenazan a la sociedad”, denunció a través de un comunicado público este miércoles la Plataforma EPU Honduras, una alianza de 50 organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la defensa, denuncia y promoción de los derechos humanos.
La presentación de Honduras ante EPU es una evaluación del estado de los derechos humanos al que son sometidos todos los países miembros de las Naciones Unidas. Este año nuestro país deberá  responder por las 129 recomendaciones hechas por los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mismas que van desde la reforma o derogación de leyes hasta creación o fortalecimiento de instituciones públicas.
En ese sentido, la Plataforma EPU Honduras, considera que el posible “Informe Sombra” o alternativo realizado por las organizaciones podría develará “que este período se ha caracterizado por una creciente militarización, la reducción de los espacios de participación de sociedad civil, la ausencia de diálogos reales y productivos, la falta de eficacia y efectividad de las instituciones estatales, la implementación de leyes y decretos que restringen derechos humanos; el control de las instituciones del sector justicia y seguridad por grupos de poder; mayor desprotección de sectores de la población históricamente vulnerabilizados”.
Deterioro de los derechos humanos
De acuerdo con el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, Wilfredo Méndez, se busca en primer lugar “el cumplimiento de las recomendaciones anteriores y se establezcan otras que contribuyan a mejorar la garantía y protección de los derechos humanos”. No obstante, el deterioro de los derechos humanos “es visible sobre la situación que viven los periodistas y los campesinos, y los niveles de violencia que afectan al país”.
El Estado de Honduras fue sometido a su primer EPU el 4 de noviembre de 2010, en donde se le formularon 129 recomendaciones, de las cuales no rechazó ninguna. Asimismo, presentó en fecha 18 de marzo de 2013 un avance de medio término sobre el avance de cumplimiento de las recomendaciones formuladas.
Durante la visita en diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató alarmantes niveles de violencia, que se ubican entre los más altos del mundo. Además de una de las tasas de homicidios per cápita más altas a nivel global, desapariciones forzadas, altos niveles de violencia de género y conflictos agrarios que también producen hechos de violencia, entre otros graves crímenes.
Permanente impunidad
De acuerdo con el documento presentado, esta situación de vulnerabilidad “tiene lugar en un contexto de gran impunidad,  resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de    independencia del Poder Judicial, entre otros factores”.

“La impunidad, -indicaron-, caracteriza tanto a hechos de violencia como a una amplia gama de  violaciones a los derechos humanos, tal como la ocupación ilegal de  tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, la  violación de los derechos laborales, y actos de discriminación, entre otros”.  Para la abogada Tirza Lanza, “la falta de investigación y la impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, alimentan   una espiral creciente de violencia”.
“Creemos que definitivamente en estos cuatro años no ha habido avances reales que el Estado puede alegar como algunas reformas legales que ha hecho o por ejemplo, la baja porcentual en la tasa de homicidios; no hay una situación en la que sintamos que realmente está mejorando, como en la protección de los derechos humanos”, apuntó.
Según Guillermo López, el irrespeto de garantías afecta especialmente a los sectores más vulnerables como, las mujeres, campesinos, niños, jóvenes, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
“Honduras enfrenta un proceso de deterioro en materia de derechos humanos durante este periodo y la respuesta estatal a los diferentes problemas se reduce a medidas de tipo militar que no han producido avances reales y efectivos en la protección de los derechos humanos de la población. Asimismo, en el contexto del EPU no se ha implementado ningún procedimiento de amplia participación para darle un seguimiento objetivo a las recomendaciones recibidas”, detalló.
La deuda en derechos humanos es grande, dijo a Conexihon, la coordinadora del Centro de Derechos de Mujeres, Gilda Rivera, quien subrayó que el Gobierno hondureño “ha cumplido muy poco” las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos.
Además, expresó su preocupación por “los altos” niveles de violencia que afectan a Honduras, donde a diario mueren unas trece personas, y señaló que más del 95 % de los homicidios en el país quedan impunes.
Libertad de Expresión
Entre las recomendaciones aceptadas se encuentran la de mejorar la capacidad investigativa en el asesinato de periodistas, recordó el director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Héctor Becerra.
Durante el EPU, la mayoría de países participantes señalaron su preocupación por el número de periodistas asesinados y le hicieron un especial llamado al Estado para que ejerza medidas efectivas en la protección de los comunicadores y combata la impunidad, en especial, por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe de estado.
También el Estado hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones “en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos” a fin de, entre otras cosas, reconocer a los medios comunitarios. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión.
“Países de Europa y América del Sur han estado muy preocupados por el tema de las agresiones a periodistas, que incluye la libertad de opinión, de expresión y de prensa; esos tres elementos siguen siendo una amenaza en el país, inclusive la libertad de opinión, más allá de los periodistas es un aspecto muy difícil en el país tanto me parece que seguirá reiterandose esa preocupación por parte de el Estado que los temas de investigación sobre la muerte de periodistas siguen siendo muy pobres por lo que permanecen en un nivel de impunidad, al punto de que se desconoce si se debe a su quehacer como periodistas o lo agrava aún más”, comentó también el director de Ciprodeh, Wilfredo Méndez.
Aunque el EPU no representa una condena legal vinculante, el gobierno hondureño presta especial preocupación a este tipo de señalamientos éticos, pues muchos países cooperantes también imponen restricciones a financiamientos y estos condicionamientos en distinto nivel pueden derivar en el estancamiento o congelamiento de fondos para la ejecución de proyectos estatales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), integrado por 47 países miembros y con sede en Ginebra, Suiza. La Asamblea General de la ONU creó en 2006 el Consejo, lo dotó del mecanismo del EPU, con la misión de evaluar cada cuatro años la situación de los derechos humanos en los 192 estados del foro mundial.

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Sociedad civil comayagüense se une contra la impunidad

Escrito por Redacción | Febrero 2 del 2015

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Sociedad civil comayagüense se une contra la impunidad
Comayagua, Honduras (Conexihon).- Comprometiéndose a trabajar conjuntamente para revertir los elevados niveles de impunidad en la región central del país, funcionarios de las entidades operadoras de seguridad y justicia del departamento de Comayagua, y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), empresa privada, iglesias, universidades, organizaciones juveniles y de mujeres, y organizaciones defensoras de derechos humanos, se dieron cita el pasado viernes 30 de enero de 2015, en el marco del foro “Inseguridad e impunidad: Una mirada desde el ámbito local”, organizado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), con auspicio del Instituto Nacional Demócrata (NDI). Dicho evento se llevó a cabo en el Hotel Antigua Comayagua, del municipio de Comayagua, con la asistencia de más de 150 personas que manifestaron su hartazgo ante la ola de criminalidad y delincuencia que azota a los habitantes de esta zona de Honduras.
En dicha foro, la APJ, da a conocer la situación de violencia e impunidad que viven los habitantes de la región central y promovió el dialogo y la articulación de acciones entre la sociedad civil y los entes que conforman el sistema de seguridad y justicia, para revertir los altos índices de inseguridad y criminalidad.
Durante la jornada, hicieron uso de la palabra German Hernández, Coordinador Regional del Observatorio Local de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); y Joel Hernández, Coordinador de Investigación de la APJ. De igual manera, en representación de las entidades operadoras de seguridad y justicia de Comayagua, Adrián Octavio Rosales Núñez, Coordinador de Fiscales del Ministerio Público (MP); Omar Bonilla, Magistrado Presidente de la Corte de Apelaciones; Ricardo Ordoñez, Coordinador de los Juzgados de Letras de los Penal; y el Sub Comisario José Luis Flores Ordoñez, Jefe de la Unidad Departamental de Prevención de la Policía Nacional Preventiva (UDEP). Asimismo, participó en el evento, Manuel Hernández, Vicepresidente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana (COMUSEC).
German Hernández, Coordinador Regional del Observatorio Local de la Violencia del IUDPAS, de la UNAH, durante su ponencia dio a conocer la vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes de 15 a 30 años de edad de ser víctimas del crimen organizado y delincuencia común, señalando el incremento de casos de violencia doméstica y femicidios en la zona; sumado a esto, resaltó los altos índices de impunidad en el sistema judicial, lo que genera un ambiente de desconfianza e indefensión en la ciudadanía.
Durante la reunión, la APJ, mostró los resultados del “Estudio de homicidios en Comayagua”, estableciendo que entre el año 2010 y el 2012 se registraron 391 homicidios, de los cuales solo 15 llegaron a sentencia condenatoria, un 4%, lo que indica que el índice de impunidad es del 96%. Del mismo modo, de estas 391 víctimas, el 95% son hombres y un 5% mujeres, y la edad promedio oscila entre los 26 a 35 años.  “Muchos de estos homicidios fueron cometidos por individuos que ya habían sido denunciados por otros delitos, pero que estaban en libertad” aseveró Joel Hernández, Coordinador de Investigación de la APJ.  Otro dato encontrado en el estudio, es el promedio de 21 meses que demora el proceso judicial, desde el levantamiento del cadáver hasta llegar a la sentencia condenatoria.
Por su parte, funcionarios del MP y Poder Judicial, coincidieron sobre las limitaciones que tienen en recurso humano, logístico, de equipamiento y presupuestario para poder enfrentar la grave situación y demanda que a diario reciben en las distintas áreas de jurisdicción del departamento; hicieron resaltar que la demanda ciudadana, no solamente incluye atender a los habitantes de Comayagua, sino también a los residentes de los departamentos de Intibucá y la Paz. Fue consenso de los operadores de justicia identificar como una de las principales falencias del sistema, el pobre desempeño de las unidades de investigación criminal, lo que únicamente permite que 1 de cada 10 homicidios tengan un expediente completo de investigación, lo que genera impunidad; al respecto, cifraron muchas de sus esperanzas a que se fortalezca la presencia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y se asignen investigadores de la recién creada Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en la zona.
Igualmente, el Jefe departamental de la Policía Nacional de Comayagua, José Luis Flores Ordoñez, expresó su preocupación por el déficit existente de recurso humano, para cubrir con las exigencias de los habitantes del departamento de Comayagua. “En la actualidad, únicamente tenemos 403 policías para atender actividades preventivas, de investigación criminal y labores de control de tránsito en el departamento, cuando –según estándares internacionales- deberíamos contar con 1,131; tenemos un déficit de más de 700 agentes policiales” dijo el Sub Comisario Flores Ordoñez, al tiempo que pidió a las autoridades superiores de la Secretaria de Seguridad, dotar de equipamiento y logística a las dependencia policiales del departamento de Comayagua.
Manuel Hernández, en representación del COMUSEC, conformado por representantes de la Corporación Municipal de Comayagua, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, instituciones bancarias, medios de comunicación, universidades y patronatos, dio a conocer las líneas estratégicas que se incluyen en el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Comayagua, en las que destacan, la participación y coordinación de acciones entre diferentes sectores, el  fortalecimiento de capacidades locales en el combate del delito, la reducción de factores de riesgo asociados a los problemas de criminalidad violenta y la construcción de una cultura ciudadana y convivencia pacífica, entre otras.
Durante la jornada, también hicieron uso de la palabra Manuel Cartagena, Vicealcalde Municipal de Comayagua; Omar Rivera, Coordinador General de la APJ y Zelena Rodríguez, Coordinadora de Programas del NDI en Honduras.  “La APJ, realiza un esfuerzo por desarrollar las capacidades de las organizaciones locales para realizar acciones de veeduría y auditoría social e incidencia política ante los operadores de justicia, en cuatro ciudades de Honduras, incluida Comayagua”, apuntó Omar Rivera, durante su participación; “Continuaremos trabajando con la sociedad civil de este departamento, para que juntos podamos revertir la grave situación de violencia, inseguridad y criminalidad que estamos padeciendo” dijo el dirigente de APJ.
En la fase final del foro, los asistentes exigieron a los operadores de seguridad y justicia mayor atención y respuesta a los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente a la niñez, adolescencia, juventud y mujeres, y ofrecieron apoyo para demandar ante las autoridades centrales del Estado, mayores recursos presupuestarios – especialmente de los derivados de la Tasa de Seguridad- para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, el MP y las distintas dependencia del Poder Judicial.

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Desigualdad fue agenda de la sociedad civil

15 de Enero de 2015

10:00PM  –  Agustín Lagos N.  

Organizaciones expusieron problemática que se vive en el país en materia de derechos humanos y gobernabilidad.

Tegucigalpa, Honduras

Diferentes organizaciones de la Sociedad Civil y la empresa privada se reunieron con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

En el encuentro estuvieron representantes de tres actores, entre ellos derechos humanos, empresa privada y gobernabilidad.

Wilmer Vásquez, de la Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), explicó que en la reunión con el secretario general hubo intervención de las tres representaciones por espacio de cinco minutos cada una.

Los principales temas abordados con el distinguido visitante se basaron en los problemas estructurales del país.

“Hablamos de la desigualdad, pobreza, impunidad, exclusión social, cómo esto se convierte en situaciones de violencia e inseguridad en el país”, aseguró Vásquez.

“También se habló de la criminalización por la protesta de los sectores sociales, de los despidos masivos en las instituciones del Estado sin el debido proceso, al igual que de los temas de migración, que en el país son las causales para que haya migración de hondureños”.

Otros aspectos abordados fueron los relacionados a la salud, educación y falta de presupuesto y programas para los grupos vulnerables y la falta de un sistema de protección social.

Otro aspecto importante que se planteó fue la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras y el compromiso que esa oficina va a tener de dar seguimiento al tema de violaciones de derechos humanos y la coordinación con las instituciones del Estado con la sociedad civil.

“Para que se instale una oficina de esta naturaleza en un país, tiene que ver por los elevados niveles de violaciones de derechos humanos que hay en Honduras”, explicó.

Las organizaciones de derechos humanos aprovecharon la oportunidad para demandar el apoyo y que se apruebe en el Congreso Nacional los mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y operadores de justicia.

Otra de las preocupaciones que expusieron los defensores de derechos humanos es que no aceptan que se eleve a rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Todos los temas anteriores están relacionados con los que plantearon las organizaciones de gobernabilidad, quienes además expusieron la preocupación de la nueva ley del Tribunal Supremo Electoral.

En el caso de los miembros de la empresa privada, se basó en el apoyo que ha dado el gobierno para mejorar la situación económica del país y poder impulsar la pequeña y mediana empresa.

Al igual que se expuso sobre las nuevas oportunidades de empleo en el país.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/785956-331/desigualdad-fue-agenda-de-la-sociedad-civil

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Sociedad civil expondrá hoy violaciones ante la CIDH

Martes, 02 Diciembre 2014 23:20

 

Diferentes entidades participaron ayer en una reunión preparatoria, previa al encuentro de esta mañana. Diferentes entidades participaron ayer en una reunión preparatoria, previa al encuentro de esta mañana.

SAN PEDRO SULA. Una serie de organizaciones denunciarán esta mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estado de militarización, debilitamiento de las instituciones, la falta de independencia judicial y el incumplimiento de medidas cautelares, que vive la sociedad hondureña.

La reunión de representantes de la sociedad civil con la CIDH es a las 10 de la mañana en el Hotel Copantl. Reuniones similares ya se efectuaron en Tegucigalpa, La Ceiba y Tocoa.

Entre las entidades hondureñas que participarán están el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Foro de Mujeres por la Vida, la Asociación de Jueces por la Democracia, Cáritas, Pastoral Penitenciaria, la Colectiva de Mujeres Hondureñas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, entre otros.

La abogada Brenda Mejía, representante de ERIC, explicó que ayer tuvieron una reunión preparatoria, “para organizarnos porque el encuentro con la CIDH solo dura dos horas y cada organización tiene cinco minutos para exponer un tema y plantear una petición”.

Reconoció que la CIDH no tiene facultades coercitivas ante los gobiernos y lo que hace es elaborar un informe con los reportes que recibe, “de esta forma se pone en evidencia ante el mundo lo que está sucediendo en cada país”.

Ejemplificó que actualmente Honduras está dentro del “capítulo cuarto del informe anual de la CIDH”, lo que pone a nuestra nación como uno de los mayores violadores de Derechos Humanos, “y el propósito del gobierno al invitarlos es precisamente lograr que lo saquen del capítulo cuarto”.

Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/10185-sociedad-civil-expondr%C3%A1-hoy-violaciones-ante-la-cidh

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Honduras: Sociedad civil pide cambios al TSE

12 de Noviembre de 2014

10:08PM  –  Redacción  

En la actualidad, el ente colegiado administra el proceso y también dirime las controversias derivadas de ese proceso.

Antonio Teruel, miembro de Cáritas y de la sociedad civil.
Antonio Teruel, miembro de Cáritas y de la sociedad civil.

Tegucigalpa, Honduras

La sociedad civil aspira a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abandone la función de “juez y parte” de los procesos electorales y se convierta en una entidad exclusivamente rectora de los torneos cívicos.

En la actualidad, el ente colegiado administra el proceso y también dirime las controversias derivadas de ese proceso.

En la propuesta que hace la sociedad civil a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional se procura transformar el TSE cambiando la forma de elección de sus magistrados por una similar a la de la Corte Suprema de Justicia.

“El Tribunal es juez y parte y lo que estamos planteando es que él sea un organismo eminentemente técnico, que haya una dependencia para la justicia electoral”, dijo Antonio Teruel, miembro de la sociedad civil.

Informó que en el documento remitido al Congreso también se pide la “ciudadanización” de las mesas electorales receptoras.

El propósito es modificar la forma de nombramiento de los integrantes de mesas, que ahora lo haga el TSE no los partidos políticos.

Por ahora, el proyecto de reformas están estancadas, según Antonio Rivera Callejas, miembro de la Comisión.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/767231-331/honduras-sociedad-civil-pide-cambios-al-tse

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Hay que replantear la familia a un círculo más colectivo, según socióloga

Ago 22, 2014

El día 5 de septiembre de 1991 los Obispos de Honduras publicaron una carta pastoral sobre “Identidad y misión de la Familia”. En esa carta aconsejaban que se estableciera en el país el mes de agosto como el “mes del Matrimonio y la Familia”. Es por eso que en este tiempo se han consolidado diversas iniciativas y actividades en todas las diócesis del país, de manera que en el ámbito de la Iglesia Católica el mes de agosto es ampliamente conocido, celebrado y vivido como el “mes del Matrimonio y la Familia”.

Para hablar y reflexionar sobre este tema, A Mecate Corto (AMC) habló con la licenciada Jessica Sánchez (JS), ella es escritora, feminista y catedrática universitaria.

AMC. ¿Cómo definiría la familia usted?
JS. Mire el debate sobre la familia es largo no, y aquí suspiro… porque se ha pensado que la familia ideal es la familia nuclear: papá, mamá, hijitos, perro, gatos y algunas gallinas, pero nuestra familia real, la que tenemos en nuestras casas no corresponde a ese ideario. Tenemos un gran número de hogares “jefeados” por madres. ¿Cuántos de los que nos leen no han sido criados por una madre soltera que los ha sacado adelante con una figura de un padre; y mucho padre migrante que si bien ha aportado económicamente a la familia pues no ha estado presente. Está la figura también de los niños y niñas que crecen solos (o mejor dicho con la abuela) con tíos u otro círculo familiar.

Estamos ante un proceso de crisis precisamente de estas familias, la misma pobreza obliga a las mujeres y hombres a migrar, pero en el caso de las mujeres, ellas se llevan  a sus hijos e hijas  porque es un deseo humano, ¿qué madre no quiere llevarse a sus hijos a un futuro mejor? En el contexto de violencia que estamos viviendo, entonces yo siento que el ideal que debemos tener de familia debe ser muy acorde con la realidad que estamos viviendo, preguntarnos si en realidad  ese ideal de familia es posible, ese que nos ha vendido los medios de comunicación y hasta el  mismo gobierno.

AMC. ¿Cuáles son los elementos que han influido a que tengamos una familia en esas condiciones?
JS. Pues yo creo que la familia hondureña, centroamericana, nunca fue ese modelo de familia nuclear. Yo me acuerdo de mi familia en Santa Bárbara y otra que tengo en Perú, familia latinoamericana, y era una familia compuesta así, compuesta de mamá, papá de hermanos pero también de todo un círculo familiar, la abuela era muy presente, las tías eran muy presentes, entonces cuando la mamá no podía porque estaba trabajando, la abuela se hacía cargo, es decir era un núcleo familiar que estaba muy conformado alrededor del área rural. Eso se ha ido desintegrando a favor de todo este sistema capitalista que privilegia el área urbana, entonces a nosotros ya no nos gusta vivir en el campo y lógico porque las oportunidades se dan en el área urbana.

¿Qué nos queda en el campo? Con malas condiciones, pues sembrar milpa. Entonces no hay oportunidades ni hay opciones de vida para la gente del campo, de esta familia que estamos hablando.

AMC. La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y como tal, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, ¿cómo está atendiendo a la familia el Estado?
JS. Para mí y para muchos que nos están leyendo, no la está atendiendo integralmente, no basta con decir o impulsar un programa como “Con chamba vivís mejor” y con eso se le soluciona el problema a la familia; porque el problema de la familia hondureña siendo realista, es el tema de la violencia, y violencia en nuestras casas, violencia de los hombres hacia las mujeres, violencia hacia los niños y niñas y violencia en general, y no es la solución la Policía Militar o más armas.

¿Qué pasa cuando hay más armas o si yo tengo una arma? Corro el riesgo de que al enojarme utilice esa arma que generalmente son armas de fuego. Entonces vemos como los índices de violencia han ido creciendo. El estado debería trabajar en una cultura de no violencia, en una cultura de paz, una cultura de amor. Porque también hay que ver la familia así como una unidad, pero también con sus diferentes componentes que necesitan atenciones diferentes.

Tengo una crítica sobre ese sistema  de Guardianes de la Patria que es como otra gran familia, la familia del ejército. Nuestra familia también es nuestra patria, pero hay que preguntarnos qué patria queremos, si una patria militarizada, una patria donde no podamos disfrutar de los espacios públicos.

AMC. ¿De qué son expresión los problemas de la familia?
JS. De una sociedad en crisis, estamos en crisis. Hay una corriente que dice “es la falta de valores”, pero la falta de valores está cimentada sobre la inseguridad. Si usted está seguro emocionalmente, afectivamente, financieramente, los valores se cimentan, pero si usted tiene que competir por su sobrevivencia, ahí se pierden los valores porque en este sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, es la sobrevivencia del más fuerte, del que mete más el codo, el que avasalla más a los demás, en el sentido no de una fuerza interior, sino de una fuerza violenta, que  antepone  los intereses individuales   a los intereses colectivos.

AMC. ¿Si no es crisis de valores es una crisis política?
JS. Sí, yo creo que es una crisis política; acordémonos que todo es político, y los valores son políticos.

AMC. ¿Cómo se puede echar hacia atrás todo lo que ha venido atentando contra la existencia de una familia unida?
JS. Yo creo que hay que seguir apostando neciamente hacia la construcción de la paz y el amor, y eso no quiere decir que bajemos la cabeza y que no protestemos, quiere decir, seguir insistiendo en estos espacios colectivos, talvez  no retroceder, sino avanzar. Yo creo que muchos y muchas soñamos con un futuro en el que nuestros hijos e hijas sean libres.

AMC. ¿Cómo se ha modificado la familia a raíz del fenómeno de la migración?
JS. Yo no sé si puede hablar de familia en este escenario, son familias desintegradas. A mí no me gusta hablar de la familia ideal o de la familia integrada, porque creo que no es un concepto que existe en la realidad. Este tema de la migración lo que ha venido a dejar como visible es la desprotección del propio Estado  hacia esa familia que dice proteger.

AMC. ¿Por qué cada día vemos a tantas jóvenes adolescentes embarazadas?
JS. Primero decir que no es cierto que las adolescentes embarazadas provienen de hogares desintegrados, es un factor mínimo. Los datos nos dicen que más del 80 % de mujeres que llegan medicina forense por casos de violencia sexual, son niñas, adolescentes, abusadas dentro de sus casas, por familiares. Por otro lado es la educación sexual, porque está casi prohibida la educación sexual en los colegios y escuelas, entonces la niña o joven no se está dando cuenta cuando es víctima de abuso sexual, no tiene capacidad de decidir.

AMC. ¿Cuál es el papel que actualmente juega la iglesia con respecto a la familia?
JS. La iglesia en Honduras ha tenido una actitud muy conservadora, apoyó la prohibición de la Píldora de anticoncepción de Emergencia, sabiendo que hay violaciones, por ejemplo.

AMC. ¿Cuál sería el aporte más importante de la iglesia para la familia?
JS. Nosotros aspiramos a una iglesia que comparta, una iglesia que proteja a sus integrantes, una iglesia que no tenga que ver con grandes templos, sino con la práctica comunitaria y del buen vivir.

AMC. ¿Cómo podemos formar una familia unida y con valores bien cimentados?
JS. Debemos replantearnos el concepto de familia, yo sé que muchas familias en estos momentos estamos en la sobrevivencia, somos una sociedad en crisis, somos una familia en crisis, debemos tener mucha paciencia y humildad porque estamos viviendo tiempos difíciles, lo importante si no desesperarnos.

En estos momentos el mejor aporte es el tejido solidario, unificarnos con otras familias, compartir el pan, los problemas, las dificultades, pero también la esperanza.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1286-hay-que-replantear-la-familia-a-un-c%C3%ADrculo-m%C3%A1s-colectivo-seg%C3%BAn-soci%C3%B3loga

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Sociedad Civil: Urgen proteger comunicadores

21 agosto, 2014 – 12:10 AM

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DERECHOS-HUMANOS-MF-200814

Miembros de la plataforma de la Sociedad Civil, exigieron ayer al Congreso Nacional la pronta aprobación de una Ley de Protección a Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Abogados debido a las últimas muertes registradas entre esos gremios.

El coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, señaló que en la actualidad no hay una instancia definida dónde se puedan atender los crímenes contra los comunicadores sociales.

“Ante una amenaza criminal en este momento los niveles de protección en el país no están claramente definidos para ejercer un mejor nivel de protección a la prensa en términos generales”, cuestionó.

Indicó que en lo que va del año han muerto violentamente siete comunicadores sociales y en su mayoría habían denunciado que estaban siendo objeto de amenazas, pero no tuvieron las medidas de protección por parte del Estado.

De momento, la única instancia de atención que existe es a nivel de derechos humanos. Por eso están pidiendo al Poder Legislativo que se apruebe la ley referida para que haya una instancia responsable de defenderlos.

La sede de esa entidad estaría funcionando en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, administrada por el Estado como responsable de la protección de los comunicadores en general, como lo establecen los organismos internacionales. (ECA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/08/21/sociedad-civil-urgen-proteger-comunicadores/

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Estados Unidos demanda a Honduras restauración de confianza en el Poder Judicial

El 29 de mayo en Tegucigalpa, las delegaciones de alto nivel del Gobierno de la República de Honduras y del Gobierno de los Estados Unidos de América, se reunieron a través del Grupo de Trabajo Bilateral de Derechos Humanos para fortalecer la colaboración bilateral en derechos humanos y el Estado de Derecho.

1. Reforma del Sector de Seguridad: El Gobierno de Honduras está trabajando para mejorar la efectividad de la aplicación de la ley y de las instituciones de seguridad. Ambos Gobiernos discutieron la estrategia de Honduras en la reforma al sector seguridad y los programas de apoyo de los Estados Unidos. También, discutieron los logros y retos para el funcionamiento de las instituciones de seguridad de Honduras, incluyendo la continua evaluación y proceso de depuración de la Policía Nacional.

2. Combate a la impunidad: Ambos Gobiernos discutieron su preocupación compartida por los altos niveles de violencia en Honduras. Los Gobiernos afirmaron que la protección de los grupos vulnerables es una preocupación prioritaria. Honduras y los Estados Unidos decidieron dar seguimiento a casos emblemáticos de derechos humanos, para identificar los obstáculos y enfocar los recursos para obtener procesamientos efectivos.

3. Trata de Personas: Los Gobiernos discutieron acciones para prevenir la trata de personas a través de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

4. Fortalecimiento de las Instituciones de Derechos Humanos: El Gobierno de Honduras presentó las prioridades del Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) presentó sus prioridades para los próximos doce meses. Los Gobiernos se comprometieron a renovar todos los esfuerzos para fortalecer las instituciones de derechos humanos.

5. Trabajo conjunto con Sociedad Civil: Ambos Gobiernos reafirman que la Sociedad Civil juega un papel importante para lograr mejorar las condiciones de vida de la población y en defensa de los derechos humanos, para lo cual el Grupo Bilateral toma en consideración los aportes provenientes de las diferentes organizaciones. Ambos Gobiernos reconocieron la necesidad de fortalecer el papel vital que tiene la sociedad civil en la guía de estas reformas y en la restauración de la confianza de la ciudadanía hondureña en sus sistemas de justicia y de aplicación de la ley.
Estas acciones permiten elevar y ampliar la colaboración mutua en los asuntos relacionados al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de mayo de 2014

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/estados-unidos-demanda-honduras-restauraci%C3%B3n-de-confianza-en-el-poder-judicial

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Realizan encuesta sobre aceptación o no de la PAE

27 de Mayo de 2014

09:25PM  –  Redacción   

840 hogares fueron consultados por Le Vote.

Ricardo Romero, gerente de Le Vote, expuso los resultados de la encuesta.
Ricardo Romero, gerente de Le Vote, expuso los resultados de la encuesta.

Tegucigalpa, Honduras

Miembros de la sociedad civil y representantes de grupos feministas presentaron este martes los resultados de una encuesta sobre el debate de la legislación o no de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE).

El instrumento fue aplicado y analizado por la empresa Le Vote, que consultó en 840 hogares de Tegucigalpa y San Pedro Sula sobre si está a favor o en contra de la PAE.

Según el estudio, 54 personas de cada 100 en edades de 15 a 49 años apoyan el uso de la píldora anticonceptiva.

En el informe se indica que la aceptación de la PAE en cada partido político es diferente.

Para el caso, se asegura que el 55% de los simpatizantes del Partido Nacional apoyan la aprobación de la PAE, así como el 59% de los miembros del Partido Anticorrupción (Pac) y el 53% del partido Libre muestran la aceptación del fármaco.

Solo el Partido Liberal se posicionan en contra con un 55%.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/713545-331/realizan-encuesta-sobre-aceptaci%C3%B3n-o-no-de-la-pae

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Campesinos marchan exigiendo nueva Ley de Reforma Agraria

14 mayo, 2014 – 10:00 PM

Unos 400 campesinos, aglutinados en más de 15 organizaciones del sector agrario del país, iniciaron hoy  una caminata hacia la capital para presentar un pliego de demandas ante el Congreso Nacional.

Los representantes de los campesinos convergieron en Zambrano, de donde salieron hacia la capital ayer en la mañana.

Entre las peticiones más importantes solicitan la libertad del campesino José Isabel Morales (“Chabelo”), a quien consideran un preso político y el segundo tema es exigir ante el Congreso Nacional la aprobación de una Ley de Reforma Agraria Integral, precisó Magdalena Morales, secretaria general departamental de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

La dirigente señaló que, “Chabelo” fue condenado a 17 años de cárcel sin darle la oportunidad de demostrar su inocencia y la lucha será hasta que logren los objetivos que se han trazado.

La movilización de los trabajadores del campo inició en la aldea de Zambrano, municipio del Distrito Central y anoche pernoctaron a inmediaciones de la aldea La Cuesta 1, situada en la salida de la carretera al norte del país.

Luis Méndez, dirigente de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, apuntó que además de los dos puntos principales, los campesinos exigen la derogación definitiva de la ley que aprueba las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas como “Ciudades modelo”.

Los integrantes de la caminata transitaron por la orilla de la carretera para no impedir el tráfico vehicular.

Asimismo, exigen la salida de los territorios los proyectos de minería e hidroeléctricos que han sido concesionados a empresarios que son amigos de diputados del Congreso Nacional y también reclaman que el Estado dé cuenta de las muertes de mujeres en el país. Y que haya justicia y respeto a la autodeterminación de los pueblos, especialmente a los indígenas.

El coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Juan Barahona, quien acompaña a los campesinos en su lucha, señaló que el movimiento campesino comenzó una caminata a la altura de Zambrano y hoy llegarán ante la Casa Presidencial y luego se encaminarán hacia el Congreso Nacional donde va a concluir con un ayuno por parte de varios campesinos.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/14/campesinos-marchan-exigiendo-nueva-ley-de-reforma-agraria/

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Sociedad Civil y Gobierno expone acciones para reducir la violencia en el país

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Para dar a conocer las actividades que realizan a favor de la prevención de la violencia en niños y jóvenes, organizaciones de la Sociedad Civil y del Gobierno se reunieron este jueves con el representante del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia (Ciprevi). El representante del Ciprevi en Honduras, Adán Zúniga, explicó que la jornada con las organizaciones de la Sociedad Civil y entes del gobierno, tuvo como propósito compartir la experiencia de varias organizaciones que trabajan en el tema de monitoreo de las políticas públicas en prevención de la violencia en Honduras.
En la reunión participaron representantes de Casa Alianza, el Consejo Nacional de Prevención de la Violencia en Honduras (Coprev); el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS), el Centro de Prevención, Tratamiento Contra la Tortura y sus Familiares (CPTRT) y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; entre otras.
“El proyecto en el que trabajamos en Ciprevi es sobre políticas públicas de prevención de violencia hacia la niñez y juventud y además, darle seguimiento a una política en ese sentido que se aprobó el año pasado en donde se creó el Coprev, institución encargada de velar porque estas políticas se impulsen en el país”, ecplickló Zúniga.
El representante del organismo internacional destacó que “Ciprevi tiene la intención de hacer un manual, como una contribución para que las organizaciones de la Sociedad Civil o algún profesional independiente, tengan algo para poderle dar seguimiento a las decisiones que toma el Estado, encaminadas a prevenir la violencia, respetando los derechos humanos. No tanto en la prevención vía la represión, si no creando oportunidades”, enfatizó.
Rapcos

En el evento, Héctor Longino Becerra, director ejecutivo de C-Libre dio a conocer las herramientas con las que trabaja la organización en defensa de la libertad de expresión y protección a periodistas, a través de la Red de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos), Conexihon Ciudadana y el Observador, los cuales permiten registrar denuncias, realizar reportajes y denuncias de violaciones a los derechos humanos y mapear las regiones en donde se producen las mismas.
Por su parte, Carmen Martínez del CPTRT, explicó el trabajo que realiza la organización en los centros penales del país con las personas privadas de libertad, la supervisión en los centros de detención de personas o postas policiales, el trabajo piloto que realizan en los barrios y colonias con jóvenes en riesgo social a través del Programa “Fútbol por la Paz”, entre otros, para disminuir la violencia y la tortura en el país.
Las exposiciones de los demás organismos participantes se relacionaron con el seguimiento de las políticas que el Estado está obligado en aplicar en favor de los niños y jóvenes, para reducir los índices de violencia y asesinatos, relacionados con la delincuencia común, crimen organizado, tráfico de drogas, personas y la asociación ilícita o maras.
Asistieron, Odalis Nájera de Conaprev, Carmen Martínez del CPTRT, José Guadalupe Ruela de Casa Alianza, Edwin Lanza del PNPRRS, Marco Antonio Pérez de Coiproden y Héctor Longino Becerra de C-Libre. La coordinación del evento la realizó Adán Zúniga del Ciprevi, quien agradeció cada una de las exposiciones a los participantes.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/sociedad-civil-y-gobierno-expone-acciones-para-reducir-la

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HONDURAS: Citan a ex directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social // Sociedad Civil y Comisión Interventora del IHSS analizan un nuevo informe

viernes, 4 de abril de 2014

Tiempo.hn / Viernes, 04 Abril 2014 – 10:55 Tegucigalpa, Honduras.
El próximo lunes 7 de abril se espera la comparecencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los treces miembros de la ex junta directiva, para que respondan sobre las acusaciones vinculadas a la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La directiva estaba conformada por el sector obrero: Daniel Durón, Luis Mayorga e Hilario Espinoza; del Colegio Médico Hondureño, Odesa Henríquez; del sector privado Óscar Galeano, Fabricio Vásquez y Benjamín Galeano; así también contra el ex Secretario de Salud, Javier Pastor; el ex viceministro de Trabajo, Carlos Montes; el ex director del IHSS, Mario Zelaya; y el ex gerente financiero, José Ramón Bertetti.
El primero en ser llamado para presentarse en la CSJ ha sido el ex Secretario de Salud, Arturo “Tuky” Bendaña, quien este viernes se le dictó a su favor medidas sustitutivas.

El también diputado nacionalista no podrá salir del país, mientras no se realicen todas las audiencias y haya una resolución en el caso del IHSS, que “es de grandes cuantías en perjuicio de la administración pública”, señaló el fiscal Roberto Ramírez Aldana.

La defensa del congresista y doctor Bendaña mostró una reacción favorable ante la decisión del juez.

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Sociedad Civil y Comisión Interventora del IHSS analizan un nuevo informe

latribuna.hn/   / Portada Viernes, 4 de abril 2014 – 7:57 PM

Representantes de la Sociedad Civil y la Junta Interventora de la Universidad Nacional se reunieron este viernes para plantear la posibilidad de presentar un nuevo informe sobre los actos de corrupción del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS).
Representantes de la sociedad civil y la junta interventora del IHSS analizan la presentación de un próximo informe.

La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, como miembro de la Sociedad Civil, manifestó que se reunieron por más de dos horas entre las partes y han presentado un informe preliminar que sería un trabajo mucho más específico sobre el despilfarro de fondos en el IHSS.
Castellanos consideró que el caso del IHSS no se ha diluido, “es un informe nuevo que va y tendrá muchos resultados”.
Añadió que en este caso se debe priorizar el interés del país, de los derechohabientes y tener un sistema de seguridad social que sea incluyente porque así se refleja en el principal centro asistencial.
“Obviamente en el Seguro Social ha habido un distribución de recursos muy lesivas para el país y es de esperar que las empresas que se vieron favorecidas en todos estos años estén viendo probablemente el fin de su negocio con la institución”, detalló Castellanos.
“La comisión está haciendo un trabajo extraordinario. Nosotros vamos a trabajar en tres aéreas que hemos visto esta mañana, uno de ellos es que los casos no queden en la impunidad, que cada responsable asuma el grado de responsabilidad que tuvo”.
German Leitzelar

Asimismo que haya objetividad en cada uno de los casos, ya sea junta directiva o directores, ministro o viceministros independientemente a quien representaba. Otra área en la que trabajarán es la propuesta nueva que se hará en materia de seguridad social y un tercer tema que abordaron es la conciencia ciudadana para acompañar el proceso.
Por su parte el representante de la Junta Interventora del IHSS, German Leitzelar, manifestó que en el informe que ellos presentaron después de la primera intervención, dieron a conocer todos los elementos pero están haciendo nuevos análisis con la Sociedad Civil.
“Al igual que el informe preliminar va ser colgado en el sitio web del Seguro Social para que ustedes tengan el informe en sus manos, lo puedan evaluar, analizar y comentar”, expresó Leitzelar, luego de salir de la reunión.
Indicó que tienen la capacidad legal para despedir a aquellos empleados o funcionarios de la institución que los encuentren con responsabilidad laboral. Hasta el momento dijo que solo han despedido seis empleados con quienes no implica una indemnización.
La Junta Interventora, que también integra la presidenta de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), Vilma Morales, sigue trabajando en las investigaciones para depurar el personal que de alguna manera se ha visto involucrado en el desorden administrativo del instituto asistencial.
Otro de los puntos que está pendiente es el supuesto tráfico en la otorgación de incapacidades a los derechohabientes con las que la institución habría erogado fuertes cantidades de dinero. Leitzelar dijo que todo eso es parte de las investigaciones. (ECA).

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/04/honduras-citan-ex-directivos-del.html

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C-Libre lanza herramientas comunicativas para la participación ciudadana

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C-Libre lanza herramientas comunicativas para la participación ciudadana

Tegucigalpa, Honduras. (Conexihon).- Dos nuevas herramientas para la comunicación y fomento a la participación ciudadana, lanzó en la capital ante más de 25 medios de comunicación, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

En el evento se explicó que los espacios digitales: www.elobservador.hn y Conexihon Ciudadana, forman parte de los objetivos específicos del proyecto “Defendiendo la Libertad de Expresión, Fortaleciendo Redes y Creando Espacios para la Expresión Ciudadana”, ejecutado por C-Libre y financiado por El Programa Actores de Cambio ASDI – HIVOS.
Héctor Longino Becerra, director de C-Libre, explicó que elobservador.hn, tienen como finalidad  ”hacer una verificación informativa de las afirmaciones de políticos, economistas, empresarios y personas públicas, medios de comunicación u otras instituciones formadoras de opinión pública”.
Igualmente la herramienta permite, investigar la veracidad de la palabra para defender el derecho del ciudadano a contar con una información fidedigna y clara, para que pueda evaluar y juzgar mejor los temas que forman parte de los debates centrales de la sociedad”.
De acuerdo al encargado de C-Libre, el instrumento permite “contribuir al fortalecimiento de la ética pública y aumentar el margen de transparencia de los funcionarios públicos en aquello que se dice, se escribe, se promete, se critica o se oculta. y mejorar el nivel de conocimiento y comprensión de los acontecimientos públicos”.
Conexihon ciudadana
Sobre la participación ciudadana, Amada Ponce, coordinadora del proyecto Conexihon Ciudadana, explicó que “este es un espacio creado para los lectores de Conexihon.hn, que permite denunciar de forma inmediata, las agresiones cometidas en contra de los derechos humanos en Honduras, particularmente de las violaciones a la libertad de expresión y la corrupción en diferentes niveles, a través de en una alianza entre periodistas y ciudadanos interesados en aumentar el acceso a los medios de comunicación, el respeto por la libre expresión en todas sus formas y la transparencia en Honduras”.
“Con la nueva sección, www.conexihon.hn se quiere establecer un mayor vínculo con el público, conocer sus opiniones, denuncias, comentarios, fotografías o videos, que serán publicados sin sesgo alguno, por su ideología política, religión o preferencia sexual”, agregó. Ponce detalló que en Conexihon Ciudadana “se busca fomentar un espacio para el debate y el diálogo de los temas trascendentales en las comunidades y cómo las políticas públicas afectan sus entornos”.
Mensajitos
Por su parte, Mirian Elvir, también de C-Libre, detalló que para interponer las denuncias en la página de Conexión Ciudadana de forma rápida, especialmente en temas de violaciones a los derechos humanos, libertad de expresión, corrupción, entre otros, basta enviar un mensaje de texto a los teléfonos: 9836-1500 ó 8760-6965.
“La denuncia será vista en breves minutos y será situada en un mapa interactivo que permitirá visualizar lo que ocurre en diferentes sectores de la comunidad, municipalidad y departamento del país”.
Prensa
Las nuevas herramientas de comunicación, que fueron explicadas en detalle a los periodistas, por parte del grupo técnico de C-Libre, recibió muchos halagos de la prensa, ya que las mismas les permiten realizar un análisis más profundo de la realidad del país, conocer en qué sectores están ocurriendo hechos como: robos, violaciones a los derechos humanos, muertes, abusos policiales u autoridades locales, entre otros; además de datos estadísticos que facilitarán sus escritos.
En el evento los periodistas preguntaron sobre las ventajas de contar con estas nuevas herramientas de consulta a través de las páginas virtuales, a las cuales todos los sectores del país tendrán acceso, tanto los entes de seguridad, salud, educación y otros, quienes podrán buscar los mecanismos de reparación de los daños, con apenas ingresar a las páginas antes descritas.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/c-libre-lanza-herramientas-comunicativas-para-la-participaci%C3%B3n

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