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U.S. Special Operations in Latin America: Parallel Diplomacy?

Documents Show Special Ops Training in the Region Tripled From 2007 to 2014 By Sarah Kinosian, WOLA Program Officer and Adam Isacson, WOLA Senior Associate The U.S. military’s most elite forces have been increasing their deployments across the globe, and Latin America and the Caribbean are no exception. But as Special Operations Forces activity grows, […]

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Militares de Honduras son los más entrenados por EE.UU.

Documentan un incremento en las misiones de fuerzas de operaciones de EUA en LA.Militares de Honduras son los más entrenados.

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Washington, DC. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) anunció esta semana que otorgará Premio Derechos Humanos a la organización no gubernamental hondureña Casa Alianza, que atiende a niños en desamparo. «Bajo el liderazgo de su director nacional, José Guadalupe Ruelas, Casa Alianza proporciona lecciones de gran valor sobre cómo frenar la violencia y […]

 

Casa Alianza es una organización internacional no gubernamental que atiende a niños en desamparo desde el año 1968 y que se estableció en Honduras en 1987, según la descripción de su página web oficial. Actualmente atiende al año a más de 20.000 niños en desamparo en Honduras, México y Nicaragua.

Sin que esta nota implique despreciar el trabajo que Casa Alianza realiza en el país, el cual celebramos cada día por el compromiso que mantiene por la niñez desamparada y la denuncia en contra de las violaciones de los Derechos Humanos de los niños y las niñas hondureñas, nos llama la atención como la memoria de la izquierda de Honduras olvida ciertos detalles, que hace apenas 7 años denunciaba de WOLA.

WOLA es una organización que cuenta con mucho respeto a nivel de las organizaciones de izquierda de Estados Unidos, especialmente en lo que referente a América Latina y los Derechos Humanos en la región y se ha convertido en los últimos años, en una autoridad en la material, logrando acceso a los amplios pasillos del poder en Washington.

Dicho logro institucional, lejos de acercar a WOLA a los movimientos de base de la región, ha generado anticuerpos en los años recientes, más aún en Honduras, cuando se le vio jugando al «neutro» papel durante el golpe de Estado de 2009, repitiendo el discurso oficial que a la larga iba en contra de los intereses populares.

Por años, el asesor principal de WOLA en los temas de Honduras, fue  Roberto Flores Bermudez, ex embajador de Honduras en Washington durante el gobierno de Zelaya y uno de los primeros en salir apoyando y defendiendo el golpe de estado de Junio  de 2009, luego rechazado por Clinton y finalmente «Embajador» no reconocido del gobierno de Lobo Sosa quien, por esas casualidades del destino, es muy viejo amigo de Joe Eldridge y María Otero, ambos fundadores de WOLA.

Desde el principio del golpe de Estado del 28 de Junio, Washington y muchos de sus satélites de la sociedad civil, apostaron todo por el diálogo San José, luego el de Tegucigalpa y finalmente el de Guaymuras. Tanto en el FNR como en los sectores populares, vieron como dichos esfuerzos diplomáticos tenían en común dos cosas: desconocer al Frente Nacional en Contra del Golpe de Estado como un actor legitimo para solventar la crisis y colocar a la élite usurpadora como iguales frente al sector político derrocado, un argumento que carecía de fundamento jurídico y político pero que al final se impuso. Arturo Corrales Álvarez fue, en ese momento, el principal responsable del fracaso del diálogo para solventar la crisis del 2009 y es aún hoy, uno de los más cercanos aliados de WOLA.

Hay que recordar además que Vicky Gass y Joy Olson, de WOLA, aseguraron en 2010 en las audiencias del Congreso de Estados Unidos, que las elecciones hondureñas de 2009 fueron «libres y justas» (free and fair). Iguales palabras dijo la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton cuando aseguró, en diciembre del 2009, que las elecciones hondureñas fueron «las más votadas de la historia nacional, un ejemplo de participación ciudadana»; el mismo discurso usado por Lobo Sosa y todos aquellos que en su momento defendieron el Golpe.

El apoyo que WOLA ejerció en 2009 y 2010, ayudó a consolidar internacionalmente al gobierno de  Lobo Sosa, hoy probado una de las administraciones más corruptas y violentas de la historia del país.

En medio de la depuración policial y el trabajo de la MACCIH, el apoyo que hoy WOLA da a Casa Alianza significa —además de un reconocimiento a la labor que la institución realiza en favor de la niñez hondureña— una advertencia para el gobierno de Hernández, pues la práctica ha demostrado que WOLA es, el brazo civil del Departamento de Estado norteamericano.

«El reconocimiento de WOLA significa tanto para nosotros. Trabajamos con niños que están huyendo de inimaginables niveles de violencia, en un país cuyo Gobierno no ha sido capaz de lidiar adecuadamente con la grave situación en la que están esos niños», manifestó Ruelas, según dice en el comunicado de WOLA.

En años anteriores, WOLA premió a la ONG colombiana Justicia y Paz, al actor mexicano Gael García Bernal y al periódico digital salvadoreño El Faro, entre otros.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en la capital estadounidense, sede de WOLA, el 13 de octubre.

WOLA Y EL PREMIO A LA MEMORIA AUSENTE

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Casa Alianza de Honduras recibirá el premio WOLA de derechos humanos – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO/Agencias La organización no gubernamental hondureña Casa Alianza, que atiende a niños en desamparo, recibirá en octubre el Premio Derechos Humanos que cada año entrega el centro de estudios WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). “Bajo el liderazgo de su director nacional, José Guadalupe Ruelas, Casa Alianza proporciona lecciones de gran valor […]

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Honduras: Maccih tendrá poderosa unidad de investigación

El gobierno aceptó la creación de la instancia de investigación que funcionará al lado de una fiscalía especial del Ministerio Público.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) contará con una unidad de investigación de casos emblemáticos de corrupción, y el Ministerio Público creará una fiscalía especial que trabajará con este ente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mecanismo de investigación consta en el acuerdo de creación de la Maccih y el gobierno de Honduras, que se tiene previsto firmar el 16 de enero próximo en Washington.

Una fuente del Poder Ejecutivo confió a EL HERALDO que esta unidad “tendrá dientes” porque gozará de independencia política y financiera para poder investigar “los casos que considere pertinentes”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregó el 28 de septiembre de 2014 en Washington, sede del organismo, al presidente Juan Orlando Hernández la propuesta de la Maccih que contenía cinco ejes de acción, como resultado del proceso de diálogo nacional.

Uno de esos puntos era nombrar fiscales internacionales para que supervisaran y asesoraran al Ministerio Público en la investigación de casos y presentación de acciones penales.

La creación de una unidad de investigación que solicitaban grupos de la oposición política quedó descartada porque el gobierno se opuso a la misma.

No obstante, representantes de países cooperantes que ayudarían a financiar la Maccih pusieron la cosas en claro al Poder Ejecutivo de que si no se creaba esa unidad de investigación no se darían fondos para la Maccih.

Fue así que entre septiembre y diciembre del año pasado hubo intensos cabildeos entre funcionarios del gobierno hondureño y de la OEA para decidir si se crearía esta unidad.

Finalmente, el gobierno cedió y, contra su voluntad, aprobó la fundación del cuerpo de investigación.

EL HERALDO llamó en varias oportunidades al canciller Arturo Corrales para que reaccionara sobre a la creación de la unidad de investigación, pero no contestó su teléfono celular.

Fiscalía especial

La unidad de investigación no le quitará el monopolio de la acción penal pública al Ministerio Público sino que será un cooperante en el proceso de investigación.

“Esa fiscalía especial sería la encargada de investigar los casos de corrupción, entonces viene la Maccih con el grupo de jueces y fiscales para trabajar y asesor a esta fiscalía”, dijo Ariel Varela, miembro de la Oposición Indignada (OI).

También existirá un observatorio ciudadano de la justicia que se encargará de identificar y proponer casos para que la fiscalía los investigue, indicó Varela.

Grupos de la sociedad civil y de partidos políticos protestaron con marchas para reclamar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras para que funcionara de forma similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La demanda surgió luego de que trascendiera que el gobernante Partido Nacional había recibido fondos de empresas que desfalcaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Pero el gobierno propuso el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Corrupción e Impunidad, que no incluía el componente de investigación, por lo que fue rechazada por la oposición.

A pedido del presidente Hernández, la OEA envió al mediador John Biehl del Río para que coordinara un diálogo nacional a fin de que ayudara a consensuar entre los bandos en discordia un esquema de combate a la corrupción y fue así que surgió la propuesta de la Maccih. Además de la unidad de investigación y el observatorio, la Maccih tendrá, como tercer componente, la asistencia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) para realizar un diagnóstico del sistema de justicia.

De igual manera, la Maccih creará una instancia para el cumplimiento de recomendaciones identificadas por las evaluaciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC), realizado por la OEA.

Otra dependencia se creará a fin de dar cumplimiento a recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) en Honduras.

Duración

La Maccih tendría una duración de dos años, exactamente el período que le falta para que termine el presente gobierno y será la siguiente administración la que determine si amplía su vigencia.

En caso de que no se extienda el mandato de la Maccih se prevé crear una comisión de seguimiento de sus recomendaciones.

Según Varela, la Maccih deberá dar resultados de sus investigaciones a corto plazo para justificar su existencia.

“Esperamos que en al menos seis meses se muestren resultados de casos investigados y no haya que esperar años para tener resultados, como sucedió con la Cicig de Guatemala”, dijo Varela.

Condicionan fondos

La directora del Programa de Seguridad Ciudadana de la ONG de Estados Unidos de Office on Latin America, Adriana Beltrán (WOLA), dijo a EL HERALDO que entre los 750 millones de dólares aprobados para financiar el Plan Alianza para la Prosperidad, para el Triángulo Norte de Centroamérica, se condicionaron recursos para destinarlos a una unidad de investigación de casos de corrupción.

“En la Ley de Asignaciones Presupuestarias aprobada por Estados Unidos menciona la posibilidad de proporcionar asistencia económica de crearse comisiones similares a la Cicig en El Salvador y Honduras, explicó Beltrán.

La unidad de investigación que se conforme recibirá fondos para su operación “siempre y cuando tengan la independencia de investigar y otras responsabilidades comparables a la Cicig de Guatemala”.

Beltrán aclaró que los recurso del PAP no contiene un renglón específico para financiar la instancia de investigación de la Maccih si no que cualquiera de ese tipo que se estructure bajo las condiciones establecidas.

Una vez que se conformen la unidad de investigación, los comités de aprobación de la Cámara y del Senado tiene que dar el visto bueno para el desembolso, acotó Beltrán.

El PAP fue aprobado para que Honduras, El Salvador y Guatemala financiaran proyectos de desarrollo, a fin de combatir la migración ilegal de ciudadanos de esos países a Estados Unidos.

El 40% de los recursos del PAP (299.4 millones de dólares) se dirigirán a programas de desarrollo y un 24% (183.5 millones) para asistencia económica, mientras que el 30% (222 millones de dólares) se destinará a proyectos de seguridad o gobernabilidad.

A juicio de Beltrán, el financiamiento de la unidad de investigación saldrá del componente de seguridad del PAP.

En términos generales, el 50% de los recursos del PAP se desembolsarán hasta que los países beneficiados hayan adoptado medidas para el combate a la corrupción y persecución penal de funcionarios públicos involucrados en actos irregulares.

El PAP establece en líneas generales el destino de los recursos, pero los países del Triángulo Norte deben presentar proyectos específicos

Origen: Honduras: Maccih tendrá poderosa unidad de investigación

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Elementos clave para una lucha frontal contra la impunidad y la corrupción en Honduras

Pronunciamiento de WOLA 

Washington, D.C.—El 28 de septiembre, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció la propuesta de creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La propuesta se dio tras una solicitud del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y en medio de masivas protestas ciudadanas originadas por el desfalco millonario en el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) y vinculación de parte de los fondos con la campaña presidencial del Partido Nacional.

La propuesta se centra en cinco áreas de acción que comprenden la conformación de un grupo de juristas y ex fiscales internacionales cuya labor sería supervisar y brindar apoyo técnico al Ministerio Público y otras instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de delitos de corrupción. Asimismo, incluye la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño, el acompañamiento al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), y el apoyo a la implementación de las recomendaciones de la evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado por la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA. Finalmente, incluirá la creación de un Observatorio de Justicia.

Como bien han señalado diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil hondureña, la propuesta de la OEA carece del alcance necesario para desencadenar un proceso frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. Muchos están aclamando la creación de un ente internacional similar a la Comisión International contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dado sus resultados transcendentales en la investigación de casos emblemáticos, la provisión de instrumentos de investigación fundamentales, y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del país vecino.

Ciertamente, cada país tiene sus particularidades por lo que cualquier mecanismo internacional encaminado a co-ayudar a combatir la corrupción institucional y la infiltración o cooptación de instituciones estatales por estructuras criminales o de corrupción debe ser adaptado conforme a las realidades específicas de cada lugar. No obstante, la experiencia nos muestra que un instrumento internacional efectivo para el fortalecimiento del Estado de derecho debe gozar de los siguientes elementos clave:

  • La capacidad y autonomía para seleccionar, iniciar, y realizar investigaciones de casos emblemáticos y para co-ayudar a la Fiscalía o Ministerio Público en la persecución penal.
  • La facultad de encaminar las investigaciones a donde apunte el cuerpo de evidencias.
  • Independencia financiera y política para poder actuar con autonomía y evitar cualquier posible obstáculo a su accionar.
  • Un liderazgo con la debida integridad, probidad, y honorabilidad.
  • La capacidad de elaborar estrategias y propuestas que contribuyan a la reforma y al fortalecimiento del sistema de justicia criminal nacional.

Los recientes casos de corrupción han evidenciado claramente la imperante necesidad de atacar este flagelo y atender las demandas del pueblo hondureño, que por meses ha manifestado su profundo rechazo a la corrupción y la impunidad. Los altos niveles de violencia, los endémicos niveles de corrupción e impunidad, y la falta de acceso a la justicia han contribuido a recrudecer la capacidad del Estado hondureño para atender las demandas básicas de la población y construir instituciones democráticas sólidas, transparentes, y confiables que estén al servicio de los ciudadanos.

Por ello, WOLA urge que cualquiera sea el mecanismo internacional adoptado, éste debe contar con la serie de elementos clave para poder tener éxito en apoyar al país a superar efectivamente el problema. Conforme está esbozada la propuesta de la MACCIH, esta requiere ser dotada de los elementos clave para poder generar los cambios sistemáticos que se requieren para combatir efectivamente la corrupción y la impunidad en Honduras. Y a su vez, es imperativo que la definición de la ruta a seguir goce de la activa participación de diversos sectores de la sociedad civil y de un proceso serio encaminado a generar un amplio respaldo social.

http://www.wola.org/es/noticias/key_elements_to_effectively_combat_impunity_and_corruption_in_honduras#.Vi1a9IWnt8M.facebook

 

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Surge of Detainees in Mexico Suggests Violence Still Fueling Child Migration

Child migrants on top of a freight train

The number of Central American child migrants detained in Mexico increased by nearly 50 percent during the first part of 2015, suggesting high levels of gang violence in the Northern Triangle region continue to act as a primary driver of displacement.

On June 21, Mexico‘s National Immigration Institute (INM) announced authorities have detained 11,893 minors from Central America during the first five months of 2015, a 49 percent increase from the number of child detainees during the same period in 2014. The INM said the majority of the children stopped by Mexican authorities are from Central America’s Northern Triangle countries (El Salvador, Honduras, Guatemala).

More than half of the minors were traveling alone or were accompanied by a human smuggler, according to the INM. Seventy-two percent of the children were detained in the southern states of Tabasco, Veracruz, and Chiapas.

The increase in detentions of minors in Mexico comes amid a significant decline in the number of Central Americans attempting illegal crossings at the US-Mexico border. In early June, the Washington Office on Latin America (WOLA) used data from the INM and the US Customs and Border Protection (CBP) to determine that Mexico is now detaining more Central American migrants than the United States.

InSight Crime Analysis

The upswing in child migrants getting caught in southern Mexico indicates minors are still fleeing the Northern Triangle in large numbers, even though detentions at the US border have fallen. If this is indeed the case, it suggests high rates of gang violence in the Northern Triangle — a commonly cited cause for last year’s  “surge” of child migrants — is continuing to drive children from their homes. In 2014, a number of experts on the child migrant issue told InSight Crime many minors are fleeing in order to escape violence and other forms of insecurity they face in their home countries.

SEE ALSO: Coverage of Displacement

However, there are other prominent push and pull factors impacting child migration from the Northern Triangle, such as high levels of poverty and well-established migration routes. And a 2014 study by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP) was unable to definitively establish a correlation between insecurity in the region and child migration patterns.

Although the INM did not specify which Northern Triangle countries the child detainees came from, this information may be useful in gaining a better understanding of the direct link between insecurity and migrant flows. Violence in El Salvador — fueled in part by increasing aggression between gangs and security forces — has skyrocketed in 2015, while authorities and independent violence observatories in Honduras have reported a significant decrease in homicides.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/increase-in-child-detainees-in-mexico-suggests-violence-continues-to-fuel-migration

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Canciller hondureño protesta por préstamo de vehículo diplomático de Venezuela a Mel Zelaya

“La inconformidad  hondureña,  fue presentada de manera verbal y de acuerdo a las normas diplomáticos podría seguir una escrita en caso de no obtener la respuesta solicitada a la consulta planteada”

 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Fotografía que ha circulado en la redes sociales donde el ex presidente Manuel Zelaya y su esposa se trasladan en un vehículo diplomático de Venezuela.

El gobierno de Honduras protestó hoy ante el de Venezuela por el uso de autos oficiales diplomáticos de ese país, por parte del expresidente Manuel Zelaya Rosales en su estancia en Washington, Estados Unidos.

Según la cancillería hondureña, “Zelaya Rosales,  ha acudido para solicitar ante organismos no gubernamentales la renuncia del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández”.

La protesta la realizó el canciller de Honduras, Arturo Corrales, ante la Cancillería de Venezuela, ya que reportes desde Estados Unidos señalan que el exmandatario Zelaya se traslada en un auto de la misión diplomática venezolana acreditada en Washington.

Corrales Álvarez,  señaló que lo anterior es una “injerencia” de Venezuela en los asuntos internos de Honduras y dio un plazo de tres horas a la Cancillería venezolana para que le brinde una respuesta.

La inconformidad  hondureña,  fue presentada de manera verbal y de acuerdo a las normas diplomáticas,  podría seguir una escrita en caso de no obtener la respuesta solicitada a la consulta planteada.

En las redes sociales se ha publicado una serie de fotos donde el expresidente hondureño se le ve transportándose en los vehículos diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela.

Zelaya informó desde el martes que se encuentra  en Washington, Estados Unidos y que habló ante el organismo no gubernamental Washington Office Latin American (Wola).

Durante su estadía en Washington,  el expresidente,  Manuel Zelaya Rosales, ha dialogado con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro sobre el acuerdo de Cartagena que fue suscrito por el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el ahora canciller Arturo Corrales Avlñarez y que ahora desconocen el acuerdo

Además se reunió  con personeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos,  con quienes dialogó sobre la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Fuente: http://criterio.hn/canciller-hondureno-protesta-por-prestamo-de-vehiculo-diplomatico-de-venezuela-a-mel-zelaya/

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How the U.S. ‘Solved’ the Central American Migrant Crisis

By getting Mexico to do its dirty work—and making tens of thousands of migrants more vulnerable to rape, kidnapping, extortion and murder.

BY Joseph Sorrentino

La Bestia is running empty now.

For years, the freight trains collectively known as “The Beast” carried Central American migrants north through Mexico on their quest to reach the U.S. border, fleeing extreme poverty and violence in their home countries. Hundreds could be seen crammed on top of the cars, riding between them or clinging to ladders on the sides. It’s easy to fall off the bumpy trains. Many who do are killed or lose limbs. “It’s dangerous—dangerous, but free,” says Santos Ricardo Molina Campos, a 37-year-old Salvadoran who rode La Bestia when he migrated to the United States 24 years ago—and again in December, after being deported.

But he’s among the minority. These days, the trains carry only a handful of migrants, or none at all.


Migrants stop and stare as a freight train passes by La Sagrada Familia, a shelter in Apizaco, Tlaxcala, Mexico. The trains once carried hundreds of migrants.

Migrants haven’t stopped coming; they’ve just been forced to find other, even more dangerous routes. That’s because of Programa Frontera Sur, Mexico’s “South Border Program,” implemented in July 2014 and aimed in large part at clearing the trains of migrants. The plan is the latest in a line of Mexican policies funded or tacitly endorsed by the United States that have failed to curb—and sometimes exacerbated—what the Washington Office on Latin America (WOLA) calls “one of the most severe humanitarian crises in the Western Hemisphere”: the routine rape, assault, extortion, abduction and murder of Central American migrants as they cross Mexico.

 

Stopping the surge

When news broke in June 2014 that an unprecedented 50,000 unaccompanied Central American children had arrived at the U.S. border since October 2013, the White House declared it an “urgent humanitarian situation.” President Barack Obama met with Mexican President Enrique Peña Nieto “to develop concrete proposals to address the root causes of unlawful migration from Central America,” according to a White House statement. Two and a half weeks later, Peña Nieto announced Programa Frontera Sur.

The White House maintains the program was “developed by Mexico and not a result of the meeting with President Obama in June.”

Each of the dozen Mexican and U.S. human-rights workers interviewed for this article, however, had no doubt that U.S. pressure prompted the immigration program. “I think it is clear that, last summer, the U.S. pressured Mexico to increase these efforts [to crack down on migration] as a way to help them deal with the ‘problem’ of Central Americans flooding into South Texas,” says Maureen Meyer, WOLA’s senior associate for Mexico and migrant rights.

Carlos Bartolo Solis, who directs a shelter near Mexico’s southern border that is often a first stop for migrants, agrees. “I believe Programa Frontera Sur is a response to U.S. policies,” he says. “I believe the United States has pressured Mexico.”

Daniel Ojalvo, who has worked for two years at the Hermanos en el Camino shelter in Ixtepec, Oaxaca, views the situation this way: “The U.S. border starts at Guatemala now.”

It’s also likely that U.S. funds are supporting Programa Frontera Sur. According to a State Department spokesperson, Mexico has received more than $120 million for southern border enforcement from the State Department’s Merida Initiative, an anti-narcotrafficking program. In testimony before the Senate Appropriations Committee in July 2014, three days after Programa Frontera Sur was announced, Ambassador Thomas A. Shannon said the State Department “welcomed” Mexico’s new border efforts and would commit $86 million to funding them. The State Department did not answer In These Times’ request for confirmation that this money was appropriated.

Ostensibly, Programa Frontera Sur is intended to protect migrants, ensure their safety and eradicate criminal groups that prey on them. In practice, the plan makes it much more difficult, and often impossible, for migrants to travel by any means except foot. Immigration agents from the Instituto Nacional Migración, or INM, and police now routinely stop trains and buses and detain any migrants they find.


Two migrants in a shelter in Ixtepec, Oaxaca, look over the routes they can take to the U.S. border, more than 800 miles away.

The plan also calls for railroad companies to take steps to deter migrants. Some have increased the speed of trains so that migrants can’t climb on board. In Apizaco, Tlaxcala, a small city about 80 miles from Mexico City, companies have installed short concrete poles next to the tracks to deter migrants from running alongside and hopping the trains.

La Sagrada Familia, a shelter in Apizaco, is located only about 30 feet from the embankment along which La Bestia runs. In October, a few hours after leaving the shelter, a migrant named Arlem Nahúm Zepeda Martínez attempted to climb onto a slow-moving train. He hit one of the concrete poles and was swept under the train and killed. Carla Patricia Juarez Peña, coordinator of human and community development at the shelter, says 14 migrants in Apizaco have been injured by the new poles.

Some railroad companies, especially in the north, have also hired custodios, private security, to keep migrants off the trains. They dress completely in black, with masks (called pasamontañas) covering their faces, maximizing intimidation. They often carry rifles and pistols. Migrants report custodios robbing them of whatever they have: money, shoes, even their clothes.

“In Orizaba, custodios stole my money,” says Juan Carlos Reyes Guillen, a 22-year-old Honduran staying at the shelter in Apizaco for a couple of days in late January. “The train was stopped and the custodios said, ‘Everyone down.’ ” Pointing rifles at the migrants, they took 2,000 pesos (about $130) from Guillen. He had a few more pesos tucked in a shoe and was able to take a bus to the shelter.

Guillen is hoping to make it back to Dallas, where he lived for 12 years. A few hours after we spoke, he packed his small backpack. It contained shower shoes, hair gel, toilet paper and a small mirror, which he held up, smiling shyly. He zipped up the backpack, shook my hand and headed north.

Worse than ‘The Beast’ 

Even before the Programa, the 400,000 Central American migrants who attempt to cross Mexico each year faced grave risks. In addition to the perils of La Bestia, there are the predations of gangs. Reliable statistics are hard to come by, but Amnesty International and other sources say that gangs routinely assault, rob, kidnap and murder Central American migrants. A 2010 report found that 60 percent of women migrating through Mexico were raped. WOLA estimates that 20,000 migrants are kidnapped each year. A survey of morgues and cemeteries by Mexican newspaper Milenio found that an average of 4,000 unidentified bodies are buried annually.

But Programa Frontera Sur has made things even worse, according to the 60 advocates, shelter workers and migrants I interviewed during a seven-week trip this winter along one of Mexico’s main migration routes. Almost all of the 35 migrants I met spoke of walking for days between shelters, on routes that exposed them to increased danger. “More people are assaulted, more women are raped, more people are disappearing,” says Ojalvo, the shelter worker.

“We thought we could not see anything worse than the train,” says Luís López-Lago Ortiz, who works with Scouts de Extremadura, a Spanish NGO. “But there is something worse: walking on the road.”

An emergency shelter

In response to the flood of migrants traveling on foot, in September Padre Alejandro Solalinde, the founder of the shelter in Ixtepec, opened an emergency shelter in Chahuites, Oaxaca, a small city about 100 miles east of Ixtepec. According to Carlos Moriano, the shelter’s coordinator, “Almost everyone reaching the shelter has been assaulted.”

Chahuites is a poor town, filled with small houses constructed of unpainted cinder blocks, many with tin roofs. The entire front of the store adjacent to the shelter has bars across it; money and merchandise are exchanged through the gaps. When I arrived in February, Moriano took me aside and told me never to leave the shelter alone because of the risk of being robbed.

The shelter holds between 40 and 50 migrants in conditions that resemble a refugee camp. It was previously an abandoned house, and with migrants arriving daily, there’s been little time to fix it up. There’s no privacy, no personal space. Migrants sleep on thin mats in a small courtyard. In the morning, the mats are rolled up and stored on shelves. There’s just one shower stall, one small utility sink for washing up and brushing teeth, and a bathroom that’s a cement toilet over an open hole.

Migrants’ shoes are badly worn, and almost every migrant I observed walked with a limp. Like many, Isamel, a Honduran woman I met at the shelter, had a badly infected wound on her foot. She was traveling with her husband and cousin, walking most of the time because “combis [vans] cost too much.” On their way to the shelter in Arriaga, Chiapas, three men with guns took all their money: about 700 pesos ($50). But Isamel counts herself lucky: “The important thing is they did not beat us, or rape.” When asked how she could continue after the assault and with an infected foot, she said, “I do not care. We are leaving. That is the spirit you have to have.”

Until last summer, there were few reports of migrants being assaulted within Chahuites’ borders. Now that migrants are walking through the town rather than riding La Bestia, that has changed. One afternoon, Moriano asked if I wanted to see the area where criminals attack migrants. I held up my camera. “Is it safe to bring this?” I asked. “Yes,” he replied. “We are bringing machetes.”

Eight of us left the shelter and walked along a well-worn dirt path that parallels the train tracks. It’s the same path migrants walk. Fifteen minutes later, Moriano pointed to an overgrown area on the other side of the tracks, and we crossed. In a small clearing lay a woman’s boot and some clothes. This is where women are taken to be raped.

On a barbed wire fence behind the clearing hung three pairs of women’s underwear, neatly pinned: sick trophies. A few feet away lay more clothing and bras, and a dirty sleeping bag. A few weeks after my trip, Moriano and some volunteers cleared the weeds from that area so it would be more easily seen from the path and burned some candles to purify it.


A woman’s underwear hangs on the barbed wire that rings an area in Chahuites, Oaxaca, where migrant women are raped.

According to Moriano, some of the rapes in Chahuites are carried out by residents. “We hear this from someone who tells someone, who tells us,” he says.

For the most part, however, it’s gangs that prey on migrants crossing Mexico. Although the increased policing of trains under the Programa is ostensibly to protect migrants, there’s no evidence it has curbed the predations. The few migrants who still manage to ride the trains remain subject to extortion. Gangs demand a cuota, or fee, of $100 from migrants who attempt to board trains in several cities, including Palenque and Orizaba.

“We do not have that kind of money,” says José Daniél Sanchez, an 18-year-old Honduran who could not afford the cuota in Palenque. “We are poor. We are not the owners.” Migrants who can’t pay may get lucky, as Sanchez did, and simply be passed over. But it’s more likely they’ll be beaten and denied access to the trains, or thrown off, kidnapped or killed.

Deport at all costs

Provisions in Programa Frontera Sur call for Mexican agencies to respect migrants’ human rights. That sounds good, but in practice, says Alberto Donis Rodríguez, coordinator of the shelter in Ixtepec, “It is totally the opposite. It is a vile hunt.”

According to everyone I interviewed, Programa Frontera Sur has brought a dramatic increase in what Mexicans call operativos: raids by police and INM on trains and buses, in which suspected migrants are rounded up and deported. Migrants also report INM making arrests outside shelters, which is illegal, and breaking into hotel rooms where migrants are staying.

There are increasing reports of brutal force by INM officials. Several migrants said agents were using Tasers, and shelter directors and advocates say they’ve heard this repeatedly. One migrant reported being shot at by INM agents. Another described an incident in which INM agents set fire to a pasture to flush out migrants. Several were reportedly hospitalized with burns.

There are also disturbing reports about Grupo Beta, a unit of INM whose job is to give aid and protection to migrants. They’re easily recognizable, dressed in bright orange shirts and khaki pants. “Before Programa Frontera Sur started, they were really a help, says one advocate, who asked not to be named. “Lately, everything has changed. We’ve had reports of migrants saying that they heard Grupo Beta members calling immigration police to tell them where they were going to leave migrants so they could arrest them.”

If the real intent of the Programa is to keep Central Americans, particularly children, from reaching the U.S. border, it is working. In the six months after the plan was enacted, deportations of Salvadorans, Hondurans and Guatemalans from Mexico rose by 34 percent, while apprehensions of those Central Americans by U.S. Border Patrol dropped by 39 percent, according to statistics provided by Border Patrol. And the number of unaccompanied Central American children apprehended at the U.S.-Mexico border fell by 57 percent, from 45,000 in the first six months of 2014 to 19,000 in the last six months.

U.S. Immigration and Customs Enforcement does not expect another surge in Central American children migrating this summer. “I’m happy to say all the work we’ve done last year is bearing fruit,” ICE Deputy Director Daniel Ragsdale said at the Border Security Expo in Phoenix in April. When asked what that work was, an ICE spokesperson directed In These Times to a press release about beefed-up U.S. border staffing and technology.

Yet none of this will stop migration. “If there is a wall, they will go around it,” says Rubén Figueroa, coordinator of the human rights group Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano. In addition to walking along new routes, some are taking boats along both the Pacific Coast and the Gulf. Their reasoning is simple, says Ojalvo: “ ‘If I stay, I die. If I go, I may die.’ They choose between certain and possible death.”

Why they fled

Of the estimated 400,000 Central American migrants who enter Mexico each year, the overwhelming majority plan to make it to the United States. Most come from the Northern Triangle countries—Guatemala, Honduras and El Salvador—which are among the most impoverished and violent in the world. According to the World Bank, as of 2011, 53.7 percent of Guatemalans live in poverty, defined as not having the resources or abilities to meet one’s daily needs (the equivalent of $1.25 per day in U.S. dollars). As of 2013, 29.6 percent of Salvadorans live in poverty, and Hondurans fare even worse, with 64.5 percent in poverty. In addition, these countries are plagued by unimaginable levels of violence. A 2014 UN report revealed that Honduras has the world’s highest murder rate, El Salvador ranks fourth and Guatemala fifth. Much of this violence stems from the gangs Mara 18 and Mara Salvatrucha (MS-13).

Both gangs started in Los Angeles in the 1980s. In 1996, the United States began deporting gang members. “When they returned home,” says WOLA’s Meyer, “they set up their gangs in Central America and began recruiting more members.”

That’s just one thread in the United States’ tangled involvement with the Northern Triangle, which goes back  more than a century. Notable “interventions” include a CIA-backed coup in Guatemala in 1954, strong support for the Salvadoran military during the 1980 to 1992 civil war, and training a Honduran army unit implicated in killing civilians in the 1980s. These actions increased the instability—and violence—in the region.

Most migrants I met were fleeing gangs. César Augusto Cruz, a 43-year-old Guatemalan, says that as a bus driver, he had to pay 100 quetzales ($13) a week to the Mara 18.

“To live in my community, you have to pay the gangs,” says Jorge (who didn’t want his last name used), a Salvadoran migrant who earned $50 a week painting buildings. “If not, they will kill you. I have to pay $5 a week just to live on my own property.” Jorge walked 20 days to travel the 500 miles from Ixtepec to La Patrona, Veracruz, putting in about 25 miles a day. “It is like a marathon,” he says, “but there is no prize at the end.”

Extortion isn’t the only way gangs prey on people: They also forcibly recruit young men. I met Herbert, a quiet 17-year-old Guatemalan, when he was staying with his family at the shelter in Ixtepec. His mother, who was with him during the interview, didn’t want their last name used.

Herbert was playing soccer one January afternoon in a park near his home when members of a gang—he didn’t specify which—approached him. “They told me I had to go to a house of this gang member and if I didn’t, they would kill my mother or brother,” he says. “We arrived and the boss said, ‘If you do not join, we will kill all your family.’ He said to go and return tomorrow.” Herbert went home and told his parents what had happened. They packed up what they could and left that same day, walking and taking buses through Mexico, aiming for the United States. On one stretch, the family, including 8-year-old José, walked 10 hours a day for four straight days.


Herbert, 17, in Ixtepec.

Outside of La Reforma, a small town in Oaxaca, the family was robbed at gunpoint. “They took all our money,” says Herbert’s mother, Monica. That was 400 pesos (about $26), and they had to beg in the street for bus fare to the shelter. In spite of all this, Monica remains optimistic they’ll reach the U.S. border and will be let in. She says a friend of hers had gotten there and turned herself over to U.S. authorities. Because her friend had her two sons with her, they let her stay. Monica plans to do the same thing. If they don’t let her in, she wants to stay in Mexico. “I cannot return to Guatemala,” she says.

In addition to gangs, many migrants are fleeing narcos, or drug traders. Tomás Francisco Álavarez Nuñez, a former Honduran soldier I met at the shelter in Apizaco, was in a battalion that pursued narcos. During one operation, someone recognized him and tipped off the narcos.

“The narcos were looking for me,” he says. “They knew where I lived, what I did.” Knowing they would kill him if they found him, he resigned from the army, and in early January, he left Honduras. He knows that to return is a death sentence. When he was told it is increasingly difficult to cross into the United States, he said, “I prefer to be in prison than to return.”

Natalie Reyes is one of the few migrants I met whose decision to leave was primarily a financial one. A buoyant 22-year-old with large, dark eyes and a nearly constant smile, she is also eight months pregnant. She left Honduras four months earlier, funding her trip by selling small cloth bracelets and hairpieces along the way. She left her 6-year-old son with her sister because she knew she couldn’t earn enough to support two children. “If I stayed in Honduras,” she says, “we would starve.”


Natalie Reyes, 22, outside the shelter in Ixtepec.

What the United States can do

Advocates say that the United States could change the way Programa Frontera Sur operates. “The U.S. government has a strong influence with Mexico, and it does have an obligation, since it is providing funds in millions of dollars every year to Mexico,” says Diego Zavala, Amnesty International USA’s specialist on Mexico.

But Programa is in keeping with immigration policies in the United States, Mexico and Central American countries, which have tended to look for punitive ways to keep undocumented people from crossing the U.S. border. WOLA’s Meyer thinks this is the wrong approach. “There is a need to address the root causes of migration … in terms of economic development,” she says, “but also to address the widespread violence that is causing thousands of migrants to flee their homes.”

In February, President Obama proposed a $1 billion aid package to El Salvador, Guatemala and Honduras that aims to do just that. Meyer says the request is a step in the right direction, noting that 80 percent is earmarked for economic and civilian programs, rather than military or policing. She is optimistic that it will be approved by Congress, though the amount may change. But a position paper from WOLA cautions that the money must be “invested wisely,” rather than funneled to corrupt agencies and politicians, and that this will require far greater transparency than in the past.

Until conditions improve, Meyer says, “the situation in Central America should be addressed not as a migration crisis, but as a refugee crisis.” According to a June 2014 report by WOLA, many of the migrants fleeing violence should be eligible for asylum.

The inequities and extreme violence that are driving people out of Central America continue unabated. Advocates believe the same number of migrants will still enter Mexico, trying to make it to the United States. And migrants are as determined as ever to make it there. “If they are going to kill me, let them kill me on the road,” says Jorge, the Salvadoran migrant. “I am only trying for a better future for my family.”

This article was supported by grants from the Leonard C. Goodman Institute for Investigative Reporting and the Puffin Foundation.

Joseph Sorrentino is a writer and photographer. He has been documenting the lives of agricultural workers on both sides of the U.S./Mexico border for 12 years.

Fuente: http://inthesetimes.com/article/17916/how-the-u.s.-solved-the-central-american-migrant-crisis

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Presidente de Honduras califica de positiva jornada en Washington

 Al concluir su visita oficial a Estados Unidos, que incluyó Washington, Texas y Florida, el Presidente Juan Orlando Hernández la calificó como una jornada “muy positiva que proyectó una Honduras muy dinámica en un contexto regional”.

Al resumir los logros de la gira, el mandatario subrayó que Honduras se está viendo como un potencial centro logístico en la región centroamericana, ya que la construcción de diferentes corredores, más una infraestructura portuaria y aérea le permiten una conexión estratégica al país con el resto del mundo.

Agregó que se establecieron compromisos con senadores y congresistas para apoyar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que impulsará el desarrollo de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Además, se concretó una alianza estratégica con el Puerto de Miami y se acordó estructurar una estrategia que permite que Honduras impulse varios proyectos a la vez con una visión regional.

Con el vicegobernador de Florida, se acordó convocar a una Cumbre de Negocios con Honduras y ese estado que contará con el apoyó del Comando Sur de los Estados Unidos.

“La promoción que le estamos haciendo a la construcción de los puertos de Amapala y Castilla, más la unión aduanera con Guatemala, son puntos que llaman la atención de los inversionistas internacionalmente”, declaró el Presidente.

El mandatario comenzó su gira oficial en Washington, donde se reunió con congresistas y senadores de los partidos Republicano y Demócrata, a quienes les expuso la importancia de apoyar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Creo que Honduras hoy muestra un escenario muy diferente al del año pasado”, señaló Hernández al destacar la reducción en un 75 por ciento de los niños migrantes a Estados Unidos y del 20 por ciento en la tasa de homicidios.

Destacó lo importante que ha sido para el país la reciente firma de un acuerdo con Transparencia Internacional y el respeto a los derechos humanos que fomenta su Gobierno.

Durante una reunión con la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Hernández solicitó que tal y como se hizo con Transparencia Internacional, este organismo firme un convenio con Honduras que audite el respeto a los derechos humanos en el país.

“Somos el único país en el mundo que tiene un acuerdo con Transparencia Internacional para monitorear la transparencia del Gobierno en cuatro ejes, y queremos hacerlo en materia de derechos humanos y gobernabilidad con WOLA”, dijo el Presidente.

En las reuniones con la clase política estadounidense el mandatario profundizó en las acciones iniciadas para combatir el crimen organizado y la corrupción. Los congresistas demócratas y republicanos validaron las cifras expuestas por Hernández, que marcan un cambio positivo en la ruta de Honduras.

En Washington el Presidente también se reunió con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde expuso sobre la Ley de Promoción e Inversión y las Zonas de Empleo Desarrollo Económico (ZEDE) como parte de las medidas para incentivar la inversión en el país.

Los asistentes a esa reunión conocieron que en la Administración de Hernández se ha reducido el déficit fiscal en 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se incrementó la recaudación tributaria en 21 por ciento y se reportó un crecimiento en la economía del 3.1 por ciento.

“El crecimiento económico nos permite tener dinero para atender la salud, seguridad, educación y los programas sociales que mejoran la calidad de vida de los sectores más desprotegidos”, expresó el titular del Poder Ejecutivo.

En la capital norteamericana también disertó en la 45 Conferencia del Consejo de las Américas que se desarrolló en el Departamento de Estado, y se reunió con las autoridades de National Geographic, que se comprometió a participar en la exploración y preservación de la Ciudad Blanca, en La Mosquitia hondureña.

Participó además en una conferencia en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, donde destacó los logros de su Gobierno en materia de seguridad ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

El jueves se trasladó a Texas, sur de EE UU, donde se reunió con el alcalde, Mike Rawlings, para promover proyectos de turismo, inversión y energía entre los empresarios del Condado de Dallas.

Ese mismo día se trasladó a Austin, donde fue recibido por el gobernador y un grupo de empresarios para promover proyectos de infraestructura vial, turismo y telecomunicaciones entre otros.

La gira concluyó en Miami, donde se reunió con el director del puerto de esa ciudad, Juan Kuryla, y el vicegobernador del Estado de Florida, Carlos López Cantera, logrando establecer una alianza para estimular el tráfico de mercaderías entre los embarques de Puerto Cortés y esa urbe estadounidense.

“Vamos por buen camino en la promoción de inversión y exportación, las últimas reuniones con las autoridades del Puerto de Miami y el vicegobernador fueron muy importantes, en vista que se les planteó estructurar una alianza de los tres puertos importantes que tendría Honduras con el Puerto de Miami, y están muy interesados”, dijo el mandatario.

En Miami también se reunió con la banca multilateral, parte de la banca privada de Honduras e inversionistas de la energía con gas para hablar sobre la importancia de apoyar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Para Honduras es estratégico producir energía con gas y poder bajar en un 40 por ciento el costo de la energía y volvernos más competitivos”, expresó.

Ha sido “una gira positiva con logros concretos, pero con una proyección a mediano y largo plazo de una Honduras muy dinámica en un contexto regional”, añadió.

Honduras ha dado pasos muy importantes

El mandatario destacó los logros obtenidos durante su visita a Estados Unidos en un conversatorio con líderes empresariales y representantes del Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras instituciones financieras.

El presidente del Grupo Financiero FICOHSA, Camilo Atala, dijo que el mandatario hondureño pudo proponer y ampliar el Plan de país referente a la infraestructura y el requerimiento de apoyo del sector financiero internacional para el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.

“Tener un país con reglas más claras y económicamente más estable, sin duda genera más oportunidades no solo para los inversionistas internacionales, sino que para los nacionales, y dada las condiciones que hoy se tienen, se puede apostar a un crecimiento mayor al 3 ó 4 por ciento en los próximos dos años”, subrayó.

Javier Cuervo, especialista en energía del BID, indicó que la reunión con el Presidente Hernández fue útil y relevante para las decisiones que el Gobierno de Honduras quiere adelantar con los demás países de la región en cuanto a inversión energética se refiere.

“Honduras ha dado pasos importantes al tomar una serie de decisiones y colaboraciones de integrarse a las actividades que se están desarrollando con los países de Mesoamérica. En cuanto a la integración energética es muy importante”, dijo Cuervo.

En el diálogo con los empresarios el Presidente Hernández abordó temas de inversión enfocados hacia proyectos como el de un gasoducto con México y la construcción de una carretera entre Puerto Castilla y Amapala, entre otros.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/04/29/fue-una-gira-muy-positiva-que-proyecto-una-honduras-en-un-contexto-regional/

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Presidente hondureño llega a EEUU a promover plan Alianza para la Prosperidad

La llegada de Hernández a Washington ha coincidido con la denuncia sobre un plan de asesinarle en septiembre de 2014 por el narcotráfico, a raíz de los duros golpes que las autoridades hondureñas le han asestado en el último año a las bandas que trafican con droga desde Colombia hasta Estados Unidos.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández llegó ayer a Washington como parte de una gira que también incluye Texas y Florida, en el sur de Estados Unidos, para promover la inversión y el turismo en Honduras, y el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

El mandatario hondureño y la primera dama, Ana García, arribaron a la Base Andrews Air Force, en Washington, donde fueron recibidos por el director de Blair House, Randell Bumbgardner.

La gira oficial de Hernández iniciada hoy en Washington concluirá el próximo sábado.

En la capital estadounidense el presidente y su esposa se reunirán con senadores, congresistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes de la comunidad hondureña, entre otros.

La agenda de Hernández incluye una reunión con el presidente y jefe ejecutivo de National Geographic, Gary Knell, para tratar sobre la recién descubierta Ciudad Blanca, en la Mosquitia hondureña.

Además, el presidente será el orador principal en la 45 Conferencia Anual del Consejo de las Américas y se reunirá con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Dialogará también con la senadora Dianne Feinstein, copresidenta en el Comité Selecto de Inteligencia y de la Bancada Demócrata de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos.

Hernández también será recibido por el senador Benjamin Cardin, vicepresidente y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La pareja presidencial hondureña tiene además en agenda una reunión con Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA, y Adriana Beltrán, asociada senior para la Seguridad Ciudadana.

Se suma al programa oficial un conversatorio en el Woodrow Wilson Center, con la participación de representantes del Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).

Al concluir su gira por la capital de Estados Unidos, el presidente y la primera dama se trasladarán a Texas y Florida, donde se reunirán con los alcaldes de Dallas y Miami; el gobernador de Austin, el vicegobernador de Florida y líderes de la comunidad hondureña.

La llegada de Hernández a Washington ha coincidido con la denuncia sobre un plan de asesinarle en septiembre de 2014 por el narcotráfico, a raíz de los duros golpes que las autoridades hondureñas le han asestado en el último año a las bandas que trafican con droga desde Colombia hasta Estados Unidos.

El plan fue desbaratado por los cuerpos de seguridad del Estado.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/presidente-hondure%C3%B1o-llega-eeuu-promover-plan-alianza-para-la-prosperidad

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Honduras: Un gobierno que incumple con proteger a su pueblo

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Escrito por: Lisa Haugaard y Sarah Kinosian
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Honduras tiene uno de los índices más altos de pobreza en América Latina, y algunas de las ciudades más violentas del mundo. Las profundas raíces de la delincuencia organizada, la corrupción gubernamental, los abusos cometidos por fuerzas del Estado y la impunidad para los delincuentes, repercuten a lo largo de la pequeña nación centroamericana, donde el 97 por ciento de los homicidios queda en impunidad.
Estos factores han obligado a muchos hondureños a huir hacia los EE.UU. con la ilusión de procurarse ingresos, seguridad y esperanzas para el futuro. En respuesta, la Administración Obama ha propuesto un paquete de asistencia para América Central de US$ 1 mil millones, propuesta enfatizada por el Vice-Presidente Biden durante su visita a América Central.
El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF) y el Centro sobre Políticas Internacionales (CIP) viajaron el pasado mes de diciembre a Honduras para realizar un reconocimiento de primera mano. Lo que encontramos fue un aparato de seguridad y un sistema de justicia que requieren urgentes reformas.
Hemos compilado nuestros hallazgos en este informe, el cual refleja un panorama de los problemas más alarmantes que actualmente afronta Honduras, entre los cuales figuran la migración masiva, la inquietante y manifesta militarización de seguridad pública, graves amenazas contra los defensores de los derechos humanos y periodistas, y la ausencia de un sistema de justicia eficaz e independiente. Asimismo, el informe examina el papel que ha cumplido, y que puede cumplir, la ayuda de los EE.UU. ante la grave situación que vive el pueblo hondureño.
Además de describir la gravedad del problema, el informe señala los componentes para una solución, incluyendo el desarrollo de un poder judicial más eficaz e independiente, y una reforma cabal de la fuerza policial civil.
En última instancia, la solución debe incluir el enfrentamiento de los problemas subyacentes de pobreza y falta de educación que generan un entorno donde florecen la delincuencia y la violencia. Pero esto requiere algo que no encontramos durante nuestra visita a Honduras —un gobierno firmemente comprometido con el respeto a los derechos humanos, con una visión de prosperidad compartida más ampliamente, y una disposición para proteger a todos los ciudadanos hondureños. El informe concluye que los programas internacionales de asistencia cuidadosamente elaborados pueden ayudar a abordar estos problemas, pero “debe primar la voluntad política del gobierno hondureño para proteger y respetar a su ciudadanía”.
Ver informe completo: AQUÍ

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WOLA pide a Biden que trate corrupción y crimen organizado con Centroamérica

lunes, 2 de marzo de 2015

Autor del artículo: EFE / Lunes, 02 Marzo 2015 -11:30

Washington – La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) pidió al vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, que aborde la corrupción y el crimen organizado en su reunión con los líderes del Triángulo Norte de Centroamérica, que se celebrará entre hoy y mañana en la capital de Guatemala.
– El éxito del plan depende de que “los Gobiernos centroamericanos estén firmemente comprometidos con erradicar la profunda corrupción, la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas que han impedido el progreso”, dijo la coordinadora de WOLA.

Biden y los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras tienen previsto evaluar el plan “Alianza para la Prosperidad”, que busca reforzar las instituciones, mejorar la seguridad y frenar la migración irregular, y para el que esperan fondos estadounidenses.

La coordinadora del programa de seguridad ciudadana de WOLA, Adriana Beltrán, afirmó que el éxito del plan depende de que “los Gobiernos centroamericanos estén firmemente comprometidos con erradicar la profunda corrupción, la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas que han impedido el progreso”.
“La capacidad de los grupos criminales para evitar el arresto y enjuiciamiento es uno de los principales obstáculos que impiden mejorar la seguridad y el Estado de derecho en estos países”, destacó Beltrán en un comunicado emitido hoy en Washington.
La visita de Biden se produce en un momento en el que Guatemala contempla la extensión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato termina en septiembre, según WOLA, organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, la democracia y la justicia social en América Latina.
Naciones Unidas estableció la CICIG en 2007 en Guatemala con el fin de investigar y desmantelar a los grupos clandestinos de seguridad que habían penetrado las estructuras del Estado.
A juicio de la WOLA, la CICIG es uno de los mecanismos “más importantes” del país contra la corrupción y el crimen organizado en Guatemala y destaca, entre sus logros, la condena de seis años de cárcel por lavado de dinero contra el expresidente Alfonso Portillo.
“Las investigaciones de la CICIG han demostrado que el sistema de justicia de Guatemala puede funcionar incluso en contra de aquellos que, en algún momento, fueron considerados intocables”, apuntó Beltrán.
Por eso, WOLA pide a Biden que aproveche su visita para dialogar sobre cómo mantener el apoyo a la CICIG, una institución “complementaria e indispensable en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado” que complementa el plan “Alianza para la Prosperidad”.
Según cifras oficiales, en Guatemala, donde cada día mueren 16 personas asesinadas, entre el 70 y el 90 por ciento de los delitos que se cometen permanecen impunes.
La “Alianza para la Prosperidad” sobre la que dialogarán hoy Estados Unidos y Centroamérica se acordó en noviembre pasado, tras la llegada masiva a Estados Unidos el año pasado de miles de menores indocumentados, la mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las autoridades centroamericanas calculan que el costo del plan regional ascenderá a 5.000 millones de dólares, de los que esperan que Estados Unidos aporte 1.000 millones de dólares, un monto que el presidente estadounidense, Barack Obama, ha solicitado al Congreso para el presupuesto del año fiscal 2016.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene cuatro líneas estratégicas: dinamizar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la Justicia y fortalecer las instituciones.
 http://www.proceso.hn/component/k2/item/97692-wola-pide-a-biden-que-trate-corrupci%C3%B3n-y-crimen-organizado-con-centroam%C3%A9rica.html

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US Continues Shift in Security Priorities With Aid Package to CentrAm

US Secretary of State, John Kerry

The US State Department has allocated most of its $1 billion request for aid to Central America towards development assistance, a further shift from the US’ previously militaristic approach to regional security, characterized by aid packages like Plan Colombia.

On February 2, the US State Department released its Congressional budget proposal for fiscal year 2016, which included just over $1 billion in foreign aid to Central American countries. According to the Washington Office on Latin America (WOLA), the $1 billion requested for 2016 is triple the amount of aid sent to Central America in 2014.

No less than 80 percent of the package is intended for improving civil institutions, civil society, and economic development, according to WOLA. The money requested for purely military and police assistance programs remains at 2014 levels, at roughly $16.5 million.

At a press briefing following the unveiling of the new proposal, Deputy Secretary of State for Management and Resource Heather Higginbottom said the regional funding “will address the underlying social, governance, and economic factors in Central America that drove last year’s crisis in unaccompanied migration – child migration.”

InSight Crime Analysis

The State Department’s $1 billion aid proposal to Central America reflects the US’ wider policy shift in recent years towards institutional capacity-building, rather than strengthening of security forces, as their guiding approach to improving security in Latin America. The 2016 proposal is a far cry from the heavy reliance on military and police assistance programs from previous aid packages like Plan Colombia in the early 2000s and the early phase of the Merida Initiative in Mexico in 2008. Each of these programs accounted for over 75 percent of their respective budgets, according to WOLA. The US’ current security initiative in Central America, CARSI, mixes both hard (counter-narcotic operations) and soft (community-based violence prevention programs) strategies for lowering rates of crime and violence.

SEE ALSO: Coverage of Merida Initiative

The proposal also underscores the growing importance of Central America in the US’ regional security priorities. The amount of funds going towards development assistance suggests the United States is looking for long-term solutions to endemic gang violence in the “Northern Triangle” region (El Salvador, Guatemala and Honduras) — commonly cited as a principal push factor for the child migrant crisis. Selling this angle — a sustainable reduction in the flow of unaccompanied children from Central America arriving at the US border — will likely be the best strategy for getting the proposal approved in a Republican-controlled Congress.

The aid package also indicates the United States and the Northern Triangle countries may not be as far apart ideologically in handling the child migrant crisis as once thought. At the time, it seemed the plea from the Northern Triangle presidents in November 2014 for greater US assistance in stopping the child exodus fell on deaf ears.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/us-shift-in-security-priorities-with-aid-package-to-centram

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Despite Current Debate, Police Militarisation Goes Beyond U.S. Borders

"Hands Up, Don't Shoot": A rally in support of Michael Brown. Credit: Shawn Semmler/cc by 2.0

“Hands Up, Don’t Shoot”: A rally in support of Michael Brown. Credit: Shawn Semmler/cc by 2.0

WASHINGTON, Aug 18 2014 (IPS) – The shooting of an unarmed black teenager by a white police officer in the southern United States earlier this month has led to widespread public outrage around issues of race, class and police brutality.

In particular, a flurry of policy discussions is focusing on the startling level of force and military-style weaponry used by local police in responding to public demonstrations following the death Aug. 9 of 18-year-old Michael Brown in Ferguson, Missouri.

“We have a lot of military equipment and hardware looking for a place to end up, and that tends to be local law enforcement.” — WOLA’s Maureen Meyer

The situation has galvanised support from both liberal and conservative members of Congress for potential changes to a law that, since the 1990s, has provided local U.S. police forces with surplus military equipment. The initiative, overseen by the Department of Defence and known as the “1033 programme”, originally came about in order to support law-enforcement personnel in the fight against drug gangs.

“We need to de-militarise this situation,” Claire McCaskill, one of Missouri’s two senators, said last week. “[T]his kind of response by the police has become the problem instead of the solution.”

In a widely read article titled “We Must Demilitarize the Police”, conservative Senator Rand Paul likewise noted that “there should be a difference between a police response and a military response” in law enforcement.

During attempts to contain public protests in the aftermath of the shooting, police in Ferguson used high-powered weapons, teargas, body armour and even armoured vehicles of types commonly used by the U.S. military during wartime situations. Now, it appears the 1033 programme will likely come under heavy scrutiny in coming months.

“Congress established this programme out of real concern that local law enforcement agencies were literally outgunned by drug criminals. We intended this equipment to keep police officers and their communities safe from heavily armed drug gangs and terrorist incidents,” Carl Levin, chair of the powerful Senate Armed Services Committee, said Friday.

“[W]e will review this programme to determine if equipment provided by the Defense Department is being used as intended.”

Drugs and terrorism

Despite this unusual bipartisan agreement over the dangers of a militarised police force, there appears to be no extension of this concern to rising U.S. support for militarised law enforcement in other countries.

While a 2011 law requires annual reporting on U.S. assistance to foreign police, that data is not yet available. However, during 2009, the most recent data available, Washington provided more than 3.5 billion dollars in foreign assistance for police activities, particularly in Afghanistan, Colombia, Iraq, Mexico, Pakistan and the Palestinian Territories.

According to an official report from 2011, “the United States has increased its emphasis on training and equipping foreign police as a means of supporting a wide range of U.S. foreign-policy goals,” particularly in the context of the wars on drugs and terrorism.

In the anti-terror fight, African countries are perhaps the most significant recipients of new U.S. security aid. Yet a new report from Human Rights Watch (HRW) highlights the dangers of this approach, focusing on the U.S.-supported Anti-Terrorism Police Unit (ATPU) in Kenya.

The report, released Monday, builds on previous allegations against the ATPU of arbitrary arrests, enforced disappearances and extrajudicial killings. Yet neither the Kenyan authorities nor the ATPU’s main donors – the United States and United Kingdom – have seriously investigated these longstanding allegations, HRW says.

Washington’s support for the ATPU has been significant, amounting to 19 million dollars in 2012 alone. Yet while U.S. law mandates a halting of aid pending investigation of credible reports of rights abuse, HRW says Washington “has not scaled down its assistance to the unit”.

“The goals of supporting the police in general are laudable and in line with concerns over rule of law,” Jehanne Henry, a senior researcher with HRW’s Africa division, told IPS.

“The problem here is it’s clear that, notwithstanding the goals of the assistance, it’s serving to undermine rule of law because the ATPU is taking matters into its own hands. So, our call is for donors to be smarter about providing this kind of assistance.”

Unseen since the 1980s

Meanwhile, Mexico and Latin American countries have been seeing an uptick in U.S. assistance for security forces as part of efforts to crack down on the drug trade.

“Currently the Central American governments are relying more and on their militaries to address the recent surge in violence,” Adriana Beltran, a senior associate for citizen security at the Washington Office on Latin America (WOLA), a watchdog group here.

“While the U.S. is saying it’s not providing any assistance to these forces, there is significant assistance being provided through the Department of Defence for counter-narcotics, which is channelled through the militaries of these countries.”

According to a new paper from Alexander Main, a senior associate at the Center for Economic and Policy Research (CEPR), a think tank here, U.S. security assistance to the region began strengthening again during the latter years of President George W. Bush’s time in office.

“Funding allocated to the region’s police and military forces climbed steadily upward to levels unseen since the U.S.-backed ‘dirty wars’ of the 1980s,” Main writes, noting that a “key model” for bilateral assistance has been Colombia. Since 1999, an eight-billion-dollar programme in that country has seen “the mass deployment of military troops and militarized police forces to both interdict illegal drugs and counter left-wing guerrilla groups”.

Yet last year, nearly 150 NGOs warned that U.S. policies of this type, which “promote militarization to address organized crime”, had been ineffective. Further, the groups said, such an approach had resulted in “a dramatic surge in violent crime, often reportedly perpetrated by security forces themselves.”

Mexico has been a particularly prominent recipient of U.S. security aid around the war on drugs.

“From the 1990s onward, the trend has been to encourage the Mexican government to involve the military in drug operations – and, over the past two years, also in public security,” Maureen Meyer, a senior associate on Mexico for WOLA, told IPS.

In the process, she says, civilian forces, too, have increasingly received military training, leading to concerns over human rights violations and excessive use of force, as well as a lack of knowledge over how to deal with local protests – concerns startlingly similar to those now coming out of Ferguson, Missouri.

“You can see how disturbing this trend is in the United States, and we are concerned about a similar trend towards militarised police forces in Latin American countries,” Meyer notes. “We have a lot of military equipment and hardware looking for a place to end up, and that tends to be local law enforcement.”

Edited by: Kitty Stapp

The writer can be reached at cbiron@ips.org

Fuente: http://www.ipsnews.net/2014/08/despite-current-debate-police-militarisation-goes-beyond-u-s-borders/

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Are drugs the main “root cause” of the violence that has increased Central American migration?

July 24, 2014

Are drugs the main “root cause” of the violence that has increased Central American migration?

  "There are some in officialdom who argue that not 100 percent of the violence today is due to the drug flow to the U.S., and I agree, but I would say that perhaps 80 percent of it is."

—Gen. John Kelly, commander, U.S. Southern Command, article in Military Times, July 8, 2014.

Gen. Kelly and some other prominent policymakers, most recently Sen. Bill Nelson (D-Florida), view the drug trade as the chief “root cause” of the violence pushing tens of thousands of unaccompanied Central American children to the United States. “The drug lords have completely taken over those countries,” Sen. Nelson said last week. “As a result, the violence is the highest. Honduras is the murder capital now of the world.”

From this, they conclude that the best way to stop the exodus of migrants is to aid Central American police and military forces and interdict more tons of U.S.-bound drugs.

The Facts:

These statements conflate two kinds of criminality that are neither allied nor have the same effect on the communities that migrants are fleeing. The groups moving tons of drugs through Central America are certainly violent, but the bloodshed sending most children and families to the U.S. border is mainly the work of street gangs that don’t manage large drug shipments.

The street gangs, or maras, get the most media attention, and are generating more violence. Groups like Mara Salvatrucha (MS-13) and Barrio 18, along with many smaller structures, are carrying out a large share of the extortion, murder, rape, forced recruitment, and other high-profile crimes against the populations of El Salvador, Guatemala, and Honduras. The larger groups originated in the United States in the 1980s, particularly among the Central American migrant community in Los Angeles.

Maras sell drugs within the areas they control. But little evidence indicates that they engage significantly in international cocaine transshipment.

Some of the most thorough work on gangs’ drug-trafficking activity has been done by Steven Dudley of the crime-monitoring group InsightCrime. In a 2010 investigation published by the Woodrow Wilson Center and the University of San Diego [PDF], Dudley found some variation across El Salvador, Guatemala, and Honduras, but on the whole found almost no street-gang involvement in international drug transshipment. “There is no evidence the Guatemala-based maras have any organic connection with the DTOs [drug-trafficking organizations] in that country,” he found, while in Honduras drug traffickers mainly employ them as assassins against rivals. In El Salvador, Dudley cited a seven-kilogram seizure as evidence that the gangs may be trying to involve themselves more deeply in transshipment. “Seven kilos is very small, but police intelligence said it was much higher than what maras are used to managing,” he observed.

The large international shipments—involving hundreds of kilograms or even tons of cocaine—are handled not by gangs, but by lower-profile criminal groups or “cartels,” who usually obtain cocaine from Colombia and hand it off to Mexican organizations. These groups include Los Cachiros in Honduras, El Salvador’s Perrones and Texistepeque Cartel, and, in Guatemala, families with last names like Lorenzana, Overdick, León, and Mendoza. It is they, not the street gangs, who are sending tons of drugs to the United States.

Many readers may have heard of MS-13 and Barrio 18, but may not be familiar with these cartels’ names. That is because they are businesses that deliberately seek a lower profile. They prefer not to generate violence and the attention that comes with it—and when they do, it is usually directed at criminal competitors, not at the general population. Their default mode of operation is to corrupt politicians, security forces, and justice systems, rather than confront them. They maintain strong ties within Central American militaries and police. As Gen. Kelly correctly states in the Military Times article published in early July, this institutional rot and erosion is the main damage that cartels have done to Central American governments’ ability to protect their own people.

The desire to quietly move their illegal product means that the cartels mostly leave the general population alone. Instead, Central Americans are leaving because of community level violence, much of it from the gangs.

MS-13, Barrio 18, and others are much “poorer” criminal organizations than the cartels. Because they do not move tons of drugs to the United States, they make most of their money within the territories they control. Their main income streams are small-scale retail neighborhood drug dealing (narcomenudeo), extortion, robbery, contraband sales, prostitution and human trafficking, and kidnapping.

The gangs operate with a savagery that directly impacts the general population. It is they, not the cartels, who are extorting even the smallest informal businesses. It is they who are recruiting young people and forcing girls into prostitution. And it is they who are committing a larger share of homicides, many notorious for their brutality, in Central America’s “Northern Triangle” countries.

This is not to let the cartels off the hook; they generate some violence too. Central American governments badly need to dismantle the trafficking organizations that have done so much damage to their institutions, and the most promising way to do that is through evidence-based investigations, witness protection, systematic punishment of state corruption, and a functioning justice system.

But even if Central America’s cartels could be weakened, it is not clear what effect it would have on community-level, gang-related violence. A strategy that attacks one may have little effect on the other.

As with cartels, confronting the community-level violence displacing Central Americans will require sophisticated investigations, witness protection, anti-corruption measures, and more effective justice. It will also require police forces that understand, and have earned the trust of, communities. These steps must come with investments in education, job creation, and neighborhood livability to reduce the huge percentage of young Salvadorans, Guatemalans, and Hondurans who are neither working nor studying today.

If the goal is to stop the violence forcing so many Central Americans to migrate northward, the best intermediate measures of success include public opinion of police, response times to crimes, judicial clearance of cases especially against gang leadership, and changes in school attendance and youth unemployment. The number of tons of seized U.S.-bound cocaine affects the cartels more than the gangs, and is thus less central to curbing community-level violence.

—Adam Isacson

“There are some in officialdom who argue that not 100 percent of the violence today is due to the drug flow to the U.S., and I agree, but I would say that perhaps 80 percent of it is.”

—Gen. John Kelly, commander, U.S. Southern Command, article in Military Times, July 8, 2014.

Gen. Kelly and some other prominent policymakers, most recently Sen. Bill Nelson (D-Florida), view the drug trade as the chief “root cause” of the violence pushing tens of thousands of unaccompanied Central American children to the United States. “The drug lords have completely taken over those countries,” Sen. Nelson said last week. “As a result, the violence is the highest. Honduras is the murder capital now of the world.”

From this, they conclude that the best way to stop the exodus of migrants is to aid Central American police and military forces and interdict more tons of U.S.-bound drugs.

The Facts:

These statements conflate two kinds of criminality that are neither allied nor have the same effect on the communities that migrants are fleeing. The groups moving tons of drugs through Central America are certainly violent, but the bloodshed sending most children and families to the U.S. border is mainly the work of street gangs that don’t manage large drug shipments.

The street gangs, or maras, get the most media attention, and are generating more violence. Groups like Mara Salvatrucha (MS-13) and Barrio 18, along with many smaller structures, are carrying out a large share of the extortion, murder, rape, forced recruitment, and other high-profile crimes against the populations of El Salvador, Guatemala, and Honduras. The larger groups originated in the United States in the 1980s, particularly among the Central American migrant community in Los Angeles.

Maras sell drugs within the areas they control. But little evidence indicates that they engage significantly in international cocaine transshipment.

Some of the most thorough work on gangs’ drug-trafficking activity has been done by Steven Dudley of the crime-monitoring group InsightCrime. In a 2010 investigation published by the Woodrow Wilson Center and the University of San Diego [PDF], Dudley found some variation across El Salvador, Guatemala, and Honduras, but on the whole found almost no street-gang involvement in international drug transshipment. “There is no evidence the Guatemala-based maras have any organic connection with the DTOs [drug-trafficking organizations] in that country,” he found, while in Honduras drug traffickers mainly employ them as assassins against rivals. In El Salvador, Dudley cited a seven-kilogram seizure as evidence that the gangs may be trying to involve themselves more deeply in transshipment. “Seven kilos is very small, but police intelligence said it was much higher than what maras are used to managing,” he observed.

The large international shipments—involving hundreds of kilograms or even tons of cocaine—are handled not by gangs, but by lower-profile criminal groups or “cartels,” who usually obtain cocaine from Colombia and hand it off to Mexican organizations. These groups include Los Cachiros in Honduras, El Salvador’s Perrones and Texistepeque Cartel, and, in Guatemala, families with last names like Lorenzana, Overdick, León, and Mendoza. It is they, not the street gangs, who are sending tons of drugs to the United States.

Many readers may have heard of MS-13 and Barrio 18, but may not be familiar with these cartels’ names. That is because they are businesses that deliberately seek a lower profile. They prefer not to generate violence and the attention that comes with it—and when they do, it is usually directed at criminal competitors, not at the general population. Their default mode of operation is to corrupt politicians, security forces, and justice systems, rather than confront them. They maintain strong ties within Central American militaries and police. As Gen. Kelly correctly states in the Military Times article published in early July, this institutional rot and erosion is the main damage that cartels have done to Central American governments’ ability to protect their own people.

The desire to quietly move their illegal product means that the cartels mostly leave the general population alone. Instead, Central Americans are leaving because of community level violence, much of it from the gangs.

MS-13, Barrio 18, and others are much “poorer” criminal organizations than the cartels. Because they do not move tons of drugs to the United States, they make most of their money within the territories they control. Their main income streams are small-scale retail neighborhood drug dealing (narcomenudeo), extortion, robbery, contraband sales, prostitution and human trafficking, and kidnapping.

The gangs operate with a savagery that directly impacts the general population. It is they, not the cartels, who are extorting even the smallest informal businesses. It is they who are recruiting young people and forcing girls into prostitution. And it is they who are committing a larger share of homicides, many notorious for their brutality, in Central America’s “Northern Triangle” countries.

This is not to let the cartels off the hook; they generate some violence too. Central American governments badly need to dismantle the trafficking organizations that have done so much damage to their institutions, and the most promising way to do that is through evidence-based investigations, witness protection, systematic punishment of state corruption, and a functioning justice system.

But even if Central America’s cartels could be weakened, it is not clear what effect it would have on community-level, gang-related violence. A strategy that attacks one may have little effect on the other.

As with cartels, confronting the community-level violence displacing Central Americans will require sophisticated investigations, witness protection, anti-corruption measures, and more effective justice. It will also require police forces that understand, and have earned the trust of, communities. These steps must come with investments in education, job creation, and neighborhood livability to reduce the huge percentage of young Salvadorans, Guatemalans, and Hondurans who are neither working nor studying today.

If the goal is to stop the violence forcing so many Central Americans to migrate northward, the best intermediate measures of success include public opinion of police, response times to crimes, judicial clearance of cases especially against gang leadership, and changes in school attendance and youth unemployment. The number of tons of seized U.S.-bound cocaine affects the cartels more than the gangs, and is thus less central to curbing community-level violence.

—Adam Isacson

Fuente: http://borderfactcheck.tumblr.com/post/92729607053/are-drugs-the-main-root-cause-of-the-violence?utm_content=bufferc25d7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

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APJ participa en foro internacional sobre seguridad, pobreza y migración

11:38
24
Julio
2014
Tegucigalpa – La violencia, inseguridad, pobreza y falta de oportunidades son algunos de los factores causa que provocan la migración de hondureños hacia Norteamérica, han manifestado, representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en un foro organizado, en Washington DC, por The Wilson Center y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Durante el evento, en el cual participaron más de 120 diplomáticos, dirigentes de sociedad civil, autoridades estatales y periodistas, se desempeñaron como expositores Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Omar Rivera, director ejecutivo del Grupo Sociedad Civil (GSC); Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA; y Tani Adams, académica de The Wilson Center.

Para enfrentar el grave problema de la delincuencia y criminalidad en Honduras, se hace necesario “depurar y después fortalecer el sistema de seguridad y justicia en Honduras; para esto es indispensable el acompañamiento internacional y una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil”, dijo Carlos Hernández.

Asimismo, Omar Rivera, manifestó que “al margen de la emergencia humanitaria generada por la migración de niños no acompañados, se deben implementar estrategias de mediano y largo plazo que reviertan la grave situación de pobreza, desigualdad y exclusión social que afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad”, entre los que destacan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante esta semana, la APJ, ejecuta acciones de incidencia y abogacía ante congresistas, senadores y funcionarios gubernamentales en los Estados Unidos, en torno a tópicos vinculados a la reforma y depuración del sistema de seguridad, justicia y prevención de la violencia en Honduras; históricamente, los estadounidenses han sido uno de los principales cooperantes de Honduras, en los proceso de fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia en el país.

Para este jueves 23 de julio de 2013, los representantes de la APJ, participarán en una reunión de trabajo con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en un panel en el que se harán presentes los cancilleres de Honduras, Guatemala y El Salvador.

La APJ, es una coalición de ONG, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al proceso de reforma de los entes operadores de seguridad y de justicia en Honduras.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/07/24/Metr%C3%B3poli/APJ.participa.en/89779.html

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