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Bertha Oliva: “Para nosotras no es ni celebración ni conmemoración”

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Rodrigo Wong Arévalo y la Etimología de su Demagogia

En una entrevista, Andrés Pavón, líder del partido político FAPER y defensor de los DDHH, comentaba que él, Ramón Custodio, Bertha Oliva y Rodrigo Wong Arévalo, estaban en la defensa de los derechos humanos en la década de los 80, tiempo en que la represión hacia los estudiantes universitarios era de magnitudes descomunales. Hubo desaparecidos […]

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Bertha Oliva diserta el tema “defendiendo nuestros derechos” en Instituto Departamental de Oriente

Tegucigalpa.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),  Bertha Oliva fue invitada para exponer sobre el tema “Defendiendo nuestros Derechos “por parte del departamento de Letras del Instituto Departamental de Oriente con sede en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.

El evento que se desarrolló el sábado 4 de junio reunió a más de mil 400 personas , con la participación en su gran mayoría de padres y madres de familia, maestros y maestras.

Luego de varias participaciones artísticas, le tocó el turno para disertar a la coordinadora general del COFADEH,  Bertha Oliva quien señaló que cuando se habla del trabajo de los derechos humanos, es porque existen instrumentos internacionales de protección.

Y esos instrumentos señalan los derechos que tienen las mujeres, los derechos que tienen los niños y niñas, los derechos que tienen los pueblos, todo eso es un compendio de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales que estamos obligadas a conocerlas, expuso Oliva.

La Coordinadora General del COFADEH les dijo a los padres y madres de familia que pensar que la conducción de nuestros hijos y de nuestras hijas se las vamos a otorgar a una unidad militar para que sean ellos los que se encarguen de transformarlos, es una equivocación.

“No debemos alegrarnos porque en nuestro país, cada vez  florecen y aparecen más militares y tanquetas en las calles, no debemos alegrarnos porque hay programas encaminados a instruir a los niños, niñas y a las juventudes de cómo tener buenas costumbres en los batallones militares. Como tampoco debemos alegrarnos cuando estamos intervenidos por fuerzas militares que no son nuestras, cuando estamos intervenidos por la presencia de organizaciones internacionales como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para ayudarnos a combatir la corrupción”, sostuvo Oliva.

Añadió que no debemos alegrarnos cuando en nuestro país hay una Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la cual en Latinoamérica solo hay en 3 naciones que cuentan con esta oficina.

“No debemos alegrarnos cuando cada vez más se posiciona la Cruz Roja Internacional en nuestro país, esos no son buenos síntomas, eso es intervención, eso es que algo anda mal en Honduras; por eso es necesario que reflexionemos en qué hemos fallado como padres, como maestros, como vecinos”, expuso la defensora de derechos humanos.

Denuncian una serie de irregularidades en el Instituto Departamental de Oriente

Al término de la actividad, http://www.defensoresenlinea.com conoció de denuncias e inquietudes que resaltaron los padres y madres de familia con una serie de disposiciones dictadas por la Junta Interventora que gobierna dicha institución desde el año pasado.

Madres de familia se quejaron que tienen que asistir obligatoriamente a las sesiones de padres de familia so pena de que sus hijos e hijas,  pierdan el cupo para estudiar en el colegio para el próximo período de clases.

Una de las madres que acudió procedente de una aldea remota de Danlí, buscó sin suerte a uno de los profesores coordinadores de la sesión,  para que le firmara una nota en la que se hace constar su asistencia. Otras mujeres dijeron que necesitaban esas firmas para hacer constar en sus trabajos, que en realidad asistieron a la reunión.

Otra madre dijo que quería saber cuándo se entregaría el carnet para su hijo, en vista que hace varios meses pagó 50 lempiras por este documento y hasta la fecha no lo ha visto.

Se escucharon otras voces pidiendo que la Junta Interventora,  rinda cuentas de los fondos que recauda el Instituto Departamental de Oriente a través de matrícula, laboratorios, carnets y otros servicios.

Por su parte varios maestros expresaron que un tubo de aguas negras se dañó  y ha inundado la cancha de fútbol que se ubica atrás del gimnasio donde se realizó la actividad, lo que expone la salud de 5 mil estudiantes que acuden a las jornadas matutina, vespertina y nocturna.

Otras madres denunciaron la presencia de efectivos militares que se pasean dentro del colegio y una más señaló que tiene que viajar desde Tegucigalpa para asistir a las asambleas de padres y madres de familia.

Todas estas quejas  se expusieron en las afueras del gimnasio del instituto y se palpó el temor que tienen  los padres y madres de familia para expresarlos libremente ante los medios de comunicación locales y nacionales, temor que proviene por  las directrices emanadas por las autoridades de la Secretaría de Educación.

En resumen http://www.defensoresenlinea.com tomó nota de estas denuncias que muestran la zozobra que desde la Secretaría de Educación se ha implantado en la comunidad de padres y madres de familia del Instituto Departamental de Oriente y que van desde la militarización del instituto hasta la epidemia que podría desatarse de no atender las tuberías dañadas de “aguas negras” que ponen en peligro la salud de la población estudiantil.

Estos aspectos deben ser tomados muy en cuenta por la Junta Interventora del instituto Departamental de Oriente y por las autoridades superiores de la Secretaría de Educación.

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Están infiltrando gente para conspirar contra los movimientos de Derechos Humanos: Bertha Oliva – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El gobierno está infiltrando gente en los movimientos de defensores de derechos humanos para desestabilizarlos y desacreditarlos, denunció este miércoles, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Ahondó que tienen denuncias y testimonios de cómo se está trabajando para hacer actos de conspiración, para dividir y desarticular los movimientos […]

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Bertha Oliva: “….La verdad debe ser el contrapoder….”

Defensores en linea

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“Intentos de desacreditar públicamente el trabajo de activistas de sociedad civil nunca deberían ser tolerados”, expresa congresista estadounidense

Defensores en linea

Preocupado porque desde el gobierno de Honduras se ha intentado desacreditar la labor de Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y porque a raíz de estos señalamientos se ha puesto en riesgo la integridad personal de la reconocida defensora de derechos humanos, el congresista del partido demócrata, San Farr, se dirigió mediante una misiva al embajador de Estados Unidos en Honduras, Jeames Nealon, exponiéndole sus inquietudes.

“Por lo tanto, estoy muy preocupado por el hecho que estas personas valientes sufren a menudo represalias por su labor. Como probablemente Ud sabe, algunos funcionarios del Estado han menospreciado públicamente a miembros de la sociedad civil hondureña que viajan al extranjero y hablan públicamente de la situación de derechos humanos en el país”, señala uno de los párrafos de la misiva.

A continuación el contenido de la carta, originalmente escrita en inglés y  traducida al español:

Congreso de los Estados Unidos
Cámara de Representantes
Washington, DC

19 de noviembre de 2015-11-26

Estimado señor Embajador,

Le escribo para expresar mi profunda preocupación acerca de la situación de defensores de derechos  humanos en Honduras.

En los últimos años, mi equipo y yo hemos tenido el privilegio de reunirnos con muchos defensores de derechos humanos y representantes de sociedad civil hondureños. Durante sus visitas en Washington, estos hombres y mujeres han brindado sus perspectivas de terreno que informan mi trabajo como miembro del Comité de Asignaciones y líder en el congreso sobre relaciones entre Estados Unidos (EEUU) y Latinoamérica. Su trabajo en Honduras es muy importante para construir la democracia que Honduras merece.

Por lo tanto, estoy muy preocupado por el hecho que estas personas valientes sufren a menudo represalias por su labor. Como probablemente usted sabe, algunos funcionarios del Estado han menospreciado públicamente a miembros de la sociedad civil hondureña que viajan al extranjero y hablan públicamente de la situación de derechos humanos en el país.

Al regresar a Honduras, estos defensores de derechos humanos enfrentan un riesgo mayor. Una de estas personas es Bertha Oliva, con la cual me reuní, aquí en Washington. Estos intentos de desacreditar públicamente el trabajo de activistas de sociedad civil nunca deberían ser tolerados.

Insto a la embajada de EEUU a monitorear de cerca y a responder inmediatamente a cualquier amenaza o ataque en contra de estos defensores de derechos humanos, en particular de la señora Oliva.

En sus comunicaciones con el gobierno hondureño, espero que pueda abordar la situación de estas personas y expresar un fuerte apoyo para una sociedad civil vibrante.

Atentamente,

Sam Farr,

Miembro del Congreso

Ver carta

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COFADEH socializa la Ley de defensores de derechos humanos, plantea retos y desafíos

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Tegucigalpa.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) desarrolló el viernes 28 de agosto el foro: “Socialización de la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Retos y Desafíos”, en vísperas de la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido que se conmemora el 30 de agosto y que creado por el Congreso Nacional de Honduras, mediante decreto número 284-2002.

El evento contó con el análisis y comentarios sobre la ley por parte  de la Directora de Programas para México y Centro América,  del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y la representante de la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos,  Gobernación y Descentralización, Kenia Irías.

La Coordinadora General del  COFADEH,  Bertha Oliva destacó que este es el primer debate que el comité propone sobre la recién aprobada ley con el propósito de debatir, analizar y hacer propuestas que permitan la aplicabilidad de este instrumento de protección.

Oliva destacó la labor ejercida por el Dr. Leo Valladares Lanza mientras se desempeñó  como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al señalar que tuvo la valentía de denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras, en el libro “Los Hechos Hablan por sí Mismos” publicado en 1993.

La reconocida defensora de los derechos  también resaltó el desempeño de la Directora de Programas   para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Marcia Aguiluz al expresar  que siendo una abogada joven está dedicando su vida en la defensa de los derechos humanos en la región.

En su intervención el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y director ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía participativa (ACI-Participa), Leo Valladares Lanza dijo que la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia tiene aspectos positivos, como el reconocimiento de los defensores de derechos humanos en Honduras.

Valladares Lanza expuso que  un 80 por ciento de las observaciones planteadas por las organizaciones de derechos humanos fueron incorporadas por el Congreso Nacional en el contenido de la ley, pero que el resto (un 20 por ciento que se considera muy significativo) no se incluyó y lo que se obtuvo fue una ley que refleja ambigüedades.

Otro aspecto que señaló el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, fue que los legisladores y legisladoras crearon un órgano que no es desconcentrado y que por lo tanto crea dificultades para la implementación de la ley.

Lo positivo y lo negativo, lo ambiguo y el exceso de representación del Estado en los órganos de protección

Tal como quedó estructurado el órgano Ejecutivo, la aplicación recae en la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Descentralización y Desarrollo, por lo que los defensores y defensoras de derechos humanos deben velar por la debida implementación.

Valladares Lanza añadió que así como está estructurado el mecanismo, la ley no es sancionadora, sino que es una ley de prevención con 3 ejes muy marcados como la promoción, la prevención y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Entretanto, la representante de Secretaría de Justicia, Derechos Humanos,  Kenia Irías expresó que por primera vez el estado está reconociendo la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y que posibilita la protección de estas personas en su labor de defensoría. Esa misma protección se torna un tanto compleja pero no irrealizable, dijo.

Para Irías, esta ley va a cambiar la visión del Estado con respecto al trabajo que han venido realizando  los defensores y defensoras de derechos humanos, ahora hay políticas de protección y espera que la ley contribuya a proteger a quien defiende derechos, para lograr el fin último que es brindar garantías de no violación de los derechos humanos en el país o que por lo menos se reduzcan.

La funcionaria reconoció que el Consejo Nacional de Protección está integrado por muchas personas, entre ellas los beneficiarios y que el desafío actual es que este consejo se instale, pero que  habrá dificultades por la estructura que tiene el país y porque se necesita de un Ministerio Público (MP) fortalecido, un aspecto difícil para estos momentos.

La ley además del Consejo de Protección como órgano deliberativo y político, también estipula la Dirección del Sistema de Protección que recae en la Secretaría de  Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización que realiza otras funciones dentro del engranaje ministerial.

Uno de los aspectos a considerar de acuerdo con los expertos que han analizado  la presente ley es lo  concerniente  al análisis de riesgo, porque quienes  hasta ahora se han erigido como “gurús” en este tema  han sido representantes de las Secretarías de Seguridad y Defensa, de ahí que deben ser las organizaciones defensoras de derechos humanos (que lo han estado haciendo desde hace muchos con el enfoque de defensores) y que cuentan con  años de trayectoria y  con capacidades instaladas para dichos propósitos.

El otro punto es que aún no se cuenta con el Reglamento para la aplicación de la ley. La abogada Kenia Irías dijo al respecto que en su momento, se convocara a las organizaciones para la socialización del mismo.

Por otro lado aún no se cuenta con los recursos para la implementación de la ley, pero se anunció que la partida presupuestaria se obtendrá de los fondos de la tasa de seguridad.

Es de considerar que en los actuales momentos la Secretaría de Seguridad no goza de la confianza de la ciudadanía, porque en la implementación de protección para defensores y defensoras de derechos humanos ha tenido más una labor de vigilancia y de recolección de información de inteligencia, en lugar de proteger a los y a las que defienden los derechos humanos.

Por eso es que el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza recomendó la creación de un equipo especial de agentes capacitados por las organizaciones de derechos humanos para que realicen dicha labor.

Por último la  Directora de Programas   para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Marcia Aguiluz, resaltó que esta ley no ha sido un regalo del estado, sino que fue un trabajo e incidencia ejercido por las organizaciones defensoras de los derechos humanos desde los años noventas.

La incidencia de las organizaciones  a nivel internacional logró que la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) condenara al Estado de Honduras por los asesinatos de reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos como Janeth Kawas, Carlos Luna y Miguel Angel Pavón, entre otros.

Con estas condenas la CIDH le ordenó al estado de Honduras crear mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos.

Marcia Aguiluz apuntó como fallas en la ley el hecho que no existe una conceptualización del Sistema de Protección, y que el Consejo Nacional de Protección establecido, incluye a un actor que no debió integrar este consejo y que es la Secretaría de Defensa o sea,  las Fuerzas Armadas  (FFAA).

Por otro lado, -resalta la experta-,  la representación de la sociedad civil es minoritaria en la integración del Consejo Nacional de Protección, que es la instancia política.

Con respecto al Comité Técnico, la abogada Marcia Aguiluz destacó que este ente es el responsable de tomar las decisiones sobre a quién protege y a quién no. El gran reto es que se debe vigilar el perfil de aquellas personas que integrarán dicho comité, en vista de que no se cuenta en el país con la experiencia en este tipo de funciones.

Aguiluz resaltó el hecho que puesto que la Secretaría de Seguridad será la encargada de brindar protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, se necesita de la aprobación de un protocolo de seguridad.

La representante de CEJIL recomendó que las medidas de protección deben ser diseñadas desde la óptica de enfoque de género, ya se trate de mujeres, de miembros de la comunidad de la diversidad sexual o de jóvenes que defiende los derechos humanos.

Marcia Aguiluz cuestionó el procedimiento que se sigue para la impugnación de las  resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Protección, porque según la ley se va a impugnar ante el mismo organismo que tomó la decisión de invalidar por ejemplo las medidas de protección para determinado defensor o defensora de derechos humanos.

Es una necesidad para la implementación de esta ley, que los defensores y defensoras de derechos humanos se apropien de la misma, que se difunda ampliamente y que se vigile el debido cumplimiento.

Participaron en el evento, además de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos conformadas por el COFADEH provenientes de Choluteca y Valle, Zacate Grande, Danlí, El Paraíso, Ocotepeque, Lempira y del valle del Aguán,  representantes de varias organizaciones de derechos humanos, representantes de agencias de cooperación e invitados especiales.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3702:cofadeh-socializa-la-ley-de-defensores-de-derechos-humanos-plantea-retos-y-desafios&catid=71:def&Itemid=166

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Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierto el caso de Honduras y vendrá al país en septiembre de este año

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Tegucigalpa.

La coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo a defensoresenlinea.com, que en el mes de septiembre de este año, diversas organizaciones de la sociedad hondureña estarán proporcionando nueva información a la Corte Penal  Internacional (CPI) que mantiene abierta su investigación sobre el caso de Honduras para determinar que existió -posterior al golpe de estado de 2009-, un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

“Hemos venido trabajando en varios momentos y ahora lo que estamos haciendo es poner toda la información que se considera relevante para que el caso de Honduras se maneje abierto ante la CPI”, anunció Oliva.

En la visita a Honduras entre el 24 al 28 de marzo de 2014, la misión de la Corte Penal internacional (CPI)  escuchó los testimonios de diversos sectores que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos después del golpe de estado de 2009.

Esta semana la CPI ha sostenido comunicaciones fluidas a través de conexiones on line (en internet) con defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras para facilitar herramientas que respalden las denuncias ampliadas de casos relevantes que se presentarán a una misión de la CPI que arribará en septiembre próximo.

“La CPI es totalmente diferente y además son denuncias de carácter penal , de ahí que es importante resaltar que pese al desconocimiento que hemos tenido como organizaciones de defensoras de derechos humanos en girar informaciones a la CPI, porque nunca antes se había hecho, y siempre lo habíamos hecho de cara al Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ahora esta es una lógica jurídica totalmente diferente, no ha sido fácil, pero eso no quiere decir que no se han cometido crímenes de lesa humanidad de los cuales conoce y son competencia de la CPI”.

“Nosotras estamos en ese ejercicio tratando de organizar para que no se vaya a descalificar bajo el alegato que no se encuentra relevante la información y que esta pueda calificar para los mandatos que ellos tienen, me parece que como reto para las organizaciones de derechos humanos es muy importante y a nosotras nos gustan los retos y los desafíos”, expresó la Coordinadora del COFADEH.

La reconocida defensora de derechos humanos añadió que como experiencia ésta dinámica está pareciendo muy interesante y “estamos casi convencidas que si la CPI estuviera involucrada más directamente de lo que sucede en nuestro país, no tendrían ninguna duda en calificar que los hechos que se están viviendo, sí son competencia de la CPI, por ejemplo los grupos vulnerables que han venido siendo históricamente marginados como son los pueblos indígenas, hay una agresión que se profundizó después del golpe de estado con los relatos que tenemos de las propias personas que sufren los embates”.

“Cuando uno mira que una comunidad totalmente indígena ha tenido que enfrentar la brutalidad, cuando hay jóvenes y niños de 11 a 16 años que están siendo acusados y adultos mayores de 74 años y con mujeres embarazadas que están siendo detenidas y mujeres con sus pequeños hijos de 4  años y de 3 meses han sido detenidas en presidios, uno se pregunta en qué país vivimos y ¿qué es lo que está pasando?”, comentó Oliva.

Cuando hay casos que nos han venido a denunciar donde hay niñas que les han dictado medidas sustitutivas a la prisión y que por eso tienen que cumplir con estar yendo a firmar cada ocho días o una vez por semana y a  la madre se le dictaron las mismas medidas, sin tener una causa abierta, se entera uno de cómo el sistema está operando; esos son casos que aplican a cabalidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Oliva se refirió al reciente caso donde unas 20 familias de la Empresa Asociativa Juan Almendáres Bonilla fueron brutalmente desalojadas por agentes policiales de las tierras que poseían desde hacía 6 años en un sector del municipio de  Planes de Santa María en el departamento de La Paz.

Al respecto la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) denunció que este brutal desalojo fue orquestado por terratenientes de la zona ligados al poder político y en confabulación con el sistema judicial, que atentó y violentó los derechos humanos de las familias que estaban en posesión de las tierras que ancestralmente les pertenecen a las comunidades lencas, así como lo establece el artículo 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT).

Producto del desalojo ejecutado el 16 de julio de este año, 16 personas, 13 hombres y 3 mujeres,  fueron enviadas al presidio de Marcala y han permanecido recluidas hasta la fecha, acusadas de 5 delitos, entre éstos, usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, hurto, daños al ambiente y atentar contra la seguridad del estado o sedición.

Cabse resaltar que dos campesinas en estado de embarazo, permanecieron recluidas en el centro penal de Marcala por más de 20 días.

“Yo creo que nos toca un poco más de reunir toda la información que muestra el salvajismo en que se vive y no le quedará ninguna duda a la CPI para mantener abierto el caso de Honduras”, señaló la defensora de derechos humanos.

La Corte Penal Internacional persigue a personas revestidas de autoridad, pero también investiga hasta llegar a los autores intelectuales que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que están cometiendo  torturas, que están criminalizando a una población por ser campesinos o por ser indígenas, entonces ahí me parece que sí hay mucho que trabajar y como expresé es una experiencia nueva con retos y desafíos que tenemos que cumplir y debemos estar preparadas, apuntó Bertha Oliva.

Una misión de la Corte Penal Internacional (CPI) visitó el país del 24 al 28 de marzo de 2014 y sostuvo reuniones a puertas cerradas con autoridades del gobierno, así como con organizaciones defensoras de derechos humanos, porque a criterio de la CPI,  las mismas deben manejarse en estricta confidencialidad, especialmente las relacionadas a los testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

La misión estuvo conformada por los juristas  Javier Aguirre, Eugenia Valenzuela y Franco  Matillana que se reunieron el jueves 27 de marzo de 2014 con delegados del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), organizaciones populares, sindicales, jueces, fiscales, periodistas, ex funcionarios de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales  y defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros.

En una de sus intervenciones y a las que tuvo acceso defensoresenlinea.com,  Javier Aguirre expuso que en Honduras  hay dos materias en estudio: Los asesinatos contra periodistas, líderes sociales y la segunda, la situación del Bajo Aguán. Hay comunicaciones  e Informes recibidos desde del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán. Está claro que hay muertes violentas en un contexto de conflicto social por la tierra.

El jurista internacional señaló que debe establecerse las causas de las muertes, quién está matando y si hay algún esquema sistematizado de estas muertes. El crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático  contra la población civil, torturas, persecución que responde a una política organizativa del estado, concepto que no existía hasta hace algunos años y que es el más difícil de establecer para un examen de la Fiscalía, señaló Javier Aguirre.

La CPI se guía por pruebas de información, grupo armado, rebelde, milicia, un jefe de estado, un presidente, da igual, “ese es nuestro trabajo, en Honduras ese trabajo está en una fase preliminar”, enfatizó el representante internacional.

Antecedentes de la reunión de la CPI con el movimiento social hondureño en 2014

En aquella oportunidad La Plataforma Agraria denunció que desde  enero de 2010 a octubre 2012, más de 3 mil campesinos y campesinas fueron acusados por el delito de usurpación de tierras, porque según los denunciantes, la Fiscalía y los tribunales de justicia actúan al servicio de los terratenientes.

Por otro lado se informó que desde el 2012 a la fecha unos 500 campesinos enfrentan acusaciones judiciales a quienes se les ha aplicado una serie de medidas para evitar la privación de libertad. Otras cifras brindadas por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDA) apunta que en los últimos años unos 127 campesinos han muerte en condiciones violentas y que hay al menos 6 casos de desapariciones forzadas.

En otra de las reuniones que llevó a cabo la delegación de la Corte Penal internacional (CPI), se conoció sobre las denuncias en torno a que durante la administración del Fiscal General Luis Alberto Rubí se produjo persecución política y discriminación contra fiscales que se manifestaron en contra del golpe de Estado y pretendieron defender los derechos humanos de las víctimas.

Por otra parte la Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) expuso que de 2010 a 2013 fueron asesinados  67 abogados, de los cuales el 97 por ciento se encuentran en total impunidad.

El representante de esta organización el  ex juez Guillermo López Lone (separado de su cargo en 2010 por manifestarse en contra del golpe de Estado), presentó 4 casos emblemáticos con respecto a  la muerte violenta de los profesionales del derecho.

López Lone cito el caso del abogado Antonio Trejo Cabrera asesinado el 23 de septiembre de 2012. Trejo había presentado un recurso contra la creación de la Ley que permiten las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades modelo y era el apoderado legal del Movimiento Unificado campesino del Aguán (MUCA).

Otro caso que citó López Lone fue el del  fiscal Manuel Díaz Mazariegos, asesinado por varios sujetos en Choluteca. Su cuerpo presentaba 9 impactos de bala mientras se conducía a pie hacia el Ministerio Público desde los tribunales.

El tercer caso es el del  Fiscal Orlan Chávez, asesinado el 18 de abril de 2013, interceptado por desconocidos en los bajos del Estadio Nacional. Los sicarios le dispararon hasta matarlo. Chávez fue el creador de la Ley Contra el Lavado de Activos y la Ley de Privación de Dominio.

Y el cuarto caso citado fue el de la jueza Mireya Mendoza Peña, asesinada el 24 de julio de 2013 en el Progreso. Mendoza Peña  era jueza del Tribunal de Sentencia de aquella ciudad y  miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia.

Mientras tanto la abogada Rixi Moncada, ex funcionaria de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales expuso que varios de sus compañeros y compañeras del ex gabinete de gobierno, continúan sien víctimas de persecución política.

Moncada sostuvo que hace algunos meses el ex presidente Manuel Zelaya les expresó que el actual ministro de Seguridad Arturo Corrales y el dueño de Diario La Tribuna y ex presidente de la República,  Carlos Flores iban a tratar de desarticular las acciones de las víctimas emprendidas ante la CPI.

“Espero estar equivocada y que la arremetida internacional para limpiar las violaciones sea falsa, quisiera pensar que es falsa, yo entiendo lo que han expresado que ha existido una política deliberada, lo que no entiendo es cuántas muertes se ocupan para pasar a la fase de investigación en la CPI para investigar las violaciones de derechos humanos”, reclamó la ex ministra.

Entretanto la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo a los representantes de la CPI que “confío en que ustedes valoren lo que hemos expresado pero siento que va a ver la oportunidad para demostrar que enfrentamos la peor crisis en materia de derechos humanos en Honduras”.

El 28 de marzo de 2014, La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó en su visita a Honduras que los asesinatos y numerosas violaciones a los derechos humanos derivadas del golpe de estado de 2009, se encuentran en un estado de evaluación y que sigue abierta la recepción de nuevos elementos que permitan establecer que en Honduras se actuó de forma estructurada y sistemática en contra de la ciudadanía, aspectos que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3691:corte-penal-internacional-cpi-mantiene-abierto-el-caso-de-honduras-y-vendra-al-pais-en-septiembre-de-este-ano&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Basta ya de intromisiones, autoritarismo y la manipulación mediática

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En esta semana, la militarización de la que siempre se denuncia en las ciudades de interior del país, “como si estuviéramos en guerra” también ha sido parte del panorama en instituciones nacionales, creadas para impartir educación y justicia, sin embargo han sido violentadas en su independencia y autonomía, pasando sobre el derecho a las personas que allí asisten.

La preocupación por el obsesivo abuso de poder reflejado en la injerencia policial y militar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los últimos días, no es de extrañarse, pues en el país se han dado otros golpes de Estado.

Para el caso, cabe mencionar el 12 de diciembre del 2012, se dio la separación de cuatro de los miembros de la Sala de lo Constitucional por parte del Poder Legislativo, presidido por Juan Orlando Hernández, y el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, guardó silencio, siendo esta acción un despido ilegal y violario contra los funcionarios José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Antonio Gutiérrez Navas.

Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, esa fue una clara intromisión entre poderes, que se suponen son independientes uno del otro.

Los medios de comunicación informaban que “El Congreso Nacional de Honduras aprobó esta madrugada la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una acción que fue calificada de ilegal y atentatoria contra el estado de derecho”.

Hoy, nuevamente se violenta la CSJ, cuando permaneció rodeada de centenares de militares y policías rodearon completamente las instalaciones dela CSJ,  habían elementos de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) policías cobras, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y antimotines, desde tempranas horas, antes que se iniciará el juicio Oral y Público contra el periodista David Romero Ellner, director de Radio Globo y Globo tv.

Hoy se fue el primer día del Juicio Oral y Público contra Romero Ellner, acusado por 15 delitos constitutivos de difamación, en contra de Sonia Gálvez, que es la esposa del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Esta audiencia, fue reprogramada para hoy, luego de que el pasado 23 de julio, el periodista fue sacado de la sala de juicio, por un grupo de simpatizantes, temiendo que lo llevaran preso, después que la parte acusadora propusiera un aumento de 15 a 41 delitos, lo cual este día fue desestimado.

Además, hoy se cerraron calles aledañas a la CSJ, así como la restricción del ingreso de personas al edificio, a menos que tibiera audiencia. Ni siquiera a donde se desarrollaba el juicio que es Oral y Público, la prensa que logró entrar a los predios, no se les permitió el ingreso a la Sala, como sucede generalmente.

Esto se refleja que se ha violentado el derecho a la Libertad de Expresión, la Libertad a la Información y la Libre Circulación a la ciudadanía, explica la coordinadora del COFADEH, pues la zona ha estado tan militarizada, y es inusual.

Algunas personas se sorprendían al ver tantos policías y militares, pues consideran que no sucede ni cuándo se va enjuiciar a grandes criminales, se preguntan por qué tantos anillos de seguridad, si solo es una persona la que está acusada.

Tampoco extraña, continua Oliva, cuándo el autoritarismo demostrado por la rectora magnifica de la UNAH, Julieta Castellanos, se manifiesta en contra de los jóvenes estudiantes que a reclamación de un derecho a juicio de ellos violentando, les da como respuesta la presencia militar-policial y el enjuiciamiento.

Ayer, la máxima Casa de Estudios en Tegucigalpa, fue custodiada por cientos de policías antimotines, apostados por dentro y fuera de los portones de acceso a la calle, dejando a unos 300 jóvenes que se manifestaban por la equidad estudiantil, y a quienes se les dejó como rehenes y con el peligro de ser capturados. Por lo que fue necesaria la intervención de defensores y defensoras de derechos humanos, para que salieran sin ser agredidos.

Por lo que hay una militarización que se da ejerciendo requerimientos fiscales  contra de la oposición estudiantil, agregó la defensora de DDHH.

De manera igual es militarización que está viviendo la CSJ donde no sabemos si hoy se imparte justicia o no, pues son órdenes las que se reciben, declaró.

Y es que ni los empleados de la CSJ, sabían porque había una excesiva presencia de militares y policías en la entrada del edificio, dándose claramente la intromisión de poderes del Estado, tomando en cuenta que judicialmente el juicio que se desarrolla es una acusación privada contra el periodista.

Romero Ellner, reveló actos de corrupción suscitados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), considerado el saqueo más grande de la historia de Honduras, con un monto que asciende a 7 mil 300  millones de lempiras, donde se vincula al Partido Nacional, del cual es el mandatario Juan Orlando Hernández.

Y en su noticiero, Romero mostró una entrevista hecha por el periodista y diputado Esdras Amado López, al juez, José Dimas Agüero Echenique, que revela que “el hombre quiere que el periodista sea condenado” y explica que “el hombre es el presidente de la República Juan Orlando Hernández”, según el juez, eso se lo manifestó Teodoro Bonilla,  vicepresidente del Consejo de la Judicatura, para que se condenará y llevara a prisión al periodista Romero Ellner.

Este panorama, refleja la pérdida de poderes afirmó Oliva, pues lo que se ha visto estos días es una profundización de control, es inédito, el país militarizada donde sobre vuelan helicópteros en el lugar que se lleva a cabo un juicio.

Hechos inéditos

Bertha Oliva, considera que, aquí vemos dos hechos inéditos, la CSJ controlada por poderes militares y policiales, como si se tratara del peor criminal al que están juzgando, esto es injerencia.

Y que, ni en tiempos de Oswaldo Ramos Soto, rector de la UNAH (04 de julio 1982 – 1988) la ciudad universitaria había sido violentada en su Autonomía por presencia militar para convertirse en un estadio de cacería de los jóvenes. Incluso en esa época que se registra la desaparición forzada de universitarios que luchaban por mejores condiciones estudiantiles.

El COFADEH manifiesta que “Basta ya” porque es tiempo que cese las intromisiones, el autoritarismo y la manipulación del manejo mediático.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3652:basta-ya-de-intromisiones-autoritarismo-y-la-manipulacion-mediatica&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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NO DESCARTAR JUICIO CONTRA LOS ESTADOS

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Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, COFADEH, sugirió a la Misión Internacional de Verificación no descartar una acción penal nacional e internacional contra los Estados que provocan emigración forzada con violencias, impunidad y corrupción de las instituciones públicas.

Escuche aquí:

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3633:no-descartar-juicio-contra-los-estados&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Honduras: Se necesita voluntad política para combatir la impunidad en Honduras

jueves, 25 de junio de 2015

Es cuarto día de huelga de hambre para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, CICIH, crece el número de manifestantes, de igual formas las medidas de represión de parte de policías y militares, quienes aseguran protegen la vida de los indignados, porque “temen les suceda algo”.
Hoy se ha unido un indignado más a la huelga de hambre,  Luis Alfredo López, empleado despedido de Hondutel, quien se ha instalado en plena carretera, junto a German Ayala y Gerson Suazo , con quien suma a siete los jóvenes sin probar alimento.
Dentro del retén policial-militar son Las personas que están en huelga son Ariel Fabricio Varela, Miguel Briceño, Osman Ariel Calero, Luis Alejandro Banegas.
Desde el lunes 22 de junio, Calona, Varela y Briceño, se instalaron en las afueras de Casa de Presidencial, en Tegucigalpa, para exigir al gobernante Juan Orlando Hernández, solicite a la Otganizacion de las Naciones Unidas (ONU) una CICIH.
Lo anterior es debido a los actos de corrupción, específicamente el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, en el que según investigaciones de 320 personas la lista se redujo a unas 120 involucradas, concluyendo en 25 responsables, entre ellos ex funcionarios, empresarios hasta el partido Nacional de Honduras (al cual pertenece el mandatario JOH), el partido político habría recibido mediante cheques, cerca de tres millones de lempiras (US$130 mil) de los 7 mil millones de lempiras ($335 millones) en total.

Para dicho saqueo, se crearon empresas ficticias, que eran dirigidas por empleados o familiares de empleados del IHSS, quieren transferían dinero a nivel nacional e internacional, y adquirían propiedades, algunas de ellas fueron expropiadas  están en poder la de la  Oficina Nacional de Bienes Incautados, OABI.

Entre las compañías ficticias está Sumimed, Impromeh y Compromedh, estas recibían dinero por contratos de suministros de productos y bienes que no fueron entregados. Con el dinero de los afiliados al Seguro Social, se compró, según datos del Ministerio Publico, unos 30 automóviles de lujos (algunos blindados),  joyas y se costeaban viajes al exterior.

Todas estas revelaciones, explotó en la indignación del pueblo hondureño, afiliados, familiares y afectados directos de más de 2800 personas que fallecieron por la falta de atención debida en el IHSS, donde no hay  medicamentos ni equipo, debido al más grande desfalco de la historia hondureña, y por el cual guardan prisión en un batallón militar su ex director Mario Zelaya y otros.

Más de medio millón de hondureños, son beneficiarios del Seguro Social, y en nombre de todos ellos, es que la población hondureña, a iniciativa de un grupo de Jóvenes Indignados, a través de redes sociales se auto convocaron para iluminar con antorchar la oscuridad de la noche, que cada llama represente la esperanza para combatir la corrupción e impunidad.

No se pensó que la reacción fuera gigantesca, pero aun que se multiplica hasta en pequeña comunidades a nivel nacional. El diálogo y propuestas gubernamentales no tienen espacio en las calles y consignas de “los antorcheros”, que no tienen color político, edad, ideología, sino un solo pensamiento, la instalación de la CICIH ya, para lo que han pedido la mediación de la ONU.

“Bueno, en estos momentos, pongo mi vida y mis compañeros en Huelga de Hambre igual, en las Manos de las Naciones Unidas, que sean ellos el canal de dialogo con el Gobierno para lograr que nuestra petición sea aceptada”, manifestó hoy Ariel Varela.

“Queremos la CICIH ahora! 4to Día en Huelga de Hambre, no le teman a la CICIH a menos que sean corruptos y delincuentes”, escribió en las redes sociales el joven indagando, que permanece entre dos vallas metálicas y “cuidado” por más de 10 policías fuertemente armados dentro de ese mismo espacio.

Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, esa valla colocada en el boulevard Juan Pablo II de Tegucigalpa, restringe la libre circulación ya sea en automóviles, peatones y el libre comercio, dejando presos a los jóvenes en huelga y sus acompañantes.

Además se violenta el derecho a la salud, pues no se les permite el cheque médico, sino es de parte de los galenos que han sido previamente admitidos en el retén; pero no se sabe si son sus médicos de cabecera.

Asimismo, es restringido el uso del servicio sanitario a los tres jóvenes en huelga que permanecen en plena calle, donde la bulla del tránsito vehicular, gritos y a veces insultos de parte de personas que van en sus carros, interrumpen su estado que por indicaciones médicas, debe ser tranquilo. Reciben allí gases tóxicos y están propensos a la lluvia y ase envestidos en cualquier accidente.

Oliva retoma con preocupación la frase “mirar hacia el pasado es hacer un homenaje al futuro del presente”, debido al seguimiento que se le está dando a los acompañantes de los huelguistas, el cual es similar a lo que sucedía en la embajada de Brasil, en el año 2009, cuando ingresó al país el derrocado presidente de la República José Manuel Zelaya, quien después de ser víctima de un golpe militar hace casi seis años, fue sacado a la fuerza a Costa Rica, y meses después ingresó a Honduras, exiliándose en dicha embajada.

Las personas que ingresan a la zona del retén,  son chequeados por los policías bajo órdenes militares, Les piden nombre, institución, número de Identidad, domicilio, teléfono. Ya sea médico, defensor de DDHH, acompañante o familiar.

Y se teme que haya seguimiento. Además hay cámaras de vigilancias en los postes de alumbrado público, y posiblemente en edificios aledaños. No todos entran, y hasta los alimentos revisan en la pequeña entrada de retén, a unos 25 metros de donde están los jóvenes.

Con esas medidas de presión se está jugando con la vida de los manifestantes, están en un juego de desgaste de quienes han decidido levantar su voz.

El Gobierno le tiene miedo a esta población indignada, que con el lema “fuera JOH”, salieron a las calles, para iluminar las noches, con miles de antorchas a nivel nacional.

Si bien es cierto el gobierno está hablando de un diálogo, no es con las organizaciones de la sociedad civil, sino con organizaciones que son afines al mismo estado, por lo que se realiza un dialogo con ellos mismos.

Oliva dijo que “la impunidad del país no se va a resolver con anuncios publicitarios en los medios de comunicación, sino aplicando justicia” pues la impunidad se deriva por actos de corrupción, ausencia de justicia y falta de importancia en los proceso de investigación.

Aquí cuando hay un hecho de violación a derechos humanos, y este se ventila a la luz pública, lo primero que hace el sistema judicial hondureño, es investigar a las víctimas, y dice que se merecía la muerte, desaparición forzada o todo lo que ha pasado.

Las recomendaciones que dio la Comisión de Verdad y Reconciliación CDV-R, se han concretizado y se ha generado y servido para generar más impunidad. Tarea a las mismas personas de esas personas para satanizar a las personas de comisión en Guatemala. Ese va ser el resultado y desmotivar  a la población para que no siga demandando a esa entidad.

Considero que la CICIH es un ente que nos va a traer  la esperanza a todos en beneficio general, peor se necesita voluntad política para resolver a fondo la problemática de corrupción, de lo contrario van a seguir trayendo la misma gente y los resultados va ser escasos y quien sufre es el pueblo, apuntó la defensora de DDHH.

Hernández propuso la instalación de un “Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción” que estaría integrado por los presidentes de los poderes estatales, cuestionados por el movimiento de los Indignados, y por el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, y por fiscales y jueces nacionales e internacionales, finalizó Bertha Oliva.

Para mañana se ha convocado a la quinta movilización de las antorchas en Tegucigalpa, se espera gente de todo el país, que se darán cita en la colonia Kennedy (oriente de la ciudad) y concluirán donde están los indignados en huelga de hambre, caminando unos 5 kilómetros.

 http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3594:se-necesita-voluntad-politica-para-combatir-la-impunidad-en-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Querellan a familia de líder sindical desaparecido

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, querelló penalmente a Sonia Martínez, esposa de un líder sindical desaparecido, y a la hermana del mismo, Jackeline Jiménez. Esta información fue dada a conocer en conferencia de prensa, en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).

La hermana del sindicalista desaparecido, Jackeline Jiménez, relató que cuando la rectora de la UNAH llegó al CURLA le pidieron ayuda, pero “ella nos dio la espalda, no nos dio ninguna respuesta, más bien, inmediatamente ante los medios de comunicación nos amenazó, diciendo que nos iba a demandar porque andábamos desprestigiando la institución y desprestigiando personas y lo cumplió porque estamos querelladas”, sostuvo.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAH (Sitraunah) desapareció el pasado 8 de abril, mientras desarrollaba su jornada cotidiana de trabajo en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA).

Según Jiménez, la querella fue interpuesta porque le exigieron a Castellanos una respuesta en vista de que la desaparición ocurrió en el CURLA. “Fue porque yo le exigí a ella que como miembro de la comisión de la verdad se arrodillara ante Dios, se desnudara el alma y nos dijera la verdad y nos dijera por qué las autoridades universitarias, del CURLA, permitieron ese acto criminal en contra de la vida de Donatilo Jiménez. Por eso, ella nos amenazó y nos quiere desviar el tema y nos quiere callar, pero no va a ser posible”

“Hasta el día de hoy la respuesta que como familiares hemos recibido por parte de las autoridades universitarias es una querella por calumnias y por injurias”, denunció Jiménez en la conferencia de prensa.

En esta comparecencia, realizada el 26 de mayo pasado, la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, confirmó que los servidores públicos universitarios no han dado respuesta sobre esta supuesta desaparición forzada.

La querella por difamación fue interpuesta en el tribunal de sentencia de La Ceiba en el departamento de Atlántida.

Además, la semana pasada el Ministerio Público acusó al presunto marero José Augusto Turcios Salinas, alias “Mayimbu”, por suponerlo responsable del delito de secuestro en perjuicio de Donatilo Jiménez Euceda. “Mayimbu”, se encuentra recluido en el Centro Penal de San Pedro Sula, por una serie de delitos, informó Defensores en Línea.

Cuando C-Libre intentó conocer la versión de la rectora de la UNAH, a través de la línea oficial 193, el operador estatal informó que la servidora pública es una persona muy accesible, pero que seguramente estaba en una reunión pues no contestó su teléfono.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/querellan-familia-de-l%C3%ADder-sindical-desaparecido

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Autoridades se contradicen en desaparición de sindicalista y criminalizan a sus familiares por ejercer la libre expresión

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Han transcurrido 48 días de la desaparición forzada del líder sindical Donatilo Jiménez Euceda y las autoridades hondureñas no encuentran su paradero, más bien se contradice y, de paso, criminalizan a sus familiares por ejercer la libre expresión.

Así lo dio a conocer el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en un comunicado que entregó a la prensa nacional e internacional durante una conferencia de prensa que se desarrolló en la sede de esta institución humanitaria.

En la comparecencia con la prensa participó la coordinadora general del Cofadeh, Bertha Oliva de Nativí; Jackelin Jiménez, hermana de Donatilo Jiménez y Vicky Cervantes de la organización La Voz de los de Abajo que tiene su sede en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Donatilo Jiménez es un empleado del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), desaparecido el pasado 8 de abril, mientras desarrollaba su jornada cotidiana de trabajo.

Desde ese día su familia no ha dormido tranquila y ha dedicado cada instante que puede a su búsqueda en lugares como hospitales, postas policiales y morgue judicial.

Jiménez Euceda, ha sido presidente por dos periodos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH),  seccional número 3, de La Ceiba, y con más de 22 años de ser empleado de ese centro universitario.

Este 26 de mayo, han transcurrido 48 días después de la desaparición forzada de este reconocido trabajador — de carácter decidido, reclamante de sus derechos, serio, denunciante de injusticias.

Las autoridades no encuentran su ubicación, ni vivo ni muerto, más bien se contradicen y, de paso, criminalizan a sus familiares por ejercer la libre expresión.

“Estamos ante una desaparición forzada donde hay algunos datos y algunas acciones que entran en contradicción y esto nos refleja serias preocupaciones”, sostuvo Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh.

Donatilo Jiménez

Agregó que las autoridades deben entender que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y que aunque no se tengan leyes en el país que regule cuál debe ser el accionar de una autoridad cuando sucede un hecho, pero que hay leyes internacionales que deberían darle el acompañamiento y apoyo necesario a los familiares.

El COFADEH asistió a una visita de campo el pasado 19 y 20 de mayo en La Ceiba, empezando por el Ministerio Público, donde no existía ningún requerimiento fiscal a la fecha, sólo un expediente con observaciones preliminares de un equipo de 10 agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) desplazado desde Tegucigalpa, un par de inspecciones dentro de las instalaciones del CURLA, varias entrevistas a familiares y compañeros de trabajo y la premisa de desaparición como consecuencia de su beligerancia dentro de la institución.

“Extrañamente, el mismo día de nuestra visita a la fiscalía regional — para sorpresa del propio fiscal Humberto González — trascendió desde Tegucigalpa y San Pedro Sula que se había librado directamente un requerimiento fiscal a un jefe pandillero del norte del país como responsable supuesto de haber ordenado la muerte de Donatilo Jiménez”, señala el comunicado del Cofadeh.

La familia Jiménez rechazó en La Ceiba la versión oficial y advirtió que mientras su pariente no aparezca con vida será considerado desaparecido, y que las autoridades deben continuar en la búsqueda de los autores materiales, de los y las autorías intelectuales también.

“Como familia de Donatilo Jiménez no aceptamos ni vamos aceptar jamás que se quiera limpiar el camino de los verdaderos responsables de la desaparición forzada de Donatilo Jiménez”, expresó clara y contundentemente ante la prensa, su hermana, Jackelin Jiménez.

Jackelin desde el primer momento no se ha separado del proceso para dar con el paradero de su hermano y en ese camino ha descubierto que el mismo está siendo manchado al querer incriminar al jefe de una pandilla, al ponerlo como autor intelectual.

¿Qué interés debe tener alguien que no conoce a Donatilo Jiménez? ¿Qué interés debe tener alguien a quien Donatilo Jiménez no le estorba y no le incomoda?, son preguntas que nos hacemos al interior de nuestra familia, señaló Jackelin Jiménez.

Jackelin Jiménez, hermana de Donatilo

Sostuvo Jackelin que desde que desapareció Donatilo ellos han señalado como responsable de este hecho, a las autoridades universitarias encabezadas por su máxima autoridad Julieta Castellanos Ruiz.

“Ella es responsable de lo que pueda suceder con la vida de cualquier empleado dentro del Campus Universitario en cualquier parte del país. Dentro del CURLA se contrató a una empresa de seguridad privada, más con la que se ha contado, y cómo es posible que nos quieran convencer y engañar al decir la Rectora que no es responsable y acusa a Donatilo de haber abandonado el trabajo por ser rebelde”.

“Eso es falso y quiero dejar claro, que las autoridades universitarias encabezadas por doña Julieta Castellanos son personas que ante este país y ante el mundo han vendido una imagen falsa, porque no pregonan lo que dicen”, expresó la hermana del líder sindical desaparecido.

La prolongación de la angustia por la desaparición de Donatilo Jiménez ha causado dolor en sus círculos familiares, afectaciones serias en la salud de su madre, esposa e hijos, y una indiferencia institucional inadmisible mezclada con procesos de criminalización contra su hermana Jackelin Jiménez, por ejercer su derecho a la denuncia y la reclamación de sus propios derechos.

Es evidente la ausencia de solidaridad de las autoridades universitarias regionales con la esposa e hijos de la víctima, porque han transcurrido casi dos meses sin haberles visitado y, peor aún, sin pagarles los días trabajados ni el tiempo posterior a la desaparición de su pariente; han negado a su hermana Jacky el ingreso a las instalaciones del CURLA acompañada por agentes de FUSINA asignados por el Estado para su seguridad, y también denegaron una solicitud de permiso de ausencia temporal presentada por ella, para dedicarse a la búsqueda de su hermano.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3553:autoridades-se-contradicen-en-desaparicion-de-sindicalista-y-criminalizan-a-sus-familiares-por-ejercer-la-libre-expresion&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Semana Internacional de Detenidos Desaparecidos insta a no callar violaciones

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La avenida Cervantes del centro de Tegucigalpa, fue la galería pública para exponer los rostros de casi 200 detenidos desaparecidos desde la década de los 80 hasta la actualidad. Con la leyenda ¿Dónde están? Imágenes en blanco y negro y pocas a color, captaron la atención de quienes transitaron por la zona, en carro o a pie.

Y es que hoy inicia la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, una conmemoración que lleva años desarrollándose en América Latina, gracias a la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

Por lo que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, realiza una serie de actividades en el marco de esta semana, establecida en la última del mes de mayo.

Además se compartió un video foro con representantes de La Voz de los de Abajo, que vienen desde Chicago, Illinois,  para visitar y acompañar a defensores/as y víctimas de violaciones a los derechos humanos en Honduras.

Después de ver el documental “El Embajador” basado en el diplomático estadounidense que fue embajador en Honduras en la década de los 80, lapso donde se registras graves violaciones a los derechos humanos, como parte de la aplicación de  la Doctrina de Seguridad Nacional. Que dejó como saldo 184 desapariciones forzadas por razones políticas.

Dato: – Negroponte adoptó cinco niños hondureños, y eligió como padrino al entonces comandante de la Fuerzas Armadas, general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, señalado responsable en muchos de los casos de desaparición forzada-.

Y es que a los violadores de derechos humanos no les interesa que la población recuerde estas  historias,  incluso a dicha época, en Honduras se le conoce como “la década perdida”.

En la actualidad de ven otras formas de acallar a quienes denuncian, sino lo pueden asesinar, les abren juicios para acusarlos e inhabilitarlos, “esto sucede cuando un sistema no es independiente” compartió Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH, refiriéndose al juzgamiento de la defensora de DDHH Gladys Lanza, coordinadora del movimiento de mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, condenada a 18 meses de cárcel por dar acompañamiento a una víctima de acoso laboral y sexual, y el agresor la querelló por difamación.

Otro caso en que se pretende callar a las víctimas por denunciar, es el de la desaparición forzada del líder sindical Donatilo Jiménez, y es que  su hermana y esposa enfrentan querellas por denunciar a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, por su desaparición en su lugar y horario de trabajo, en La Ceiba, el pasado 8 de abril.

Asimismo pasa con periodistas y comunicadores sociales en Honduras que por denunciar actos contra la dignidad humana, son enjuiciados.

Por lo que el tema es no hablar, coartar el derecho de libertad de expresión, como dijo en su momento el ex presidente Porfirio “pepe” Lobo “calladito te ves más bonito”, manifestó Oliva a los y las presentes.

Y es esta la situación que vivimos en el país. En 2002 cuando iniciamos a trabajar en el tema de libertad de expresión, luchamos por una Ley de Acceso a la Información Pública y la creación del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, recordó la defensora de DDHH, agregó que “vemos que a los que estamos denunciando nos están atrincherando”.

Añadió que, el pasado se ha ocultado, se va seguir tratando de ocultar e intimidando a la población y van a querer que terminemos culpándonos, por no haber actuado en una legalidad inexistente; lo pero que nos puede pasar es que aceptemos que nosotros somos culpables, pues no vamos a tener la fuerza para seguir luchando, así nos van a querer hacer sentir.

COFADEH ha luchado por defender algunos casos y mantenerlos en memoria, por ejemplo el caso de los seis estudiantes- desaparecidos temporalmente- torturados en “La casa del terror” Amarateca, propiedad entonces del coronel Amílcar Zelaya, en 1982, y señalado como unos de los lugares de me Ruta de la Memoria Histórica.

Dicho caso se mencionar en el documental El Embajador, y se señala responsable a Billy Fernando Joya, a quien, según el “Estado mentiroso”, no se le ha podido requerir, porque no lo encuentran, cuando es una figura pública, hasta aspirante a diputado, denunció Oliva.

Hoy además es día del periodista, y no podemos desvincular el tema de la desaparición forzada con los periodistas perseguidos, acosados, amenazados y asesinados por el ejercicio de su profesión.

Finalmente dijo que los familiares de Detenidos Desaparecidos, no tenemos logros, seguimos esperando que se haga justicia. Para los parientes les es difícil hasta conseguir un empleo, si van un instancia publica les es más difícil, pues son señalados, el estado sigue en deuda, porque aún no hay justicia.

En las actividades de esta semana, se anuncia para mañana una conferencia de prensa donde se denunciarán algunos casos de violaciones a derechos humanos que tiene que ver con desapariciones forzadas recientemente en Honduras

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3551:semana-internacional-de-detenidos-desaparecidos-insta-a-no-callar-violaciones&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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From Reagan to Obama: Forced Disappearances in Honduras

25 May 2015 – 06:25 PM
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The 1980s saw widespread political violence and countless forced disappearances in many countries in Latin America, and Honduras was no exception.

Bertha Oliva, founder and director of COFADEH whose husband was disappeared by Battalion 316, stand in front of a banner of the disappeared.

Hundreds of political opponents of the 1980s U.S.-backed regime were kidnapped, tortured, and assassinated by the CIA-trained secret army unit Battalion 316, while at the same time Honduras served as a military base and training ground for U.S. counterinsurgency strategy in the region, especially in neighboring El Salvador and Nicaragua.

With the Reagan Administration turning a blind eye to the brutality of Battalion 316, intentionally downplaying or denying its violence in order to continue backing Honduras financially and using the country as a key U.S. military outpost, the details of this death squad’s operations did not become clear until years later. A historic expose published in the Baltimore Sun in 1995, which included interviews with ex-Battalion 316 torturers and details from declassified U.S. government documents, revealed the full extent of the secret unit’s atrocities and its close links to Washington.

“The highly publicized disappearance, torture and murder of just under 200 activists, students, journalists and professors in the early 1980s created an atmosphere of terror.”

However, torture and disappearances aren’t just a tragic reality of the past in Honduras. Human rights defenders have drawn disturbing parallels between Battalion 316 and the present day situation in Honduras, saying the current level of human rights abuses and political repression is just as bad, if not worse than the era of forced disappearances in the 1980s.

In the wake of the 2009 U.S.-backed coup ousting democratically elected President Manuel Zelaya, forced disappearance, torture, and targeted assassinations re-emerged as state terror tactics to intimidate and repress a broad-based resistance. Conspicuous and even conscious links to 1980s tactics since the 2009 coup, as well as ongoing U.S. complicity, show a continuity of state sponsored terror, with new elements for the post-coup context.

Cold War Anti-Communism, Battalion 316, and Spreading Terror with U.S. Support

As U.S. President Ronald Reagan took office in January 1980, the Sandinista revolutionary government was in power in Nicaragua and revolutionary forces were struggling for political control in El Salvador. Honduras was undergoing its so-called transition to democracy with a return to civilian rule. The U.S., already supporting the Guatemalan military’s bloody counterinsurgency efforts for over a decade, played a key role in backing the counter-revolutionary factions of the political struggles gripping the region in civil war, namely Salvadoran government forces and the Nicaraguan Contras.

While Honduras did not have a mass revolutionary guerrilla movement like its neighboring Central American countries, political opposition was criminalized to contain the threat of an armed, popular uprising. Much of this violent work was carried out through forced disappearances by the death squad Battalion 316, the special unit of the Honduran military responsible for political torture and assassinations, with the collaboration of other military branches, special forces, and police.

According to the Honduran human rights organization COFADEH, formed in the 1980s by family members of the disappeared, Battalion 316 was responsible over 180 forced disappearances between 1980 and 1988, and many more were kidnapped and tortured.

A wall displaying victims of forced disappearance in the office of COFADEH. (Photo: COFADEH)

Forced disappearance refers to the practice of secretly abducting and murdering victims, making them disappear from society without a trace. Bodies of the disappeared are often carefully hidden, or rendered unrecognizable, to instil fear without the identity of the victim or the perpetrator becoming known..

Battalion 316’s terror was simultaneously covert and public, carried out by disguised agents at times in broad daylight, intended to instill fear and make an example of their victims. Suspected political dissidents were kidnapped, detained in secret jails, and tortured. Sometimes remains of victims were found in ditches. According to the Baltimore Sun expose, torture techniques included electric shock, suffocation, freezing temperatures, and psychological torture as part of interrogation, which sometimes involved CIA agents. Berta Oliva, director of the Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH), has said that at least one prisoner was skinned alive in a clandestine Battalion 316 jail.

While the numbers of people disappeared in Honduras was considerably less than in many other Latin American countries during the same period, the hundreds killed and disappeared created a broader fear and terror campaign that had the intended outcome of disempowering the Honduran left.

According to Adrienne Pine, Professor of Anthropology at American University, it’s hard to overstate Battalion 316’s impact.

“The highly publicized disappearance, torture and murder of just under 200 activists, students, journalists and professors in the early 1980s created an atmosphere of terror, effectively crushing any possibility for civic or democratic engagement in Honduras,” she told teleSUR. “As such, it laid the groundwork for the implementation of U.S.-led neoliberal economic policies, of which the Honduran military itself was a primary beneficiary.”

Battalion 316, led in its most brutal years from 1982-1984 by School of the Americas and Argentine-trained head of the Honduran armed forces General Gustavo Alvarez Martinez, was a right-wing project designed to aid the Cold War fight against the alleged threat of communism in the region. Many Battalion agents were graduates of the U.S. School of the Americas (renamed in 2001 to the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) military training center for U.S. allies in Latin America, specializing in Cold War counterinsurgency training. The Battalion itself was trained and financed by the CIA. Meanwhile, Honduras received tens of millions of dollars in U.S. funding throughout the decade, reaching its height of US$77.4 million in 1984.

The secret military unit also received training in Chile under dictator General Augusto Pinochet, as well as from Argentine counterinsurgency forces, at the time deep in their own dirty war against leftist dissidents that claimed some 30,000 victims in Argentina by early the 1980s.

U.S. Ambassador under the Reagan Administration, John Negroponte, is documented to have met frequently with Battalion 316 leader Alvarez Martinez. However, the violence and human rights abuses perpetrated by Alvarez Martinez’s forces are conspicuously absent from the hundreds of cables of records of their correspondence. In 1983, the U.S. awarded Alvarez Martinez the Legion of Merit for “encouraging the success of democratic processes in Honduras,” exposing the true face of U.S. hypocrisy.

U.S. denial of the violent situation in Honduras enabled the ongoing use of the country as a strategic U.S. military base from which to execute counterinsurgency strategy in the region, while the supposed threat of an armed insurgency in Honduras justified the existence of Battalion 316 and its terror.

State Terror Returns: Post-Coup Fear Tactics and Forced Disappearances

After the 2009 military coup against democratically elected President Manuel Zelaya, the ousted president said in an exclusive interview with Democracy Now! that Battalion 316 was “already operating” in Honduras under a different name and using “torture to create fear.”

“There was a tremendous resurgence (after the coup) of death squad activity and assassinations of human rights defenders, trade unionists, campesinos, activists of the resistance of all sorts including journalists, lawyers,” Dana Frank, professor of History at the University of California Santa Cruz, told teleSUR. “It was very rare in the 20 years before the coup for these kinds of assassinations to happen … but it shot up dramatically after the coup.”

RELATED: Violence in Honduras Since the 2009 Coup

The post-coup links to Battalion 316 terror were palpable, both in the vast increase in human rights abuses, including torture, assassinations, and forced disappearances, as well as the direct connections of Battalion 316 personnel offering their expertise to the coup regime.

“The drug war has been the frame within which the United States government has legitimated support for repression by state security forces in Honduras and increased funding for them.”

Former head of the Battalion 316, School of the Americas graduate Billy Joya, became a prominent coup regime spokesperson, advisor, and aide to de facto president Roberto Micheletti. According to COFADEH, many other retired Battalion 316 agents also became government advisors.

Pine, author of “Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras,” said that the numbers of state-sponsored disappearances, tortures, and extrajudicial killings since the coup have far exceeded those of the 1980s.

With striking similarity to the fear campaign of the 1980s, COFADEH documented in 2010, along with dozens of other death threats and assassinations, that a former Battalion 316 agent publicly threatened resistance activist Candelario Reyes with forced disappearance and death, saying that killing such a “communist dog” would make the “best example” for other resistance activists.

“You can see the continuity with some of these individuals including the references to the 80s that are conscious references,” said Frank. “It’s terror, it’s deliberately spreading terror.”

Harkening back to 1980s terror was a deliberate strategy to instil fear in perceived political threats. In 2012, COFADEH human rights defender Dina Meza received a series of threats of death and sexual violence by text message signed with the initials CAM, standing for Comando Alvarez Martinez, early 1980s head of Battalion 316 responsible for grave human rights abuses. According to Amnesty International, CAM was used as a pseudonym in numerous death threats against journalists and activists in the wake of the coup.

Honduran military police on patrol in Tegucigalpa, Honduras. (Photo: Karen Spring)

According to Frank, an expert on human rights and U.S. foreign policy in Honduras, the clearest and most alarming examples of post-coup strategies that follow the model of Battalion 316 are the TIGRES special units of the police force and FUSINA inter-agency task forces that bring together military, police, military police, prosecutors, and other government officials under military control.

FUSINA was initially headed by School of the Americas graduate Colonel German Alfaro, former commander of Battalion 15, the military unit in the Aguan Valley region implicated in dozens of post-coup murders of campesino activists. Trained by the FBI, DEA, and U.S. Marines, FUSINA is not only troubling for its conglomeration of agency functions under a military mandate, but also for its U.S.-enhanced intelligence capacities.

COFADEH denounced TIGRES as a “crude resurrection” of Battalion 316’s political disappearances, murder, and “criminal behaviour.”

These new constellations of state and military power, designed and deployed to create fear and contain political dissent, have again had a deep social and political impact in Honduras.

“A combination of the ‘soft power’ of USAID and NED-funded (so-called pro-democracy) programs on the one hand, and death squads within the police, the military, and now the military police have succeeded in destroying the post-coup resistance movement,” explained Pine. “This is what makes possible the neoliberal plunder of the country currently underway.”

A Different Pretext for Familiar Terror Tactics

But while there are clear continuities between the 1980s and post-coup strategies, there are also important differences.

Despite the fact that the armed left was a very small faction in Honduras, particularly in comparison to the revolutionary uprising in neighboring countries, Battalion 316’s violence was committed in the name of counterinsurgency. As Frank explains, the broad based nature of the post-coup popular resistance means that the victims of extrajudicial killings and forced disappearances have been from a more diverse cross-section of society than the 1980s campaign against suspected revolutionary leftists.

Now, with the pretext of an alleged communist armed struggle no longer relevant, post-coup repression, including use of these historical counterinsurgency tactics, and U.S.-backing of a violent regime is framed in different terms.

“The pretext now is drug trafficking,” said Frank. “The drug war has been the frame within which the United States government has legitimated support for repression by state security forces in Honduras and increased funding for them.”

And while the U.S. goal of maintaining a regional base of power amidst the threat of emerging or consolidating leftist alternatives remains much the same, the political context in the region has significantly changed.

“The larger context is the many democratically elected center and center-left governments all over Latin America that the United States is threatened by because they aren’t going to pay obeisance to United States power,” said Frank. “The United States wanted to lock down its power in Honduras so that it can maintain what has long been the most captive nation in Latin America.”

In the process, the U.S. also promotes the interests of transnational corporations that are making a killing from state-sponsored death squads that suppress resistance and pave the way for capitalist exploitation of land, labor, and indigenous and campesino resources.

“With the consolidation of neoliberal corporate capital, Honduran and U.S. politicians are more beholden to their sponsors than they were three decades ago,” explained Pine. “Hondurans today suffer not just from the terror of death squads but from the ravages of three decades of the implementation of neoliberal policy made possible by death squads, which makes them that much more vulnerable.”

COFADEH: Seeking Justice, Truth, and Respect for Human Rights

Bertha Oliva, director of COFADEH, lost her husband Tomas Nativi to forced disappearance by Battalion 316. Nativi was taken from their home by masked agents in 1981 and has never been seen again.

“Hondurans today suffer not just from the terror of death squads but from the ravages of three decades of the implementation of neoliberal policy made possible by death squads.”

Over the year after Nativi’s disappearance, Oliva came to realize that she was not alone, and others had similar experiences of family members being disappeared. In 1982, 12 of these families came together to form COFADEH with the clear objective of bringing back alive family members who had been disappeared. In the majority of cases throughout the 1980s while Battalion 316 was operating, COFADEH did not succeed in their goal.

After the 1980s, COFADEH broadened its scope as an organization not only committed to seeking justice for the families of the disappeared and truth for Honduran society, but also representing and defending victims of human rights abuses, documenting cases, and providing training to raise awareness about human rights.

The creation of COFADEH was, in its own words, a “concrete action” in the face of the inactivity of the state to ensure “the right of victims to live and to have due process, among other rights that have been violated.”

COFADEH has continued to play a key role in documenting and denouncing human rights abuses and demanding justice, particularly once again in the years since the coup.

Fuente: http://www.telesurtv.net/english/analysis/From-Reagan-to-Obama-Forced-Disappearances-in-Honduras-20150522-0027.html

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Iguales patrones, sistematicidad y selectividad en ataques a defensores/as de DDHH

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Hoy se denunció la situación de precariedad en que se encuentran la y los defensores de derechos humanos, Gladys Lanza, Anselmo Romero, Rafael Alegría, Santos Torres y Luis Méndez, para quienes hay una sistematicidad en los hechos, selectividad y patrones casi iguales, pero vistos unilateralmente no se les ve la gravedad, dijo Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH.

Además los perseguidores han utilizado todos los medios, espacios y materiales para acosarlos, por ejemplo a Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el dirigente social Luís Méndez, y Santos Torres, presidente de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, del bajo Aguán.

También se denunció la persecución contra Anselmo Romero Ulloa, líder social del departamento de Comayagua, quien no pudo asistir por motivos de salud, Rafael Alegría, de la Vía Campesina; y Dagoberto Posadas, presidente del SITRAPANI, por diferentes razones, ellos no estuvieron en la conferencia de prensa brindada esta mañana, en la oficina del Comité de     Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Luis Méndez, dijo que no es fácil hacer públicas esas denuncias, porque de alguna maneja se impone el miedo ante las amenazas, aún más cuando ya antes ha tenido que salir del país para resguardar su vida.

A Méndez le asombró, hace unos días cuando salía de un espacio colectivo en La Casa de los Pueblos, una motocicleta le fue a impactar a su vehículo estacionado, por lo que tuvo la reacción de bajarse, pero se contuvo al ver que el hombre estaba armado.

Luis Méndez, poeta, productor audiovisual, comunicador popular. El 11 de marzo de 2015 fue informado  por la vigilancia privada  de la colonia Monte Verde, que dos sujetos que se transportaban individualmente  a bordo de motocicletas llegaron hasta la entrada de la colonia fingiendo ser técnicos de aire acondicionado para penetrar su vivienda.

Los desconocidos vestían overoles amplios   y vestían chalecos de una presunta  empresa de refrigeración con letras no legibles. Y las motocicletas no tenían placas, denunció COFADEH en un comunicado de prensa.

“Las personas víctimas de persecución y ataques aquí presentes dan testimonio de la fragilidad de sus entornos, denuncian la responsabilidad del Estado y piden solidaridad de la opinión pública”, manifiesta el documento.

Gladys Lanza, beneficiaria de Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, describe que es objeto de persecución de hombres sospechosos a bordo de motocicletas y vehículos sin placas desde el 14 de mayo de este año, todo esto por ser defensora de derechos humanos, dirigente de un organización histórica “Visitación Padilla” y por ser mujer.

Afirmó que si eso le molesta y estorba a quienes les atacan, lo siente mucho, pero ella va a seguir haciendo como ciudadana y defensora de derechos humanos, y es lamentable que se utilicen estos métodos para atemoriza, aterrorizar y sacar de la escena a personas que solo están tratando de que la ciudadanía pueda gozar de la satisfacción de sus derechos como persona.

Lanza enfrentó un juicio que  la condenó a 18 años de cárcel, sentencia que por los momentos está suspendido mientras se resuelve el recurso de casación, mientras eso ocurre debe ir a firmar un libro cada mes a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para garantizarle al Estado que no se ha ido del país.

“y no me pienso ir, no me voy a ir, porque este es mi país, he tenido que vivir en condiciones más difíciles aquí”, declaró la legendaria defensora de derechos humanos, quien dijo que estas estrategias de intimidación es para distraer a los y las defensoras.

“Mi nombres es Santos Marcelo Torres, no Santos Abad Hernández Torres, que es a quien andan buscando”, aclaró el líder campesino quien fue judicializado con ese otro nombre, la semana pasada en Tocoa, Colón.

Torres tiene Medidas Cautelares, y denunció que el 12 de mayo pasado fue detenido ilegalmente por agentes de la Dirección Nacional de Investigación y policías militares, que se conducían en dos vehículos sin identificación, fuertemente armados y sus rostros cubiertos con pasamontañas. Ha sido criminalizado en Trujillo, Colón, debiendo asistir el 12 de junio próximo a la audiencia inicialmente un juez, bajo el cargo de usurpación en perjuicio de Miguel Facussé. Mientras, goza de medidas sustitutivas de privación de la libertad, debiendo firmar cada 15 días.

En una acción urgente emitida por el COFADEH, hace unos días, se denuncia además que los militares en el Bajo Aguán, han encañonado a sus hijos de 6 y 7 años de edad. Además se han metido a su casa y le han montado vigilancia, acusándolo de tener armas, pero el sólo tiene un machete para sembrar en una tierra que alquila.

“A los demás compañeros les digo que no tengan miedo a denunciar, porque si no hablamos nosotros, ¿Quién lo va hacer? Mantengámonos despiertos”, finalizó Santos Torres.

Anselmo Romero Ulloa, beneficiario de medidas cautelares, también denuncia en esta rueda de prensa que es objeto de persecución por personas desconocidas que se conducen en vehículos sin placas y que han intentado penetrar su vivienda en Comayagua.

Rafael Alegría, beneficiario de Medidas Cautelares, denuncia que el  26 de enero del 2015 las oficinas de La Vía Campesina fueron objeto de un atentado criminal cuando dos vehículos fueron utilizados para disparar 17  balazos  contra las paredes frontales, algunos disparos  alcanzaron las oficinas del personal.

El 13 de mayo último, en la madrugada,  dos vehículos desconocidos estuvieron circulando por  las oficinas de la Vía Campesina, en actitud de chequeo y vigilancia.

Estos hechos ocurren en un momento de operaciones encubiertas del sistema de inteligencia nacional, que trabaja para el régimen

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3545:iguales-patrones-sistematicidad-y-selectividad-en-ataques-a-defensoresas-de-ddhh-&catid=71:def&Itemid=166

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El EPU no es como un duelo Barca – Bayern

miércoles, 13 de mayo de 2015

“O sea, nosotras no celebramos los triunfos ni las derrotas del gobierno, trabajamos por un Estado fuerte que dignifique a su población”
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, siguió con atención desde Tegucigalpa los temas del Examen Periódico Universal al Estado de Honduras en Ginebra, Suiza. Las siguientes son sus valoraciones aquí en defensoresenlinea.com.
(Su nieto Luis Alberto, quien regresó de España hace una semana después de dos años en cirugía reconstructiva en el hospital Gregorio Marañón, pasa enfrente envuelto casi por completo en una bandera del Barca, los catalanes están dejando atrás en el camino a los alemanes).
 “Mire, el gobierno de Honduras asumió la defensa del Estado como si el examen (el EPU) fuera una competición futbolera entre dos equipos rivales, el problema es que el choque fue entre las víctimas y los apologistas de la marca País”, dice señalando al nieto quien finge ignorar la situación.

En efecto, el gobierno post golpe ha mantenido una hostilidad continua hacia las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, contra las independientes, que han documentado y denunciado las violaciones.

En la estrategia de auto defensa del gobierno el tema de los derechos humanos es clave; en la lógica de los costosísimos “asesores de imagen” afecta la Marca País, ese invento promocional que supera todo el positivismo de Dale Carnegie.

En su último comunicado público del lunes 11 de mayo de 2015, el Partido Nacional hecho gobierno desde 2009 afirma — refiriéndose a las voces disonantes no alineadas con el régimen — que éstas “fracasaron en su plan para evitar que Honduras obtuviera el reconocimiento de los avances tangibles en el examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas”.

¿Cómo valora usted el EPU 2015, Bertha?
En nuestro criterio el gobierno de Honduras recibió una sacudida diplomática en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Los voceros oficiales pronunciaron su discurso cumplidor el viernes 8 de mayo, pero el lunes 11 de mayo recibieron 152 nuevas recomendaciones que deberán cumplir sin dilaciones.
Nosotras no dudamos que en el gobierno hay personas que entienden la filosofía de los derechos humanos y que les preocupa en serio la situación, pero sí dudamos de los publicistas de Casa Presidencial y de los funcionarios que les creen.
Ellos están encargados de manipular la opinión pública con fines perversos.
Pero quienes entendemos las cosas simples sabemos que es un revés, indudablemente, ir a reportar con ánimo triunfalista sobre 129 recomendaciones de 2010 y recibir nuevas recomendaciones sobre los mismos temas y sobre otros de profunda preocupación para la comunidad internacional.
Es una estupidez convertir en triunfo político algo que realmente es una derrota ética y moral.
Pero la narrativa mediática oficial no tiene escrúpulos, aplica el tono propagandístico a los temas de vida o muerte.
Consideran un golazo de chanfle la exclusión temporal de Honduras de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, en diciembre de 2013.
Venden como un OK la salida del país del Capítulo IV de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos — seis años después de su ingreso tras el golpe –, que llaman en lenguaje racista salir de “la lista negra de países violadores de derechos humanos”.
Consideran una hard trick la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Tegucigalpa.

-¿Cuál es el propósito de convertir estos hechos en victorias del gobierno?
El gobierno pretende disuadir a las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos de seguir presentando denuncias ante el sistema interamericano y universal, el de la OEA y el de la ONU.
Es una estrategia a veces sutil, pero generalmente vulgar, de presentar nuestros esfuerzos hacia afuera como inútiles y, peor aún, como un modus operandi del antipatriotismo y, en cambio, ellos sobredimensionan los supuestos esfuerzos por mejorar la situación.
Esta manipulación política de los hechos ha servido para disolver sin hacer polvo la fiscalía especial de derechos humanos en el Ministerio Público y derivar las denuncias hacia otras oficinas, ocupándose ellos sólo de los casos que llaman “de alto impacto”. Lo que importa es impactar la opinión pública, no resolver las situaciones.
En esa lógica han iniciado la instalación de observatorios municipales de la violencia, importando un modelo colombiano — uno de tantos que han traído en inteligencia, transporte público, operaciones anti secuestro, sicariato y otros afines –, para medir a su gusto y conveniencia los indicadores de violencia.
Antes de esa decisión confrontaron a la Universidad Nacional con negación de los datos policiales y forenses e inclusive con chantaje presupuestario, así el gobierno quitó del camino aquél Observatorio creíble citado por todas las agencias de información del mundo y cambiaron la fórmula de contar los cadáveres, reduciéndolos por cada cien mil habitantes.
Luego, más recientemente, están amenazando a muerte a los periodistas que persiguen con inmediatez los hechos violentos y delictivos a nivel nacional, y hasta anuncian la aprobación de una ley para el control de la difusión de contenidos relacionados a la violencia.
Es decir, la estrategia es desaparecer el tema de los medios y del discurso internacional; no se trata de una fórmula de prevención de la violencia y de las violaciones, se trata de un borrar político de la información que afecta sus planes.

-¿Y estas afirmaciones pasaron inadvertidas en el EPU?
No estaría segura de eso. Creo que el Estado hondureño fue a reafirmar por sí mismo una de las nuevas causas de violaciones graves a los derechos humanos: la concentración de la discrecionalidad ejecutiva y la subordinación de los poderes judicial y legislativo a la Casa Presidencial.
Ambas realidades incuban el autoritarismo que se basa en la fuerza bruta militar, fermenta la corrupción y multiplica la impunidad; todo eso junto es una bomba para la vigencia y respeto de los derechos humanos en el país.
Mire usted, la presencia del titular del Poder Judicial durante el examen al Estado en Ginebra fue un escándalo político y diplomático; eso no se había visto nunca, porque es absolutamente improcedente, él por definición es un aplicador de la ley y no un procurador oficioso del gobierno.

-¿Pero eso ya había pasado inclusive antes del golpe, tanto en las defensas del Estado en la CIDH como en Ginebra?
No. Lo que ocurrió en 2009 fue que el representante del régimen golpista, el embajador Urbizo, fue expulsado de la Comisión por defender lo indefendible. Y, es verdad, antes del golpe ya existía la tendencia perversa de los presidentes de utilizar a los fiscales generales y a los Ombudsman como sus defensores, pero nadie se había atrevido a utilizar al magistrado presidente de la Corte, eso fue pasarse de la raya.  Esa fue la confirmación de la subordinación de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo, que ya lo vimos en la sustitución arbitraria de la Sala Constitucional el 12 de diciembre de 2012.
También la ausencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la presencia del diputado Yury Sabas en el  EPU junto a tres secretarios de Estado, incluyendo al súper coordinador del gabinete, es una demostración de las relaciones de subordinación y dependencia que dominan actualmente la lógica autoritaria y concentradora del poder en el país.
Nosotras no creemos que haya sido una demostración de coordinación, fuerza y unidad, eso demostró la gerencia corporativa del Estado como si se tratara de un holding de empresas privadas al servicio de un grupo.

-¿Hay otros aspectos que usted quisiera destacar de este ejercicio del EPU 2015?
No sabemos exactamente cuál es el mensaje del gobierno al haberse excusado por el incumplimiento de las medidas cautelares a favor de centenares de personas y comunidades perseguidas, amenazadas, judicializadas o criminalizadas en el país, porque realmente lo que pasa es que no tienen voluntad política para cumplirlas, abogan más bien por la indefensión de las víctimas.
Otro aspecto que quisiera señalar es la desarticulación del Estado respecto de los sindicatos y organizaciones campesinas, incluyendo los sindicatos de empleados del Estado, que están sometidos al borrado político del escenario económico y social.
Nunca habíamos visto una estrategia más despiadada del Estado contra sus propios empleados en Hondutel, SANAA, hospitales públicos, docencia y energía eléctrica.
El propio gobierno le metió en la cabeza al sindicato de la ENEE que serían empresarios con la asesoría de sus pares colombianos, pero lo que han hecho es avanzar la privatización total de la empresa y usar al liderazgo sindical para atacar a las fuerzas sociales y políticas de oposición.

Ley de defensores
Ni he querido terminar de leer esa ley, porque es tan intrincada y, además, porque no fue publicada en la Gaceta a la velocidad de la reelección, lo que indica que puede ser cambiada en estilo y fondo. Mejor esperar un poco más para comentar.
La Oficina del Alto Comisoinado de la ONU para los DDHH

En principio nosotras apoyamos su apertura, hasta hicimos incocencia en 2013 y 2014 para persuadir a Europa y a Estados Unidos de apoyar con recursos, pero nuestro planteamiento insistía en una comisión internacional contra la impunidad con carácter independiente, participante en procesos legales, con litigio interno e internacional.
A la Oficina del Alto Comisionado queremos verle con plena independencia del gobierno que viola los derechos humanos, cumpliendo con los mandatos de investigación, acompañamiento, incidencia y capacitación, y que tenga rigor con la escogencia de sus ejecutivos y técnicos.
Para nosotras es deseable una Oficina con mirada integral de la causalidad de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, sin caer en la trampa del parte aguas político del golpe de Estado como referencia cronológica. Su mirada debe ser histórica y estructural.
La neutralidad no debe ser un valor característico en materia de derechos humanos, eso sería un lenguaje político favorable al gobierno y perjudicial para las víctimas.
Es importante enfatizar que la apertura de esta Oficina no es una victoria de imagen para ver bien el país en términos de Marca de Cambio.
Nosotras decimos que este tipo de decisiones se toman para países donde hubo y hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, sin perspectiva de estabilización en el corto plazo y procesos de autoritarismo amenazante de la gobernabilidad institucional.
En resumen, nosotras no celebramos los triunfos ni las derrotas del gobierno, trabajamos por un Estado fuerte que dignifique a su población.
Y no queremos que nos vean como críticas del gobierno, sino como luchadoras por un Estado digno y fuerte institucionalmente al servicio de todas y todos, no de una secta.

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El Estado de Honduras frente al EPU

lunes, 11 de mayo de 2015

Esta semana hemos seguido con atención a Hernández Alcerro, Chiang Castillo, Rivera Avilez y Yuri Sabas, en Ginebra.

Estas caras del gobierno llegaron acompañadas de una decena de medios de comunicación afines para impresionar a la opinión pública europea y persuadir a todas las Naciones Unidas.

Llegaron con muchos papeles y palabras para demostrar que los “malos hondureños” están equivocados respecto a la situación de los derechos humanos en el país que está cambiando.

Regresaron con discursos optimistas de aprobación del examen realizado en 2010, asignándose a sí mismos una nota muy buena de 82 por ciento de cumplimiento.

Los titulares de los 4 periódicos alineados a la estrategia presidencial de Marca País desplegaron también su euforia en las primeras planas y notas de país.

Las vícitimas escucharon y leyeron al super ministro Alcerro, al señor de la injusticia, al chinito buena gente y al diputado Sabas. Dudaron de todos ellos por su discurso locuaz y se rieron, sintieron decepción y látima, porque el Estado mintió. Pegó y mintió.

Las vícitimas de los crímenes de odio saben que la intolerancia a las diferencias sigue intacta en todas las instituciones del Estado, especialamente en la policía, las fuerzas armadas y en las iglesias.

Las mujeres levantan su voz porque ahora ganan igual salario que los hombres, pero no tienen empleo igual que los hombres. Siguen intactas las formas de violencia y discriminación contra ellas. Y la impunidad en los femicidios es escandalosa.

Las víctimas del campo, indígenas, negros y campesinas, siguen criminalizadas: más de 5 mil personas deben firmar cada semana en algún tribunal del país para no ser privadas de libertad, por defender su derecho a la tierra y a los territorios.

Los militares siguen en las calles, el Comando Sur de Estados Unidos dirige las políticas de seguridad y defensa, controla territorios y dicta las políticas. Los sicarios del sur están aquí. Los empresarios se tragan todo y los medios callan. Nos venden miedo y cadáveres. Y continuismos y violencias…

Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer, escribe en su cuenta de twitter: “el gobierno miente”. Y se pregunta ¿qué haremos frente a este oficio reiterado de mentir en cualquier parte del mundo?.

Quizás no haya una sóla respuesta a su pregunta, pero en principio nuestro deber es hacer público el examen independiente a las 129 recomendaciones del pasado y empezar a trabajar la documentación de las 191 recomendaciones de ayer.

Tenemos tiempo hasta el mes de septiembre de 2015 para trabajar una respuesta a los temas de preocupación de más de 50 estados de la asamblea de la ONU  que interrogan al Estado de Honduras.

En este proceso de contrastar los hechos tenemos un buen chance; como dice la compañera Bertha Oliva, la verdad debe ser el contrapeso de la nueva “dictadura democrática” que se impone en el país.

Y aunque sea nuestra verdad frente a la verdad del Estado autoritario, debemos expresarla sin miedo y con la frente en alto. Porque las vícitimas no son una calificación ni mucho menos una cifra fría. No esperan en el vacío. Son seres humanos que merecen total respeto.

A trabajar los hechos del contraste se ha dicho, pues, y que devuelvan el dinero del seguro que se robaron…

Editorial Voces contra El Olvido, sábado 9 de mayo de 2015

 http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3500:el-estado-de-honduras-frente-al-epu&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Delegación Suiza escucha denuncias de campesinos y sindicalistas víctimas de violaciones a DDHH

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Una delegación del Foro Honduras Suiza, que visita por segunda vez el país, escuchó este día algunas de las situaciones de violaciones a derechos humanos que enfrentan  defensores y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La visita de la misión internacional es apoyada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, La Iglesia Agape y la Ayuda de la Iglesias Protestantes de Suiza, Heks-  Honduras.

Es una agenda muy apretada la que tiene la delegación europea, explicó la coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, a representantes de organizaciones defensoras de derechos de la mujer, campesinos, libertad de expresión y sindicatos, reunidos este día para expresar su preocupación ante el contexto que se vive en Honduras.

A la reunión asistió Dagoberto Posadas, presidente Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, a quien le preocupa que la persecución no solo llegue a los dirigentes sino a sus familias.

Se refirió a dos casos particulares, cuando al vicepresidente del SITRAPANI le allanaron la casa unos hombres encapuchados, no importó que hubiera niños menores y su esposa, era de noche y después de revolverle toda su casa, solo dijeron que no habían encontrado lo que andaban buscando.

Y después a su propio hijo lo desaparecieron por unas horas, pero la intervención de COFADEH fue clave para que el joven fuera devuelto con vida. Señaló que a veces las denuncias nos prosperan porque la población tiene temor, además que no hay confianza en las autoridades.

Por lo que el camino a la desarticulación de las organizaciones sindicales va en serio, y no están respetando nuestros derechos, tampoco a nuestra familia, denuncio el sindicalista.

Asimismo Jorge Chavarría, del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, SITRADEI, denunció que hay compañeros despedidos sin previo aviso, se les suspende sin salarios y después de se les separa de la institución, y esto sucede en varios sindicatos, donde además pasa mucho tiempo sin que los trabajadores reciban su salario.

Y lo más grave en los últimos días es la desaparición forzada del líder sindical Donatilo Jiménez Euceda, que el 8 de abril del 2015, fue visto por última vez en su mismo centro de trabajo, en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA.

En este caso, hay voces que han callado, porque tienen miedo a enfrentarse a grandes poderes, pero la familia no ha callado, así mismo el COFADEH denuncia su desparecieron y ver complicidad en el silencio de parte de las autoridades universitarias que rectora Julieta Castellanos.

Castellanos ha callado, ha dicho que la seguridad de los empleados no es responsabilidad de los guardias de seguridad, porque ellos no están para cuidar personas, lamentó la hermana de Donatilo, Jaqueline Jiménez, quien le pidió ayuda a rectora que también fue miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en una visita que realizó a La Ceiba, el pasado jueves.

Otra denuncia recibida, fue de parte de los Santos Torres, dirigente campesino del movimiento Gregorio Chávez, del Bajo Aguán, quien expresó una serie de situaciones que viven bajo la represión militar y de parte de guardias de seguridad privada.

Hace unos días, andaban unos tipos armados tomando fotografías a mi casa, y después allanaron el solar. Ahí se ven casos en los que muchos militares  entran a la propiedad privada y no dicen a que van, más que ellos son autoridades.

Ahí los hombres armados encañonan a los niños, ellos sólo cuentan como cierran los ojos cuando les apuntaban con las armas, y hay al menos 20 jóvenes que han sido torturados en el Bajo Aguan, y el miedo se apodera del entorno, dijo Torres.

En la zona hay campesinos desaparecidos, asesinados y exhumados, como en el caso que nos ayudó COFADEH, con el compañero Amílcar López Lara, estaba como desaparecido, pero su cuerpo fue devuelto a sus familiares. Ese cuerpo estaba en los predios de una finca de Miguel Facussé.

También hay compañeros heridos y con lesiones producto de desalojos forzados, viudas y huérfanos, porque los compañeros han sido asesinados por la lucha de la tierra, detalló Torres.

Otra situación grave que viven los y las campesinas en Honduras, es lo que sucede en el departamento de La Paz, donde se mueven poderes e influencias, ahí se podría decir que es el nuevo Aguán, denunció Franklin Almendares, coordinador general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC.

El 51% de la población nacional es rural, es quien produce los alimentos para la nación, sin embargo no hay un proceso dirigido para fortalecer la producción, ni el acceso a tierra, tenemos 5000 campesinos procesados actualmente, de los cuales han pasado al menos 2 días en la cárcel, entre ellos 700 mujeres y 11 campesinos en prisión, acusados por usurpación de tierras, el cual según la ley puede ser conmutado, está el caso del compañero Isabel “Chabelo” Morales, guardando prisión por algo que nunca hizo, porque para criminalizar al campesino, se le imponen otros cargos, así mismos vemos indiferencia de parte de la sociedad para el sector campesino, dijo Almendares.

El 21 de abril 2015, decidimos hacer 72 horas de tomas en el Congreso Nacional, y esa madrugada hizo disparos en la entrada- frente a nuestras oficinas, había más de 70 personas dentro, y vieron que era una patrulla y que policías recogieron los casquillos.

Después de esas acciones apareció muerto el compañero Jorge Alberto Palencia,  quien había participado en las movilizaciones, denunció el dirigente de la CNTC.

Estas y otras denuncias han sido expuestas a los observadores de derechos humanos provenientes de Suiza, quienes se reunirán a lo largo de una semana con diferentes grupos en riesgo, así como autoridades gubernamentales, para escuchará diferentes panoramas, y el próximo lunes dar sus primeras impresiones, mediante una conferencia de prensa.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3494:delegacion-suiza-escucha-denuncias-de-campesinos-y-sindicalistas-victimas-de-violaciones-a-ddhh-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Modesto avance en DDHH ven dirigentes

Domingo, 03 Mayo 2015 23:00

 El EPU es un mecanismo de revisión y monitoreo periódico del cumplimiento de compromisos de DDHH. El EPU es un mecanismo de revisión y monitoreo periódico del cumplimiento de compromisos de DDHH.

TEGUCIGALPA- Mientras el Gobierno afirma que honra los compromisos de cumplimiento de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, defensores de estas garantías así como representantes de la sociedad civil desmienten esa posición, sosteniendo que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la  exclusión que sufren ciertos grupos vulnerables en el país.

Previo a la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) en su segundo ciclo que tendrá lugar esta semana en Ginebra, Suiza, el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, señaló que “históricamente el Estado hondureño por acción u omisión ha transgredido y violentado los derechos de las personas, especialmente de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad”.

Reconoció que hoy en día existen algunos avances, aunque siguen siendo modestos e insuficientes, sin evidenciar significativos cambios en temáticas sociales como pobreza, desigualdad y seguridad, entre otras.

En el marco del EPU 2015, Honduras comparecerá el próximo viernes ante 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde tendrá la oportunidad de mostrar los avances en derechos humanos logrados hace cinco años, según un comunicado oficial.

RATIFICARAN
“El Gobierno cometería un error quererle pintar como un paraíso el país a estos organismos internacionales; esperaríamos que se reconozca que han existido algunos avances, pero seguramente se ratificarán muchas de las recomendaciones que mandarán a fortalecer la institucionalidad pública, asignar mayor cantidad de recursos para atender a grupos vulnerables”, planteó Rivera.

Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, mencionó que el Estado no ha brindado informes desde hace dos años sobre las desapariciones forzadas, siendo una de las sugerencias recibidas en 2010.

“El Estado de Honduras va a decir cualquier cantidad de cosas que según ellos van a salir bien librados, el punto es los que vivimos aquí; va a ver una oportunidad en septiembre que las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil valorarán todo lo que se dijo por el Gobierno que es cuando se termina el EPU”, enfatizó.

Gobierno: Sugerencias
cumplidas en su mayoría
De las 129 recomendaciones recibidas por el Estado en 2010 se ha logrado el cumplimiento de la mayoría, incluyendo aquellas que aún se encuentran en proceso avanzado de cumplimiento, informó la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Detalló que entre los avances pueden destacarse la aprobación e implementación de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; creación de un marco de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

Asimismo, en cuanto a transparencia, migración, trata de personas, el impulso al Observatorio de Derechos Humanos y la primera Política Nacional Penitenciaria, apuntó la dependencia gubernamental.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/29452-modesto-avance-en-ddhh-ven-dirigentes

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Embajada EEUU conoce postura del COFADEH sobre Aprobación de ley de protección de defensores

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Stewart Tuttle, consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, se reunió con la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, para conocer su opinión sobre la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia en Honduras, que recién aprobó el Congreso Nacional.

La Embajada de los EEUU no se ha pronunciado formalmente, pero les interesa la Ley porque les importa los derechos humanos, por lo tanto su implementación y su futuro uso en favor de los y las defensoras de Derechos Humanos, dijo el Consejero Político.

Bertha Oliva, manifestó que esta reunión fue concertada para hablar sobre la aprobación de la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia en Honduras, ya que él quería saber nuestra opinión y se la dimos con toda la franqueza del caso como debe ser, si creo que debemos usar la ley y comprobar con la misma si va o no a funcionar.

También se le comentó la preocupación por el abordaje que en los últimos días, que diferentes representantes del gobierno de Honduras les han dado a las personas que hacen la labor de defensa de ddhh y el trabajo de incidencia sobre temas concretos.

Para la coordinadora del COFADEH, es preocupante el abordaje que le dan a la propia Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia en Honduras, y que ahora se menciona como para periodistas, operadores de justicia y humanistas “dicen ellos”, parece que les da alergia hablar que es una Ley que se pensó en defensores y defensoras de ddhh.

Con esta actitud, se refleja el nivel de intolerancia que tienen los que violentan los ddhh para los que trabajamos por la defensa de la vida. También dan muestra el desconocimiento y poca sensibilidad que tienen en torno al tema, por lo que dentro del quehacer de esa Ley, se debería iniciar un proceso de empoderamiento que pasa por el aprendizaje, y que después pasaría a un proceso de sensibilización, no sólo a los operadores de justicia, sino a los que legislan y representan al Estado de Honduras, afirmó Oliva.

Algunos se atreven a decir que, hay que re conceptualizar el tema de derechos humanos, y no es de re conceptualizar, porque el tema es de la universalidad de los mismos.

Y se violentan los derechos humanos cuando los agentes del Estado lo cometen y ahora pareciera que quieren devolvernos la pelota a las organizaciones y defensores de  ddhh que acompañamos a las víctimas de las prácticas y las políticas que desde el Estado se ejercen en contra de la libertad y en contra de la vida, declaró Oliva.

Creemos que la Ley no va a servir para muchos, porque abarca a todos y a nadie, y además es  para que el Estado de Honduras salga airoso ante el Examen Periódico Universal, EPU,  el 8 de mayo próximo en Ginebra, pero que en la práctica va estar alejada de ser aplicada independientemente que no conocemos el reglamento, pero por lo general deben ser socializados con las personas e instituciones que más hacen uso de la Ley, pero hasta el momento no hemos visto un reglamento, por lo tanto no sé cómo se piensa socializare el reglamento para hacer uso de la ley, dijo de manera contundente la defensora de DDHH.

Es así que esta visita de parte del  consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la realiza como parte de su labor, conocer nuestra opinión sobre el tema que ha estado muy monitoreado por  las diferentes expresiones y a nosotros que tenemos relaciones con quien quiera, no imponemos nuestra presencia.

Le comenté que esta Ley adolece de algunos elementos que consideramos pertinentes, para el caso es inconcebible que quienes van a dar seguridad a los defensores en riesgo son los generadores de la inseguridad de los mismos, como los son miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El enfoque militarizado es muy fuerte, pero también el cuello de botella que se le pone para pertenecer al Comité es muy restrictivo, cuando se le debería exhortar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que hagan una asamblea para asignar a sus representantes dentro de ese consejo, no que deba ser con el beneplácito del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, representado por Roberto Herrera Cáceres, sobre todo con las posturas que ha tenido en los últimos días.

Vale mencionar que hay organizaciones de Estados Unidos que trabajan en la defensa de los ddhh en Honduras, las cuales con involucradas en la campaña de desprestigio emitida desde el Poder Ejecutivo que dirige Juan Orlando Hernández, donde se les acusa de venir al país sólo para descalificar la buena labor del gobierno y casi están promoviendo el cierre de las organizaciones que hacemos un trabajo totalmente independiente sin mirada política.

Y es que cuando se le violan los derechos humanos, al COFADEH vienen de todos los partidos políticos, y no preguntamos de que partido son, sino que miramos el nivel de agresión y vulnerabilidad, pero además los actores que cometen el acto para calificar la violación, y a nosotros no nos van a hacer cambiar aunque nos cierren las oficinas, vamos a andar entonces trabajando por las calles vamos  hacer uso de aquel eslogan que dice “en las calles está el poder” eso no nos preocupa, porque nuestra preocupación es la libertad y la vida de las personas que están en riesgo no lo que pueda decir gente que no tiene conciencia del nivel de compromiso que significa luchar por los derechos humanos, determinó Bertha Oliva.

Algunos artículos del dictamen de Ley

Según el Artículo 1.-  El Derecho  a defender Derechos Humanos. “El Estado reconoce el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a promover y procurar la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Sin embargo se les restringe, se les reprime y niega información cuando un defensor se presenta como tal, y les piden hasta personería jurídica para poder defender la vida, violentado además el Artículo 7.- A prestar colaboración.- “Toda autoridad civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la presente Ley para la consecución de sus fines”.

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Honduran HRD Bertha Oliva, Director of COFADEH, explores recovering historical memory.

HRD Spotlight: Bertha Oliva

 

Bertha Oliva is the founder and coordinator of the Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH, by its Spanish initials), a non-governmental organization promoting the rights of relatives of the victims of forced disappearances between 1979 and 1989.

She founded the organization after her husband, Prof. Tomás Nativí, founder of the People’s Revolutionary Union (URP), was taken from his home by State forces in June 1981. She was three months pregnant at the time. Her husband has never been seen since.

COFADEH is recognized as having played a major role in the dissolution of Honduras’ Department of National Investigations, the repeal of compulsory military service, and the liberation of the country’s last political prisoners in 1992.

We started COFADEH in 1981 – during the period of the military repression when people were being randomly disappeared and the only way we had any hope of getting answers was through our own efforts.

Today, bit by bit the Honduran Government is trying to suffocate the human rights movement and to eliminate those human rights spaces which it can’t directly control. We have a government which has two faces. One face, which they give to the world, is that it is a government which cares deeply about and respects human rights, a government which is committed to reform and which needs international support to deliver that reform. At the same time they have created an environment in which human rights defenders are increasingly isolated. Human rights defenders are portrayed as bad Hondurans. They say we are trying to spread lies about the country and we are painted as terrorists and enemies of the state. The police and the security forces monitor our activities and their failure to respond to attacks on us helps to maintain the climate of impunity in which threats, attacks and killings of human rights defenders can happen without any effective sanction.

Later this year the human rights record of the Government of Honduras will be scrutinised under the United Nations Universal Periodic Review process (UPR). They will, once again reiterate their support for human rights. They will point to the new proposed law on the protection of human rights defenders as a measure of their commitment. But the question we need to ask is will this law ever be implemented? Will there ever be a budget to allow it to make a difference? Their commitment to human rights is questionable when at the same time they have abolished the roles of Minister for Human Rights and Minister for Women’s Rights reducing those ministries to the status of a desk in a department. These actions are a measure of their real intent.

Every one of us who works on human rights in Honduras has been smeared in the media, has received anonymous threats, has been sacked from their jobs, had their cars sabotaged or their families threatened. Many human rights defenders have been killed. We are caught between the hostility of the state, the indifference of the general public and the fear of those who are directly affected by the violence. Despite this there is a large number of people who want change and who want to work to bring it about.

There is an alarmingly high level of violence in the country but that violence is to a significant extent manipulated by the government and its financial backers to wage a war of terror on people they see as dissenters. At the end of the day this war of terror is about maintaining the political and economic influence of those powerful families who have always controlled the economic life of the country and who have no intention of relinquishing that power. In the meantime, lawyers, trade unionists, women’s rights campaigners, gay rights campaigners and environmental rights campaigners are all at risk.

But equally I, and other human rights defenders will never give up until the government answers the question: what happened in the past? This is so important because there will be no peace in Honduras and no way to work together to rebuild the country until that question is answered. Without truth there will be no justice and without real justice there will be no prospect for human rights in the country.

At my age I should be retiring to enjoy my life and play with my grandchildren. But as long as the government refuses to confront the past, as long as they refuse to answer the legitimate questions of the people, ignoring their calls for justice and human rights I will continue this work.

Fuente: https://www.frontlinedefenders.org/newsletter1/spotlight

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Honduras: Nuevo Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos

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El próximo mes de mayo de 2015 se llevará a cabo un nuevo Examen Periódico Universal (EPU) a Honduras, el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) que tiene como objeto mejorar la situación de Derechos Humanos en cada uno de los países miembros.

Este análisis por país es realizado cada cuatro años y medio, quedando la revisión reflejada en un Informe Final que aglutina el listado de recomendaciones realizadas por otros países, las cuales, junto con las promesas y compromisos voluntarios hechos, tendrán que ser implementadas antes de la próxima revisión.

Según Berta Oliva de Nativí, del Comité Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras, se trata de “un país excepcional. Muy abierto para firmar convenios y tratados internacionales pero reacio a la implementación de los mismos, por eso debemos someternos a las obligaciones que nos indicaron”. Mientras Beatriz Gil, analista especializada en Centroamérica, señala que “los datos que muestra el Gobierno y el observatorio son más bajos que el año anterior, pero es el país con mayor número de muertos por cada 100.000 habitantes”.

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No se puede calificar el tema de DDHH en el gobierno, sino es parte de su agenda

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En un comunicado oficial, el gobierno que dirige Juan Orlando Hernández, denunció ayer que de algunos dirigentes de partidos de oposición han emprendido a nivel internacional una campaña de desprestigio en el tema de derechos humanos ejecutado en su administración.

La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, manifestó que a la Administración de Hernández, ni siquiera se le puede calificar en el tema de DDHH porque no es parte de su agenda de gobierno.

Parte del comunicado hecho público por el secretario de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, junto al Canciller, Arturo Corrales, y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, expresa que “Ante el compromiso que tiene el Gobierno de la República de Honduras con nuestro pueblo y con todos los países del mundo, de someterse al monitoreo del cumplimiento del respeto irrestricto de los Derechos Humanos, en la importancia de los logros que se han mantenido en esta materia del Estado, se advierte a la comunidad nacional e internacional de una campaña de desprestigio que han iniciado algunos líderes o activistas políticos para afectar la imagen de nuestro país ”.

Para que el país avance en materia de DDHH se tiene que tener un sistema de justicia independiente, que nos indique y nos dé certeza que si acudimos con toda la argumentación y verdad posible de un caso que no se va a trastocar, sino que se va aplicar justicia. En Honduras está muy lejos que se va a ver a los operadores de justicia como entes que en verdad van aplicar justicia, expresó Oliva.

La información gubernamental expresa que “desde días anteriores, algunos dirigentes de partidos de oposición, en coordinación con ONGs afines a ellos, comenzaron a montar una trama perversa y tendenciosa en donde se distorsiona la realidad de la muerte de menores y las condiciones de vida de los privados de libertad en las cárceles nacionales”.

Agrega que “en estos días se espera la llegada al país de activistas internacionales que tienen como único fin continuar con este tipo de trabajos y para lo cual se cuenta con la colaboración de los activistas de algunos miembros de estos partidos políticos y de las ONGs ya reconocidas para hacer este tipo de acciones”.

Y lo que manifiesta en ese comunicado más bien deja al Estado como que no quiere voces disidentes. Y esto no es campaña ni estrategia de descalificar el trabajo gubernamental, lo que hay es una realidad que no se puede ocultar, más bien debería ser una preocupación del presidente ver como mejora la situación y no es ocultando cifras. Y no es responsabilizando a la oposición, manifestó Oliva.

A mí me gustaría estar en Honduras y estar anotando los cambios y avances en materia de DDHH, pero las acciones desde el estado son otras, explicó la defensora de DDHH, quien estuvo las dos últimas semanas en Europa, exponiendo sobre el tema.

Cofadeh no cree en el uso de la fuerza para vencer, sino en el uso de las acciones legales que hay en el país, para mejorar la situación. Por lo que toda la información que documenta  la organización sobre violaciones a los DDHH, la presenta al Ministerio Publico y este la recepciona, pero no es toda la información porque las denuncias van a diferentes fiscalías, ante la estrategia muy bien definida para desvirtuar las acciones que hacen los y las defensoras de Derechos Humanos, y así las denuncias son llevadas a esas Fiscalías de alto impacto.

Cofadeh como organización defensora de DDHH, no tienen nada en contra del gobierno, al contrario es un Comité que desde hace 32 años, le ha apostado a los cambios, y de esa forma, califica ese comunicado como un mensaje que lleva miedo, refleja un nivel de inseguridad, desesperación y hecho a la ligera, tomando en cuenta que viene desde el despacho del ejecutivo.

Y de  cara al Examen Periódico Universal, del 9 mayo próximo, nos deja muy mal parados, pero pensemos de cara a septiembre que más extendido el tema de derechos humanos, pensar que ya se salió de la lista de violadores a los ddhh de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, eso no es cierto, están engañando al pueblo. Porque Honduras tenía que salir como un requisito para darle una oportunidad. Pero no es que respete los ddhh.

Se volverá a esa lista, si se continúa asesinando apersonas que tienen Medicadas Cautelares otorgadas por la CIHD y continúan persiguiendo a defensores de ddhh, a reclamantes de sus derechos, Honduras pude volver a la lista de países violadores de DDHH, y nadie va a querer venir a invertir a un país donde de persigue a los defensores y defensoras de DDHH.

En cuanto a los escuadrones de la muerte, Oliva aseguró que “los escuadrones de la muerte nunca han estado desactivados, porque nunca ha habido castigo, ni investigación para los que participaron en esos crímenes de lesa humanidad, los que estaban en esos cargos ahora son asesores en materia de seguridad, los casos permanecen en la impunidad, lo que estuvieron en algún momento fue repostados, pero ahora que ven tener el sistema a su favor y que no se les castigó, hoy están reactivados, y en los 80 lo habían más cautelosamente, ahora saben que tienen el sistema de justicia a su favor”.

Las autoridades tienen que hacer un camino para que paren las matanzas, que pare el genocidio, Honduras tiene más muertos que cualquier país guerra. Las violaciones a los DDHH se están dando todos los días, y quienes violan los ddhh son los funcionarios del estado  “es clara nuestra política de denunciar a quienes cometen violaciones a los ddhh”, declaró la reconocida defensora hondureña.

Cuando hay un pueblo respetuoso de los ddhh lo que tienen como idea focal es el respeto a la dignidad humana, no se puede pensar que para garantizar otros derechos hay que violentar la dignidad humana, acuerdo a las declaraciones del titular del ejecutivo, que  en el combate de la criminalidad “no se puede ser efectivo de mediano y largo plazo si se respeta la dignidad humana”, según se compartió un video en un programa noticioso en el que participaba la coordinadora del COFADEH.

Esas declaraciones dejan a Oliva asustada porque es la primera vez que escucha declaraciones del primer mandatario de la república diciendo un discurso paralizante.

Y es que las políticas de estado no se escriben, no se diseñan y se implementan, por lo que es necesario que el presidente de Honduras, rectifique sobre estas palabras que ha colocado, que se acuerde que es el primer mandatario y que sus palabras la gente las toma literalmente y que su postura es lo que nosotros monitoreamos y que reportamos que su postura no tiene ningún compromiso con el tema.

Sin embargo “ya no nos sorprende nada en materia de ddhh” y dijo a la población que es necesario estar atentos a la situación de ddhh porque cualquier persona puede ser víctimas de violaciones en este país.

El derecho a la vida es primordial, y hay que defenderla, hoy son víctimas las madres de los estudiantes asesinados, mañana cualquier otra persona.

COMUNICADO

Ante el compromiso que tiene el Gobierno de la República de Honduras con nuestro pueblo y con todos los países del mundo, de someterse al monitoreo del cumplimiento del respeto irrestricto de los Derechos Humanos, en la importancia de los logros que se han mantenido en esta materia del Estado, se advierte a la comunidad nacional e internacional de una campaña de desprestigio que han iniciado algunos líderes o activistas políticos para afectar la imagen de nuestro país.

Desde días anteriores, algunos dirigentes de partidos de oposición, en coordinación con ONGs afines a ellos, comenzaron a montar una trama perversa y tendenciosa en donde se distorsiona la realidad de la muerte de menores y las condiciones de vida de los privados de libertad en las cárceles nacionales.

En estos días se espera la llegada al país de activistas internacionales que tienen como único fin continuar con este tipo de trabajos y para lo cual se cuenta con la colaboración de los activistas de algunos miembros de estos partidos políticos y de las ONGs ya reconocidas para hacer este tipo de acciones.

Cabe destacar que miembros de partidos de oposición, viajaron en meses anteriores a la ciudad de Washington, Estados Unidos, con el único interés de bloquear ayudas que se habían aprobado y que servirán directamente para los programas sociales de los más necesitados.

Posteriormente, fueron los dirigentes del partido LIBRE los que mintieron al pueblo hondureño y a la comunidad internacional sobre una supuesta existencia de escuadrones de la muerte para hacer una especie de profilaxis de menores de edad.

Todo esto quedó desvirtuado por el Ministerio de Seguridad y los Operadores de Seguridad y Justicia de nuestro país, cuando se logró dar captura a los delincuentes que cometen estos delitos, que no es más que producto de la lucha de poder entre los grupos criminales.

Cabe recordar también que producto del trabajo por el respeto irrestricto a los derechos humanos, Honduras fue sacada de la lista negra y hoy ocupa un lugar de privilegio y de credibilidad a nivel nacional e internacional en esta materia.

El Gobierno de Honduras reitera que continuará alertando a la población nacional e internacional, sobre este tipo de campañas negativas, debido a que la Administración del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sigue firme en el combate a la criminalidad y a la ratificación del respeto a la dignidad de la persona humana y el respeto irrestricto a los derechos humanos de cada ciudadano y ciudadana que habita nuestro querido país, Honduras

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3453:no-se-puede-calificar-el-tema-de-ddhh-en-el-gobierno-sino-es-parte-de-su-agenda&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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“No se puede ser efectivo a mediano y largo plazo, si se respeta la dignidad de la persona humana”: presidente de Honduras

Esta máxima la expresó el mandatario hondureño Juan Hernández en fecha reciente; al trasluz de esa declaración, la defensora de la vida, Bertha Oliva, aseguró sentirse “impactada” y pidió al gobernante que “analice” si se equivocó.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, manifestó en fecha reciente, en una comparecencia pública que “no se puede ser efectivo a mediano y largo plazo, si se respeta la dignidad de la persona humana”.

A raíz de esta declaración, la defensora de derechos humanos y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, dijo “sentirse sorprendida” por lo que expresó el mandatario.

Oliva, que fue invitada al programa Interpretando la Noticia de Radio Globo, quedó estupefacta tras haber escuchado al jefe de Estado y aseguró que el pueblo “se toma literalmente lo que el presidente dijo”.

Dijo que le costó reponerse de lo expresado por Hernández, pero “es impresionante oírlo”.

“A estas alturas, no nos sorprende lo que manifestó con relación a los derechos humanos –señaló–, porque lo que quieren es generar impacto para que el pueblo se resigne”.

La coordinadora del Cofadeh pidió al presidente que debería estar haciendo un análisis “de si se equivocó, porque todos nos podemos equivocar”.

Sobre el tema, declaró que es necesario “hacer causa común en Honduras” porque, con la muerte de estudiantes de colegios públicos, ya “le pasó a las madres de los muchachos que estudiaban…le puede ocurrir a cualquier otra persona y es necesario frenarlo”.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/no-se-puede-ser-efectivo-mediano-y-largo-plazo-si-se-respeta-la-dignidad-de-la-persona-human

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